CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
I. EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE AJENIDAD QUE, POR DESCONOCIMIENTO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, PUEDE SURGIR EN EL PERSONAL QUE EJERCE SUS FUNCIONES EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES SANITARIOS PÚBLICOS A LA HORA DE VALORAR Y CONOCER LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE IMPUTA A SU ACTUACIÓN PROFESIONAL Del total de dictámenes emitidos por este Consejo a lo largo de 2017 en materia de responsabilidad patrimonial, 123 lo fueron a solicitud de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. En ellos se analizó, mayoritariamente, la que los reclamantes atribuían a la asistencia prestada por el servicio público sanitario al amparo del apartado 2 del artículo 106 de la Constitución, que consagra el derecho que asiste a los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El desarrollo legal del citado precepto constitucional se llevó a cabo a través de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Esta norma preveía una triple vía para exigir dicha responsabilidad al causante del daño: la vía administrativa a través de un procedimiento que corresponde activar de oficio a la propia Administración, la vía civil y la vía penal. Tras la reforma de la LRJPAC operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, desapareció la posibilidad de que los particulares pudiesen demandar directamente en el orden civil al personal al servicio de la Administración. La vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), no modificó el sistema anterior, revistiendo, por ello, la responsabilidad de la Administración un carácter directo que impide a los particulares dirigirse frente a los causantes del daño, salvo en los supuestos de ilícitos penales.
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