Acción contra la discriminación.612 casos de discriminación en territorio español

testimonios e informes relatan cómo las autoridades españolas han procedido a la devolución ilegal de personas subsaharianas que entran en Ceuta y Melilla y, a su vez, las autoridades marroquíes las han abandonado en las fronteras con Argelia y Mauritania, sin agua ni medios de subsistencia, lo cual en muchos casos causa su muerte. Además de esta discriminación y persecución, es latente la falta de cobertura de las necesidades básicas como alimento, alojamiento y asistencia sanitaria, lo que hace que las mujeres migrantes sobrevivan en situaciones especialmente precarias en Marruecos. Estas carencias tienen consecuencias muy graves sobre ellas en lo que se refiere por ejemplo a su salud sexual y reproductiva. El 50% de los casos analizados están en estado de gestación y al no estar documentadas no pueden acudir a hospitales porque se las deporta. La atención que reciben es casi inexistente.

El número de mujeres procedentes de África Subsahariana que llegan de Marruecos es mucho más bajo que el de hombres. Es importante saber que el acceso a la información sobre este colectivo es muy difícil, principalmente en el caso de mujeres, pues muchas se encuentran ocultas y vigiladas o “protegidas” por hombres. Así por ejemplo, la mayoría de las nigerianas “pertenecen” a lo que allí se llama “conexión” (traficante) quien impide en muchas ocasiones que nadie entre en contacto con ellas. Sólo el 5% de los casos registrados corresponde a mujeres y de éstos, el 42% de sus historias ha sido contada por lo que denominan “su compañero”. Las mujeres son sometidas a explotación sexual y trata, sobre todo las nigerianas, lo que provoca sean trasladadas continuamente de un lugar a otro.

En los casos en los que se ha interpuesto denuncia ante los tribunales hemos encontrado desacuerdo por parte de abogados/as de oficio sobre la conveniencia de alegar la agravante de motivaciones racistas en las denuncias. Respuesta a ello son por ejemplo “que empeora la situación de la víctima” o que este agravante “nunca se acepta” o no son considerados delito.

En otros casos, las víctimas relataron que los agentes no les informaron sobre sus derechos o cómo debían contar o denunciar los hechos e incluso les infundieron desanimo afirmando que su denuncia tenía muy pocas posibilidades de prosperar.

Algunos de los casos documentados muestra que cuando la persona es detenida no se le permite presentar denuncia en la misma comisaría en la que se encuentra; que no se recogen algunos hechos en la denuncia e incluso que la policía se niega a recibir algunas denuncias.

A su vez los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado muchas veces dictan órdenes de expulsión contra mujeres detectadas al desarticular redes de trata de personas. Así sucede a muchas mujeres que trabajan en clubes de alterne, las cuales son, en su mayoría, víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Hay varios casos documentados donde se presentan contradenuncias, entendida como la presentación de una denuncia por agentes de policía o guardas de seguridad en contra de una persona que inicialmente los denunció por agresión, o bien como las denuncias presentadas por las autoridades en contra de la víctima aun si no hubo denuncia original por parte de ésta. Todo ello se traduce en serios problemas para denunciar los hechos.