Agenda de Gobierno: la ruta de 2021

Es una publicación trimestral de Grupo Estrategia Política Publicación a cargo de:

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Consejo editorial: Luz García Sinecio Bruno Toussaint Garciadiego Mariana Raphael Itzel Caballero Cruz Luis A. García Balderas Nicolás Cabrera Chávez Ivonne Saviñón Luis M. Sada Beltrán Edson Magariño Campos Jonathan López Adelaida Conde Cortés Consejo Directivo: Gustavo Almaraz Montaño Ernesto Rubio del Cueto José Carral Escalante María Teresa Gómez Mont Gustavo Almaraz Petrie Erika Martínez Mott Diseño: Ana Karina Mendoza Cervantes Corrección de estilo: Alejandra Gallardo Cao Romero Fotografía de portada e interiores: Adobe stock

ESTRATEGIA. Año 1, No. 3, septiembre 2020 es una publicación trimestral de Grupo Estrategia Política, con domicilio en Paseo de la Reforma #231, Piso 9, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX, Tel. (+55) 5203 1300, www.gep.com.mx; contacto@gep.com.mx Editada y distribuida por Grupo Estrategia Política.

La publicación de este tercer número de ESTRATEGIA ha sido gracias al esfuerzo y disposición de colaboradores, amigos, aliados y asociados invitados. Grupo Estrategia Política agradece su tiempo y valiosa participación.

Las opiniones expresadas por los autores no reflejan la postura de Grupo Estrategia Política.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Estrategia Política.

Índice Editorial

Gustavo Almaraz Petrie

Director Ejecutivo de Grupo Estrategia Política

El ahorro y la inversión en México Juan Hernández

Director General de Vanguard México

Limitaciones a la potencial contribución de Pemex al desarrollo nacional Antonio Juárez

Socio del despacho Marcos y Asociados

La elección en EE. UU. y sus implicaciones en la relación bilateral con México Verónica Ortiz Ortega

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Directora General del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI)

Elecciones en una nueva normalidad. El Instituto Nacional Electoral y los grandes retos del 2021 Daniela Casar García

Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral

Paquete económico para 2021: las restricciones y los retos Víctor Gómez Ayala

Economista Senior de Casa de Bolsa Finamex

Futuro del Pacto y del Federalismo Fiscal

Mtro. Cuauhtémoc Paz Cuevas

Director General de DESCENTRA, Desarrollo y Entrenamiento, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Redes sociales y tecnologías de la información como instrumentos de comunicación en la construcción de la agenda de Asuntos Públicos Gustavo Almaraz Petrie

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Director Ejecutivo de Grupo Estrategia Política y vicepresidente del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos México (PROCAB)

Agenda Legislativa Primer Periodo Ordinario Segundo Año de Ejercicio LXIV

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Editorial

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n esta tercera edición de nuestra revista trimestral Estrategia, nos adentramos a la segunda mitad del año en un entorno sumamente complejo en lo económico y político, situaciones que sin duda también traen oportunidades si se sabe navegar de manera adecuada.

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México lleva ya más de seis meses inserto en una nueva realidad de dinámica social y económica marcada por la pandemia de coronavirus. Sin duda, un evento que vino a cambiar muchos de los paradigmas a los que estábamos acostumbrados. Sin embargo, esta situación ha traído también afectaciones muy profundas en el sector privado, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, y en aquellos sectores que por no ser considerados esenciales perdieron meses de ingresos, traduciéndose a su vez en despidos masivos, por no hablar de la contracción histórica en términos de Producto Interno Bruto.

Esta nueva realidad a la que México se enfrenta, empieza a agravarse aún más en el aspecto público ante una insistencia casi dogmática de implementar medidas de austeridad . Desde la eliminación de subsecretarías de Estado, desaparición de fideicomisos públicos, hasta recortes muy significativos en diversas áreas de la Administración Pública Federal, tienen un impacto negativo en el ejercicio de funciones básicas del gobierno. El manejo económico de la crisis es un termómetro para medir la creatividad y eficacia de los gobiernos y México ha optado por medidas orientadas a brindar apoyos sociales, una mayor fiscalización a grandes contribuyentes y

combate a la corrupción, con la particularidad de evitar a toda costa la contratación de deuda pública adicional, como parte de la discusión del Paquete Económico para 2021,en el Congreso.

La coyuntura también ha permitido visualizar los pilares del gobierno: el fortalecimiento al sector energético del Estado; los programas sociales bajo la etiqueta de Bienestar, y los proyectos prioritarios de infraestructura: Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y Proyecto Transpeninsular.

Estas continuarán siendo las prioridades que fijarán la agenda de política macro por lo que resta del año, con un toque, tal vez, de conflictos políticos marcados por los procesos electorales de este año y del 2021.

En esta edición, se analizan las perspectivas de la agenda energética, en la cual persiste la incertidumbre de una posible contrarreforma del sector y la idea de que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda retomar su papel como la palanca de recuperación económica, en un contexto de disminución de ingresos petroleros y de un constante deterioro de la posición financiera y operativa de la empresa.

Aunado a lo anterior, el escenario económico global continúa deteriorándose ante temores de rebrotes que empiezan a presentarse en otras regiones del mundo, lo que impide que puedan reactivarse en su totalidad los sectores industriales, una amenaza latente para nuestro país como ya lo han advertido las autoridades sanitarias.

Por su parte, Estados Unidos se encuentra inmerso ya en una dinámica totalmente interna y aislada de esta realidad mencionada anteriormente: la elección presidencial que definirá el rumbo de ese país para los próximos cuatro años, y en gran medida también para México dada la importancia de la relación bilateral para ambos , y la afinidad en general entre ambos mandatarios, situación que podría cambiar a partir de la elección de noviembre.

Todas estas condiciones, externas e internas, ejercen de una u otra medida una presión excesiva e incertidumbre sobre la economía mexicana, que a su vez se traduce en una marcada volatilidad para la agenda pública nacional, lo que resulta en una afectación para los intereses legítimos del sector privado si no cuentan con una estrategia y defensa de dichos intereses.

Ante esta coyuntura nacional tan compleja, posiblemente la más en lo que va del siglo XXI, ahora más que nunca, el ejercicio de la práctica de asuntos públicos resulta indispensable para defender la agenda de las empresas y organismos empresariales. El inicio de la pandemia, que repercutió en los cierres de diversas actividades industriales, ha dejado claro para muchos lo necesaria que resulta esta actividad. Lo que resta para este año, no dejará duda alguna.

Gustavo Almaraz Petrie Director Ejecutivo de Grupo Estrategia Política

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El ahorro y la inversión en México Juan Hernández

Director General de Vanguard México 6

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n estos tiempos de crisis, tanto sanitaria como económica, y en donde las perspectivas de controlar esta pandemia, así como el regreso a una actividad económica normal no están claras, es importante destacar y celebrar una muy buena noticia como lo es la reforma al Sistema de Pensiones anunciada hace unos días. Esta reforma, presentada en conjunto por el Ejecutivo y el Consejo Coordinador Empresarial y con la participación de las dos Cámaras Legislativas y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de ser

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aprobada, tendrá un gran impacto positivo y de largo plazo para el ahorro en México, las futuras pensiones de todos los trabajadores y para la economía en su conjunto. A grandes rasgos, la reforma incluye: a) Mayor ahorro para la pensión: se propone incrementar la contribución obligatoria del 6.5 % al 15 % del salario en un periodo de ocho años, resaltando que el incremento será financiado en su totalidad por los empleadores. b) Mejores pensiones para los más necesitados: se propone disminuir las semanas de cotización mínimas de 1 250 a 750 e incrementar el valor de la pensión mínima garantizada. c) Mejores rendimientos en el ahorro de los trabajadores: se propone flexibilizar el régimen de inversión de las Afores y continuar con la baja de comisiones que estas cobran.

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En Vanguard aplaudimos esta reforma y creemos que, si bien no es la solución final, es una reforma en el camino correcto que fortalecerá al sistema actual, con el fin de otorgar mejores pensiones para todos los mexicanos.

La evidencia empírica así como la mayoría de la academia coinciden en que la principal causa para obtener una mejor jubilación, es un mayor ahorro. En ese sentido esta reforma propone llevar el ahorro obligatorio al 15 % del salario, lo cual coincide con estándares internacionales y se estima que se obtenga una tasa de reemplazo1 entre el 70-75 % del último ingreso antes de jubilarse, en promedio para todos los trabajadores, en comparación con una tasa de reemplazo con el régimen actual de 25 a 30 por ciento.

1 La tasa de reemplazo representa el nivel de ingreso disponible en el retiro como porcentaje del último salario recibido; en el G20 el promedio es de 59, actualmente en México el promedio es 28.6 por ciento.

A su vez, se propone flexibilizar el régimen de inversión en lo cual también coincidimos y sentimos que es necesario dado el tamaño y crecimiento que tienen las Afores (actualmente administran cerca del 15 % del PIB) y su necesidad de diversificar. Esto, en conjunto con un menor costo de administración, son pilares fundamentales para el éxito de una inversión a largo plazo como lo es el Sistema de Pensiones.

Por último y no menos importante, si bien la base de este Sistema de Pensiones es la contribución definida y cada trabajador tiene su cuenta de ahorro individual, el problema de las pensiones es un problema de todos y debe existir conciencia social. En ese sentido, esta reforma, en conjunto con la reforma constitucional propuesta anteriormente y que garantizaba una pensión mínima, intenta atender la situación de todas aquellas personas que ganan menos de cinco UMA2 (~$13 000 pesos al mes) y/o no tenían las semanas mínimas de cotización.

2 La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las

Ahora bien, esta reforma atiende tanto el ahorro, como la inversión para la mayoría de la población, pero solo referente a su retiro. El ahorro es reservar parte del dinero que se gana para: emergencias, futuros gastos o para cuando ya no se tengan ingresos. Mientras que la inversión consiste en comprar ciertos activos financieros (bonos, acciones, fondos, bienes raíces, etcétera) con la expectativa de obtener un rendimiento mayor en el futuro.

Esta reforma soluciona el problema de ahorrar más, pagado por los empleadores, y la inversión es mejor al ser administrada por inversionistas profesionales como las Afores y con un régimen de inversión más amplio.

Pero esta reforma no atiende el problema del ahorro y la inversión para otras necesidades como puede ser comprar una casa, la educación de nuestros hijos, o cubrir gastos ante la posibilidad de quedarnos sin empleo en algún momento; ni tampoco cubriría todas las neceentidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Recuperado de https:// www.inegi.org.mx/temas/uma/.

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sidades de pensión de aquellas personas que no coticen en el IMSS constantemente y/o que ganen más de las 25 UMA (~$65 000 pesos al mes) que es el límite máximo para calcular la aportación obligatoria.

En Vanguard creemos que es muy oportuno —en este momento en el que se está discutiendo la reforma de pensiones—, recordar la importancia del ahorro voluntario y su inversión adecuada. Si bien hay una posibilidad de que esta reforma incluya algunas facilidades para el ahorro voluntario, como que sea automático para algunos niveles de ingreso y se invierta en estrategias diversificadas como pueden ser los fondos generacionales que administran las Afores u otras opciones, más allá de esta reforma está en cada uno de nosotros tomar control de nuestro futuro financiero.

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El valor tiempo del dinero —es decir que un peso hoy equivale a más pesos en el futuro— y el efecto compuesto de los intereses en el tiempo, hace que la mejor decisión que podemos tomar es empezar a ahorrar e invertir hoy, siempre dentro de nuestras posibilidades y en función de nuestro perfil como inversionistas.

En México existen diversas opciones para empezar a ahorrar e invertir con un horizonte de largo plazo. Ya sea el ahorro voluntario en nuestra Afore, contratar un programa de ahorro recurrente a través de un intermediario financiero (como puede ser una aseguradora u operadora de fondos, acercarse a un asesor financiero independiente o a asesores financieros de un banco o casas de bolsa, o a través de plataformas electrónicas que permiten invertir directamente con ayuda de la tecnología), son algunas de las opciones disponibles y en muchos casos, no se necesitan grandes montos y dependiendo del objetivo de la inversión, puede incluir beneficios fiscales.

A través de estas instituciones, cualquier inversionista puede acceder al mercado de capitales en México, donde existen muchas alternativas para poder construir un portafolio diversificado y de largo plazo. Además de los bonos y acciones mexicanas, el mercado de capitales ofrece a través del SIC —la plataforma global de la BMV y BIVA— más de 2 400 valores extranjeros que incluyen bonos, acciones y ETF internacionales.

Los ETF (por sus siglas en inglés Exchange Traded Fund), son fondos de inversión que cotizan en bolsa, el mercado mexicano de los ETF es uno de los más robustos y consolidados y de mayor oferta en América Latina, en donde existen más de 1 200 ETF internacionales disponibles, vía el SIC, y cerca de 20 ETF locales listados en el mercado local compuestos por valores locales, los cuales suman más de un billón de pesos en activos bajo administración.

Cada ETF te da exposición a una canasta de acciones o bonos de empresas de un país, una región o un sector industrial, por lo cual tienes diversificación inmediata. Al cotizar en la Bolsa, un inversionista puede comprar/vender una o más acciones de un ETF cuantas veces quiera, mientras el mercado bursátil esté abierto, y siempre con conocimiento del precio de compra y venta. Estas dos características —diversificación y liquidez— junto con el bajo costo de administración que los ETF tienen, son algunas de las grandes ventajas que le ofrecen al inversionista. Existen otras características relevantes, tales como su transparencia (en todo momento el inversionista sabe en que está invertido el ETF), así como el fácil acceso, ya que un inversionista puede comprar solo una acción de un ETF con un costo aproximado de $1 000 hasta una inversión mucho más importante, de millones de pesos, teniendo ambos inversionistas acceso al mismo producto, con el mismo manejo profesional y la misma comisión de administración.

En estos momentos de crisis que vivimos en México, y el resto del mundo, coincidimos en que la prioridad debe ser la salud y la reactivación económica. Reconociendo esto, creemos muy destacable que se presente esta reforma al sistema de pensiones que ayudará a un mejor ahorro e inversión para la pensión de todos los mexicanos en el largo plazo. De la misma manera, creemos oportuno recordarles a aquellas personas que tengan ciertas posibilidades, consideren su situación financiera y

evalúen si pueden empezar o incrementar su ahorro, e invertir para el largo plazo.

Existen muchas alternativas de inversión en México —como los ETF— y es de igual importancia destacar que es necesaria la asesoría antes de invertir. Desde un consultor de la institución financiera de preferencia hasta una plataforma on line, es muy importante que el inversionista busque esa orientación en la construcción de un portafolio adecuado para su perfil de riesgo, que esté bien diversificado, y que le ayude a lograr sus objetivos financieros. En Vanguard estamos comprometidos con esta idea, por eso trabajamos con todos los intermediarios financieros, con una oferta en México de 100 ETF; nuestro compromiso es trabajar de la mano con dichos intermediarios para ofrecer mejores alternativas de inversión con la finalidad de que cada mexicano alcance sus objetivos financieros.

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Limitaciones a la potencial contribuciรณn de Pemex al desarrollo nacional 12

Antonio Juรกrez

Socio del despacho Marcos y Asociados

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E

n los últimos años, México no ha podido mantener una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), suficiente y sostenida para lograr un mayor bienestar generalizado para su población.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, entre 2000 y 2018, la tasa de crecimiento anual del PIB de México promedió 2.08 %, que compara desfavorablemente con la de otros países latinoamericanos como Brasil (2.39 %), Chile (3.76 %) o Colombia (3.81 %) o de nuestros principales socios comerciales; EUA (4.12 %) o Canadá (3.81 %) para el mismo periodo.

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En lo que va de la actual Administración, entre 2019 y el primer trimestre de 2020, la tasa media de crecimiento del PIB había sido ya negativa (-5 %); sin embargo, el extraordinario impacto del COVID-19 en el PIB del segundo trimestre de este año (-18.9 respecto al mismo trimestre de 2019), plantea un reto formidable para una eventual recuperación económica del país en los próximos años.

En este contexto, se ha planteado la posibilidad de que la industria petrolera, lidereada por Pemex, pueda retomar su papel como la palanca para impulsar la recuperación económica del país como lo hizo en el pasado, lo cual es cuestionable, debido a la menguante importancia de los ingresos petroleros en los ingresos totales del Gobierno federal y el creciente deterioro de la posición financiera y operativa de la empresa.

Gráfica 1. Gobierno federal / ingresos presupuestarios vs. petroleros.

Miles de millones de pesos

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Estimación anual con datos a primer semestre 2020.

Fuente: SHCP.

En las últimas dos décadas, la proporción de los ingresos petroleros respecto a los ingresos presupuestales totales del Gobierno (gráfica 1), que incluyen básicamente derechos sobre la producción de hidrocarburos, se ha venido reduciendo, pasando del pico de 45 % alcanza-

do en 2008, al 6 % proyectado para todo 2020, por lo que cualquier mejora en estos ingresos tendría un limitado impacto presupuestal.

Pemex, a su vez, enfrenta importantes problemas estructurales que afectan su propia posición económica de largo plazo:

• Desplome de las reservas hidrocarburos. Entre 2005 y 2020, las reservas totales de hidrocarburos del país, de las cuales más del 80 % están asignadas a Pemex, se han reducido a la mitad, (Gráfica 2), siendo

las reservas probadas, (que pueden desarrollarse con mayor rapidez), las que han experimentado la mayor caída, atribuible a una menor inversión en operaciones de exploración.

Gráfica 2. México: evolución de las reservas de hidrocarburos.

Miles de millones de barriles

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Fuente: CNH.

Esta situación, afecta medularmente las perpectivas productivas del sector, pues la disponibilidad de reservas, son el sustento de una mayor producción petrolera a largo plazo • Persistente caída de la producción de petróleo crudo. El pico de la producción petrolera de Pemex se registró durante la primera mitad de la década de los 2000, (gráfica 3), básicamente por la contribución de los yacimientos gigantes de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap (KMZ) y a partir de

entonces, se ha desplomado consistentemente (alrededor de 50 por ciento).

En específico, la acelerada declinación productiva de Cantarell, que en 2005 llegó a representar el 61 % de la producción total de petróleo de Pemex, explica en gran medida este desplome, ya que para 2020, se estima que este campo aportará solo el 10 % de esta producción, sin que haya podido compensarse con la producción del resto de los campos en operación.

Gráfica 3. Pemex: producción de petróleo crudo por principales campos / Miles de barriles dia

16 *Promedio enero julio 2020 Fuente: BDI Pemex

Reducción del proceso y la capacidad aprovechada de las refinerías. La menor disponibilidad de crudo y la necesidad y conveniencia económica de mantener los compromisos de exportación de este, afecta negativamente el volumen y la calidad del crudo residual que se envía a proceso de las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR) de Pemex, así como el nivel de producción de todos los productos refinados que se obtienen en este.

Gráfica 4. Pemex: producción y aprovechamiento de la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinación miles de barriles diarios

*Promedio enero julio 2020F uente: BDI Pemex

Esta problemática se ve agravada por la falta de modernización de las refinerías; inadecuadas prácticas operativas y de mantenimiento; e insuficiencia de recursos para atender esta problemática.

Un inconveniente adicional, es la baja proporción de destilados (gasolinas, diésel, turbosina), que se genera en el SNR (56 % de la producción total en promedio), productos que aportan el mayor valor a una refinería, proporción que compara desfavorablemente con el 86 % que obtienen en promedio las refinerías de EUA, lo que, en gran medida, explica la falta de rentabilidad del SNR.

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Gráfica 5. Pemex: evolución de los resultados financieros Miles de millones de pesos

18 *Promedio enero julio 2020.

Fuente: Pemex: reportes anuales de resultados

Por estas y varias otras razones, la situación financiera de Pemex muestra un gran deterioro, que puede observarse claramente en la evolución de sus estados financieros La grafica 5, sobre la evolución de los estados de resultados de Pemex, muestra que 2018, fue el año donde se alcanzaron mayores ingresos, básicamente por el aumento de las ventas locales, que representaron el 58 % de los ingresos totales.

Ese año, los resultados a nivel operativo (ingresos, menos costos y gastos de operación), fueron positivos, aunque al deducirse el impacto negativo de las operaciones financieras y los impuestos, se generó una pérdida neta de 180 000 millones de pesos.

Los resultados del primer semestre de 2020 muestran un deterioro aún mayor, debido al agudo desplome de los ingresos por ventas y la pérdida cambiarias derivada del impacto del COVID-19.

Pemex: evolución del balance financiero consolidado Miles de millones de pesos

Por su parte, entre 2016, año con el registro de activo total más alto y el primer semestre de 2020, el balance consolidado de Pemex muestra un importante deterioro del activo (19 %); un incremento de la deuda total (24 %); un aumento del pasivo laboral (22 %); y un aumento de patrimonio negativo de 105 %, lo que ubica a Pemex como una empresa en quiebra técnica.

El agotamiento de las reservas y la producción petroleras y el fuerte deterioro de la situación financiera y operativa de Pemex requiere replantear la política actual para mejorar las perspectivas de largo plazo del sector petrolero: • Promover en Pemex la autosuficiencia financiera, la independencia presupuestal, la autonomía operativa y un desempeño basado en competitividad, no en la protección artificial de su monopolio.

• Reorientar su enfoque de negocio a aquellos segmentos industriales y regiones donde cuente con mayor experiencia e infraestructura y que pueda atender efi-

ciente y rentablemente, dentro del actual entorno de mercado abierto.

• Evaluar la desincorporación o arrendamiento de largo plazo de activos propios no esenciales o de baja productividad y el establecimiento de alianzas estratégicas con otras empresas.

• En general, se deberán destrabar obstáculos y fomentar mayores inversiones privadas en nuevas rondas petroleras; desarrollo de infraestructura de producción, almacenamiento y transporte; flujos expeditos del comercio exterior y esquemas más eficientes de distribución y comercialización de combustibles: así como reestablecer la independencia y el nivel técnico de los órganos reguladores del sector (CNH, CRE, ASEA) e iniciar acciones para una transición paulatina y ordenada hacia una economía de energía más limpia y sustentable.

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La elección en EE. UU. y sus implicaciones en la relación bilateral con México Verónica Ortiz Ortega

Directora General del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) 20

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E

Una elección diferente

l próximo 3 de noviembre, los votantes estadounidenses volverán a las urnas para elegir —o reelegir— presidente y Congreso, lo que culminará un largo e inédito proceso electoral. Igual que ha sucedido en más de un centenar de casos en el mundo, los comicios en Estados Unidos se han visto impactados por el SARS-CoV-2. Será una elección como ninguna otra, en un año sin precedentes en la historia reciente.

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Conviene recordar que, históricamente, los presidentes norteamericanos en funciones han sido electos para un segundo mandato. Desde inicios del siglo XX, solo cinco mandatarios han perdido la reelección, siendo el último caso el del republicano George Bush padre, frente al demócrata Bill Clinton en 1992. Dicha historia pintaba para confirmarse hasta hace unos meses. Lo que se veía como una reelección sin mayor complicación para el presidente Donald Trump, hoy es una contienda reñida dados los efectos de la pandemia del coronavirus.

En el escenario preCOVID-19, la economía norteamericana mantenía su trayectoria positiva y las cifras de desempleo registraban un récord mínimo de los últimos 50 años, es decir, no vistos desde fines de la Segunda Guerra Mundial.

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Esta circunstancia beneficiaba claramente al mandatario frente a un electorado que parecía haber olvidado el historial de escándalos presidenciales, incluido el juicio de impeachment, del que finalmente fue absuelto. A pesar de otros problemas, la estabilidad económica daba al presidente Trump una cómoda ventaja frente a un partido demócrata que luchaba por posicionar un candidato o candidata dentro de un amplio abanico de figuras consagradas y emergentes.

Pero a partir de la llegada del COVID-19 a los Estados Unidos, a fines de enero, las cosas se empezaron a complicar para el mandatario y su partido republicano, que hoy enfrentan tres crisis simultáneas.

En primer lugar, la sanitaria, con más de 6 millones de contagiados y 183 000 muertes por COVID-19. Igual que otros mandatarios de corte populista en el mundo, Trump ha pasado de minimizar el riesgo del coronavirus a culpar a la Organización Mundial de la Salud y al Partido Comunista Chino de ser los causantes del virus.

Sin embargo, la evidencia muestra que Estados Unidos lidera las cifras de contagios y decesos en el mundo, producto de una respuesta insuficiente, mal manejo y politización de la pandemia.

En segundo lugar, la recesión económica derivada del cierre de las economías en el mundo.

En Estados Unidos el PIB se contrajo -10.6 % entre febrero y abril y el desempleo pasó de 3.5 a 14.4 % en el mismo lapso. Treinta millones de trabajadores han solicitado apoyos del subsidio oficial a lo largo de estos meses y la recuperación llevará años.

En tercer lugar, una crisis social. Los agravios del racismo y la brutalidad policiaca hacia la población afroamericana han explotado en las manos del presidente Trump, que ha optado por responder con más fuerza policial e incluso militar. Las escenas de la guardia nacional enfrentando manifestantes fuera de la Casa Blanca no son la mejor publicidad de campaña.

Por el lado demócrata, Joe Biden se convirtió en candidato desafiando los pronósticos y superando a los favoritos Bernie Sanders y Elizabeth Warren. La apuesta por Biden significó el corrimiento de los demócratas hacia el centro moderado que puede atraer a votantes desencantados de Trump. Esto lo coloca en mejor posición que Hillary Clinton en 2016.

Para empezar, ha logrado el respaldo unánime de sus contrincantes, lo cual no es poca cosa.

Hace cuatro años, Sanders respaldó hasta el final y no muy entusiastamente a Hillary Clinton y Michael Bloomberg se mantuvo ambiguo respecto a lanzar su propia candidatura.

Pero Biden aún tiene que convencer a los jóvenes, mayoritariamente identificados con

Sanders, y al electorado más progresista dentro del partido seguidores de Bernie y Warren.

Una decisión importante fue la selección de Kamala Harris como compañera de fórmula.

Hija de inmigrantes de Jamaica e India, la senadora por California es la primera mujer de color en competir en un «ticket presidencial» y tiene un sólido récord como legisladora y procuradora de justicia. Esto último puede ser una carta decisiva frente a la violencia desatada por las protestas raciales. Como en pocas ocasiones, la elección de vicepresidente es relevante en el probable escenario de que deba sustituir a Biden, por su edad, o ser la candidata para competir en 2024.

En este contexto concluyeron las primarias y se llevaron a cabo las convenciones nacionales de ambos partidos, que son el banderazo para las campañas formales. Mientras que en el campo demócrata adaptaron el formato a grabaciones y discursos sin público para guardar las medidas sanitarias, la convención republicana cerró con un evento multitudinario en los jardines de la Casa Blanca.

Hasta el momento, aunque los pronósticos parecen favorables a Joe Biden, el margen se ha ido cerrando. Según el sitio Real Clear Politics, al cierre de agosto, las últimas encuestas de intención de voto le dan ventaja de 6.2 puntos sobre Trump.

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Sin embargo, hay que recordar que en Estados Unidos la elección se decide no por el voto popular, sino por un sistema de colegio electoral y

se requieren 270 de 538 votos para ganar. En este conteo, el modelo de pronóstico utilizado por The Economist también favorece a Joe Biden.

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Pero las campañas formales apenas empiezan y Donald Trump todavía tiene un par de meses para mostrar cifras de recuperación económica que puedan darle el último impulso. Por otra parte, aunque cuestionable, el anuncio de tener disponible una vacuna contra el coronavirus antes del fin de año puede resonar entre los votantes indecisos. Las baterías del republicano están enfocadas hacia el electorado blanco con estudios profesionales y las mujeres con familias de las zonas urbanas. El comportamiento del electorado en los estados bisagra (swing states) como Wisconsin, Ohio, Michigan, Pensilvania, Florida y Texas será decisivo.

La siguiente cita en el calendario serán los debates, que juegan un papel importante en las definiciones de los votantes. Aún no se conocen detalles de los formatos, pero en septiembre y octubre están previstos tres encuentros entre los candidatos presidenciales y uno entre los aspirantes a la vicepresidencia.

La relación con México…

De este lado de la frontera flota la pregunta sobre qué resultado le conviene a México. Y la

respuesta no es sencilla. Se trata de la relación bilateral más compleja del mundo por el peso y la magnitud de los intercambios entre ambas naciones. Por lo tanto, la agenda de temas, así como de potenciales conflictos, es muy amplia.

En materia comercial, hay que partir de que México se ha convertido en el primer socio para los Estados Unidos y tenemos un nuevo acuerdo trilateral que entró en vigor el 1.º de julio. Curiosamente, de ganar Biden la elección, se repetiría la historia de 1994 con el TLCAN. Es decir, igual que sucedió entonces, el nuevo T-MEC fue negociado y aprobado por una administración republicana, pero tocaría a un gobierno demócrata implementarlo.

Si bien Biden manifestó su apoyo en favor del Tratado, su compañera de fórmula Kamala Harris votó en contra del T-MEC en el Senado estadounidense. La oposición de la senadora Harris derivó de la falta de provisiones medioambientales y el escepticismo respecto del compromiso del gobierno mexicano con dos temas cruciales en la agenda demócrata: suficiencia presupuestal para hacer efectiva la reforma laboral (incluidos tribunales y certifi-

cación de condiciones laborales), y la agenda verde frente al cambio climático (incluidas acciones en materia de energías limpias).

No hay que olvidar que la ratificación del T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés) en el Congreso norteamericano se dio en buena medida gracias al voto demócrata (solo nueve senadores y 34 congresistas de dicho partido se opusieron). En cualquier caso, y sin importar quién llegue finalmente a la Casa Blanca, será responsabilidad de México cumplir con los términos del Tratado y, sobre todo, ofrecer la estabilidad y garantías a la inversión privada nacional y extranjera para hacer realidad las oportunidades comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Otro tema de potencial conflicto, independientemente del resultado electoral, es el de la migración. En junio de 2019 estalló la crisis que obligó al gobierno mexicano a dar un giro radical a su política de puertas abiertas para los migrantes centroamericanos en su ruta hacia el norte. Las caravanas migrantes habían subido en frecuencia y número de personas desde diciembre de 2018. Para mayo, la cifra de migrantes indocumentados detenidos por la patrulla fronteriza en los cruces con México alcanzó los 166 000. El gobierno de Trump amenazó entonces con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se frenaba el flujo migratorio a su país. Ocho meses después y mediante el despliegue de 25 000 efectivos de la Guardia Nacional, dicho flujo se redujo a niveles de 30 000 detenciones, y aún más en los primeros meses de la pandemia, dado el confinamiento y cierre de las fronteras. Sin embargo, a partir de junio la cifra está volviendo a subir y, ante la grave recesión económica derivada del COVID-19, el tema amenaza con desembocar otra vez en crisis.

Llegado el caso, Trump podría recurrir nuevamente a las sanciones arancelarias. ¿Qué haría

Biden? Previsiblemente, la postura del ex vice presidente demócrata no sería de tolerancia con la migración indocumentada (baste recordar que la administración Obama deportó más de 2 millones de inmigrantes). Pero, adicionalmente, podría poner énfasis en la violación de derechos humanos, tráfico de personas y persistente violencia del lado mexicano.

A nivel político, el triunfo de Biden forzaría a México a reconstruir sensibilidades lastimadas del lado demócrata. La visita del presidente López Obrador a su homólogo norteamericano en julio pasado, sin reunirse con los liderazgos demócratas no fue bien recibida.

En suma, un potencial triunfo de Joe Biden modificaría el tablero y genera grandes incógnitas, mientras que los presidentes Trump y López Obrador ya se conocen y han logrado una buena empatía personal.

Si el presidente Trump logra la reelección, la relación bilateral continuará siendo una de complacencias mutuas con el presidente López Obrador. Pero seguirá pendiente la apuesta por el fortalecimiento institucional de la agenda. Al final del día, la relación entre México y los Estados Unidos es tan importante y compleja que no debería recaer exclusivamente en manos de dos personalidades, por fuertes que sean.

Lo que está en juego Más allá de la relación bilateral, esta elección es trascendente para el mundo. Es un hecho que el rediseño de la política exterior norteamericana sería uno de los aspectos más relevantes de darse el triunfo del candidato demócrata. Joe Biden ha hecho pública su intención de recuperar el liderazgo mundial de Estados Unidos, papel desdeñado por la administración Trump.

Por el contrario, cuatro años más de Donald Trump podrían cambiar irreversiblemente la correlación de fuerzas en el orden mundial.

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Elecciones en una nueva normalidad.

El Instituto Nacional Electoral y los grandes retos del 2021 Daniela Casar GarcĂ­a

Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral 26

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L

a epidemia por COVID-19 ha causado un cambio drástico de las condiciones habituales de la convivencia social, económica y política del mundo, propiciando que las autoridades de instituciones públicas y privadas tomen medidas especiales para cuidar la salud de las personas y proteger la vida en comunidad. Esta crisis de salud pública se traduce en un elemento adicional de complejidad que ha debido enfrentar el Instituto Nacional Electoral (INE) en el de por sí complejo panorama político electoral de los próximos meses.

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En atención constante a las determinaciones de las autoridades sanitarias, el INE ha desplegado múltiples estrategias para continuar su operación, pues además de ser el organismo autónomo encargado de velar por la salvaguarda de los derechos político- electorales, debe cuidar la salud de la población mientras ejerce estos derechos, con miras al Proceso Electoral Federal (PEF) 2020-2021, el más grande de la historia del país.

Para ello el INE no ha detenido sus actividades programadas, y por primera vez en su historia ha tenido que realizar sesiones virtuales de sus órganos colegiados, desde las comisiones y comités, hasta el Consejo General y Junta General Ejecutiva, dentro de los cuales se han tomado decisiones trascendentales para brindar certeza a la ciudadanía y a los actores involucrados en la competencia democrática.

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Una de las primeras medidas, resultado de la pandemia, fue la tomada el 23 de marzo, cuando de manera inédita se ordenó el cierre de los 858 módulos de atención ciudadana a lo largo del país, a los cuales acudían diariamente 60 000 personas en promedio, para realizar trámites relacionados con su credencial para votar. Esta decisión vino acompañada de la determinación de extender la vigencia de las credenciales que vencieron en 2019, hasta el 1.º de septiembre de 2020; asimismo, y por primera vez, se emitieron constancias digitales a las ciudadanas y los ciudadanos a quienes les robaron o extraviaron su credencial, para garantizar su derecho a la identidad y tuvieran así oportunidad de llevar a cabo trámites ante otras instancias, por ejemplo las instituciones bancarias.

Otra de las grandes decisiones tuvo lugar el 1.º de abril, cuando el Consejo General del INE

ejerció su facultad de atracción y suspendió temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales para renovar al Congreso de Coahuila y 80 ayuntamientos en Hidalgo.

Después de cuatro meses de inactividad, el pasado 3 de agosto se determinó la reapertura de algunos módulos, únicamente para reiniciar la entrega de credenciales para votar que fueron tramitadas antes de la contingencia sanitaria, y a partir del 17 de agosto es posible nuevamente hacer todo tipo de trámite en la totalidad de los módulos fijos, para evitar contagios y controlar el aforo se determinó que los trámites se realizan exclusivamente mediante cita.

De igual manera, a cuatro meses de la suspensión de los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo y con la información proporcionada por las instancias de salud, el INE determinó reanudar dichos procesos, estableciendo la nueva fecha de la jornada electoral para el 18 de octubre, en lugar del 7 de junio de 2020 como se tenía previsto. Para salvaguardar el derecho a la salud de las ciudadanas y ciudadanos que participarán en estas elecciones se han tomado las siguientes medidas: • La capacitación electoral de las y los funcionarios se está dando de manera virtual.

• Sanitización previa de los espacios en los que se instalarán las casillas, así como desinfección de superficies cada tres horas, sin suspender la votación.

• Uso obligatorio de cubrebocas y caretas para las y los funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos, así como observadores electorales.

• Uso obligatorio de cubrebocas para la ciudadanía que acuda a votar; en caso de que no lleven se les proporcionará uno.

• Se sugiere a las y los votantes que acudan sin acompañantes.

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• Se sugiere a las y los votantes que lleven su propio bolígrafo.

• Se proveerá de gel antibacterial y toallas desinfectantes para limpieza de superficies y materiales.

• Únicamente se permitirá la permanencia de dos electores a la vez.

• Procuración de espacios abiertos para la instalación de las casillas.

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Otra de las grandes decisiones del INE implicó la integración de un presupuesto para el 2021 con una lógica de racionalidad, empática a la situación económica del país, pero que al mismo tiempo permita organizar debidamente una elección de gran escala en el contexto de la pandemia por COVID-19, la cual conlleva gastos adicionales para garantizar la protección de la salud. Para ello el INE aprobó un anteproyecto del presupuesto de 20 464 millones de pesos. Este presupuesto representa una baja del 5.28 % respecto del presentado para 2018. Este anteproyecto de presupuesto representa un costo por votante de $86.36 pesos y corresponde únicamente a 32 centavos de cada 100 pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir menos de medio punto porcentual del presupuesto total del país, adicionalmente se contempla destinar 311 millones para proveer lo necesario en cuanto a medidas sanitarias se refiere.

El 4 de septiembre, el Consejo General aprobó el registro como nuevo partido político únicamente a una de las siete organizaciones que llegaron a la etapa final del proceso para constitituirse como nuevos partidos. Para llegar a esta decisión, el INE tuvo que certificar 3 394 asambleas de 33 organizaciones postulantes y verificar 1 814 719 afiliaciones registradas. Asimismo, se efectuó un análisis de los gastos de las organizaciones y fueron desahogadas las quejas presentadas por diversos actores durante el proceso de constitución.

Resultado de este análisis, el Consejo General determinó con una cerrada votación de seis consejeras y consejeros a favor y cinco en contra, que en la próxima elección federal de 2021 podrá participar en la contienda también el nuevo partido político Encuentro Solidario.

El 7 de septiembre inició formalmente el PEF 2020–2021, que culminará con la votación en todo el país el próximo 6 de junio de 2021.

Para esta elección aproximadamente 95 millones de personas que conforman la lista nominal podrán ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes, y se instalarán un total de 164 550 casillas. Para ello el INE requiere capacitar a cerca de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos a los cuales para poder contar con cerca de millón y medio de funcionarios en las mesas directivas de casilla.

Durante 2021 estarán en juego 21 368 cargos de elección popular que permitirá renovar la totalidad de la Cámara de Diputados integrada por 500 diputados del ámbito federal, así como 15 gubernaturas, 1 926 ayuntamientos y alcaldías, 1 063 cargos en los congresos estatales, 17 864 regidurías, sindicaturas, presidencias de comunidad, entre otros.

17 864

500 Diputaciones Federales

Otros cargos

15 107 regidurías 2 122 sindicaturas 299 presidencias de comunidad 204 concejalías 132 juntas municipales

En 2021 estarán en juego

21 368 cargos de elección popular

1 063 Diputaciones en congresos locales 642 MR 421 RP En 30 entidades con excepción de Coahuila y Quintana Roo

1 926 Ayuntamientos y alcaldías En 30 entidades con excepción de Durango e Hidalgo

15 Gubernaturas 1. Baja California 2. Baja California Sur 3. Campeche 4. Colima 5. Chihuahua 6. Guerrero 7. Michoacán

8. Nayarit 9. Nuevo León 10. Querétaro 11. San Luis Potosí 12. Sinaloa 13. Sonora 14. Tlaxcala 15. Zacatecas

31 En el caso de las y los mexicanos residentes en el extranjero, podrán registrarse para votar para nueve gubernaturas en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como una diputación migrante de la Ciudad de México y una de representación proporcional de Jalisco. Para la elección de estos cargos se implementará por primera vez el voto electrónico desde Internet lo cual implica un avance operativo enorme que cumple con los requerimientos técnicos de la normatividad electoral, garantiza la emisión de un voto por persona y preserva la secrecía del sufragio. Esta modalidad no había contado previamente con el consenso necesario por parte de las fuerzas políticas, por lo que este ejercicio, que el INE llevará a cabo por primera vez, permitirá analizar la viabilidad de su aplicación en un futuro al interior del país.

Para el PEF 2020-2021, y en razón de la nueva normalidad resultado de la pandemía por COVID-19, las actividades irán adaptando sus estrategias a las determinaciones en materia de salubridad; sin embargo, en el proceso de planeación se han establecido ya diversas medidas para la protección de la salud. Además de seguir las mismas medidas que se han definido para las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, para las elecciones federales, el INE ha previsto destinar poco más 311 millones del presupuesto para proveer de lo necesario en equipo de desinfección y protección para las y los ciudadanos que apoyan al INE en la organización de la elección, así como para las y los electores que acudirán a votar. Esto implica una inversión de $1 891 pesos por casilla.

$ 311164 050 para proveer de equipo de sanitización y protección para la ciudadanía y las y los funcionarios. Esto implica una inversión de $1891 por casilla Se destinarán

Artículos

Cantidad por casilla

Gel antibacterial antibacterial

1 botella de 1 litro

Cubrebocas azul

450 piezas (3 paquetes de 150 pzs c/u)

Careta protectora

Costo unitario

Costo total 164 550 casillas

$ 97.00

$ 15 961 350.00

$ 273.00

$ 134 766 450.00

6

$ 35.00

$ 34 555 500.00

Toallas desinfectantes

5

$ 87.00

$ 71 529 250.00

Aerosol desinfectante

1

$ 89.00

$ 14 644 950.00

Cloro

1 botella (3.8 litros)

$ 35.00

$ 5 759 250.00

Atomizadores

1

$ 31.00

$ 5 101 050.00

Cinta para señalizar

1

$ 95.00

$ 15 632 250.00

Renta de mesa adicional

1

$ 80.00

$ 13 164 000.00

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Total

Cada proceso electoral está conformado por un conjunto de actividades calendarizadas que brindan certeza a la ciudadanía y a los actores políticos, para lo cual, el INE aprueba en cada elección un plan y calendario específico.

Para el PEF 2020-2021 este calendario prevé la realización de 617 actividades entre las que destacan el inicio de las sesiones en los consejos locales y distritales del INE, los sorteos

$ 311 164 050.00

de la letra del apellido y del mes que servirán como base para elegir a las y los funcionarios de casilla, el periodo de captación del apoyo ciudadano para las y los candidatos independientes, el inicio de las precampañas de diputados, la aprobación de las casillas, el periodo de campañas y finalmente la jornada electoral el 6 de junio de 2021, seguida de los cómputos distritales del 9 al 11 de junio.

Fechas claves

PEF2020-2021 7 de septiembre Inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021

3 de septiembre Inicio de sesiones en los Consejos Locales del INE

1 de diciembre Inicio de sesiones en los Consejos distritales del INE

3 de diciembre31 de enero Apoyo ciudadano a candidaturas independientes

16 y 23 de diciembre Sorteo del mes (estrategia de capacitación para funcionarias y funcionarios de casilla)

23 de diciembre31 de enero

Precampañas diputados

1 y 5 de febrero Sorteo de letra (estrategia de capacitación para funcionarias y funcionarios de casilla)

9 de febrero a 31 de marzo

Primera etapa de capacitación

10 de febrero Fecha límite para renovación de la credencial para votar

16 de marzo Aprobación de casillas extraordinarias y especiales

25 de marzo Aprobación de casillas básicas y contiguas

4 de abril - 2 de junio Campañas diputados

10 de abril Fecha límite para recoger credencial para votar

13 de abril - 5 de junio Segunda etapa de capacitación

6 de junio Jornada electoral

9 al 11 de junio Cómputos federales

Un reto pendiente que enfrentará el Instituto es la definición sobre la manera en que deberán desarrollarse las campañas electorales, las cuales históricamente se han enfocado en la celebración de eventos multitudinarios, que ahora deberán ceder su lugar a estrategias que permitan el intercambio de ideas mediante otro tipo de acercamientos con el electorado sin poner en riesgo su salud. Esta definición deberá contar con la voluntad de todas las fuerzas políticas para acatar las medidas de salubridad que eventualmente se tomen.

Sin duda, el reto más grande para el INE en la elección federal de 2021, será propiciar la participación ciudadana en un contexto en que lo responsable es quedarse en casa, ofreciendo las medidas necesarias para garantizar la salud de las y los ciudadanos, pero ante todo garantizando la continuidad de las elecciones y de la vida democrática en esta nueva normalidad que a todos nos obliga a repensar el futuro de nuestra sociedad y país.

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Paquete económico para 2021: las restricciones y los retos Víctor Gómez Ayala

Economista Senior de Casa de Bolsa Finamex 34

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«En estos momentos, la magnitud del impacto de la COVID-19 sobre las finanzas públicas es muy incierta y dependerá no solo de la duración de la pandemia, sino también de si la recuperación económica es rápida o si la crisis proyecta una larga sombra.»

E

Fondo Monetario Internacional, Monitor Fiscal abril 2020

l pasado 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, presentó el Paquete Económico para 2021 ante el Congreso. A través de la presentación de cuatro documentos eje, a saber, los 35

Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de la Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal, se dio inicio a un proceso deliberativo entre ambos poderes que concluirá a más tardar el próximo 15 de noviembre.

El primer documento que integra este paquete, los Criterios Generales de Política Económica, muestra los ejes que conducirán el manejo de la política fiscal en lo que resta del año y aquellos que estarán vigentes en 2021. En este caso es necesario precisar que, aunado a ciertos principios sobre el manejo de las finanzas públicas, también hay que añadir los límites que presenta el panorama macroeconómico en sí mismo.

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La administración federal, encabezada por el presidente López Obrador, ha mantenido una postura restrictiva en la conducción del gasto. Aunado a ello, se implementaron cambios a las reglas de recaudación en 2020. En ambos casos, aunque derivado de las condiciones económicas extraordinarias a raíz de la pandemia del COVID-19 se esperaba que alguna de estas posturas pudiera mostrar cierto relajamiento, el paquete económico mostró que las dos decisiones se mantendrán firmes en lo que resta del año y sobre todo en 2021.

A estas consideraciones sobre la postura fiscal para el contexto mexicano, es necesario añadir el análisis sobre la posición de las finanzas públicas enmarcadas en el entorno de las economías emergentes a nivel global. Frente a la pandemia, diversas voces han solicitado estímulos fiscales sin precedentes que contribuyan a dar soporte a las medidas sanitarias y de astringencia necesarias para enfrentar la crisis.

Sin embargo, es importante reconocer que, en el contexto de economías emergentes, la capacidad para contribuir desde los espacios reducidos de la política fiscal a una recuperación económica más acelerada es reducida.

Con base en lo anterior, como han señalado las propias autoridades hacendarias, la mejor con-

tribución que puede hacer la política fiscal es favorecer un entorno de estabilidad macroeconómica. De ahí que el objetivo central de los Criterios esté en presentar números de cierre para 2020 que no deterioren de forma significativa las metas fiscales del año por la parte que concierne al manejo ordenado de las finanzas públicas. Es importante notar que la Secretaría de Hacienda espera mantener un superávit primario de 0.2 % del PIB para 2020 y que este se deteriore ligeramente a 0 % del PIB en 2021.

Lo anterior, con base en las proyecciones de las autoridades, implicará que el saldo de deuda al PIB —en su medida más amplia—, esto es el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, alcance un nivel de 54.7 % en 2020 y se reduzca ligeramente a 53.7 % al cierre de 2021. Es clave indicar que los supuestos macroeconómicos son el eje para llegar a estas estimaciones. Destaca una

contracción de 8 % para el PIB en 2020, la más optimista en comparación con los analistas del sector privado, las agencias calificadoras y los organismos internacionales. Asimismo, se anticipa una recuperación de 4.6 % en 2021, que, aunque no es la más alta entre los diferentes pronósticos de especialistas, sí representa un crecimiento significativo dado que el supuesto para 2020 implica un menor efecto base.

Otro supuesto que llama la atención es el promedio de la producción de petróleo para 2020 y 2021. En este caso hay que ponderar el hecho de que, para propósitos fiscales, no solo es relevante la producción de Pemex sino también la que aportan las empresas privadas y que ha incrementado de forma reciente con el avance de los proyectos a cargo de estas empresas. Hacienda realizó sus proyecciones fiscales con una producción promedio para

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2020 de 1.744 millones de barriles diarios (Mbd) y de 1.857 Mbd para 2021.

Lo anterior implica que, a pesar de los esfuerzos por no deteriorar de forma importante el nivel de endeudamiento del sector público por recurrir de forma más intensiva a la deuda de mercado, el efecto de contracción severa en la actividad económica tendrá un impacto de 8.9 puntos porcentuales sobre el nivel de deuda en términos del PIB en los próximos dos años. Con ello, la evolución sostenible de las finanzas públicas dependerá, sobre todo, de la capacidad y velocidad de la economía mexicana para recuperarse una vez que los efectos negativos de la pandemia hayan terminado de desvanecerse.

Los siguientes dos documentos que son claves para entender el paquete económico son la Iniciativa de Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal. Cabe señalar que la evolución recien38

te del marco fiscal en el país ha tenido como consecuencia que la dependencia de ingresos públicos sobre la recaudación de impuestos sea cada vez mayor. Cerca de dos terceras partes de los ingresos totales del sector público provienen de la recaudación del ISR, IVA, IEPS y otros impuestos menores.

Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda para 2020 muestran que el efecto que tendrá la caída en la actividad económica sobre la recaudación vendrá rezagado y comenzará a tener mayores efectos sobre los niveles de los ingresos tributarios en los próximos meses.

De hecho, como muestran las cifras oficiales, el impacto de la caída en el PIB del segundo trimestre ya comienza a ser evidente en la recaudación del IVA a partir de mayo, y en la del ISR a partir de julio. Además, los cambios propuestos en la miscelánea para 2020 han

contribuido a retrasar este efecto de forma adicional en los primeros siete meses del año.

Pese a la recuperación esperada para 2021, el hecho de que la actividad económica tardará en recuperar los niveles de actividad previos a 2020 tiene como consecuencia que la recaudación en 2021 también enfrentará retos a la baja. Al comparar la recaudación programada para 2021, esta implicaría un crecimiento de cerca de 5.6 % comparado con el nivel de cierre de 2020, pero también refleja una contracción de 2.6 % con respecto a los ingresos tributarios programados en el paquete económico para 2020.

Otro de los grandes retos, por el lado del ingreso, vendrá de la dinámica que registren los ingresos petroleros. Resultado de las reducciones a la carga fiscal de Pemex, el monto de ingresos petroleros que recibirá el gobierno federal al interior del sector público será aún menor en 2021. En total, se espera que la suma de ingresos petroleros del gobierno federal y Pemex se recuperen en un 13 % comparado con los ingresos observados al cierre de 2020, lo que a su vez conlleva una contracción de 8.3 % contra el nivel programado para 2020.

La Iniciativa de Ley de Ingresos propone a su vez un nivel de déficit público de 2.9 % para 2021, con lo que se abre un espacio de gasto de 25 % del PIB, equivalente a cerca de 6.3 billones de pesos. Los detalles sobre la manera en que la Secretaría de Hacienda propone que se haga la distribución de estos recursos se encuentra en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Con base en este, sabemos que se daría una ligera disminución de 0.3 % al compararlo con el gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos para 2020. Lo anterior incorpora un ligero crecimiento de 0.1 % con relación al nivel estimado para el cierre de 2020.

El Proyecto del Presupuesto de Egresos para 2021 muestra que las presiones al gasto no programable continuarán el próximo año. 12.2 % del total será destinado al gasto en el costo

financiero de la deuda pública y 15.8 % a las participaciones para las entidades federativas.

Asimismo, cerca del 17 % del gasto total será destinado al gasto en pensiones. Este último será un tema de presión creciente para las finanzas públicas dado el periodo de transición que se dará en los próximos años entre el régimen de beneficios definidos previo y el vigente.

La atención que se le ha brindado al conjunto de supuestos macroeconómicos que soportan las estimaciones fiscales para 2020 y 2021 ha sido significativa. En ese sentido, hay que enfatizar que el próximo año, en caso de concretarse una fuerte depreciación del tipo de cambio con respecto a su nivel de cierre de 2019, el marco de responsabilidad fiscal contempla que la Tesorería de la Federación reciba parte del remanente de operación del Banco de México. En caso de materializarse esta transferencia alrededor de abril, esto podría contribuir a que las autoridades fiscales alcancen los niveles esperados de deuda a pesar de enfrentar un panorama económico más adverso al esperado.

Dado que las finanzas públicas recibirán un efecto transitorio que contribuya a mejorar su posición, es de esperarse que la discusión sobre una reforma fiscal se dé el próximo año para entrar en vigor a partir de 2022. Las diferencias entre las tasas estatutarias de los diferentes impuestos y sus tasas efectivas se explican por brechas de cumplimiento y brechas de política. Las primeras se relacionan con temas de elusión y evasión que han sido combatidas de forma creciente en años recientes.

En el segundo caso, existen diferentes elementos del marco legal que las permiten (deducciones, exenciones, etcétera). Por lo tanto, una vez que los espacios para reducir la primera brecha se hayan reducido sensiblemente, es natural que el siguiente paso venga a través de una reforma más profunda. Por lo anterior, 2022 será un año decisivo para el marco de responsabilidad fiscal y clave para una evolución sostenible de las finanzas públicas.

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Futuro del Pacto y del Federalismo Fiscal Mtro. Cuauhtémoc Paz Cuevas 40

Director General de DESCENTRA, Desarrollo y Entrenamiento, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

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M

El Pacto Federal

éxico adoptó desde su primera constitución, formalmente establecida en 1824, al federalismo como expresión territorial del régimen político. Ese régimen ha sido confirmado en las constituciones federalistas de 1857 y 1917, vigente en la actualidad.

En teoría, «Federalismo» significa «pacto» (foedus = pacto), es decir, un acuerdo o convenio, cuyas cláusulas se encuentran establecidas en una Constitución. Desde luego, el federalismo

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implica también el reconocimiento a la tesis liberal de que «la soberanía reside en el pueblo» (que para el caso mexicano se encuentra expresada en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —CPEUM—), y es dicho pueblo el que previamente hubo decidido suscribir un «pacto social» por medio del cual fundó un Estado y se sometió voluntariamente a él.

Luego entonces, cuando varios de esos «estados» deciden congregarse y crear un Estado de orden mayor, replican el «pacto social» que deviene de la soberanía popular. A este pacto entre estados se le conoce como federalismo.

A partir de que este convenio tiene lugar, se establecen un conjunto de acuerdos y reglas para coordinar la actuación de los estados federados con el nuevo Estado nacional. Uno de los principales acuerdos es el reparto de competencias y facultades, es decir, qué le corresponde hacer a cada orden de gobierno.

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En el caso de un federalismo dual,1 donde los estados de la Unión son los firmantes del pac1 Federalismo dual significa un acuerdo solo entre dos órdenes de gobierno: Los estados y la federación. Es la versión más simple del pacto federal. Sin embargo, existen constitucionalmente en el mundo al menos dos federalismos que integran a los municipios

to federal, el esquema más recurrente del reparto de competencias es el llamado «enfoque residual», es decir, que los estados firmantes delegan expresamente en el texto constitucional las tareas que corresponderá al nuevo Estado nacional llevar a cabo. El resto de las tareas de gobierno son reservadas por los estados firmantes del pacto. En el caso mexicano, el artículo 124 constitucional señala que «Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias».

Muchos de los acuerdos constitucionalmente establecidos necesitan ser especificados en leyes reglamentarias que detallen su organización y operatividad. Dentro de ellos destaca el como tercer orden de gobierno, Brasil y Bélgica. En estos casos se puede hablar de un federalismo «tripartita». El caso mexicano se encuentra más allá de la simple concepción dualista (Artículo 40 CPEUM), pero sin concretar constitucionalmente un esquema de tres órdenes gubernamentales (La reforma al artículo 115 de la CPEUM de 1999 reconoció que los ayuntamientos «gobiernan» los municipios, dando pie a considerar a estos como un tercer orden de gobierno, además de que establece un conjunto de facultades exclusivas de estos, asignándoles un ámbito gubernativo integrado por servicios públicos básicos y otras competencias relativas a la convivencia vecinal).

tema del financiamiento de las tareas que corresponden a cada gobierno, según el reparto constitucional de competencias.

El pacto fiscal mexicano En el caso mexicano, esta fue, por muchas décadas, una asignatura aparentemente pendiente por no haberse formalizado en una ley que detallara lo correspondiente a cada orden de gobierno en lo relativo a los ingresos con los que habría de financiar sus propias tareas.

De acuerdo a la teoría del federalismo y partiendo del principio residual que predomina en casi todos los regímenes de este tipo, los estados se asumen, en un primer momento, libres para gravar fiscalmente cualquier actividad económica de su jurisdicción y territorio, dejando a la federación aquellos gravámenes o conceptos que correspondan a sus tareas expresamente conferidas. En otros casos, el modelo sugeriría que los estados recaudaran los tributos y derechos locales, dando participaciones proporcionales a la federación.

Sin embargo, y por muy distintas razones, en México fue hasta 1978 que se promulgó la primera Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en un momento de crisis de las finanzas públicas que forzó al gobierno federal de ese entonces, a establecer legalmente las directrices y detalles de lo que correspondería a la federación y a los estados en cuanto al cobro de las contribuciones ciudadanas.

Se creó entonces el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) con dos propósitos principales: El primero, armonizar las relaciones fiscales entre los gobiernos estatales y el federal, eliminando duplicidades en el cobro de gravámenes públicos, y, segundo, otorgar a estados y municipios una participación de los ingresos fiscales recaudados. El objetivo de fondo, en realidad, fue fortalecer las finanzas públicas federales que se habían debilitado severamente con la crisis de esos años.

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Si nos damos cuenta, el surgimiento del SNCF mexicano siguió una ruta inversa a la de la lógica del pacto federal, es decir, no fueron los estados quienes acordaron qué contribuciones corresponderían a la federación y cuáles quedarían reservadas a los estados; sino que en este caso y por la coyuntura de la crisis económica, fue la federación la que, a través de los «Convenios de Coordinación Fiscal», acordó con cada entidad federativa los términos de dicha armonización, a cambio de que los estados y sus municipios pudieran ser beneficiarios de las participaciones federales.

A partir del acuerdo fiscal, el gobierno federal se erigió como el gran recaudador y estableció los términos, derechos y obligaciones para que los estados pudieran ser parte del nuevo sistema y recibir sus beneficios, es decir, las participaciones. Entre esos términos se señaló a qué impuestos o derechos debieron renunciar los gobiernos estatales o los de sus municipios.

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Cabe recordar que cuando se firmaron los Convenios de Coordinación Fiscal (finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo XX), los municipios aún no eran reconocidos como gobierno, lo que sucedió hasta la reforma al 115 de 1999, sino como entidad administrativa de los estados. Por eso, hoy en día existe la imposibilidad de que los gobiernos municipales no puedan cobrar algunos de los derechos derivados de la prestación de servicios que constitucionalmente les corresponden, ya que lo establecido en los convenios firmados implica la renuncia a su cobro por parte de sus estados, varios años antes de que a los municipios les fuera reconocido su nuevo estatus.

Básicamente, en el caso mexicano se parte del principio que nuestro sistema federal es uno de carácter compensatorio o cooperativo, es decir, que a través de la Recaudación Federal Participable (RFP)2 y su distribución de la fe2 El artículo 2.º de la LCF establece que «La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus

deración hacia los estados y municipios, busca dirigir los recursos públicos por la vía de las fórmulas de distribución hacia estados y municipios con mayores niveles de pobreza y marginación, además de su tamaño poblacional.

Por supuesto, a lo largo de los años y mediante reformas a la LCF, las fórmulas de distribución se han modificado agregando otros factores para incentivar la competitividad económica y el esfuerzo recaudatorio de las entidades federativas y no sólo el rezago social.

Además de las participaciones federales, cuyo destino del gasto es libre, a partir del ejercicio fiscal de 1998 y mediante la adición de un Capítulo V a la LCF, entró en vigor la operación de los fondos de aportaciones federales para entidades federativas y municipios, comúnmente conocidos como el Ramo 33. Constituido originalmente por cinco fondos —actualmente ocho—, los fondos de aportaciones fueron creados como la vía para descentralizar el ejercicio del gasto público hacia los estados y municipios, de forma paralela a los esfuerzos de descentralización de distintos rubros de la vida pública nacional que se venían realizando a lo largo de la década de los noventa (cuadro 1).

Por su naturaleza, los fondos del Ramo 33 tienen un destino específico de gasto que corresponde a la línea de política pública a la que iban aparejados en el momento de su creación. De manera distinta, las participaciones federales del Ramo 28, son de libre destino, debido a que se trata de la repartición de una recaudación general. Ambos, sin embargo, son considerados recursos federales transferidos y, por lo tanto, sujetos a las reglas de transparencia y rendición de cuentas que son obligatorias para los entes públicos del Estado mexicano. impuestos, así como por los derechos de minería […] Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29 % de los ingresos petroleros del Gobierno Federal». Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/31_300118.pdf.

Cuadro 1. Alineación de los fondos del Ramo 33 a las políticas públicas descentralizadas en la década de los noventa

Fondo de aportaciones

Política descentralizada

Descentralización de la educación básica (prescolar, primaria y secundaria), I. Educación Básica y Normal (FAEB)/1 iniciada en 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

Descentralización de los servicios de salud, iniciada en 1996 con la firma II. Servicios de Salud (FASSA) del Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud (ACDIS).

Transferencia a los municipios del antiguo Ramo 26 «Programa Nacional de Solidaridad y Desarrollo Regional» iniciada en 1995 (para formar la vertienIII. Infraestructura Social (FAIS) te municipal —FAISM— destinada a la infraestructura de servicios públicos municipales), además del Programa de Prioridades Estatales, que formó la vertiente estatal (FISE).

Fortalecimiento de los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la IV. Aportaciones Múltiples Familia (DIF), desayunos escolares y descentralización del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE).

Fortalecimiento financiero de los municipios y las demarcaciones territoriales del entonces Distrito Federal, para el pago de deuda, derechos y V. Fortalecimiento de los Municipios aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, y Delegaciones del Distrito Federal/2 modernización de los sistemas de recaudación local, mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades vinculadas a seguridad pública.

VI. Seguridad Pública de los Estados y Creado en el marco de la creación y entrada en operación del Sistema Nadel Distrito Federal (FASP)/3 cional de Seguridad Pública durante el periodo 1995-2000.

VII. Educación Tecnológica y de Adul- Descentralización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica tos (FAETA)/3 (CONALEP) y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) NOTAS: 1/ En 2013 se reformó el FAEB, cambiando de nombre a «Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo», que implicó la recuperación del ejercicio de dichos recursos por parte de la federación.

2/ Actualmente se denomina «Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México», aunque se le sigue conociendo como FORTAMUN. 3/ Los últimos dos fondos, FASP y FAETA, fueron creados a partir del ejercicio fiscal de 1999. Un octavo fondo, el de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF) se creó a partir del ejercicio fiscal de 2007, aunque ya no alineado a una política pública específica en proceso de descentralización.

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El costo-beneficio del sistema fiscal vigente Cuando se trata de recursos públicos, los temas relativos a la recaudación y el ejercicio del gasto pueden verse un juego de «suma cero»; es decir, lo que unos ganan, otros lo pierden.

Así, se pueden verter varios argumentos a favor o en contra de la estructura del sistema

fiscal que opera actualmente en México, dependiendo del enfoque con el que se quiera ver el federalismo. A continuación se presenta un breve listado de pros y contras del sistema fiscal vigente (cuadro 2):

Cuadro 2: Pros y contras del sistema fiscal vigente

Pros

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En el momento de su creación, por econo- • mías de escala y capacidad técnica, fue más eficiente la recaudación por parte de la federación y la adopción del sistema de participaciones para distribuir lo recaudado.

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A lo largo de los años, el costo político del cobro de impuestos por parte de los gobiernos estatales y municipales, se ha transferido a la federación.

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Las fórmulas de distribución de participacio- • nes y aportaciones federales, han sido modificadas en varias ocasiones para considerar factores adicionales a la pobreza y tamaño poblacional.

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Los Convenios de Coordinación establecieron a detalle cuáles contribuciones habrían de ser cobradas por la federación y cuáles por los estados, lo que evitó la doble tributación para los ciudadanos que pagan sus impuestos.

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Contras

Por la forma en que se diseñó y puso en marcha, se consideró un sistema que correspondía más a un régimen centralista que a uno federalista, donde el gobierno nacional es el gran recaudador y los gobiernos subnacionales reciben participaciones.

Dicha transferencia desincentivó la exigencia de descentralizar facultades tributarias distintas a las vigentes, por lo que los gobiernos locales, principalmente los municipios, padecen una dependencia financiera de alrededor del 70 % con respecto a las transferencias federales (Ramos 28 y 33). En otras palabras, hay gobiernos municipales que no generan un peso de recursos propios, pero sus exigencias se centran en una mayor descentralización del gasto (más fondos, más porcentajes, etcétera).

En su momento, considerar solamente pobreza y tamaño poblacional en las fórmulas, significó un incentivo perverso, es decir, era más conveniente mantener indicadores negativos en materia de rezago social, con tal de seguir recibiendo mayores transferencias federales.

Los cobros a los que renunciaron las entidades federativas al firmar los convenios de coordinación, fueron previos a dos reformas importantes en materia de fortalecimiento de los municipios: 1) La de 1983 que estableció un catálogo de competencias municipales; y 2) la de 1999 que otorgó a dicho catálogo el carácter de exclusividad. En ese sentido, los municipios podrían recibir recursos por el cobro de los derechos derivados de la prestación de los servicios públicos que les corresponden, pero se encuentran imposibilitados debido a los convenios vigentes.

El futuro del federalismo fiscal mexicano En el 2004 se llevó a cabo la Convención Nacional Hacendaria, con el propósito de transitar hacia un federalismo hacendario integral, es decir, que abarcara no solo la parte fiscal, que habría de revisarse, sino también la del gasto público, la de la deuda y la del patrimonio. Al final, la Convención presentó un conjunto de propuestas ejecutivas que habrían de transformarse en iniciativas de reforma legislativa. Sin embargo, los resultados de dicha Convención fueron tan ambiciosos que, hasta el momento, solo algunas de las propuestas ahí señaladas han podido ser abordadas, quedando pendiente la perspectiva integral que se había planteado.

La necesidad de replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal existe desde hace ya algunas décadas. Sin embargo, la prevalencia de lo urgente sobre lo importante ha dejado de lado que los últimos gobiernos federales e incluso la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) o las asociaciones de municipios, verdaderamente exijan una revisión integral y profunda del mismo. Todos estos actores saben qué se debe y puede mejorar, pero ninguno hace algo trascendente al respecto.

Aún con ello, el desafío sigue siendo pasar de un sistema que en su momento fundacional estuvo centrado en lo fiscal-tributario (a través de los Convenios de Coordinación), y posteriormente en la descentralización del gasto público (por la vía de las participaciones y las aportaciones federales), para consolidar un verdadero sistema nacional de coordinación hacendaria.

Dicha desafío no puede ir sin el soporte de otra reforma integral: la del federalismo mexicano, que revise el sistema de distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno y los medios que permitan generar capacidades institucionales que hoy en día son tan distintas entre entidades federativas y, to-

davía más, entre los gobiernos municipales de todo el país.

Sin el replanteamiento de la expresión territorial del régimen político que es el federalismo, ahora entre tres órdenes de gobierno, cualquier modificación al sistema fiscal vigente sólo será paliativa y tendrá impactos diferenciados debido a los distintos niveles de desarrollo institucional que existen entre los gobiernos locales de todo el país.

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Redes sociales y tecnologías de la información como instrumentos de comunicación en la construcción de la agenda de Asuntos Públicos 48

Gustavo Almaraz Petrie

Director Ejecutivo de Grupo Estrategia Política y vicepresidente del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos México (PROCAB)

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E

ntre las múltiples transformaciones que trajo la pandemia de COVID-19, destaca la inmersión de las tecnologías de la información (TIC) como instrumentos estratégicos de comunicación en diversas áreas del desarrollo, desde los ámbitos laboral, educativo y cultural, hasta la forma es que se relacionan los actores políticos con la ciudadanía y, de manera recíproca, la manifestación ciudadana en nuevos espacios públicos, como las redes sociales.

Las redes sociales —guardando sus dimensiones—, se han convertido en la nueva plaza pública, en el ágora del siglo XXI, desde donde la

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ciudadanía busca generar un debate alrededor de diversas problemáticas sociales e incidir en la agenda. Sin embargo, se trata de una discusión disonante, a la que falta una articulación y, en consecuencia, generalmente no logra incidir en la elaboración de políticas públicas.

Durante la última década, también se ha impulsado una agenda orientada a concientizar acerca de la necesidad de generar las condiciones que promuevan un gobierno abierto. Este debate reemerge para posicionarse como un tópico central del futuro democrático, a partir del establecimiento de mecanismos para promover la transparencia de los gobiernos, así como de espacios permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos más allá del ejercicio electoral. Se ha planteado transitar de un modelo de democracia representativa a un modelo de democracia abierta, aprovechando las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías a los ciudadanos para participar en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos.

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La participación ciudadana ha crecido en la coyuntura hasta el punto en que las instituciones, autoridades y tomadores de decisiones se han visto obligados a abrir el debate público, a trascender la oficina de gobierno para transparentar el quehacer y las decisiones que se adoptan en redes sociales o medios electrónicos.

La calidad de ese debate es un tema digno de otro análisis, pero se debe reconocer que la apertura de espacios de discusión de los asuntos públicos se está ampliando, ahora habrá que cuestionar si esto abonará a mejorar la cultura y la participación políticas de una sociedad que desconfía de quienes le gobiernan y en donde los niveles de apoyo a la democracia liberal han descendido considerablemente (datos de la séptima ronda de la Encuesta Mundial de Valores, el apoyo a la democracia liberal ha bajado de 43 %en 2005, a 30 % en 2018).

La definición de los asuntos públicos, como concepto más amplio y complementario al de ca-

bildeo o de relaciones institucionales, se refiere a la gestión y defensa de los intereses legítimos de una industria, de grupos con interés legítimo o empresas frente a aquellos aspectos que le impactan o interesan que, a su vez, se generan a partir de un debate y definición de una agenda públicos (regulaciones y políticas públicas).

En ese contexto y de manera breve, los asuntos públicos buscan posicionarse como un mecanismo legítimo de participación ciudadana, a través de una estrategia y comunicación efectivas con los tomadores de decisiones y potenciales aliados.

Hoy, la forma tradicional de comunicación se ha agotado y ante el cambio inesperado, existe una necesidad de renovarse y transformar la forma en que se abordan los Asuntos Públicos. Así, transitar de una comunicación directa al uso de otros instrumentos, no solo con los tomadores de decisiones, sino con la sociedad en general, es una oportunidad para abonar al fortalecimiento de gobiernos más abiertos y transparentes.

La crisis derivada de la pandemia de COVID-19 ha mostrado la necesidad de vincular los nuevos canales de comunicación y las tecnologías de la información a la gestión de los asuntos públicos, creando sinergias positivas que aporten a la construcción del gobierno abierto.

En México, por ejemplo, hemos avanzado hacia una regulación del cabildeo en el Congreso, se ha reconocido como una actividad legítima. No obstante, el registro periódico en un padrón de cabilderos es un avance sustancial para caminar hacia una actividad más ética y transparente, falta transformarlo también en un instrumento útil de consulta ciudadana, es decir, comprender que en el desarrollo económico y social del país, el capital de conocimiento técnico, tecnológico y normativo, puede ser fortalecido mediante la participación del sector privado, a fin de generar mejores políticas públicas, donde la interacción con la sociedad pueda ser más abierta.

51 Las redes sociales personales de los políticos, y en general de los servidores públicos, mediante las cuales publiquen o difundan información derivada de su encargo deben considerarse como «información pública». Lo anterior de acuerdo con las «Políticas Generales para la Difusión de Información Pública mediante las Redes Sociales Digitales» aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el pasado 18 de junio de 2019.

Sin duda, el uso de las redes sociales y en general allegarse de las herramientas tecnológicas actuales, permite una mayor penetración e influencia para la toma de decisiones a través de los Asuntos Públicos.

En Estados Unidos, donde existe un sistema político distinto y un mecanismo de implemen-

tación de los Asuntos Públicos, lobbying y relaciones institucionales más perfeccionadas; hay instrumentos tecnológicos que están buscando acercar la información histórica del cabildeo al ciudadano, como herramienta de análisis, consulta y acción pública. Prueba de ello es LobbyView, una base de datos actualizada —elaborada por expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts—, que contiene más de un millón de informes de cabildeo presentados en Estados Unidos y que permite realizar análisis a gran escala acerca de empresa, industrias, proyectos de ley y actores políticos.

Los mayores cambios sociales nacen de crisis globales y esta es una gran oportunidad para replantear el uso de las tecnologías de la información y las redes sociales como mecanismos para replantear el diálogo con la sociedad y con los tomadores de decisiones públicas desde la práctica de los Asuntos Públicos.

Agenda Legislativa

Primer Periodo Ordinario Segundo Año de Ejercicio LXIV El 1 de septiembre el Congreso de la Unión inició formalmente los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer y último año de ejercicio de la LXIV Legislatura. En un contexto en el que la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha influido en la dinámica del trabajo legislativo. Existen importantes temas que serán discutidos en el actual periodo, entre estos el paquete económico 2021. Los proyectos legislativos que están pendientes y que serán discutidos en ambas Cámaras durante el actual periodo de sesiones ordinarias son: la reforma cons-

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titucional para la eliminación del fuero; reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; reformas laborales en materia subcontratación y teletrabajo; Ley de Economía Circular; Ley General de Aguas, reforma integral a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, regulación a la venta de alimentos y bebidas no nutritivos a menores de edad; Ley General para la Regulación y Control de Cannabis y la Ley para regular las actividades de cabildeo en el Congreso, entre otros.

Principales temas de la Agenda Legislativa

Paquete Económico 2021

Reducción de financiamiento a partidos

Ley Federal de Variedades Vegetales

Regulación Outsourcing

Ley de Adquisiciones

Economía circular

Ley de Aguas Nacionales

Regulación y control del Cannabis

Educación superior, ciencia y tecnología

Reducción presupuesto a partidos políticos

Ingreso Básico Universal

Reforma integral al sistema de justicia

Teletrabajo

Contenido Nacional en Plataformas Digitales

Fideicomisos

Elección consecutiva de legisladores

Sistema de pensiones

Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas

Prisión preventiva oficiosa (secundarias)

Aumento de Atribuciones de la UIF

Eliminación de fuero

Armonización en materia de condonación de impuestos

Justicia cotidiana (civil y familiar)

Reformas para el fortalecimiento del Pacto Fiscal

Remuneraciones servidores públicos

Reformas a la legislación para el fomento de energías limpias

Derecho a la consulta previa, libre e informada

Ley General de Salud en materia de Plaguicidas Altamente Peligrosos

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