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de no repetición para las víctimas
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Así mismo, con relación a los indicadores de Minas antipersonal (MAP) y Municiones sin explotar (MUSE), la Procuraduría (2021b) destaca que “durante 2020 se han reportado al menos 9 víctimas de las MAP pertenecientes a comunidades étnicas, y al menos 2000 indígenas han sido confinados forzosamente por la siembra de MAP/MUSE en sus territorios” (El Espectador, 2021, Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, 2021, citado en PGN, p. 674). La Procuraduría (2021b) advierte además que “de igual forma, en los Pueblos Étnicos se ha declarado la emergencia humanitaria ante el aumento de la presencia de MAP y MUSE en sus territorios” (p. 674). Sin embargo, no se da cuenta de cuántas de estas víctimas son mujeres, jóvenes, entre otros sujetos del ETEGMFG, por lo tanto, tampoco se diagnostica el aumento de la presencia de MAP y MUSE desde este enfoque. Dentro de las conclusiones de la Procuraduría (2021b), se indica que, como lo refiere el CONPA (2021), la frustración frente a las expectativas de la sustitución planteada y no cumplida ha generado a las comunidades étnicas una “acción con daño” (p. 675). Respecto a ello, es importante indagar por cómo se ha vivido esta acción con daño desde la perspectiva del enfoque étnico, de género, mujer, familia y generación. Si “no es claro el nivel de inclusión de los Planes de Salvaguarda y los Planes de Vida de las comunidades en los PISDA [Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo]” (CGR, 2021, p. 227), menos la interseccionalidad de ETEGMFG en aquellos. En el informe de la Contraloría (2021) se indica que los recursos reportados en el punto 4 del Acuerdo de Paz son de $ 48 257 millones por parte de la ART, correspondientes al pago de incentivos a familias étnicas en el PNIS. Sin embargo, se resalta la ausencia de recursos para la prevención del consumo, salud pública y la solución al problema de la comercialización (p. 225). Recordemos que al menos cuatro indicadores hacen referencia a la garantía de la perspectiva de género, mujer, familia y generación en la consulta, formulación, diseño, implementación y seguimiento de la Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA y el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas (lícitas e ilícitas). Al respecto, vale la pena indicar que no se ha dado cumplimiento a la creación de la Instancia de Alto Nivel para este programa. En la actualidad, como lo señala la Contraloría (2021), el instrumento normativo mediante el cual se crea se encuentra en revisión (p. 228). Esto constituye una oportunidad para que antes de su promulgación se efectúe la comprobación del ETEGMFG. Con relación al indicador del PMI (2017) de mujeres de Pueblos y Comunidades Étnicas beneficiadas con la suspensión de la pena, condenadas por delitos de drogas, según la Contraloría (2021), se reporta que “no se han presentado al Congreso de la República nuevos proyectos de ajustes normativos para el tratamiento penal diferencial y aún están en concertación los parámetros de los indicadores PMI, entre DNP, CPEC, IEANPE y Min. Justicia” (p. 228).
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De todos los puntos del PMI, el del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas (SIVJRGN), según datos de la Procuraduría (2021b), cuenta con mayor porcentaje de cumplimiento: Este punto tiene 13 indicadores en el PMI […], en cuanto al cumplimiento de los indicadores […], se señala lo siguiente: Los cuatro indicadores (100 %) tienen ficha técnica aprobada. Un indicador (25 %) cuenta con reporte de avance del 100 % en el SIIPO con fecha de corte de diciembre de 2020. Tres indicadores (75 %) no cuentan con avance reportado en el SIIPO con fecha de corte de mayo de 2021. (p. 676)
Aun así, la realidad es que la reconfiguración del conflicto nos aleja cada vez más del cumplimiento, con progresividad y centralidad, de los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas. En especial, para las comunidades y Pueblos Étnicos, el panorama presenta nuevos hechos de violencia que reconfiguran el conflicto social y armado, profundizando su situación de victimización. Frente a ello, la IEGPAZ (2021) señala que, a la grave situación que se tenía a la firma del Acuerdo Final de Paz, se le suman la ocurrencia de nuevos hechos victimizantes (577 000) entre enero del 2017 a noviembre del 2020, señalados reiteradamente por diferentes instancias como la Defensoría del Pueblo en su sistema de alertas tempranas, por la Instancia Especial de Mujeres y por las mujeres en los territorios, consecuencia de la reconfiguración y fortalecimiento de estructuras armadas ilegales (p. 29) De acuerdo con la misma organización, un poco más del 50 % de víctimas son mujeres, 13,2 % población afrocolombiana, 25 % menores de edad (Red Nacional de Información [RNI], 2021, citado en IEGPAZ, 2021, p. 78). Así mismo, la IEGPAZ (2021) muestra que se presentan mayores persecuciones a los liderazgos de mujeres guardias indígenas y campesinas, así como un incremento de acciones bélicas, la reaparición de artefactos explosivos, la implementación del Acuerdo Final de Paz ha sido escasa, sin enfoque diferencial, territorial y de género. (p. 29) En este orden de ideas, también se denuncia la situación de los jóvenes en el Chocó, que se vuelven objeto de mayores actos de violencia durante este recrudecimiento del conflicto: en la actualidad el Chocó está viviendo la peor crisis humanitaria, debido tanto a la pandemia de la COVID-19, como por el enfrentamiento entre el ELN y los paramilitares en territorios como el Alto y Medio Baudó, la región del pacífico y del Medio y Bajo Atrato, donde ha habido degollamiento de personas y muerte a menores de edad, que han quedado en medio de los enfrentamientos de estos grupos. (IEGPAZ, 2021, p. 30) La IEGPAZ (2021) refiere que, en efecto, “la situación de las mujeres afrocolombianas desplazadas es crítica. Las discriminaciones históricas se han recrudecido con la pandemia, sacando a flote las graves desigualdades sociales, de género y el racismo de este país” (p. 30). Esto se suma a la situación de las mujeres indígenas, pues el recrudecimiento de la violencia en el marco de la pandemia las afecta también de manera desproporcionada. A propósito de la salvaguarda del Capítulo Étnico, relacionada con el desminado y la restitución del resguardo Nukak, la IEGPAZ (2021) hace énfasis en la necesidad de tener un diálogo con las mujeres indígenas de la comunidad, toda vez que “el ejército dice que el tema de desminado humanitario es difícil por la presencia de actores armados en el territorio y que lo único que se puede hacer es un desminado Militar”, por eso sería necesario que frente a la militarización “este tema se acuerde con ellas y sus necesidades en materia de DD. HH.” (p. 34). Se destaca del informe de la Contraloría (2021) que “la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) no cuenta con recursos específicos para los Pueblos Étnicos” (p. 230). Esto suscita inquietud por las mujeres, las familias y las generaciones de los Pueblos Étnicos afectados por las desapariciones forzadas infringidas durante el conflicto armado y, aún hoy, durante el posacuerdo. 35
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Frente al indicador del ETEGMFG en la atención psicosocial, según los Decretos leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, la Contraloría (2021) refiere que, “a 31 de marzo de 2021, no hay reporte del número de víctimas de origen étnico con atención psicosocial con pertenencia cultural” (p. 230). Adicional a lo informado por la Procuraduría General de la Nación (2021b), las mujeres pertenecientes a Pueblos Étnicos han señalado la importancia de incorporar sus prácticas culturales y espirituales a la atención psicosocial como parte de su sanación y restablecimiento de sus derechos. Tanto las mujeres indígenas, como las afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales realizan de manera permanente esta labor en sus comunidades y territorios (IEGPAZ, 2021, p. 194). Así mismo, la Procuraduría (2021b) resalta que en este indicador “no se presentan avances significativos, por el contrario, el Ministerio de Salud reportó que no tiene la capacidad para satisfacer la demanda de sus servicios” (p. 684). Además, las situaciones que se den a conocer “no pueden ser monitoreadas correctamente porque los sistemas de información del Ministerio de Salud no tienen información desagregada que permita el cruce de datos para el análisis contextual de los casos, sumado a que el número de casos y víctimas siempre está en aumento” (p. 684). Ante este panorama, la Instancia Especial de Mujeres llama la atención para que desde estas entidades eviten revictimizar a las mujeres, brinden la atención psicosocial requerida, se tomen en cuenta en todo el proceso las particularidades étnicas, culturales y territoriales, asimismo consideren las condiciones de seguridad de los territorios y las mujeres cuenten con la pedagogía necesaria y suficiente sobre los propósitos, misionalidad y alcances de cada una de estas entidades. (2021, p. 79) La IEGPAZ (2021) continúa haciendo un llamado “para que en el informe final de la CEV [Comisión de la Verdad] queden visibles de manera transversal, todas las violencias contra las mujeres y población LGBTI exacerbadas en el marco del conflicto armado, tomando en cuenta los enfoques étnicos antirracistas”. También, resaltamos el llamado de esta instancia frente a la violencia sexual contra las mujeres y la población LGBTIQ, porque “si bien es muy relevante [visibilizarla], es importante evidenciar que no es lo único que les ha pasado a las mujeres dentro del conflicto armado” (p. 79). A partir del trabajo de la IEANPE (2021), a través de audiencias públicas vía Web, se constata que “la violencia contra las mujeres no se ha indagado de manera específica. De otra parte, diversas organizaciones de mujeres han solicitado la apertura de un macro caso relacionado con violencia sexual, y la JEP ha recibido un importante número de informes al respecto” (p. 88). Frente al indicador vinculado con los planes de reparación colectiva se reporta que, a marzo 31 de 2021, la meta cuenta con un avance del 25 %, correspondiente a un plan nacional étnico de reparación colectiva en implementación (pueblo Rrom), de cuatro SRC [Sujetos de Reparación Colectiva] étnicos de línea base, sobre los cuales se proyecta lograr consulta previa de sus planes en 2021 (Pueblos Kankuamo en fase de diseño y formulación, y Misak y Yanacona en fase de caracterización). (CGR, 2021, p. 231) Sin embargo, no se menciona en ningún apartado si este cumple con el compromiso de ser pactado, concertado, formulado e implementado desde el ETEGMFG. Lo mismo sucede con los planes de retorno que, como se indicaba en el punto de Reforma Rural Integral, no solo no han avanzado en la protección y garantía de los derechos territoriales de los pueblos priorizados, sino que se encuentra totalmente ausente la mención a un ETEGMFG.
