El Mundo del Derecho No. 9

Innovando hoy, para la justicia del mañana

60 SCJN : días de trabajo

CONSEJO EDITORIAL

ANTONIO

HOLGUIN ACOSTA

VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES

FRANCO CARREÑO DIRECTOR GENERAL

MANUEL PÉREZ PAZ Y PUENTE COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES

JOSÉ GUILLERMO SILVA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO

ROMINA RAYES EL KANTAR COORDINADORA LEGAL

ADRIÁN PALMA DIRECTOR CREATIVO

JUAN CARLOS CELAYETA DIRECTOR COMERCIAL Y DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ARMANDO KASSIAN DIRECTOR DIGITAL

EDITORAS

CLELIA HIDALGO / ISABEL OLAYA

COEDITORES GRÁFICOS

ISMAEL ESPINOZA SUÁREZ / PEDRO ORTIZ / PATRICIA PÉREZ / ARELI SÁNCHEZ

ILUSTRACIÓN

IVÁN BARRERA / NELLY VEGA / DANTE ESCOBAR / JORGE PEÑALOZA / ALEJANDRO OYERVIDES

17650. Registro en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación: Pendiente. Impresa por: LITOPROCESS, SA de CV. Calzada San Francisco Cuautlalpan 102A, Colonia San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan de Juárez, Estado de México, CP 53569 Distribuida por: Omar Gutiérrez Rivero Lago Chiem No. 142, Interior A 4, Colonia Anáhuac Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11320 CONSEJO CONSULTIVO / ADRIANA GREAVES / ALBERTO NAVA / / ALIL ÁLVAREZ ALCALÁ / AMBROSIO MICHEL / / ANTONIO HOLGUÍN TINOCO / / ANTONIO PRIDA / ARMANDO CISNEROS OROPEZA/ / BERTHA ELENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ / / BRUNO PACHECO ÁLVAREZ / CLARA LUZ ÁLVAREZ / / CLAUS VON WOBESER / CLAUDIA DE BUEN / / DIEGO VALADÉS / EBER BETANZOS / / ESTEFANÍA MEDINA / FRANCISCO ARROYO VIEYRA / / GUILLERMO VALLS ESPONDA / JAVIER MARTÍN / /JORGE NADER KURI / JOSÉ ARTEMIO ZÚÑIGA MENDOZA / / JOSÉ LUIS AYOUB PÉREZ / JOSÉ LUIS CERVANTES MARTÍNEZ / JOSÉ MARIO DE LA GARZA /JOSÉ RAMÓN COSSIO / / JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA / / JULIO HERNÁNDEZ BARROS / LETICIA BONIFAZ / / LIGIA GONZÁLEZ / LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ / / LUIS DE LA BARREDA / LUIS PEREDA / / LUIS RAÚL GONZÁLEZ / MAURICIO JALIFE / / MANELICH CASTILLA CRAVIOTTO / MIGUEL ONTIVEROS / / OMAR GARCÍA HARFUCH / RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ / / RAFAEL RUIZ MENA / RAÚL ARROYO / / RAÚL CONTRERAS / RICARDO GARDUÑO LÓPEZ / / RICARDO SODI / SEGUNDO GARCÍA / SERGIO ALONSO RODRÍGUEZ / SERGIO HUACUJA / SERGIO LÓPEZ AYLLÓN / / VÍCTOR OLEA /

CONFIANZA, CERTIDUMBRE

y la Función Jurisdiccional

asados los primeros 60 días de que asumieron sus cargos las y los nuevos juzgadores electos como consecuencia de la reforma constitucional que replanteó las bases del Poder Judicial en nuestro país, es claro que no se materializaron los peores escenarios que auguraban la parálisis y el colapso de los sistemas de impartición de justicia. Desde el 2 de septiembre se hizo evidente, entre otras cosas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía seguir operando, que la labor de los distintos juzgados y tribunales no se vería interrumpida y que el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, si bien tendría frente a sí múltiples retos y desafíos, estaba en condiciones de cumplir sus objetivos. No obstante ello, también empezó a ser notorio el hecho de que, al margen de esa continuidad operacional, el gran reto que marcaría el inicio de esta nueva etapa de la labor jurisdiccional sería el que las personas juzgadoras designadas y los órganos recién creados o renovados, pudieran ganar la confianza de la sociedad y generar certidumbre sobre su capacidad, imparcialidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones.

La impartición de justicia es uno de los pilares fundamentales para lograr una convivencia pacífica entre las personas y construir una sociedad que se sustente en la estabilidad de sus instituciones, el respeto de la ley y la vigencia de los derechos humanos; sin embargo, existen diversos factores que pueden minar la confianza de las personas en quienes desarrollan la función judicial, debilitando con ello el papel y alcance real de la misma.

Percepciones no siempre fundadas de que los jueces son influenciables por intereses políticos o económicos, la falta de transparencia en los procesos, decisiones motivadas por intereses personales o grupales, o inclusive, sobre

la existencia de corrupción dentro del sistema judicial, son algunos de los factores que erosionan la credibilidad y la confianza de las personas en la judicatura. La opacidad o la poca comunicación sobre los procedimientos y resultados también contribuyen al escepticismo y generan incertidumbre sobre la utilidad y pertinencia de su actividad. Cuando estas situaciones prevalecen, la población puede llegar a considerar que las decisiones judiciales son injustas, parciales o ilegítimas, lo que provoca rechazo y deslegitimación, todo lo cual va en contra de los objetivos que tuvo la llamada “reforma judicial”. La confianza es producto de una construcción en la que intervienen varios elementos, entre los que destacan la formación profesional, la independencia y la transparencia como pilares fundamentales. El conocimiento técnico y jurídico de las personas juzgadoras les permite emitir sentencias más sólidas y coherentes, que interpretan la ley de manera correcta y justa, ante una sociedad cada vez más compleja que exige que los jueces comprendan las nuevas lógicas, principios y valores que surgen en áreas como la tecnología y los derechos humanos. La profesionalización permite a los jueces adaptarse a estos cambios y ese es uno de los aspectos que tendrán que fortalecerse y evidenciarse en esta nueva etapa del Poder Judicial. Una carrera judicial basada en el mérito garantiza que los puestos sean ocupados por personas con las capacidades y conocimientos necesarios. Esto, a su vez, avala la calidad de las sentencias y una justicia más humana, generando certidumbre y confianza. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia ocupa un papel central, ya que es la máxima autoridad judicial encargada de interpretar, aplicar y defender la Constitución y las leyes del Estado. La legitimidad y autoridad de la Corte no dependen únicamente de su compe-

tencia técnica o de sus decisiones, sino, en gran medida, de la confianza que la ciudadanía le otorgue. Sin confianza, incluso las instituciones más sólidas se vuelven vulnerables y la impartición de justicia pierde su papel y carácter de garante de derechos y de equilibrio del poder. Cuando la población confía en la Corte, se fortalece el Estado de Derecho, puesto que las leyes y las decisiones judiciales son respetadas y aceptadas por la ciudadanía.

La confianza ejerce un efecto pedagógico y legitimador, promoviendo el cumplimiento voluntario de las normas y evitando la desobediencia civil y la impopularidad de las leyes La percepción de independencia, imparcialidad, transparencia y correcta administración por parte de nuestro Máximo Tribunal es esencial para que los ciudadanos crean en su autoridad y en la justicia que imparte.

De igual forma, otra de las funciones más relevantes de la Suprema Corte es garantizar la certeza jurídica; es decir, que las leyes y decisiones judiciales sean previsibles y consistentes. La certidumbre permite a ciudadanos, empresas y organizaciones planificar

sus actividades sin miedo a cambios arbitrarios o decisiones imprevisibles que puedan afectar sus derechos o sus negocios. Cuando la población percibe que el sistema judicial es estable y confiable, aumenta la inversión, la estabilidad económica y la cohesión social, puesto que todos saben qué esperar y confían en la protección de sus derechos. La incertidumbre jurídica, por el contrario, genera inseguridad, desconfianza y desmotivación para cumplir las leyes o realizar actividades productivas.

Para fortalecer la confianza, la Suprema Corte debe actuar con transparencia, imparcialidad y respeto irrestricto por los derechos humanos. Esto implica publicar y explicar claramente sus criterios y el fundamento de sus decisiones, promover mecanismos de rendición de cuentas, así como fortalecer la independencia judicial frente a presiones externas. Además, es fundamental que la Corte tenga una comunicación efectiva, explicando los procesos judiciales y la importancia de sus funciones. La confianza también se construye con la formación y capacitación continua de los jueces, que deben actuar con ética, profesionalismo y sensibilidad social, todo lo cual debe ser conocido y constatado por la ciudadanía.

La confianza y la certidumbre en la función jurisdiccional son pilares inquebrantables que, al tener como cimientos la integridad y la justicia, allanan el camino hacia un sociedad más equitativa y ordenada.

Cuando las decisiones judiciales respetan los derechos fundamentales y atienden las necesidades sociales, la población se siente protegida y representada por sus instituciones. Esto genera un ambiente de paz social, reduce conflictos y favorece la gobernabilidad, además de constituir un entorno propicio para que las actividades económicas y las inversiones se preserven y consoliden. La responsabilidad de las instituciones judiciales no sólo reside en emitir fallos justos, sino también en que la sociedad los perciba como tales. Sólo así la justicia podrá cumplir su papel de protectora de derechos, garante de la igualdad y promotora del bien común. Esos son algunos de los retos del Poder Judicial en esta nueva etapa.

antonio.holguin @elheraldodemexico.com

Antonio Holguin

Una justicia

EFICIENTE, CERCANA Y TRANSPARENTE

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LA CREACIÓN DEL ÓRGANO DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

BUSCA DAR CERTIDUMBRE Y TRANSPARENTAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS CON MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA

riales se asignen de manera equitativa”. Lejos de ser una instancia distante, el OAJ impacta directamente en la vida de las personas justiciables, cuando un tribunal carece de personal suficiente, cuando no hay tecnología adecuada, cuando los procesos administrativos son lentos o ineficientes, quienes más lo resienten son las personas que buscan justicia. Por eso, la administración judicial es esencial para garantizar los derechos de la ciudadanía, y se ejerce con un órgano que corrobore que cada pieza del sistema funcione con orden y estructura, porque solo así, el derecho puede convertirse en realidad cotidiana.

La reciente reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación ha creado una oportunidad histórica para transformar el sistema de justicia y reconciliarlo con las personas. Este nuevo capítulo está marcado por la creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), institución que surge ante la extinción del Consejo de la Judicatura Federal y que representa mucho más que un rediseño institucional: simboliza el compromiso con una justicia más cercana, transparente y eficiente, centrada en las necesidades reales de la ciudadanía. Durante tres décadas, el Consejo de la Judicatura Federal concentró las funciones administrativas, disciplinarias y de vigilancia de jueces y magistrados. La reforma al Poder Judicial replantea el diseño anterior con la firme convicción que la justicia debe generar instituciones eficaces, claras y responsables ante la sociedad.

El principal objetivo del recién creado Órgano de Administración Judicial es eficientar los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial, con nuevas reglas de transparencia, control y rendición de cuentas. Así nace el OAJ, con el fin de asegurar que la operación jurisdiccional no se vea entorpecida por obstáculos administrativos. El OAJ tiene como misión clara y contundente “Garantizar que los tribunales y juzgados funcionen de manera adecuada, que el presupuesto se utilice con responsabilidad y que los recursos humanos y mate-

ASPECTOS BÁSICOS DEL OAJ

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Reconocer la administración judicial como parte esencial de la impartición de justicia

A través de mecanismos de coordinación interinstitucional, planeación del gasto con criterios de equidad, modernización tecnológica y reingeniería de procesos, el OAJ construye las condiciones que permiten a las juezas y jueces impartir justicia de forma independiente, pronta y efectiva.

CARRERA JUDICIAL Y PREPARACIÓN,

UNA VOCACIÓN DE SERVICIO

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Que la función jurisdiccional no sea entorpecida por obstáculos administrativos

Consolidar una cultura de transparencia interna y mejora regulatoria

Mucho se ha debatido sobre el futuro de la carrera judicial. Algunas voces han llegado a afirmar que ésta desapareció con la reciente reforma al Poder Judicial. Sin embargo, su esencia permanece y se fortalece día a día gracias a las personas servidoras públicas que la integran. Su compromiso, vocación de servicio y constante capacitación hacen posible que la justicia federal sea una realidad tangible al servicio de la ciudadanía. Si bien la reforma judicial instauró un nuevo modelo de acceso a los cargos de juezas y jueces federales, actualmente coexisten en el sistema personas que llegaron a esos cargos a través de la carrera judicial, junto con quienes ingresaron bajo el nuevo esquema. Esta combinación ha dado lugar a un servicio de justicia plural, con perfiles diversos, comprometidos y complementarios, cuyo intercambio de experiencias enriquece el quehacer jurisdiccional y le otorga un profundo sentido institucional. El trabajo cotidiano de las nuevas personas juzgadoras, que provienen de distintos ámbitos del ejercicio jurídico, aporta también una mirada renovada. Su integración con quienes tienen una sólida trayectoria judicial amplía la visión

Por Lorena Josefina Pérez Romo

Facebook: Lorena Romo

tradicional del quehacer jurisdiccional, permitiendo una comprensión más profunda de la realidad social a la que sirve la justicia.

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La justicia requiere instituciones eficaces, claras y responsables.

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La administración judicial es básica para garantizar los derechos ciudadanos. No se puede defraudar la confianza ciudadana que eligió a los nuevos juzgadores mediante el voto

En este contexto, el Órgano de Administración Judicial enfrenta el desafío y la oportunidad de fortalecer la carrera judicial y especialización, consolidando su carácter como una auténtica vocación de servicio. Su misión es incentivar en todas las personas servidoras públicas jurisdiccionales el compromiso con la atención a la ciudadanía y la convicción de que la justicia se construye cada día, con profesionalismo, cercanía y responsabilidad social.

A LA ALTURA DE LAS NUEVAS GENERACIONES

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La vocación de servicio y la formación especializada son indispensables para la impartición de justicia

Otros de los retos del OAJ son la modernización tecnológica, la planeación del gasto con criterios responsables de equidad y la profesionalización del personal jurisdiccional. También, consolidar una nueva cultura de transparencia interna y mejora regulatoria, en que la información sobre presupuestos, contrataciones y decisiones administrativas estén al alcance de todos

La independencia de las personas juzgadoras es un desafío permanente y que no tolerará pretextos. El mensaje debe ser claro y contundente hacia dentro y afuera: no se trata de un poder cerrado sobre sí mismo, sino de una institución fundamental de la democracia mexicana y que responde al escrutinio público.

Y como integrante de este nuevo Órgano de Administración Judicial quiero expresar mi compromiso, porque estoy convencida que estamos frente a una oportunidad histórica: reconciliar al Poder Judicial Federal con el pueblo de México. Juntos, podemos demostrar que el acceso a la justicia no empieza en una sentencia o con un juicio, sino en la sensibilidad que cada caso tiene detrás una historia de vida, un impacto en el quehacer cotidiano de las personas, de las familias mexicanas. Hoy debemos humanizar la impartición de justicia. Y para ello, es necesario hacer un llamado a la sociedad, la transformación de la justicia es un trabajo compartido. La gente debe informarse e involucrarse con este nuevo Poder Judicial, porque la justicia no pertenece a las y los juzga-

LOS DESAFÍOS

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

PLANEACIÓN DEL GASTO CON CRITERIOS RESPONSABLES DE EQUIDAD

PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL JURISDICCIONAL

CONSOLIDACIÓN DE UNA NUEVA CULTURA DE TRANSPARENCIA.

dores; sino a las personas que la exigen. Por eso, conocer el funcionamiento del nuevo órgano y dar seguimiento puntual a la carrera judicial y especialización es un acto ciudadano.

Construyamos juntos un nuevo equilibrio en el Poder Judicial. Tener leyes innovadoras no lo es todo; se requiere una administración que las ejecute estratégicamente.

Las y los que integramos el nuevo Órgano de Administración Judicial sabemos que nuestro trabajo es observado con lupa por todas las personas que están atentas a que el sistema de justicia sea transparente y confiable. La ciudadanía eligió mediante voto libre y secreto a las personas que velaran por la justicia mexicana, no podemos defraudar esa confianza. Por eso, el éxito del OAJ dependerá no sólo de sus estructuras internas, sino del compromiso ético y profesional de quienes estamos en él y con una visión al exterior. El nuevo Órgano de Administración Judicial no es un punto de llegada, es el punto de partida a una nueva forma de entender el Poder Judicial mexicano, sólo requerimos tiempo para demostrarlo.

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Abogado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Justicia Electoral y Constitucional.

Maestro en Derecho Constitucional, Universidad Castilla-La Mancha. Director del Centro de Investigación e informática jurídica de la Escuela Libre de Derecho.

Miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

HERRAMIENTA DE ESTUDIAR DERECHO:

TRANS FOR MACIÓN TRANS FOR MACIÓN

PARA ARTURO RAMOS SOBARZO EL DERECHO ES UN CAMPO DE POSIBILIDADES EN DONDE LA PERSPECTIVA CRITICA Y LA MIRADA PROPOSITIVA SE ENCUENTRAN

n una actualidad en la que se discute sobre el nuevo entorno donde se llevara a cabo la función jurisdiccional, también se plantea la necesidad de actualizar el papel de las instituciones académicas deben jugar en el mismo. Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho en entrevista para El Mundo del Derecho nos platica sobre la visión que debe tener la enseñanza del Derecho y la investigación jurídica en este contexto.

¿Qué papel juega la investigación en el modelo de enseñanza de la Escuela Libre de Derecho?

Desde hace más de 20 años, la institución se ha preocupado por la investigación como parte de su modelo educativo. El derecho debe verse como un campo para encontrar posibles respuestas a los grandes problemas del País, los cuales deben verse, por una parte, desde una postura crítica, pero a la vez con una mirada propositiva que permita encontrar los caminos que, desde el ámbito legal, puedan realizarse para dar respuesta a los mismos, lo cual es parte de la investigación jurídica de calidad. En este sentido, hemos tratado de darle seguimiento a cada uno de los temas de coyuntura, realizando diferentes tipos de investigación, con profesores como Martín Díaz y Díaz, Elisur Arteaga Nava y otros tantos que han tenido una obra muy relevante y que la escuela a apoyado y reconocido.

Lo que se busca es que la investigación sea un ámbito dentro de la actividad de la escuela que acompañe a nuestro alumnado en su formación, lo cual consideramos muy importante.

Pese a que no todos nuestros egresados van a centrar su actividad profesional en el área de investigación en la Libre de Derecho se privilegia la investigación como opción de titulación, buscando una formación integral para nuestros alumnos

Como institución creemos que, al margen de lo que vayan a dedicarse, la investigación es un requisito y área que todos los alumnos deben conocer y por ello

Por Clelia Hidalgo

Md

1912

l AÑO EN QUE

FUE FUNDADA LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO.

hemos inyectado y fortalecido tales actividades con metodología de vanguardia y el uso de nuevas tecnologías.

Al Centro que dirijo, en concreto, le toca incidir en ese trabajo que va a marcar la vida profesional de nuestras alumnas y alumnos, lo cual hay que hacer considerando un componente ético de responsabilidad y corresponsabilidad entre ellos y la Institución.

¿Cuáles son los retos para las nuevas generaciones?

ELEMENTOS CLAVE

1973

l AÑO EN QUE

EMPIEZA A FUNCIONAR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

JURÍDICAS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO

Decir que el Derecho importa. Estudiar Derecho debe ser un medio y recurso incluso, de transformación; es responsabilidad de las universidades aportar herramientas para concretar esa meta y dotar a nuestro alumnado de la formación y recursos necesarios para ello.Recuerdo que un libro de Manuel Atienza habla de que el Derecho debía tener una vocación de transformación, sobre todo en los aspectos sociales Esta corriente que viene del constitucionalismo sudafricano habla de transformaciones que se gestan desde el Derecho Constitucional, lo cual creo sucede en la practica.

Eso ocurrió, de alguna manera, con la reforma de derechos humanos de 2011, donde desde el Derecho se influyó y pretendió dar respuesta a los problemas mexicanos. Nuestro reto es hacer que quienes estudian Derecho, en esta y en otras Universidades, lo vean como un factor de cambio y cuenten con responsabilidad y compromiso social.

¿Cuáles son los retos actuales en materia de Derecho Electoral?

Ha habido un desgaste innecesario de las instituciones electorales, pero también debe de existir una reflexión sobre cómo debería ser nuestra democracia, porque el Derecho está vinculado a ella Hoy en día exigimos que la Judicatura nos dé razones de por qué sigue algún precedente o por qué no lo sigue, cuando en un análisis meridiano pareciera que es invocable una u otra tesis.La certidumbre y predictibilidad de los pronunciamientos judiciales es cada día más importante.no sólo del lado de la judicatura, sino de los litigantes y la forma como la sociedad entiende y se involucra con sus funciones.

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Buscar una formación de calidad no solo en lo Académico sino también en aspectos éticos.

Ver la investigación jurídica como una parte de la formación integral del alumnado.

Propiciar el conocimiento y uso de nuevas tecnologías con altos estándares éticos.

Lograr que estudiar Derecho sea redituable para los alumnos y también para la sociedad.

¿Qué tan necesario es fortalecer la investigación jurídica actual en México?

Estamos en un periodo importante de hacer investigación, nunca sobrará y siempre hará falta. Tratamos de influir y creo que ha habido aportaciones importantes, pienso en el estudio que hicimos a propósito de la Reforma Judicial fue muy oportuno, buscamos estar presentes con la investigación y generando mesas de debate en la Escuela Libre de Derecho y en otras instituciones.

Nuestros profesores participan continuamente en temas en materia penal,

“Estamos en un periodo importante de hacer investigación. Nunca sobrara y siempre hará falta”.

de derechos humanos, de derecho constitucional y derecho electoral. Podemos decir que no somos muchos, pero sí, sustanciosos.

Hemos procurado tener presencia en esos ámbitos. Otro aporte reciente es el boletín jurídico práctico, el cual tiene una visión muy pragmática. Ésa fue una idea del rector Emilio González de Castilla para hacer investigación muy puntual, con temas de coyuntura.

¿Cómo inciden las nuevas tecnologías en la formación y conducta ética en la Escuela?

CAMPOS DE ACTUACIÓN

“Buscamos estar presentes con la investigación y también generando mesas de debate en la Escuela Libre de Derecho y en otras instituciones”

Estamos trabajando en ello desde nuestro perfil de ingreso. El componente ético es muy importante en todas las etapas y procesos de formación. Aun cuando esta escuela es muy oral, queremos ver a las nuevas tecnologías como herramientas de apoyo y fortalecimiento para la educación que impartimos. Desde el centro hemos trabajado bajo la guía de la rectoría en una manera de cómo utilizar y aprovechar estas tecnologías sin perder de vista el aspecto ético. Por ejemplo, hemos investido desde hace algunos años en sistemas antiplagio, con lo cual buscamos prevenir tales practicas sin inhibir la utilización de sistemas informáticos y bases de datos de vanguardia.

¿Consideras que la Inteligencia Artificial sustituirá al buen investigador? Hay un debate interesante en la Escuela. El Derecho tiene que ser responsable de cómo utilizar esas tecnologías y en la Escuela ya estamos trabajando sobre ello. Hemos tenido proyectos importantes de egresados, que inclusive han creado herramientas jurídicas basadas en la inteligencia artificial, donde interactúan los sistemas informáticos con los abogados en el desarrollo de actividades profesionales. Quienes egresan de la Escuela Libre de Derecho deben tener una formación integral que propicie que los estudios que han realizado les sean redituables, pero también que para México y su sociedad sea redituable contar con abogados con este tipo de preparación.

DATOS CLAVE

La ELD tiene por objeto la enseñanza, la investigación y la difusión de las Ciencias Jurídicas y sus auxiliares. Desde su fundación a promovido la investigación, entre otras formas, a traves de la exigencia académica de las tesis profesionales.

Arturo Ramos Sobarzo

l MILLONES DE VOTOS OBTUVO

HUGO AGUILAR, ACTUAL PRESIDENTE DE LA SCJN.

LA TRANSICIÓN

l AÑOS PERMANECERÁN EN SU CARGO LOS NUEVOS MINISTROS, SEGÚN CADA CASO.

l MINISTROS SON QUIENES

l MILLONES DE MEXICANOS VOTARON EN LA ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL. 9 6.2 8 a 11 13

INTEGRAN LA NUEVA CORTE, 5 MUJERES Y 4 HOMBRES.

AD MINIS TRA TIVA

AD MINIS TRA TIVA

DE LA SCJN

ANTE LA NUEVA ESTRUCTURA Y MARCO NORMATIVO DE LA SCJN, EN ESTE ARTÍCULO, ESCRITO EN EL CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN, EL AUTOR HACE UN ANÁLISIS

SOBRE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL

Conforme la normativa previa a la reforma Constitucional de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era mucho más que un tribunal, ya que también era un complejo órgano administrativo que contaba con un buen número de unidades que cumplían esencialmente dos grandes propósitos: 1) dotar los servicios necesarios para que tanto las dos salas como el tribunal pleno, funcionen adecuadamente (me refiero a la Corte antes de la reforma judicial de 2024), y 2) ofrecer diferentes servicios a la comunidad jurídica en general. Sin embargo, esta enorme organización llegó a su fin con la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024 y su régimen transitorio, con base en la cual el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales sufrieron una transformación radical, no sólo en lo que respecta a la función propiamente jurisdiccional, sino también en cuanto a su administración interna.

El caso de la SCJN es particularmente interesante, no sólo porque se trata del máximo tribunal del país, sino también porque de ella dependía un enorme aparato burocrático que estaba a cargo de diferentes instituciones dedicadas a la difusión de la cultura jurídica. Ese entramado institucional implicaba, como era natural, una enorme cantidad de plazas de trabajo que demandaban personal altamente cualificado. Ésta es una radiografía del esqueleto de lo que era ese gran organismo burocrático (https://www.scjn.gob.mx/ conoce-la-corte/organigrama).

En números redondos, dejando fuera a los ministros, el aparato administrativo de la SCJN se componía por seis órganos de máximo nivel de los que dependían 26 unidades administrativas con el nivel de Dirección General, más la Subsecretaría General de Acuerdos y la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, todos dependientes de la Presidencia.

Roberto Lara Chagoyán

Doctor en Derecho, Universidad de Alicante.

Licenciado en Derecho, Universidad de Guanajuato.

Hasta antes de la reforma judicial, el presidente o presidenta de la SCJN había sido la figura con todo ese poder, porque era la cabeza de todo ese aparato administrativo. No obstante, en este nuevo escenario, esta concentración del poder ha terminado, porque la nueva legislación ha desincorporado de la Presidencia de la SCJN todo este enorme aparato burocrático. No obstante, si algo nos ha enseñado la historia, es que el poder no se pierde, cambia de manos, pero sigue siendo poder. Por ello, en estos momentos de transición, se hace legítima la siguiente pregunta: ¿a dónde irá a parar todo este poder? Para responderla, conviene tener presentes algunos de estos cambios:

● El presidente o presidenta de la SCJN queda fuera del recién creado Órgano de Administración Judicial (antes Consejo de la Judicatura Federal).

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

● La administración de la SCJN pasa a manos del Órgano de Administración Judicial a través de un órgano auxiliar denominado “Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (artículos 103 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF (PRESIDENTA)

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITES DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES

Profesor e Investigador en Derecho del Tecnológico de Monterrey.

● Ocho de las 18 atribuciones de la Unidad de Administración de la SCJN se reducen a meras propuestas; será el Órgano de Administración Judicial quien tome las decisiones de fondo.

● Desaparecen las salas de la SCJN para quedarse sólo con el Tribunal Pleno, con lo cual quedan eliminadas las plazas administrativas dependientes de las secretarías de acuerdos de ambas salas.

● El número de ministros se reduce de 11 a nueve.

Si se mira bien, la mayoría de las facultades de la nueva Unidad de Administración de la SCJN se refiere a cuestiones de carácter laboral, operación y servicios, pero nada dice acerca de ninguna de las plazas que actualmente contempla el organigrama administrativo. ¿Van a mantenerse todas y cada una de las direcciones generales, secretarías, casas de la cultura jurídica y demás unidades administrativas? Si esto fuera así, ¿de quién dependerán? ¿Serán trasladadas al Órgano de Administración Judicial o permanecerán en el entorno de la SCJN? ¿Cómo será la definición final del nuevo organigrama de la SCJN? Todas estas interrogantes nos hacen pensar, como ciudadanos, en el futuro inmediato de nuestro más alto tribunal. Lo único cierto es que las funciones jurisdiccionales tendrán que seguir, junto con las áreas de apoyo a la

MINISTRO JUAN L. GONZALÉZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA

COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MINISTRO ALBERTO G. PÉREZ DEYÁN

MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA TV CANAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTRUCTURA DE LA SCJN

PREVIA A LA REFORMA DE 2024

UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE RESPOSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA Y PROTOCOLO

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA UNIDAD DE ALCANCE CON LOS PODERES FEDERALES

UNIDAD GENERAL DE CONOCIMIENTO CIENTIFÍCO Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS-FARJAT VACANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

MINISTRO JAVIER LAYNES POTISEK (PRESIDENTE)

OFICIALÍA MAYOR CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMNISTRATIVAS Y DE REGISTRO PATRIMONIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CARA NUEVA

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DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

función jurisdiccional, a saber: la Secretaría General de Acuerdos y su subsecretaría, así como la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. Del resto, no podemos sino hacer inferencias y reflexiones, puesto que del contenido de los cambios normativos no se puede obtener más información. Habrá que esperar a los nuevos acuerdos generales y a las reglas de operación que dicte el Órgano de Administración Judicial.

Una primera reflexión tiene que ver con la presidencia de la SCJN, ocupada por Hugo Aguilar Ortiz. Éste es un cargo de la máxima relevancia no sólo jurídica, sino también política. Esto es así, porque, como se ha señalado, es mucho el poder de decisión, operación y mando de la figura presidencial. A mi juicio, la comunidad jurídica y la opinión pública siguen pensando en Hugo Aguilar Ortiz como el sustituto exacto de Norma Lucía Piña Hernández, pero esto no es así. Es obvio que el poder del nuevo presidente será mucho menor; sin embargo, desde ya, goza de más popularidad. El poder simbólico de la presidencia se mantiene o, incluso crece, pero el poder operativo disminuye. Como segunda reflexión, pensemos en los puestos operativos de primer nivel, como son la Secretaría General de la Presidencia, la Coordinación de Asesores de la Presidencia, la Oficialía Mayor y la Contraloría. Cada uno de ellos es responsable del funcionamiento de la SCJN en sus diferentes facetas: el flujo de los expedientes, la organización de los turnos, el desarrollo de los procesos jurisdiccionales, la estadística judicial, la comunicación social, la transparencia y un largo etcétera. Se trata de plazas sumamente atractivas desde cualquier punto de vista. Los ministros

y ministras que integran la nueva conformación de la Corte no son ajenos a esta realidad. Son ellos y ellas quienes están más cerca de estos puestos de trabajo, quienes en buena medida han seguido operando desde el 1º de septiembre de 2025. Si bien, desde el punto de vista normativo, el nuevo presidente no será más el jefe máximo de todo este aparato burocrático, lo cierto es que todos los integrantes de la Corte podrán, de facto, serlo. Cabe la posibilidad de que se repartan entre todos ellos los puestos de trabajo, tomando el ejemplo del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para ello, podrían usar dos argumentos: 1) que la Presidencia debe cambiar cada dos años, de acuerdo con el artículo 94, párrafo tercero, de la Constitución, por lo que no sería funcional que el presidente continuase a cargo de esos puestos; y 2) que todos y cada uno de los ministros y ministras cuentan con la legitimidad democrática necesaria para estar a cargo de dichas áreas. Finalmente, como tercera reflexión, conviene recordar la amplia gama de servicios jurídicos, más allá de las funciones propiamente jurisdiccionales, que hasta la fecha ha brindado la SCJN. Me refiero a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, al Centro de Estudios Constitucionales, al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y a la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, por sólo mencionar algunas. Muchos estudiantes de Derecho, abogados litigantes, investigadores, trabajadores y público en general disponen diariamente de espacios servicios de consulta, archivos, bibliotecas, mesas redondas, conferencias, congresos, protocolos de derechos humanos, leyes, tesis, jurisprudencia y un largo etcétera, gracias a la SCJN.

No está de más recordar que detrás de esta reforma radical existe un discurso cargado de prejuicios acerca de los supuestos privilegios anidados en el Poder Judicial. Pronto se verá si las nuevas autoridades consideran que todos estos servicios son genuinamente necesarios o si simplemente serán considerados como una especie de botín político; aunque cabe también la posibilidad de que finalmente sean desmantelados como tantas otras cosas en nombre de la “transformación”.

Dicho todo lo anterior, la pregunta sigue en el aire: ¿a dónde irá a parar todo el poder que actualmente detenta la SCJN?

La presidencia de la SCJN será rotativa con una duración de 2 años

Los nuevos integrantes del Pleno de la SCJN fueron electos por votación popular bajo un criterio de paridad de género. Los asuntos se resuelven únicamente en el Pleno de la SCJN. Las Salas que antes existían se suprimieron

EL MINISTRO PRESIDENTE

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

BUSCA CONSTRUIR

UNA INSTITUCIÓN QUE

IMPARTA JUSTICIA

CERCANA A LA GENTE EN CONDICIONES MÁS

DIGNAS PARA TODAS Y TODOS

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien representa actualmente a todo un movimiento que se identifica con la renovación y una nueva perspectiva en el Poder Judicial, que ubica los recientes cambios como un punto de partida para que nuestro País sea diferente, platicó con El Heraldo de México sobre los retos que se presentan a sesenta días de asumir este cargo.

¿Qué espera dejar como legado? El pluralismo jurídico y la justicia real y verdadera. Sí damos un paso importante y sentamos las bases para alcanzar esto en el país estoy seguro de que una gran cantidad de mexicanas y mexicanos van a estar agradecidos y se van a sentir parte de este México que los ha excluido.

¿Qué es lo que más le preocupa en la implementación de los cambios en el Poder Judicial?

JURÍ DICO

LA MISIÓN: Y LA JUSTICIA REAL EL PLURALISMO

JURÍ DICO

Generar cambios profundos no es fácil. De pronto uno entra en una situación de estancamiento en que la inercia se impone y, romper esas inercias para poner un sello distinto y permearlo en un aparato como el Poder Judicial, es el principal reto, pues es algo complejo. Somos mexicanos privilegiados porque podemos tomar una decisión hacia el actuar correcto, lo cual pasa por la construcción de lo colectivo. Hoy, muchos de los que antes éramos observadores, estamos en una posición de toma de decisión y debemos de pensar que somos una parte del País que puede marcar la diferencia, pero para ello es necesario actuar bajo nuevas lógicas y principios que dejen atrás la inercia institucional, para que el cambio no quede en solo una aspiración y fallemos a la confianza que han depositado en nosotros las personas.

¿Cómo ve las cosas con los jueces, magistrados y ministros quienes inician esta nueva etapa en el Poder Judicial? Se siente el peso de la responsabilidad. No creo que haya un juez, magistrado o ministro, que después de tomar posesión, no sienta el peso de cumplir con

Redacción

FOTO: Pablo López

l COMUNIDADES INDÍGENAS EN CONFLICTO AGRARIO FUERON DEFENDIDAS POR HUGO AGUILAR, ENTRE 1996 Y 2010.

25 6

‘Ahora para que alguien tenga audiencia en la Corte no necesitan manifestarse. Es cosa de que lo soliciten, ajustar los tiempos y serán bienvenidos quienes tengan una expectativa legítima de obtener justicia’ .

HUGO AGUILAR ORTIZ

l MUNICIPIOS REPRESENTÓ CUANDO INTERPUSIERON CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ANTE LA SCJN EN 2001 Y 2002.

Su trayectoria se sustenta en la reflexión y defensa de los derechos indígenas, sociales y de sectores vulnerables.

las expectativas y deseos de justicia de la ciudadanía; es una primera premisa. Lo que se vive en la Corte es lo mismo que en el resto del Poder Judicial: un ánimo renovado. La función esencial no cambia; seguiremos viendo expedientes y resolviendo asuntos, pero ahora bajo una perspectiva que nos obliga a conectar con la realidad, con la persona, con el colectivo, con la problemática social y también detrás del expediente. Si logramos este trance, estaremos dando un paso importante. El primer límite para ver cómo va permeando este proceso será el primero de septiembre de 2026. Estamos madurando la idea de tener un Plan Nacional de Justicia, con orientación a mediano y largo plazos en que se involucren todos los actores, porque la justicia tiene que ver con que la ciudadanía, incluidos por supuesto los pueblos

27 1,300

SERVIR AL PUEBLO UN TRABAJO SÓLIDO

Entre 1996 y 2010 fue asesor legal y defensor de 25 comunidades indígenas que enfrentaban conflictos agrarios.

indígenas y afromexicanos participen.La justicia real a la que aspiramos es una construcción colectiva y de responsabilidades compartidas. Es imposible que el Poder Judicial Federal construya el cambio en la justicia solo.

¿Cómo se ve la curva de aprendizaje en cuanto a los niveles de debate, qué tan largo se ve el proceso en términos de enseñanza?

Inició desde junio. Tuvimos la primera sesión formal el 11 de septiembre, pero en realidad era la sesión número 12 en que trabajaba esta nueva Corte. Ya había tenido la oportunidad de dialogar con todos los ministros y ministras, de debatir y adoptamos 13 acuerdos generales de la Corte, por lo que la curva de aprendizaje y el funcionamiento en el Pleno se dio antes de tomar posesión. No quiero decir que estemos al 100%, estamos aprendiendo a generar los consensos necesarios.

Es un cuerpo colegiado y requerimos de articular los distintos pensamientos y conformar el nuevo criterio de la Suprema Corte que se perfila para ser un criterio eminentemente social. Desde 1994, un presidente de la Corte no tenía ponencia. Antes, solamente dictaminaba los asuntos que proyectaban los ministros, pero no proyectaba sentencias; ahora no. Acabo de hacer mis primeros diez proyectos al Pleno y eso implica articular a quienes invitamos a ser parte de la ponencia y he tratado de entablar un equipo que imprima un sello adicional a cada asunto, con solvencia, con técnica y gente especializada en la elaboración de sentencias. Muchos ya estaban en la Corte, otros, son defensores de Derechos Humanos, especialistas en pueblos indígenas, mujeres y medio ambiente.

l DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN LAS QUE REPRESENTÓ MUNICIPIOS FUERON EN CONTRA DE LA LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN.

l POR CIENTO HA CRECIDO LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

l Hugo Aguilar en su Oficina ubicada en la sede de la SCJN en la Ciudad de México.

El haber llegado a este cargo siendo indígena ¿ha generado una reacción por parte de los pueblos indígenas?

Exponencialmente. Personalmente he recibido hasta ahora alrededor de 48 comunidades, autoridades, organizaciones, sindicatos, ambientalistas, líderes, etcétera. Han mencionado que es la primera vez que están aquí, pese a llevar de 10 o 15 años litigado sus asuntos Todas las personas llegan con la esperanza y expectativa de que vamos a atender sus asuntos con

mayor celeridad y resolviendo cuestiones de fondo. Así va a ser.

También ha habido un crecimiento exponencial de 1300% de atención al ciudadano de a pie, muchos, para recibir orientación en los asuntos, para canalizarlos en alguna gestión; y otros, se quedan con la defensoría de oficio o pasan a audiencias con ministros o la presidencia. Esto habla de la confianza renovada que tiene la sociedad con la nueva Suprema Corte.

IMPULSO AL COMPROMISO

‘Hago un llamado a los jueces y magistrados a dar un poco más, a conectar con la sociedad a la que le están sirviendo’.

‘No sólo fue el acto simbólico de abrir la puerta, sino permitir que la ciudadanía llegara al corazón de la Suprema Corte’.

‘La justicia no sólo es resolver un expediente. Quien juzga debe ser ejemplo de honestidad, rectitud y congruencia con los anhelos de la sociedad’.

‘Cada caso debe analizarse integralmente, con respeto del interés legítimo y social para tomar decisiones equilibradas y justas’

Las salas resolvían problemas y ahora desaparecieron, ¿cómo ve esto? Implica una nueva dinámica. Eran Salas que conocían de temas específicos y resolvían muchos asuntos, pues no tenían la necesidad de hacer audiencias o sesiones públicas frente a la televisión y eso agilizaba el debate. Los críticos decían que el funcionamiento en el Pleno iba a generar un cuellos de botella que iba a entorpecer el tramite de los asuntos, lo cual afortunadamente no ha pasado. Si revisamos los resultados del primer mes de trabajo, vemos que es posible tener cifras similares a las de la anterior Corte o inclusive mejores. Hay expedientes que son de resolución rápida que no requieren debate; hemos acordado que en reuniones previas se hacen los comentarios generales , de tal manera que se resuelvan rápido los asuntos sencillos, y los que requieren debate, análisis o sentar un criterio para la sociedad, les destinamos, sin restricciones, el tiempo que sea necesario para su atención debida.

También nos hemos puesto reglas para las intervenciones en Pleno, que sean de un máximo de 10 minutos y las estamos buscando cumplir, pero eso no nos limita si el asunto requiere más debate.

¿La ley es la ley?

Sí. México ha adoptado en los últimos años un conjunto de reformas que introducen principios entre los cuales, los de legalidad, igualdad y en general respeto a todos los derechos de las personas, son muy importantes

SU VISIÓN

Acercar la justicia a las personas, tomando en cuenta la realidad para hacerla útil y generar paz.

Yo creo que si logramos integrar a la ley con los principios y la realidad, vamos a encontrar la fórmula adecuada para alcanzar justicia real que buscamos. Aunque es un tema de debate, no podemos desconocer que el sólo cumplimiento de la ley no siempre resuelve de fondo un caso completo, por ejemplo, un conflicto entre municipios puede llevar más de 10 años y aun cerrando el expediente, no se soluciona el problema que lo origina.

En estos casos, he propuesto a la Corte que hagamos un exhorto a los gobiernos locales o a las comunidades en conflicto para buscar una solución de fondo.

Lograr que la justicia sea algo de lo que nadie quede excluido. La justicia no es un privilegio, es un derecho.

Reivindicar en la impartición de justicia, la pluralidad y la multiculturalidad de México.

¿Qué hacer con las decisiones y criterios de cada uno de los gobernantes?

Sigue vigente la apuesta por descifrar qué es el interés colectivo, el interés público y el social. Es una experiencia cotidiana en las comunidades indígenas. Sabemos que tenemos una individualidad, pero también vivimos en colectividad y en sociedades no muy grandes.

Construir el interés colectivo es posible mediante una asamblea donde se debate y entre todos lo decidimos. El reto está en una sociedad más grande, porque hay que tener principios y elementos para construir y descifrar ese interés.

Es por ello que la Corte va a establecer una metodología para ir construyendo estas definiciones. No es un reto sencillo, porque México es un país diverso, con profundas diferencias y donde hay un abismo entre los que tienen más y los que tienen menos.

LO QUE VIENE EN LA SCJN

2 3 2 3 1 1

Establecer y consolidar una nueva dinámica y actitud operativa y de servicio en la SCJN

Afinar el trámite de los expedientes para lograr mayores niveles de eficiencia.

Promover que la SCJN sea el eje de un Plan Nacional de Justicia para el País.

A más de un mes en el cargo como ministro presidente, ¿se ven avances? Sí. Los turnos están siendo más ágiles, puesto que antes se llevaba un tiempo de 45 a 60 días entre que entraba el documento a Oficialía de Partes de la Corte hasta que se ponía en la mesa de ministros. Hoy se ponen en 15 días y se puede bajar el tiempo aún más.

Iniciamos con los asuntos de las ministras que ya tenían expedientes proyectados y estamos alcanzando las cifras de la anterior Corte funcionando en Pleno y en salas. Anteriormente las salas resolvían alrededor de 60 asuntos al mes, 120 entre ambas, y el Pleno resolvía entre cinco y seis asuntos al mes. Hoy en 30 días resolvimos 116, estamos un poco debajo de la cifra anterior, pero esos números van a mejorar a futuro. Antes se estudiaban de ocho a diez asuntos a la semana y ahora el doble, para tener los asuntos que se van a llevar al Pleno.

Hay bastante compromiso, la mayoría del personal ha entendido la nueva dinámica. Estamos trabajando cuatro horas al día, cuatro días a la semana; antes funcionaban dos días y dos horas de sesión pública del Pleno.

En 50 años, ¿cómo quisiera verse en la historia del País?

Más allá de cómo ver mi persona, me gustaría sentar las bases y que se vea una justicia acorde con nuestra realidad, una justicia cercana a la gente, en condiciones más dignas para todos y todas. Si eso ocurre, habremos cumplido nuestra misión.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN

LA ERA

Por Guillermo A. Tenorio Cueto

LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DE LA CONSTITUCIÓN ESTABLECEN LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. DESDE 1993 CADA 3 DE MAYO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. LA ONU CONSIDERA QUE EL PERIODISMO ES FUNDAMENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA. ASPECTOS CLAVE

LA ERA DIGITAL

HDIGITAL

EL AUTOR ANALIZA LOS DIVERSOS ESCENARIOS EN QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO SE VE AMENAZADA, SOBRE TODO, EN ESTA ÉPOCA DE CONSTANTES AVANCES TECNOLÓGICOS

ablar de libertad de expresión en México nunca ha sido sencillo. Este derecho, que constituye uno de los pilares de toda democracia, se encuentra hoy en medio de transformaciones profundas provocadas por la revolución tecnológica. La manera en que nos informamos, conversamos y construimos conocimiento ya no depende solo de leyes o instituciones, sino también de algoritmos, plataformas y dispositivos que median casi toda nuestra comunicación. En este escenario, defender la libertad de expresión exige reconocer nuevos riesgos y diseñar respuestas acordes a

l ES EL LUGAR QUE OCUPA MÉXICO EN LA CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA.

nuestra realidad. La discusión ya no se limita al clásico debate entre censura y libertad: ahora involucra actores globales, dinámicas digitales y desigualdades históricas que, si no se atienden, pueden ampliar las brechas existentes en nuestra sociedad. En ese sentido proponemos cinco grandes retos que pueden propiciar la conversación.

El primero de ellos y quizá uno de los retos más visibles es la concentración del poder en las grandes empresas tecnológicas. Un puñado de corporaciones globales define, a través de algoritmos opacos, qué mensajes circulan con mayor fuerza y cuáles se invisibilizan. En México, periodistas, académicos y activistas dependen de reglas de moderación que rara vez consideran las particularidades de nuestra diversidad cultural y lingüística. El

dilema es claro: ¿cómo garantizar que los estándares internacionales de derechos humanos convivan con la pluralidad del contexto mexicano? La falta de transparencia en estas decisiones amenaza con sustituir la censura estatal por una nueva forma de silenciamiento privado. Otro desafío es el de la desinformación. Las redes sociales, que inicialmente se celebraron como espacios de democratización de la voz ciudadana, se han convertido, también, en terreno fértil para la manipulación. Noticias falsas, campañas de odio y narrativas diseñadas para influir en elecciones o en debates públicos circulan a gran velocidad, erosionando la confianza en las instituciones. En un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos físicos, la desinformación digital se convierte en una forma adicional de intimidación. El reto está en contener este fenómeno sin caer en medidas que puedan usarse como pretexto para limitar la crítica legítima. El tercero de ellos tiene que ver con la llamada brecha digital. La libertad de expresión también se ve condicionada por el acceso desigual a la tecnología. Hablar de un debate democrático en línea resulta problemático cuando millones de mexicanas y mexicanos carecen de conexión estable o de dispositivos adecuados. La tecnología, en lugar de ser un puente hacia la participación, puede consolidar desigualdades históricas si no se garantiza una infraestructura accesible y segura. Así, la libertad de expresión deja de ser únicamente un derecho individual para convertirse en un asunto de justicia social. Un reto no menos importante es la irrupción de la inteligencia artificial, pues ésta añade una capa más de complejidad. Estas herramientas ya influyen en la producción de noticias, en la personalización de contenidos y en la creación de discursos. Sus beneficios son innegables: apoyo a la investigación periodística, automatización de tareas o nuevos formatos de comunicación, pero los riesgos también son evidentes: sesgos en los algoritmos, amplificación de discursos de odio o censura automatizada. México necesita no sólo regulaciones que garanticen un uso responsable de la IA, sino también inversión en investigación y desarrollo propios para dejar de depender únicamente de soluciones importadas.

OTRO DESAFÍO ES LA DESINFORMACIÓN: LAS REDES SOCIALES, QUE DE INICIO SE CELEBRARON COMO ESPACIOS DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA VOZ, SE HAN CONVERTIDO EN TERRENO FÉRTIL PARA LA MANIPULACIÓN.

SEGÚN EL INEGI

Nada de esto puede analizarse sin tomar en cuenta como un quinto reto: la violencia que persiste contra quienes ejercen la libertad de expresión en el país. Reporteros amenazados, comunicadores asesinados y activistas hostigados forman parte de una dolorosa realidad. La tecnología puede ayudar —desde sistemas de cifrado hasta redes de protección digital—, pero nunca sustituirá la obligación del Estado de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de este derecho.

Para aterrizar estos retos, repasemos algunos casos que muestran cómo estas amenazas ya no son hipótesis, sino realidades que afectan a personas, medios y comunidades:

Según datos de Artículo 19, en 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa, incluyendo cinco asesinatos de periodistas, lo que representa un aumento respecto al año previo. Esto muestra que ejercer el periodismo en México sigue siendo una actividad riesgosa. En Campeche, el periodista Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso tras denuncias de difamación e “incitación al odio” interpuestas por la gobernadora Layda Sansores. Se ordenó además el cierre del portal, y una indemnización de millones de pesos. Este caso ha sido señalado como ejemplo de uso de instrumentos judiciales para silenciar a críticos. En Puebla, recientes modificaciones al Código Penal que incluyen figuras como “ciberasedio”, “espionaje digital” y “usurpación de identidad” han generado alarma entre periodistas y defensores de derechos humanos por su posible uso para criminalizar el ejercicio periodístico o disidente. Diversas entidades como Guerrero, Oaxaca, Campeche y Sonora muestran

patrones de hostigamiento institucional y legal hacia medios locales cuando realizan investigaciones de corrupción o denuncias sociales. Las autoridades utilizan medios judiciales para limitar la publicación de críticas o reportajes incómodos.

Estos casos ilustran cómo convergen amenazas físicas, legales y digitales, combinadas con desigualdades territoriales, para debilitar distintos aspectos de la libertad de expresión.

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana (UP).

Frente a este panorama que pareciera desolador, hay al menos tres caminos que merecen ser explorados e impulsados: El primero de ello tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas de las plataformas. Es urgente que las empresas tecnológicas expliquen cómo operan sus algoritmos y que ofrezcan vías de apelación frente a decisiones de moderación de contenidos. La autorregulación ya no basta.

l PORCIENTO DE LOS USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO USAN REDES SOCIALES

90.4 83.1

l PORCIENTO DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO MAYOR DE SEIS AÑOS USA INTERNET

Otra línea de acción es trabajar, de manera robusta, políticas de educación mediática y digital. La mejor defensa contra la desinformación no es la censura, sino una ciudadanía crítica, capaz de evaluar lo que consume. Universidades, medios de comunicación y organizaciones sociales tienen aquí un papel insustituible.

Nada de ello funcionaría sin la debida colaboración multisectorial. Ningún actor puede enfrentar estos retos en solitario. Se requiere diálogo y corresponsabilidad entre Estado, academia, sociedad civil, empresas tecnológicas y medios para diseñar políticas públicas que sean incluyentes y sostenibles.

Ante todo lo anterior, es imperante referir que la libertad de expresión no es un derecho abstracto, es la condición que permite el ejercicio de muchos otros. En México, defenderla implica reconocer tanto los riesgos de la violencia física como los de la censura digital, tanto las limitaciones materiales como las nuevas asimetrías tecnológicas.

Hoy, más que nunca, necesitamos un compromiso colectivo. Si logramos que la tecnología se ponga al servicio de la pluralidad, la democracia y la justicia social, habremos transformado un desafío en una oportunidad. De lo contrario, corremos el riesgo de que los avances tecnológicos, en lugar de abrir horizontes, terminen estrechando el espacio para el debate libre y la participación ciudadana.

Director de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

Miembro del Consejo Jurídico Asesor de la Academia Mexicana de la Comunicación.

Catedrático de Derecho a la Información de la Universidad Panamericana.

Entre vista

ADAM BODNAR, MINISTRO DE JUSTICIA DE POLONIA, PLATICA

SOBRE LO QUE HA IMPLICADO RECONSTRUIR EL ESTADO DE DERECHO EN ESE PAÍS A 10 AÑOS DE QUE EL PARTIDO LEY Y JUSTICIA LLEGÓ AL PODER

LA LA

RE CONS TRUC CIÓN RE CONS TRUC CIÓN

DE LA INDEPENDENCIA

JUDICIAL EN POLONIA

Por Ibrain Hernández y Daniel García

Cuando el Partido Ley y Justicia llegó al poder en Polonia emprendió una serie de cambios que, ademas de debilitar las Instituciones, comprometió el Estado de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos en ese País, afectando todas las áreas de la actividad estatal, incluidas la procuración e impartición de justicia. La ofensiva al Poder Judicial tuvo consecuencias más allá de las fronteras. La Unión Europea retuvo millones de euros a Polonia en señal de condena por las violaciones a la independencia judicial y su repercusión en el respeto a los Derechos Humanos. En 2023, el nuevo gobierno de Donald Tusk prometió enderezar el camino y recuperar el estado de derecho. Pero la tarea no ha sido sencilla: los obstáculos son enormes y han abierto dilemas inéditos, tanto dentro del sistema jurídico polaco como en la escena internacional. En el centro de esta batalla está Adam Bodnar, ministro de Justicia y defensor de los Derechos Humanos, que ahora enfrenta el reto de reconstruir un aparato judicial que sea independiente y al margen del poder político

Durante mucho tiempo, usted fue el Ombudsman de Polonia y también

CONTRIBUCIÓN

‘Vimos emerger asociaciones judiciales y fiscales independientes.

Mi papel como Ombudsman fue apoyarlas’

ADAM BODNAR

formó parte de la resistencia a la reforma judicial. ¿Cómo fue y qué tipo de resistencia ejerció durante los años en los que el estado de derecho en Polonia estuvo bajo ataque? He sido abogado de Derechos Humanos por varios años. Trabajé en la principal organización polaca de derechos humanos y en 2015 fui elegido Comisionado de Derechos Humanos de Polonia, que es el nombre tradicional del Ombudsman, quien es una figura bastante importante en el panorama constitucional polaco porque emplea a unas 300 personas y además tiene autoridad constitucional, debido a que es electo por ambas Cámaras del Parlamento para un periodo de cinco años. De hecho, resulta muy difícil destituir a alguien durante ese tiempo. Así que es una de esas instituciones de pesos y contrapesos.

Curiosamente, fui nombrado a mediados de 2015 y, apenas dos meses después, tuvimos elecciones presidenciales y parlamentarias que fueron ganadas por el partido Ley y Justicia, encabezado por el Sr. Kaczyński. En su agenda estaban reformas orientadas a restringir la independencia judicial, limitar la revisión judicial, la independencia de la fiscalía, así como el funcionamiento de los medios públicos. Casi desde el inicio de mi mandato enfrenté grandes desafíos: cómo responder a este cambio iliberal que estaba ocurriendo en Polonia, que afectaba en especial a los jueces, al Tribunal Constitucional, a los fiscales y a los jueces ordinarios.

Junto con mi equipo, decidimos que debía intervenir en tantos casos como fuera posible para usar las vías legales en resistencia a esos cambios. También emití numerosas opiniones sobre proyectos de ley señalando que podían poner en riesgo el derecho de acceso a la justicia y la independencia judicial. Además, traté de apoyar a jueces y fiscales que eran objeto de intimidaciones, represalias, campañas de difamación u otras formas de hostigamiento por defender los valores constitucionales.

(Comis-

de Derechos Humanos).

En 2013 fue miembro de la Junta Directiva del Fondo de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura

En 2019 recibió el Premio al Estado de Derecho otorgado por el Word Justice Project.

VIDA Y TRAYECTORIA, ADAM BODNAR: 1 2 3 4 1 2 3 4

Autor de numerosas publicaciones científicas en el campo del derecho.

Fue el séptimo Defensor del Pueblo de Polonia

ionado

‘El gobierno está trabajando para restablecer la independencia judicial, proteger a los jueces y reconstruir instituciones’.

Algo importante fue que empezamos a observar el surgimiento de muchas ONG dedicadas a estos temas, algunas con experiencia previa en derechos humanos y otras completamente nuevas. También vimos emerger asociaciones judiciales y fiscales independientes. Mi papel como Ombudsman fue apoyarlas, darles legitimidad y espacio. Otro factor que no previmos, pero resultó crucial, fue la pertenencia de Polonia a la Unión Europea. La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea empezaron a actuar frente a lo que ocurría con el poder judicial polaco, controlando si las reformas afectaban su independencia. Como Ombudsman también apoyé esas acciones dirigidas a frenar los cambios más negativos en el sistema judicial.

¿Cuál es el estado actual de Polonia?

Tras las elecciones de octubre de 2023 se formó una coalición prodemocrática encabezada por el Primer Ministro Donald Tusk. Uno de sus principales objetivos es deshacer los cambios negativos

EN POLONIA

EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA TIENE 25 MIEMBROS, 15 DE LOS CUALES SON JUECES ELEGIDOS POR EL PARLAMENTO.

contra la independencia judicial y las instituciones independientes. También busca recuperar credibilidad ante organizaciones internacionales, especialmente la Unión Europea, y garantizar la rendición de cuentas por los abusos del pasado.

El gobierno está trabajando para restablecer la independencia judicial, proteger a los jueces, reconstruir instituciones y hacer cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también quiere asegurar la responsabilidad de fiscales, jueces y funcionarios que colaboraron en la construcción de un sistema semi autoritario.

El problema es que en junio de este año hubo elecciones presidenciales y

‘Polonia es un país grande en la UE, pero no somos una superpotencia. Nos conviene apostar por el multilateralismo y las organizaciones internacionales’.

l ADAM BODNAR, MINISTRO DE JUSTICIA Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

1

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Tiene a su cargo la protección de los derechos Humanos y de las libertades fundamentales en Polonia Desde 1997 es un organismo constitucional en Polonia. El Comisionado de Derechos Humanos dura en su cargo 5 años.

las ganó un candidato de derecha. Eso dificulta mucho el proceso porque el presidente debe firmar la legislación. Así, incluso leyes conformes a los valores constitucionales o al derecho de la UE pueden ser vetadas. Además, aún hay muchas personas vinculadas al régimen anterior en los tribunales, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. No es fácil removerlas sin vulnerar el propio estado de derecho, puesto que crearon un sistema legal como un campo minado.

Después de menos de dos años no sabemos si lograremos revertir todo, pero sí hemos conseguido crear una nueva visión: leyes discutidas en consultas abiertas, jueces defensores de la independencia reconocidos por el Estado, cooperación fluida con la UE y un discurso gubernamental distinto sobre el poder judicial. También se han levantado la mayoría de los procesos disciplinarios contra jueces disidentes y, paralelamente, se avanza en procesos de rendición de cuentas contra quienes participaron en campañas de hostigamiento.

Usted mencionó en una conferencia que el Tribunal Constitucional está tan politizado, que algunos actores políticos e incluso jueces no cumplen

COALICIÓN PRODEMOCRÁTICA

PRETENDE RECONSTRUIR UN ENTORNO QUE PERMITA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.

BUSCA RECUPERAR LA CREDIBILIDAD DEL SISTEMA ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.

BUSCA PROPICIAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR ABUSOS DEL PASADO.

sus decisiones. ¿Cómo ha afectado esto a la erosión del sistema judicial y cómo puede restaurarse la confianza en la justicia?

El Tribunal Constitucional es siempre fundamental en una democracia. El problema es que en Polonia teníamos un tribunal independiente y respetado hasta 2015, con una aceptación pública del 60–70%, pero el partido Ley y Justicia lo destruyó desde su primer año de gobierno, con una especie de “toma hostil”. Para 2017 ya no se podía esperar nada de él. No resolvía sobre leyes clave y luego pasó de ser un actor pasivo a uno activo, utilizado como arma política.

Yo fui víctima: cuando terminaba mi mandato de Ombudsman, la ley preveía que siguiera en funciones hasta que se eligiera a mi sucesor. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa disposición para sacarme del cargo. Otro ejemplo: en 2020 restringió el acceso al aborto. Hoy no tenemos realmente un Tribunal Constitucional, sólo una fachada. El Parlamento, incluso, aprobó una resolución declarando que había perdido su capacidad de cumplir funciones constitucionales. El gobierno espera estar pronto en posición de renovar su composición y devolverle credibilidad.

OMBUDSMAN

ADAM BODNAR

Colegiación de la

ABOGACÍA

Cristina Vízcaino Díaz

UN ANÁLISIS QUE DESTACA

MÉXICO,

l correcto ejercicio profesional de la abogacía de cualquier país, coadyuva al equilibrio de las relaciones sociales, empresariales y gubernamentales, fomentando la credibilidad y certeza en el ejercicio profesional de las y los abogados, observándolos como un actor transformador del entorno social.

En nuestro caso, contar con una abogacía capacitada, ética y comprometida con su función social, resulta ser una ecuación perfecta para el desarrollo de México y el desarrollo social del país.

La objetividad, claridad y análisis son importantes cuando se trata de dar una verdadera solución al problema. Pero, ¿cómo se percibe la condición actual de la abogacía? ¿Cómo podemos lograr juntos la profesionalización de los y las abogadas?

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ABOGACÍA EN MÉXICO

La Secretaría de Economía reporta que, en 2025, existen alrededor de un millón 245 mil 762 egresados de la carrera de Derecho; de este número, 449 mil están ocupados, ganando un salario promedio mensual de 8.13 mil pesos. Las entidades federativas que cuentan con un mayor número de abogados son la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Nótese, que existe una relación directa entre las entidades con mayor desarrollo industrial o económico y la presencia ó formación de profesionales del Derecho que egresan de alguna universidad.

Las carreras de Humanidades, entre ellas, Derecho, tienen altas matrículas de egresados, frente a las carreras apegadas a la ciencia. Se traduce a que los ingresos de los abogados en el país son variables, oscilan entre 7 mil a 11 mil pesos mensuales en las entidades con menos desarrollo económico, siendo que, en ciudades con más industria, los abogados obtienen ingresos mensuales notablemente superiores.

La brecha entre los ingresos de unos y

l MIL ABOGADOS PERCIBEN UN SALARIO MENSUAL PROMEDIO DE $8.31 MIL PESOS.

l MILLÓN 245 MIL 762 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DERECHO HAY EN 2025.

l COLEGIOS DE ABOGADOS CON REGISTRO OFICIAL POR LA SEP EXISTEN ACTUALEMENTE.

Presidente de ORDEN MEXICANA, Colegio de la Abogacía, A.C.

PROPÓSITOS 1 2 4 3 1 2 3

LOS COLEGIOS DE ABOGADOS TIENEN LA ATRIBUCIÓN DE INCLUIR ACTIVIDADES COMO:

Vigilar que el ejercicio profesional se realice dentro del más alto plano legal y moral.

Prestar amplia colaboración al Poder Público como cuerpos consultores.

Colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales.

Formar listas de sus miembros por especialidades.

otros, marca una diferencia en su capacitación, formación educativa y ética, y especialización Por tanto, observamos que los profesionales con menores ingresos rara vez asumirán compromisos sociales con sus comunidades o entorno, pues su principal preocupación es la supervivencia.

El continuo esfuerzo sin una retribución digna, ha provocado, en el gremio de la abogacía, desinterés o apatía por la constante y reiterada falta de oportunidades. A la larga, estas condiciones crean un círculo vicioso que nos puede llevar a la falta de profesionalismo y competencia desleal bajo conductas antiéticas.

Sumado a lo anterior, en distintas entidades industriales como el sector turístico, petrolero, aduanal, entre otros, observamos un fenómeno recurrente: las empresas nacionales o internacionales que llegan a esos lugares para desarrollar actividades comerciales y que requieren apoyo o representación jurídica, normalmente no buscan el apoyo de la abogacía local, justificándose en la falta de especialización de los abogados locales. A lo largo y ancho del país hay un sinfín de grupos de abogados que se han reunido con un objetivo específico y lícito, pero que no han formalizado su funcionamiento, por tanto, no cuentan con una estructura administrativa definida o normatividad interna aplicable. En contraposición, en la Ciudad de México actualmente existen 21 colegios de abogados que cuentan con registro oficial, emitido por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Las atribuciones y propósitos de estos 21 organismos públicos no gubernamentales, a quienes se les ha otorgado el registro de colegio, es que necesariamente deben incluir actividades gremiales, establecidas en el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional. Entre las más importantes está vigilar que el ejercicio profesional se realice dentro del plano legal y moral; prestar amplia colaboración al Poder Público como cuerpos consultores; colaborar en la elaboración de planes de estudios profesionales; formar una lista de miembros por especialidades para llevar el turno, conforme al cual deberá prestarse el servicio social; y formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que

EN MÉXICO, SÓLO TRES COLEGIOS DE ABOGADOS TIENEN REPRESENTACIÓN EN TODO EL PAÍS: EL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO, LA BARRA MEXICANA DE COLEGIO DE ABOGADOS Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA.

DESAFÍOS

Mejorar la normatividad que actualmente regula el ejercicio profesional. Mantenerse en capacitación permanente. Tener una conducta profesional ética y con compromiso social 1 2 3

serán las únicas que sirvan oficialmente. La labor social de los colegios es fundamental para el correcto ejercicio de la profesión, la defensa de la justicia, redignificación de la abogacía y el apoyo social. Las razones por las que la mayoría de las y los abogados en este país deciden no colegiarse son múltiples. R equieren observar objetivos y metas claras de los colegios; promover o permitir la colaboración activa de toda la membresía, evitando la participación de unos cuantos; clarificar el beneficio real y directo de pertenecer a un colegio desde la formación de los estudiantes de la carrera de Derecho, así como a los egresados que no saben qué es la colegiación; reducir las brechas económicas en las cuotas anuales, inscripción y reuniones nacionales e internacionales de los colegios; ofrecer incentivos para promover el sentido de pertenecía en su membresía.

RETOS DE LA ABOGACÍA COLEGIADA

La mejora de la normatividad que hoy regula el ejercicio profesional de la abogacía y el funcionamiento con perspectiva social de los colegios impone diversas obligaciones a las y los abogados: capacitación permanente, conducta profesional ética y cumplir con el compromiso social. Dichas actividades marcarán la diferencia entre la dignificación de la profesión de la abogacía, el aumento de la calidad del servicio jurídico profesional que ofrecen y, por ende, una mayor satisfacción de sus clientes, ejecutado bajo reglas éticas, generando un incentivo para fomentar la seguridad y certeza jurídica de las inversiones, y lo más importante, obtener como consecuencia un buen desarrollo del país.

Margen

l Pasados los primeros 60 días del inicio de la nueva etapa del Poder Judicial que derivó de la más reciente reforma Constitucional en la materia, quedó claro que no se presentó parálisis operativa ni crisis administrativas que serían propias de un desmoronamiento de los sistemas de impartición de justicia en México. El Poder Judicial esta operando y el que se consolide los cambios dependerá de la actuación comprometida de todos los actores y operadores jurídicos, tales como litigantes, colegios de profesionistas y la academia, quienes deberán contribuir desde sus ámbitos de acción a fortalecer un esquema en que los cambios no afecten la legalidad ni los derechos de las personas.

l En este contexto, quienes supusieron que los cambios en la SCJN auguraban una etapa en la que el debate y la deliberación jurídica desaparecería de nuestro máximo Tribunal, en tanto las y los nuevos ministros tomarían sus decisiones de manera orgánica, atendiendo a criterios preestablecidos más de índole político o ideológico que legal, los hechos demuestran que estaban en un error. Lo que estos primeros meses han revelado son discusiones activas y votaciones muy diferenciadas, que ponen en evidencia que el estudio y discusión de los asuntos se están presentando y que no existe la pretendida unicidad de criterios y parámetros de actuación.

l Un punto que no debe dejarse de lado son los planteamientos que en varios círculos se hacen sobre la necesidad de que, desde el Poder Judicial de la Federación, se emitan señales que den certidumbre a la inversión privada, tanto nacional como extranjera sobre el nivel profesional de las y los nuevos juzgadores electos, así como el respeto que se dará al Estado de Derecho. Un primer paso para ello, sería resaltar la formación judicial de carrera de un buen número de juzgadores, el que la Escuela de Formación Judicial continúa sus labores y que el Tribunal de Disciplina Judicial es una instancia que ya está operando. En la impartición de justicia no tiene cabida la improvisación.

Abraham Cambranis Pérez

JUSTICIA DEMOCRÁTICA

LA NUEVA ERA DEL TEPJF

La implementación de la Reforma Judicial debe marcar el inicio de una nueva etapa, no solo en la SCJN sino, también en el TEPJF

Ados meses de que rindieran protesta una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como quince magistradas y magistrados de las Salas Regionales del propio Tribunal, y con ello se materializara la nueva dinámica de la justicia electoral mexicana; la elección de las y los integrantes de los órganos jurisdiccionales ha alcanzado un punto de inflexión, que promete transformar la relación entre la ciudadanía, y las instituciones. El reciente cambio en los mecanismos de designación y elección judicial representa un paso decisivo hacia un modelo de justicia más participativa, transparente y cercana a la sociedad, donde el voto popular se convierte en un ejercicio de corresponsabilidad democrática con la imparcialidad y la legitimidad del sistema de justicia electoral.

EL VOTO CIUDADANO COMO NUEVO EJE DE LEGITIMIDAD.

La posibilidad de que la ciudadanía elija directamente a quienes impartirán justicia electoral, desde las salas regionales hasta la Sala Superior del TEPJF, constituye un logro significativo en

Retos del TEPJF

Consolidarse como una institución plural, paritaria y representativa sin exclusiones lo cual no es solo una cuestión de justicia social sino un requisito democrático.

la consolidación de la democracia. Este modelo reafirma el principio de soberanía popular y fortalece la rendición de cuentas judicial, al situar en el centro del sistema no solo la norma, sino también la confianza pública.

Es por ello que, este proceso de selección respaldado por un marco jurídico fortalecido, requiere que como órganos colegiados que son actúen con independencia y convicción jurídica, para ello la diversidad de pensamientos y experiencias entre sus nuevos miembros debe nutrir decisiones que se soporten tanto en la Constitución como en la Ley, promoviendo una interpretación que priorice los derechos humanos y el interés público.

En el caso de la justicia electoral, la autonomía, la independencia judicial y la integridad profesional, son principios que se convierten en el cimiento ético y jurídico de las resoluciones que buscan no solo ser correctas en lo argumentativo y técnico, sino también convincentes y legítimas ante los ojos de la ciudadanía a quién esta nueva justicia debe estar dirigida a servir de mejor manera, dejando a un lado los formalismos innecesarios, que la mayoría de las veces retrasan su impartición.

RETOS DE UN TRIBUNAL ELECTORAL PLURAL Y CON ROSTRO CIUDADANO.

El TEPJF enfrenta hoy el desafío de consolidarse como una institución plural, paritaria y representativa; la inclusión de personas con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas, juventudes, migrantes y la comunidad LGBTIQANB+, no solo es cuestión de justicia social, sino un requisito democrático para que la defensa e interpretación de los derechos político-electorales refleje la realidad del país.

La justicia electoral con perspectiva ciudadana requiere que los tribunales actúen con independencia, sensibilidad y convicción constitucional, en virtud de que una magistratura comprometida y técnicamente sólida puede ser el eje que restaure la credibilidad institucional, especialmente en un entorno donde la desinformación y la polarización ponen a prueba la confianza pública. Para ello, se tiene que atender directamente a la ciudadanía, ponerle rostro a los escritos de demanda, a través de audiencias públicas en las que se visibilicen a las personas en las que está recayendo la decisión jurisdiccional y sean escuchadas todas las voces y su contexto. En esta etapa de transición, el equilibrio, visión técnica y sentido institucional de quienes juzgan son elementos indispensables para consolidar una justicia electoral más cercana a la ciudadanía y coherente con los principios democráticos que la inspiran.

l Si bien el debate público de la más reciente reforma a la Ley de Amparo se centró en aspectos polémicos como las cuestiones relativas a la suspensión de los actos reclamados y la figura del interés legítimo, lo cierto es que puntos como la regulación del amparo vía electrónica, la integración de los expedientes electrónicos y físicos, el establecimientos de plazos más claros para el dictado de las sentencias, así como la mayor precisión sobre los términos de la ampliación de la demanda, son aspectos relevantes y necesarios para dar mayor agilidad y certidumbre a los procesos que no pueden ser rebatidos. La pertinencia de la Reforma se verá en los hechos.

l Aun cuando es difícil que alguien esté en contra de señalamientos a favor de la austeridad dentro del PJF, la entrada en operación de sus nuevas instancias de administración ha evidenciado realidades complejas, como la necesidad de respetar los derechos laborales de los trabajadores judiciales y preservar la operatividad del sistema federal de impartición de justicia frente a los requerimientos de su cobertura nacional. Ambas cuestiones requieren una asignación relevante de recursos que no pueden eliminarse sin afectar derechos o incidir en el acceso efectivo a la justicia, por lo que más allá de la reducción de gastos, se tendrá que empezar a hablar del uso más eficiente y racional de los recursos públicos.

l Noviembre de 2025 marca un aniversario más de que entró en operación el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), uno de los ejes centrales en torno al cual ha girado el desarrollo e implementación de lo que en su momento se denominó como el “nuevo modelo de justicia laboral”, que basándose en la creación de tribunales laborales especializados, la implementación de un procedimiento predominantemente oral y el establecimiento de una conciliación prejudicial obligatoria, entre otras cosas, reconfiguró el entorno de los conflictos en materia de trabajo en México, siendo debido reconocer a las y los servidores públicos que han instrumentado estos cambios.

@kambra83

‘LA ACTIVIDAD POLÍTICA, ‘LA ACTIVIDAD POLÍTICA,

UNA VOCACIÓN

QUE TE LLAMA’

Por

Clelia

Hidalgo

UFOTOS: Daniel

Ojeda

na mujer activa, involucrada en la defensa de los Derechos Humanos y la igualdad de género, que considera que la tarea legislativa brinda la oportunidad de plantear soluciones a los grandes problemas de México, abriendo el espacio para que quienes ejercen la misma dejen un legado de servicio, con sentido social, en favor de todas las personas.

Claudia Sánchez, diputada por el Partido Verde Ecologista de México, platica con El Mundo del Derecho sobre los retos actuales en materia legislativa, en justicia para las mujeres y en bienestar. Considera que la unidad y solidaridad son particularmente importantes para nuestra Presidenta y los tiempos que vivimos en los tres Poderes de la Unión

Temas fundamentales

JUSTICIA, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA, PRINCIPALES INQUIETUDES EN SUS INICIATIVAS DE LEY EN LA CÁMARA.

LA DIPUTADA CLAUDIA

SÁNCHEZ, DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASEGURA

QUE EL DERECHO

Y LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SON ELEMENTOS

CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

¿Cómo surgió su interés por la política y el derecho y de qué manera ha influido en tu formación legislativa?

La actividad política es una vocación. Tienes, desde el principio, un llamado para participar en lo social, interesarte en los temas que afectan a tu comuni-

dad. Empecé desde los 14 años volanteando en un partido político. Formé parte de las filas del Partido Acción Nacional; ahí fui dos veces diputada y participé en una candidatura para presidenta municipal. Posteriormente, viene la invitación con el Partido Verde y con la oleada de

la Cuarta Transformación, es un movimiento que se vive de manera intensa. Actualmente, la sociedad se ha politizado más y el Derecho ha sido una herramienta importante para la realización de actividades legislativas, porque es reflejo del día a día de las personas

l Ha sido tres veces Diputada Federal y contendió en una ocasión por una Presidencia Municipal. l Integrante del

l AÑOS DE EXPERIENCIA POLÍTICA, DESEMPEÑÁNDOSE EN DIVERSOS CARGOS PÚBLICOS.

¿Cuál es la mayor deuda legislativa en materia de justicia?

La justicia con las mujeres mexicanas nos queda mucho a deber. Hay una gran deuda. Actualmente, una tercera parte de nuestras familias mexicanas son monoparentales. Es una población vulnerable en cuestiones de conformidad familiar y emocional. Un reto importante es lograr que los padres participen en la crianza y manutención de los hijos. Por otra parte, bueno o malo, la ciudadanía tiene la oportunidad de participar en la elección de sus juzgadores. Por lo que otro de los retos es responder esa confianza con trabajo y buenos resultados. En el anterior sistema judicial, los resultados que ofrecían respecto de asuntos atendidos era muy baja. En cualquier empleo, si uno no da los resultados esperados nos corren. Eso generó desconfianza e inseguridad jurídica, propiciando, por ejemplo, que la gente no denuncie los delitos, lo cual da origen a un sinfín de irregularidades Los retos que vienen son mayúsculos.

¿Qué importancia tiene actualmente el sistema judicial?

Es de mucho valor que nosotros los ciudadanos hayamos elegido a nuestras autoridades judiciales. Antes no conocíamos quiénes eran nuestros jueces, ministros y magistrados; y ahora elegirlos permite que haya independencia. Como diputada, considero que esto permite valorar más el sentido del voto, porque cuando uno viene electo por la población, se genera mayor conciencia y responsabilidad, porque es importante corresponder a la confianza de los electores. Ahora, puede aplicarse lo mismo para los miembros del Poder Judicial electos; van a tener que dar explicaciones sobre qué hicieron bien, mal o cuáles fueron sus sentencias si quieren que sigan votando por ellos.

‘Uno de los retos como sociedad es que podamos socializar todas las mujeres y solidarizarnos con las labores de la Presidenta‘.

PRINCIPIOS

La tarea legislativa es una vocación y un llamado que surge de un compromiso con México.

El Derecho es una herramienta importante porque regula y refleja el día a día de las personas.

2 3 2 3 1 1

El voto popular es un elemento que no solo legitima sino que aumenta el compromiso de quien es electo.

‘La justicia con las mujeres mexicanas nos queda mucho a deber. Es uno de los grandes retos, desde mi punto de vista como legisladora y feminista’ .

¿Cuáles son los temas que impulsa como diputada para buscar mayor justicia?

Siempre he simpatizado con las Fuerzas Armadas, creo que han hecho una gran labor en el país y una de las cosas que he impulsado desde el legislativo es para que tuvieran derecho a acceder a una mejor vivienda juntando los créditos hipotecarios con su cónyuge civil. Además, están en el tintero otras iniciativas en el tema ecologista, para que en México se aplique una economía circular del agua. Es decir, que no sea de un solo uso, que la utilicemos lo más que se pueda en acciones tan simples y se haga uso de tecnologías para optimizarla y que no falte en la agricultura, la cual consume hasta 70% de líquido. Otra iniciativa se enfoca para el consumidor, para que las compañías telefónicas apliquen un protocolo contra hackeos, garanticen ciberseguridad ante estas emergencias y eviten cobros por el tiempo que no se utilizó la línea en caso de hackeo.

UNA REFLEXIÓN

‘Es obligación de todos los mexicanos estar enterados y participar, porque vivimos en esta misma casa: México’.

¿Cómo se logra el equilibrio entre la técnica jurídica y la sensibilidad social para crear iniciativas? Los diputados tenemos el privilegio de salir a la calle, de tener contacto con la gente, te vas sensibilizando y con base en eso, crear las iniciativas. El pasado periodo de sesión legislativa presenté una iniciativa relacionada a prever la peligrosidad procesal. Se trata de que, en materia penal, se valore la peligrosidad de los procesados, de acuerdo con el estudio por parte de las Unidades de Medidas Cautelares. Esto significa que no se iría un sujeto qué tenga todos los medios económicos, sociales, o políticos, que lo puedan ayudar a que se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, pretendemos que esta peligrosidad procesal no sólo sea aplicada en materia penal, sino también en materia familiar, para que los hombres sean obligados a dar alimentos y no se sustraigan de la acción de la justicia.

¿Qué importancia tiene la participación activa de la sociedad? Todos los habitantes del país debemos tener una participación activa e informada en los temas que nos involucran. De este modo vas creando una sociedad más fuerte; eso es una de las revoluciones más importantes, porque es muy fácil criticar a través de las redes sociales, pero actualmente estamos viviendo un cambio cultural muy importante. Nunca había llegado la izquierda a gobernar México y aunque tiene retos importantes, ha hecho cosas interesantes, como sacar a 13 millones de mexicanos de la pobreza desde 2018; subir el salario mínimo a más de 100% y ha fortalecido el consumo interno; es decir, la gente tiene más dinero para gastar y han mejorado sus condiciones de vida. No está todo el trabajo hecho, pero sí considero que hay avances importantes.

APOYO ENTRE MUJERES

CLAUDIA SÁNCHEZ

Entre vista

Continúa la transformación judicial en

YUCATAN

LA MODERNIZACIÓN HA SIDO UN PILAR PARA GENERAR MÁS

CONFIANZA EN LA ENTIDAD QUE VIVE ALTOS NIVELES DE SEGURIDAD, ASEGURA LA EXMAGISTRADA PRESIDENTA

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD

¿Cuál fue el cimiento con el que inició la modernización del Poder Judicial?

Con un dato en particular, cuestionarle a los yucatecos que les preocupaba. Y la primera respuesta era la inseguridad. A pesar de que en la entidad los niveles de seguridad son altos, quiere decir que “los yucatecos nos preocupamos, pero nos ocupamos”.

Se hizo un diagnóstico sobre cómo se encontraba el Poder Judicial y cuáles eran las demandas y solicitudes en diversos sectores.

SOBRE YUCATÁN

Por Clelia Hidalgo

Yucatán cuenta con una reforma desde 2022, en la que magistrados han coincidido con el objetivo de mantener el Estado de Derecho, la seguridad y seguir buscando un trabajo coordinado con todos los actores que convergen en el sistema de impartición de justicia. A través de esa reforma, nuevos magistrados se incorporaron al Poder Judicial, entre ellos, María Carolina Canto Valdés, quien recientemente, luego de 4 años, dejó el cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal En entrevista para El mundo del derecho compartió su visión y algunas reflexiones sobre esta etapa del Poder Judicial

39.6

l POR CIENTO DE LA POBLACIÓN EN YUCATÁN PERCIBE INSEGURIDAD, SEGÚN ENVIPE.

Aunque normativamente no tenemos la obligación, se decidió hacer un plan a través del Consejo de la Judicatura. Para ello, no sólo nos basamos en lo que se detectó en el primer diagnóstico, sino que involucramos a diversos actores: académico, jurídico como el Colegio de Abogados; instituciones gubernamentales, especialmente las de impartición de justicia y las que convergen en la defensoría.

Tuvimos buena respuesta y pasamos a una encuesta en línea para que los ciudadanos, desde la comodidad de su casa o teléfono, hicieran preguntas para fortalecer el plan. Posteriormente se realizaron los ejes en los que se iba a enfocar la administración con miras a modernizar al Poder Judicial. Para ello fue importante saber lo que nuestros sectores reclamaban para definir las acciones.

¿Cuáles son los avances en el Tribunal?

Era necesario el crecimiento de más sedes de juzgados, la modernización de instalaciones, porque es ahí donde se

2 3 4 2 3 1 1 4

Tiene altos índices de seguridad.

Era necesario el crecimiento de más sedes de juzgados. Con la modernización, cada persona que requiera servicios de juzgado los encontrará accesibles. La modernización del Poder Judicial ha sido un reto, debido a que lo primordial no es la obra pública.

encuentran litigantes y los justiciables.

También el acceso a la justicia incluyente, que se traduce en que, cada persona que requiera los servicios de un juzgado los encuentre accesibles y en buenas condiciones, debido a que Yucatán ha crecido tanto en población como en servicios. Inauguramos dos Tribunales laborales en 2023; para 2024, un juzgado quinto civil y seis juzgados en materia familiar que entraron en función a partir de este año.

Está pendiente el proyecto del tercer tribunal laboral y un juzgado especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias y de arbitraje. Con esto estaríamos pasando de 51 a 63 juzgados en el estado, lo cual seguramente se concretara a futuro.

¿Cuál es el área de más énfasis para la transformación?

La materia familiar, ya que es un ámbito en el que todos los Poderes Judiciales, no solamente el de Yucatán, tiene más demanda al ser el que más asuntos atiende a nivel estatal.

También en los juzgados mixtos, mas enfocados a civil y mercantil. En cuanto a las sedes, teníamos un juzgado mixto en el municipio de Tikul; era un predio que ya no estaba en condiciones y cambió a otra sede más moderna, adecuada y con mejores condiciones. En municipios como Uman y Kanasín, crecimos con los juzgados familiares, civil, mercantil y de control; y en Tekax, se remodeló. Cada juzgado tiene su sala de oralidad para que las audiencias no tengan repercusiones. Es un gran trabajo, porque cabe señalar, que lo primordial del Poder Judicial no es la obra pública, y meternos en la construcción suena sencillo, pero implicó un reto, porque el pleno, desde la pandemia, no se había utilizado de manera correcta por la estructura del edificio, igual el auditorio del Tribunal. Ahora nos preparamos para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y para 2027, se prevé que laboren al 100% con el esquema de inmediatez.

¿Qué avances hay en perspectiva de género?

Llama la atención, ya que antes de mí,

Los retos

l MPLEMENTAR LA JUSTICIA DIGITAL Y AUMENTAR LA AGILIDAD Y EFICIENCIA PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA JUDICIAL Y QUE NO SOLO RESUELVA CONFLICTOS, SINO QUE PROMUEVA EL DIÁLOGO.

“LA PERSPECTIVA DE GÉNERO SIGUE SIENDO UNA LUCHA DE TODOS, PERO EN YUCATÁN CONTINUAMOS CON LOS CIMIENTOS QUE YA TENEMOS PARA QUE HAYA MAS ESPACIOS”.

“LA SEGURIDAD PARA NOSOTROS EN YUCATÁN ES PRIORITARIA”.

“EL ACCESO A LA JUSTICIA CUENTA CON MÁS SEDES JUDICIALES Y MEJORADAS; LOS SISTEMAS SE HAN MODERNIZADO”.

para atender los casos de primer contacto. También se creó una unidad de atención de grupos vulnerables que se encarga de dirigir de manera transversal lo que tenga que ver con justicia para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es un área que ha trabajado mucho para mandar todas las directrices a las juezas y jueces.

pasaron más de 20 años y no hubo otra mujer que presidiera el Tribunal. En Yucatán fui la tercera presidenta de este Tribunal y es un estado que a nivel nacional lidera al ser de los primeros presidido por mujeres en este ámbito. Nos hemos seguido fortaleciendo en el tema. En el Ejecutivo estatal había un proyecto que llamado Distintivo Violenta, el cual se trataba de crear comités para que usuarias o trabajadoras señalaran

l DEL PERSONAL QUE TRABAJABA EN EL PODER JUDICIAL EN 2024, ERAN MUJERES.

l JUZGADOS TIENE ACTUALMENTE EL ESTADO. ANTERIORMENTE ERAN 51 JUZGADOS. 70% 63

Género

l EL TRIBUNAL

SE MANTIENE EN CRECIMIENTO, COMO SE REALIZÓ CON EL PROYECTO DISTINTIVO VIOLETA.

si sentían que existía alguna agresión en relación con la perspectiva de género. También se recibieron capacitaciones para sensibilizar a los trabajadores en el tema, un distintivo que se logró con capacitaciones en conjunto con autoridades fiscales de diversos municipios, personal de las policías ministeriales, de la Fiscalía, de la Defensoría y de Atención a Víctimas, con un protocolo homologado y

¿Cuál considera que es el reto que tiene la ciudadanía?

Lo más importante es informarse, porque sigue habiendo mucha confusión entre la Fiscalía y el Poder Judicial, aunque existe una excelente relación entre ambas instancias, estamos muy coordinadas. Aunque aún no hay cifras altas de votantes, la ciudadanía se está involucrando cada vez más en el tema del Poder Judicial y lo primero es distinguir qué le corresponde hacer a cada instancia.

Carlos F. Sánchez Valencia*

Consejero Nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía

@MariselaRed

CONFLICTO CON EE.UU.

POR

SLOTS EN EL AICM

La asignación las franjas horarias para aterrizaje y despegue para aerolíneas estadounidenses de carga refleja la complejidad de gestionar un aeropuerto saturado y de alta demanda

Recientemente, diversos medios de comunicación han comentado que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT por sus siglas en inglés), ha determinado aplicar unilateralmente diversas sanciones a México por considerar que no ha cumplido, desde 2022, con el acuerdo bilateral para el transporte aéreo. Alegan, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha rescindido abruptamente los slots, obligando a las aerolíneas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones.

Para contar con bases que permitan establecer la procedencia de lo argumentado por el DOT, es importante tener claro qué son los “slots” y cómo están regulados en nuestro derecho.

Los slots —franjas horarias para aterrizaje y despegue— son permisos otorgados a las aerolíneas para utilizar en horarios específicos la infraestructura aeroportuaria. Para el derecho mexicano son únicamente autorizaciones administrativas temporales regulados por la Ley de Aeropuertos, su Reglamento y la Ley

Los usos

La SICT y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) son las entidades responsables de supervisar la asignación y el uso.

La asignación

El AICM refleja la complejidad de gestionar un aeropuerto de alta demanda. Los retos operativos y legales persisten.

de Aviación Civil, conforme las directrices establecidas por la International Air Transport Association (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los que en ningún generan derechos de propiedad a favor de las aerolíneas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal

de Aviación Civil (AFAC) son las entidades responsables de supervisar la asignación y el uso de los slots en los aeropuertos nacionales conforme a los lineamientos citados.

La insuficiencia de infraestructura aeroportuaria para los movimientos de pasajeros y aeronaves, que se traduce en demora de las operaciones, se ha vuelto común en los prin-

FUNCIÓN DE LOS SLOTS

4 2 1 1

Asignación de horarios de aterrizaje y despegue para líneas aéreas regulares en el AICM.

2 3

Se publican en Temporada de Verano e Invierno.

La actualización de estos horarios se realiza los días lunes, miércoles y viernes.

Garantizan que la infraestructura aeroportuaria se utilice de manera eficiente y equitativa.

cipales aeropuertos del mundo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es uno de los nodos de transporte aéreo más importantes de América Latina. Debido a su alta demanda y limitada capacidad operativa, la asignación y gestión de esas “franjas horarias” se convierte en un tema central desde el punto de vista operativo y regulatorio.

La asignación de slots en el AICM que se lleva a cabo dos veces al año -para la temporada de verano e invierno-, se origina en las solicitudes de las aerolíneas y resuelve con criterios de eficiencia operativa, competencia leal y maximización de la capacidad disponible. Existen mecanismos de coordinación para evitar la concentración excesiva de slots en pocas aerolíneas y para garantizar el acceso de nuevos operadores. La asignación se realiza mediante procesos regulados, donde se privilegia el uso histórico y el cumplimiento de los horarios asignados.

Hace varios años ya que la saturación del AICM, ha generado disputas entre aerolíneas y con las autoridades por la redistribución de slots y la entrada de nuevos competidores. Los litigios suelen girar en torno a la transparencia en los procesos de asignación, el respeto al uso histórico y la interpretación de las normas nacionales e internacionales. Además, la apertura de nuevos aeropuertos en la zona metropolitana, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), plantea nuevas interrogantes sobre la redistribución de operaciones y la coordinación de slots entre diferentes terminales.

La asignación de los slots en el AICM refleja la complejidad de gestionar un aeropuerto saturado y de alta demanda. La legislación nacional incorpora estándares internacionales, sin embargo, los retos operativos y legales persisten especialmente en materia de transparencia, competencia y coordinación con las aerolíneas. Es imperativo para los órganos legislativos y regulatorios continuar perfeccionando el marco jurídico para asegurar una asignación justa y eficiente de los slots, en beneficio de la industria aérea y de los usuarios. PD. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de febrero de 2023, todas las aerolíneas nacionales e internacionales, con operaciones exclusivas de carga, dejaron de operar en el AICM, desde el 1° de septiembre. Exceptuando los concesionarios que presten servicios combinados de carga y pasajeros, siempre que se transporten en la misma aeronave. Así que lo alegado por el DOT respecto de los slots, carece de fundamento.

De bate

TRES ESPECIALISTAS HACEN UN ANÁLISIS

SOBRE LOS RETOS Y DESAFÍOS DEL PAÍS EN MATERIAS ECONÓMICA Y POLÍTICA

¿Qué representa para México el Paquete

FISCAL 2026? FISCAL 2026?

JULIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ: ¿Qué vamos a esperar los mexicanos, los empresarios, los contribuyentes de este nuevo Paquete Fiscal 2026?

RAFAEL ARENAS HERNÁNDEZ: Hablamos de que son 10 billones de pesos lo que es el presupuesto de egresos e ingresos, en el que se prevén crecimientos económicos en el país alrededor del 5% aproximadamente, un déficit fiscal del 4.1% del PIB, que si bien es cierto va a haber una escalada de lo que no quisiera llamarle persecución fiscal, pero sí habrán cambios muy importantes en la manera en cómo el gobierno va a llegar a tener este presupuesto de ingresos a través de los diferentes impuestos: de la renta, en materia de IVA, en materia de IEPS, y aquí es muy interesante el hecho de que se va a

los egresos para equilibrar, porque si no tenemos esa particularidad y no empezamos por ahí, siempre vamos a tener un endeudamiento.

JIMÉNEZ: ¿Este paquete económico contempla alguna modificación en materia de prevención del lavado de dinero?

ARENAS: En el mes de junio de este año salió una reforma a la Ley Antilavado, pero recordemos que en esta materia son dos reglamentaciones generales las que rigen el país: una, al sector bancario; otra, al sector no bancario. El sector no bancario son esas actividades vulnerables reguladas ante la UIF y no ante la Comisión Nacional Bancaria. En estos últimos meses hemos visto una falta de regulación bancaria y tres instituciones han sido acusadas de lavar el dinero del crimen organizado. Pero, ¿qué pasa con el sector privado, el sector no financiero, el sector no bancario? Aquí tuvieron que implementar rápidamente ciertas medidas en materia de legislación antilavado, porque el próximo año va a haber una revisión entre pares, de acuerdo con GAFI, a nivel internacional, y México corría el riesgo de estar en las listas grises de países que no cumplen. Entre ellas, un tema muy delicado es el famoso beneficiario controlador.

Rafael Arenas Hernández

Presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Abogados Foro México.

incrementar en productos como refrescos, tabaco y demás, con la justificación de que impulsarán al sector Salud, de que vayan hacia temas de diabetes.

TULIO SALANUEVA BRITO: Yo creo que hay un cambio de paradigma desde la entrada del gobierno de la Cuarta Transformación, pues se les dio un enfoque social a los programas y al presupuesto que tiene la Federación. En definitiva, el presupuesto que hoy en día se pone a consideración en el Congreso de la Unión, tiene aristas, muchas áreas de oportunidad y, sin embargo, sí tiene un enfoque social; la mayor parte de presupuesto se destina a programas sociales, pero también creo que hay una contradicción muy importante entre el discurso y la realidad económica y política de nuestro país. Cuando se imponen

Mauricio Traín Bautista

Presidente de la Comisión de Fomento Empresarial del Colegio Nacional de Abogados, experto en materia fiscal.

aranceles a mercancías que vienen de Asia, particularmente de China y a otros lugares, en específico, hay una contradicción con la crítica que se hace al gobierno de los Estados Unidos, cuando impone aranceles de esta misma naturaleza.

MAURICIO TRAÍN BAUTISTA: El crecimiento ha sido menor a lo pronosticado. En 2025 se creía 2.5, estamos rebasando el 0.7%; es decir, no llegamos ni al 1%. En la perspectiva para el 2026 hablamos de 1.5, 1.7, pero realmente es difícil, y luego en esta Ley de Ingresos que se pretende recaudar 9 billones de pesos, en este sentido traemos un endeudamiento de un billón de pesos, ya de entrada, entonces yo creo que tendríamos que ver en las familias mexicanas el hacer una lista de todos nuestros ingresos y otra de todos

E L ACTUAL, ES EL PRIMER PAQUETE ECONÓMICO DEL PAÍS ELABORADO EN SU TOTALIDAD POR LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM.

En ese sentido, el beneficiario controlador es buscar quién se favorece al final a través de los ingresos por dividendos o por salarios; quién se beneficia de las utilidades de una entidad. Pero no únicamente queda allí. En el tema del combate al lavado de dinero, en esta Reforma Fiscal, también hay un ataque frontal a las factureras.

JIMÉNEZ: También se presentó una iniciativa que no está dentro del paquete de la Ley de Ingresos de la Federación, la cual pretende imponer aranceles a automóviles de procedencia china. Maestro Tulio Salanueva Brito, ¿cuál considera que va a ser la ruta o el desenlace de este capítulo de terror para la industria automotriz de origen chino, particularmente?

SALANUEVA: Yo creo, en primer lugar, que se trata de una práctica anticompe-

PRESUPUESTOS Y RUBROS

l BILLONES DE PESOS ENFOCADOS A LA EDUCACIÓN.

l BILLONES DE PESOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA.

l MIL MILLONES DE PESOS EN MATERIA DE SEGURIDAD.

LA PRETENSIÓN

l MIL MILLONES DE PESOS EN PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR.

l MIL MILLONES DE PESOS DESTINADOS A LA SALUD.

987 966 1.1 399 1.3 201 3 3 4 4 6 5

Con el paquete económico 2026 se pretende alcanzar entre 1.8 % y 2.8 % del PIB.

titiva. Recordemos que México es parte de la Organización Mundial de Comercio y que como tal tiene topes para imponer un arancel [50%]. En este caso, se está imponiendo el tope máximo y eso demuestra que hay una política sumamente agresiva en contra del comercio chino. No debemos olvidar que México es un país productor de automóviles, exportador de automóviles, y que en esa medida puede ser castigado en reciprocidad con sus partes homólogas en el comercio de este tipo de mercancías. Debido a esa calidad que tiene nuestro país, se generan empleos, una economía formal y que, por lo tanto, no se puede descuidar.

Tulio Salanueva Brito

Presidente de la Comisión de Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Colegio Nacional de Abogados.

JIMÉNEZ: En materia económica, en materia fiscal, ¿en qué posición está el contribuyente el día de hoy, maestro Traín?

TRAÍN: La reforma al Poder Judicial está comenzando a permear y de alguna forma ahora con la nueva propuesta de la Ley de Amparo, también. Creo que se busca mucho la recaudación. Sí o sí no podríamos tener otras medidas cuando no hay ya dinero de dónde sacar para cumplir con los compromisos que se tienen. En este sentido, los programas sociales que se manejan y las obras que se han realizado, de alguna forma no

l MIL MILLONES DE PESOS EN APOYO A LA VIVIENDA.

Financiamiento de programa sociales.

Inversión pública en infraestructura.

Fortalecimiento de la recaudación fiscal

Fortalecimiento del mercado laboral. Modificaciones fiscales.

Estímulos fiscales.

EJES PRINCIPALES DEL PAQUETE FISCAL 2026 1 1 5 2 2 6

han dado la respuesta correcta a lo que se había presupuestado, entonces no hay recursos y de dónde van a sacar para cumplir con todas estas obligaciones, pues de los contribuyentes cautivos, desgraciadamente, y entonces la mecánica de defensa al contribuyente se acabó.

JIMÉNEZ: Doctor Rafael Arenas Hernández, ¿cómo vamos a enfrentar estas reformas en materia de prevención del lavado de dinero?

ARENAS: Es un tema muy polémico, no sólo en México, sino a nivel mundial. Algo muy importante es lo que acaba de suceder con estas tres instituciones financieras involucradas en un proceso de lavado de dinero que les pega en su reputación, en el prestigio, en la confianza del inversionista, pero también al sector financiero mexicano, porque eso da una imagen de qué es lo que están haciendo las autoridades financieras, la Comisión Nacional Bancaria, para la regulación y que eso no suceda. Entonces, si está pasando en esas tres instituciones pequeñas, qué no puede ocurrir en otras instituciones y, sobre todo, a nivel internacional.

JIMÉNEZ: Maestro Tulio Salanueva Brito, ¿qué debemos esperar en el próximo año los que vivimos de manera directa o indirecta del comercio exterior?

SALANUEVA: Creo que en materia de comercio exterior, hoy el mundo está girando alrededor de la producción y del nearshoring en la comercialización de los productos. De tal manera que necesitamos un comercio exterior fuerte, que incentive el intercambio de mercancías Asimismo, un comercio exterior que proteja a los sectores vulnerables de la economía nacional.

EL PAQUETE ECONÓMICO DEFINE CÓMO SE OBTENDRÁN Y UTILIZARÁN LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PAÍS, DE AHÍ SU RELEVANCIA Y TRASCENDENCIA EN EL DESARROLLO DE MÉXICO.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PAQUETE FISCAL 2026 1

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

2

Miscelánea Fiscal.

JIMÉNEZ: ¿Qué debe esperar la industria turística para el 2026, maestro Tulio?

SALANUEVA: México es una potencia turística, pero es necesaria la inversión. Nuestro país tiene un gran potencial turístico, está en crecimiento exponencial, más del doble dígito ha crecido el turismo en nuestro país. Parte de esa economía requiere protección. Tenemos episodios tristísimos en nuestro país de inseguridad en puntos neurálgicos para el turismo y precisamente el gasto público que se genera debe de ser virtuoso, destinarse también a la protección de esas áreas importantes de la economía nacional.

JIMÉNEZ: Maestro Traín, desde su experiencia, ¿este sector vive en la actualidad momentos difíciles, de incertidumbre, o en realidad es un tiempo óptimo para el crecimiento de esta industria?

TRAÍN: Yo creo que en el mundo hay problemas drásticos: las guerras, Ucrania, Israel, Rusia; lo problemas de Estados Unidos, Venezuela, México, con la inseguridad. Yo creo que es una industria que ha sido golpeada; sin embargo, es noble, siempre sale adelante. Es una industria que siempre está en crecimiento y que a lo mejor no ha sido bien aprovechada por nuestro gobierno.

NUE VA LEY NUE VA LEY

DE AGUAS NACIONALES

LA REFORMA A LA LEY LE HA DADO UN RESPALDO NORMATIVO A LOS VASOS REGULADORES, CONVIRTIÉNDOLOS EN UNA ESTRATEGIA FUNDAMENTAL EN EL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

La Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica multifactorial que combina fenómenos de escasez y exceso: por un lado, el déficit de agua potable y la sobreexplotación de acuíferos; por el otro, la vulnerabilidad constante a inundaciones durante la temporada de lluvias. Este escenario refleja una para-

su construcción y operación ya no dependen únicamente de la discrecionalidad administrativa, sino que constituyen un mandato legal para los distintos niveles de gobierno.

En este trabajo se profundizará en el marco jurídico aplicable, en la experiencia práctica de la Ciudad de México y en las implicaciones de esta reforma para la política hídrica nacional.

MARCO JURÍDICO APLICABLE

El marco jurídico que regula el agua en México se encuentra principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Aguas Nacionales (LAN). El Artículo 27 constitucional establece que el agua es un bien de la Nación, cuya explotación, uso y aprovechamiento corresponden al Estado, con el deber de garantizar la sustentabilidad. Asimismo, el Artículo 4 reconoce explícitamente el derecho humano al agua, lo que obliga al Estado a garantizar un acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible a este recurso.

LA REFORMA DE 2023 A LA LAN INTRODUJO

INNOVACIONES RELEVANTES:

• Prioridad al uso humano y doméstico (Art. 4): toda concesión o autorización debe subordinarse a este principio, lo que refleja el reconocimiento del agua como derecho humano por encima de otros usos.

1 2 3 1 2

Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.

Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua. Ordenar el régimen de concesiones para asegurar una distribución equitativa.

doja estructural: mientras amplias zonas urbanas carecen de agua para consumo humano; al mismo tiempo, grandes cantidades de lluvia se pierden o generan desastres.

En este contexto, los vasos reguladores se han convertido en una estrategia clave para el manejo del recurso hídrico. Se trata de infraestructuras diseñadas para captar y almacenar temporalmente agua de lluvia, reduciendo riesgos de inundación y aportando al equilibrio ecológico.

A FUTURO EQUIDAD

Los vasos reguladores pueden convertirse en instrumento de justicia medioambiental.

Sin embargo, su relevancia no es únicamente técnica, sino también jurídica y social, debido a que representan un punto de encuentro entre el derecho humano al agua, las políticas públicas de gestión hídrica y la planificación urbana. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 2023 ha dado a los vasos reguladores un respaldo normativo más sólido, al reconocerlos como de utilidad pública y vincularlos explícitamente al derecho humano al agua. Esto implica que

Los vasos reguladores son capaces de reducir las desigualdades en el acceso al agua.

• Declaratoria de utilidad pública (Art. 7): se reconoce como de utilidad pública la protección, conservación y restauración de cuencas, vasos y acuíferos. Esto significa que la construcción de vasos reguladores se convierte en un mandato legal, y no en una decisión discrecional de los gobiernos.

• Uso ambiental del agua (Art. 3, fracción LIV): se establece la obligación de garantizar volúmenes mínimos para mantener ecosistemas, lo que da a los vasos reguladores una función ecológica además de hidráulica.

Este entramado legal se complementa con tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11), que obliga a los estados a garantizar el

Pablo Quintero

l LITROS DE AGUA CONSUME UNA PERSONA DIARIAMENTE, SEGÚN ONU HÁBITAT

acceso equitativo al agua. En ese sentido, los vasos reguladores representan un instrumento que materializa compromisos tanto nacionales como internacionales.

LOS VASOS REGULADORES EN LA PRÁCTICA

En la Ciudad de México, el sistema de vasos reguladores constituye una red estratégica que busca prevenir inundaciones, recargar acuíferos y garantizar condiciones mínimas de resiliencia hídrica. Entre los proyectos más representativos destacan:

12-15

l MILLONES DE MEXICANOS ENFRENTAN ALGUNA CARENCIA DE AGUA POTABLE, INDICA CONEVAL.

• Vaso regulador de Santa Catarina (Iztapalapa): con capacidad aproximada de 400 mil metros cúbicos, diseñado para mitigar riesgos en colonias altamente vulnerables a inundaciones. Además, se ha convertido en un espacio con funciones recreativas y de preservación ecológica.

• Microvasos en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón: estructuras de menor escala que combinan el control pluvial con la conservación de áreas verdes, sirviendo como corredores ecológicos.

• Proyectos en Tlalpan: que aprovechan áreas naturales de conservación para captar agua de lluvia, disminuyendo la presión sobre los sistemas de drenaje y mejorando la recarga de acuíferos.

OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LEY

l LITROS DE AGUA SE AHORRARÍAN CON DUCHAS DE TAN SÓLO 5 MINUTOS.

Desde el punto de vista jurídico, estas obras se entienden como parte de los “servicios ambientales” reconocidos en la LAN, debido a que contribuyen tanto al control de inundaciones como a la conservación de los ecosistemas, aunque su implementación enfrenta desafíos, especialmente en la tenencia de la tierra, pues muchos de los terrenos involucrados son ejidales o están destinados a conservación. Esto implica que la intervención estatal debe respetar la Ley Agraria y los principios de consulta previa, libre e informada a las comunidades.

IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA REFORMA

El reconocimiento de los vasos reguladores como obras de utilidad pública trae consigo varias implicaciones:

1. Fortalecimiento de la potestad estatal: ahora el Ejecutivo Federal y los gobiernos locales tienen una base legal sólida para adquirir terrenos y destinar recursos a la construcción de estas infraestructuras.

Exploración, uso o aprovechamiento del vital líquido.

Distribución y control del agua en territorio nacional. Preservación de su cantidad y calidad en pro de su desarrollo sustentable.

2. Seguridad jurídica para los usuarios: los mecanismos de registro y control de concesiones permiten que el agua captada tenga un destino regulado, evitando conflictos entre usos domésticos, industriales y agrícolas.

3. Integración de la dimensión ambiental: al reconocer el “uso ambiental del agua”, se establece que los vasos reguladores cumplen un rol en la preservación ecológica, lo cual obliga a evaluaciones de impacto ambiental más estrictas y a su integración en programas de conservación.

4. Desafíos de participación social: el mandato legal también exige que las comunidades sean consultadas y que se incorporen mecanismos de gobernanza participativa en la gestión del recurso hídrico. Esto implica que la política hídrica no se limita a la construcción de infraestructura; debe avanzar hacia un modelo integral de gestión de cuencas, con el derecho humano al agua y la sustentabilidad ambiental como ejes rectores. Los vasos reguladores son ejemplo de cómo las soluciones técnicas y jurídicas pueden integrarse en la gestión hídrica de la Ciudad de México En la medida en que se logre articular un esquema de gobernanza hídrica participativa, los vasos reguladores podrán convertirse en instrumentos de justicia socioambiental.

Por Jorge

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de junio de 2008, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la necesidad de que las leyes prevean mecanismos alternativos de solución de controversias y, derivado de ello, por diverso Decreto publicado en dicho medio de Difusión Oficial, el 5 de febrero de 2017, se le otorgó al Congreso de la Unión, la facultad de expedir leyes a efecto de regular tales mecanismos alternativos.

Lo anterior, precisándose dentro del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, que: “… era necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México, entendida como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos por medio del arreglo extrajudicial” a efecto de, por una parte, “cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una participación más activa de la ciudadanía entre sí, en las que se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo” y, por la otra, “despresurizar la enorme carga de trabajo con las que cuentan los tribunales de nuestro país”.

A partir de tales reformas constitucionales, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 2024, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en cuyo artículo 5, fracción XI, se definió a dichos mecanismos, como “procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto consiste en propiciar la avenencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas, a través de concesiones recíprocas, en una controversia o conflicto presente o futura”.

Se señaló en su artículo 117, que es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otras cuestiones:

EL AUTOR ANALIZA LA PARTICIPACIÓN DEL TRIBUNAL

FEDERAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA

ALCANZAR Y DIFUNDIR LOS

MECANISMOS ALTERNATIVOS

CON EL FIN DE PROPICIAR UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Datos reservados

LA INFORMACIÓN, ACUERDOS Y DETERMINACIONES SERÁN CONFIDENCIALES.

a) impulsar, fomentar y difundir el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias como un componente del derecho fundamental de acceso a la justicia, bajo el principio de Justicia Abierta; b) crear un centro público para resolución de controversias en materia administrativa; c) capacitar y actualizar a personas facilitadoras para tales efectos y d) otorgar, mediante aprobación de los convenios emanados de la aplica-

ME CANIS MOS ME CANIS MOS

DEALTERNATIVOS SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ción de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la calidad de cosa juzgada, de conformidad con la ley de la materia; reformándose también, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para incorporar a su artículo 3, que el referido órgano jurisdiccional “podrá llevar a cabo mecanismos alternativos de solución de controversias a través del Centro Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de

Conclusiones

EN CASO DE NO LOGRARSE UN CONSENSO, LA PERSONA FACILITADORA EMITIRÁ UN ACUERDO DE CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el Reglamento que expida el Pleno General y demás disposiciones aplicables”

Ante dicha situación, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió el Acuerdo SS/9/2025 referente al Reglamento del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,

Firmar el consenso

DE ALCANZARSE UN CONVENIO, ÉSTE DEBERÁ SER SUSCRITO POR LOS INVOLUCRADOS Y LA PERSONA FACILITADORA.

Luis Revilla de la Torre

jorge.revilla@tfja. gob.mx

EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PODRÁ LLEVAR A CABO MECANISMOS

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS A TRAVÉS DEL CENTRO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

GENERAL DE MECANISMOS

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, EL REGLAMENTO QUE EXPIDA

EL PLENO GENERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES

APLICABLES.

precisándose, entre otras cuestiones, que el referido Centro Público es un órgano especializado, con sede en la Ciudad de México; que la información, acuerdos y determinaciones serán confidenciales y no podrán ser utilizados para motivar actos administrativos de los que les dieron origen; que se reconocen como medios alternativos de solución de controversias: i) la negociación, que es el procedimiento voluntario por el que las partes, por sí mismas acuerdan resolver una controversia parcial o totalmente, de manera pacífica, o prevenir una futura, con la asistencia de la persona facilitadora; ii) la mediación, que es el procedimiento voluntario por el que las partes acuerdan resolver una controversia en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir una futura, con la asistencia, apoyo y conducción de una persona facilitadora, y, iii) la conciliación que es el procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una

Herramienta útil Solución de controversias

LA JUSTICIA ALTERNATIVA ES UNA HERRAMIENTA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

controversia acuerdan resolver de forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir una futura, con la asistencia y participación activa a cargo de una persona facilitadora; excluyéndose en todo caso al arbitraje, dada su naturaleza jurídica; que se podrán tramitar ante el Centro Público de manera presencial, en línea o mixta. Asimismo, se establecen las facultades, atribuciones y obligaciones de las diversas personas involucradas en ello; así como todo lo relativo al procedimiento de solución de controversias; a los convenios y al sistema del régimen de responsabilidades y sanciones aplicables a las personas que en él intervienen.

ES UN MECANISMO VOLUNTARIO Y ALTERNATIVO A LOS TRIBUNALES PARA RESOLVER DISPUTAS DE MANERA PACÍFICA.

Una vez precisado lo anterior y a efecto de comprender la función del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta importante labor, debe mencionarse que la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias ante el Centro Público, se podrá dar: antes o durante la tramitación de procedimientos que se estén llevando en sede administrativa, siempre que no se prevea una regulación especial al respecto; o bien, en el juicio contencioso administrativo que se instaure ante el propio Tribunal, en dos momentos distintos, a saber: el primero, una vez que se haya admitido a trámite la demanda y hasta antes de que se emita la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al mismo y, el segundo, en la etapa de cumplimiento, una vez que el fallo respectivo haya quedado firme. En el caso de los procedimientos provenientes de sede administrativa, la solicitud respectiva deberá presentarse ante la Oficialía de Partes del Centro Público, de manera física o electrónica, a efecto de que se le asigne a una persona facilitadora -que son definidas en el artículo 26 del Reglamento del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como servidores públicos certificados adscritos al referido Centro, cuya función es propiciar la comunicación y avenencia para la solución de controversias a través de los mecanismos alternativos-; quien contará con un término de tres días para examinar la solicitud y emitir el acuerdo correspondiente para determinar si la misma es susceptible de tramitarse o no en esa vía y, de ser el caso, invitará a las partes a efecto de que en un plazo de tres días siguientes a la fecha de recepción de la misma, acudan para firmar el consentimiento informado, previo a su admisión. Ahora bien, por lo que se refiere a la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, provenientes de sede jurisdiccional, la persona Magistrada Instructora -que es definida por el artículo 5, fracción XIV, del referido Reglamento, como la persona titular de la Magistratura de Sala Regional de la circunscripción territorial del domicilio fiscal del particular, o de la sede en la que se ubica la Sala que por competencia material

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

1 1

Impulsar, fomentar y difundir el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.

MECANISMOS ALTERNATIVOS:

PROCEDIMIENTOS NO JURISDICCIONALES CUYO OBJETO CONSISTE EN PROPICIAR LA AVENENCIA ENTRE LAS PARTES DE MANERA VOLUNTARIA, PACÍFICA Y BENÉFICA PARA AMBAS, A TRAVÉS DE CONCESIONES RECÍPROCAS.

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3 2

Capacitar y actualizar a personas facilitadoras para tales efectos.

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4

Crear un centro público para resolución de controversias en materia administrativa. Otorgar la calidad de cosa juzgada, de conformidad con la ley de la materia.

corresponda, en caso de ser Especializada o Mixta con especialización-, deberá hacer del conocimiento de las partes el derecho que tienen de llevar a cabo los mecanismos alternativos, siempre que sean susceptibles de tramitarse; caso en el cual, las partes deberán manifestar por escrito, en el término de cinco días hábiles, su voluntad de participar en ellos; precisándose, que la falta de respuesta de alguna de ellas, implica que se pronuncien en sentido negativo.

Adicionalmente a dicho momento, el Reglamento en cuestión establece que con independencia de lo anterior, durante la tramitación del juicio, o bien, en la etapa de cumplimiento, las partes podrán solicitarle, ya sea a la persona Magistrada Instructora o al Centro Público, su voluntad de acogerse a los medios alternativos de solución de controversias; supuestos en los cuales, la persona Magistrada Instructora deberá recabar expresamente la conformidad de todas las partes involucradas, a efecto de poder continuar con dicho trámite ante el referido Centro Público, en el entendido de que de no contar con ella, se deberá continuar con la substanciación del juicio o con la etapa de cumplimiento del mismo, según corresponda. Ahora bien, de contar con la anuencia de todos los involucrados, la persona facilitadora a quien se le asigne el asunto, procederá a invitar a todas las partes involucradas a efecto de recabar el consentimiento informado dentro de un plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha en que reciban la carta invitación y, una vez que las tenga,

JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Licenciado en Derecho y maestro en Derecho Administrativo y de la Regulación, por el ITAM. Magistrado en la Segunda Sala Regional en la Ciudad de México del TFJA. 1 2

MEDIOS ALTERNATIVOS

Negociación: las partes acuerdan resolver una controversia parcial o totalmente de manera pacífica.

deberá informarle a la persona Magistrada Instructora, sobre su admisión, dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, a efecto de que decrete la suspensión del juicio o del procedimiento de ejecución de sentencia.

En torno a esta cuestión, es importante destacar que en contra de la determinación de improcedencia no procede medio de defensa alguno, al estar a salvo el derecho de las partes a tramitar las instancias administrativas y jurisdiccionales que correspondan para la resolución de la controversia.

Ahora bien, de haberse admitido a trámite las solicitudes de mecanismos alternativos de solución de controversias, éstas no podrán durar más de tres meses, prorrogables por otro plazo igual, en caso de ser necesario; estableciéndose, asimismo, la posibilidad de que las personas facilitadoras puedan incorporar acciones preventivas, siempre que se cuente con la manifestación expresa de las partes. De igual forma, señala que se llevarán a cabo sesiones con las partes, ya sea individuales y/o grupales, pudiendo concurrir especialistas o peritos que los propios interesados autoricen, quienes se limitarán a presentar la información técnica, científica o especializada que resulte aplicable al caso concreto y no podrán, en caso alguno, dar su opinión sobre el sentido de solución de la controversia. Derivado de ello, en caso de no lograrse un consenso, la persona facilitadora emitirá un acuerdo de conclusión del procedimiento, mismo que se notificará a las partes, quedando a salvo sus derechos y demás acciones legales que les asistan, así como a la persona Magistrada Instructora, a efecto de que levante la suspensión decretada y continúe con la etapa del juicio que corresponda.

Por el contrario, de alcanzarse un Convenio, éste deberá ser suscrito por los

PUBLICACIÓN

El 26 de enero de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a partir de unaserie de reformas constitucionales.

Mediación: las partes acuerdan resolver una controversia con la asistencia y apoyo de una persona facilitadora.

2 3 2 1 1

Conciliación: las partes involucradas en una controversia acuerdan resolver, excluyéndose al arbitraje.

involucrados y por la persona facilitadora y, posteriormente, remitido a una Ponencia o a la persona Magistrado Instructor, según sea el caso, a efecto de que, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, verifique que: a) no contraviene disposiciones de orden público; b) no afecta derechos de terceros y; c) no resulta notoriamente desproporcionado, y lo apruebe, emitiendo una resolución en la que le otorgue la calidad de cosa juzgada o declaración de cumplimiento de sentencia, dando por terminado el juicio; caso en el cual, deberá remitir dicho Convenio a la Oficialía de Partes del Centro Público para su registro y publicación en el Boletín Oficial conforme a los disposiciones legales aplicables. De estimarse improcedente el Convenio, la persona Magistrada lo hará del conocimiento de las partes a efecto de que subsanen lo conducente, cuestión que deberá ser revisada por ella para su aprobación; o bien, dar por concluido los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que los mecanismos alternativos para la solución de controversias en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya son una realidad, pues cuentan con un sistema reglado, sencillo y accesible a efecto de que las partes puedan hacer uso de estas herramientas y, con ello, facilitar y disminuir los tiempos en que se puede resolver una controversia, así como reducir los costos que ello representa, en beneficio no únicamente de los involucrados, sino también del propio Tribunal, debido a que permitiría reducir el número de juicios de los que conoce, lo que desde luego impactaría en lograr una impartición de justicia pronta y completa en los términos que consagra el propio artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que bien vale la pena aprovecharlos y utilizarlos.

De haberse admitido a trámite las solicitudes de mecanismos alternativos de solución de controversias, éstas no podrán durar más de 3 meses, prorrogables por otro plazo igual, en caso de ser necesario.

MEMENTO MORI

ESTE LIBRO ESTÁ ORGANIZADO EN SEIS GRANDES APARTADOS: MÉXICO, CULTURA, DERECHO Y JUSTICIA, POLÍTICA, MUNDO E HISTORIA. EJES ALREDEDOR DE LOS CUALES SE ORGANIZA EL MATERIAL PUBLICADO DURANTE CUATRO AÑOS (2021-2025) EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE MÉXICO.

Al recorrer los párrafos de este libro surge una duda importante: ¿es

Memento mori un testamento sobre el mundo de ayer, como aquel que redactó Stefan Zweig frente a la debacle europea, o bien una profecía que tendremos que construir después del derrumbe de nuestra República?

El autor tiene como ventaja una personalidad moderada, un ego bien domesticado y una capacidad notable para distinguirse de los ánimos demagógicos dominantes en nuestra época. Es hábil a la hora de emplear anécdotas, historias, novelas, biografías o filmes, que lo mismo toma de la cultura popular que del baúl de las referencias culteranas.

Memento mori de Juan Luis González Alcántara Carrancá es un dictum latino que nos recuerda nuestra vulnerabilidad, la inevitable finitud de nuestra vida. Este corpus narrativo nos invita a dejar de lado la soberbia, pues ella nubla la reflexión y la crítica, más ahora que parece que en México ha dejado de latir la melodía republicana de nuestras instituciones. En nuestro silencio debemos buscar el resonar y los latidos en aquellos que no sucumbieron al

Nov- Dic / 2025

Li bros

Md

EDITADO POR: Heraldo ediciones

relato unívoco de una postura demagógica, para así mantener la esperanza de que en los campos quemados de nuestra nación emergerá el abono que hará germinar otra vez a nuestra República, representativa, democrática, laica y federal. Es una recopilación de columnas que Juan Luis González Alcántara Carrancá, exministro, publicó en el periódico El Heraldo de México.

Tres temas conforman la columna del texto: la decisión del ministro para comunicar su verdad; la narración de la crisis que condujo a una fatídica destrucción y los principios que merecen defenderse por quienes, a pesar de todo, aún abrazan la democracia.

NO TODO SE BORRA, EFECTOS LEGALES DE LA CONDUCTA SOCIAL

LA

OBRA ABORDA LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LAS ACCIONES SOCIALES, AL EXPLORAR CÓMO CIERTAS CONDUCTAS DEJAN UNA HUELLA LEGAL INDELEBLE.

La realidad tradicional y el mundo en línea son los espacios donde se desarrolla nuestra vida social. El mundo en línea nos ha abierto grandes oportunidades de socialización, acceso a la información y aprendizaje, pero también, al permitir que las personas lleguen a operar de forma anónima o irrastreable, ha generado un mayor riesgo de que cuestiones tan relevantes como la reputación de las personas o su derecho a la intimidad se vean comprometidos e, inclusive, sufrir afectaciones y daño de suma gravedad. En este contexto, el libro aborda de una manera clara y directa, con un enfoque que si bien es jurídico se encuentra sustentado en numerosos casos prácticos y situaciones reales sólidamente documentadas, conceptos tales como la convivencia social, la reputación, el derecho a la privacidad o intimidad, el consentimiento, así como conductas tan complejas como el bullying, el cyberbullying o el sexting, para realizar una reflexión sobre los riesgos del mundo on line y las consecuencias legales de la actividad social de las personas, para concluir con un análisis del denominado “Caso Ainara” que ejemplifica y constituye un doloroso

EDITADO POR: Educare

testimonio de muchas de las conductas y situaciones que la autora analiza, así como de lo problemático y complejo que es el que las personas que son víctimas de las mismas, puedan alcanzar la justicia y obtener la reparación a la que tienen derecho.

No todo se borra es un texto de divulgación, reflexión y, de más de un modo, también de denuncia, escrito desde el conocimiento, la experiencia y las convicciones personales de la autora, producto de una sólida práctica profesional y actividad académica de muchos años. Su objetivo es que logremos un entorno de convivencia que nos permita una vida plena en sociedad.

AUTOR: Juan Luis González Alcántara Carrancá

AUTOR: Alil Álvarez Alcalá