SUCESOS.
SÁBADO 3 SETIEMBRE DEL 2016
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MIEMBROS DEL PCC
SOLICITAN LA DEROGACIÓN DEL DECRETO Nº 5.822
Anoche cerraron E. Ayala y causaron caos vehicular
Antes de la partida se incautó de uno de los reclusos, un celular y un estoque escondido en la suela del calzado. GENTILEZA
NÉSTOR SOTO
Fueron trasladados 9 internos peligrosos
Con fuerte dispositivo de seguridad fueron llevados los internos brasileños a diferentes penales.
En Eusebio Ayala y De la Victoria se concentraron anoche los manifestantes, causando embotellamiento.
Importadores de autos usados insisten en que son castigados injustamente.
A
lrededor 500 personas y unos 50 camiones cigüeña que importan vehículos usados se manifestaron anoche en Eusebio Ayala y De la Victoria, cerrando las avenidas y causando caos vehicular. Reclaman la derogación del Decreto Nº 5.822/16, que aumenta el arancel aduanero de vehículos usados.
Los vendedores e importadores de vehículos usados se unieron luego de que se elevara el arancel para la importación de este tipo de vehículos de cualquier procedencia entre un mínimo de 10% y un máximo del 25%, dependiendo del tipo de cilindrada y modelo. Francisco Delgado, uno de los representantes de importadores de vehículos usados, dijo que la protesta es a nivel nacional por la suba del impuesto para los vehículos usados, no así para lo rodados 0Km. “Si el aumento fuese en forma proporcional, no habría pro-
blema, pero así de un día para el otro que alcen no está bien”, indicó. “Solicitamos a través de un comunicado oficial al ministro de Hacienda, Santiago Peña, que rectifique el decreto teniendo en cuenta que el mismo contradice el espíritu de la libre competencia, la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y otros derechos de raigambre constitucional, al establecer diferentes niveles arancelarios a mercaderías a ser importadas y que comparten una misma posición arancelaria”, expresó. Recordó, además, que ante-
riormente el sector abonaba entre 5% y 25% de arancel, y algunos importadores presentaban certificado de origen (un documento que solo es válido para la importación de vehículos nuevos), con lo cual abonaban arancel cero. Alberto Meza, presidente de “Estamos Cansados de sus Leyes”, enumeró los reclamos que estaban realizando, impuesto a la importación de vehículos usados, renuncia del ministro del Interior por los últimos acontecimientos, reclamo contra la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad, contra la Seam, entre otros.
El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, desarrolló ayer un operativo para el traslado de nueve internos a diversas penitenciarias del interior del país. Los reclusos, de nacionalidad brasileña y supuestos miembros del grupo delictivo Primer Comando Capital (PCC) fueron derivados, en el transcurso de la mañana, a las instituciones penales de San Pedro, Concepción y Pedro Juan Caballero. La elección del traslado a estos establecimientos fue respondiendo al hecho de que estos cuentan con el apoyo de las Fuerzas de Tareas Conjunta (FTC). A las 7:15 despegó el avión del Grupo Táctico Aéreo rumbo al Norte del país, teniendo previstas 3 escalas antes de su retorno a la capital. A bordo de la aeronave iba el personal de seguridad perti-
nente y un representante de la Dirección de Institutos Penales, quienes custodiaban a los internos Tiago Andrés Paulo Da Silva, Vagner Alexander Knorest y Jair Alves Petene, quienes fueron descendidos en la primera escala para ser luego remitidos al penal de San Pedro. En una segunda escala Julio César González Da Silva, Fabro Augusto Da Silva y José Antonio Dos Santos fueron despachados para ser dirigidos posteriormente a la penitenciaria de Concepción. Luego de las 2 escalas, que duraron apenas 10 minutos, bajaron luego Orlando Dos Santos Fernández, Bernardo Yamil Dias Portillo y Ricardo Ramón Valiente Alfonso, remitidos en la tercera y última posta hacia la penitenciaría de Pedro Juan Caballero.
POR LESIÓN DE CONFIANZA INVESTIGARÁN A 10 PERSONAS
Involucrados en estafa a Senavitat son imputados El perjuicio total ocasionado fue de 12.000 millones de guaraníes.
Diez personas fueron imputadas por lesión de confianza en la investigación por una supuesta estafa a la Senavitat, denunciada en el 2014. El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) habría dejado inconclusas 321 viviendas sociales en varias localidades como Limpio, Capiatá,
Nueva Italia, Ypané y Luque luego de haber cobrado anticipos de hasta el 85% por la ejecución de 12 proyectos. El perjuicio estimado sería de G. 12.000 millones. De los imputados, 5 eran funcionarios de la Senavitat encar-
gados del desembolso y los restantes, miembros del SAT y sus colaboradores, como propietarios de constructoras y representantes de las cooperativas Mi casita y Ñapu'ã haguã, encargados de las pólizas de garantías. Estas personas son Camilo Aní-
bal Recalde Dávalos, imputado como autor, era el encargado de la construcción de las 321 viviendas y su gerenciamiento; Hugo César Acevedo, Carlos Antonio Valenzuela, Óscar Luciano Barreto y Carol Patricia Turrini Ayala, representantes de las cooperativas y las constructo-
ras involucradas. Por otro lado, se encuentran Rodolfo Osmar Lovera, Mario Antonio Pairet, José Hugo Núñez Alvarenga, Rufino Concepción González Flores y Rocío Beatriz González Aranda, quienes se desempeñaban como funcionarios administrativos de la Senavitat.