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Deudas del Estado al IGSS y al Banguat

Ante La Evidencia T Cnica

FINANCIERA Y ACTUARIAL, EL IGSS AUMENTÓ EL NÚMERO DE CONTRIBUCIONES PARA QUE LOS AFILIADOS PUEDAN PENSIONARSE.

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Hace más de una década, el 20 de noviembre de 2012, en este mismo espacio me referí a las deudas del Estado de Guatemala con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como a las decisiones que debían adoptarse para anticiparse al previsible desequilibrio financiero del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

El proceso de corrección lo inició la Junta Directiva del IGSS el 14 de diciembre de 2010 cuando, por consenso entre empleadores y empleados (quienes están llamados a ser los verdaderos adalides de este sistema de protección social), se decidió empezar a hacer modificaciones a los requisitos para acceder a las prestaciones de IVS, en un esfuerzo por postergar el eventual colapso por la erosión de las reservas técnicas (fondos acumulados), según los estudios actuariales y financieros realizados.

Ante la evidencia técnica financiera y actuarial, el IGSS aumentó el número de contribuciones para que los afiliados puedan pensionarse. Algo que en otras latitudes ocasionó la más terrible represión, como sucedió en contra del pueblo nicaragüense cuando el gobierno de Ortega intentó hacer algo parecido en 2018, o como todavía no lo ha podido lograr el gobierno de Francia, ante la fuerte oposición social. Como cualquier seguro, su solidez y solvencia dependen de la racionalidad de su financiamiento en el tiempo. Más impuestos o más contribuciones, o más edad, es el dilema.

Pero la deuda acumulada del Estado de Guatemala con el IGSS que supera los Q60 millardos, sobre la que recientemente el Ministerio de Finanzas Públicas ha querido justificar amnesia, con subterfugios leguleyos para no reconocerla, que se ha venido soslayando desde 1956, de cuotas patronales del Estado tanto al IVS como al programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) y aportes para atención de las clases pasivas del propio Estado, según los reportes financieros del instituto.

De forma similar, el Estado debe al Banco de Guatemala (Banguat) un total de Q45.6 millardos, integrados por Q30.2 millardos correspondientes a la restauración del patrimonio del banco central y Q15.4 millardos que incluyen los Q10.6 millardos del financiamiento de emergencia previsto en la Constitución Política de la República para el caso de catástrofes o desastres públicos, otorgado por el Banguat al Gobierno en 2020 para atender los programas para el rescate de las familias por los efectos causados por el COVID19, como el Bono Familia, entre otros.

Estos asuntos, como el incumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sobre el monto del aporte del Estado a la Universidad de San Carlos, son temas que deberían debatirse por los candidatos que están pidiendo nuestro voto para ocupar puestos de elección popular.

HUGO MAUL R.

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