Cobertura de pensiones en Paraguay está por debajo del promedio de la región

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que el promedio de cobertura de pensiones contributivas y no contributivas al que acceden las personas mayores de 65 años de edad es del 64,2% en América Latina. En el caso de Paraguay, solamente el 55,3% de los adultos mayores reciben algún tipo de pensión.

El nivel de cobertura de Paraguay muestra que casi la mitad de las personas que alcanzan la tercera edad no recibe ningún tipo de ingreso económico para tener una vida digna en esa etapa de la vida. Los datos más recientes del Ministerio de Hacienda señalan que al menos unos 275.000 adultos mayores estaban recibiendo la pensión alimentaria que otorga el Estado para las personas que son consideradas en situación de pobreza.

La pensión que es otorgada para los adultos mayores actualmente es de unos G. 637.577 y desde el mes de enero de este año se hizo un ajuste de G. 65.246 más que lo que estaban recibiendo hasta el año pasado. A nivel país del total de las personas que están ocupadas apenas el 22% está aportando a un sistema jubilatorio lo cual revela dos cuestiones importantes, por un lado, hay un alto porcentaje de personas trabajando de manera informal y, además, existe un riesgo importante de que una vez que se alcance la tercera edad estas personas estén en total dependencia económica de sus familiares.

Protecci N Social

La protección social provee garantías de bienestar básicas, aseguramientos frente a riesgos derivados del contexto o del ciclo de vida y moderación o reparación de daños sociales derivados de la materialización de problemas o riesgos sociales. Es un derecho y se considera el pilar central del Estado de bienestar. Por ello la CEPAL ha resaltado la importancia de garantizar de manera universal a lo largo del curso de vida mediante diferentes mecanismos integrales, sostenibles y resilientes basados en un nuevo pacto social y fiscal.

El organismo indica que los sistemas de protección social universales defienden a las personas frente a los riesgos derivados de la enfermedad, la invalidez y la muerte, entre otras situaciones. En la vejez, en particular, la protección social pone un freno a los efectos de las desigualdades acumuladas durante la vida y reduce las probabilidades de que las personas mayores vivan en hogares en situación de pobreza. En los informes nacionales, los países de la región informan del desarrollo, la consolidación y el fortalecimiento de diversos programas y acciones públicas que tienen por objeto proporcionar protección social a las personas mayores.

En su mayoría se centran en las transferencias monetarias periódicas y, en algunos casos, además de transferencias, se incluyen prestaciones sanitarias y sociales. Sin embargo, en la región, los sistemas de protección social han mostrado debilidades derivadas de las altas tasas de informalidad laboral que afectan directamente los alcances de la protección social contributiva y vuelven más necesario establecer medidas de protección social no contributiva.

América Latina y el Caribe presentan una gran heterogeneidad en los niveles de protección social que cada país proporciona a sus habitantes. Estas diferencias tienen su origen en los contextos demográficos particulares, en los indicadores macroeconómicos, la capacidad de recaudación tributaria, el gasto público, las características de los mercados de trabajo y la capacidad institucional para diseñar, financiar, implementar, regular y evaluar los sistemas de protección social.

Por ejemplo, los datos del año 2020 indican que las proporciones de empleo informal más bajas se encuentran en el Uruguay (21,4%), Chile (25,3%) y Costa Rica (36,6%), mientras que en algunos países rebasan el 50%, como es el caso de la República Dominicana (54,5%), México (55,7%), Panamá (56,1%), Jamaica (58,6%), Paraguay (65,3%), el Perú (68%) y El Salvador (68,6%).

Brechas De Acceso

Además, existen enormes brechas en cuanto al acceso a la protección social en los distintos países: por ejemplo, siguen siendo altas las brechas de cobertura entre zonas rurales y urbanas, entre mujeres y hombres, o entre pueblos indígenas, personas afrodescendientes y el resto de la población. La universalización de la protección social requiere, por lo tanto, que se tomen en cuenta los determinantes que limitan el acceso, como la informalidad laboral, las brechas de género, la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados, la pertenencia étnica y racial, el lugar de residencia (urbano o rural) y la condición migratoria, de salud y discapacidad, entre otras.

COBERTURA DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS ENTRE PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS