1.1.2.6 Seguimiento, verificación y monitoreo de la implementación

Frente a la meta del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, la Contraloría refiere que se encuentra en incumplimiento, “ya que debió surtirse en 2018, y a primer trimestre de 2021 no se tiene implementado ni formulado el Plan Nacional de DD. HH.” (CGR, 2021, p. 231). Por su parte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (2021), como ya mencionó, elaboró el Diagnóstico para la construcción del Capítulo Étnico del Plan Nacional de Acción en DD. HH. Este documento plantea cuatro partes: la primera define derechos colectivos; la segunda, hace un balance de las acciones afirmativas por parte del Gobierno Nacional en favor de estos derechos; la tercera se refiere a una batería de conductas amenazantes o que los vulneran y la cuarta da cuenta de las vulneraciones de los derechos colectivos. Los que se priorizan en dicho documento son: territorio, autonomía, desarrollo propio, subsistencia, integridad cultural, consulta previa y participación. Una vez realizada la revisión, se observan ciertas omisiones de interpretación respecto a estos derechos desde la perspectiva de cada pueblo étnico, pero sobre todo desde el enfoque ETEGMFG, pues no existe ni la menor mención de este en el diagnóstico. Lo único que se identifica son algunas referencias en cifras, al hablar de “número de familias”, “número de niños y niñas”, o el uso de lenguaje inclusivo cuando se refieren a “líderes” y “lideresas” en alguno de los apartados del texto de acciones afirmativas. Sin embargo, nada de ello constituye el cumplimiento de identificación de derechos, estrategias, lineamientos específicos y sistemas de información para la protección y prevención con perspectiva de género, mujer, familia y generación. Así mismo, en el capítulo sobre vulneraciones, no aparecen las diversas tipologías que de manera singular afectan a las mujeres, las familias y las generaciones de los Pueblos Étnicos, que constituyen, en efecto, vulneraciones de carácter colectivo.

Como lo indica el segundo informe de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (STCIV) (2021), “la falta de información pública con datos específicos, precisos y desagregados es uno de los principales retos para el monitoreo y seguimiento y para el desarrollo de políticas específicas para la implementación del enfoque de GMFG” (p. 12). A esto se suma lo que la CGR (2021) refiere como una de las principales dificultades, es decir, “la ausencia de un ítem étnico en el trazador presupuestal para la paz […] en el seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico del AFP” (p. 210). Igualmente, la Contraloría señala que para 2020 no se ejecutaron recursos para el punto seis. El Capítulo Étnico de la Habana, en materia de implementación y verificación, contempló la creación de una Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y, con relación al ETEGMFG, se generó el “indicador de Metas, Variables e Indicadores en el Plan Marco de Implementación Contempladas en el SIIPO” (PMI, 2018, p. 199). Lo anterior está totalmente ausente y no es mencionado por ninguna de las entidades de control. Como destaca la Procuraduría (2021b) del informe de la STCIV (2020, 2021a), “no existen indicadores específicos que permitan medir con exactitud los recursos específicos que se están destinando al desarrollo e implementación del enfoque étnico del acuerdo; la IEANPE no cuenta con sistemas para realizar seguimiento y verificación a las cuestiones financieras” (pp. 687-688). Pero, además, se afirma que “desde su creación ha tenido dificultades para su funcionamiento, al no contar con las garantías suficientes para el ejercicio de su labor” (p. 687). 37