TE 331 marzo 2012

SUPLEMENTO

R. Murciana Trabajadores de la Enseñanza

ense anza NÚMERO

331.

MARZO

DE

2012

www.murcia.ccoo.es/fe

Tijeterazo II: Responder ahora, unidos y con fuerza Servicios públicos: Las mentiras que nos cuentan y las verdades que nos ocultan

ENTREVISTA

Antonio Viñao Frago

sumario

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Editorial

Tijeretazo II: debemos responder ahora, unidos y con fuerza Por Pedro Manuel Vicente Vicente ..............................................................

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Miscelánea ............................................................................................ 4 Pública

Tijeretazo II: Crónica de una Mesa Sectorial que no fue de negociación Por Diego Fernández Pascual ........................................................................

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Servicios Públicos

Las mentiras que nos cuentan; las verdades que nos esconden........................................ 8

Nuestra web: www.murcia.ccoo.es/fe

Entrevista

Antonio Viñao Frago “El Partido Popular concibe la escuela pública como subsidiaria de la privada y planifica su minorización” Por Anna Mellado García ...............................................................................

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Profesorado interino

El profesorado interino tiene derecho a percibir el complemento por formación permanente (sexenios) en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera Por Nuria Sánchez Saura ............................................................................

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Política social

Acceso a una vivienda digna: ¿derecho o retórica? ................................................................. 14 Mujer

El género en las soluciones Por Paloma López Bermejo ........................................................................

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Consultas

Retribuciones docentes 2012 ........................................ 18

ense anza

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Impreso en papel reciclado Los artículos de esta publicación pueden ser reproducidos, total o parcialmente, citando la fuente.

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EDITORIAL

Tijeretazo II: debemos responder ahora, unidos y con fuerza EL PASADO 22 de febrero se consumó en la Mesa Sectorial una nueva agresión a nuestros derechos laborales y sociales cuyo contenido, en líneas generales, ya habíamos avanzado en el anterior número del TE. Disponéis de una crónica y análisis de lo ocurrido en esa Mesa Sectorial en Pedro Manuel un artículo específico en el interior de la Vicente Vicente revista por lo que no entraré aquí a detaSecretario General de la Federación de llar las medidas de este nuevo paquete de Enseñanza de CCOO Región de Murcia recortes. Pero si quiero compartir con todos los lectores del TE-RM la preocupación que nos genera la situación creada. Preocupación que viene tanto de las medidas como del contexto en el que se producen y la finalidad que buscan. En cuanto al contexto esta nueva arremetida a los derechos de los y las docentes murcianos se produce una quincena más tarde de la aprobación de una tremenda reforma laboral que ya está haciendo notar sus indeseados efectos de destrucción de empleo y aniquilamiento de derechos en el ámbito privado, cuando el gobierno regional ha anunciado que va a proceder a practicar un recorte adicional de 500 millones de euros y a poco más de un mes de que, por fin conozcamos, los presupuestos Como la agresión de la que somos objeto los empleados públicos regionales se produce en el contexto de una ofensiva general del gobierno contra los derechos laborales, nuestra lucha puede y debe verse inserta en esa otra respuesta más amplia y global estales para 2012 en los que el Sr. Rajoy va a incorporar un descomunal recorte de varias decenas de miles de millones de euros. Es decir que las medidas aprobadas el 22 de febrero que suponen desmantelar los pocos acuerdos que la Ley de Medidas no había derogado el año pasado no es sino un aperitivo de las medidas que se preparan para los servicios públicos y se dan en el marco general de un retroceso general de derechos. Las medidas nos permiten, además, ir más allá que sospechar, adivinar o atisbar cual es la pretensión de las mismas. De hecho saca a la luz la que, por más que intuida, era hasta ahora la agenda oculta del gobierno del partido popular: su particular “delenda est schola!”. La escuela pública, por supuesto. Y es que con motivo de la crisis, o con la excusa de la misma, el partido popular está acometiendo un auténtico acoso y derribo a los servicios públicos; dependencia, sanidad y educación están en el punto de mira. El objetivo la privatización mercantilizadora de los mismos. Y

para llegar a la meta: el deterioro intencionado, el desmantelamiento programado, el cuestionamiento social mediante las mentiras que nos cuentan y las verdades que se esconden, y para rematar el maltrato a los servidores públicos.

Llegados aquí deberíamos tener claro que estamos en un momento crucial. O respondemos ahora, con fuerza y contundencia, con unidad y decisión, o pasado este momento habremos superado el punto de no retorno. Para hacer posible la respuesta hemos estado trabajando para recomponer el Comité de Resistencia en el que el curso pasado coordinamos las acciones con quienes mantuvieron en alto las banderas de la dignidad y la resistencia y con quienes conseguimos parar el recorte de plantillas que entonces se preparaba.

Quisiéramos verlo ampliado al conjunto de las organizaciones representativas, volver al Comité de Unidad Sindical que el gobierno regional consiguió romper ahora hace un año. Como la agresión de la que somos objeto los empleados públicos regionales se produce en el contexto de una ofensiva general del gobierno contra los derechos laborales, nuestra lucha puede y debe verse inserta en esa otra respuesta más amplia y global. Debemos aprovechar esa circunstancia para asegurar la masividad de las movilizaciones y situarnos en la perspectiva de una respuesta general y contundente. Las manifestaciones del 19 y 29 de febrero han sido dos buenas ocasiones de poner en práctica lo anterior y de animar el espíritu de rebeldía y de inconformismo. La lucha y no la resignación debe ser la opción en este momento Entre tanto la vida sigue fluyendo y la Consejería no deja de darnos sorpresas acumulando nuevas hazañas a las ya habituales. Este pasado mes hemos asistido a la anulación, por el acreditado procedimiento del sopetón, del programa cultural “rutas literarias” y hemos conocido la no aceptación por el Ministerio del procedimiento de selección de catedráticos, lo que pone en cuestión el nombramiento de 700 compañeros y compañeras.

El profesor Viñao en extensa entrevista que encontrareis en las páginas centrales nos da las claves de la situación del sistema educativo y nos pone en la pista de por dónde van a ir las decisiones en materia de política educativa del gobierno popular.

Y como no todo ha de ser negativo quiero compartir con todos vosotros los momentos compartidos el pasado 23 y 24 de febrero con Alejandro Ruiz Huerta, su serenidad, su temple, su testimonio y compromiso de lucha por la libertad y la paz, su ejemplo de trabajo en equipo al servicio de los trabajadores, han sido motivadores para quienes hemos tenido ocasión de acercarnos al discurso y a la persona de este sobreviviente de la matanza de los abogados de Atocha, memoria viva de la lucha e historia de nuestro sindicato.

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miscelánea Sin mediadores culturales en Fuente Álamo La Federación de Enseñanza de CCOO denunció el pasado 1 de febrero el despido del único mediador cultural que quedaba en el municipio de Fuente Álamo.

CON ESTA medida los centros educativos de Fuente Álamo se quedan con la usencia de este perfil profesional especialmente necesario en un municipio con un altísimo porcentaje de población escolar de origen emigrante.

La decisión del Ayuntamiento suscitó el unánime rechazo de los equipos directivos y Ampas de la localidad, y es que Brahim Lentit, el único mediador que quedaba tras ser despedidos en enero de 2011 otros dos compañeros, ha realizado durante más de once años una ejemplar labor socioeducativa tanto en el área profesional como en el aspecto humano, siendo nexo y cauce de comunicación entre los colectivos inmigrantes y los colegios e institutos; ayudando, igualmente, al desarrollo de la interculturalidad así como a la solución de problemas de conflictividad, marginación y muchos otros, aportando una eficaz ayuda en el área burocrática de la documentación que se requiere a los inmigrantes desde las instituciones.

Si a todo lo anteriormente argumentado, se añade que el municipio de Fuente Álamo cuenta con más de 6.000 inmigrantes y que los Centros educativos cuentan con un altísimo porcentaje de alumnado procedente del colectivo magrebí, países europeos del Este, países iberoamericanos y minorías étnicas parece claro que esta decisión representa una grave regresión desde el punto de vista socioeducativo y un atentado brutal contra las conquistas sociales.

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Docentes Jubilados exigen a la Consejería el pago de la indemnización LOE CUATRO decenas de docentes jubilados por el sistema LOE, en su mayoría afiliados y afiliadas de CCOO protestaron el pasado 14 de febrero ante la Consejería de Educación para exigir el pago de la gratificación extraordinaria a la que tienen derecho y que la Consejería no ha abonado todavía. Los compañeros jubilados estuvieron acompañados por delegados sindicales del sindicato.

Entre los compañeros y compañeras concentrados había tanto jubilados del 2010 como del 2011. Los jubilados en 2010 cobraron en febrero del 2011 la parte estatal de la gratificación pero aún se les debe la parte

autonómica. A los del 2011 no se les ha pagado nada a pesar de que la Consejería recibió en diciembre la partida económica del Ministerio correspondiente al componente estatal. Los concentrados que presentaron en el registro de la Consejería escritos reclamando el pago de las cantidades adeudadas, entre 10.000 y 25.000 euros según casos, acusan a Valcárcel de estar reteniendo indebidamente el importe de sus gratificaciones.

Y en declaraciones a los medios de comunicación se mostraron dispuestos a sumarse activamente a las movilizaciones contra los recortes y contra la reforma laboral.

Acceso a cátedras: la historia de nunca terminar CUANDO el pasado 30 de agosto se publicaba en el Borm la Orden que aprobaba el expediente del procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria terminaba, o al menos eso creímos, un proceso especialmente largo y dilatado en el tiempo, lleno de avatares y que ha dado lugar a centenares de reclamaciones en cada una de sus etapas. La convocatoria del procedimiento se publicó en el ya tan lejano 5 de diciembre de 2009. El recorrido tortuoso y conflictivo se prolongó por casi 20 meses. Pensamos en agosto que ya sólo quedaba la formalidad de la publicación en el BOE del nombramiento de los nuevos catedráticos y catedráticas. Pero no. El Consejero de Educación informó el pasado 22 de febrero, a las comisiones de directores por la mañana y a las organizaciones sindicales por la tarde, que el Ministerio de Educación no ha aprobado el expediente del procedimiento y

que lo ha devuelto a la Consejería. No habrá, por tanto, de momento publicación de nombramientos en el BOE. Parece ser que al Ministerio le extrañó la doble fecha de efectos, económicos y administrativos, que se proponía para el nombramiento; que ésto le llevó a revisar la propia Orden de convocatoria y que consideró no ajustado a derecho la previsión de efectos retroactivos que se recoge en el artículo 9.1 de la convocatoria. Así las cosas la Consejería ha puesto en manos de sus servicios jurídicos recurrir la devolución del expediente por el Ministerio. ¿Qué pasará con quienes figuran en las listas definitivas del expediente ya aprobado?. ¿Seguirán cobrando en estos meses en tanto se resuelve la situación?. ¿Deberán reintegrar lo recibido desde septiembre?. Imposible saberlo en este momento. Estaremos atentos al próximo capítulo de este culebrón y os mantendremos informados.

miscelánea La Consejería suprime la participación de IES murcianos en el programa educativo “rutas literarias” EL PASADO mes de febrero la Consejería suspendió de repente y sin aviso previo la participación de ocho IES de la región en el programa educativo “rutas literarias”. El programa pretende fomentar el gusto por la lectura mediante un viaje educativo que realizan grupos de 24 alumnos de 3º ó 4º de ESO acompañados por dos profesores, los viajes están encaminados a descubrir la riqueza cultural y lingüística de las diferentes comunidades autónomas. Dos grupos de alumnos de distinta procedencia y que previamente han trabajado en sus centros aspectos literarios de diferentes épocas y estilos, recorren una de las rutas literarias establecidas para conocer “in situ” los lugares que han servido de inspiración o han guiado las obras leídas.

Los IES afectados por esta repentina decisión de la Consejería son los de El Palmar, Algezares,

Fortuna, Puerto de Mazarrón, Alberca, Beniaján, El Algar y el Príncipe de Asturias de Lorca. Todos ellos han realizado gastos previos y recibido una ayuda del Ministerio que oscila entre los 3.500 y 6.600 euros por IES. El motivo alegado por la Consejería es la reducción de gastos. Debía acoger en el albergue del CAR de Los Alcázares a los grupos procedentes de otras comunidades.

CCOO considera que esta decisión de la Consejería perjudica innecesaria e inmerecidamente la imagen de la educación murciana y de los IES afectados. Aunque la Comunidad no es la primera que se retira este curso de un programa educativo coordinado por el Ministerio (Valencia se retiró del programa de escuelas viajeras el pasado 14 de diciembre) si es la primera que lo hace una vez que la convocatoria estaba ya resuelta.

El Personal de los servicios educativos complementarios presente en la manifestación contra la reforma laboral del 19 de febrero EL PASADO 19 de febrero tuvo lugar en Murcia y en otras 56 ciudades del Estado una primera manifestación contra la reforma laboral.

Esta reforma pone gravemente en peligro los puestos de trabajo del personal laboral fijo de las distintas administraciones públicas y complementa en el ámbito privado las políticas de destrucción de derechos laborales y sociales y de laminación de la negociación colectiva que estamos viviendo en el ámbito público. Los compañeros y compañeras de la sección sindical de

PSEC-PAS de nuestra Federación de Enseñanza se hicieron presentes en la masiva manifestación que llenó de punta a rabo la Gran Vía murciana recordando que la presencia del personal de servicios educativos complementarios en los centros educativos es un elemento fundamental de la calidad del servicio educativo. En la manifestación también hubo presencia con pancarta propia del personal interino docente que ve gravemente amenazados sus puestos de trabajo con el Tijeretazo II y que será despedido el próximo 1 de julio. Esta primera movilización regional tendrá continuidad en las manifestaciones del 29 de febrero (tarde del día en que se cierra este número del TE) en Murcia y Cartagena en las que habrá un bloque específico del mundo educativo organizado por el reconstituido Comité de Resistencia (CCOO, FETE-UGT y STERM)

Estudiantes de Enfermería de Cartagena contra la privatización de su Escuela

EL ENCIERRO en la noche del 20 a 21 de febrero en los locales de la Escuela de Enfermería de Cartagena por parte de un nutrido grupo de estudiantes de esta escuela universitaria, las manifestaciones de la práctica totalidad del alumnado del centro educativo, el comunicado del Consejo de Estudiantes de la UMU y el apoyo de la Federación de Enseñanza de CCOO conjuraron, al menos de momento, las pretensiones de desmontaje de este centro universitario y su pretendida privatización.

Desde CCOO denunciamos las condiciones de precariedad en infraestructuras, medios materiales y humanos que se vienen padeciendo en la Escuela de Enfermería de Cartagena y exigimos que se garantice la continuidad de ésta en la ciudad departamental rechazando tajantemente una posible privatización, e instamos a los responsables políticos y universitarios a pronunciarse con claridad acabando de una vez con la incertidumbre que crean los rumores y noticias de prensa que apuntan al interés de la mercantil ISEN Formación Universitaria por hacerse con la autorización para impartir estas enseñanzas. CCOO considera inaceptable tanto la desaparición, con la correspondiente disminución del número de estudiantes que pueden acceder a estos estudios, como la privatización que supondrá encarecer muy significativamente el coste de estos estudios.

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PUBLICA

Diego Fernández Pascual Responsable de Política Educativa Federación Regional de Enseñanza

Tijeretazo II: Crónica de una Mesa Sectorial que no fue de negociación

El pasado 22 de febrero se convocó finalmente la Mesa Sectorial de Educación en sesión extraordinaria y con el único punto del orden del día de negociar la aplicación de la jornada de 37’5 horas al sector educativo docente de la región.

MAL EMPEZABA la cosa cuando se trataba de aplicar un acuerdo del Consejo de Gobierno del viernes 17 de febrero en el que se establece la imposición de la jornada semanal de 37’5 horas sin que hubiese habido previamente un proceso de negociación digno de ese nombre. La ley de presupuestos establecía la continuidad de la jornada preexistente en tanto no se negociara otra en la Mesa Sectorial de Educación. Sin embargo el Gobierno llevó a la Mesa General su decisión de aplicar las 37’5 horas a todos los empleados públicos sin más opción que adherirse o rechazar la decisión. Así que a la Mesa Sectorial llegó una decisión unilateral del Consejo de Gobierno que además se concretaba en un conjunto de medidas que como explicábamos en un número anterior de la revista va a suponer una muy significativa destrucción de empleo público. A las medidas de aplicación de la jornada se une otra sobre el pago, o mejor expresado el impago, del verano al profesorado interino que en modo alguno tiene que ver con la implantación de las 37 horas y media sino que supone una gravísima agresión a sus derechos sociales, laborales y retributivos. La decisión de dar por canceladas las vacantes de plantilla con efectos de 30 de junio y de no proceder a los nombramientos de verano al profesorado sustituto supone una modificación unilateral de las condiciones de trabajo pre establecidas y en virtud de 6

las cuales miles de personas han tomado sus decisiones, y pone de manifiesto un gravísimo desprecio de las personas que se van a ver afectadas y de la negociación colectiva pues esta decisión suspende aspectos fundamentales del Acuerdo de Interinos que tan trabajosamente fue negociado (ese sí fue un proceso de negociación, en que todas las partes cedimos en nuestras pretensiones iniciales) con la Consejería. La decisión que comentamos tiene además el efecto añadido de discriminar al profesorado interino murciano en los procesos selectivos que se convoquen en el futuro respecto del profesorado interino que haya prestado servicios en otras comunidades autóno-

mas. Ocurrirá que con el mismo trabajo realizado el profesorado murciano acreditará por cada curso 2 meses menos de experiencia docente que sus pares de otros territorios.

Merece la pena que nos detengamos un momento en la manera artera en que la Consejería ha planteado el ejercicio del derecho a reducción de jornada del profesorado mayor de 55 años. No suprimen el derecho, ¡cómo iban a hacerlo si está recogido en una Ley Orgánica!, pero anulan o suspenden el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales en la Mesa de Negociación, el conocido como Acuerdo de Plantillas, privando a la reducción horaria de la parte proporcional de retribuciones. O sea, que ponen en el tejado de cada una de los compañeros y compañeras afectadas la decisión de o bien no acogerse a la reducción horaria, con el empeoramiento de sus condiciones de trabajo, o bien solicitar la reducción

PUBLICA horaria asumiendo un importante cizallamiento de las retribuciones, que será del 8% en los maestros y de un 10,5% en el resto de cuerpos docentes y maestros en IES. Y como no suprimen el derecho a reducción, sólo lo penalizan económicamente, no consideran que la medida vaya a costar puestos de trabajo. Cuando en la práctica va suponer la pérdida de 100 puestos de trabajo en secundaria y 120 en infantil y primaria.

Estas dos medidas anteriores junto con el incremento de dos horas lectivas para todo el mundo a partir del 1 de septiembre, medida que supondrá la pérdida de 33.000 horas lectivas para el profesorado interino, estaban en lo previsto. Habíamos advertido sobre las intenciones de la Consejería en las Asambleas de afiliados/as del 25 de enero y del 15 de febrero. Lo que no estaba previsto y ha sido sorpresa en el transcurso de la Mesa Sectorial es la decisión del Consejero de aumentar 2 periodos complementarios de los reco-

feliz” y tenga que quedarse un segundo día hasta las 15 horas. En los institutos desbarajusta la organización familiar y en muchos casos las “ruedas de coches” que se organizan entre el profesorado que se desplaza desde otras localidades.

Son pues “horas punitivas”, ni suponen reducción del gasto ni mejora de la enseñanza, pero sí castigan a quienes nos atrevimos el curso pasado a plantar cara al Sr. de la Tijeras. Ofenden nuestra inteligencia y zahieren nuestra dignidad, ¡ojalá sirvan de acicate para responder masiva y unánimemente!.

Por supuesto que las cuatro medidas han sido adoptadas sin el acuerdo de ninguna de las organizaciones sindicales. Y que lo ocurrido en la Mesa es cualquier cosa menos una negociación.

Una vez más la Administración ha recurrido a la que podríamos llamar la “vía leguminosa”: esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas. Tras esta extraña, aunque cada vez más habitual, manera de aprobar las cosas, las aprueba quien las

Resulta patético ver al Consejero hablar de 890 jubilaciones, y de crecimiento vegetativo de más de 300 plazas o negando la pérdida de la reducción de los mayores de 55 años gidos en el horario individual desde el 12 de marzo. Ni la supuesta “presión” a que estaría sometido por otros consejeros justifica esta medida, que tiene como consecuencia volatilizar el derecho a la flexibilidad horaria y a la conciliación familiar, pues la necesidad de ajustar el horario a las 37,5 horas desde las 36,5 que teníamos este curso se habría satisfecho aumentando una única hora complementaria que podía haber sido de las de cómputo mensual. Esta decisión del Consejero no aguanta la excusa de las escaseces económicas, pues no ahora ni un solo euro, y hay que interpretarla en clave de afirmación del principio de autoridad: dejar sentado quien manda aquí y que puede hacer lo que quiera cuando quiera. Recurrir a rebajar el tiempo de preparación de clases y aumentar dos complementarias semanales recogidas en el horario individual supone en los colegios que todo el profesorado pierde la llamada “hora

propone sin importarle un pito lo que digan los interlocutores que para el caso bien podrían ser mudos, ahora deben traducir las medidas en órdenes que indiquen la manera en que los equipos directivos han de aplicarlas.

Entre tanto la parte chusca no podía faltar en una iniciativa de la Consejería.

Esta vez se ha centrado en el penoso intento de confundir al personal haciendo cálculos increíbles y estirando las cifras como chicles en un intento que será infructuoso de intentar demostrar que lo acordado apenas supone pérdidas de puestos de trabajo. No se dan cuenta de que todo el mundo, ¡todo el mundo!, no sólo los docentes, sabe que este recorte de plantillas se hace para ahorrar dinero. Por tanto no pueden convencer a nadie de que van a ahorrar tantas decenas de millones reduciendo la plantilla con medidas que no reduzcan la plantilla. Deben aclararse, si sólo se van a perder 364 puestos de trabajo

(pareciera que el Consejero, o persona en quien delegue, fuese a despeñar un interino al día) entonces no van ahorrar lo que pretenden y si ahorran lo que dicen es porque la destrucción de puestos de trabajo va a ser tan enorme como todos nos tememos. Para que cada cual haga sus cálculos: un interino del cuerpo de maestros viene a costar algo más de 38.000 euros/año (cotizaciones sociales incluidas) y uno de secundaria algo menos de 42.000 en las mismas condiciones. Ambos sin trienios.

La pérdida de puestos de trabajo será la que corresponda al personal necesario para atender en este curso 37.700 horas lectivas que ahora está haciendo el profesorado interino y que el curso que viene harán los funcionarios (33.000 por las 2 horas y 4.700 por los mayores de 55 años). Esto supone que se perderán 1.900 puestos de trabajo (1.000 en secundaria y 900 en maestros). De ellos unos 700 ocuparán las plazas de los previsibles jubilados, y otros 200 irán a las plazas que generará el crecimiento vegetativo de la población escolar o los nuevos ciclos de FP. Es decir se van a perder 1900 puestos de trabajo y la mitad de los compañeros y compañeras que están en esos puestos dejarán de tener vacantes.

Resulta, pues, patéticos ver al Consejero hablar de 890 jubilaciones, y de crecimiento vegetativo de más de 300 plazas o negando la pérdida de la reducción de los mayores de 55 años.

Sotoca ha convertido su Consejería en la de Educación, Formación y Desempleo. Que el responsable del empleo en una región que bate records de trabajadores en paro mande a 3.100 profesionales, directamente dependientes de él, al paro el 1 de julio es el mejor exponente de la pérdida de norte del gobierno regional. Valoración aparte merece la actitud de quien se comporta como un empresario pirata y defraudador que envía al paro a parte de su plantilla en el tiempo de vacaciones. La reunión de la Mesa estuvo acompañada por la reunión de 300 docentes reunidos en Asamblea que conocieron de primera mano las medidas y que tuvieron oportunidad de asistir a la reaparición del Comité de Resistencia.

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SERVICIOS PÚBLICOS

Defendamos nuestros servicios públicos: garantía de igualdad y cohesión social 1ª Mentira: La deuda pública es la causante de la crisis Al contrario. La deuda pública, que tampoco es tanta si la comparamos con la de Alemania y Francia, es consecuencia de la crisis. Más concretamente, del dinero que el Estado ha destinado a taponar los agujeros producidos por la banca y también del que se ha tenido que dedicar a mitigar las situaciones originadas por el auge salvaje del paro, originado en buena parte por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Mientras que, por otra parte, ha habido una disminución drástica de los ingresos del Estado, debido a la quiebra en cadena de miles de empresas que no reciben los préstamos bancarios.

2ª Mentira: No hay más opción que recortar No es así. Se pueden y deben incrementar los ingresos, especialmente si se persigue con eficacia el fraude fiscal; y también se puede reducir la inversión militar, ahorrar en medicamentos dando prioridad a los genéricos, ahorrar en energía, revisar los conciertos con centros educativos de élite y las exenciones religiosas. Las políticas de recortes en los servicios públicos obedecen a una opción ideológica, que asfixian la economía de un país e incrementan el paro.

3ª Mentira: Sobran empleados públicos La realidad demuestra lo contrario. En nuestro país, hay 6,5 empleados públicos por cada 100 habitantes, mientras que en el resto de Europa hay 15.

2010, el gasto público español equivalía al 45% del PIB, 5,3 puntos por debajo de la media de los 27 países de la Unión Europea.

En lo que respecta al capítulo de personal, la mayoría de empleadas y empleados públicos son mileuristas, o ni siquiera llegan a esa cifra a final de mes.

5ª Mentira: La oferta privada puede sustituir a la pública Quienes defienden esta afirmación esgrimen que el sector privado gestiona mejor que el público y resulta más barato. Nada más alejado de la realidad. La crisis ya está demostrando los perjuicios de las privatizaciones sobre los profesionales y los usuarios.

La empresa privada nunca asume los servicios que no generan beneficios, porque anteponen estos últimos a la calidad de los mismos.

1ª Verdad: Hay otras salidas a la crisis Por supuesto. Islandia es la evidencia.

Hasta el mismo FMI discrepa del fundamentalismo en la austeridad impuesto por la canciller alemana Ángela Merkel. En CCOO proponemos un Pacto para el Empleo que permita el relanzamiento de la economía; contemple también una reforma fiscal y del sistema financiero; un pacto de rentas, y un acuerdo para regular los precios de alimentos básicos, transporte, vivienda, electricidad y gas. Y, por supuesto, la inversión en el sector público, justo la opción contraria a la que postulan los gobiernos neoliberales.

4ª Mentira: Hay un exceso de gasto público

2ª Verdad: Se pueden incrementar los ingresos de forma justa y eficaz

En absoluto. Este argumento es una burda generalización, que esconde el despilfarro en el que han incurrido algunas administraciones, más preocupadas por la ostentación que por ofrecer unos servicios de calidad. En

Nuestra fiscalidad es de las más regresivas e ineficaces de Europa. Hay mucho margen de maniobra para realizar una reforma fiscal más justa, que asegure los ingresos necesarios para sostener los gastos que demanda una salida de

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la crisis que consolide el Estado de bienestar.

Las políticas e inversiones públicas son necesarias para salir de la crisis; invertir en servicios públicos es invertir en las personas.

3ª Verdad: Los servicios públicos dinamizan la economía Prueba de ello es que en aquellos países con un Estado de bienestar más desarrollado el porcentaje de personas que trabajan para el sector público aumenta. Tal es el caso de Dinamarca, con un 26%; el 22% de Suecia, o el 19% de Finlandia. Por el contrario, abusar de los recortes en los servicios públicos anula una fuente de crecimiento económico, prosperidad, empleo, equilibrio y cohesión social.

4ª Verdad: Es necesario fortalecer los servicios públicos para disminuir la desigualdad Unos servicios públicos fuertes son la única garantía de unos niveles mínimos de equidad social. Sólo ellos pueden asegurar para todos los ciudadanos, no sólo para una minoría, una enseñanza de calidad, el cuidado de nuestra salud, el mantenimiento de condiciones medioambientales, la seguridad ciudadana, la movilidad, la información, la justicia, la cultura… y unos sistemas de protección social que atiendan a los más desfavorecidos y satisfagan sus necesidades básicas.

5ª Verdad: No debemos dejar a nuestros hijos una sociedad peor que la que recibimos La trayectoria lineal del progreso social está en serio peligro de quebrarse en la generación de nuestros hijos o descendientes, al negárseles un trabajo estable, unos ingresos básicos para tener una vida digna y un futuro de prosperidad. Esta ruptura intergeneracional constituye un vergonzoso retroceso histórico que no debemos consentir.

ENTREVISTA

Antonio Viñao / Doctor y catedrático en la Universidad de Murcia

“El Partido Popular concibe la escuela pública como subsidiaria de la privada y planifica su minorización”

Anna Mellado García

Desde hace algún tiempo estamos asistiendo a un proceso de desregularización de la enseñanza pública y a un acoso evidente al estamento público en general, promovido por un sector sociopolítico neoliberal y altamente conservador

1. En tus últimos trabajos argumentas que la libertad de elección de centro es el núcleo básico de la política educativa neoliberal. ¿Qué esconde realmente esta política? ¿Cuáles son sus objetivos?

Antonio Viñao Frago es doctor en Derecho y catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia. Ha sido Decano de las Facultades de Filosofía, Psicología y Pedagogía y de Filosofía y Pedagogía. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la International Standing Conference for the History of Education (19962000) y presidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación (2001-2005). Sus campos de investigación prioritarios son la historia de la alfabetización y de la cultura escrita, de la escolarización y de la enseñanza secundaria, así como la historia del currículum y la de la relación entre las culturas escolares y las reformas educativas. De entre los libros publicados destacan los siguientes: Política y educación en los orígenes de la España contemporánea (1982), Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada pública en España (1898-1936) (1990), Tiempos escolares, tiempos sociales. La distribución del tiempo y del trabajo en la enseñanza primaria en España (1838-1936) (1998), Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales (1999), Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios (2002) y Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX (2004). Ha sido ponente en los ciclos de conferencias organizados por FIES y CCOO sobre la escuela de la IIª República. Es autor del capítulo “La educación en la II República: de la manipulación y el olvido a la recuperación de la memoria", en el libro “La escuela de la IIª República” editado por Fundación Caja Sol y FIES.

La primera consecuencia de la libertad de elección de centro, si se implantara, sería el incremento de la capacidad de selección de los alumnos por aquellos centros docentes en los que la demanda supere a la oferta. Estos pocos centros seleccionarían a los académicamente mejores y desecharían al alumnado con necesidades educativas especiales, más lento o torpe, necesitado de apoyo y refuerzo, problemático o no deseable por razones étnicas, culturales o religiosas. El resultado final sería el incremento de las desigualdades ya existentes y la conversión en guetos de aquellos centros en los que se concentren dichos alumnos. Ese es el objetivo del que no se habla. La libertad de elección solo existiría para unos pocos. Nunca puede ser una libertad para todos. No tiene nada de liberal en su sentido más progresista. Es puro conservadurismo. De ahí que, durante el franquismo, figurara en el Fuero de los Españoles y en la Ley de Educación Primaria de 1945.

2. Efectuando un análisis por comunidades autónomas, ¿cuál ha sido hasta ahora el alcance de la política neoliberal en las estructuras del sistema público de enseñanza?

Las comunidades autónomas en las que más activamente se han aplicado políticas neoliberales o neoconservadoras a la española –es decir, con un claro apoyo adicional a la enseñanza confesional católica y a organizaciones católicas ultraconservadoras– son las de Madrid y Valencia, aunque rasgos y aspectos de dichas políticas pueden apreciarse prácticamente en todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular o por partidos nacionalistas de centro-derecha y, en menor medida, por el Partido Socialista. Entre dichos rasgos o aspectos destacan las políticas mitigadas –no plenas– de libertad de elección de centro; la cesiones de suelo público para la construcción de centros privados y de centros públicos para su gestión privada; la extensión de los conciertos o la implantación de cheques y bonos o desgravaciones fis-

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ENTREVISTA / Antonio Viñao cales en las enseñanzas no obligatorias; la financiación de centros privados sin controles, contrapartidas o exigencias legales o de hecho, si es que han sido fijadas legalmente; el establecimiento de fórmulas contractuales con los centros públicos para su financiación y sostenimiento; el fomento de la financiación externa de los centros vía publicidad, alquiler de locales o patrocinio privado; la externalización o subcontratación de actividades extraescolares, de los comedores y de otros aspectos tales como la formación de profesores, la evaluación de los centros y profesores o la construcción de centros públicos; la incorporación al sector público de profesores formados por entidades privadas y al margen de los sistemas de selección establecidos; el pago por resultados a centros y profesores; la publicación de rankings de los centros docentes en función del rendimiento académico; o, por último, los recortes en el sector público.

3. Proliferan en el ámbito educativo informes de observatorios, estadísticas, evaluaciones de diagnóstico –regionales, nacionales, internacionales-, al alumnado, al docente, ¿cuál es la finalidad? ¿Las conclusiones sirven realmente para la mejora de las carencias detectadas, se aplican medidas que contribuyan eficazmente a la mejora educativa?

Las carencias del sistema educativo español son sobradamente conocidas. Además no son de hoy aunque a algunos así les parezca.

Siempre será bueno detectarlas, saber cómo evolucionan, observarlas y analizarlas. El problema se plantea cuando la proliferación de observatorios, evaluaciones, etc. se convierte no sólo en un fin en sí mismo, sino también en un modo de distraer la atención sobre los problemas relevantes, de hacer ver o creer que se está haciendo algo, de provocar debates interminables e infructuosos, o simplemente de justificar la existencia de supuestos expertos dedicados a este tipo de actividades.

No digo que no haya habido ocasiones en las que un buen diagnóstico haya provocado la adopción de medidas correctoras adecuadas, sino que, por lo general, no hay una correlación clara entre dicha proliferación y la introducción de mejoras acordes con lo detectado. Entre otras razones porque, también por lo general, las mejoras exigen más gasto en educación, afectan a intereses creados o corporativos o suponen un coste electoral a corto plazo.

4. ¿Cómo valoras la práctica metodológica actual? ¿Se le oferta al docente una formación o actualización de calidad? ¿Se promueve adecuadamente el desarrollo de proyectos de innovación educativa?

La formación inicial y en ejercicio de los docentes sigue siendo una de las asignaturas pendientes del sistema educativo español. No

“Existe todo un plan perfectamente trazado- que no es de hoy-, de aplicación gradual y pragmática, para configurar a medio plazo una red escolar en la que, en definitiva, lo público quede como subsidiario de lo privado” 10

tiene sentido dedicar tiempo y recursos a formar como profesores a quienes no van a serlo. Formemos bien, primero, solo a quienes van a dedicarse realmente a la enseñanza. Unamos la formación a la selección suprimiendo las oposiciones, y no abandonemos a los profesores noveles a su suerte en los primeros años de docencia. Antes al contrario, favorezcamos que trabajen durante un tiempo, al principio de su carrera, de modo colaborativo en centros que se sabe que funcionan bien y con profesores que tengan algo bueno que enseñar a quienes comienzan.

En cuanto a la formación en ejercicio, los proyectos de innovación y la reflexión sobre la propia práctica sólo pueden nacer de los mismos profesores y centros docentes. Pueden promoverse desde el exterior, pero no imponerse. La innovación siempre ha sido minoritaria, y si se ha extendido es porque el profesorado ha considerado que la innovación de que se trata no sólo no le complica la vida, sino que facilita su tarea y le proporciona utilidad o prestigio. La administración educativa debe crear un contexto legal y profesional que promueva la innovación y la reflexión compartida o individual de los profesores sobre su práctica –o, al menos no entorpecerlas ni dificultarlas–, así como proporcionar los recursos que la hagan posible propiciando, por ejemplo, los intercambios de profesores y las estancias en centros docentes innovadores- Pero tanto la innovación como la reflexión sobre la práctica solo surgen allí donde el profesorado, aunque sea una minoría del mismo, decide añadir a su tarea habitual la de mejorarla y perfeccionarla.

5. ¿Qué aportan a la escuela pública los distintos programas de calidad educativa como las enseñanzas bilingües, las de excelencia, las destinadas a altas capacidades? ¿Constituyen un esfuerzo de mejora educativa o tienden a la segregación clasista dentro de la institución pública?

El sistema educativo ya genera por sí mismo suficientes desigualdades para que le añadamos otras. Existen mecanismos suficientes –por

ENTREVISTA / Antonio Viñao “La libertad de elección de centros es puro conservadurismo. De ahí que, durante el franquismo, figurara en el Fuero de los Españoles y en la Ley de Educación Primaria de 1945.” supuesto, con recursos adecuados– para atender al alumnado de altas capacidades sin necesidad de segregarlo del resto. En cuanto a los centros bilingües, solo se justifican si se trata de una política de mejora lingüística destinada a extenderse a toda la población estudiantil a corto plazo, que de momento solo puede aplicarse en unos pocos centros docentes. Por cierto, se conseguiría mucho más en este campo si los dibujos animados y otras películas y series infantiles se ofrecieran en versión original.

En síntesis, en este tema, como en tantos otros, el problema reside no en los programas en sí mismos, sino en su objetivo. Si lo que se pretende con ellos es añadir un plus de desigualdad a los ya existentes, al tiempo que se contenta a un profesorado nostálgico de un bachillerato de excelencia supuesta, que es dudoso que existiera alguna vez, este tipo de programas deben sustituirse por otros cuyo objetivo sea, en efecto, atender las necesidades del alumnado de altas capacidades en un campo o campos específicos –desde las matemáticas o la filología a la música u otras manifestaciones artísticas o la educación física– sin que ello suponga segregación por centros docentes. Si hay recursos para tanto despilfarro sin sentido, actos festivos, lúdicos o religiosos y asesores ineptos o innecesarios, también debe haber para ello.

6. Existe una clara separación entre los profesionales de las diferentes etapas educativas, desde la primaria a la universidad. ¿Crees que sería adecuado fomentar un espacio de interacción profesional entre los docentes de diferentes etapas para asegurar una transición coherente de una etapa educativa a otra?

Por supuesto. Ahora bien, el cómo hacerlo no es tan fácil. La enseñanza primaria y la secundaria nacieron como dos compartimentos estancos, sin relación alguna por lo que respecta a los objetivos, el alumnado y el profesorado. La segunda enseñanza nació, por el contrario, como un apéndice de la universidad. Sin embargo, la universidad ha ido desentendiéndose progresivamente de ella. Hoy en día son tres niveles educativos escasamente coordinados y conectados.

Tres cosas, al menos, podrían hacerse. Una es crear centros públicos que integren la educación infantil, la primaria y la secundaria, por supuesto con una sola línea, con un solo equipo directivo y en un solo edificio o en varios que se hallen cercanos. Puede parecernos extraño, pero la mayoría de los centros privados funcionan de este modo y todos lo ven normal. Además, ya existen en otros países –por ejemplo, los Institutos comprensivos en Italia–. Otra es permitir que docentes de niveles no universitarios formen parte de equipos y proyectos de innovación e investigación educativa planteados desde la universidad. O viceversa, que profesores universitarios se integren en programas de mejora e innovación llevados a cabo en los centros docentes de otros niveles educativos. Otra, por último, consistiría en incorporar a los docentes de niveles no universitarios en tareas uni-

versitarias tales como la formación del profesorado o las tutorías y clases prácticas. Pero, repito, es más fácil decirlo y proponerlo que hacerlo. Los docentes tenemos, por lo general, una mentalidad corporativista y gremial que dificulta la realización de propuestas que además rompen con tradiciones y culturas académicas que han vivido durante muchos años de espaldas una a otra.

7. Una de las nuevas propuestas gubernamentales de educación es ampliar un curso en la etapa no obligatoria de bachillerato, incluyendo el curso de 4º de ESO como primer curso de bachillerato. Sin embargo no se prevén reformas ni gastos estructurales para su puesta en funcionamiento ¿Cómo crees que afectará esta reforma educativa? ¿Crees que se garantizará realmente la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años?

Las reformas estructurales siempre plantean problemas de acomodación en los centros docentes, las familias y el profesorado. Deben evitarse. En este caso, se trata más de satisfacer las demandas en tal sentido de una parte del profesorado de educación secundaria y de justificar la concertación futura del bachillerato, que de una medida cuyos objetivos –una separación más temprana del alumnado– hubieran podido conseguirse, sin tanto ajetreo, con los cambios en el cuarto curso de la ESO adoptados por el ministerio Gabilondo; es decir, manteniendo en dicho curso la división en itinerarios académicamente diferenciados, con un tronco de disciplinas común a todos ellos, en función del futuro académico del alumnado . Es por tanto, una medida innecesaria adoptada también para marcar distancias con lo dispuesto en la LOE. No creo que afecte a la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, pero va a incrementar las desigualdades ya existentes en el sistema educativo. Ese es su objetivo: separar y segregar de una manera más definida y efectiva de lo que ya, de por sí, se separa y segrega.

8. ¿Ha finalizado en su integridad la implantación del plan Bolonia? ¿Cómo vive la universidad las diversas reformas emprendidas y las que aún le quedan por enfrentar? ¿Se está dificultando el acceso a la universidad a un número importante de estudiantes cuyo poder adquisitivo es precario?

El llamado plan Bolonia debe ser visto como una reforma educativa más con todos los problemas, carencias, imprevisiones, fracasos y efectos no queridos de todas las reformas. Si uno atiende a algunos de sus objetivos –facilitar la movilidad del alumnado y profesorado, así como la homologación de grados y títulos, e implantar un sistema

“No creo que la ampliación de un curso en el bachillerato afecte a la obligatoriedad hasta los 16 años, pero va a incrementar las desigualdades ya existentes en el sistema educativo. Ese es su objetivo: separar y segregar de una manera más definida y efectiva.”

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ENTREVISTA / Antonio Viñao de aprendizaje por créditos en el que se tenga en cuenta el tiempo de trabajo de los alumnos y se lleve a cabo una función tutorial– solo puede dar su conformidad a los mismos. El problema es que su realización precisa de dos cosas de las que se carece: dominio de idiomas y dinero. Otros añadidos como la famosa empleabilidad –pura utopía en un sistema económico en que nadie es capaz de prever las necesidades formativas y la evolución del mercado laboral a más de un año, y en ocasiones ni siquiera el próximo año– y la tecnoburocratización de la docencia y la investigación, solo pueden provocar desacuerdo o rechazo. Pero el problema no son tanto los objetivos, cuanto la aplicación de una reforma en manos de tecnoburócratas de la pedagogía, generadores de ortodoxias normalizadoras e inflexibles, y de informáticos que creen que el cambio de soporte del saber garantiza sin más su calidad.

El plan Bolonia es un ejemplo más en el que observar todas o casi todas las causas del fracaso de las reformas educativas que los expertos detectan en los análisis de las mismas: aplicación con coste cero o, dadas las actuales circunstancias, menos 10, o sea con menos recursos; sobrecarga burocrática y docente del profesorado; disonancia entre lo dicho o escrito y lo hecho –el discurso oficial y los papeles van por un lado y la realidad por otro–; y continuidad de deficiencias o carencias anteriores tales como el absentismo del alumnado, la insuficiencia de profesores para llevar a cabo la función tutorial, o la ausencia de un sistema de formación y selección del profesorado que garantice su calidad y dedicación, por citar solo algunas de ellas. La realidad difiere mucho de una universidad a otra y, dentro de cada una de ellas, de una facultad o titulación a otra –la reforma está afectando más negativamente a las ciencias sociales y humanas que a las llamadas experimentales–. Es difícil generalizar, pero todo indica que, una vez más, estamos ante una reforma fallida y una oportunidad perdida.

9. En estos momentos la figura del docente sufre de gran desprestigio social en España ¿Por qué se fomenta una visión negativa del docente? ¿Quiénes son los responsables finales de esta campaña de descrédito?

Bueno, en general puede decirse que la figura del docente no ha estado nunca prestigiada en España, salvo durante la II República.

Recuerdo que cuando finalicé el bachillerato y manifesté a mi padre que deseaba ser profesor, su respuesta –estamos hablando de comienzos de la década de los 60 del siglo pasado– fue que en este país los docentes eran unos muertos de hambre y que sólo vivían bien los militares, los curas y los abogados. Esa es la razón por la que cursé Derecho, aunque después haya terminado dedicándome a la docencia como yo deseaba. El por qué es así tiene mucho que ver con el desprecio o minusvaloración de la educación y de la cultura en sí mismas, salvo que lleven aparejada, cosa rara y por otras causas, la fama o el dinero. Otra cosa es, descendiendo a hechos más recientes, que se busque el desprestigio del profesorado del sector público con vistas a inducir en los padres el paso de sus vástagos a la enseñanza privada, en especial entre las clases medias, una parte de las cuales todavía confía en la educación pública. Para lograr dicho fin vale todo. Desde la calumnia y la insidia hasta la mentira y, allí donde se ocupa el poder político, la adopción de medidas que, dificultando su tarea, provoquen el desánimo y el cansancio entre el profesorado.

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“El plan Bolonia es un ejemplo más en el que observar todas o casi todas las causas del fracaso de las reformas educativas que los expertos detectan en los análisis de las mismas: aplicación con coste cero o, dadas las actuales circunstancias, menos 10.”

10. ¿Está en serio peligro la enseñanza pública en España? ¿Crees que una respuesta social contundente podría frenar el proceso de privatización emprendido por las políticas educativas neoliberales? ¿Hacia dónde deben encaminarse los esfuerzos para la salvaguarda del estamento público?

Está en un serio peligro. Existe todo un plan perfectamente trazado –que no es de hoy–, de aplicación gradual y pragmática, para configurar a medio plazo una red escolar con unos centros de carácter asistencial (una buena parte de los públicos, unos pocos concertados y ninguno privado de pago), otros con bajos resultados académicos (muchos públicos, algunos concertados y ninguno de pago), otros con buenos resultados (algunos públicos, muchos concertados y algunos de pago con desgravaciones fiscales a las familias), y unos pocos de elite (los escasísimos centros de excelencia públicos, algunos concertados y muchos de pago con asimismo desgravaciones fiscales a las familias). Una red escolar en la que, en definitiva, lo público quede como subsidiario de lo privado.

En cuanto a si es posible una respuesta social contundente que frene este proceso de privatización, soy bastante pesimista –o, si se prefiere, realista–. No veo de momento en la sociedad española grupos sociales con suficiente peso para contrarrestar esta tendencia.

Todas las encuestas indican que, en general, las familias están moderadamente satisfechas con la educación que reciben sus hijos.

La educación no figura en ninguno de los primeros lugares de las preocupaciones de los españoles. No es un problema. Por otra parte, muchos de los que más pueden estar perjudicados por estas políticas privatizadoras –la población inmigrante–no tiene derecho al voto, y una buena parte de las clases medias ve con buenos ojos la posibilidad que se le ofrece de que sus hijos no compartan las aulas con inmigrantes o las clases bajas. Por último, prácticamente todo el poder político central y autonómico, y buena parte del local, está en manos del partido político que promueve este tipo de políticas, sin que, por otra parte, los partidos de centro-izquierda e izquierda apliquen o tengan un programa de política educativa que contrarreste los planes de privatización.

En estas condiciones, no parece que por el momento pueda hacerse más que confiar, desde el sector público o el privado –no se olvide nunca que la profesión del primer ministro de instrucción pública de la II República, Marcelino Domingo, era la de maestro de colegio privado, y que la llegada de la República no se entiende, entre otras cosas, sin tener en cuenta la red existente de centros docentes y culturales librepensadores, anarquistas, republicanos y socialistas–, en quienes siguen creyendo y transmitiendo el ideal de la educación como un bien público; es decir, como un instrumento de ciudadanía, igualdad, libertad y formación de mentes críticas.

PROFESORADO INTERINO

Por Nuria Sánchez Saura

El profesorado interino tiene derecho a percibir el complemento por formación permanente (sexenios) en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera DIVERSOS tribunales están reconociéndole derecho del profesorado interino a percibir el complemento por formación permanente conocido como “sexenio” en aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada.

En este sentido ya se pronunció el del TSJ de Andalucía en sentencia de 11 de junio de 2010 que entendía que el sexenio tenía que tener el mismo tratamiento que ya se daba a los trienios para el personal interino.

Recientemente el JCA nº 4 de Valladolid en Auto de 11 de octubre de 2011 planteaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente Cuestión Prejudicial: "Si el hecho de ser funcionario de carrera y, por lo tanto, el hecho de pertenecer a un Cuerpo de aquellos en los que se estructura la función pública docente, es una razón objetiva suficiente para justificar que el componente singular del complemento específico por "formación permanente" (también llamado, vulgarmente, sexenio) sólo lo perciban, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, los funcionarios de carrera integrados en la función pública docente".

Con posterioridad el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 4 de Oviedo, en Sentencia de 1 de diciembre de 2011 anulaba una resolución de la administración y reconocía el derecho de una profesora interina a la percepción del citado complemento.

El llamado sexenio se creó a partir del Acuerdo entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales sobre el nuevo sistema retributivo, firmado el 20 de junio de 1991 que indicaba en su apartado A: “Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el número 6 del apartado 1 del acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencia y los sindicatos de profesores de noviembre de 1988, los funcionarios docentes integrados en los cuerpos a que se refieren las Disposiciones Adicionales Décima y Decimocuarta de la LOGSE, percibirán, a partir de la fecha establecida en el presente acuerdo, como parte del complemento específico, un

nuevo componente asociado a la permanencia durante períodos de seis años como funcionarios de carrera en la función pública docente, hasta un máximo de treinta años de servicio en los términos que se establecen en el presente acuerdo. Dichos períodos se perfeccionarán una vez completado el calendario de implantación del presente acuerdo el mismo día en que cada funcionario complete los correspondientes seis años. Los efectos económicos del período perfeccionado le serán reconocidos al funcionario en el mes siguiente al que lo completó. A los efectos de dichos períodos, podrán considerarse los servicios prestados en la función pública docente, con anterioridad al ingreso en los correspondientes cuerpos de funcionarios en los términos establecidos, con carácter general, en el presente acuerdo. Se considerarán, asimismo, los prestados en la función inspectora y en aquellos servicios complementarios en los que así se establezca.”

Este complemento solo se reconocía a los funcionarios de carrera pero la Directiva 1990/70/CE establecía una cláusula de no discriminación: “Principio de no discriminación (cláusula 4) 1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.” Esta directiva tenía que estar en vigor en los distintos estados miembros de la Unión Europea el 10 de julio de 2001. La última de las sentencias citada, la del JCA de Oviedo tras hacer un repaso a la directiva europea, al Acuerdo de 1991 y a jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, argumenta, en su Fundamento de Derecho Quinto: “Sin embargo, debe reconocerse, en segundo lugar, que la temporalidad o la permanencia de la relación jurídica funcionarial, es decir, que se trate de funcionarios interinos o de funcionarios de carrera, no justifica razonablemente una discriminación en cuanto a las diferencias retributivas que se da entre ambos colectivos.

En efecto, el reconocimiento de sexenios por su propia naturaleza y duración está pensado por el personal permanente, es decir y en este caso para los funcionarios de carrera docente; sin embargo, si, tal como ha ocurrido y se ha generalizado en la práctica de nuestras Administraciones, se ha desnaturalizado la relación funcionarial interina hasta el punto de que la parte actora aduce una antigüedad muy considerable, lo cierto es que en el caso de los demandantes han tenido tiempo de sobra para poder hacer méritos de formación que justifique la retribución complementaria retributiva del sexenio cuya única finalidad es reconocer a aquellos funcionarios que se preocupan por tener una formación continua y permanente.

Que sean funcionarios de carrera, lo que debía ser la regla general, los beneficiarios naturales de este complemento retributivo, no impide admitir que también los funcionarios interinos, con amplísimas prestaciones temporales que sobrepasan los 6 años y que desnaturalizan la propia función pública por causas achacables precisamente a las Administraciones y no a los funcionarios, deban ser retribuidos del mismo modo. En efecto, la temporalidad, tan importante a otros efectos, no puede justificar razonablemente una discriminación palmaria entre unos funcionarios de carrera y otros interinos cuya interinidad se extiende, al menos en el caso de la parte recurrente, por más de 6 años.

Que la discriminación viniese recogida en normas estatales o autonómicas de rango legal o incluso que fuese avalada por la interpretación del Tribunal Constitucional no impide la aplicación de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada en los términos interpretados claramente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aplicación de los principios de efecto directo y primacía del Derecho de la Unión.”

Por lo tanto está abierta la vía para a generalización de la percepción de sexenios por la totalidad del profesorado interino que reúna los requisitos de antigüedad y formación. Desde los servicios jurídicos de CCOO se trabaja para, además de tramitar las demandas individuales correspondientes, conseguir un pronunciamiento que haga innecesaria la vía judicial.

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POLÍTICA SOCIAL

Acceso a una vivienda digna: ¿derecho o retórica?

Es necesario multiplicar por 6,4 la renta bruta por hogar para poder comprar una vivienda EL DERECHO a una vivienda digna sigue siendo un derecho más teórico que real. Aunque el precio de la vivienda alcanzó su máximo histórico en 2006 y 2007 cuando se situó en 7,6 veces la renta bruta por hogar para hacer frente a la compra de una vivienda media, en la actualidad el esfuerzo económico sigue siendo inaceptable: 6,4 veces la renta por hogar, muy por encima del que existía antes de la burbuja: de 1995 a 1999 solo era necesario de 3,6 a 3,9 veces la renta bruta por hogar para poder pagar una vivienda media. Tampoco ayudan las primeras medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy (eliminar la Renta Básica de Emancipación y recuperar la deducción fiscal por compra de vivienda), porque dificultan aún más la emancipación de los jóvenes y vuelven con la “ayuda al ladrillo”, en lugar de incentivar una política clara de acceso al alquiler.

En España existen más viviendas por habitante que en ningún país de Europa, pero un salario medio inferior, un mayor endeudamiento hipotecario y el elevado coste de la vivienda –en compra o alquiler– provocan que sea menos accesible y se convierta con frecuencia en un factor de exclusión social.

La vivienda es una cuestión clave en toda sociedad. El acceso a una vivienda digna posibilita la realización de los proyectos vitales de las personas. La paradoja nada casual se da en aquellas sociedades desarrolladas que pueden satisfacer

materialmente las necesidades de su población, pero no lo hacen al anteponer los intereses privados de una minoría social. Un país como España, situado dentro de los países más avanzados del mundo, presenta una difícil situación para decenas de miles de personas (hacinamiento en viviendas, chabolas e infraviviendas); otros miles de personas sufren la figura del desahucio y amenaza a otras muchas que se unen a los cientos de miles de jóvenes (y no tan jóvenes) que no pueden emanciparse.

Junto a ello, los centenares de miles de personas, muchas de edad avanzada y bajos ingresos, que residen en alquileres de renta antigua o moderna y resisten al acoso inmobiliario de los propietarios. Son millones de personas y familias, por otro lado, las que han gastado o gastarán gran parte de su vida en pagar la vivienda que habitan.

El precio del suelo El precio del suelo es una reserva de valor que anticipa las expectativas urbanísticas del terreno y se apropia de gran parte de las plusvalías que generará posteriormente la promoción y venta del activo urbanístico que se edifique o desarrollo sobre él. La valoración del suelo en función de las expectativas urbanísticas es uno de los factores clave de la burbuja inmobiliaria y del negocio que realizan los grandes propietarios de suelo urbano/urbanizable a costa de la

En España existen más viviendas por habitante que en ningún país de Europa, pero un salario medio inferior, un mayor endeudamiento hipotecario y el elevado coste de la vivienda provocan que sea menos accesible y se convierta con frecuencia en un factor de exclusión social 14

necesidad de uso de ese suelo.

El suelo es un recurso natural escaso e insustituible cuya utilización debe ser racional y conveniente al servicio del interés general. Es necesario reforzar la capacidad de los poderes públicos para diseñar el urbanismo y gestionar el suelo al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad.

El precio del suelo ha seguido una evolución paralela al precio de la vivienda, incrementándose con fuerza cuando la vivienda tiraba al alza, y cayendo significativamente al estallar la burbuja.

De hecho, aún queda un amplio recorrido para un ajuste a la baja del precio del suelo y la vivienda. Así, el precio medio del suelo alcanzó un máximo de 285 euros/m2 en el tercer trimestre de 2007 hasta el mínimo de 191 euros/m2 en el tercer trimestre de 2010. Por su parte, según los datos del Ministerio de Fomento, el precio medio de la vivienda libre en España ha descendido de los 2.101 euros/m2 en 2008 a los 1.729 euros/m2 en 2011.

La evolución de los precios de la vivienda refleja igualmente el ciclo

POLÍTICA SOCIAL El acceso a la vivienda es un derecho que no se cumple, o se cumple con gran dificultad. Su precio, a pesar del sostenido descenso de los últimos años, sigue estando al alcance de muy pocos inmobiliario de las últimas décadas. Con el salario anual bruto de 2010, volver al nivel de esfuerzo que existió entre 1995 y 1999 implicaría que el precio de la vivienda debería caer por debajo de los 1.200 euros/m2.

El dato del salario medio corresponde a aquellos que mantienen su empleo, pero evidentemente no incluye a los más de 5 millones de parados. Es decir, una gran parte de la demanda potencial debe hacer frente a su necesidad de vivienda con unos ingresos muy inferiores al salario medio reflejado en la estadística, lo que supone de facto la imposibilidad de hacerlo.

Las propuestas de CCOO En relación al acceso a la vivienda y a su elevado precio, CCOO ha presentado numerosas iniciativas (recogidas en su propuesta de Pacto por el Empleo) que inciden en: ■ La necesidad de actuar sobre aquellos factores que posibilitan la especulación inmobiliaria (suelo) y en el desarrollo de una política que garantice un acceso asequible a la vivienda.

■ La apuesta por el alquiler, que combine los objetivos de proteger la propiedad de quienes quieren alquilar y ampliar la solvencia de los arrendatarios mediante bonificaciones concedidas en función de las características del inquilino.

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La necesaria revisión de la legislación hipotecaria y civil española relativa a los procesos de ejecución y desahucio, así como profundizar en los mecanismos de renegociación de la deuda hipotecaria para aquellas personas que se encuentran en un grado determinado de dificultades que guarden relación con circunstancias económicas personales y familiares sobrevenidas, afectando

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a su situación económica hasta el punto de hacer inviable el pago de las obligaciones contraídas.

Priorizar la rehabilitación de edificios existentes, instalaciones, infraestructuras, consumo energético... como instrumento dinamizador del sector de la construcción y del empleo; y por dar un uso social al enorme parque existente de viviendas vacías, tanto nuevas como de segunda mano, y en manos de las entidades financieras.

CCOO también propone que se deje de subvencionar fiscalmente la construcción y compraventa de viviendas.

El Gobierno empeora la situación Francisco Javier Jiménez.

Secretario confederal de Política Sectorial de CCOO

EL ACCESO a la vivienda es un derecho que no se cumple, o se cumple con gran dificultad. Su precio, a pesar del sostenido descenso de los últimos años, sigue estando al alcance de muy pocos, y es un factor evidente de exclusión social. Las medidas aprobadas hace unas semanas por el Gobierno de Rajoy no ayudan a aliviar la situación y sí a empeorarla. La eliminación de la Renta Básica de Emancipación, concebida como una herramienta para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda de alquiler; o la recuperación de la deducción fiscal por compra de vivienda, aparentemente una medida positiva, no harán sino retrasar la emancipación de los jóvenes y/o rescatar la “ayuda a la piedra”, en este entramado inmobiliario que actúa en la construcción de una vivienda.

En lugar de las medidas adoptadas, CCOO cree que el Gobierno debería profundizar en la línea de avales del ICO para financiar la vivienda protegida, y a través del crédito, permitir la refinanciación a los promotores siempre que conviertan la vivienda libre en vivienda de alquiler; regular las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria; avanzar en el Plan Renove para la rehabilitación energética de viviendas y edificios; iniciativa de los poderes públicos para la compra de suelo a propietarios privados destinado a la construcción de vivienda protegida; o un plan ambicioso de ayuda al alquiler.

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MUJER

El género en las soluciones Paloma López Bermejo Secretaria Confederal de la Mujer

De los 47 millones de personas que vivían en España a 1 de enero de 2010, el 50,6% son mujeres, es decir, más de la mitad de la población española es femenina, y representan casi la mitad de la población en edad de trabajar (49,7%), sin embargo, tan sólo el 68,6% de las mujeres entre 16 y 64 años son activas frente al 81,5% de los hombres. [Ver 1]

EN LOS tramos de edades (25-44 años) en los que poseen las mayores tasas de actividad también es cuando, por lo general, se asumen las mayores cargas familiares.

La tasa de empleo de las mujeres en España es del 52,3%, 12,4 puntos porcentuales menos que la tasa de empleo de los hombres (64,7%).

También es inferior en 5,9 puntos porcentuales a la tasa de empleo media de las europeas (58,2%). Para incrementar la presencia en el mercado de trabajo las mujeres han optado por varias estrategias individuales entre la que se encuentra no tener hijos o tenerlos más tarde para evitar la dedicación y, con ella, la exclusión laboral, por eso la fecundidad en España, con 1,4 hijos por mujer en el año 2009, es una de las más bajas (sólo 5 países de la UE tienen tasas de fecundidad inferiores: Alemania, Letonia, Hungría, Austria, Portugal y Rumania).

Además de las consecuencias en general de la crisis en el empleo (de sobra conocidas), se están produciendo impactos específicos para las mujeres en materia de igualdad. Podemos destacar, entre otros, el efecto expulsión de las mujeres del mercado de trabajo. Pasados los primeros meses de destrucción del empleo en los sectores de la construcción e industria, la destrucción de empleo se extiende al sector servicios, altamente feminizado (85% del empleo femenino) donde comienza a producirse un

[Tabla 2] Mujeres en la presidencia y en los consejos de administración de las empresas del Ibex-35 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total Consejo 474 506 507 506 463 478 503 Presidentes/as 33 35 35 35 35 37 37 Vicepresidente/a 50 51 55 53 41 40 Consejeros/as 387 413 409 413 379 388 Consejeros/as Secretarios/as 4 7 8 5 8 13 Total Consejo 10,13 10,28 8,48 6,43 3,46 2,09 Presidentas 0,00 2,86 2,86 2,86 2,86 0 Vicepresidentas 8,00 7,84 7,27 3,77 2,44 2,50 Consejeras 11,37 11,14 9,29 7,51 3,69 2,32 Consejeras secretarias 0,00 14,29 0 0 0 0 Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos de la CNMV Nota 1: Hasta 2007, no se han contabilizado como cargo de las personas jurídicas.

Nota 2: En la hoja de “notas” aparecen todas las empresas del IBEX.35 efecto de sustitución de mano de obra femenina por masculina. El último trimestre de 2009 ofrece datos de crecimiento positivos en la ocupación masculina del sector servicios (un 4,4%) mientras que en el caso de las mujeres la evolución fue negativa (-2,24%).

En relación a la presencia de mujeres en los cargos de responsabilidad de la funciónpública1, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres insta a los poderes públicos a atender al principio de presencia equilibrada

[Tabla 1] Tasa de actividad por sexo y grupo de edad

Total De 16 a 29 años - De 16 a 24 años - De 25 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años - De 45 a 54 años - De 55 a 64 años EPA 2011 TII

Mujeres

Hombres

68,16 60,63 43,47 83,85 82,61 58,97 72,64 41,62

81,45 64,69 46,58 89,54 94,52 78,93 90,35 63,70

Diferencia Mujeres-Hombres -13,29 -4,06 -3,11 -5,69 -11,90 -19,96 -17,71 -22,07

39 417 10 2,58 5,41 256 2,88 0

de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad (art. 17). En mayo de 2011 tan solo el 28,9% de los altos cargos de la Administración General del Estado son mujeres (ministerios, secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales, altos cargos de entes públicos).

Si atendemos a la presencia de mujeres en consejos de administración2, en marzo de 2011, el 10,13% de los puestos de trabajo asociados a la presidencia y consejos de administración de las empresas del IBEX-35 estaban ocupados por mujeres. Así mismo, según los datos de la EPA 2011TII, el 29,9% de los puestos de trabajo de directores y gerentes están ocupados por mujeres. Debemos recordar que las organizaciones empresariales no firmaron el acuerdo en relación a la ley de igualdad, en la mesa de Diálogo Social. [Ver 2] A nivel general, tanto en hombres como en mujeres, el ajuste del empleo se concentra en los contratos temporales. Tanto en el sector privado cómo en el público, la tasa de temporalidad de las mujeres supera la de los hombres, pero la diferencia entre ambas en el sector público son mucho mayores. La mayoría de las

[1] Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.

[2] La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece en su artículo 75: ”Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de 8 años…”.

16

MUJER [Tabla 3] Tasa de temporalidad Mujeres Hombres Diferencia Total 27,0 24,2 2,8 Sector Privado 26,3 25,3 1,0 Sector Público 29,1 19,4 9,7 EPA 2011 TII asalariadas están más presentes en el sector público (54,1%) que los hombres y sin embargo la tasa de temporalidad de las mujeres (27%) es superior a la de los hombres (24,2%).

[Ver 3]. En todos los sectores económicos la tasa de temporalidad de las mujeres es más alta que la de los hombres, excepto en la construcción. [Ver 4] En relación a la igualdad profesional, las personas con mayor cualificación presentan menos desempleo, aunque hay una parte que trabaja en empleos donde se requieren menor cualificación que la de su titulación. Sin embargo, en el caso de las mujeres (aunque obtienen globalmente mejores resultados escolares que los hombres y son más numerosas a la hora de cursar estudios superiores) su incorporación al mercado laboral es peor y está sujeta a más dificultades. Las mujeres están más expuestas a las formas particulares de empleo (contratos temporales, tiempo parcial,...) y al desempleo y perciben retribuciones y salarios claramente inferiores a los de los hombres. Debido a la discontinuidad de sus carreras profesionales, también perciben pensiones de jubilación menores.

En 2011, el 23.9% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, frente al 6,1% de los hombres.

Cabe destacar que (tanto entre las mujeres como entre los hombres), más de la mitad acepta esta forma de empleo porque no ha podido encontrar otro empleo a tiempo completo (60,6% en el caso de los hombres y un 50,9% entre las mujeres). [Ver 5] Teniendo en cuenta la concentración según profesiones, el 88% de los empleos de las mujeres se concentra en 8 de los 17 grandes grupos de ocupaciones.

A pesar de los avances educativos de las mujeres, todavía se ocupan en empleos no cualificados en un porcentaje importante (18,5%).

Los empleos no manuales (trabajos administrativos y comercio) son los que agrupan a más mujeres (33%). Los hombres están más distribuidos entre los diferentes grupos de ocupaciones y se ocupan más en los empleos manuales cualificados. [Ver 6] [Tabla 4] Tasa de temporalidad Mujeres Hombres Diferencia Total 27,0 24,2 2,8 Agricultura 61,3 54,6 6,7 Industria 20,9 15,5 5,4 Construcción 16,6 43,8 -27,3 Servicios 27,2 21,4 5,7 EPA 2011 TII

[Tabla 5] Mujeres

Hombres

68,16 53,58 21,39 27,01 23,94

81,45 64,59 21,02 24,17 6,12

Tasa de actividad (16-64 años) Tasa de empleo (16-64 años) Tasa de paro (16-64 años) Tasa de temporalidad (16-64 años) Tasa a tiempo parcial (16-64 años) EPA 2011 TII Es imprescindible considerar el impacto de género en el diseño de las soluciones. Si no se corrige la tendencia a ignorar el impacto de género en las medidas que se adopten para salir de la crisis, como se ha hecho hasta este momento (protegiendo el empleo masculino en las medidas que se han adoptado), asistiremos, como consecuencia de todo lo anterior, a efectos negativos para las mujeres en el momento de la recuperación, que pondrán en peligro algunos de los logros conseguidos en materia de igualdad en el ámbito laboral.

De igual manera, la reducción de servicios públicos que han de garantizar la igualdad, la compensación de las desigualdades y el equilibrio social, como: educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, vivienda, etc., afectarán en mayor medida a las mujeres y a los colectivos más vulnerables.

Para corregir los efectos anteriores, se deben adoptar diferentes medidas, en primer lugar: ampliar los servicios públicos y generar un cambio que incluya la atención a nuevas demandas y necesidades sociales, como un mayor desarrollo de los servicios de atención a la dependencia y otros servicios de proximidad, esto no solo generará empleos, sino que hará emerger

Diferencia Mujeres-Hombres -13,29 -11,01 0,37 2,84 17,82

actividades económicas sumergidas y posibilitará a muchas mujeres la incorporación al mercado de trabajo. En segundo lugar, activar medidas específicas para corregir la desigualdad o al menos no acentuarla, como son los permisos de cuidados iguales, remunerados e intransferibles. En tercer lugar, poner en marcha medidas estructurales que faciliten la incorporación de las mujeres a todos los sectores productivos y un cambio de los modos de producción y de la organización de la producción.

La igualdad también debe formar parte del cambio de modelo productivo por razones de eficiencia económica: el capital humano que pueden incorporar las mujeres en un modelo de trabajo no discriminatorio incrementará también la calidad de los propios procesos productivos y la competitividad de las empresas.

Adoptar medidas dirigidas a la eliminación de mecanismos de discriminación directa e indirecta que aún perviven en las empresas y no, únicamente, en aumentar la “empleabilidad” de las mujeres, y el mejor instrumento para ello es la negociación colectiva.

Sin ninguna duda la prioridad es el empleo, pero el empleo de calidad, con derechos, en igualdad de condiciones y con garantías.

[Tabla 6] Distribución de ocupados según grandes grupos de ocupaciones Mujeres Hombres Total 100,00 100,00 A Directores y gerentes 3,3 6,4 B Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza 12,6 5,1 C Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 6,9 8,0 D Técnicos; profesionales de apoyo 8,6 11,8 E Empleados de oficina que no atienden al público 7,1 4,0 F Empleados de oficina que atienden al público 7,6 2,3 G Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 18,4 9,3 H Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 10,9 2,1 I Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 0,5 3,8 J Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 1,3 3,6 K Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 0,2 9,3 L Trabajadores cualif. de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y maq.

1,9 11,6 M Operadores de instalaciones y máquinarias fijas, y montadores 1,9 3,8 N Conductores y operadores de maquinaria móvil 0,4 8,9 O Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 16,0 2,7 P Peones de la agricultura, construcción, industrias manufactureras y transportes 2,5 6,6 Q Ocupaciones militares 0,1 0,9

17

consultas

Retribuciones docentes 2012 (hasta la aprobación de los nuevos presupuestos) SEGÚN Resolución de 20 de enero de 2012 de la Secretaría

Todas las cantidades expresadas son retribuciones en bruto. Para calcular el líquido total a percibir (retribuciones netas) hay que restarle RETENCIÓN A CUENTA IRPF (distinta según situación personal), ASÍ COMO LAS CUOTAS DE MUFACE y DE DERECHOS PASIVOS.

General de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 28 de enero 2012

1. RETRIB. COMUNES 1.1. Sueldo Base

MAESTROS

PT FP

SECUNDARIA

CATEDRÁTICOS

958,98

958,98

1.109,05

1.109,05

1.2. Complemento Destino

473,35

582,92

582,92

698,20

1.3.1 Complemento Específico General

295,13

295,13

295,13

342,62

1.3.2 Productividad Fija

350,08

355,23

355,23

357,88

51,29

51,29

51,29

51,29

1.3.3. Comp. Específico Singular (A. Tutorial) TOTAL MES

2. PAGAS EXTRAORDINARIAS: JUNIO Y DICIEMBRE 2.1.1 Paga Extraordinaria Sueldo+trienios+C.Destino…

Sueldo base

2.128,83*

2.243,55*

2.393,62*

2.559,04*

MAESTROS

PT FP

SECUNDARIA

CATEDRÁTICOS

1.172,73

1.282,30

1.267,28

1.382,56

699,38

684,36

684,36

ESO (+111,10)

699,38

Trienios*

Añadir cantidad según antigüedad en trienios Grupo A2: 25,35 €/trienio

Complemento destino

Grupo A1: 26,31 €/trienio

473,35

582,92

582,92

698,20

192,04

236,51

236,51

283,26

418,96

418,96

418,96

469,07

Factor C. Específico General 100% C.E.

295,13

295,13

295,13

342,62

Factor Productividad Fija

123,83

123.83

123,83

126,45

208,60

208,60

208,60

239,00

188,88

188,88

188,88

219,28

2.1.2 Productividad Semestral 40% C. Destino 2.1.3 Paga Extra Específico (Pacto Educativo)

2.1.4 Paga Adicional C. Específico (Acuerdo MAP) Factor C. Específico General: 64% C.E. Factor Formación Permanente: 64%

Añadir cantidad según antigüedad en sexenios

Sexenios* Complemento Específico Singular: TOTAL PAGA EXTRA JUNIO-DICIEMBRE.

18

(Ver tabla siguiente) 19,72

19,72

19,72

19,72

1.992,33

2.146,37

2.131,35

2.373,89

consultas ANTIGÜEDAD:

* SUMAMOS EN CADA PAGA TRIENIOS Y SEXENIOS RECONOCIDOS * SUMAMOS EN CADA PAGA EXTRA TRIENIOS Y EL 64% DE SEXENIOS

TRIENIOS

MAESTROS

FP/PT

SECUNDARIA

CATEDRÁTICOS

34,77

34,77

42,65

42,65

Importe por trienio SEXENIOS

IGUAL EN TODOS LOS CUERPOS

C. Form. Permanente

RETRIBUCIÓN POR SEXENIO

RETRIBUCIÓN SEXENIOS ACUMULADOS

SEXENIO 1

56,30

56,30

SEXENIO 2

71,03

127,33

SEXENIO 3

94,66

221,99

SEXENIO 4

129,54

351,53

SEXENIO 5

38,14

389,67

PAGAS EXTRAS

64% SEXENIOS

1 SEXENIO

2 SEXENIOS

3 SEXENIOS

4 SEXENIOS

5 SEXENIOS

36,03

81,49

142,07

224,98

249,39

* Todas las cantidades expresadas son retribuciones en bruto. Para calcular el líquido total a percibir hay que restarle IRPF (distinto según situación personal).

CUOTA MUFACE y DERECHOS PASIVOS DEDUCCIONES

MAESTROS

I.R.P.F

FP / PT

SECUNDARIA

CATEDRÁTICOS

En correspondencia con el nº de hijos y retribución

MUFACE (1,69 HABER REGULADOR) DERECHOS PASIVOS. (3,86 HABER REGULADOR)

37,20

37,20

47,27

47,27

84,97

84,97

107,96

107,96

HABER REGULADOR MENSUAL

2.229,61

2.229,61

2.832,96

2.832,96

HABER REGULADOR ANUAL

31.214,57

31.214,57

39.661,46

39.661,46

JORNADA A TIEMPO PARCIAL (RETRIBUCIONES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA) MAESTROS

MAESTROS

PROFESORES

PROFESORES

ESO

TÉCNICOS DE FP

SECUNDARIA

CATEDRÁTICOS

TOTAL SUELDO

2.128,83

2.239,93

2.243,55

2.393,62

2.559,04

REDUCCIÓN 1/3

1419,22

1.493,29

1.495,70

1.595,75

1.706,03

REDUCCIÓN 1/2

1064,42

1.119,97

1.121,78

1.196,81

1.279,52

TIEMPO PARCIAL (10H)

925,58

1.317,61

1.319,74

1.408,01

1.505,32

TIEMPO PARCIAL (9H)

833,02

1.185,85

1.187,76

1.267,21

1.354,79

TIEMPO PARCIAL (8H)

740,46

1.054,08

1.055,79

1.126,41

1.204,25

922,32

923,81

985,61

1.053,72

TIEMPO PARCIAL (7H) TIEMPO PARCIAL (6 H) RETRIBUCIÓN/HORA LECTIVA

92,56

790,56

791,84

844,81

903,19

13176,

131,97

140,80

150,53

19

!

O Z A T E R E J I T 2º

¡

Medidas a adoptar en el segundo tijeretazo: (Mesa de Educación 22 de Febrero)

AUMENTO DE HORAS COMPLEMENTARIAS Desde el 12 de Marzo hasta el 30 de junio, el horario se verá incrementado en 2 horas complementarias recogidas en el horario individual, de obligada permanencia en el centro.

AUMENTO DE HORAS LECTITAS A partir del 1 de Septiembre se aumentan 2 horas lectivas, resultando de 19 a 21 lectivas en Educación Secundaria y 25 en Educación Primaria.

LA NO REMUNERACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE 55 AÑOS A partir del 1 de Septiembre, la reducción de lectivas de los mayores de 55 años será voluntaria y no remunerada.

EL IMPAGO DEL VERANO AL PROFESORADO INTERINO

E T A Z Í L I V O M ité

con el Com ia de Resistenc

Tanto los interinos que tengan vacante como sustitución, cesarán el 30 de Junio de 2012.

Este segundo golpe a la Educación Pública supondrá una reducción considerable de las plantillas, un grave deterioro de la Educación Pública y, una agresión más a las condiciones laborales del profesorado.