Resumen Ejecutivo 16.03.2010

Sacando cuentas Estudio sobre la inversión en educación en la República Bolivariana de Venezuela

únete por la niñez

Presentación

En el marco de la celebración de los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se complace en presentar el estudio “Sacando cuentas”, a fin de que el mismo estimule la adopción de políticas públicas y fortalezca el diálogo y la reflexión de todos los sectores comprometidos en el desarrollo nacional acerca de los avances logrados, tanto por el Estado como la Sociedad, para la realización del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

La disponibilidad de fuentes de información y las mejoras en los sistemas de registro estadístico son indicios de la prioridad que los tomadores de decisión conceden a los temas de agenda pública. Sin duda la información, y su buen uso, permiten relevar los avances y los desafíos en materia de desarrollo humano, que conduzcan a una acción concertada y coordinada de los sectores involucrados. Es así como el acceso a las fuentes de información disponible nos aporta datos relevantes para el análisis relacionado con la inversión publica en educación, de la misma manera que permite identificar los vacíos en los cuales es necesario perfeccionar los sistemas y procesos de registros, administrativos y presupuestarios, a fin de que la rendición de cuenta sobre el impacto de la inversión social sea lo más desagregada y actualizada posible.

Invitamos al Estado y la Sociedad hacer uso de un estudio de carácter independiente que busca dotar de información relevante ante la posibilidad de llevar a cabo un gran debate nacional sobre los temas en los que se ha logrado avanzar. Tal es el caso de la inversión pública en educación como un componente sustantivo de la estrategia de desarrollo; el significativo monto de los recursos financieros que se destina a la educación y que ocupa el primer lugar en el presupuesto público; así como la importancia de la política pública vista a través del ascenso de la matrícula educativa en todos los niveles.

Al igual que en muchos países de la región latinoamericana, los retos de la educación en la República Bolivariana de Venezuela son cada vez más exigentes.

Se destaca la superación de las brechas sociales, étnicas y territoriales, que aseguran el acceso universal a todos los niveles educativos, así como continuar ampliando la cobertura de la educación inicial y educación media.

En el marco de los esfuerzos que, conjuntamente con los demás actores sociales, se realizan en el país, UNICEF aboga por los derechos a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de todos los niños, niñas y adolescentes. Apuesta por la construcción de alianzas para desarrollar políticas eficaces que garanticen una educación para el desarrollo y la equidad, que fomente los valores, conocimientos, capacidades y actitudes con poten-

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cial para producir cambios a favor de un mundo más apropiado para la niñez y adolescencia. Hace un llamado a mantener los importantes montos de inversión pública en educación, que han permitido al país el ascenso de la matrícula educativa en todos los niveles, especialmente en un contexto de crisis mundial donde estos logros podrían revertirse.

UNICEF reconoce la amplia apertura y disposición del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el enlace institucional con los organismos públicos que facilitaron la información de este estudio. Agradece especialmente al Banco Central de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y al Ministerio del Poder Popular para la Educación, por el suministro de los datos oficiales necesarios de este primer intento de aproximación analítica, motivándoles a continuar mejorando la formulación de los próximos presupuestos y las rendiciones de cuenta de los gastos, con desagregación de la inversión en la niñez y adolescencia, por género, grupos sociales, étnicos y espacios territoriales.

Merece el más alto reconocimiento la respuesta de la Fundación Telefónica de acoger con gran entusiasmo la propuesta de hacer llegar este estudio a un público más amplio a través del llamado: Únete por la niñez Únete a UNICEF.

Nadya Vásquez Representante

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Resumen ejecutivo

Es bien sabido que un país exitoso se mide por el nivel de su desarrollo humano y que la educación representa el insumo más importante para este desarrollo. En lo fundamental, ésta ha sido una convicción de los Estados de la región latinoamericana, y lo que los ha conducido, en su gran mayoría, a dedicar ingentes recursos a la educación de sus ciudadanas y ciudadanos.

Sacando cuentas es una publicación que contiene los resultados de un estudio sobre el comportamiento de la inversión pública en educación en el caso de Venezuela realizado por UNICEF con el objetivo de generar conocimiento útil para la planificación y toma de decisiones en torno al tema con base en lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y más recientemente la Ley Orgánica de Educación (LOE).

La CDN constituye el primer instrumento donde se le reconoce a la niñez y la adolescencia, en el ámbito mundial, todos sus derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales. La CDN fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, siendo ratificada por Venezuela al año siguiente.

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Garantizar los derechos reconocidos por la CDN supone que los Estados dispongan de un marco institucional y de los recursos económicos necesarios para hacer efectivos tales derechos. Al respecto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde 1999, se incorporaron distintos capítulos con esa finalidad y, en lo referente a la educación, la Constitución incorpora un Capítulo (número VI), destinado específicamente a los derechos culturales y educativos.

para brindar una educación integral de la más alta calidad… así como garantizar un presupuesto suficiente para tal fin…

Sin duda, la inversión social es el instrumento por excelencia para la implementación efectiva de derechos y por tanto de equidad y bienestar por lo que constituye un imperativo ético. Desde UNICEF se ha colocado particular interés en poner en relieve los vínculos existentes entre la política social y la política económica y, a través de estos lazos, potenciar los beneficios de la inversión social sobre el crecimiento económico, la productividad y la equidad. Los países que no cuentan con ciudadanas y ciudadanos sanos y educados tienen dificultades para introducir avances tecnológicos en sus procesos productivos, para enfrentar la pobreza y para disminuir las disparidades.

Desde la perspectiva de lo político, a ese argumento se añade el hecho de considerar la inversión social como un instrumento de cohesión social y gobernabilidad democrática en virtud de su potencial para ampliar las posibilidades de movilidad y ascenso social de la población.

Con base en lo establecido en la Constitución, la LOPNNA los derechos de los niños, niñas y adolescentes y ratifica los principios establecidos en la CDN, quedando el Estado en la obligatoriedad de tomar las medidas conducentes que garanticen el disfrute de derechos en forma efectiva. En esta Ley, que entró en vigencia 2000, con reforma parcial en 2007, se contempla lo concerniente al derecho a la educación: todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria…. (y que) el Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos

En Venezuela, la inversión social, por su contribución a las mejoras en la distribución del ingreso y su potencial para facilitar el acceso de la población a los servicios públicos de calidad, pasa a ser una de las herramientas más eficaces para promover el desarrollo social. De allí el interés en realizar estudios como el presente con la finalidad de conocer sus beneficios e identificar áreas donde es posible mejorar asignaciones y usos en el marco de las políticas públicas.

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Ahora bien, son conocidas las significativas diferencias entre los conceptos de inversión social y gasto social que, de no comprenderse, pueden llevar a nefastas confusiones según las cuales lo que se invierte en lo social podría considerarse no rentable cuando se trata de bienes y servicios que desaparecen cuando se consumen. En este trabajo se comparte decididamente otra interpretación: todas las erogaciones destinadas a satisfacer las necesidades básicas en salud, nutrición, vivienda, seguridad social y, en especial, educación, representan inversión en desarrollo humano, inversión para la garantía de los derechos humanos. Se trata por lo tanto de una inversión que siempre es rentable. No obstante, en el análisis que aquí se realiza, por tratarse del vocablo utilizado en la terminología presupuestaria del sector público venezolano, se hace profuso uso de las expresiones “gasto social” o “gasto público social” interpretándolas en su acepción positiva, vale subrayar, como inversión rentable en el desarrollo humano.

do con mayor intensidad los costos de una acumulada “deuda social”, resultaba la intervención social más eficaz y equitativa. De acuerdo con CEPAL1, si bien el incremento del gasto social y el uso eficiente de los recursos constituyen un avance, este argumento no debería ser motivo para descartar la “opción impositiva”. Lo cierto es que, en la mayoría de los países de la región, la carga tributaria tiende a ser marcadamente baja, y el desafío es propiciar un balance entre ambos, el gasto social y la progresividad de la estructura tributaria, sin descuidar la responsabilidad fiscal y el estímulo adecuado a la competitividad.

En este estudio, el análisis del gasto en educación en la niñez y adolescencia se sustentó en las fuentes de financiamiento del presupuesto y en la revisión de la estructura del gasto público. Se encontró que, durante los últimos años, los recursos canalizados hacia los sectores sociales aumentaron de manera importante, en el marco de una la política tributaria que presenta desafíos. En efecto, desde el ámbito de la política pública venezolana, se consideró que la transferencia de recursos y activos provenientes de la renta petrolera a la población sobre la cual han recaí-

En efecto, en el estudio sobre Venezuela se encontró que, pese al marcado incremento de los precios del petróleo en años recientes, en la actualidad las finanzas públicas mantienen un déficit primario elevado y los niveles de endeudamiento muestran una tendencia al alza.

1 CEPAL (2006). La Protección Social de

Cara al Futuro: Acceso Financiamiento y Solidaridad.

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gasto público, como producto de la subordinación a los ingresos petroleros. El otro, la extrema rigidez del gasto público, debido a su sujeción a compromisos legales y contractuales, que lo hace muy difícil de movilizar, en ocasiones a expensas de importantes riesgos sociales y políticos.

En lo correspondiente a las orientaciones estratégicas del gasto público, desde la perspectiva de los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local) se puso de manifiesto que Venezuela otorgó una alta prioridad a la inversión social a lo largo de los últimos 50 años. Se observó que en todos los niveles de gobierno los sectores sociales constituyen la prioridad y que, guardando las distancias asociadas a las magnitudes de recursos manejados, la tendencia fue a mejorar la participación de los sectores sociales en el total del gasto.

La volatilidad de las finanzas públicas de Venezuela es transmitida a los estados y municipios, en virtud de su significativa dependencia de las transferencias de recursos desde el gobierno central con cargo al presupuesto nacional. Como se sabe, las transferencias o aportes del gobierno central constituyen, en la práctica, la única fuente de ingresos para los presupuestos de los gobiernos estadales. Los gobiernos municipales muestran una mayor diversificación en sus fuentes de ingresos, precisamente, a causa de sus potestades tributarias.

El gasto social constituye uno de los instrumentos más eficaces para promover el desarrollo por su contribución a la ampliación de oportunidades, las mejoras en la distribución del ingreso y su potencial para facilitar el acceso de la población a los servicios públicos de calidad. En Venezuela, el comportamiento del gasto social y su relación con el presupuesto total y con el PIB, da cuenta de su importancia suprema como instrumento de distribución. En el lapso 1997-2008, el mismo representó un promedio cercano a 40%, alcanzando 43,5% del presupuesto total en 2008; mientras que su participación promedio en el PIB fue de 11,1% y 12,8% en ese mismo año. El gasto social de Venezuela, expresado en dólares per cápita se triplicó entre

Al abordar los rasgos centrales del gasto público en lo que estos condicionan la cuantía de recursos disponibles para financiar la intervención del Estado en materia social destacaron dos rasgos centrales en Venezuela.

El primero, la alta vulnerabilidad del 8

1997 y 2008, si bien el indicador revela una inestabilidad característica del gasto público.

rrollo del país (Proyecto Nacional de Desarrollo 2007-2013. Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y Social). Cabe destacar que a su vez el país asumió los compromisos de la Declaración del Milenio, en la cual 187 Estados Miembros de Naciones Unidas suscribieron objetivos y metas para el año 2015.

En términos generales, sin la información sobre los recursos destinados a las misiones sociales, puede afirmarse que el gasto social aumentó su prioridad macroeconómica en los últimos años. Y si, a la contabilidad del presupuesto ordinario se le agrega el gasto extra presupuestario destinado a las misiones sociales, es posible afirmar que el gasto social en Venezuela para 2006 representó cerca de 17,8% del PIB.

En la dirección de garantizar lo establecido en la Constitución y de responder a las prioridades de política al inicio del año 1999, y hasta el año 2005, el lineamiento de política por excelencia en materia educativa fue garantizar el acceso y permanencia a la educación integral, gratuita y de calidad para todos. A la par, se produjeron cambios en la política educativa del gobierno nacional el inicio en 2003 de las misiones educativas, dirigidas a brindar oportunidades de formación a los grupos de población más excluidos, principalmente adultos.

En lo que compete al gasto en educación en Venezuela, su importancia macroeconómica, fiscal y social se puso de manifiesto al observar un comportamiento ascendente como porcentaje del PIB, como proporción del presupuesto y como parte integral del gasto social. En efecto, el gasto en educación alcanzó 5,4% del PIB y 41,8% del gasto social en 2008, sin incluir el gasto extrapresupuestario en las misiones educativas. Esas magnitudes de recursos involucraron las significativas transformaciones experimentadas por el sector.

En lo que refiere a su organización, se interpretó que el sector educación en Venezuela debía ser objeto

En efecto, al finalizar la década de los noventa, se dio inicio a un proceso de transformación en el sistema político, económico y social del país con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ha derivado en cambios en el sector educación. En concordancia con las obligaciones asignadas al Estado en la garantía de los derechos educativos, las prioridades de política educativa, reflejadas en los planes operativos y en el presupuesto, están enmarcadas en el plan de desa9

de modificaciones de gran significación. Dicho sector se mantuvo presidido por un ente transformado, luego de varias denominaciones, en el actual Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), como instancia rectora responsable de la regulación, formulación y seguimiento de las políticas, la planificación y realización de las actividades del ejecutivo nacional en la materia; con independiencia de educación superior, la cual a partir de 2003, contó con un ministerio propio.

Por su parte, el MPPE actualmente está conformado por un nivel central y 22 zonas educativas desconcentradas, con un total de 16 organismos adscritos desconcentrados.

El modelo de gestión para el sistema educativo mantuvo su histórico carácter centralizado. De ese comportamiento da cuenta la actual apertura programática de su presupuesto, según la cual todos los programas presupuestarios son manejados desde el nivel central.

Desde la perspectiva de los niveles y modalidades del sistema educativo, una nueva Ley Orgánica de Educación (2009) amplió la clasificación contenida en la ley educativa de 1980. En la actualidad, dicho sistema comprende un conjunto orgánico, estructurado y orientado, conformado por subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas del desarrollo humano que incluye la atención en la etapa de maternal es decir, desde que el niño(a) nace, y amplía las modalidades del sistema educativo: Subsistema de Educación Básica, integrado por los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Media y el Subsistema de Educación Universitaria que comprende: los niveles de Pregrado y Postgrado universitarios. Son modalidades: Educación para Personas con Discapacidad, Educación de Adultos, Educación para las Artes, Educación Rural, Educación Militar, Educación Intercultural Bilingüe, entre otras.

Al revisar el comportamiento del gasto asociado a la inversión educativa según las organizaciones que lo integran, se determinó que, en el período 2003-2007, el aumento de los ingresos petroleros y de la recaudación tributaria no petrolera permitieron que los recursos asignados al ente rector (MPPE) se triplicaran y que su participación en el PIB pasara de 3,2% en 2003, al 5,1% en 2007.

Por su parte, el presupuesto acordado al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES) tuvo un crecimiento similar y pasó de representar el 1,9% del PIB en el año 2003, al 2,8% en el año 2007.

El estudio de la inversión educativa incorporó comparaciones sobre la disponibilidad y uso de los recursos por parte de las distintas instancias de gobierno con responsabilidad en el sistema educativo. Del análisis efectuado se pudo concluir que pese al significativo volumen de recursos dedicado a la educación primaria y media, la educación universitaria mantuvo su histórica posición privi10

legiada en la distribución del presupuesto público de educación. En lo que compete sólo al presupuesto manejado por el MPPE, la educación primaria y secundaria, en ese orden, absorbieron el mayor volumen de recursos. Desde la perspectiva del objeto del gasto, lo destinado al pago de personal se llevó la mayor proporción y su participación tiende a incrementarse.

Los indicadores de gasto para el período 1998-2005, revelaron un crecimiento nominal en todos los niveles educativos, y en términos de los valores reales mostró un comportamiento diferencial: crece de manera muy moderada en educación preescolar (30,1%); se multiplica por tres en educación básica (268,2%); alcanza 109,9% en educación media y diversificada; y, en educación superior, se sitúa en 78,3%. En contraste, el gasto en la modalidad de educación especial tuvo una reducción real de 72%; mientras que la educación de adultos observó un crecimiento de 128,2%.

nes educativas del sector privado.

En el período 2000-2008, un promedio de 96,1% de los subsidios correspondió al Convenio suscrito entre el MPPE y la Asociación Venezolana para la Educación Católica (AVEC), la cual está conformada por 720 colegios (Fe y Alegría), que atienden cerca de 500.000 estudiantes ubicados en zonas populares.

Salvo la reducción del gasto por alumno en educación preescolar en el presupuesto del MPPE, el resto de los indicadores mostró incrementos importantes con ventajas para la educación superior, incluyendo lo atinente a la inversión en infraestructura educativa. Por último, resultaron llamativas las diferencias apreciadas entre el gasto por alumno del nivel nacional, con el correspondiente a los niveles estadal y municipal.

La inversión pública en obras educacionales es ejecutada a través de FEDE, ente adscrito al MPPE o bien por el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MPPOPV, antes Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura). El análisis de la evolución de dicho gasto puso de manifiesto que la asignación de las edificaciones de educación superior, históricamente ha superado las de educación primaria y media.

Además, de los recursos asignados a los distintos niveles educativos, de manera significativa el MPPE financió el pago de subsidios a institucio-

Por su parte, el gasto en educación del Gobierno General (GG), contenido 11

en el Sistema de Cuentas Nacionales, comprende los tres niveles de gobierno: central, estadal y municipal, y las instituciones públicas sin fines de lucro que prestan o cuentan con servicios de educación. En el lapso 1997-2006, dicho gasto representó un promedio de 24,2% del gasto total del GG y 6,8% del PIB.

gares en educación se cubrió, en un promedio de 67,8%, con las transferencias de bienes y servicios por parte del GG; 28,3% fue financiado por los hogares; y 3,9% con las transferencias de instituciones educativas privadas sin fines de lucro. A partir del año 2004 se aprecia un incremento de la proporción transferida por el GG, hasta ubicarse en 73,7% en el año 2006; así como, la reducción progresiva del consumo financiado directamente por los hogares hasta 23,3% y de las transferencias de las instituciones privadas sin fines de lucro hasta 3,1%.

Según nivel de gobierno, en el período 1999-2006 el análisis de la estructura del gasto en educación del GG demostró que su mayor proporción correspondió a las Instituciones Públicas sin Fines de Lucro que alcanzaron 49% del gasto del GG en educación; le siguió en importancia el gobierno central con un promedio de 41%; el gobierno estadal con 9,9%; y el gobierno municipal con 0,1%.

En el período 1997-2006, el consumo efectivo de los hogares en educación representó 6,3% en promedio como proporción del PIB. Por otra parte, el consumo individual de los hogares se destinó a servicios de educación básica y media en 58,1%; educación superior en 31,3%; y 10,7% en otros tipos de enseñanza.

En concordancia, en el período 19972006 el consumo efectivo de los ho-

En el lapso analizado, el gasto de los hogares en educación superior mostró un incremento real de 36,7% y el de otros tipos de enseñanza aumentó en 26,7%, mientras que el gasto en educación primaria y media apenas logró un crecimiento real de 20,4%, lo cual ha de obedecer, entre otras razones, a la política gubernamental de los últimos años que ha favorecido la regulación de los precios de las matriculas escolares del sector privado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2005 (ENPF), la familia dedica 3% de su consumo a cubrir servicios de educación. El 73,6% de dicho consumo corresponde al Área Metropolitana de 12

Caracas (AMC) y grandes ciudades; 25,3% corresponde a medianas y pequeñas ciudades; y tan sólo 1,1% al área rural. Por consiguiente, mientras en el AMC los hogares destinan 5,1% de su consumo a educación, en otras ciudades grandes esta proporción se reduce hasta 3,9%, en las ciudades medianas a 2%, en las ciudades pequeñas 1,7% y en las áreas rurales a 0%.

La inversión pública en educación es el instrumento clave para hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es en la cobertura y calidad del gasto publico educativo donde descansa la posibilidad de lograr tal propósito. En la dirección de apoyar la formulación de políticas educativas en el marco de las disposiciones de la CDN, en este estudio se produjo información acerca de la distribución y comportamiento del gasto público educativo en Venezuela y sus resultados los niños, niñas y adolescentes.

La población de menores ingresos tiene garantizados los servicios de educación a través del sector público, de allí que de acuerdo con la ENPF 2005, 80% del consumo de los hogares en educación es financiado por los 3 deciles de población con mayores ingresos. La población ubicada en los 5 primeros deciles (los más pobres), es decir 50% de la población, apenas financia 9% del consumo de los hogares en educación. Esto muestra que quienes más se benefician del financiamiento público son las familias de menores ingresos.

Para encaminar la investigación acerca de la inversión educativa en la niñez y adolescencia en Venezuela, se generaron alternativas metodológicas centradas en el examen de la matrícula, la “reconstrucción” de indicadores del gasto educativo, la revisión del impacto del gasto educativo en el presupuesto familiar y la comparación del país con algunos parámetros internacionales.

De acuerdo con la ENPF 2005, el ingreso per cápita de una persona con educación media completa o incompleta es 156,1% más alto que el de quienes sólo tienen estudios de educación primaria completa o incompleta. De igual manera, el ingreso per cápita de un profesional universitario es 447, 8% más alto que el de una persona con educación primaria. Lo anterior es un indicio de cómo se traduce la inversión en educación en el desarrollo de las oportunidades y, en consecuencia, la importancia de priorizar en las políticas públicas el acceso universal a la educación primaria y media a todos los niños, niñas y adolescentes.

Los resultados del presente estudio corroboran que la inversión de Venezuela en la educación de su niñez y adolescencia, se cuenta entre las más destacadas de la región. Se encontró que, entre los años 1999 y 2005, el gasto público total en educación en Venezuela, medido como 13

res. Con base en las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), fue posible estimar que, para el año 2005, el consumo de los hogares en servicios de educación equivalía a 3% del consumo de los hogares en el mercado interno.

Así mismo, a partir de la misma fuente, se determinó que el gasto de los hogares en educación en niñez y adolescencia, para el lapso 2003-2007, constituía 50,9% del consumo de los hogares en educación. Las cifras antes mencionadas y las correspondientes al gasto en educación del gobierno general para este grupo etario, permitieron contabilizar el gasto nacional en educación en el mismo para el lapso 2003-2007: 3,9% del PIB con tendencia creciente, alcanzando para el año 2007 4,1% del PIB.

porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto público total, superaba el promedio obtenido por América Latina y el de todos los países seleccionados.

De hecho, en Venezuela el gasto del gobierno general en educación de la niñez y la adolescencia se duplicó en valores nominales, aunque en términos reales también creció en 56%, como consecuencia de los efectos de la inflación. Dentro de los componentes de dicho gasto, se encontró que el imputable al gobierno central representaba 72,4%, con un crecimiento real de 58,3%, mientras que en los estados alcanzó 25,5% con un incremento real menor, equivalente a 44,1%. Por su parte, el gasto de los municipios apenas participó en 2% en el total. En el período 2003-2007 el gasto en educación en la niñez y la adolescencia del gobierno general representó 3,09% del PIB, con tendencia creciente a partir del año 2005.

Dicho gasto fue financiado en 20% por los hogares y en 80% por el gobierno general, apreciándose un aumento en la participación del gasto de los hogares que para el año 2003 representó 17,4% y para 2007 19,9%. No obstante, este desempeño pone de manifiesto el carácter distributivo del gasto público en educación en Venezuela y la progresividad del mismo.

En lo que se refiere a los resultados de la inversión pública en la educación de niños, niñas y adolescentes, fue posible concluir que, en los 10 años transcurridos entre 1998 y 2008, el gasto público mantuvo un papel determinante en el financiamiento de sus oportunidades educativas en Venezuela. El gobierno central tiene la mayor oferta educativa de planteles y cupos, aunque en

Al cuantificar el gasto público educativo sobre los presupuestos de las familias con niños, niñas y adolescentes, los resultados obtenidos no dejan dudas del favorable impacto del gasto público invertido en educación en los presupuestos familia-

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algunos niveles, como la educación inicial y la primaria, el sector privado comienza a ganar espacio.

las del sexo masculino. Asimismo, los indicadores mostraron cómo se logró reducir la deserción y la repitencia, a la vez que se aumentó la prosecución en la educación primaria y media.

En efecto, están claros los esfuerzos realizados por el Estado venezolano para mejorar la cobertura y calidad de los recursos dedicados a los niños, niñas y adolescentes. Un rápido balance revela la prioridad estratégica sostenida por muchos años en el gasto social y en especial de educación. En la actualidad, Venezuela sobresale entre los países con la inversión educativa más elevada en toda la región latinoamericana acorde con las exigencias de los Objetivos de Desarrollo Milenio.

A pesar de los esfuerzos en las políticas públicas en los últimos años, existen desafíos en la calidad de la educación y en el acceso universal, especialmente en educación inicial (tasa neta de escolaridad 65,35% en 2007-2008) y educación media (tasa neta de escolaridad primero-tercer año 67,47% y cuarto-sexto año 43,87% en 2007-2008). Sin duda, aún persisten las brechas que se invisibilizan en los promedios nacionales, sobre todo a nivel de estados, municipios, ámbito rural y urbano, poblaciones de menores ingresos, así como pueblos indígenas y afrodescendientes. En este último aspecto, se requiere continuar los esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas de información estadísticos, que permitan cuantificar la magnitud de estas brechas.

Así, en la última década, destaca el determinante papel del gasto público en el financiamiento de las oportunidades educativas para niños, niñas y adolescentes. De ello dieron cuenta los indicadores de calidad y rendimiento escolar que permitieron corroborar la efectividad de los recursos invertidos al revelar un crecimiento de la matrícula en todos los niveles educativos, especialmente educación primaria que alcanzó una tasa neta de 92,03% (2007-2008).

En efecto, los resultados reportados por el MPPE en el período 1998-1999 a 2007-2008 arrojan un crecimiento de 50,7% en la tasa neta de escolaridad de educación inicial; 6,7% en educación primaria; 44% en educación secundaria de primero a tercer año y 85,2% en educación media de cuarto a sexto año.

Resalta que en todos los niveles educativos las tasas de escolaridad del sexo femenino superan ligeramente

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El estudio concluye con 10 recomendaciones principalmente orientadas a mejorar los sistemas de información en materia presupuestaria. Una de las más importantes, es la conveniencia de que el país cuente con lineamientos de política que aseguren la visibilización de la niñez y la adolescencia en la asignación del presupuesto público; que todos los organismos públicos a la hora de elaborar sus planes operativos, presupuestos y rendiciones de cuentas

de los gastos, desagreguen la información tomando en cuenta las edades de la población atendida. Esto aseguraría que se produzca información más precisa y detallada sobre la efectiva priorización que tiene la inversión social en la niñez y adolescencia en la agenda de las políticas públicas, atendiendo al principio de prioridad absoluta establecido en la CDN, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la LOPNNA.

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únete por la niñez “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”

(Artículo 4).

Convención de los Derechos del Niño, 1989 (Ratificada por la República Bolivariana de Venezuela en 1990)