La visión de que los policías poseen más poderes que los ciudadanos que vigilan, permite una lectura de la discrecionalidad como una expresión creciente del poder policial. En un juego de relaciones ya marcada por la asimetría, este supuesto “poder de más” puede ser percibido como un sobrepeso que haría que la balanza penda más para el lado de aquellos agentes que controlan, constriñen y custodian. A los ojos del sentido común, la desproporción de recursos es más palpable en las interacciones entre policías y ciudadanos que en las relaciones de poder establecidas entre otros profesionales y su público. Delante de esta evidencia es razonable suponer que el decisionismo policial pueda venir a ser un objeto de una especie de desconfianza colectiva previa. Es esto de tal forma que se sospecha por anticipación, requiriendo una vigilancia redoblada de los que patrullan y una duda estructurante por parte de los ciudadanos vigilados.10 En parte por cuenta de este tipo de sospechas, muchas policías y funcionarios tratan de minimizar e incluso negar sus poderes discrecionales, especialmente el selective enforcement o la aplicación selectiva de la ley. Tal como resalta Klockars (1985: 84), los políticos, por diversas motivaciones, tienden a seguir por el mismo camino, tratando a la policía como si ella tuviera muy poca o casi ninguna autonomía decisoria en el empleo de la legislación. Los ciudadanos, de un modo general, reforzarían este mismo coro endosando la visión de que el papel de la policía sería “hacer cumplir la ley” tal como fue escrita. Lo que de ahí se desprende, por ejemplo, en el trabajo policial cotidiano, puede venir a ser recibido paradójicamen-
[10] Para una apreciación de la sospecha como un aspecto translocal de la cultura policial ver: Reiner (1992), Lima (1995) y Muniz (1999).
[
14
]