retrovisor | Isabela Restrepo Villegas LOS DESPLAZADOS DEL CEMENTERIO
LA CARRERA 20
Este lugar —que ya es patrimonio arquitectónico y cultural del país— fue divido en 1957 en tres globos. En el primero, llamado “Globo A” y popularmente conocido como el “cementerio de los ricos”, descansan los cuerpos de los ilustres habitantes de la ciudad en tumbas o panteones; pero también se encuentran numerosos mausoleos de gremios y asociaciones de trabajadores que democratizan el sector. En el llamado “Globo B” —o “cementerio de los pobres” como ellos mismos lo llaman— hoy se encuentran cerca de 18 mil bóvedas, en su gran mayoría vacías. En este terreno, desde el nueve de abril de este año coincidencialmente, un grupo de arqueólogos, antropólogos, especialistas en ciencias forenses y estudiantes de la Universidad Nacional, contratados por el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) vienen buscando —con sigilo de investigadores privados— las evidencias de los cuerpos enterrados los días aciagos del Bogotazo. En el terreno restante, el llamado “Globo C” , se construyó el Parque Renacimiento que fue inaugurado durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Este parque —destinado a la recreación pasiva de los bogotanos— da la bienvenida con una escultura ecuestre de Fernando Botero. Poco antes de que cumpliera su período como burgomaestre de la ciudad, Peñalosa ya había planeado convertir “Globo B” también en un parque. La iniciativa, que contó con el apoyo mayoritario de un grupo de ediles de la zona, nunca contempló —no obstante— una alternativa de reubicación y trabajo para los marmolistas, talladores, vendedores de flores y comerciantes. “Desde que supimos de la construcción del parque hemos vivido en la zozobra permanente de no saber qué va a pasar con nosotros”, dijo Héctor Cifuentes, vendedor de lápidas. “Nuestra única esperanza es que el IDRD declare al cementerio camposanto”. Pero lo que parecía un proceso de fácil trámite y ejecución para la administración de Antanas Mockus —amparada en el acuerdo 6 de 1990 que cambió el uso del suelo del Cementerio Central, para volverlo un gran parque de recreación— terminó convirtiéndose en un complejo juego de póquer, cuyos jugadores han contado con más de un as bajo la manga.
El conflicto entre trabajadores de la zona y el gobierno de la ciudad se inició en el año 2000 cuando un grupo de agentes de policía —en un operativo de recuperación del espacio público— irrumpió en los locales de los marmolistas, talladores, vendedores de flores y comerciantes y destrozaron flores, lápidas, mármoles, y hasta utensilios de trabajo que fueron decomisados y arrojados a las volquetas. “Ante una agresión de la Policía hubo una agresión por parte de los usuarios”, dice Olga Lucía Toquica. “Hubo varios golpeados y una mujer retenida”. Lo insólito y complejo del conflicto —como la resistencia de los comerciantes— se explica porque fue el propio gobierno distrital el que, 48 años atrás, “legalizó”, de alguna manera, las actividades de estos trabajadores informales. Fue la Alcadía Mayor la que les asignó los espacios de los locales que fueron adecuados por ellos en 1957. Fue la extinta EDIS (Empresa Distrital de Servicios Públicos) la que trazó una línea amarilla —a lo largo de la carrera 20— que les indicaba hasta dónde podían ofrecer sus productos en la acera. Y fue la EDIS, además, la entidad que pagaba los costos del agua que consumían los locales y les cobraba arriendo, mediante diminutos recibos amarillos, cuyos dineros consignaba en la Tesorería Distrital. Marmolistas, talladores, vendedores de flores y comerciantes, por esas circunstancias, nunca imaginaron que el Concejo de Bogotá —mediante el mencionado acuerdo— decidiera cambiar el uso del suelo. Desde entonces, su vida en la carrera 20 se ha vuelto difícil. La EDIS fue liquidada en 1993 por malos manejos administrativos —especialmente por los ocurridos durante la administración de Fabio Puyo— y los pagos que se hacían por el agua nunca se volvieron a efectuar. La Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP, entidad que reemplazó a la EDIS en 1998) decidió, entonces, no pagar el valor de los recibos del agua y a la Empresa de Acueducto no le quedó otro camino distinto al de suspender el servicio. La mayoría de comerciantes resolvieron, entonces, dejar de pagar el valor del arrendamiento de los cánones que —incluso— algunos nunca efectuaron. La administración del cementerio, que había quedado a cargo desde 1996 del Consorcio Carlos Jorge Silva Bernal (COTRANSFUN), tampoco se hizo cargo del pago de los recibos, y hoy marmolistas, talladores, vendedores de flores y comerciantes llevan dos años sin agua. Los más afectados con la restricción han sido los comerciantes de flores —por lo general mujeres— que han tenido que almacenar en tarros grandes de basura el agua que les venden los carro tanques del Distrito a 1.800 pesos el balde. 37