Transformando el Modelo Policial Venezolano

TRANSFORMANDO EL MODELO POLICIAL VENEZOLANO: UNA EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

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UNA EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

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TRANSFORMANDO EL MODELO POLICIAL VENEZOLANO: UNA EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Equipo coordinador de sistematización: Martha Lía Grajales Francisco Martínez Montero Validación general: Pablo E. Fernández Blanco Mary Nieves Jiménez Diseño gráfico: Helena Maso Fotografía: Kake García y Miguel Pereira Impreso en: Editorial Ignaka, C.A. Tiraje: 1.000 ejemplares ISBN: 978-980-6638-34-1 Depósito Legal: lf9122011300669 Esta publicación sistematiza la experiencia de formación policial en derechos humanos, desarrollada durante los años 2009 y 2010, en el marco del convenio interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo, bajo la gestión de la Defensora Gabriela del Mar Ramírez Pérez, y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Sobre la Defensoría del Pueblo, es un órgano integrante del Poder Ciudadano, que forma del Poder Público Nacional, y tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio, y de éstos cuando estén sujetos a la jurisdicción de la República en el exterior.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una Asociación Civil, constituida como una institución sin fines de lucro, que tiene como objeto promover y defender los derechos humanos en Venezuela, especialmente el derecho a la vida, la libertad personal, la seguridad e integridad personal e inviolabilidad del hogar, prioritariamente de los sectores populares.

Haciendo historia

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l registro sistemático que han realizado durante tres décadas diferentes organizaciones de derechos humanos, como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Provea, permiten afirmar sin lugar a dudas que los cuerpos policiales venezolanos han tenido prácticas violatorias de derechos humanos y que además, se encuentran arraigados en mecanismos de impunidad que impiden aplicar sanciones justas a los y las responsables de las mismas. Provea por ejemplo, en sus informes anuales sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, ha promediado anualmente un total de 15 personas fallecidas a manos de funcionarias y funcionarias policiales; mientras que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz atendió, solo entre los años 2000 y 2005, un total de 361 casos de violaciones a la vida, integridad física, inviolabilidad del hogar y libertad personal, cometidas por organismos encargados de la seguridad pública (El Achkar, 2007).

Más recientemente, en un estudio realizado por Luis Gabaldón y Andrés Antillano (2007) se mostraron dos características importantes en los cuerpos policiales en Venezuela: su poca regulación y la excesiva militarización de su cultura ins-

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titucional. Pero además, se encontró un modelo policial caracterizado por prácticas negligentes, corrupción, distante del pueblo, con poco nivel de profesionalización, imbuido de visiones discriminatorias (xenófobo, clasista, racista, misógino), al servicio de grupos económicos o de poder y esencialmente represivo (Consejo General de Policía, 2009).

Esta información se complementa con el seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo en el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela del año 2008, en el que se afirma haber detectado características que evidencian la presencia de vicios

“Se logró establecer un puente entre dos mundos históricamente contradictorios: el mundo de los derechos humanos y el de los y las policías; nos vemos ahora como compañeros de trabajo y mutuamente podemos enriquecernos para lograr la transformación policial… y este ha sido el mayor logro”.

Martha Lía Grajales, coordinadora del módulo de Derechos Humanos

y desviaciones en el desempeño de las funciones de agentes de la mayoría de los cuerpos policiales, y que apuntan a distintas formas de vulneración de derechos humanos; tal es el caso de las ciento treinta y cuatro (134) denuncias recibidas por dicha institución durante el 2008, por privaciones arbitrarias de la vida a consecuencia de presuntas actuaciones de funcionarios y funcionarias policiales, y aunque se reconoce una disminución en relación al número de denuncias recibidas durante el año anterior (155), sigue siendo un número elevado si tomamos en cuenta que los cuerpos policiales están para proteger y garantizar los derechos a la ciudadanía (Defensoría del Pueblo, 2009).

Estas violaciones, cuyas causas son muchas veces desconocidas, han sido responsabilidad de funcionarias y funcionarias en ejercicio de sus funciones policiales, en muchas ocasiones con la aquiescencia de la alta jerarquía de sus instituciones.

Esto conlleva a pensar, en palabras de Soraya El Achkar (2007) en la configuración de ciertos patrones de actuación que se hicieron comunes

a través del tiempo, como por ejemplo: Uso desproporcionado, indiferenciado y discriminatorio de la fuerza policial; negligencia e impericia en el uso de armas de fuego; múltiples y aberrantes métodos de tortura; amenazas y fustigación; simulación de ejecuciones; detenciones arbitrarias; allanamientos ilegales; demoras en la transferencia de personas heridas a los centros hospitalarios después de haberlas herido; disparos al aire; adulteración de los cartuchos; porte ilegal de armas; no identificación de los funcionarios y funcionarias durante los procedimientos, entre otras.

Este viejo modelo policial es percibido negativamente por la población, debido a dos factores fundamentalmente: el primero, por considerarse que los cuerpos policiales resultan ineficientes en garantizar la seguridad; y segundo, porque se percibe que la policía en sí misma está involucrada en la comisión de muchos de los delitos que debería combatir.

A partir de esta realidad, se pueden identificar que existen graves consecuencias derivadas de estas prácticas, entre las cuales se mencionan: Menoscabo de la confianza de la ciudadanía hacia el estado de derecho, agravamiento del malestar 4

social, reducción de la eficacia de los procesos judiciales, separación y aislamiento de las policías de las comunidades, deformación y deslegitimación del concepto de aplicación de la ley, quebrantamiento de las instituciones democráticas, miedo o rabia y deseo de venganza en el corazón de muchas personas que al final van determinando desde ese sentir su comportamiento social.

En definitiva, se ha tratado de una policía incapaz de garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales; que ha sido objeto de incapacidades estructurales de coordinación y regulación entre las diferentes instituciones responsables por la seguridad pública, la militarización en todos los niveles de servicios que son esencialmente civiles, la presencia descontrolada de la corrupción y la ausencia de mecanismos de presentación de cuentas permanentes a la población. A esto se suma la ausencia de políticas preventivas y de investigación de la criminalidad, pero también la falta de control externo sobre sus actividades y una enorme confusión entre los criterios de eficiencia y eficacia en la labor policial con los de libertad de acción.

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Adicionalmente hemos tenido una policía con la visión centralizada del problema en el funcionario o funcionaria y no en la institución de la cual forman parte y a la cual representan, con bajos niveles de entrenamiento y condiciones precarias de trabajo, con reglamentos internos ilegales y estructuras gerenciales excesivamente rígidas.

En resumen, la historia evidencia de manera contundente un fracaso en la consolidación de un servicio de policía que responda a las demandas de la seguridad pública en Venezuela. (El Achkar, 2007).

Todo ello, trajo como consecuencia una baja disposición de la ciudada-

“Antes no teníamos policía, teníamos funcionarios y funcionarias que entraban a la policía para sacar provechos individuales y no para hacer cumplir las leyes”.

Wilman Verdú, Facilitador

nía a denunciar los hechos delictivos de los cuales son víctimas y por consiguiente se contribuyó al aumento de los índices de impunidad, creando una práctica viciosa de no denunciar por considerar que la policía no va a actuar frente a los hechos, pero también una policía imposibilitada a realizar su trabajo si no recibe estas denuncias.

un nuevo modelo policial para el país que se adecuase a las normas constitucionales , a los principios internacionales sobre protección de los Derechos Humanos y las exigencias de integración y prestación igualitaria de un servicio de policía que había registrado especialmente desde los años noventa mucha descoordinación (Gabaldón, 2009).

Esta situación provocó una gran preocupación del Estado por erradicar las diversas causas y condiciones generadoras de delitos y de otras manifestaciones de conducta delictuales, y ha llevado de forma clara y palpable a la implementación de un conjunto de políticas vinculadas al tema, entre las cuales se encuentra la renombrada reforma policial iniciada desde el año 2006 con la constitución de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), conformada por Expertos, académicos, políticos y representantes de diversos sectores sociales (iglesia, empresarios y activistas en Derechos Humanos) entre otros (El Achkar y Gabaldón, 2006).

Dicha comisión, tuvo como mandato principal la construcción de

Con su creación, se dieron los primeros pasos a un proceso de reforma policial que buscaría respuesta a la ambigüedad existente entre dos realidades contrapuestas: el exceso policial y la carencia policial; es decir, dar respuesta a la inseguridad e incremento de la violencia de una manera preventiva, pero también minimizar los excesos y abusos cometidos por los funcionarios y las funcionarias policiales (BriceñoLeón, 2007), los cuales se convertirían en los principales objetivos de la reforma policial en nuestro país: Construir un modelo policial encargado de servir al pueblo, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes.

Luego del amplio proceso de consulta nacional, de investigaciones

“Confío en que ahora la policía nacional actúe apegada a la norma, con el respeto por los derechos constitucionales y protegiendo las garantías de las personas”.

Yenny Rojas, Discente

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realizadas por CONAREPOL, algunos estudios previos de especialistas internacionales y los aportes de organizaciones venezolanas, como los de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), El Centro de Estudios para la Paz de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre otras, se trazaron unas líneas de acción, que se configuraron como orientaciones y recomendaciones al Estado venezolano para el proceso de reforma policial.

Las mismas, estuvieron centradas en propiciar una policía civil, democrática, profesional, respetuosa de los Derechos Humanos, universal, eficaz y eficiente, y que además, estuviera bajo el control ciudadano.

Sin embargo, no fue hasta el mes de abril de 2008, con la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que se dieron los primeros pasos para la conformación del nuevo cuerpo y la adaptación de las policías estadales y municipales a los principios nacionales rectores de la materia, y que unificarían criterios en cuanto a la actuación policial y materializarían los preceptos estipulados en el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La nueva visión del modelo policial que se propone viene a complementar y reforzar el compromiso del Ejecutivo Nacional, con un marcado interés en el trabajo preventivo en las comunidades, especialmente promoviendo la participación activa de las personas a través de los Consejos Comunales, a tono con la 7

nueva geometría del poder. (Gaceta oficial, 2008) Este nuevo sistema policial venezolano implica la unificación de criterios para la actuación policial, para la mejora de la evaluación de actuaciones individuales e institucionales de los cuerpos policiales y así garantizar la más alta efectividad en las actuaciones policiales.

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y a la obligación del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir el delito, se crea la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fundada bajo los principios de legalidad, eficacia y eficiencia administrativa, el respeto de la dignidad humana y el libre ejercicio de los derechos humanos.

Son estos principios los que encontramos en su misión institucional, que establece a la PNB como “un órgano de carácter civil, profesional, predominantemente preventivo, cuya misión es garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgo o daños a la integridad física, sus propiedades, el libre ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley, así como apoyar el cumplimiento de las decisiones de las autoridades competentes, controlar y vigilar las vías de circulación y el tránsito y facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación, conforme a los estándares nacionales establecidos”1.

1 Misión de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, tomado en línea el 02.12.10 desde http://www.policianacional.gob. ve/index.php/la-nueva-policia-nacional/ mision-policia-nacional

Materializando la reforma policial

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ara el logro de uno de los objetivos fundamentales de la nueva estructura policial a nivel nacional, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la Defensoría del Pueblo, encabezada por la Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez, han establecido convenios interinstitucionales en el marco de los cuales desde el año 2009 se han venido realizando procesos formativos en materia de Derechos Humanos y uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial dirigidos, inicialmente, a oficiales y agentes de la Policía Metropolitana de Caracas, y luego a los y las oficiales de la nueva Policía Nacional Bolivariana. Todo esto dentro de una política compartida y articulada en mutua colaboración, en función de la formación en Derechos Humanos de funcionarios y funcionarias policiales.

Este convenio interinstitucional resultó fundamental para el proceso de fortalecimiento de ambas organizaciones, ya que se combinaron de manera muy acertada las fortalezas y las necesidades de cada una, lo que en definitiva permitió un mayor reconocimiento del trabajo que desde hace 25 años realiza la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en la promoción y defensa de los Dere-

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chos Humanos (especialmente en el campo policial) y a su vez fortaleció las capacidades institucionales de la Defensoría del Pueblo para asumir este tipo de procesos formativos como ente del Estado responsable de velar por el efectivo respeto y garantía de los Derechos Humanos en nuestro país, según lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 281. La alianza, representa un buen ejemplo del como las organizaciones sociales pueden trabajar con una institución del Estado en función de un proyecto, incidir positivamente en las transformaciones sociales y todo ello sin perder la autonomía y la mirada crítica frente a las violaciones de Derechos Humanos que cometan los funcionarios y funcionarias del Estado.

Pero además significa una oportunidad de intercambio entre discentes e instituciones del Estado, y la posibilidad de proyectar el trabajo de la Defensoría desde un conocimiento de la realidad más cercano a la población a la que debe atender.

En este marco, ambas instituciones lograron para el primer año del convenio, la formación de doscientos sesenta y nueve (269) policías metropolitanos, de los cuales un

“Prometo, con mi actuación policial, lograr la construcción de una sociedad justa”.

Herwin Bello, Discente

“En la Defensoría del Pueblo, como institución nacional de Derechos Humanos, estamos en el deber, conjuntamente con otros actores sociales, de articularnos y mancomunar esfuerzos para cumplir con el mandato Constitucional de promoción, defensa y vigilancia de los Derechos Humanos”.

Carlos Salazar, Facilitador.

Defensoría del Pueblo

“Hacer un frente común en la lucha por los derechos humanos, que incluya a las organizaciones no gubernamentales, comunidades y la Defensoría del Pueblo, representa una experiencia de crecimiento común en la promoción y defensa de los mismos”.

Carmen Beatriz Segura, Facilitadora. Defensoría del Pueblo total de ciento setenta y cuatro (174) cumplieron los requisitos para su culminación, en cuanto a asistencia se refiere, y finalmente un número de ciento treinta y dos (132) policías aprobaron todo el proceso educativo y obtuvieron la certificación final del curso.

Sin embargo el proceso no culminó en esa fase, ya que del número total de graduados y graduadas, ochenta y tres (83) de ellos y ellas, asumieron el compromiso de profundizar alguno de los temas del curso –lo que implicó la realización de diez (10) jornadas de profundización Gráfico 1. Formación en Derechos Humanos para la Policía Metropolitana

como parte del proceso de reforzamiento de cada uno de los cinco (05) módulos que conformaron el curso original– para multiplicar sus aprendizajes con el resto del personal de la Policía Metropolitana.

Tal multiplicación fue asumida por un número de setenta y cuatro (74) funcionarios y funcionarias de la Policía Metropolitana de Caracas ya formados en la materia, logrando la sensibilización en Derechos Humanos de un total de quinientos setenta y cuatro (574) funcionarios y funcionarias de dicho cuerpo policial. (Ver gráfico 1) Una vez culminado este proceso de sensibilización, el convenio de formación en Derechos Humanos entre la Defensoría del Pueblo y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz fue redireccionado, luego de que el Estado Venezolano dentro del proceso de reforma del sistema policial decidiera la eliminación de la Policía Metropolitana y la integración de buena parte de sus funcionarios y funcionarias al nuevo Cuerpo de Policía Nacional Boliva10

riana que se estaría conformando para finales del año 2009.

Dicho cambio no fue impedimento para la materialización de los procesos formativos en Derechos Humanos para cuerpos policiales que se había iniciado a partir del convenio entre ambas instituciones, sino que abrió un nuevo camino de incidencia e incorporación del enfo-

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que de Derechos Humanos dentro de la reforma policial, y específicamente dentro de la escuela de formación que creó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través del Consejo General de policía, para el reentrenamiento de los y las policías aspirantes a ingresar a la nueva policía que se estaba conformando.

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Formación para la Policía Nacional Bolivariana

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na vez iniciada la supresión y liquidación de la Policía Metropolitana, el convenio establecido por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la Defensoría del Pueblo, sumó un nuevo aliado y encontró su mayor auge en el proceso emprendido por el Consejo General de Policía para la formación del nuevo cuerpo uniformado. En el último trimestre del año 2009 se dio inicio a la escuela de formación policial destinada a reentrenar a los funcionarios y funcionarias provenientes de la Policía Metropolitana, y en la cual se observó la gran influencia del enfoque de Derechos Humanos para la conformación del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; entre ellos se encuentran los principios de humanización de la policía, proximidad con las comunidades populares, solidaridad y sobre todo respeto a la dignidad sin distinción alguna.

Este proceso de formación y reentrenamiento para la conformación de la Policía Nacional Bolivariana, promovió la incorporación de la perspectiva de Derechos Humanos como parte del currículum educativo diseñado para los y las aspirantes a ingresar a la PNB (que incluye materias como desarrollo de habilidades personales, justicia

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penal, resolución pacífica de conflictos, uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, policía comunal, democracia participativa, entre otras); y además permitió la ampliación del número de funcionarios y funcionarias de policía que puedan asumir un compromiso por la difusión y práctica de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

Esta apertura institucional permitió, entre otras cosas, que los y las discentes que han formado parte de la escuela, fuesen sensibilizados adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas que cualificaran el ejercicio de la función policial.

Todo ello bajo la coordinación pedagógica de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y dentro del Convenio con la Defensoría del Pueblo.

Luego de un gran proceso de preselección de los y las policías que formarían parte del proceso de reentrenamiento, en donde la solvencia Moral, evidenciada en la ausencia de causas penales o administrativas, era el requisito fundamental, comenzaron a observarse los primeros logros. Los resultados alcanzados para la primera cohorte de la escuela de formación policial, se

“La Institución que represento seguirá comprometida para formar a funcionarios y funcionarias respetuosas de las garantías ciudadanas y dedicados a la seguridad de los venezolanos y venezolanas”.

Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo

“Evalúo el proceso como positivo porque me hizo ver que por desconocimiento cometemos muchos errores y olvidamos que las personas tienen Derechos Humanos, independientemente de quien sea“.

Leonard Pérez. Discente

ubicaron en un total de mil ciento setenta y cuatro (1174) funcionarios y funcionarias policiales que iniciaron el proceso de formación, en el cual se incluye el módulo de Derechos Humanos, de los cuales novecientos cincuenta y dos (952) de ellos se graduaron (112 mujeres y 840 hombres), convirtiéndose en la primera cohorte en ingresar a las filas del cuerpo uniformado de Policía Nacional Bolivariana en el mes de diciembre de 2009.

2 Luis Fernández, Director de la Policía Nacional Bolivariana, en entrevista realizada por la periodista Vanessa Davies en el programa de opinión Contragolpe: “en el país no hay guerra de cárteles como México ni una guerra como en Irak. Emitido el día 23.08.10 por Venezolana de Televisión.

3 Análisis cualitativo tomado de los informes finales del módulo de derechos humanos y función policial, realizado por el equipo de facilitadores y facilitadoras.

Uno de los logros palpables de los esfuerzos realizados por la conformación de una policía promotora y garante de los Derechos Humanos, lo vemos reflejado en su actuación cotidiana, en la cual se ha demostrado por ejemplo, una disminución de los índices de homicidios en un 51% en su ámbito de acción (Parroquia Sucre de Caracas) en sus primeros ocho (08) meses de actuación; pero también una disminución en 52% de la tasa de delitos ocurridos en hechos violentos, y especialmente las lesiones (21%), Violencia de género (65%) y robos (55%), todo ello entre diciembre

de 2009 y agosto de 20102; con un mínimo de denuncias hacia los funcionarios y funcionarias de la PNB por parte de la ciudadanía, ya que del total formado a marzo de 2010, sólo se encuentran en proceso de investigación veintiún (21) presuntas violaciones a los derechos humanos3, lo que representa un número reducido en comparación con el total de funcionarios y funcionarias de la PNB. Dichas cifras han permitido un 80% de aceptación de la población catiense hacia el nuevo cuerpo policial. Lo más importante acá, es que la población siente mayor confianza para denunciar a los y las policías con prácticas desviadas, y en gran medida porque hay conciencia de la alta calidad de proceso de formación al que fueron sometidos y sometidas para ingresar al nuevo cuerpo policial.

En la segunda cohorte de aspirantes a la Policía Nacional Bolivariana, que inició en abril de 2010, ingresó un número de mil sesenta y cinco (1065) funcionarios y funcionarias provenientes de la Policía Metropolitana, a quienes se sumaron cua14

trocientos ochenta y siete (487) discentes provenientes del Cuerpo de Vigilancia de Transporte y Tránsito Terrestre. Dicho grupo de mil quinientos cincuenta y dos (1552) en total, recibió durante tres meses un proceso de reentrenamiento policial que continuó incluyendo el enfoque de Derechos Humanos como eje transversal.

En el mes de Julio de 2010, se graduó un total de mil cuatrocientos setenta y dos (1472) funcionarios y funcionarios (177 mujeres y 1295 hombres) que ingresaron a la PNB. Para el mismo mes, con un número de mil cuatrocientos seis (1406), se dio inició a la tercera cohorte de discentes conformada por policías provenientes de la Policía Metropolitana y del Cuerpo de Vigilancia de Transporte y Tránsito Terrestre, quienes además de ejercer la función policial y de tránsito en la Parroquia Sucre, se encontrarían en funciones de vigilancia y resguardo del sistema Metro de Caracas. De ese grupo, se graduó para finales del mes de septiembre, un número total

Gráfico 2. Relación de discentes en el Centro de Formación policial

de mil doscientos noventa y ocho (1298) funcionarios y funcionarias (228 mujeres y 1072 hombres). (Ver gráfico 2) Finalmente, entre los meses de octubre y diciembre egresaron (tomando en cuenta los y las aspirantes del Cuerpo de Vigilancia de Transporte y Tránsito Terrestre y el primer grupo de orden público) un total de mil setenta y siete (1077) funcionarios y funcionarias policiales (aproximadamente 143 mujeres y 932 hombres), quienes integraran el nuevo Cuerpo de Policía Nacional “Luego de la muerte de mi esposo, también policía, sigo adelante, preparándome, dándole el ejemplo a mi familia, pero sobretodo a mi misma, que se debe respetar la vida y la dignidad de las personas“.

Crisálida Cedeño, Discente

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Bolivariana y permitirán la expansión de su ámbito de acción por toda la ciudad de Caracas, sistema Ferroviario, Cable Tren, sistema metro, vías rápidas, entre otros.

Gráfico 3. Distribución por sexo de egresados/as del centro de Formación Policial

En total, durante las 4 promociones de reentrenamiento policial, incluyendo a aspirantes provenientes del Cuerpo de Vigilancia de Transporte y Tránsito Terrestre, entrenadores y entrenadoras y otros y otras aspirantes, se ha formado a un total de cuatro mil setecientos noventa y nueve (4799) funcionarios y funcionarias para ingresar a la Policía Nacional Bolivariana. De esa cifra, cuatro mil ciento treinta y nueve (4139) han sido hombres (86 %) y seiscientos sesenta (660) mujeres (14%); lo que refleja que debe seguirse trabajando por consolidar la apuesta inicial de lograr la equidad de género en la función policial. (Ver gráfico 3) En términos cualitativos, el proceso ha resultado una posibilidad de apostar a la formación de policías realmente humanistas; ha sido una oportunidad enorme de incidencia pública en un proceso histórico, al participar en una institución de formación policial donde activistas

en Derechos Humanos y activistas comunitarios (aquellas personas que tradicionalmente eran perseguidas en la calle por las policías), puedan estar hoy como facilitadores y facilitadoras. Tiene un gran peso simbólico el hecho de tener un mural dedicado a las víctimas de abusos policiales en la sede de la escuela de policía, así como sus testimonios dentro del aula de clases. Todo esto sumado a actividades lúdico - recreativas, conversatorios, video foros, lo cual habla de una reforma realmente inclusiva, humanista e integradora que en definitiva ha permitido reconciliar dos mundos históricamente antagónicos.

Todo el equipo de facilitadores y facilitadoras responsable por el proceso de formación en derechos humanos, ha concluido que los niveles de resistencia, por parte de los y las policías hacia el tema, que se presentaban desde el inicio del proceso de formación en Fuerte Tiuna (2009) y que están relacionados con la incertidumbre sobre las condiciones laborales y la futura relación con las comunidades populares, se fue diluyendo con el paso del tiempo en las siguientes cohortes.

Observando este resultado de una manera integral, se explica desde: 1.

Las certezas que tienen a partir de la existencia de la Policía Nacional Bolivariana: (mejores condiciones laborales; dignificación de la función policial); 2. Respaldo político al proceso por parte del alto gobierno; 3. Reivindicación de la imagen de la labor policial en los medios de comunicación y en las comunidades (ser protagonistas). 4. El clima que ha generado el equipo de facilitado16

res y facilitadoras para construir de manera colectiva el conocimiento y valorar la experiencia de las y los estudiantes en las discusiones, de manera que entre todos y todas se ha aportado con experiencia y conocimiento a cualificar el quehacer policial, que ha incidido en que puedan ver claramente que si existen posibilidades real de aplicar el enfoque de derechos humanos a su trabajo cotidiano.

En ese orden de ideas, desde el equipo de trabajo afirmamos que a medida que ha ido pasando el tiempo, no sólo se ha logrado tocar el corazón de varios y varias estudiantes, sino que además ellos y ellas han logrado entrar en el corazón de todo el equipo que hace vida en el centro de formación policial.

Permitiendo el reconocernos como parte de un mismo proceso de cambio, en el que los aprendizajes son multilaterales: las funcionarias y los funcionarios aportan su experiencia

en el quehacer policial y los facilitadores y facilitadoras aportan su experiencia en el activismo por los derechos humanos, encontrando un enriquecimiento mutuo y derrumbando poco a poco los prejuicios que identifican a ambos grupos como “enemigos naturales”.

Reconocemos que los y las discentes ahora tienen claro cuando están en el terreno de la arbitrariedad y cuentan con herramientas para enfrentarse a ello e impulsar, si esa es la apuesta, al nuevo modelo policial. De esta manera quienes defienden las viejas prácticas han ido perdiendo terreno y argumentos de debate frente a los nuevos desafíos planteados; y eso representa un avance significativo: tomar conciencia del enfoque de derechos humanos como única vía para desempeñar de manera adecuada la función policial.

“Ha resultado positiva la formación que desde la Defensoría del Pueblo se ha venido realizando, el seguimiento a las y los policias formados y los cambios de conducta en los procedimientos policiales son favorables”.

María Reyes, Facilitador.

Defensoría del Pueblo.

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Principios Educativos

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l enfoque metodológico empleado como modelo educativo dentro del proceso de formación de aspirantes a conformar el nuevo Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, se encuentra inmerso dentro de la Educación Popular en Derechos Humanos, entendida en palabras de Paulo Freire, como una tendencia liberadora con sentido crítico, que reconoce en la educación una dimensión política y haciendo de la acción educativa un ámbito de trabajo comunitario, cultural, estratégico para la transformación global de la sociedad (El Achkar, 2002).

Sus inicios, en palabras de Abraham Magendzo se remontan a los años setenta, cuando “...se consideró que la educación en derechos humanos debía jugar un rol central en la (re) democratización de las sociedades tan afectadas por las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas y las instituciones.

Se afirmó que los derechos humanos debieran ser el fundamento ético de un nuevo paradigma educacional de una educación liberadora; transformadora; de una educación para la ciudadanía. En esta perspectiva a la educación en derechos humanos se la vio como reconstructora del sentido

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público de la educación; como una estrategia de paz para contribuir a lograr una conciencia ciudadana para la convivencia social...”.

Esta concepción de la educación, que conlleva en su nacimiento el sello latinoamericano, ha sido instrumentada en tratados internacionales de protección de los Derechos Humanos, como por ejemplo en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que “la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia” (ONU, 1966) En ese sentido, la educación en Derechos Humanos, está orientada a empoderar y formar sujetos de derechos, ello implica abordar la realidad existente para transformarla; en la medida en que las personas se asumen de esta manera, tienen elementos y convicciones para exigir el respeto de la dignidad humana, pero también para aportar propues-

“Educación popular en Derechos Humanos, es aquella que pretende acercar a las personas a la realidad del país, es una formación que persigue un individuo solidario, un ciudadano integral, democrático y apegado a los Derechos Humanos; esa metodología que les haga un emplazamiento y les obligue a confrontarse con la realidad que han tenido, que implica un cambio de actitud, una revisión, evaluación y reparación personal que se ven obligados a hacer”.

Alejandra Morales, Facilitadora.

“La educación popular en Derechos Humanos, es una metodología que intenta salir de los libros para llegar al corazón de las personas, en una relación que se enfoca en la transformación de contenidos en realidades y para la realidad. La Educación popular en derechos Humanos promueve el matrimonio entre los libros y las personas, su entorno y sus relaciones”.

Wilman Verdú, Facilitador

tas y participar en aras de avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática donde se fortalece una cultura de respeto de los Derechos Humanos. En ese sentido afirman Ruiz y Gándara (2007). “En la medida en que los ciudadanos y ciudadanas se reconozcan como sujetos de derechos y se organicen desde sus distintos espacios para su promoción y defensa, disminuye su nivel de vulnerabilidad ante potenciales violaciones, a la vez que se generan mecanismos de control sobre las distintas instancias del Estado sobre sus deberes de respetar, garantizar, defender y promover los derechos humanos.

“Del dolor obtenemos el aprendizaje, superándolo y llevando ese mensaje a cada policía, para comprender que no debemos dejarnos llevar por las emociones, sino actuar apegados a la ley”.

José Montilva, Discente

Y allí encontramos los principios rectores del proceso de formación policial recogidos por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), a través de “metodologías de enseñanza-aprendizaje que rompen esquemas tradicionales al fomentar la participación activa de las ciudadanas y ciudadanos (de forma individual o colectiva) en distintas actividades donde se promueven los valores de solidaridad, cooperación, igualdad, justicia y

compromiso con la liberación del ser humano y la erradicación de todas las formas de opresión, explotación y exclusión”. (UNES, 2010).

Como ha señalado la activista de derechos humanos, Ligia Bolívar: “Educar en Derechos Humanos debe ser un ejercicio de celebración, sobre la base de lo que nos queda por lograr; se trata de apostarle a la vida y a la dignidad, pero trascendiendo las elaboraciones abstractas y aterrizando las propuestas educativas en el día a día”.

Desde allí, encontramos entre los objetivos de la educación popular en Derechos Humanos: formar en valores de naturaleza universal que sustentan la dignidad y derechos de la persona; formar en el análisis y la evaluación de la realidad en que cada uno se desenvuelve, con los parámetros valóricos y normativos de los derechos humanos; y, formar en el compromiso activo por modificar todos los aspectos de la realidad que agraden, u obstaculizan la concreción efectiva de los derechos humanos, en el orden individual y colectivo. (Rodino, S/F).

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Dichos objetivos, han sido ampliamente caracterizados por Rosa María Mujica (S/F), al encuadrarlos en: “Formar ciudadanos(as) reflexivos(as) y críticos(as), con poder de decisión, capaces de participar en la construcción de una convivencia social democrática, sustentada en el respeto y vigencia de los derechos humanos; promover el desarrollo de actitudes, valores, conductas y comportamientos como el respeto a la persona, la solidaridad, justicia, libertad, igualdad, tolerancia, participación y otros, para contribuir a una cultura democrática; promover la participación responsable en la vida social y política y en las instituciones y organizaciones sociales; y finalmente, promover el conocimiento reflexivo de las principales normas e instrumentos legales, e instituciones nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos”.

Por ello, es la metodología de este modelo educativo la que resulta más innovadora y adecuada al proceso de formación emprendido para los y las aspirantes de la Policía Nacional Bolivariana, ya que tiene como referencia los postulados de la educación problematizadora de Paulo Freire , y que podrían resumirse en: Conocer la realidad social, política y económica en la que se está actuando y tener una comprensión crítica de la misma.

Respeto a los saberes de los educandos y las educandas.

Respeto a la autonomía del ser del educando y la educanda.

Saber escuchar Entender que “nadie es, si se prohíbe que otros sean” 21

A partir de allí, los y las discentes de la escuela de formación policial, han podido reflexionar, problematizar, entenderse como parte de una sociedad equitativa, justa y digna, en la que se requiere una policía humanista y protectora de los Derechos Humanos, pero entendida a su vez como sujetos de derechos, como víctima y victimario, como cumplidor de las leyes pero garante de las mismas, desde un rol de prevención y proximidad a las personas y no represiva.

Como vemos, la educación en Derechos Humanos no es neutra e indiferente a una concepción del mundo y de la sociedad. Contrario al modelo de sociedad planteado desde la educación en Derechos Humanos, en nuestras sociedades se perfila el consumo y posesión de

“Ha sido un proceso de aprendizaje mutuo entre discentes y facilitadores y facilitadoras, porque cada uno tiene una experiencia de vida que al interactuar entre sí, produce reflexiones maravillosas y promueve el crecimiento como ser humano, desde el entendernos como parte del otro“.

Marisol Suárez, Facilitadora

“La Educación Popular en Derechos Humanos es transformadora y desde una perspectiva critica, permite que los y las discentes transformen su realidad, es una educación subversiva en cuanto cuestionadora de la realidad, para que los y las policías se entiendan como parte de un engranaje llamado sociedad”.

Martha Lía Grajales, coordinadora del módulo de Derechos Humanos

bienes como garantía de seguridad y de inclusión en un modelo que favorece la competencia, el individualismo, la pérdida de memoria histórica. Lo único que importa es el hoy. Por otro lado, la instauración agresiva del modelo económico neoliberal, que impone unas reglas de mercado desfavorables a la mayoría de los países y de las personas y de beneficio para las corporaciones multinacionales, profundiza los niveles de exclusión, no sólo en el ámbito económico sino también tecnológico, cultural, político y fomenta la pérdida de ideales colectivos en aras de la sobrevivencia individual. Esta situación es negadora por tanto de la esencia de los derechos humanos donde se requiere de un Estado fuerte y comprometido con su rol de garante de los mismos, sin discriminación alguna (Escalona y González, 2009).

La metodología que hemos descrito ampliamente, tuvo un gran impacto en la facilitación de la serie de siete módulos de formación en Derechos Humanos (DDHH) adaptados a la función policial, ya que permitió la reflexión de los y las discentes

sobre los más diversos temas, siempre teniendo como uno de los ejes transversales dos grandes dimensiones. La primera es que los y las policías se van observando como garantes de los DDHH, y el segundo que ellos se asuman como titulares de esos mismos derechos. Para cada módulo, se contempló la utilización del TALLER como herramienta metodológica necesaria para una mejor facilitación del proceso formativo y la generación de espacios de aprendizaje y reflexión para todos los y las discentes.

La intención fundamental de esta metodología es la apertura de espacios reflexivos donde los y las discentes, a través de ejemplos cotidianos y su propia vivencia, puedan conocer la realidad en la que se encuentra inmerso, reflexionar y tomar conciencia de ella, para en definitiva apostar a un cambio personal, que redunde en mejoras para su actuación policial.

Desde allí, el proceso de aprendizaje se construye a partir del diálogo de saberes que permiten la mejor utilización del espacio, el tiempo y los contenidos. Se parte de la premisa de “aprendo desde la realidad que me rodea, reflexiono y cambio”.

El contenido de los módulos trabajados fue distribuido de la siguiente manera: Módulo I: Derechos Humanos y Constitución, cuyos objetivos se centran en construir el concepto de derechos humanos desde una perspectiva crítica, pero además busca la identificación de los Derechos Humanos en la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela.

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Módulo II: El Estado como Responsable de los Derechos Humanos. Sus objetivos se volcaron a identificar los tipos de obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos, y también diferenciar los delitos de las violaciones a los derechos Humanos.

Módulo III: Principios Básicos de actuación policial. El interés de este módulo fue identificar las obligaciones de los funcionarios y funcionarias policiales derivadas de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, así como en la garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad durante los procedimientos policiales.

Módulo IV: Estados de excepción.

Frente a una historia de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos policiales durante los estados de excepción, se busca con el módulo identificar la función policial de respeto y protección de los derechos humanos frente a situaciones coyunturales que generen la restricción de garantías.

Módulo V: Derechos de las Víctimas, el cual ha permitido identificar los derechos de las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, así como identificar los principios básicos de actuación policial en la atención de las mismas.

Módulo VI: Derechos de los Funcionarios y Funcionarias de Policía, como parte del proceso de entender el asumirse como sujetos de derecho.

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Módulo VII: Derecho a la igualdad y no discriminación, que tiene entre sus objetivos problematizar aquellas prácticas que constituyen violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación que son frecuentes en la función policial, partiendo de realidades concretas y las obligaciones de las funcionarias y funcionarios policiales.

Dichos módulos, facilitado por un grupo de profesionales, activistas en derechos humanos, integrantes de la Defensoría del Pueblo y representantes de organizaciones no gubernamentales con experiencia en procesos de luchas reivindicativas por los DDHH en Venezuela, en conjunto con la aplicación de otras materias cuyo eje transversal fue la dignidad del ser humano y el respeto por los Derechos Humanos, garantiza un proceso de re-entendimiento de la función policial y por consiguiente, una mayor vigencia de nuestros derechos en la sociedad venezolana.

“Este proceso nos deja como reflexión que no somos quienes para quitarle la vida a nadie, sino entender que estamos para cumplir y hacer cumplir las leyes”.

Jorge Márquez, Discente

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Dentro del aula

H

ablar de un proceso de formación en Derechos Humanos sin un rostro, es hablar de educación clásica, unidireccional y pasiva; en nuestro caso, los y las discentes que han sido parte protagónica y fundamental son, en términos muy llanos, Policías. Al profundizar un poco más en su perfil, encontramos que son “hombres y mujeres que vienen de sectores populares” (Martha Grajales, Coordinadora); también son personas que optaron por ser policías, en su mayoría no por vocación, sino por la posibilidad de un trabajo y estabilidad laboral, y en la medida que hacen parte de la policía, tal como esta pensada, la

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“Dentro del aula, partimos desde lo afectivo, teniendo relaciones cercanas con los y las discentes; soy una discente más que está con ellos y ellas, tratando de aprender” María Quijada, Facilitadora

“Acercarse a un perfil humanista, con alto compromiso por el que aprende y las diferentes formas de vincularse con el pueblo, deliberador dentro de un debate respetuoso de las ideas, promotor del dialogo de saberes como una forma de educar para transformar y emancipar para que las y los nuevos funcionarios policiales, puedan alcanzar ese carácter civil, preventivo y de proximidad que es capaz de respetar y hacer respetar los derechos humanos de todas y todos los venezolanos sin distingo alguno”.

Soraya El Achkar, Activistas de DD.HH. - Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Policía.

van haciendo parte de su familia y se convierte en una opción de vida.

Es la particularidad, y en concordancia con los requisitos de ingreso a la escuela de formación policial, que la mayoría son personas con ganas de cambiar, con ganas de construir una nueva policía; personas sensibles, con grandes capacidades, afectuosas y abiertas a la reflexión. Ello ha sido esperanzador y motivador.

Con este grupo de policías y como parte de la metodología propia de la educación popular en Derechos Humanos, el proceso de formación se ha orientado a la problematización de realidades propias de los funcionarios y funcionarias policiales en sus ámbitos personales y policiales; en ese sentido, se ha logrado la confrontación de los contenidos con situaciones concretas y cotidianas que facilitan el proceso de reflexión, y esta ha sido la mejor estrategia: reflexión y confrontación con emociones personales, con lo afectivo.

Frente a ello, pese a la fluidez de la comunicación y el proceso, nunca faltaron los conflictos y las diatríbas generadas desde las dificulta-

des para ver posibilidades reales de materialización y aplicabilidad de los contenidos en la función policial. Los principales temas que han generado conflicto dentro del aula son: principios del uso de la fuerza y armas de fuego, en la medida que los y las discentes plantean que el uso de esos principios (necesidad, proporcionalidad, legalidad, lesividad mínima y no omisión justificada) puede generarles mayor vulnerabilidad, argumentando un contexto ciudadano y realidad contraria a su fácil aplicación. La estrategia utilizada por el grupo de facilitadores y facilitadoras ha sido reflexionar que al salvaguardar la vida y la integridad de la ciudadanía también se salvaguarda la vida e integridad de los y las policías, porque en la medida en que se agoten medios menos violentos, se reducen las posibilidades de confrontación.

Se ha logrado concluir en que son una fuerza policial preventiva y no represiva, y que por tanto promueve la menor confrontación.

El segundo de los temas que mas resistencia creó dentro del aula fue precisamente el de derechos de las victimas, en tanto se les dificulta, a los y las policías, reconocer que una 26

persona que pueda ser responsable de la comisión de un delito pueda tener derechos, especialmente si el delito fue en contra de un funcionario o funcionaria policial; les cuesta entender que esas personas, mas allá de lo que hayan hecho son victimas.

Dicho argumento fue ampliamente rebatido por los facilitadores y facilitadoras, quienes lograron adentrarse en emociones personales e institucionales de los cuerpos policiales, haciendo entender que los y las policías, y sus familiares, también pueden ser víctimas, y que en el enten-

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dido que todos y todas tenemos los mismos derechos, en la medida que garantizamos los derechos de las víctimas también nos reconocemos como sujetos de derechos.

Finalmente, un tema bisagra – derechos de los y las policías -, generó la mayor cantidad de confrontación con realidades opuestas que históricamente han experimentado los cuerpos policiales: bajos salarios, escasez en la dotación de equipos necesarios para el cumplimiento de la función policial, irrespeto por el

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Dificultades y aprendizajes

debido proceso, prejuicios, entre otros; sin embargo, este fue precisamente el tema que al final generó mayor interés y motivación a los y las discentes, ya que al identificar y comprender nuevas herramientas para exigir sus derechos; la nueva visión de la Policía nacional Bolivariana como garante de los DDHH a la ciudadanía pero también a sus funcionarios y funcionarias; y la recepción positiva que han tenido de la comunidad, les ha permitido observar que los cambios son posibles y ha desmontado la creencia de que son policías metropolitanos con nuevo uniforme.

En general, las confrontaciones conceptuales presentadas en el aula, y las estrategias utilizadas por el equipo de facilitadoras y facilitadores representó un aprendizaje, y sin ánimos de cuantificarlo, en términos procesales fue el punto de partida para alcanzar cambios actitudinales que demuestran un cambio positivo en la manera de pensar y actuar de los y las policías que han estado presentes en la escuela de formación policial. La estrategia fundamental ha sido la reflexión sobre la necesidad de que los y las policías se entiendan como sujetos

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de derecho, pero también como garantes de los mismos. l preguntar la mayor dificultad del proceso, la respuesta es unánime: el tiempo. Lamentablemente, el proceso de transformación depende de muchos elementos, entre los cuales se encuentra la formación, que ha llevado a la disminución del tiempo destinado al reentrenamiento (incluyendo el módulo de Derechos Humanos) desde las ocho (08) semanas iníciales en Fuerte Tiuna hasta seis (06) semanas en el Centro de Formación Policial de Catia; aunque se sensibiliza, se reflexiona y se siembran

A

“No me ha bastado con decir que está mal y criticar, sino meterme en un reto de ser proactiva y aportar ideas de cómo resolverlo” Martha Grajales, Coordinadora

nuevas inquietudes, a veces limita la profundización.

Adicionalmente, como todo proceso de transformación cuando esta iniciando, se va construyendo poco a poco, y esto conlleva la construcción de miradas y discursos comunes que unifiquen discursos y aplicación de los principios por los que se rige la reforma policial, y que inicia allí con la formación de los y las aspirantes a la Policía Nacional Bolivariana; pero en la medida que hemos ido entendiendo que estamos en un proceso en el que todos y todas estamos aprendiendo, y asumiendo como inevitable que haya confrontación y divergencias; y aunque esto en principio es una dificultad, la hemos transformado en una oportunidad para generar debates y enriquecimiento.

Es precisamente en esta visión de transformación de las dificultades en oportunidades para mejorar el proceso, que hemos ido afinando las estrategias y eso es un aprendizaje.

Resumiendo, en la medida en que tuvimos relación con los y las discentes, hemos ido todos y todas fortaleciendo nuestro conocimiento y nuestros aprendizajes en la materia, en tanto los conocimientos se construyen colectivamente, y así los y las discentes aprenden de Derechos Humanos y el resto ha aprendido de policía, lo que ha redundado en un mejoramiento constante, bidireccional y continuo del proceso de formación en Derechos Humanos.

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Seguimos construyendo el nuevo modelo policial Frente a esas dificultades/oportunidades, se encuentran un par de recomendaciones que procuran la optimización constante del proceso de formación en Derechos Humanos. La primera de ellas es dedicar el tiempo de trabajo suficiente para implementar la metodología necesaria para la confrontación y reflexión, así de esta manera tener mayor posibilidad de incidir en cambios actitudinales y mantener el equilibrio entre contenidos y emociones.

Una segunda recomendación, producto de la experiencia, es la necesidad de promover más espacios de intercambio entre todas las personas que hacen vida dentro de la escuela de formación policial (personal administrativo, profesores y profesoras, monitores y monitoras); estos espacios de formación y discusión, permiten ir unificando miradas frente a temas que suelen ser difíciles de digerir: disciplina, control, ejercicio democrático del poder, uso de la información, y cualquier otro que necesariamente deba ser debatido cotidianamente.

Todo el personal está comprometido con el proceso de reforma policial y de formación de policías, pero puede desvanecerse sino se mantienen y refuerzan los espacios 31

de diálogo y vinculación entre todas las instancias, y eso incluye a los y las discentes de la escuela.

Han sido muchas las dificultades que ha enfrentado el proceso de reforma policial en nuestro país, pero que con el paso del tiempo se han ido solventado para alcanzar ese objetivo tan anhelado: la humanización de los cuerpos policiales.

Sin embargo, luego de cuatro (04) años de esfuerzos mancomunados entre diferentes sectores de la sociedad venezolana (gobierno, organizaciones sociales, Instituciones de los demás Poderes Públicos, activistas en derechos humanos, policías, y muchos más) se están comenzando a recoger los frutos de lo que hasta hace poco era una utopía, un sueño.

Con la formación en Derechos Humanos como eje central del proceso de reforma policial, y de la mano de un equipo multidisciplinario de facilitadores y facilitadores comprometidos con este proceso de cambio, se ha logrado reentrenar a los y las policías e instaurar como norte el respeto por la dignidad humana en nuestros funcionarios y funcionarias que han ingresado a la Policía Nacional Bolivariana desde diciembre del 2009. Se ha tocado cada uno de los corazones de los

4 Palabras de Luis Fernández, director de la Policía Nacional Bolivariana. En: Defensoría destacó avances de la Policía Nacional Bolivariana en la Defensa de los DDHH. Venezolana de Televisión [en línea] http:// www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/44193.

Consulta del 24.09.10

y las aspirantes, haciéndoles sentir sujetos de derechos pero recordándoles que también son garantes de los mismos frente a la ciudadanía.

brinda garantías de protección a las personas”.

Pero el camino aún no culmina, aun queda mucho por reflexionar, por desaprender y reaprender, por formar y reformar, por monitorear y vigilar, por educar. La lucha por la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos dentro y desde los cuerpos policiales continúa. Hay que cuidar lo que hemos construido colectivamente: una policía que constituye un modelo policial de confianza, basado en la prevención y que demuestra que es posible garantizar seguridad siempre ceñidos al respeto de los derechos humanos4.

Se trata de seguir quitando las piedras del camino que muchos hemos decidido emprender; se trata de articular con aquellos ya comprometidos y sumar otras voluntades y esfuerzos que quieran caminar por el mismo sendero, se trata, en palabras de Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo de “fortalecer una policía con la nueva visión de seguridad, que no es coercitiva ni busca atropellar al pueblo, sino que

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TRANSFORMANDO EL MODELO POLICIAL VENEZOLANO: UNA EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

TRANSFORMANDO EL MODELO POLICIAL VENEZOLANO:

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UNA EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

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