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Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; Jueves 30 de Noviembre de 2023
Sólo 6% de las Desapariciones se Judicializan en México: ONU
De 2006 a la fecha, únicamente entre 2% y 6% del total de las desapariciones forzadas en México se han judicializado, según revela el Informe General del Examen Periódico Universal de México 2024 ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El informe realizado por más de 300 organizaciones no gubernamentales, que ofrece un panorama general sobre la crisis de derechos humanos en México, indica que de las más de 111 mil víctimas de desaparición que hay hasta hoy, 40 mil ocurrieron en este sexenio. Entre el número total de víctimas, desde 2 mil 220 hasta 6 mil 660 asuntos se llevaron por la vía judicial. Sin embargo, el delito de desaparición forzada en México está sumergido en una impunidad casi absoluta ya que, hasta 2021, en el país sólo se han emitido 36 sentencias por casos de desaparición de personas a nivel nacional y, de ellas, ninguna contra un mando civil o militar. Apunta que el índice creció exponencialmente hasta 98% durante esta administración, ya que el resto de las desapariciones se registró en un lapso de 12 años, desde 2006 hasta 2018, durante el inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico. A partir de esa fecha, el examen detalla que se han diversificado las modalidades del delito y las víctimas, siendo en su mayoría hombres entre 15 y 40 años, pero las cifras revelan que hubo un notable aumento de desapariciones entre la población
de adolescentes y mujeres a partir de los 12 años, tendencia que se agudizó durante la pandemia por Covid-19. Las desapariciones forzadas están vinculadas en su mayoría con reclutamiento a organizaciones criminales, trata y explotación sexual como medio para ocultar la violencia, homicidios y feminicidios y, en el caso de los menores, por sustracción. El informe general resalta que de manera paralela el país enfrenta una crisis forense con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, que se encuentran bajo custodia estatal, que no tienen un procesamiento adecuado por autoridades o los que son encontrados por familiares. Sobre esta línea, el escrito basado en el informe del Comité Contra la Desaparición Forzada durante su visita a México dice que los mecanismos implementados por el gobierno federal para esclarecer la crisis de desapariciones forzadas y de identificación,
aunque son iniciativas relevantes, no son suficientes ni cuentan con la capacidad o el presupuesto para resolver y contener la problemática. “El impulso por parte del Estado de mecanismos extraordinarios de esclarecimiento en casos de desapariciones recientes y del pasado —a pesar de algunos avances— no ha logrado otorgar justicia y verdad a las víctimas, y tampoco se han constituido mecanismos replicables frente a la magnitud de la crisis. “A más de cinco años de entrar en vigor la ley general en materia de desapariciones se enfrentan deficiencias en la implementación de instancias fundamentales, como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Programa Nacional de Exhumaciones”, informa el documento con el que México se someterá a su cuarto examen en materia de derechos humanos el próximo 24 de enero de 2024. Asimismo, resalta que existen serias carencias en las investigaciones realizadas por parte de las fiscalías, como formalismos excesivos, burocracia, ausencia de planes de investigación, omisiones, resistencia para trabajar con las comisiones de búsqueda locales o grupos similares y falta de recursos, hechos que se suman al abandono de las víctimas y familiares de los afectados. Sun
Opera la Sedena 9 Aeropuertos y la Semar, 8
Las Fuerzas Armadas controlan ya 17 de los 62 aeropuertos que tiene el país, considerados por el gobierno federal como “estratégicos” por su ubicación, el número de operaciones aéreas y el flujo de pasajeros que registran. De ellos, ocho son operados y administrados por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y nueve por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, que fue creada apenas en abril de 2022. Es una empresa de participación estatal mayoritaria, cuya estructura accionaria está conformada con 99% de propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional y 1% propiedad del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), que dirige el general René Trujillo Miranda. El Ejército ya operaba seis terminales aéreas, pero este martes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los títulos de asignación de otras tres en favor de la Sedena, que así administra, opera, explota y, en su caso, construye los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, Estado de México;
Nuevo Laredo, Tamaulipas; Campeche, Campeche; Ixtepec, Oaxaca; Chetumal y Tulum, en Quintana Roo; Uruapan, Michoacán; Palenque, Chiapas, y el Hermanos Serdán, ubicado en Huejotzingo, Puebla. En tanto, la Secretaría de Marina tiene a su cargo los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y d e To l u c a , Estado de México; Matamoros, Ta m a u l i p a s ; Ciudad del Carmen, Campeche; Loreto, Baja California Sur; Guaymas y Ciudad Obregón, en Sonora, y Colima, Colima. Estos 17 aeropuertos son utilizados por más de 4 millones y medio de pasajeros cada mes, y a la cabeza de ellos se ubica el de la Ciudad de México, con 4 millones 420 mil usuarios en más de 30 mil vuelos, con cifras del pasado mes de octubre de este año. Le siguen el AIFA, con 210 mil y 2 mil 107 vuelos; el Hermanos Serdán, de Puebla, con casi 88 mil pasajeros en mil 860 operaciones
aéreas, y el de Chetumal, con casi 28 mil usuarios y 386 vuelos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está a la cabeza en cuanto a movimiento de carga, con un total de más de 35 millones de toneladas en octubre pasado, mientras que el aeropuerto capitalino se ubicó en segundo lugar, con más de 20 millones de toneladas de carga. La gran mayoría de estos aeropuertos, salvo los que están en construcción, como el de Tulum, eran operados hasta este sexenio por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), un organismo descentralizado del gobierno federal, creado en junio de 1965 “para diseñar, construir y operar terminales aeroportuarias”. Se prevé que en los 10 meses que le restan a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se sumen más terminales al control de la Sedena o la Semar. Por lo pronto, ASA informó que está en estudio el proyecto para traspasar a las Fuerzas Armadas otros dos aeropuertos:
los de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y el de Nogales, Sonora, aunque todavía no se define fecha ni a cuál de las dos dependencias castrenses se les va a entregar su administración y operación. En la mira también está el Aeropuerto ADN de Monterrey, Nuevo León, cuya concesión venció el 12 de agosto pasado y el gobierno federal había amenazado con no renovarla. Sin embargo, como parte de las negociaciones con la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos se otorgó una prórroga de tres meses, que venció el 12 de noviembre, y después de dio una segunda prórroga de dos meses, misma que tiene fecha de caducidad de 12 de enero de 2024. En los títulos de asignación que otorgó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en favor de la Sedena y la Semar se establece que la administración, operación, explotación y, en su caso, construcciones que se realicen en los aeropuertos, así como la prestación de los servicios, estarán sujetas “enunciativa y no limitativamente” a lo dispuesto por la Constitución Política mexicana y los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Sun
