Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación

cución y programación por punto del Acuerdo y por pilar, el informe dice que el punto 2 fue costeado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017 en $ 4,3 billones y ajustado a $ 3,9 billones en MFMP 2018, lo que indica una reducción de los recursos para su ejecución, pero no se explica en que se basa ese reajuste. Por otra parte, la Contraloría (2020) identificó una ejecución de $ 323 090 millones durante el periodo 20172019 y una programación de $ 7598 millones en 2020. Si se compara la vigencia 2017 y 2019, se evidencia una disminución de 44 % en la ejecución de recursos y entre 2018 y 2019 un incremento del 6 %. Así mismo, en 2020 el recurso planeado disminuye en 95 % frente a lo ejecutado en la vigencia 2017 (p. 32). Finalmente, el informe dice que durante el periodo 2017-2018, el 90 % de los recursos asociados a la implementación del punto 2 provenían de cooperación internacional y el resto fue financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), es decir, solo un 10 % proviene de los recursos del Estado. En ese mismo sentido, para los periodos 2019 y 2020 la ejecución se financia en un 82 % de cooperación (p. 33). A propósito de la implementación por pilares, el informe (CGR, 2020) destaca que el 57 % de la ejecución de los recursos se orienta al pilar 2.2, Mecanismos democráticos de participación ciudadana, el 27 % de recursos se orienta al pilar 2.3, Promover una mayor participación en política con seguridad y el 16 % al pilar 2.1, Derechos y garantías plenas para el ejercicio de oposición política. (p. 152) Estos datos presentados por la Contraloría son especialmente importantes para entender desde una dimensión más amplia los avances y estancamientos en la implementación del punto 2.

3.1.2 Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación

El Capítulo Étnico del AFP (2018) reconoce las afectaciones particulares sufridas por los Pueblos Étnicos, que conllevaron a la persecución, el exterminio y la exclusión sistemática por razones de etnia, raza y género: El Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los Pueblos Étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones. (p. 206) En el siguiente apartado revisaremos qué tanto ha avanzado el Gobierno Nacional en la implementación de las diferentes estrategias para el cumplimiento de este pilar, elemento central para garantizar la participación plena y efectiva de los líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos en los territorios más afectados por el conflicto armado. Haremos especial énfasis en la crisis humanitaria que viven hoy nuestros territorios, aunque el problema persista igualmente en las ciudades intermedias y capitales del país. Este flagelo también afecta de forma considerable a los Firmantes de Paz de las antiguas guerrillas de las FARC. El pilar 2.1 tiene dos estrategias que se desarrollan en cuatro medidas, en las cuales hay cuatro indicadores étnicos, participan cuatro entidades del Gobierno Nacional y cuenta con cinco desarrollos normativos, como se ve en la tabla 8: