1.1.2.3 Reincorporación integral

La Contraloría General (2021) expresa que “la principal dificultad en el punto 3 del Capítulo Étnico se asocia a las debilidades presupuestales de las entidades a cargo” (p. 222) (cursivas nuestras). Igualmente, indica que no se reportan recursos de parte de ninguna otra entidad con compromisos étnicos en este punto; así, el pilar sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales no presentó ejecución de recursos en 2020.

Si existen registros paralelos sobre los posibles excombatientes o firmantes de paz étnicos, está información carece de unidad respecto a las mujeres, las familias y las generaciones. Tal como lo señala el informe de la Procuraduría (2021), “respecto del proceso de reincorporación, no hay claridad total sobre el conjunto de las cifras y tampoco hay datos para precisar el número de mujeres en proceso de reincorporación que pertenecen a comunidades étnicas y se verían beneficiadas por el programa” (p. 660). Tampoco se ha progresado en la creación de una estrategia pedagógica para la divulgación de principios contra la discriminación racial y de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto; contrario a esto, se ha reportado el retorno e incremento de la práctica de reclutamiento forzado masivo de jóvenes, niños y niñas pertenecientes a Pueblos Étnicos. A esto se suma la práctica de delitos contra la integridad sexual, entre 2016 y 2018 se ha registrado 458 casos de este tipo, lo que representa el 31 % del total de estos casos en el país (Unidad de Víctimas, 2020, citado en PGN, p. 662). Por su parte, de acuerdo con la IEGPAZ (2021), las mujeres en proceso de reincorporación señalan que “es inoperante el Sistema Nacional de Garantías de Seguridad, así como evidente la falta de respuesta efectiva de la Unidad Nacional de Protección —UNP—”. (p. 20). En este sentido, por ejemplo, el informe del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) (2020) menciona que la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) ha reportado que el 43 % de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos afectaron a líderes de las comunidades étnicas, y que aproximadamente 19,7 % del total de dichas agresiones afectaron a las mujeres (CODHES, 2020, citado en CONPA, 2020). Señala la IEGPAZ (2021), a partir de entrevistas realizadas a un grupo focal de mujeres en proceso de reincorporación, que estas expresaban su preocupación por el proceso de reincorporación de las mujeres indígenas que estuvieron en las filas de las Farc, especialmente las Nukak, [que este] sea incierto y no exista un enfoque de género y mujer en ese proceso. No hay acompañamiento ni hay apoyo para que ellas se integren a actividades lícitas, ya que estas comunidades siguen siendo vulneradas y sin territorio. (p. 20) Frente a este punto, en el Insumo diagnóstico para la construcción del Capítulo Étnico del Plan Nacional de Acción en DD. HH. (CPDH, 2021), se indica que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reportó en agosto de 2019 el desarrollo de un espacio de deliberación en la vereda Monterredondo (Miranda, Valle del Cauca), en el marco del proyecto de inversión “Servicio en generación de espacios de convivencia, reconciliación, reintegración y fortalecimiento de entornos protectores de los NNAJ”. Allí se buscó identificar, con 25 participantes del cabildo Nasa, mujeres de la comunidad de dicha vereda y exintegrantes FARC-EP del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) de Miranda, las iniciativas comunitarias para fortalecer entornos protectores y escenarios de reconciliación. “Como resultado de dicha identificación, el cabildo Nasa y la comunidad concertaron fortalecer la iniciativa “Tejedoras de paz” que tiene como objetivo el rescate de la identidad y las tradiciones locales ancestrales a partir del tejido” (CPDH, 2021, p. 25) 31

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Así mismo, la ARN reporta el Contrato 1390 de 2019 suscrito con la Unión Temporal Entornos Protectores para la implementación de la estrategia de Fortalecimiento de entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes “Mambrú”. Desde 2019 se implementan actividades de prevención temprana de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) por parte de grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Dichas actividades se focalizaron en los siguientes territorios (CPDH, 2021): a. Resguardo Mayasquer, en Cumbal, Nariño (pueblo Pasto)

b. Resguardo Colonial Cañamomo y Lomaprieta, ubicado en los municipios de Riosucio y Supia, en el departamento de Caldas (comunidad indígena Emberá Chamí)

c. Consejos Comunitarios Santa Cecilia y Piedras Bachichí, ubicados en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda (Comunidad Afrodescendiente).

Al respecto, es importante realizar seguimiento a las acciones y las iniciativas propuestas en cada uno de estos espacios, de tal manera que se garantice su continuidad, fortalecimiento y progresividad, y así evitar intervenciones de corte asistencialista, de corto plazo, sin sostenibilidad y con regresividad. En estos puntos quedaron las siguientes iniciativas: a. En el municipio de Cumbal se concertó la iniciativa “Escuela Deportiva Sin Fronteras”, la cual apunta al aprovechamiento de tiempo libre como una herramienta de protección y construcción de proyecto de vida.

b. Se concertó con la comunidad y las autoridades indígenas el fortalecimiento del entorno protector del

Grupo Juvenil de Bomberos del Resguardo Colonial Cañamomo y Lomaprieta, a partir de la formación, dotación y la difusión y arraigo de las prácticas culturales ancestrales.

c. Las Comunidades y autoridades Afrodescendientes de Santa Cecilia y Piedras Bachichí priorizaron una iniciativa para el fortalecimiento de entornos protectores de la infancia y la adolescencia por medio de la cultura ancestral del territorio, en particular a través de la danza y la música tradicional, por medio de los cuales se fortalecen las prácticas de cuidado y los entornos protectores de NNAJ de las dos comunidades (CPDH, 2021, p. 26).

Igualmente, en el informe de la CPDH (2021) se indica que, en el marco de la ejecución del proyecto de inversión “Prevención riesgos de victimización y reincidencia en población en proceso de reintegración y en reincorporación”, se desarrollaron acciones comunitarias, las cuales tuvieron cobertura en Fonseca (La Guajira), La Montañita (Caquetá), Planadas (Tolima), Tumaco (Nariño), Villavicencio (Meta) y Santander de Quilichao (Cauca). De estas, es igualmente importante realizar seguimiento de los reportes presentados. En primer lugar, se indica que “se vieron beneficiadas alrededor 914 personas entre excombatientes y comunidades aledañas incluyendo población indígena, quienes fueron vinculados al desarrollo de las acciones de prevención” (CPDH, 2021, p. 27). Sin embargo, no se conoce el dato exacto de cuántas de ellas en efecto eran población indígena, ni cuántas eran madres, jóvenes o menores de 18 años, entre otros aspectos. En segundo lugar, se reporta el apoyo a dos iniciativas con enfoque diferencial y la ejecución de seis iniciativas locales en prevención de riesgo de victimización y reincidencia, las cuales se desarrollaron en los departamentos de Meta, Cauca y Nariño, con alta presencia de grupos étnicos. Finalmente, se llevaron a cabo de 11 jornadas de sensibilización a través de jornadas comunitarias, en las que se vinculó a población indígena. En las jornadas se entregaron maletas pedagógicas como un símbolo de intercambio y construcción de saberes