A vueltas con la creciente inflación

Javier Poveda Director del Dpto. de Administración de EC

Ese “cuñado”, un poco plasta, es ahora en femenino (y espero que nadie me acuse de machista por ello) puesto que se llama inflación. La inflación, Doña Inflación.

Como suele ocurrir en muchas otras cuestiones, los mismos que en su momento se convirtieron de forma espontánea en expertos virólogos con la COVID-19, para poco después ser ilustres meteorólogos con Filomena, o vulcanólogos en La Palma… ahora son un concentrado de Adam Smith, Keynes y Friedman para hablar de nuestra “cuñada” y hacerlo, como no, sentando cátedra.

Si hubo quien se atrevió a decir a un Presidente del Gobierno que “en dos tardes” le ilustraría lo necesario para saber de economía, puedo yo, al menos, intentar que con estas letras alguien pueda acercarse con un poco más de conocimiento a nuestra sorpresiva, irruptiva y, por el momento, imparable inflación.

Todos sabemos cuál es el efecto, qué es lo que provoca la inflación: el aumento general de los precios. Eso ahora lo podemos entender y lo hemos comprobado este verano al comprar una sandía o un melón. Fácil.

En una economía de mercado los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Eso entra dentro de la dinámica normal: la variación entre la oferta y la demanda, fundamentalmente, explicaría las variaciones de precios. Todos entendemos que si un bien disminuyera su producción, las unidades que existieran podrían experimentar subidas de precios (al bajar la oferta, si la demanda se mantiene… el mercado busca de forma natural el equilibrio por la vía de los precios).

Pero existe otro tipo de inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales, que da como resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. La clave es entender que las variaciones de precios son normales, y por eso se calcula la inflación usando una cesta de referencia de bienes (donde entra alimentación, ropa, viajes, suministros, etc.) y se calcula su variación en conjunto para obtener un índice ponderado que conocemos como IPC (Índice de Precios al Consumo).

Ahora la situación es diferente: TODOS los precios están subiendo… y por eso el IPC (que son las siglas familiares con las que llamamos a nuestra cuñada Doña Inflación), se dispara.

Las familias tienen hábitos de consumo distintos: algunas disponen de automóvil y comen carne, y otras solo viajan en transporte público y son vegetarianas. Los hábitos de consumo medios del conjunto de las familias determinan el peso de los distintos bienes y servicios en el cálculo de la inflación (IPC).

Para calcular la inflación se tienen en cuenta todos los bienes y servicios que consumen las familias, incluidos: los artículos de consumo diario (como alimentos, periódico o gasolina); bienes de consumo duradero (como prendas de vestir, ordenadores o lavadoras); servicios (como peluquería, seguros o alquiler de vivienda), etc.

Ese conjunto de bienes y servicios se pondera, es decir, se da más peso a unas cosas que a otras, y con eso se define la cesta de la compra para los ciudadanos. Una cesta que, claro está, es una media estadística. Así, la cesta de la compra representa “todos” los bienes y servicios que consumen las familias durante un año. Cada uno tiene un precio, que puede variar a lo largo del tiempo. La tasa de inflación interanual se calcula comparando el precio de la cesta en un determinado mes con el precio de esa misma cesta el mismo mes del año anterior.

De esto también podemos deducir una cuestión: en situaciones normales el IPC no afecta por igual a todos… puesto que yo como consumidor quizá no consuma bienes de esa cesta que han subido más, pero lo hago por decisión libre como consumidor. Cuando la inflación es generalizada y suben todos los precios… entonces nadie se escapa.

¿Y cuál es el problema de la inflación? Muy sencillo: de manera silenciosa consigue empobrecernos. Lo que antes podíamos consumir por 50 euros ahora con el mismo dinero podemos comprar menos… y así en todo. Y nos empobrece más silenciosamente si alguno tiene ahorros: su dinero pierde valor… la misma cantidad de dinero ahora podría comprar menos bienes y servicios (y al final el dinero se quiere o se acumula como forma o expectativa de consumo).

El Índice Armonizado de Precios de Consumo, conocido como IAPC, mide la inflación de los precios de consumo en la zona del euro. “Armonizado” significa que todos los países de la Unión Europea aplican la misma metodología, lo que asegura la comparabilidad de los datos entre países. Esta medida permite realizar un seguimiento adecuado de la evolución de los precios en la economía. Es como un mapa que nos ayuda a tomar las decisiones correctas.

El objetivo macroeconómico es mantener la estabilidad de precios. Para ello se busca asegurar que la inflación -la tasa de variación de los precios a lo largo del tiempo- sea baja, estable y predecible: en el entorno del 2% a medio plazo.

Tradicionalmente se ha explicado la inflación como el método por el cual se ajusta el valor del total de los bienes y servicios a la masa monetaria, o cantidad de dinero en circulación. Es decir, en función de la producción real de bienes y servicios se necesita una cantidad de dinero en circulación para dar posibilidad a que se efectúen las transacciones.

Si la producción de bienes aumenta, pero no se emitiera más moneda, entonces los precios tendrían que bajar. Si tengo 50 sillas por un euro, tengo en movimiento 50 euros. Pero si mantengo esos 50 euros, pero hay 60 sillas… el precio de cada silla tendría que bajar para volver al equilibrio. Y lo mismo en el sentido contrario, si emito más moneda y pongo más dinero en circulación, por encima de lo que crece la producción de bienes y servicios, entonces los precios subirán.

Por lo tanto, es normal que exista una inflación “lógica” por el desajuste que se da entre el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios, y las decisiones sobre la cantidad de masa monetaria en circulación.

Pero, siempre hay un pero, ahora nos encontramos con que una política tradicional de los estados, como era controlar la masa monetaria, en nuestro caso ya no la tenemos, pues al entrar en la zona Euro ya no decide el Banco de España cuántas “pesetas” tiene que haber, sino que lo decide el Banco Central Europeo (y lo hace sobre el euro, claro está). La emisión de la moneda no solo era un símbolo del reconocimiento de un estado, sino también una política de gestión económica. Pero eso es otro tema.

El incremento de los precios de todo tipo de recursos naturales y de suministros y componentes tecnológicos, como consecuencia de los efectos contractivos de la pandemia sobre la oferta de ambos y de la recuperación posterior de la demanda global, ha generado un aumento de los costes de producción que se ha trasladado finalmente a la inflación general de la economía. Si la cosa no iba bien, la guerra de Rusia con la invasión de Ucrania vino a crear la tormenta perfecta. Pero no nos engañemos… ya antes la cosa no iba bien…

Lo realmente preocupante es que las presiones inflacionistas ejercen un efecto negativo sobre la recuperación económica por cuanto merman la capacidad de compra de los hogares y comprimen los resultados de las empresas. Es decir, los consumidores tendrán en un momento dado que dejar de consumir (porque no pueden), y eso hará que las empresas bajen ventas, y si no hay ventas… podrán tener que tomar decisiones para minorar su producción (nadie produce para no vender), y en una tensión excesiva o prolongada lleva a que la corrección las empresas la hagan destruyendo empleo. Y si hay menos personas en activo, crece el número de personas con menos capacidad de consumir (paro), y por lo tanto, agravar el problema pudiendo entrar en un ciclo destructivo que se llama crisis. Quizá a finales de septiembre o principios de octubre lo podamos contrastar pasado el furor veraniego. Ojalá no sirva como profeta…

Si lo pensamos desde las empresas, estas podrían compensar el alza de costes incrementando sus precios de venta. Sin duda, el actual entorno competitivo actúa como dique de contención pero ese dique ya ha sido superado, ya que nadie puede trabajar por debajo de los costes reales. Una semana quizá, un par tal vez… pero no más. Todas las empresas, en mercados en competencia, se orientan en la misma dirección desencadenando un bucle de alza de precios. Nadie produce para perder. Otra cosa es que haya quién compre.

De manera similar, los asalariados podrían reclamar compensaciones para frenar la pérdida de poder adquisitivo. Pero todos sabemos que decisiones puntuales sobre las estructuras de salario se convierten en estructurales. O dicho de otro modo: una empresa puede variar fácilmente los precios de venta de sus productos, pero no lo puede hacer igual de fácil sobre sus costes laborales. Por lo tanto, la tensión es evidente.

En España, con una tasa de paro por todos bien conocida, la perspectiva de una mayor presión salarial es improbable para el mercado laboral en su conjunto. De momento, el desempleo y la inactividad se sitúan por encima de los valores prepandemia, evidenciando un importante margen de capacidad productiva ociosa. Recientemente hablaba con personas en tres ámbitos laborales diferentes (hostelería, residencia geriátrica y gestión portuaria), y las tres personas decían lo mismo: faltan personas para trabajar, hay trabajo… lo que no hay es candidatos. Esto es para revisar.

En este contexto, los bancos centrales se enfrentan a un difícil dilema ante este verdadero episodio de inflación. Sin duda tenderán a mostrarse prudentes en su reacción, porque buena parte de la economía depende del mantenimiento de tipos de interés reducidos. Pero los bancos centrales también tienen que mantener su compromiso de estabilidad monetaria, que pasa entre otras cosas por la independencia con respecto a la política fiscal. Esto va a llevar a una senda indubitable de subidas de tipos de interés, poco a poco. Así que el coste de las hipotecas tenderá a crecer… ¡Ni una noticia buena! Pero va a pasar, porque ya ha comenzado.

Las discusiones y los debates sobre el origen o las causas del episodio (ya más bien “serie”) inflacionista que estamos viviendo esconden en realidad un problema: o sabemos la raíz del problema o será imposible corregirlo, lo más que haremos será “disimular un poco” los síntomas. Cualquier medicina contra esta enfermedad resultará muy amarga, pero algunas píldoras parecen ser más del gusto de unas personas que de otras. Las políticas antiinflacionistas suelen provocar disminución en las rentas... pero unas inciden más sobre las rentas del capital mientras que otras parecen cebarse especialmente en las rentas del trabajo. Y lo que el Estado tampoco puede pensar es que “esto no va conmigo”.

Tenemos ahora una clase política gobernante que tiene cierta tendencia, si no es un tic compulsivo, hacia la política de controles directos. Parece inspirada en los edictos de los emperadores romanos pretendiendo “prohibir” que suban los precios o acciones similares. A corto plazo pueden tener un cierto efecto, como el descuento en la gasolina, pero si no se corrigen las causas o los desequilibrios subyacentes, ya vemos lo que realmente se consigue. Y si no, pues la invención de impuestos a determinados sectores, con el grave riesgo de que dichos costes se trasladen nuevamente a los precios y se perpetúe el ciclo inflacionista.

Conviene aprender de la historia, y para ello nada mejor en este punto que recordar lo que expresó la Consulta del Consejo de Castilla al rey Felipe III, allá por el año 1619:

"Confiesa, Señor, el Consejo que el repentino clamor de la Corte por la tasa del pan, por su mala calidad y subido precio, de tal suerte turbó a todos los ministros que (..) se ofuscaron sus entendimientos. (..) Al querer dar las más ejecutivas providencias, no han encarecido el pan los labradores sino los ministros, pues los ministros le dieron el precio en que no lo tenían los labradores. (..) El emplear los Consejos en estos cuidados es la causa de los mayores daños de la monarquía. Lo primero, porque estas materias son sumamente ajenas a la profesión del Consejo y de la inteligencia de los ministros (que las han de votar); porque estos no han tenido nunca donde aprender Economía, ni sus estudios se han encaminado a este fin, que solo se sabe con la experiencia y la práctica, la cual jamás han tenido, criados en sus colegios con otras atenciones y cuidados, y en las chancillerías, empleados en sentencias y pleitos, y así hoy confiesan los ministros más celosos que no entienden estas materias de los abastos, como demuestran los errados temperamentos que han discurrido".

Todo el mundo habla ahora de un pretendido “pacto de rentas”. ¿Y eso qué es? La política de rentas consiste en establecer límites al crecimiento de sueldos, salarios y beneficios. Pero si los sueldos y salarios son muy fáciles de controlar, no se puede decir lo mismo de los beneficios, por lo que esta política suele conducir a pérdidas de la capacidad adquisitiva de forma más marcada para los trabajadores. Sin embargo conviene aquí recordar el éxito (relativo) conseguido en la España de finales de los 70 y comienzos de los 80: negociaciones entre los gobiernos y las organizaciones patronales y sindicales permitieron la firma de una serie de acuerdos en los que se limitaba el crecimiento de los precios y de los salarios, concediéndose a los trabajadores ventajas de tipo social y sindical que compensaran la pérdida de sus poderes adquisitivos y garantizaran la posibilidad de su recuperación en los años siguientes. No es demagogia afirmar que también el mayor interés para un trabajador es que su propia empresa no desaparezca y pueda, de esa forma, mantener su empleo. O al menos eso creo yo, aunque no todo el mundo lo pueda entender. Ni todas las empresas tienen beneficios, ni todas las empresas son grandes multinacionales. Sabemos que en España las empresas con más de 250 trabajadores representan un total de más de 5.600.000 trabajadores, y las PYMES (las de menos de 250) suman un total de 10.500.000 trabajadores. Número arriba o abajo, el mapa laboral español se sustenta en casi 2/3 en pequeñas y medianas empresas. Eso incluye tiendas, comercios, talleres…

Conviene recordar también que las empresas, fruto de ese “tic” de emperador han tenido que aplicar sucesivas revisiones del Salario Mínimo Interprofesional. El famoso SMI. Nadie puede estar en contra de esa medida. Es evidente. Pero sí que el procedimiento ha sido manifiestamente mejorable: sin diálogo social, sin estudios de productividad, sin visión global. Algunos sectores se encuentran incapaces de poder abonar esos salarios nuevos para un jornal cuya productividad no ha crecido en la misma tasa, y además tener que aplicar ahora unos incrementos salariales referidos a un IPC que se encuentra desbocado.

La política cambiaria puede ser utilizada también en la lucha contra la inflación. Si se permite la libre importación de ciertos productos de forma que sean vendidos en el mercado nacional a un precio aproximadamente igual a los producidos en el interior se estará aumentando la competitividad interior, impidiendo o ralentizando las subidas de precios. Pero las consecuencias de esa política sobre el comercio exterior pueden ser graves: las subidas de precios interiores deteriorarán gravemente el equilibrio en la balanza de mercancías. Además, esta cuestión ya no depende de nuestro Estado… porque hemos cedido la emisión de la moneda a las autoridades europeas. Las famosas devaluaciones que hizo en su momento D. Carlos Solchaga siendo ministro de Economía pasaron a la historia.

Nos queda la política fiscal antiinflacionista que exige recortes en los gastos públicos. ¿Por qué? Porque permitiría poder bajar los impuestos y de ese modo devolver a los ciudadanos parte de su renta de modo que puedan mantener el consumo. Cierto es que algunos prefieren que el dinero lo tenga el Estado y pueda dar “cheques” para lo que él considere, antes que dejar el dinero en los bolsillos de quien lo gana para que libremente decida en qué gastarlo, o ahorrarlo. Ni un solo anuncio en este sentido. Es más, sabemos que esta subida general de precios tiene un claro ganador: la recaudación del IVA, puesto que es un impuesto que se calcula sobre el precio de venta, el cual al subir incrementa el importe de su recaudación. Pero ahí parece que no hay que mirar. Y lo de la contención o reducción del gasto público ineficiente suena ya a misión imposible, pero habría mucho que decir.

Es evidente que ninguna de nuestras entidades puede asumir una escalada de inflación como la actual con la pretensión de trasladarla a los salarios. Se estima que para octubre de 2022 podamos estar en tasas de inflación de un 12%. ¿Quién puede subir los salarios un 10 o 12% y eso consolidarse?, ¿y la inflación pensamos que bajará en un año o tendrá tasas elevadas que, Dios quiera, hagan una senda de decrecimiento? Pero, ¿cuánto tiempo tardará eso en pasar?, ¿dos años, tres?...

Es evidente que el problema está servido. Pero también es evidente que es imposible mantener esa presión en los salarios y que deberemos aunar esfuerzos para llegar a acuerdos razonables donde la preocupación principal sea el mantenimiento del empleo aunque ello implique algo de pérdida de poder adquisitivo, esperemos que de forma transitoria. Las malas políticas las tendremos que pagar entre todos. Es así.

Y nuestros centros van a tener un reflejo aún más evidente, porque…

Es indudable que va a crecer el número de desempleados. Y ello va a llevar a que muchas economías que hoy son débiles puedan entrar en fases peores, y se tomen decisiones que afecten al funcionamiento de otras fuentes de financiación como son el servicio de comedor o las actividades extraescolares.

Lo lógico es pensar que si los precios siguen subiendo, y las empresas no tengan más remedio que aplicar medidas de contención salarial, el margen de consumo de aquellos que mantengan su trabajo podrá verse disminuido. Con lo que eso supone para su capacidad no solo de consumo, sino también de aportación o ayuda al centro.

Pero además, los centros educativos no tienen posibilidad de repercutir sus costes que teóricamente debieran estar íntegramente soportados por la partida de otros gastos. Pero si todos los costes crecen, por inflación, el déficit estructural entre la financiación recibida y el coste real de las unidades escolares se disparará. Todos sabemos lo que ha aumentado el importe de la factura de la luz, de la calefacción, de todo… y cuánto ha subido la partida de Otros Gastos en los años que llevamos en el régimen de conciertos educativos, y que según algunos estudios requeriría un aumento superior al 200%.

Y además, aquellos que en marzo de 2022 no estuvieran especialmente prevenidos o atentos a los datos macroeconómicos quizá hayan aprobado una estructura de precios para actividades y servicios del próximo curso 2022-2023 que les lleve a estar en déficit estructural en la prestación de los mismos. Si la fijación de dichos precios no ha sido correcta, el problema está servido.

Pues además de rezar, que nunca está de más, hay algunas cuestiones que lejos de ser “varitas mágicas” podemos intentar poner en juego:

• Optimizar el proceso de gestión y selección de proveedores. Es hora de buscar, comparar, intentar tener alternativas… No dar por consolidados costes.

• Eficiencia en el consumo. No significa aplicar la política de penuria, pero sí de la sana austeridad. De la evangélica austeridad. Ver si todo gasto es necesario o no, si hay algo prescindible que no afecte a lo nuclear. No dar los gastos por “intocables”. Si todo el mundo se tendrá que ajustar el cinturón en su economía personal, ¿dónde está el cinturón del colegio?

• Cuidar lo importante. Cuando los recursos no son abundantes, y esto vale para cualquier momento, es fundamental orientarlos a lo que es prioritario y a lo que atiende el bien común de la entidad o colegio. El criterio de decisión por lo tanto debe ser claro: gastar o invertir en aquello que sea más estratégico y más global, prescindiendo para ello de otros criterios.

• Presupuesto y gestión diaria. Ya pasó el momento de hacer presupuestos y esperar al final del año para preguntar cómo ha ido. Será clave el seguimiento más frecuente, saber cómo estamos para intentar predecir o anticipar lo que nos puede pasar. Para ello, claro está, necesitamos una información económica y contable fiable y al día.

• Control de los costes de producción de los servicios. Una correcta contabilidad analítica que nos permita saber qué nos pasa y sobre todo por qué. Identificar dónde tenemos nuestras sangrías económicas para no tomar decisiones solo globales, sino también quirúrgicas: intervenir en las cuestiones concretas.

• Comunicación y transparencia. Es cierto que esta situación económica se produce en un entorno donde además hay que aplicar una nueva ley (otra más), donde tenemos el reto de la digitalización, donde además hay un problema demográfico evidente, donde la competencia se agudiza y donde el riesgo de pérdidas de unidades, especialmente por el impacto de la baja natalidad, ya es una evidencia. Para todo ello es necesario que los equipos directivos y todo el personal tengan la comunicación necesaria de forma transparente. Y hay que cuidar y alentar a aquellos que son el motor del centro.

• Cooperación y colaboración. En muchos contextos esta realidad nos tiene que impulsar a esquemas de cooperación y colaboración, antes que solo a escenarios de mayor competencia. Es un reto.

Y claro está, esperar también que lo que otros tienen que hacer… lo hagan. Pero lo que no está en nuestras manos solo lo podemos desear o esperar. Pero aquello que depende de nosotros, es urgencia, llamada y compromiso. Ojalá que sepamos hacer bien lo poco importante (la gestión económica) para que podamos salvaguardar lo importante (la misión de la escuela católica).

¡Ánimo y suerte!