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2.1.3 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
zación de predios privados, dado que algunos de estos no tienen un uso agropecuario o tienen un estado irregular por debajo de la unidad agrícola familiar, propiciando así la dispersión del minifundio improductivo. Aquí es categórico que no hay claridad sobre cómo se están involucrando a los Pueblos Étnicos a partir de los instrumentos del Sistema Nacional Catastral Multipropósito: el primero de ellos corresponde a la herramienta de captura de información catastral en campo de acuerdo con el estándar LADM-COL y, el segundo, a la inscripción en el Sistema Nacional de Información Catastral (SNC). No es evidente, entonces, cómo participan los pueblos en la verificación de la carga de información, aun cuando el Gobierno Nacional asegura que “la importancia de medir estos dos instrumentos radica en que se podrá contar con información sobre la presencia de comunidades y Pueblos Étnicos, como insumo para adelantar o aclarar procesos de constitución, ampliación y saneamiento de territorios colectivos” (IGAC, 2021, p. 6). Como último criterio del apartado 1.1 del Acuerdo, se definió el punto 1.1.10, Cierre de Frontera Agrícola y Protección de Zonas de Reserva, de allí que su cumplimiento se mencione en el informe del Gobierno (CPEC, 2021) con el indicador A.E.18, con corte a 2021, denominado Plan nacional de zonificación ambiental y de caracterización de uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, que no incluyen a los territorios de los Pueblos Étnicos, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No obstante, no se tiene noticias de los mecanismos de socialización e implementación que permitan conocer a los Pueblos Étnicos sus alcances; igualmente, se evidencia un rezago en la implementación, puesto que el plazo para la formulación de este plan era de dos años, es decir, debió entregarse en 2018. Ahora bien, la constitución y desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina deben armonizarse con los Pueblos Étnicos y evitar riesgos para sus territorios colectivos, así como la falta de implementación de las salvaguardas. De ahí la importancia de activar medidas concertadas de resolución de conflictos interétnicos e interculturales y ratificar el principio de construcción de paz que compartimos todas las organizaciones y procesos en los territorios. Si bien el Gobierno menciona que las Zonas de Reserva Campesina sirven de base para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial de los municipios priorizados, no está vinculando ampliamente a las comunidades étnicas en estas delimitaciones. Esto contradice lo pactado en el Acuerdo de Paz (Mesa de Conversaciones, 2018), en donde se enuncia que, para el desarrollo del Plan, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades y organizaciones rurales –hombres y mujeres– como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socioambientales y del bien común. (p. 20) Con relación a este instrumento, la Procuraduría (2021a) llama la atención al Gobierno Nacional para la selección y delimitación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC), la cual contribuye al ordenamiento ambiental y sostenible del territorio. Insiste en priorizar las decisiones administrativas tendientes a la delimitación de las nueve ZRC en Catatumbo, (Norte de Santander), Sumapaz (Bogotá), dos solicitudes en Perijá (Cesar), Montes de María (Sucre y Bolívar), Losada Guayabero (Meta), Pradera (Valle del Cauca) y Santa Rosa (Cauca). Estas llevan más de diez años de haber sido radicadas ante el INCODER, entre los años 2010 y 2011 (p. 24).
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A partir del punto 1.2 del Acuerdo Final de Paz (Mesa de Conversaciones, 2018), se establecieron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como una formulación única y por una vigencia de diez años. Su objetivo “es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento entre el campo y la ciudad” (p. 21). Están reglamentados mediante el Decreto 893 de 2017. En ese sentido, 61
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cada uno de los PDET se materializa a través de un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR). Estos se deben revisar y actualizar cada cinco años en el territorio de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas priorizadas (p. 22). Los PDET dentro del Acuerdo Final fueron diseñados como un mecanismo complementario de ejecución de los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) para la Reforma Rural Integral en las zonas más afectadas por la pobreza, el conflicto armado, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilegales. Así mismo, tienen el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y el relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. De esta forma, el proceso de obras PDET se debería ejecutar a partir de la metodología de fortalecimiento comunitario y control social, así como de la incorporación del enfoque de género, mujer, familia y generación. No obstante, en los informes del Gobierno no se evidencian avances en materia de los PDET en esa línea, pues la información expresada no es clara y no se hace caracterización de las familias, lo cual impide, entre otras, visibilizar la participación de las mujeres. Ahora bien, frente al indicador A.E.25: Porcentaje de medidas específicas, programas y proyectos diseñados, formulados en implementación y seguimiento con mujer indígenas, NARP y Rrom, no es posible conocer los planes de acción y el estado de avance de las iniciativas propias étnicas de mujeres (CPEC, 2020b). No obstante, el segundo informe del Gobierno (CPEC, 2020b) menciona que la ART, mediante sus procesos de estructuración en 2019 y 2020, ha desarrollado actividades con los siguientes resultados:
Ô 31 proyectos de reactivación económica, productiva y ambiental con enfoque étnico (Indígenas y Afro) en proceso de estructuración. El propósito de estos proyectos es el acceso a activos productivos, comercialización, establecimiento y sostenimiento, infraestructura productiva y emprendimientos no agropecuarios.
Ô 15 proyectos de infraestructura rural con enfoque étnico (Indígenas y Afro) en proceso de estructuración, enfocados en energías alternativas, infraestructura vial y fluvial.
Ô Para el proceso de obras PDET hay alrededor de 70 proyectos interculturales (campesinos y étnicos) en proceso de estructuración, enfocados en infraestructura comunitaria, educativa y vial, sin embargo, no se evidencia cómo están representadas las mujeres en dichos proyectos. En ese orden de ideas, al analizar la conformación de las iniciativas PDET, se evidencia la necesidad de priorizar las que se ubican en los siguientes pilares: educación rural y primera infancia rural con un 41,23 %, reconciliación, convivencia y construcción con un 16,22 % y, en tercer lugar, reactivación económica y de producción afectadas por los efectos del COVID-19 con un 16,22 %; con una menor participación, la salud, el ordenamiento social, la alimentación, la infraestructura y la vivienda, el agua potable y el saneamiento, como se muestra en la tabla 6.
