2.1.4 Planes nacionales de la reforma rural

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Aunque los PATR se establecieron desde la base, es decir, con las comunidades, entre 2018 y 2019, y el gobierno indica que ya se encuentran priorizadas las iniciativas, a la fecha no se conoce que ninguno de los PDET esté armonizado con los Mecanismos Especiales de Consulta (MEC), en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 893 de 2017. Aún más, la priorización de las iniciativas por ejecutar no se está haciendo con las comunidades, sino con los alcaldes y los gobernadores de las subregiones. Finalmente, constatamos que la financiación de la implementación de los PDET posee déficit en cada uno de los subpuntos, situación que la Contraloría (2020) pone en evidencia cuando menciona que “se identificó un déficit aproximado de $ 54,5 billones en el costeo actual de los PNS [Planes Nacionales Sectoriales] formulados, frente a lo programado en el MFMP [Marco Fiscal de Mediano Plazo]” (p. 17). Adicionalmente, esboza los pilares más rezagados con relación a las metas trazadoras de la RRI y de los indicadores, estos son, el de ordenamiento social de la propiedad, productividad agropecuaria y economía solidaria y el de garantía (p. 17).

2.1.4 Planes nacionales de la reforma rural

El punto 1.3 del Acuerdo Final define el objetivo central de los planes nacionales de la Reforma Rural Integral en dos partes: 1. La superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural. 2. La integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Para erradicar la pobreza, cerrar la brecha entre la zona urbana y la rural en el acceso a todos los servicios y bienes públicos, el aumento en los ingresos y unas condiciones dignas para vivir, fueron concertados los lineamientos para reducir la pobreza en un 50 % en un lapso de 15 años. Para ello, se definieron los Planes Nacionales, con un periodo de cumplimiento de 5 años y basados en 6 pilares. Estos planes contemplan la participación de las comunidades en su ejecución. En el caso del Capítulo Étnico se determina la necesidad de incorporar el enfoque diferencial étnico, por lo cual se establecieron tres indicadores como garantías de sus derechos: A.E.19, A.E.20 y A.E.21.10 En el segundo informe de la CPEC (2020b) no se detallan los avances en dichos indicadores (ver Anexo 2), solo se nombran las entidades responsables y el SIIPO como lugar de consulta de los aspectos cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, al dirigirse a la plataforma virtual, solo se menciona de manera general qué ha sido aprobado, pero no se detallan las acciones realizadas, el presupuesto, la población beneficiada, entre otros. En ese sentido, como lo indica en su informe la Contraloría General de la República (2020), existe un bajo avance en la formulación y adopción de los Planes Nacionales Sectoriales (PNS). De acuerdo con el PMI, los planes debían estar adoptados en el 2018, lo cual evidencia un rezago a la fecha de 3 años. A partir del tercer informe realizado por el Gobierno (CPEC, 2021), el balance a la fecha de los Planes Sectoriales Nacionales es de 16, de los cuales 13 se encuentran cerrados técnicamente. Sin embargo, al revisar la información presentada se evidencia que solo 9 cuentan con cierre técnico adoptados mediante resolución; 4

10 A.E.19: Porcentaje de planes de la Reforma Rural Integral que incorporan el enfoque étnico con perspectiva de género, mujer, familia y generación; A.E.20:

Porcentaje de planes de la Reforma Rural Integral que en su implementación contaron con participación, concertación y/o consulta previa con pueblos y comunidades étnicas, de conformidad con la normatividad legal vigente; A.E.21: Porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos, con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación para mujeres de comunidades y pueblos étnicos contenidas en los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, implementados.