DOMINGO 2 DICIEMBRE DEL 2018
No confundir difundir hecho criminal con promocionarlo ni ajusticiamiento con un vil acto criminal
L
a difusión mediática por decisión gubernamental del asesinato de un ciudadano por una banda criminal es doblemente grave porque los criminales pretenden publicitar que han hecho un acto de justicia y porque, habiendo actuado dentro del Paraguay y bajo el marco de la Ley Magna que nos ampara, la Constitución Nacional, la han violado doble y alevosamente, ya que, además de atribuirse un poder que no les corresponde, pretenden que el crimen es un “ajusticiamiento”, es decir, “castigar al reo con la pena de muerte”, lo que implica un proceso judicial, con todas sus garantías constitucionales, y, finalmente, porque la pena capital está fuera de la ley de acuerdo a nuestra Constitución. Eso, en primer lugar, es un error y hasta un horror del gobierno. Más allá, es fundamental reflexionar en general sobre estas precisiones porque muchos medios y periodistas han caído en el error de seguir el discurso de los terroristas del EPP, otorgándole al asesinato cierta denominación “legal”, “ajusticiamiento”. Lo que hizo el EPP es un vulgar asesinato, por donde se lo mire y juzgue; y, más grave todavía, doblemente criminal porque el “ajusticiamiento”, es decir la aplicación legal de la pena capital, está fuera de la ley en el Paraguay, como establece la Constitución. Usando mal las palabras, muchas veces, como en este caso, estamos “dándole categoría judicial” a un acto criminal. No se trata de una precisión “preciosista”, sino puntual, ya que al sustituir asesinar con ajusticiar le estamos dando verbalmente el carácter o reconocimiento de una actuación con intervención de la justicia; ajusticiar, que, como indica la lengua española, sin necesidad de recurrir a diccionarios técnicos, pues ajusticiar viene de justicia, es decir, le estamos dando al crimen aleve y delictivo un carácter “legal”. Es tal cual lo plantea el EPP, que pretende atribuirse el estatus de “ajusticiador” y propagandiza su acción criminal como “justiciera”. Valga esta precisión como preámbulo para analizar el debatido tema de la difusión del mensaje de los criminales por parte del Gobierno Nacional. La primera justificación oficial puesta en el tapete es que se corría el riesgo de que fuera publicitada por algún medio local, con el agravante de mayor irresponsabilidad y, por consiguiente, más fuerte impacto en la población.
No es un tema nuevo; se ha comentado y debatido en más de una oportunidad y, en general, los medios mantuvieron siempre una postura contraria a darle “pantalla” a los criminales. Si existía ese riesgo, es, comunicacionalmente hablando, mucho menor que el impacto producido por una publicación oficial del Gobierno, es decir, cierto reconocimiento del “Estado”. Por demás, es más grave que lo publicite el Gobierno a que lo haga un medio, al parecer de poca importancia, ya que los medios de peso en la comunicación privada, en general, han demostrado históricamente y lo han reiterado en esta oportunidad que no están de acuerdo con la difusión “sensacionalista” de actos criminales. Y menos trasmitir imágenes y sonido de un crimen, que ya en sí es “sensacionalismo”. Si bien en el mundo mediático, en pos del rating, suelen hacer ciertas barrabasadas, con el EPP ha habido bastante cautela, ya que hay cierta conciencia de la gravedad del “guerrillerismo”, que solo encuentra eco en nuestro país entre algunos sectores de la izquierda desquiciada. Por demás, la decisión de darle publicidad ha desatado prácticamente un consenso en contra. Es decir, que aun con la perspectiva de que hubiera algún medio irresponsable que diera publicidad, el hecho de que lo haga el Gobierno es, sin duda, y desde cualquier perspectiva, más grave y tiene mayor impacto, como lo ha tenido, desatando una reacción prácticamente generalizada. No es lo mismo que un medio oportunista o tilingo cometa la irresponsabilidad de la difusión del acto criminal… no se trata de un hecho baladí porque la difusión de tales actos terroristas puede parecer más una apología del delito que un hecho comunicacional, más desquiciado que reflexionado. Como lo hecho, hecho está, y ya no tiene remedio, debe servir de experiencia; experiencia que, por cierto, ya estaba en el seno de la sociedad paraguaya. De ahí que desde prácticamente todos los sectores, civiles y militares, políticos y ciudadanos se hayan elevado voces de protesta y alarma. Un tema tan delicado, antes de ejecutarse, amerita reflexión y consultas. La impresión que hasta ahora da el Gobierno, lamentablemente, es que trata más de justificar los errores, con argumentos pueriles, que erradicarlos. Como dice el viejo dicho, errar es humano; no reconocer los errores es arriesgarse a “tropezar de nuevo con la misma piedra”.
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Los jóvenes solo siguen el ejemplo que les ofrece la sociedad... del cotidiano, del robo de los bienes públicos, del tráfico de influencias, las prebendas, sobornos.... MIGUEL ÁNGEL CABELLO Obispo de Concepción y Amambay
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