REFORMA JUDICIAL viola obligaciones internacionales

Revista Digital Página 12 Guerrero

Organización Informativa del Sur (OIS)

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a Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab (Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho) de la Facultad de Derecho de Stanford presentaron un *amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial recientemente promulgada en México (también conocida como «Plan C»). Este escrito, presentado ante el máximo tribunal del país, argumenta que la reforma judicial impugnada transgrede las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

La reforma promulgada, prosigue el comunicado, modifica la Constitución para exigir que todos los jueces estatales y federales —incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— sean reemplazados por juzgadores elegidos mediante votación popular. El escrito presentado por ambas organizaciones sostiene que el procedimiento para adoptar esta reforma vulnera el derecho de las comunidades indígenas, jueces, mujeres y otros grupos afectados a participar en la dirección de los asuntos públicos. Además, argumenta que la reforma infringe los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial y el debido proceso. Asimismo, el documento sostiene que las normas internacionales facultan a la Suprema Corte para revisar reformas constitucionales que afectan los derechos humanos y describe la práctica común de cortes constitucionales en otros países de analizar el fondo de este tipo de reformas.

“Quien considere que todo está dicho en materia de defensa de la Constitución no comprende la situación actual en México ni las discusiones jurídicas pendientes. La Barra Mexicana de Abogados ha trabajado siempre con la vista puesta en el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y continuará aportando su trabajo y convicción para mejorar el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos. Con este amicus ante la SCJN reafirmamos nuestra defensa de la abogacía y la justicia”, declaró Víctor Olé Peláez, Presidente de la Barra Mexicana de Abogados.

REFORMA, ILEGAL

El documento fue presentado en las acciones que cuestionan la constitucionalidad de la reforma, presentadas ante la Suprema Corte.

Tras la presentación de estas acciones, el 31 de octubre de 2024, se publicó una nueva reforma constitucional para eliminar la competencia del poder judicial federal de analizar reformas constitucionales. El 28 de octubre de 2024, la Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que esta reforma violaría tanto la Constitución mexicana como las obligaciones internacionales de México.

«Las obligaciones legales internacionales de México, así como la práctica de otras cortes constitucionales, respaldan la competencia de la Suprema Corte para revisar esta reforma judicial y declararla inválida», afirmó Amrit Singh, Profesor de Práctica y Director Ejecutivo del Rule of Law Impact Lab en la Facultad de Derecho de Stanford. «Además de ser ilegal, la reforma agravará los problemas de acceso a la justicia en México. En Estados Unidos, la elección popular de jueces de cortes estatales ha politizado y socavado la confianza pública en el sistema judicial».

POLITIZA EL PROCESO DE SELECCIÓN

Entre otros precedentes, el amicus cita un fallo de 2013 de la Corte Suprema de Argentina, que declaró inconstitucional una reforma del Consejo de la Magistratura, la cual buscaba aumentar el número de sus miembros y permitir la elección popular de los jueces. La Corte argentina consideró que dicha reforma violaba la separación de poderes y la independencia judicial al politizar el proceso de selección de magistrados. En febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el «Plan C», una reforma judicial de gran alcance que sustituiría a todos los jueces estatales y federales —cerca de 7,000— mediante votación popular. En mayo de 2024, la Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab publicaron un reporte concluyendo que la reforma contravenía las obligaciones internacionales de México y representaba una seria amenaza para la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país. A pesar de las suspensiones judiciales otorgadas por amparos federales, la reforma fue aprobada mediante un proceso expedito en el Congreso, sin suficiente deliberación, y fue publicada el 15 de septiembre de 2024. El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México.

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