El invierno demográfico

Luis Centeno Caballero. Secretario General Adjunto de EC

Sin lugar a dudas, este es uno de los temas que más preocupan a las entidades titulares de centros y, por ende, a Escuelas Católicas, como hemos podido constatar en las visitas realizadas dentro del Programa EC +Cerca. Y es que estamos hablando de cifras determinantes.

En 2021 nacieron en España 336.247 niños/as, lo que supone 5.068 menos que en 2020, con lo que el número de nacimientos ha bajado un 1,48%, teniendo en cuenta que 2020 fue un año especialmente negativo por los efectos de la COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas.

La tasa de natalidad en España (número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año) fue en 2021 del 7,1‰, una tasa de natalidad muy baja; y el índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 1,19. El hecho de que tengamos un índice inferior a 2,1 por mujer (la denominada “fecundidad de reemplazo”), supone que no se garantiza una pirámide de población estable.

Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en España vemos que ha bajado respecto a 2020, en el que fue del 7,19‰, al igual que ocurre al compararla con la de 2011, en el que la natalidad era del 10,07. Pero lo realmente alarmante es si comparamos el número de nacimientos de 2021, con los de 1990 (año de aprobación de la LOGSE) o de 1972 (hace 50 años).

En 2021 nacieron 336.247 niños/as, frente a 401.425 de 1990 y 672.405 de 1972. La diferencia entre 2021 y 1990 es de 65.178 nacimientos menos. Y de 2021 a 1972 es de 336.158 (el 50%).

Dejando de lado otras consideraciones, como la inversión de la pirámide poblacional o la ausencia de una tasa de fecundidad que garantice el reemplazo generacional, con lo que ello conlleva para los ámbitos social y económico de un país, el efecto que preocupa visiblemente a nuestras entidades titulares y comunidades educativas es qué va a suceder si nacen la mitad de niños que en 1972 o casi un 18% menos que en 1990.

Por poner un ejemplo, 65.178 nacimientos menos que en 1990 (LOGSE), suponen 2.607 unidades vacías de Infantil (segundo ciclo) o Primaria. Multipliquemos dicho número por la ratio de profesorado/ aula de 1,20 y nos encontraremos con 3.128 docentes sin aula.

Desde luego, la primera conclusión es que se trata de un “problema de Estado” que exige medidas urgentes que fomenten políticas de apoyo a la natalidad, de un calado mayor que el actual (permisos de paternidad y maternidad…), con la extensión de la gratuidad en plazas de 0-3 años de forma general, ampliando la oferta en escuelas públicas y también en centros privados que, dicho sea de paso, ahora mismo están al límite de su viabilidad, al sumarse la caída de natalidad, con las medidas por la COVID-19 durante 2020 y 2021 y con la crisis económica consiguiente (baja actividad, incremento de inflación, subida de los costes laborales, etc). La extensión de un sistema de financiación pública a los centros que atiendan a niños de 0-3 años, fomentando la gratuidad de la enseñanza, sería una ayuda determinante para invertir el “invierno demográfico”.

Asimismo, en las edades y etapas superiores, la caída de la natalidad y la extensión de plazas vacantes y aulas vacías en numerosos centros es aprovechado por ciertos sectores para exigir la desaparición de los conciertos educativos, bajo la premisa de que ya no son necesarios, teniendo en cuenta que la enseñanza pública podría atender a todas las necesidades de escolarización. Incluso llegan a la conclusión que el porcentaje de alumnos atendidos por la enseñanza concertada es equivalente al de la disminución de nacimientos. Dicho de otra manera: “si no existiese la concertada, no sobrarían plazas en los centros públicos”. Esta argumentación, obviamente, choca frontalmente con la esencia de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, reconocidos en la jurisprudencia constitucional. Los conciertos no existen para cubrir las demandas que no pueden atender los centros públicos, sino para garantizar el ejercicio de libre elección de centro sin impedimentos económicos para las familias.

No obstante, hay un efecto inmediato que debemos contemplar y asumir. La disminución de niños y alumnos puede suponer una reducción de unidades y una limitación de la capacidad de las aulas (ratio alumnos/unidad). Ninguna de estas medidas es favorable y requiere que las administraciones educativas se impliquen más intensamente en contrarrestar los efectos negativos producidos.

Por un lado, la reducción de unidades puede implicar la pérdida de puestos de trabajo de docentes y personal de servicios generales. Por otro lado, la fijación de límites máximos de ratio de alumnos por clase puede hacer inviables muchos centros que realizaron una construcción a sus expensas para atender al doble de alumnos que van a disponer a corto plazo. Es decir, el esfuerzo inversor se hizo con unos datos que ya no existen y la finalidad educadora y evangelizadora se hace imposible.

En ambos casos, las administraciones educativas podrían mantener el número de docentes actuales, manteniendo el presupuesto educativo, permitiendo cubrir necesidades y demandas históricas y necesarias: profesores de apoyo para alumnos con dificultades de aprendizaje, planes de refuerzo para alumnos que promocionan con materias no superadas, ampliación de tiempos escolares evitando los perjuicios de la jornada intensiva solo de mañana, educación en competencia emocional, etc. En pocas palabras: no es momento de reducir recursos, sino de reasignarlos.

Asimismo, el coste de la enseñanza se basa en el gasto por aula o por unidad. Si se reduce la financiación de la partida de gastos generales de funcionamiento por la reducción de aulas, los centros no podrán mantenerse. Esto implica que la Administración debe cumplir sin demora el compromiso legal (Disposición Adicional 29 de la LOE, reforzada en la LOMLOE) de calcular oficialmente el coste real de impartición de la enseñanza, acomodando los módulos de conciertos a dicho coste. En la actualidad, el gasto público por alumno en la enseñanza pública, de media, es el doble que en la concertada (6.000 euros/alumno/año frente a 3.000, respectivamente).

Si no se aprovecha este momento crucial para realizar una reformulación y actualización del sistema de conciertos y de la cuantía de su módulo, será una forma silenciosa de condenar a la desaparición a la concertada. En este caso, la inacción implica una acción de eliminación premeditada de muerte lenta. De ahí nuestra exigencia a los poderes públicos para que se cumpla el artículo 27 de la Constitución y las obligaciones de financiación adecuada y justa contenidas en las Leyes vigentes (LODE, LOE y LOMLOE).

Por último, este escenario no puede sumirnos en la desesperanza, sino todo lo contrario. Tiene que ser un motivo para demostrar de lo que somos capaces, como hemos demostrado en tantos momentos a lo largo de nuestra historia. Los comienzos de nuestras obras educativas fueron muy difíciles, los cambios políticos y las nuevas leyes no pusieron las cosas fáciles, la pandemia supuso una prueba de fuego y siempre nos crecimos ante las adversidades. Ahora no será una excepción. Teniendo claro el horizonte, realizaremos el camino juntos.