DLU Sonsón #01

2 Memoria

Durante cuatro días de agosto de 1996, Sonsón vivió lo que muchos de sus habitantes recuerdan como el principio de la incursión paramilitar para disputarle el control de la región a las Farc. Este es el relato de dos sobrevivientes.

El “fin de semana negro”:

el principio de la tragedia

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

3 Daniela Osorio Zuluaga Estudiante de Comunicación Social - Periodismo daniela.osorioz@udea.edu.co Ilustración: Raúl Edinson Trujillo

E

n su libro Violencia pública en Colombia, Marco Palacios clasifica a los paramilitares en dos ramas: los de primera y los de segunda generación. Los primeros fueron creados como grupos de autodefensa a partir de 1965 para proteger de la guerrilla a terratenientes y ganaderos. Los segundos, conformados a partir de 1994, contaron con el respaldo de sectores del Estado, comerciantes y empresarios, y tuvieron un fuerte vínculo con el narcotráfico. Fueron estos paramilitares, los de segunda generación, los que empezaron a incursionar en Sonsón en 1996 y los protagonistas del “fin de semana negro”.

Para ese momento, los Frentes 9 y 47 de las Farc ya tenían una presencia histórica en el Oriente antioqueño. La instrucción dada a los paramilitares de Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio que llegaban a la región era disputarles el control de la zona. Hasta entonces, los habitantes de Sonsón veían lejos el conflicto armado que vivían otras regiones.

Sin embargo, lo ocurrido entre el 24 y 27 de agosto de 1996 ratificó que esa distancia con la guerra había terminado. Ese fin de semana es uno de los momentos más recordados de la época de la violencia que, a partir de entonces, enfrentó el municipio durante cerca de dos décadas.

Alrededor de esta fecha se han construido versiones que no siempre coinciden. Mientras algunos sonsoneños aseguran que diez personas fueron asesinadas durante los días viernes, sábado, domingo y lunes, el Libro de defunción número 18 de la Notaría Única de Sonsón y El Portón, un medio de comunicación regional, indican que los asesinatos ordenados por los paramilitares ocurrieron el sábado 24 y el lunes 26 y que las víctimas fueron nueve.

Ahora, los familiares tienen las certezas que les brindaron varias versiones libres en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Saben que las órdenes para realizar las “limpiezas sociales” vinieron de los hermanos Castaño y que las víctimas fueron asesinadas, con lista en mano, por un grupo liderado por Ricardo López Lora, alias El Marrano. Los mataron con la justificación, sin fundamento, de ser colaboradores de la guerrilla.

Esta es la historia de aquel “fin de semana negro” a partir del recuerdo de quienes vivieron de cerca estos días de angustia y tensión.

La tragedia no acabó ahí. Con el pasar de las horas, Jairo escuchó que el número de asesinatos aumentaba. La otra muerte que lo sacudió a él y a buena parte del pueblo ocurrió al mediodía, fue la de Marley Orozco, una mujer de 26 años, asesinada en el bar 3 copas. Al llegar a su casa y ver de nuevo a su padre en el mismo lugar donde lo había dejado en la mañana, le hizo un recuento detallado de los muertos, nombre por nombre; aunque hoy, 21 años después, solo recuerda a Marley y a Manuel.

Ese sábado 24 de agosto de 1996 fueron asesinadas seis personas más. Una hora después del asesinato de don Manuel, Jhon Fredy Arango, un estudiante de 16 años, fue baleado justo al frente de la Heladería Los Guaduales. En la tarde, por la carretera de la vereda San Francisco, fueron asesinados Mauro Arias, un campesino de 42 años, y los hermanos Edgar y Arnoldo Escobar Aguirre. Hubo dos heridos más, cuyos nombres se han perdido en la memoria de los sonsoneños, pero se sabe que fallecieron días después.

El padre de Jairo reaccionó, sobre todo, ante la muerte de la víctima más cercana: Manuel. “Vea, pues, no lo mataron en Corea, pa’ venirlo a matar en una cama”, dijo. Villa había sido militar y sobrevivió a la guerra de Corea. “Oiga, pero lo de Marley sí que está raro; acá no matan mujeres”, concluyó aquella tarde el viejo Adam Dávila.

Al caer la noche, ya eran ocho muertos en un pueblo hasta entonces calmado, donde cualquier bala retumbaba por días. Vendrían días oscuros, Jairo Dávila y su padre lo sabían.

Al caer la noche, ya eran ocho muertos en un pueblo hasta entonces calmado, donde cualquier bala retumbaba por días.

Vendrían días oscuros, Jairo Dávila y su padre lo sabían.

“No lo mataron en Corea, pa’ venirlo a matar en una cama” A las 7:00 de la mañana, Jairo Dávila ya estaba vestido y organizado. Salió del cuarto, saludó a su padre y a su madrasta, y se bebió a sorbos el café que estaba acostumbrado a tomar en las mañanas. Ya en su trabajo, un taller llamado RR, empezó a construir jaulas para animales y a reparar las máquinas que habían llevado esa semana. Recibió a varios de sus clientes y preparó todos los productos que llevaría a la plaza de mercado del municipio para que fueran vendidos en el transcurso del día. Apiló las jaulas, cerró el local y emprendió su camino.

Después de haber recorrido un poco menos de una cuadra vio pasar a uno de los paramilitares que, poco a poco, se apoderaban del pueblo. Fue inevitable para él sentir un frío en el pecho, un miedo que no podía dimensionar.

Era una mezcla entre el horror que le causaba y lo cotidiano que se había vuelto ver personajes de este tipo caminando o manejando libremente por las calles.

Descendió por la carrera séptima conocida como La Cañada y se sorprendió al ver que, a pesar de lo temprano, había más gente de lo normal. Vio muchas caras de asombro y escuchó varias voces angustiadas, temerosas, así que empezó a preocuparse. Pero no vio a nadie que le provocara la suficiente confianza para preguntar. De repente, se encontró con un tumulto de gente al frente del Hotel Maravilla y una voz, que no recuerda de quién ni de dónde, le dijo: “¡Ay, Jairo, mataron a don Manuel!”. ¿Don Manuel?, ¿Villa?, ¿en su propio hotel?, ¿por qué?, ¿quiénes?, se preguntó para sí mismo.

Desconcertado, mientras simulaba escuchar toda la historia del asesinato, se cruzó de brazos sobre su saco de lana y recordó poco a poco cada una de las cosas que lo unían con el viejo amigo y vecino de su padre, Adam Dávila. Luego, entre el aturdimiento de la noticia, no tuvo más remedio que continuar con su recorrido y seguir con sus labores del día.

“La única forma de perdonar es conocer la verdad” Bernardo Marulanda, o Bernard, como suelen decirle algunos de sus allegados, no recuerda ningún acto que de verdad lograra escandalizar el pueblo hasta ese fin de semana. “Sónson llegó muy tarde al conflicto”, me suelta de repente esta frase como una forma de explicarme lo inesperada y sorpresiva que fue la guerra para ellos. Nadie imaginó que los horrores que se escuchaban en la radio o en la televisión fueran a llegar a un pueblo tan lejano y tranquilo. “El fin de semana negro”, como lo recuerda él, empezó desde el viernes, cuando varias paredes fueron rayadas por los grupos paramilitares con la sigla de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y se empezaron a escuchar amenazas. “Muerte a sapos” fue otra de las frases que apareció en las paredes.

El sábado, con la muerte de Manuel Villa, de Marley y de todas las demás víctimas, Bernard sintió algo de miedo, pero confió en que su posición política lo protegería. Para ese entonces, era concejal por el M-19 en el municipio.

Luego, entendió que, por el contrario, sus posturas políticas y el representar y defender ideales de izquierda fue lo que casi le arrebata la vida.

Ese lunes 26 de agosto, el día del atentado, Bernardo cambió todas sus rutinas. En vez de pasar a las 6:30 de la mañana por las mismas calles, cruzó a las 8:30 por un lugar que nunca recorría para ir a trabajar. Esa mañana ni siquiera pasó por la casa de sus padres a tomarse una buena taza de chocolate con arepa, aunque no recuerda las razones. Abrió su bar Génesis, puso a funcionar la greca y charló con su amigo Justo, quién llegó minutos después.

Entre tanto, una señora del campo se sentó y pidió un café. “¡Cierren las puertas!”, dijo una voz varonil que provenía de la entrada. Bernardo miró al hombre fijamente y, en cuestión de segundos, recordó que eso de cerrar los locales había sido la técnica con la que habían matado a otros. Sin

pensar en las probabilidades que tenía de salir vivo ni en lo lejos que tendría que llegar para estar a salvo, simuló estar cerrando, pero en realidad se abrió paso para salir corriendo. “¡Se nos va a ir!”, gritó el asesino, como si le hablara a alguien. Al salir del bar, el concejal vio a un metro de distancia a otro sujeto similar al que le había ordenado cerrar. Recuerda que en su condición de exdeportista logró correr como nunca. Corrió y corrió, buscó escondites, lugares donde pudiera estar a salvo y no encontró nada. Estaba atravesando el parque en diagonal cuando escuchó un tiro.

Eso le dio más fuerza.

Mientras corría, analizaba opciones y decidió entrar en otro de los bares del parque principal. La gente debió asustarse, debió percatarse de su agitación, de sus ojos verdes llenos de pánico. “¡Acá no es! Vuelven y me encuentran, me encierran y ahí si me matan”, pensó para sí mismo. Salió agitado y halló entre sus pensamientos el único lugar donde no le podían hacer nada: el comando de Policía. No tuvo tiempo ni mente para mirar si tenía ventaja, si había chance de llegar, solo siguió corriendo.

Veía la puerta cada vez más y más cerca. Había llegado, estaba vivo y a salvo. Ya en el Comando, recuerda que ninguno de los policías se asombró con su llegada y que lo atendieron afuera. Ahí se dio cuenta de que estaba cubierto de sangre. El ardor, similar al de una quemadura de cigarrillo, que sentía mientras corría, era el de una bala que le atravesó la pierna.

Bernardo escapó de la muerte en dos ocasiones el mismo día. La primera, cuando por cosas del destino no pasó por la esquina de siempre y a la hora de siempre. Supo después que ahí lo esperaron por horas los mismos personajes.

La segunda, cuando aún con una herida de bala en la pierna, logró correr más que la muerte.

Sin embargo, después de llegar al Comando, le esperaron horas de angustia mientras pensaba cada minuto que ya iban a volver por él. Aunque nunca lo insinuó, su relato coincide con la interpretación de otras personas que señalan la colaboración entre la Policía y los paramilitares. “Me iban a dejar solo en el hospital y yo les dije que me acompañaran”, recuerda. “Después de las curaciones, me llevaron a mi casa. Al rato, yo me devolví para el Comando porque sentía que ya iban a llegar”.

Al día siguiente, y debido a su posición como concejal, logró que lo trasladaran por aire a Medellín, donde vivió alrededor de cinco años. Con el paso del tiempo, fue conociendo otros detalles. Algunos de sus conocidos le contaron, por ejemplo, que cuando logró escapárseles, uno de los paramilitares maldecía y tiraba su gorra al piso. Alguien más le contó que los asesinos lo estuvieron esperando en las afueras del hospital.

Hoy, más de dos décadas después del único atentado que ha sufrido, se le ve tranquilo y apacible. Dice que la única forma de perdonar es conocer la verdad y que él ya perdonó. Dice que ha tenido la virtud de entender que la guerra tiene acontecimientos que no pueden marcarlo para toda la vida.

Al finalizar, cuando le pregunto si hay algo más que quiera agregar a su relato, Bernardo me devuelve una sonrisa y me responde: “Pues, sí, que siempre hay que perdonar porque, como dice Fisher, el resentimiento es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera”.

Bernardo escapó de la muerte en dos ocasiones el mismo día.

La primera, cuando por cosas del destino no pasó por la esquina de siempre y a la hora de siempre.

Supo después que ahí lo esperaron por horas los mismos personajes.

La segunda, cuando aún con una herida de bala en la pierna, logró correr más que la muerte.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

4 Opinión Editorial

Un proceso de paz con los recursos naturales

Comité editorial: Patricia Nieto, Ana Cristina Restrepo Jiménez, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez Dirección: César Alzate Vargas Dirección edición regional: Juan David Ortiz Franco Asistencia editorial edición regional: Eliana Castro Gaviria Equipo de redacción: Daniela Osorio, Sebastián Yarce, Esneider Chavarría, María Valentina Valencia, Jessica Montes, Natalia Duque, Yuly Tatiana Flórez, John Dairo García, Julián Botero, Estefanía Ocampo, Yudy Alejandra Ocampo, María Paula Colorado, Óscar Mauricio Pavas, Willy López, Ana María Sánchez, Jonifer Estiven Posada, Luis Fernando Castaño, Karen Ximena Montañez, Norvey Echeverry.

Corrección de estilo: Alba Rocío Rojas León Coordinación de fotografía: Juan David Tamayo Mejía Diseño gráfico: Sara Ortega Ramírez Impresión: La Patria, Manizales Circulación: 2.500 ejemplares Sistema Informativo De la Urbe Coordinación general y de Radio: Alejandro González Ochoa Coordinación Televisión: Alejandro Muñoz Coordinación Digital: Walter Arias Coordinación Especiales y regiones: Juan David Ortiz Franco Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, of. 12-122 Tel: (57-4) 219 5912 delaurbe.udea.edu.co delau.prensa@gmail.com facebook.com/sistemadelaurbe twitter.com/delaurbe Medellín, Colombia Acorde a los postulados sobre derecho a la información y libertad de expresión consagrados en la Constitución Política y las leyes de Colombia, las opiniones expresadas por los autores no comprometen a la Universidad de Antioquia ni al Sistema Informativo De la Urbe.

Universidad de Antioquia Mauricio Alviar Ramírez, Rector Edwin Carvajal Córdoba, Decano Facultad de Comunicaciones Juan David Rodas Patiño, Jefe Departamento de Comunicación Social

D

urante décadas, la idea de conflicto en la región y en Colombia se ha reducido a la disputa entre grupos al margen de la ley y las fuerzas del Estado.

Esa confrontación, más intensa en unas etapas que en otras, ha puesto en riesgo el bienestar de las comunidades, sus derechos y su tejido social. Aunque está claro que esa situación persiste en muchas regiones del país, en los últimos años se ha hecho evidente otra disputa que, tal vez, quedó relegada por cuenta de la guerra: aquella que enfrenta las posturas sobre la protección del medio ambiente con los modelos extractivos y de explotación masiva de los recursos naturales.

La deforestación de los páramos, los grandes proyectos mineroenergéticos, el deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad, la expansión de los monocultivos y el deterioro de las vocaciones agrícolas dibujan el panorama de los conflictos socioambientales y son hoy parte de los retos que enfrentan muchas comunidades que han tenido un respiro por cuenta de la terminación del conflicto entre el Estado y las Farc.

En el marco del Festival del Agua desarrollado en Sonsón el 19 y el 20 de octubre de 2017, las intervenciones de los líderes comunitarios del Oriente antioqueño giraron en torno a afirmar que los conflictos socioambientales están reemplazando al conflicto armado que, en la región costó miles de vidas y contó con la presencia de todos los actores en disputa. Los líderes coincidieron en la idea de que, a medida que disminuye la presencia de grupos armados, aumenta el impacto de los proyectos extractivistas.

Eso, en el caso particular de Sonsón, ocurre en el contexto de una creciente movilización por la defensa de los recursos naturales y, de manera muy específica, por la protección de la zona de páramo. Allí, de acuerdo con Cornare, se cuenta con 9.184 hectáreas, veintidós especies endémicas, 240 especies de fauna y 400 de flora. Allí, además, nacen siete ríos, lo que convierte al Páramo de Sonsón en una despensa hídrica de mucha importancia para la región.

Sin embargo, ese ecosistema, y en general la riqueza natural de la región, se enfrenta a los impactos que representan los proyectos para la construcción de microcentrales

No queremos medio ambiente, lo queremos completo Estefanía Ocampo García Estudiante de Comunicación Social - Periodismo estefania.ocampog@udea.edu.co

L

Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 01 Diciembre de 2017

Fotografía de portada: Jonifer Estiven Posada

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

hidroeléctricas, los monocultivos que se expanden y que, de a poco, implican la pérdida de la identidad campesina, el uso descontrolado de agroquímicos que ya han generado contaminaciones con efectos sobre la fauna y la salud humana, y hasta la misma delimitación del páramo por parte de las autoridades ambientales.

Todo ese inventario de problemáticas, que los líderes identifican como amenazas para su territorio, hace parte de un nuevo panorama de conflicto al que tiene que enfrentarse un municipio que, durante mucho tiempo, sufrió el deterioro progresivo de su tejido social por cuenta de la violencia.

La situación particular de Sonsón y del Oriente antioqueño es apenas un ejemplo de lo que se reitera en el contexto nacional. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), en Colombia hay 119 proyectos para la construcción de represas pendientes de aprobación.

A esto, se suma un panorama que cruza esas nuevas disputas con el conflicto armado aún vigente: entre enero de 2016 y el primer semestre de este año, según un informe elaborado por Indepaz, el Cinep y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, 101 líderes campesinos, indígenas y afro, fueron asesinados por causas relacionadas con la defensa de derechos humanos y, algunos de ellos, por la defensa de sus territorios y de los recursos naturales. Eso explica, en parte, la idea de los líderes sobre la posibilidad de que los conflictos socioambientales se sitúen como el reemplazo del conflicto armado.

Las amenazas y asesinato a líderes, un modelo de desarrollo con una marcada dependencia del extractivismo, la permisividad de algunas autoridades ante el deterioro del medio ambiente por intereses privados y el licenciamiento en ecosistemas, que deberían tener mayor protección por parte de Estado, son factores que abren la puerta a nuevos conflictos. La paz que debe construirse en los territorios también tiene que pasar por reconocer que el medio ambiente también ha sido víctima.

a corrupción no se ve solo en las esferas económicas ni entre los políticos de turno, aquellos más visibles, que quieren sacarles un dinerito extra a los colombianos. También se ve entre las corporaciones ambientales que de ambientalistas tienen muy poco, pues más allá de incentivar la protección y conservación del medio ambiente, están dejando que las industrias extractivas, nacionales e internacionales entren a los territorios a explotarlos, sin importar la contaminación del agua, la erosión, la deforestación o los cambios en los ecosistemas.

Parece que les importara más el dinero y el supuesto desarrollo que conllevan esas iniciativas, al menos el que las empresas prometen, que los bienes naturales para cuya protección fueron creadas esas instituciones como autoridades ambientales.

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. El Sistema de Información Biológica (SIB) ha registrado 56.343 especies, entre las que se encuentran animales vertebrados e invertebrados, plantas, hongos, algas y líquenes, de las cuales 9.153 son especies endémicas. Sin embargo, debido a la deforestación, la minería, la contaminación y la disminución de los afluentes de agua, el tráfico ilegal de fauna y flora, el uso indiscriminado de agrotóxicos y la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, 1.296 de estas especies se encuentran amenazadas.

Halagamos la biodiversidad de Colombia y nos sentimos orgullosos de pertenecer al primer país con mayor número de aves y orquídeas; el segundo con más plantas,

anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas; el tercero con más palmas y reptiles; y el cuarto con más mamíferos. Nos maravillamos ante la “Magia salvaje” de nuestro país, pero no ante su deterioro.

Pasamos de largo al ver que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y las Corporaciones Autónomas Regionales reparten licencias a diestra y siniestra, como si muchas de las iniciativas para la construcción de hidroeléctricas, la minería y la explotación de hidrocarburos no le hicieran daño a los ecosistemas donde habitan este gran número de especies que regulan el equilibrio natural del planeta, producen el agua que diariamente consumimos y purifican el aire que nos mantiene con vida.

Y es que a pesar de las quejas de las comunidades y los daños ambientales que han producido estas prácticas, ejecutadas durante años de forma desordenada y de espaldas a la regulación, el Estado ahora, con su locomotora mineroenergética, se ha transformado en el principal promotor de actividades que, si bien son desarrolladas por empresas con estructuras mucho más consolidadas, siguen generando afectaciones masivas.

Hace poco leía en un pendón: “No queremos medio ambiente, lo queremos completo”. A esto me sumo diciendo que no quiero que ese modelo de explotación de los recursos naturales sea el que defina nuestro futuro. No quiero que los paisajes tropicales, que la amplia variedad de especies, de la que tanto nos sentimos orgullosos, se quede solo en la memoria de los colombianos.

Por eso, querido lector, lo invito a que dejemos la manía de quedarnos con los brazos cruzados, criticando mucho pero haciendo poco, para que trabajemos por proteger este pedacito del planeta Tierra en el que decidimos vivir.

Opinión

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De la Urbe,

¡bienvenido al suroriente!

Texto y fotografías: Norvey Echeverry Orozco Estudiante de Comunicación Social - Periodismo norvey.echeverry@udea.edu.co

M

uchos de quienes somos estudiantes del pregrado de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad de Antioquia, sede Sonsón, te estábamos esperando desde el primer semestre, desde el primer día, desde el primer segundo cuando escuchamos la palabra periodismo y el nombre de De la Urbe. Te esperábamos para escribir en tus páginas las historias que hemos ido coleccionando en nuestras libretas mientras recorremos los mismos caminos de la colonización antioqueña.

Acá sentirás mucho frío, pero encontrarás rostros cálidos, sonrisas, botas, sombreros y gente amable. Vienes desde Urabá y Suroeste; me han contado de tu buena aco-

gida y de la tristeza que generó tu despedida. No importa, acá te damos la bienvenida.

Tus páginas se verán repletas de historias, de periodismo; eso no lo pongas en duda. Esperamos no defraudar a los lectores que esperarán por vos cuando te publiquen. Prometemos que nunca te faltaremos a la verdad ni a la ética, esenciales en el buen periodismo. Por lo pronto, estas imágenes, con las que inauguramos tus páginas, te presentan la región que te acogerá. Creemos que, con tu presencia, vamos a poder amar mucho más —y mejor— nuestro oficio. ¡Bienvenido al suroriente!, ¡bienvenido a Sonsón!

Educación pública, ¿dineros privados?

Una donación de 550 millones de pesos para la construcción del auditorio, 50 estudiantes becados con un costo de 80 millones de pesos al año; el último aporte fue de 140 millones de pesos para la construcción de una cafetería. Esa ha sido la inversión en la sede Sonsón, de la Universidad de Antioquia, por parte de una familia del municipio. Representa mucho más que el presupuesto de funcionamiento que destina la administración central de la Universidad a la sede: en 2017, 60 millones de pesos.

En principio, es una gran noticia que las personas que cuentan con esa posibilidad hagan aportes a la Universidad y apoyen el sostenimiento de los estudiantes; pero es también el testimonio de la problemática de desfinanciación que afecta a la educación pública. El Estado no puede descargar en un ente privado su función de garantizar el derecho a la educación en condiciones de calidad. ¿No es este un síntoma de privatización?

#Quémañesada

Las marcas de la guerra aún habitan a Sonsón. Es un pasado reciente y doloroso, pero el tejido social, poco a poco, se reconstruye.

Viejas casas abandonadas son la muestra de uno de los fenómenos que más golpeó a la región: el desplazamiento. También son símbolos para no olvidar.

Sonsón está a 2.475 metros sobre el nivel del mar. Las nubes, cuando pasan, acarician los suelos. Cuando las noches están despejadas, en el firmamento se puede divisar una orquesta completa de estrellas dirigida por la luna.

Los campesinos de Sonsón producen vegetales y frutas que hacen del municipio una despensa para la región y para Medellín. Entre los productos más destacados están la zanahoria, el tomate de árbol, el aguacate, el repollo y la uchuva. Lo poco que queda de maíz en Sonsón está en el nombre de las fiestas populares que se celebran cada año en agosto.

La época navideña llegó y con ella la tradición de colores y luces. En 2016, los alumbrados en los parques principales y las vías conexas de Sonsón fueron muy limitados. Por esta razón, las críticas fueron muchas y la plaza principal estuvo muy apagada.Aunque este año los reproches tampoco se dejaron esperar, pues ahora abundan los arreglos navideños en el mismo lugar: para muchos, un despilfarro; para otros, una muy buena inversión. A los sonsoneños, nada nos tiene contentos. Ahora los reparos se expresan en las redes sociales con el hashtag #Quémañesada donde se dice que a los municipios de Antioquia no les queda bien un alumbrado que representa la Torre Eiffel.

Estudiar en Sonsón es un milagro

Al culminar los estudios en el colegio, a todos nos llega la hora de responder esta pregunta: ¿qué queremos hacer con nuestra vida? Pero en Sonsón, quienes elegimos el camino de la educación superior nos encontramos con un panorama que no es muy alentador. Si queremos permanecer en el municipio, la oferta académica es muy limitada. Por ejemplo, para el primer semestre de 2018, en la Universidad de Antioquia solo fueron abiertas admisiones para tres programas académicos presenciales y cuatro virtuales.

Las opciones para aquellos que no tienen afinidad por esas áreas se reducen a buscar alternativas de estudio por fuera —si es que pueden asumir el costo—, resignarse a un pregrado que no les interesa o, simplemente, renunciar a la educación superior.

Claro, hay vocaciones regionales, pocos recursos y prioridades que se definen por la pertinencia. Pero también es una prioridad entender que la educación no puede ser más un lujo para uno pocos. Así, se ve lejos ese propósito de que Colombia sea “la más educada” en 2025.

En el Páramo de Sonsón, nacen siete ríos. Con las aguas de varios de ellos, se están construyendo microcentrales hidroeléctricas. Algunos se atreven a decir que es un segundo desplazamiento, pero sin armas.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

6 Informe

“

Quién quita que con menos veneno se pueda trabajar

”

Algunos de los agroquímicos más utilizados en la región son Uradan, Desi, Maratón y Curatón. Albeiro López asegura que con el paso del tiempo necesita usar cada vez más venenos.

Texto y fotografías: Sebastián Yarce Gil Estudiante de Comunicación Social - Periodismo sebastian.yarce@udea.edu.co

A

lbeiro López Cacante cultiva tomate de aliño y se dedica a la lechería en la vereda Yarumal Escuela, ubicada a cuatro kilómetros del casco urbano de Sonsón. Ha sembrado con agroquímicos desde hace más de treinta años, pero recuerda que cuando era un jovencito y trabajaba con su papá, cultivaban el maíz, el frijol y la papa con abonos orgánicos: “Poníamos a descomponer el estiércol de ganado y de cerdo, y con eso se abonaba. Esa cultura ha cambiado mucho porque los químicos han dado buenos resultados en las cosechas. Desde que cultivo con agroquímicos, no he vuelto a sembrar orgánico”.

Si bien Albeiro asegura que nunca ha sentido algún efecto nocivo ni se ha enfermado por aplicar agroquímico, reconoce que cada vez usa más agroquímicos en los pastos: “Para poder tener ganado para leche, usted tiene que regar veneno en los pastos dos veces al mes. Eso tiene mucha clase de plaga, porque la ganadería ya es muy extensa. Ahora años no había necesidad de tanto riego porque no había tanta plaga y era porque se mezclaban los cultivos”, explica el agricultor.

Según López, las casas comercializadoras de agroquímicos envían agrónomos frecuentemente para promocionar sus productos y dar asesoría sobre su uso. Sin embargo, no

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

En agosto de 2017, el uso de agroquímicos generó una mortandad de peces en el Lago de Sonsón. Los campesinos se enfrentan al debate entre quienes defienden su rentabilidad y quienes denuncian sus efectos en el medio ambiente.

advierten sobre los efectos nocivos que pueden traer algunos de esos insumos. En ocasiones, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Sonsón también visitan la vereda para asesorar a los campesinos sobre los agroquímicos. Pero, de acuerdo con López, Cornare, la autoridad ambiental, prácticamente nunca hace presencia.

Wilson López Galvis, de 27 años, es hijo de Albeiro y desde los cinco años le colabora en las labores de la finca. Hace aproximadamente seis meses decidió unirse al Instituto Ná Luum, una organización promotora de la permacultura en América Latina. Desde entonces, Wil-

son, bachiller y en proceso de graduarse como técnico en Gestión Empresarial, en el Sena, es permaaprendiz y facilitador de procesos permaculturales. En esa actividad, dice, se estudia la agricultura orgánica, la reingeniería del ser, la bioconstrucción, la transformación holística y otros aspectos: “Me vinculé a la permacultura porque me di cuenta de que el sistema actual está constantemente maltratando la naturaleza sin mirar que hay otras alternativas”.

Para Wilson, hay una gran brecha entre la agricultura orgánica y la agricultura convencional: “Bill Mollison, el maestro de la permacultura, decía que ‘el problema de la agricultura convencional es que es un sistema orientado a la producción de dinero y no de comida’. Mi papá creció en esa cultura y actualmente esas dinámicas exigen esas tecnologías. Eso es lo que el sistema le ofrece. Él utiliza esos fertilizantes para curar las enfermedades y calmar las plagas que el mismo sistema ha creado”.

Los peces del Lago de Sonsón La historia de Albeiro López y su hijo refleja las dos posiciones más frecuentes sobre el uso de agroquímicos: el debate entre la rentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Recientemente, Sonsón fue testigo de una situación que le sumó nuevos matices a la discusión sobre el uso de ese tipo de productos en los cultivos.

A principios de agosto, aparecieron cientos de peces muertos en la superficie del Lago, un reconocido sitio turístico del municipio. “Se veían por casi todas las orillas. Después de dos días, empezó a oler muy maluco; yo ya no me acercaba”, recuerda Leidy Arango, visitante frecuente del lugar.

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Este es el lago donde, en agosto, ocurrió la mortandad de peces atribuida por la autoridad ambiental al uso inadecuado de agroquímicos.

Con los días, la cantidad de peces muertos aumentó y el olor a putrefacción fue constante. Al consultar las causas del fenómeno, Cornare explicó que, según un estudio físico-químico y bacteriológico realizado por una ingeniera sanitaria de esa entidad, la muerte de los peces fue causada por residuos de agroquímicos.

De acuerdo con Néstor Orozco, director de la Regional Páramo de esa autoridad ambiental, los residuos provenían de un cultivo de flores establecido semanas antes en la cuenca del arroyo que alimenta el lago. Agregó que Cornare permanece a la espera de que los responsables se presenten para continuar el proceso jurídico que puede llevar a la suspensión de las actividades productivas que generaron la contaminación del lago.

El caso se discutió durante el IX Festival del Agua, celebrado en Sonsón. El evento reunió a más de 400 líderes sociales y ambientalistas del Oriente antioqueño con el fin de abordar distintas problemáticas ambientales, a través del reconocimiento del territorio y la deliberación. En una audiencia pública sobre los proyectos mineroenergéticos y los conflictos socioambientales en la región, Omar Osorio García, integrante de Movete y de la organización La Tulpa Comunitaria de La Unión, presentó una ponencia sobre la contaminación derivada del uso de agroquímicos.

Según Osorio, el número de personas intoxicadas por el uso de ese tipo de productos ha crecido en el departamento en los últimos años: “Entre 2008 y 2015, en los casos de intoxicaciones por sustancias químicas en Antioquia, se evidencia un aumento constante. Mientras que en el 2008, los intoxicados por uso de pesticidas fueron 428 y en el 2009 fueron 735, en el 2014 fueron 1.266 y en 2015 se presentaron 1.017 casos”.

día los productores acuden a más cantidades de agrotóxicos para producir y están dejando a un lado las alternativas de producción ancestrales.

Rendón asegura que “el uso de agrotóxicos en cualquier lugar tiene efectos secundarios, pero especialmente en zona de páramo, por ser un ecosistema frágil, que necesita un manejo más responsable y por ser un sitio que se considera como una fábrica de agua para el territorio, tiene muchas más implicaciones”.

Por su parte, Cristián Camilo Pérez, Ingeniero Ambiental y coordinador del Programa Desarrollo Sostenible del Páramo de Sonsón, de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio, comenta que desde esa institución se realizan campañas de sensibilización y recolección de empaques de agroquímicos, además de asesorías a los campesinos: “Tenemos técnicos agropecuarios que se encargan de ir a las fincas y en estas visitas se hacen recomendaciones, por ejemplo, si hay alguna enfermedad o anomalía en el cultivo. Ellos hacen recomendaciones de agroquímicos para fortalecer el desarrollo fisiológico de las plantas. No se especifican marcas sino dosificación lógica, racional y basada en estudios”.

Sin embargo, el funcionario reconoce que muchos campesinos les aplican cantidades exageradas de agroquímicos a los cultivos. “A veces, el campesino no sabe medir los volúmenes y echa cantidades descomunales a la bomba queriendo obtener mejores resultados y esto lo que genera es contaminación del agua, del suelo y de la salud humana”. Por estos días, Pérez está al frente de un caso que se presenta en la vereda Llanadas: “Estamos a la espera de los resultados que arrojen unos exámenes de sangre realizados al profesor y a algunos estudiantes de la escuela que, sin estar vinculados en las labores productivas, posiblemente se están contaminando”.

A su vez, el director de la Regional Páramo de Cornare, asegura que esa autoridad tiene un proyecto de asocio con la Seccional de Salud de Antioquia, los municipios y la Andi con el objetivo de reducir el uso de agroquímicos de alta restricción, como el Glifosato, y mediar en el uso racional de otros menos peligrosos.

Otra problemática relacionada es la disposición inadecuada de los residuos de estos productos. “En las principales veredas productoras como Tasajo, Llanadas, Manzanares, Las brisas y Arenillal, hacemos jornadas de sensibilización. Con Campo Limpio, una fundación encargada de recoger residuos de agroquímicos en Antioquia,

Bill Mollison, el maestro de la permacultura, decía que ‘el problema de la agricultura convencional es que es un sistema orientado a la producción de dinero y no de comida’.

Los agroquímicos, ¿una necesidad?

Edit Rendón Ceballos, representante legal de la Asociación Ecoturística Arcoiris y cogestora de procesos agroecológicos en Sonsón, afirma que “los agroquímicos se usan en exceso sin necesidad alguna y, sobre todo, con pleno desconocimiento. Esto está causando un gran impacto ambiental y el deterioro de la salud humana y animal”. Para la experta, la situación en Sonsón es lamentable, pues cada

hacemos el recorrido por las veredas y después de darles un tratamiento especial, se incineran de forma adecuada en la planta especializada de Campo Limpio. Con esta fundación acordamos realizar tres recolecciones en el 2017; a la fecha llevamos dos”, afirma Pérez. Añade que el tratamiento de estos residuos requiere un cuidado especial: “Cuando el campesino quema los envases de agroquímicos su efecto es más potente y al inhalarlo se está contaminando más”.

Edit Rendón sostiene que existen alternativas ecológicas como los biofertilizantes, que son preparados a base de plantas, estiércoles de animales y sales minerales, tienen un proceso de fermentado y alimentan el suelo para que nutra las plantas, sin afectar su composición biológica: “Las ventajas de usar biofertilizantes van desde el cuidado de la salud humana y animal, hasta la descontaminación del suelo y del agua”. No obstante, Pérez advierte “que la permacultura o la agricultura orgánica es viable a pequeña escala. Con sustancias que se preparan a base de ají o ruda se fertilizan cultivos pequeños muy bien. Cuando tenemos cultivos más grandes ahí no nos funciona. Para un cultivo que va para el extranjero, por ejemplo, es imposible no echarle así sea un poquito de químico”.

Entre tanto, la organización que lidera Edit Rendón ha gestado procesos relacionados con la conservación de los suelos y, según explica, enfocados en promover la recuperación de prácticas de agricultura ancestral con el fin de disminuir el uso de agrotóxicos. Sus proyectos van dirigidos especialmente a las comunidades de la zona páramo: “Trabajamos especialmente la educación ambiental con niños porque en ellos se siembra la semilla para que lleguen a ser adultos más responsables”, dice.

Como agricultor, Albeiro López afirma que estaría dispuesto a retomar las prácticas que aprendió de su padre: “Tocaría hacer experimentos a ver. Quién quita que de pronto con menos veneno se pueda trabajar”.

Mientras los campesinos dan sus propios pasos, el tema de la regulación por parte de las autoridades ambientales sigue sobre la mesa. Albeiro insiste en que pocas veces ha recibido acompañamiento de las entidades responsables y que las autoridades no ejercen ningún control ambiental en su vereda. Algo similar expone el caso del Lago: más de dos meses después, el cultivo que generó la mortandad de peces sigue en funcionamiento. De acuerdo con Edit Rendón, “la legislación en Colombia es muy flexible en el uso de agroquímicos”. Por ello, pese a las iniciativas de las entidades estatales y de las organizaciones sociales, el uso de esos productos y el control de sus efectos parece recaer solo en los productores del campo.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

8 Conmemoración

Chapecoense,

huellas de una tragedia

Esneider Chavarría Gómez esneider.chavarria@udea.edu.co María Valentina Valencia mvalentina.valencia@udea.edu.co Estudiantes de Comunicación Social – Periodismo Fotografías: Sebastián Yarce Gil

“

Quero falar português para viajar para o Brasil e conhecer Chapecó”, dice Germán López, un campesino de la vereda Pantalio, en La Unión (Antioquia). En ese lugar, el 28 de noviembre de 2016, se estrelló el avión en el que viajaba el equipo que disputaría la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. López estudia portugués, según explica, para interactuar con los brasileños que lleguen a visitar su vereda.

Chapecoense, el equipo de fútbol, asombró a sus aficionados al ascender a la principal liga de su país en 2014 y, luego, apenas en su segunda participación, obtener un cupo a la final de un torneo continental. Pero la ilusión de ser campeón, se vio truncada con una tragedia que no solo marcó la historia del fútbol mundial, sino que parece redirigir el destino de todo un pueblo.

Ese lunes, el vuelo chárter de la aerolínea boliviana LaMia, con 77 pasajeros, debía aterrizar en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. Sin embargo, aproximadamente a las 10:00 de la noche, el avión cayó sobre el que entonces era conocido como Cerro Gordo, en territorio de La Unión, Antioquia, a escasos cinco minutos de su destino.

En medio de la lluvia, los habitantes de la vereda Pantalio sintieron un estruendo que muchos confundieron con un rayo caído en las montañas. A las 11:00 de esa misma noche, los noticieros nacionales anunciaron que el avión en el cual viajaba el equipo brasileño había desaparecido del radar. Algunas llamadas de alarma de personas de la zona urbana del municipio despertaron la inquietud de los campesinos, quienes no dudaron en dejar la comodidad de sus casas para caminar sobre el lodo y confirmar la tragedia.

Al salir de su casa, Germán pudo ver cómo por la carretera, usualmente solitaria, pasaban cuerpos de bomberos, policías y ambulancias. Al dirigirse al cerro, se topó con una de las 71 personas fallecidas, quien estaba siendo trasladada hasta donde alcanzaban a llegar las ambulancias.

Luego de reaccionar por el asombro que le generó el accidente, y de ver el desespero de los socorristas unitenses que llegaron a atender la emergencia con dos camillas y un botiquín, López ayudó a las personas que estaban en las camillas y en el rescate de algunos de los heridos. “Les

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

A un año de la tragedia del Chapecoense, en La Unión están en marcha varias iniciativas para honrar la memoria de las víctimas del accidente aéreo. Estas son las huellas del siniestro que puso al pueblo en el mapa. ayudamos a las enfermeras a sostener la droga y a sacar los heridos, pero a las dos de la mañana nos dijeron que no había más sobrevivientes y un sargento nos hizo salir del cerro”, recuerda.

Como él, fueron varios los campesinos y habitantes de la zona que prestaron sus carros, brindaron su esfuerzo físico y su sentido de solidaridad para rescatar los cuerpos y salvar la vida de los únicos seis sobrevivientes de la tragedia. El mismo siniestro que ha cambiado la vida de algunos de ellos.

que fue creado con la intención de hacer memoria sobre el suceso. Como equipo, empezaron a reunir fondos para pagar $1’500.000 que les valía el arriendo, y para construir en el Cerro un parque conmemorativo. Al ver que el dinero no alcanzaba, la corporación decidió mudarse el 13 de octubre a la terminal de transporte de La Ceja, a un local donde no tienen que pagar arriendo porque una empresa de turismo junto a una de transportes les cedió un local. Además, establecieron una alianza para hacer del Cerro Chapecoense una de sus rutas turísticas.

El museo se ha convertido en un medio para difundir los proyectos que la corporación lleva a cabo con el propósito de comprar parte del terreno del Cerro. La idea es construir un parque conmemorativo. El proyecto surgió sin plata, pero dice Vallejo, con un recurso más importante en las manos: el capital sentimental de la gente.

Por eso, exhiben para la venta algunas piezas del avión. La donación a cambio de una parte del aparato va desde 10.000 hasta 50.000 pesos. Además, el escudo del Club Chapecoense se convirtió en una estampa para ruanas y ponchos que los visitantes pueden comprar junto con las fotografías de las víctimas.

Entre otras iniciativas para recolectar fondos, han organizado bingos bailables y hasta han recogido donaciones entre los niños de los colegios del pueblo. Así, esperan reunir los 150 o 200 millones de pesos que, de acuerdo con Vallejo, cuestan los terrenos.

A este proyecto, dice su promotor, se han sumado otras personas del municipio, la Gobernación de Antioquia, el

En La Unión un cerro cambió de nombre, un niño campesino viajó a conocer a sus ídolos y su familia recibió una casa propia. Hay un museo que recoge partes retorcidas de un avión y campesinos que ya dicen unas cuantas palabras en portugués.

¿Qué ha cambiado en La Unión?

La iniciativa de estudiar portugués de campesinos como Germán, es apenas una de las muchas que han emprendido cientos de habitantes de La Unión. El 14 de diciembre, luego del accidente, Juan Carlos Vallejo, exalcalde del municipio, se reunió con otras 85 personas para conformar una corporación que, en palabras suyas, busca demostrar la hermandad de La Unión con los habitantes de Chapecó.

Según Vallejo, esa hermandad nació al devolver las pertenencias de los futbolistas que quedaron en el cerro —hoy llamado Cerro Chapecoense— donde se estrelló el avión. También, de un viaje que él mismo hizo a esa ciudad brasileña: “Con la cercanía que se generó entre ambos pueblos, aspiramos a darnos la mano, pues sentimos que somos familia”.

Así surgió la Corporación Binacional de Hermandad La Unión-Chapecó que, en sus inicios, estuvo ubicada en una casa del parque principal, donde funcionó el museo

9 Club Atlético Nacional y hasta la Alcaldía de Chapecó para edificar en el Cerro un parque conmemorativo que tendría monumentos, museo, capilla, sendero de peregrinación y una cruz de 17 metros de altura en representación inversa de los 71 fallecidos y seis metros de ancho en honor a los seis sobrevivientes. Además, habrá un sitio especial donde se pondrán las firmas de los niños que donaron dinero para la construcción del parque.

Sin embargo, el pasado 28 de noviembre, en los actos conmemorativos a un año de la tragedia, el presidente de Atlético Nacional, Andrés Botero, desmintió la vinculación del club con cualquier iniciativa en el cerro donde ocurrió accidente. Al revelar una placa en el parque de La Unión, le aseguró a De la Urbe que no fue posible ubicar el monumento conmemorativo en el sitio de la tragedia: “No me dejaron… Lo queríamos poner allá, pero que tenemos que comprar el lote y vale 300 millones de pesos. Ya lo convirtieron en negocio”, dijo Botero.

Sin embargo, Vallejo insiste en su iniciativa y asegura que uno de los monumentos más representativos que planean construir en el Cerro es “la Virgen de los futbolistas”.

Y no es que al exalcalde se le haya aparecido la Virgen. Pero, ¿creerán los futbolistas en ella? Luis Carlos Arias, nacido en La Unión y volante del Independiente Medellín, dice que no le faltarán devotos. “Nosotros somos dados a creer en muchas cosas. Pero si existe una Virgen de los conductores, nada raro que salgamos con la Virgen de los jugadores. No faltará quién le rece”.

no ha visto mayores repercusiones. “Considero que se debe pasar la página y dejar lo que pasó como lo que es: un accidente”. Asegura que el siniestro se convirtió en una cortina de humo para tapar las verdaderas problemáticas del municipio y siente que sus habitantes deben luchar porque el reconocimiento sea por esfuerzo propio y no por el recuerdo de un accidente aéreo.

En todo caso, a un año de la tragedia, en La Unión un cerro cambió de nombre, un niño campesino viajó a conocer a sus ídolos y su familia recibió una casa propia.

Hay un museo que recoge partes retorcidas de un avión, campesinos que ya dicen unas cuantas palabras en portugués, proyectos para que la memoria de las víctimas se convierta en un atractivo turístico, para crear una cruz enorme y para que nazca una virgen patrona de futbolistas. Algo ha cambiado en ese pueblo solidario que, en un principio, se movilizó para ayudar sin ningún otro interés.

El niño ángel Johan Alexis Ramírez Castro, de 16 años, dormía a tres minutos de donde ocurrió el accidente. Trabajar con su papá, Miguel Ángel, en los cultivos de tomate y hortalizas cerca del cerro, le permitió conocer muy bien el terreno para ayudar a los socorristas guiándolos en medio del monte. Esa hazaña, según Johan, lo hizo reconocido en el mundo, pero no lo hizo cambiar.

Este joven apasionado por el fútbol nunca imaginó que una tragedia pudiera llevarlo fuera del país, mucho menos a conocer las instalaciones del Real Madrid en España. “Si no hubiera sido por el accidente, nunca hubiera viajado a Brasil ni tampoco a conocer el Real Madrid. Porque para el campesino es muy difícil tener la oportunidad de salir”, dice Johan.

Esos viajes y el reconocimiento han llegado de personas e instituciones que conocieron su historia de solidaridad durante el rescate. Para él y su familia, el mayor premio que recibió fue el de tener una casa propia en la vereda Pantalio, donada por la Fundación Compasión.

“Nos invitaron a Medellín a una novena de aguinaldos.

Allá nos dieron la sorpresa de que la fundación nos haría la casa, y que mi patrona, doña Margarita, había donado el terreno para construirla”, afirma Miguel Ángel, el padre de Johan. Para él, sin embargo, es difícil recordar la tragedia que permitió que hoy tengan una casa propia. No pensó que colaborar en medio de ella, llevara a su familia a aparecer en los medios de comunicación y a que su hijo viajara y fuera tratado como un héroe. “Fuimos con el interés de ayudar a los heridos, nada más”.

A pesar de que Johan asegure que su vida cambió poco después del accidente, las condecoraciones de la Presidencia de Brasil, de la Gobernación de Antioquia, de las alcaldías de Medellín y de La Unión y hasta una de los bomberos de Bucaramanga demuestran lo contrario. Además, Johan fue uno de los primeros, junto a una joven lideresa wayúu, en recibir por parte del presidente Juan Manuel Santos la beca “Jóvenes por la paz”, para que estudie lo que desee en cualquier universidad del país. Eso sí, todavía no sabe cómo ni cuándo utilizará la beca. No le molesta que lo llamen “El niño ángel”, aunque, a veces, lo incomoda un poco sentirse observado en la calle. ¿Pasar la página?

A un año de la tragedia, son muy diversas las percepciones que genera lo ocurrido en La Unión desde entonces.

Para algunos, como Vallejo, ha sido una oportunidad para que el municipio crezca, por ejemplo, en actividades como el turismo. Mientras tanto, otras personas piensan que no se le debe dar tanta importancia a los hechos.

Santiago Valencia, estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia y habitante del municipio, dice que

En el cerro donde ocurrió la tragedia hay varios elementos conmemorativos del accidente aéreo ocurrido del 28 de noviembre de 2016.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

10 Campo

“Si todos los campesinos nos ponemos a sembrar aguacate,

¿qué vamos a comer?”

En Sonsón, aproximadamente 3.000 hectáreas están cultivadas con aguacate. De éstas, 2.100 son de la variedad Hass, producto de exportación impulsado por el Estado y por grandes empresas que están promoviendo ese monocultivo en la región.

Texto y fotografía: Jessica Montes Carmona Estudiante de Comunicación Social – Periodismo jessica.montesc@udea.edu.co

“

Cuando era pequeño, en mi casa se sembraba papa, fríjol, maíz, arveja y, ahora, cultivamos solo aguacate”, asegura Braulio de Jesús López Naranjo, un agricultor de treinta y siete años que vive en la vereda Tasajo, en Sonsón. Si bien este municipio se ha destacado en el país por su diversidad de pisos térmicos y, por ende, por su variedad en productos agrícolas, desde hace cerca de cinco años, en la región ha aumentado exponencialmente el cultivo de aguacate, hasta el punto que muchas fincas lo han convertido en un monocultivo. Ese producto, que algunos han llamado el “oro verde” y que el gobierno promueve por su potencial exportador, también ha creado resistencias entre los campesinos.

A la fecha, aproximadamente 3.000 hectáreas están sembradas de aguacate de todas las variedades. De éstas, 1.800 están certificadas para que el producto sea comercializado en el exterior, según explica José Rodrigo Murillo Flórez, tecnólogo agropecuario en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente (Saryma). De las 153 veredas del municipio, la producción de aguacate se concentra en 28 de ellas, según datos del Sena.

De esas 3.000 hectáreas, alrededor de 2.100 son de aguacate Hass, el más atractivo para las exportaciones. En 2016, Colombia exportó 35 millones de dólares en aguacate

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

de esa variedad. Aunque de momento no se ha detectado ningún caso de tala de bosque nativo para su siembra, algunas empresas, además de comprar la producción de los agricultores, están negociando predios y acumulando tierra para expandir el negocio en el municipio. En la actualidad, se encuentran en Sonsón las compañías Westsole Farms Colombia SAS —asociación de una empresa chilena y otra sudafricana—, Aguacates Gourmet y Expo Fruta Hass —ambas empresas colombianas—.

Llanadas Arriba, Llanadas Abajo, Río Arriba, Aures y Sirgua son las veredas en las que estas empresas tienen la mayor parte de sus cultivos de aguacate. Un empleado técnico de Westsole Farms Colombia SAS explica que esa empresa solo cultiva aguacate Hass para exportación, y asegura que genera empleo a cerca de cincuenta campesinos de las zonas para el manejo de sus cultivos.

“Esta empresa también trata de reparar el daño ambiental que el cultivar aguacate genera, aunque no son daños ambientales directos. La empresa destina un terreno para siembra de árboles junto a los nacimientos de agua, y así repone el agua que se usa en la producción de los cultivos de aguacate”, afirma el empleado.

Por su parte, Óscar Alejandro Ocampo Gálvez, ingeniero agrónomo de Saryma, explica que esa entidad, junto a las empresas dedicadas al cultivo de aguacate en el municipio, asesoran a los campesinos para la certificación de sus cultivos en los mercados de exportación.

Según José Rodrigo Murillo, tecnólogo agropecuario de esa Secretaría, en Sonsón se cosechan anualmente unas 15.000 toneladas de aguacate de todas las variedades, principalmente Hass. “Como es un producto de exportación, se paga mejor en el mercado; entonces, al campesino le va bien y así puede pagar mejor la mano de obra y la seguridad de social de todos sus empleados”, asegura. ¿Por qué preocupa a algunos campesinos?

El monocultivo de aguacate aumenta al mismo tiempo que se incrementa la preocupación en algunos campesinos.

En la vereda Sirgua Arriba, comentan algunos de ellos, el uso de fungicidas en este tipo de cultivos está ocasionando problemas de salud en la comunidad, en especial en los niños que acuden al Centro Educativo de la zona.

“Acá hay una parte con acueducto, lo demás llega por una zanja, de manera que el agua se ha visto contaminada, y los niños se han enfermado. Hay casas en las que no pueden consumir el agua ni hervida”, afirma Verónica Valencia Ospina, docente de la Escuela Rural de Sirgua Arriba.

“Ya no podemos sembrar papa o cualquier otro tipo de cultivo en grandes cantidades porque ya no hay con quién trabajar”.

Algunos de los campesinos de esa vereda también se quejan porque, al momento de sacar sus cosechas de otro tipo de productos, no encuentran ‘peones’ que trabajen en esa labor. Buena parte de la mano de obra en la zona se concentra en los cultivos de las grandes empresas y no pueden ayudar en otras labores de la vereda.

Esa situación ha llevado a muchos de los campesinos, que hasta ahora se han resistido, a pensar en cultivar también aguacate o, incluso, a vender sus fincas a las empresas.

“Ya no podemos sembrar papa o cualquier otro tipo de cultivo en grandes cantidades porque ya no hay con quién trabajar”, afirma Gerardo Gallego Henao, presidente de la Junta de Acción Comunal de Sirgua Arriba.

“Es más rentable sembrar aguacate, aunque el retorno sea más lento”, explica, por su parte, Libardo Ríos, campesino de la vereda Tasajo. A su vez, Javier Montes, agricultor de la vereda Manzanares Arriba, dice que no ha entrado en ese negocio por el tamaño de su predio, pero que no dudaría en hacerlo: “El terreno que yo tengo es muy pequeño y no me sirve para cultivar aguacate, pero si tuviera dónde sembrar, lo haría porque es un cultivo muy rentable”.

Y es que, según cálculos de los propios campesinos, una hectárea de aguacate puede dar anualmente cerca de cuarenta millones de pesos (500 bultos aproximadamente).

Mientras que un cultivo de maíz en esa misma área deja cerca de seis millones y medio de pesos.

Otros campesinos, como Elkin Duván Montes Montoya, de la vereda Tasajo, se niegan a tener en sus fincas solo un producto y por eso dividen los terrenos para hacer más diversa la agricultura. “Solo tengo una hectárea de aguacate en mi finca, pero no la sembraría toda [de ese producto] porque me interesa tener espacio para sembrar papa, arveja, fríjol, cebolla, zanahoria…, porque si la cubro toda en aguacate, entonces, me quedaría sin oportunidad de sacar los otros cultivos más antiguos”, dice el campesino.

Pero Jorge Armando Cacante, también campesino de esta zona, se resiste de forma más radical al monocultivo en el que ya se encuentran muchos de sus vecinos: “Hasta el momento no he cultivado aguacate porque si todos los campesinos nos ponemos a sembrar aguacate, ¿qué vamos a comer?”.

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ESPECIAL

Oriente, ¿agua o energía?

Natalia Duque Vergara Estudiante de Periodismo natalia.duquev@udea.edu.co Fotografías: Luis Fernando Castaño Valencia

El Peñol - Oriente antioqueño, 1965 Don Demetrio Galeano, médico reconocido del pueblo, es asesinado en la puerta de su casa.

Don Demetrio, además de curar enfermos y heridos, lideraba la resistencia y los reclamos que los habitantes del pueblo realizaban en contra del Embalse Peñol - Guatapé. Al igual que muchos otros, se negaba a vender su predio y organizaba a la comunidad.

Nunca Más Contra Nadie. Ciclos de Violencia en la historia de San Carlos, un pueblo devastado por la guerra. Carlos Hernando Olaya R. (2012)

S

on los años setenta y ochenta; ríos de personas se mueven por todo el territorio en medio de la lucha y de los actos de resistencia. Campesinos, jóvenes, estudiantes y curas, junto con muchos otros, recorren las mismas aguas. El Cauca y el Magdalena, cada uno en un extremo, recorren los tejidos verdes que se forman de montaña en montaña. Así mismo, de montaña en planicie, en cerros y en páramo, se van uno tras otro los 23 municipios del Oriente antioqueño.

El río Cauca y el río Magdalena han sido caminos de atarrayas, de pescadores y de embarcaciones. Un par de gigantes mojados que bordean el perímetro del Oriente antioqueño son las arterias por las que transitaron historias disfrazadas de canoas; de areneros y de pescadores. Caminos recorridos por el hombre —y la mujer— anfibio. Gran parte del agua de estos dos ríos, considerados los principales conductos fluviales de Colombia, tiene su origen en el Oriente antioqueño, lugar que ha sido territorio de horizontes, de orientados y de orientaciones.

Durante la primera mitad del siglo pasado, el paisaje se constituía por los cafetales, los platanales, los cultivos de maíz y de tomate; así mismo, el barequeo y la pesca artesanal eran actividades constantes en varios de los municipios. En este periodo, al Oriente se le llamó “la despensa

agrícola de Antioquia”, debido a la variedad de cultivos que existían allí. Según Nathalia Ávila, geóloga de la Universidad de Paraná y quien en el 2016 realizó un estudio acerca del neoextractivismo en el Oriente antioqueño, la vocación productiva de esta subregión comenzó a cambiar en los años sesenta.

“El Oriente antioqueño pasa de ser una región sin importancia mercantil para las empresas y para el Estado Nacional, a ser una región fundamental para el desarrollo del departamento y del país”, afirma Nathalia en su investigación publicada en 2017. El cambio de vocación se hizo evidente a principios de los setenta con la construcción del Embalse Peñol - Guatapé, proyecto que marcó la ruta que seguiría el resto del Oriente: la producción de energía.

Desde mediados de los setenta hasta mediados de los ochenta, en medio de los proyectos de hidroeléctricas, vías y minas, se movían los estudiantes, los campesinos, los maestros y, en general, la gente del Oriente. Se movían en un bloque común que logró integrar distintos sectores de la comunidad y que, mediante marchas, paros y debates, resistió a la incursión de los megaproyectos; se trató del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.

“Yo crecí siendo del Movimiento; viendo a mi padre que participaba, a mis familiares y vecinos. Yo era estudiante

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

12 de bachillerato y hacía parte del Movimiento porque crecí viendo unas problemáticas reales que había en el territorio”, dice Carlos Olaya, un reconocido líder de la región, quien creció en San Carlos durante el contexto en el que se gestó la construcción de la Hidroeléctrica de este municipio.

El Movimiento Cívico del Oriente, más que desatar acciones coyunturales y específicas de resistencia, logró generar un carácter organizativo permanente en la comunidad.

Quienes habitaban el Oriente, habían cosechado alimentos durante toda su vida y consideraban bondadosa la riqueza hídrica de la región, por lo que se unirían para protegerla y contra el proyecto extractivista que estaba irrumpiendo en este territorio. El Movimiento logró extenderse desde Guatapé y San Carlos hasta Marinilla y Granada, y generó unos lazos de solidaridad que potencializaban las exigencias de las comunidades y obstaculizaban la construcción de los embalses.

Fue así como, según Bladimir Ramírez, miembro del Movimiento del Oriente por la Defensa de la Vida y el Territorio (Movete) y quien actualmente realiza una investigación acerca del conflicto armado y los proyectos mineroenergéticos en este territorio, “el uso de la fuerza estatal adquirió un papel protagónico, dándole a un problema de índole social un tratamiento bélico-militar”.

Para 1980 ya habían asesinado a 64 líderes y la persecución hacia los integrantes del Movimiento Cívico era cada vez más fuerte.

“Debido a la violencia, uno sale desplazado pa’ la ciudad, con familia y todo. Por ejemplo, a nosotros Empresas Públicas nos quitó las tierras para poder construir la hidroeléctrica Playas”, afirma Carlos.

Gran parte de las personas que hacían parte del Movimiento Cívico se desplazaron hacia las ciudades. Quienes llegaron, por ejemplo, a Medellín continuaron debatiendo acerca de lo que sucedía en la región y en algunos casos, como el de Carlos, —historiador de la Universidad de Antioquia— culminaron sus estudios. “Desde la ciudad, mantuvimos un vínculo con el territorio y ya luego, cuando volvimos, intentamos retomar lo que había antes, pero con más fuerza aún”.

Este primer retorno fue en los noventa, la misma época en la que se gestó el movimiento Oriente Unido. A diferencia del Movimiento Cívico, esta nueva organización estuvo sectorizada en el campesinado y se introdujo en la esfera institucional del Estado. Oriente Unido logró tener concejales y alcaldes en municipios como Granada, San Rafael y Sonsón. A pesar de que no reunió la misma variedad de actores ni fue tan masivo, logró plantear propuestas de trabajo comunitario articuladas al Valle de Aburrá, estableciendo la relación campo - ciudad.

A pesar de que las insurgencias ya se encontraban en el territorio desde los ochenta, durante esta década su presencia se consolidó aún más. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) incursionó en el Oriente antioqueño de manera endógena, de familia en familia y realizando trabajo de base con la comunidad; por el contrario, afirma Bladimir, las FARC, que venían expandiéndose desde Urabá, llegaron a la región como un ejército de ocupación y, en esa medida, tejiendo relaciones de mayor conflictividad con las personas. “El movimiento Oriente Unido inmediatamente fue criminalizado; se señaló de que estaba coordinado por la guerrilla y se desató la violencia estatal y paramilitar”, explica Carlos.

La presencia de las insurgencias que confluye cronológicamente con el resurgir de la organización social, fue una excusa para las medidas, tanto institucionales como parainstitucionales, que se llevaron a cabo desde 1997 hasta el 2006.

En 1997, el paramilitarismo incursionó con las estructuras “Héroes de Granada”, “Bloque Metro” y las “Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”. “Desde este año hasta el 2006, la violencia fue fuerte; se llevaron a cabo masacres y asesinatos por parte de los paramilitares, así como cinco operaciones militares por parte de la IV Brigada”, comenta Bladimir Ramírez. La totalidad de estas operaciones militares se realizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe y sus nombres fueron: Meteoro (2002), Espartacus (2005), Ejemplar (2005), Fantasma I (2006) y Falange II (2006).

Este recrudecimiento de la guerra generó la desarticulación de Oriente Unido y una segunda migración de los líderes hacia las ciudades. “La violencia fue tan fuerte que en muchos casos la única opción que vieron familias enteras fue entrar a las filas del ELN”, afirma Ramírez.

Según el informe ‘Basta Ya’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 21 de los 23 municipios que tiene

ESPECIAL

Oriennteerg,ía? ¿agua o e

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

el Oriente antioqueño se perpetraron masacres. Según el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, “más allá de la lucha contra la insurgencia, el paramilitarismo y su poder armado sirvió como instrumento de acumulación de tierras para los terratenientes y de grupo de limpieza para las zonas donde se implantaron megaproyectos, algunos de estos desarrollados por ellos”.

La presencia paramilitar acabó con el obstáculo que representaban las insurgencias para los proyectos hidroeléctricos y, en muchos casos, hizo efectivo el abandono de predios. Lo que favoreció el escenario actual: más de cincuenta solicitudes para hidroeléctricas. Según Bladimir “este panorama no hubiera sido posible si las insurgencias y el Movimiento Cívico hubieran continuado presentes”. Un ejemplo claro es el caso de Sonsón; actualmente hay ocho proyectos de microcentrales hidroeléctricas: río Aures, Au-

y dinamizar actividades para hacer frente a las diferentes problemáticas que tiene la región.

Para 2017, hay 54 proyectos de microcentrales en más de 15 municipios del Oriente en diferentes etapas, desde el licenciamiento hasta su fase final de construcción. “Actualmente, en el Oriente antioqueño hay una gran variedad de problemas socioambientales que han tenido como consecuencia el despojo del campesinado y el no tener en cuenta las decisiones de las comunidades”, afirma Omar Andrés Osorio, integrante de La Tulpa Comunitaria, una organización social del municipio de La Ceja que hace parte de Movete.

De acuerdo con el informe Oriente antioqueño: análisis de la conflictividad, del PNUD, “las protestas por los modelos de desarrollo impuestos por intereses económicos y políticos de las élites antioqueñas ayudaron a la configuración de un claro sentimiento de identidad de la región y de la necesidad

res Bajo, HidroArma, dos microcentrales en el río Sonsón, Llano Cañaveral, Sirgua y La Paloma I. Carmenza Carmona, integrante de Movete y lideresa de Sonsón, afirma que “donde están los proyectos de microcentrales del río Sonsón, el Llano Cañaveral y todo el cañón del río Arma, tuvieron conflicto armado. Hubo presencia de grupos armados que generaron la muerte y el desplazamiento de personas que vivían allí. Asimismo, por el desplazamiento que se estaba dando, se vendieron las tierras a cualquier valor”.

Solo hasta 2006, continúa relatando Carlos, muchos de los activistas que habían salido de su región a causa de la violencia, se plantearon volver a organizarse y reactivar la expresión de resistencia de la comunidad: “Fue muy difícil, la gente todavía tenía mucho miedo”. Para este año, a pesar de que ya se había llevado a cabo la desmovilización paramilitar, el control continuaba siendo evidente y los rezagos de la guerra eran latentes en la mente de quienes permanecieron en el territorio.

En busca de alternativas para recuperar la confianza, la tranquilidad y los ánimos de la gente, quienes habían regresado vieron en el arte la posibilidad de configurar nuevamente la red de lucha y resistencia que había caracterizado al Oriente. Es así como en 2007 se realizó un evento de música, baile, discusiones y reencuentro: el Primer Festival del Agua. “Empezó un periodo de reanimación del movimiento social; aquí han socializado el terror con el fin de intimidar; sin embargo, la gente ha tenido mucha valentía”, señala Carlos.

En un panorama de revitalización y retorno, tres años después, en 2010, nació Movete que es el Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio que busca hacerle frente a las dinámicas neoextractivas de la región. Y es un grupo de trabajo que busca asumir la vocería de las comunidades

de la autodeterminación y construcción del propio desarrollo”.

Este auge de solicitudes de microcentrales y la presencia de grandes empresas como EPM y Argos, entre otras que tienen intereses en el territorio, coincide también con un periodo de organización social y movimiento campesino que, así como en los setenta y en los noventa, insiste en la protección de su territorio. Como si se tratara de hace cuarenta años, en medio de hidroeléctricas, vías y minas se mueven los pobladores del Oriente.

Ante esto, Carlos asegura: “Aquí a la gente le ha tocado es moverse; muévase por todo el territorio bregando a establecerse; la violencia nos ha configurado cierto carácter. El Oriente tiene una condición muy especial; la forma de ser campesina de un campesinado que está vinculado con la actividad política y que se indigna porque nos han tratado mal a todos. No solo soy yo, somos mucha gente”.

“Donde están los proyectos de microcentrales del río Sonsón, el Llano Cañaveral y todo el cañón del río Arma, tuvieron conflicto armado. Hubo presencia de grupos armados que generaron la muerte y el desplazamiento de personas que vivían allí”.

Sonsón, Llano Cañaveral - Oriente antioqueño, 2017 Al borde del camino, encuentran a don Edmiro León Alzate, muerto: lo asesinaron. El proyecto de hidroeléctrica Hidroarma compra en la vereda los predios de los campesinos para construila. Don Edmiro, aparte de tener una tienda de dulces, lideraba las exigencias que tenían los campesinos hacia el proyecto. Pedía un mejor pago por las propiedades y los cultivos.

13 ESPECIAL

Or te, ¿agua ioen energía?

La PCH Aures Bajo entraría en funcionamiento en febrero de 2018. Hasta mediados de octubre, Cornare había recibido 35 quejas relacionadas con la obra.

Yuly Tatiana Flórez Manrique Estudiante de Comunicación Social – Periodismo ytatiana.florez@udea.edu.co Fotografía: John Dairo García Arias

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esde 2015, la Sociedad Aures Bajo S.A.S E.S.P adelanta la construcción de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el corregimiento Alto de Sabanas (Sonsón). Sin embargo, en el municipio, lejos de que se hable de la generación de recursos o de los beneficios de la iniciativa, el proyecto ha sido un dolor de cabeza para la comunidad que habita la zona.

El proyecto, conocido como PHC Aures Bajo, está localizado en la cuenca del río Aures, entre los municipios de Abejorral y Sonsón, en el suroriente de Antioquia, una zona de gran producción hídrica, debido, básicamente, a su cercanía al Páramo de Sonsón y por las lluvias que se generan en la cuenca del río Magdalena.

Históricamente, esta zona de páramo ha sido el sitio predilecto para estos proyectos hidroeléctricos, pues se encuentra rodeada de grandes afluentes hídricos. Además, su topografía facilita la construcción. Según un estudio realizado por I-Consul Geb Minas sobre el impacto ambiental de la PCH Aures Bajo, el esquema de generación de la pequeña central considera la construcción y operación de una central de 17,17 megavatios de capacidad instalada, con una generación media anual de 100,92 gigavatios. Para esto, plantea el aprovechamiento hídrico del río Aures en su parte baja.

De acuerdo con ese mismo estudio, no existe la necesidad de reasentar poblaciones por inundación de predios y la construcción implica bajas afectaciones a los ecosistemas. En síntesis, en sus orígenes, la PHC Aures Bajo tendría impactos menores sobre el medio ambiente y las comunidades.

La empresa adelantó la gestiones con el Ministerio del Interior que, mediante la Certificación N.° 46 del 5 mayo de 2016, firmada por Álvaro Echeverry Londoño, director de Consulta Previa de esa entidad, certificó la no presencia de comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales o palenqueras.

También, solicitó la licencia ambiental ante Cornare, la autoridad ambiental en la región, que le fue concedida mediante la Resolución N.° 112-0028 del 11 de enero de 2013. Esa licencia fue modificada mediante la Resolución N.° 112-3672 del 5 de agosto de 2015 para autorizar dos zonas de depósito en el sector del Alto de Sabanas.

De acuerdo con datos de la empresa, a la fecha y en un periodo de 27 meses sus inversiones ascienden a 8.212 millones 281.038 pesos en la zona de la hidroeléctrica. Este dinero ha sido destinado para la compra de predios, el pago de cultivos, arrendamientos, depósitos, y compensaciones por derrumbes y gestión ambiental.

Pese a lo anterior, varios campesinos de la zona advierten que el proyecto sí ha tenido efectos negativos en la zona.

El principal, según dicen, lo generó la construcción de una carretera de aproximadamente 14 kilómetros que comunica la cabecera municipal de Sonsón con la hidroeléctrica. La construcción de la vía fue realizada en menos de 25 meses, no obstante la difícil topografía del territorio. Según los campesinos, esa obra generó contaminación del aire y de las aguas, alteración de los flujos del agua, degradación y erosión de los suelos, extinción de especies y animales, ruido nocivo, daños a los paisajes, pérdida de cosechas y causó enfermedades respiratorias en los habitantes de la zona.

La mayor afectación, según dicen, es por los continuos deslizamientos, ya que los taludes están construidos en una zona pendiente y con fallas geológicas. Aseguran que cuando se presentan estos deslizamientos, las fincas se ven en peligro, y ya varias casas se han visto deterioradas. A esto, se le suma una preocupación mayor a largo plazo: la escasez de agua.

Los habitantes del corregimiento sienten que la empresa y los sonsoneños de la cabecera municipal no son conscientes de que si esta fuente hídrica se agota, se vería afectado todo el municipio y sus alrededores, ya que el río Aures abastece buena parte del consumo de agua en la zona.

Mientras tanto, el argumento que tiene la empresa y el alcalde Obed Zuluaga para insistir en los beneficios de estas pequeñas centrales es que se trata de una nueva alternativa para producir energías renovables que suplan la urgencia de energía en otras zonas del territorio colombiano. ¿Qué gana Sonsón?

La retribución por el uso de las aguas del río Aures será, anualmente, del tres por ciento de las ganancias para los municipios impactados, lo que equivale a 304’292.681 pesos.

Sonsón recibirá el 1,9 por ciento, que equivale a 201’452.016 pesos, y Abejorral, el 1,1 por ciento: 102’840.665 pesos.

Si se hiciera una división de esos ingresos entre todos los pobladores de Sonsón, a cada uno le correspondería anualmente 5.165 pesos. Es por ello que en una audiencia pública desarrollada en octubre el personero de Sonsón, Nelson Fernando Gómez, dijo que esos recursos son una “chichigua” para el municipio y que se gastarían rápida-

mente en intervenciones a la vía o en la generación de programas en ese mismo territorio.

Mario Cardona es el presidente del Consejo Territorial de Planeación de Sonsón y manifiesta su preocupación por la proliferación de estos proyectos en la zona y en particular por las afectaciones de Aures Bajo. “Yo percibo que esta empresa ha hecho grandes daños ambientales a la vereda de Naranjal Arriba y Naranjal Abajo. Se ha perdido mucha parte de la producción agrícola, se han contaminado las aguas, se han perdido cultivos por el polvo, y la empresa se ha hecho la de la vista gorda frente a los problemas que ella misma ha causado. A los campesinos, no les han pagado lo justo por los árboles o por los cultivos que se han perdido debido a los derrumbes”, dice Cardona.

Según Juan Carlos Mejía Osorio, representante legal de la sociedad Aures Bajo, la PCH iniciaría pruebas en enero de 2018 y estaría generando energía en febrero. Se tiene presupuestado que su vida útil sea de aproximadamente de 80 años y que abastezca, aproximadamente, a 30.000 personas de Sonsón, Abejorral y municipios aledaños. ¿Quién responde por las afectaciones?

Hasta el 18 de octubre, fecha de la audiencia pública, Cornare había recibido 35 quejas de la comunidad por supuestas afectaciones del proyecto. Una de las más recurrentes está relacionada con una vía que fue desarrollada por la empresa y que no estaba contemplada en la licencia ambiental. De acuerdo con lo discutido en esa reunión entre las autoridades, la empresa y la comunidad, esa carretera ha generado afectaciones ambientales, deslizamientos, daños a casas por las escorrentías de las aguas lluvias y, en su construcción, fue arrojado material al río Aures que ensucia el caudal y sedimenta su cauce. Por ello, de acuerdo con Javier Parra, subdirector de general de Recursos Naturales de Cornare, se inició un proceso sancionatorio que definirá la multa que debe pagar la empresa y se le exigió incluir la vía en una solicitud de modificación de la licencia ambiental.

Por su parte, el personero Gómez reconoce que se han adelantado obras de mitigación de los impactos, pero dice que Sonsón tiene otras potencialidades y que, por tanto, no es comprensible que se atente contra sus recursos naturales.

A su juicio, los empleos que ese tipo de proyectos generan son apenas temporales durante la etapa de construcción, mientras tanto se afecta el valor de los predios cercanos. Los campesinos, a su vez, insisten en que sus reclamos no han sido atendidos y que el deterioro de la región que habitan, y en particular del agua, continuará pese a la culminación de las obras y a la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

14 ESPECIAL

Oriennteerg,ía? ¿agua o e

Aunque los campesinos de la región crearon una veeduría, algunos líderes aseguran que hace falta mayor organización y que la empresa ha pagado por el silencio de algunos.

John Dairo García Arias Estudiante Comunicación Social - Periodismo jdairo.garcia@udea.edu.co Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia

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No más mentiras”, “Esta vía es ilegal”, “Queremos la presencia de Cornare”, decían algunas de las consignas con las que, a mediados de julio de 2017, los habitantes del corregimiento Alto de Sabanas protestaron y cerraron la vía que comunica la cabecera municipal con su territorio. La misma vía que conecta al municipio con el proyecto PHC Aures Bajo y la misma vía que pensaban ellos, hace dos años, ayudaría a fortalecer la vocación agrícola de sus tierras.

Durante décadas, el sueño de los campesinos de veredas como Naranjal Arriba, Naranjal Abajo o La Loma fue el de una carretera de acceso para sacar los productos de sus fincas, y descansar de las arduas y costosas caminatas a lomo de mula. Fue por eso que, cuando la empresa Aures Bajo les planteó la rehabilitación y construcción de unos 15 kilómetros de una vía que los comunicara con el pueblo, no lo pensaron dos veces y apoyaron la obra.

Hoy, varios de ellos manifiestan que si hubiesen sabido cómo eran las cosas nunca habrían aceptado. La vida de esta comunidad, área de influencia de la PCH Aures Bajo, es muy diferente a lo que les prometieron. Ahora, hay cultivos de café, caña y plátano destruidos, trapiches y casas inundados, deslizamientos, escurrimientos de agua, bosques devastados y el agua del río sucia. Esas son las imágenes con la que han tenido que lidiar desde hace dos años.

“Pensamos que esto iba a mejorar, pero ya estamos viendo que es más lo que nos está perjudicando. Hemos estado muy afectados por los derrumbes y el polvo en los cultivos, y no nos han pagado los daños”, dice David Loaiza, campesino de la vereda Naranjal Abajo.

Entre tanto, Juan Carlos Mejía, representante legal de Aures Bajo, alega que la empresa cumple con todos los requerimientos de la licencia ambiental otorgada por Cornare y, aunque reconoce los daños ocasionados, resalta que se ha buscado la forma de atender las reclamaciones de los campesinos: “Hemos emprendido muchos planes de mitigación, desde los exigidos por la propia licencia ambiental, que son la protección y estabilización de los taludes, la reposición de árboles y plantas que hemos afectado, hasta programas sociales y educativos que se escapan de la licencia ambiental, como fiestas de Navidad, fiestas de los niños.

Queremos que la empresa deje huella en la zona, porque va a quedar para siempre”.

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

Sin embargo, desde el inicio de la obra, argumentan los campesinos, sus reclamaciones no han sido escuchadas por las entidades que deben proteger los intereses, no solo de ellos, sino también del medio ambiente. “Las tierras están quedando totalmente deterioradas y uno no tiene quién lo escuche. Creíamos que el Alcalde iba a estar de parte de nosotros, pero no nos quiere ayudar. Yo sí quisiera que alguna entidad nos escuchara porque estamos muy preocupados por los derrumbes”, comenta Julio Ocampo Aguirre, habitante de Naranjal Abajo.

Para los afectados, Cornare, la autoridad ambiental responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa, no ha cumplido con ese papel. Entre otras dificultades, toda denuncia o queja que quiera presentar la comunidad debe ser diligenciada en El Santuario, donde están las oficinas centrales de la Corporación. Sin embargo, Cornare asegura que hasta mediados de agosto había realizado 32 visitas a la zona para verificar el avance de las obras.

Además de cultivos echados a perder y las inundaciones, los campesinos han lidiado en estos años con la circulación de maquinaria pesada y los daños a sus viviendas. Es el caso de Nelson Alzate, habitante de la vereda La Argentina, quien se vio obligado a abandonar su vivienda: “En este momento, no estamos viviendo en nuestra casa porque se encuentra en alto riesgo; estamos alejados de la condición de vida que teníamos”.

El panorama es, entonces, difuso: campesinos que aducen tener escasas respuestas de Aures Bajo y poco acompañamiento de la entidad ambiental y la administración municipal, mientras la empresa alega tener buena comunicación con las comunidades. Mientras la pelota va de un lado a otro, la situación ha provocado que varios campesinos se unan y manifiesten sus preocupaciones de distintas formas. En dos ocasiones, han cerrado la vía impidiendo el transporte de las maquinarias y equipos para el desarrollo de la obra con el fin de que la empresa y las entidades escuchen sus alegatos hacia la PCH. “Yo les he tapado la vía dos veces, pero por un oído les entra y por otro les sale. Ellos lo único que me dicen es que si vuelvo y tapo la vía me llevan para la cárcel; entonces, yo les digo que noliase(sic), que me lleven para la cárcel sino me responden por mi casa. En esas estoy yo, esperando a ver si vienen a cuadrar conmigo y, si no, yo vuelvo y les tapo esa vía”, dice Joaquín Henao, quien espera que la empresa responda por los daños que la construcción de la vía por el sector Las Mercedes le ha ocasionado a su vivienda.

Julio Ocampo, otro campesino de la zona, afirma haber recurrido a este método para llamar la atención de Aures Bajo. Según Ocampo, el tránsito por la vía, que en principio les fue presentada como un beneficio para la comunidad, estuvo restringido y dependía de las decisiones de la PCH, hasta que los campesinos exigieron la libre circulación: “Para

que entrara algún amigo de nosotros o familiar, teníamos que pedir permiso. La comunidad tuvo que solicitar el retiro de la portería, eso fue un logro nuestro, que la pusieran en predios de ellos. Los vigilantes de ellos se mantenían con escopeta en mano y amenazándolo a uno con eso. Y el campesino es noble, pero también se sabe defender”.

Por su parte, Mario Cardona, presidente del Consejo Territorial de Planeación (CTP), junto con la Veeduría Ambiental, ha logrado conformar un grupo de campesinos habitantes de la región para que haga vigilancia del proyecto: “Se formó una veeduría ciudadana, con el fin de hacerle seguimiento a la construcción de la carretera y hacerle cumplir a la empresa los compromisos adquiridos con los campesinos.

En un principio, fueron cinco personas, pero en este momento entraron más. Aunque el trabajo de los campesinos no ha sido eficiente, porque todavía no tienen claro el papel de la veeduría, les da miedo meterse, piensan que por esto los van a tildar de guerrilleros, de revolucionarios”, explica Cardona.

El presidente del CTP denuncia, además, que Aures Bajo ha realizado pagos de dinero a varios campesinos para que apacigüen sus quejas. Su preocupación mayor es que, más allá de los campesinos interesados en proteger sus propias parcelas, a nadie más le importe el territorio en general y que se esté mercantilizando un bien común.

Prueba de la razones para su preocupación es que el 18 de octubre, durante la audiencia pública que realizó Cornare con el fin de que los campesinos expresaran sus inconformidades, varios de los que se inscribieron decidieron a última hora no hablar porque ya habían logrado un arreglo con la PCH Aures Bajo.

Finalmente, Cardona describe lo que para él es una lucha desigual: “Los campesinos han sido atropellados y la constructora se ha aprovechado de la ingenuidad de los campesinos. Si eso fuera en otra parte y el campesinado estuviera bien informado, no estarían haciendo lo que les hacen. La Alcaldía no hace nada por ellos y Cornare les alcahuetea; entonces, la lucha es desigual: todo un poderoso que tiene una cantidad de recursos económicos frente a una comunidad muy pasiva que está esperando que otros vengan a ayudarles”.

Entre tanto, el alcalde Zuluaga, después de reconocer errores en la construcción de la carretera, dijo en su presentación durante la audiencia pública que le “encanta el tema de producción eléctrica a través de PCH”. Un gusto del mandatario que contrasta con la visión de los campesinos. Julio Ocampo, quien afirma tener el 70 por ciento de su finca perdida por los deslizamientos ocasionados en la construcción de la carretera, responde: “Dios quiera que en futuro nos veamos, cuando ya estén las hidroeléctricas hechas y de pronto haya poquita comida. Que le den un cable de alta tensión para que se alimente de ahí”.

15 ESPECIAL

Or te, ¿agua ioen energía?

Julián Botero Estudiante Comunicación Social - Periodismo juliand.botero@udea.edu.co Fotografía: John Dairo García Arias

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uan Carlos Mejía Osorio es el representante legal de la sociedad Aures Bajo, compañía que desarrolla y construye una pequeña central hidroeléctrica (PCH) sobre la cuenca del río Aures, en la vereda de Naranjal Abajo. En entrevista con De la Urbe, Mejía habla sobre el proyecto, sus ventajas, desventajas, dificultades, inconvenientes sociales y ambientales. Además, explica lo sucedido con la segunda carretera que la compañía construyó en la vereda Naranjal Abajo sin autorización de Cornare. ¿Por qué le apostaron a este proyecto energético en el municipio de Sonsón, específicamente en la vereda Naranjal Abajo?

Los accionistas de nuestra compañía son inversionistas y familias que tienen sus negocios asentados en el departamento de Antioquia y, desde hace unos diez años, venían explorando la posibilidad de invertir en el sector de energía. Dentro de los muchos sitios analizados, Sonsón tiene una localización privilegiada porque el Oriente antioqueño es, después de la región del Chocó, la zona del país donde más pluviometría o lluvias hay. Eso indica que la medición de los caudales con los cuales se genera la energía hidroeléctrica es muy certera, brindándole seguridad a los proyectos. ¿Cuál fue el proceso que la empresa llevó a cabo para solicitar la licencia ambiental?

Cuando alguien va a desarrollar un proyecto que requiere licencia ambiental, una PCH, por ejemplo, tiene que solicitar a la autoridad que está en la jurisdicción. En el caso nuestro, Cornare, un diagnóstico ambiental de alternativas, el cual le fija las posibilidades de desarrollo del proyecto a quien solicita la licencia. Hay unos términos de referencia que establece el Ministerio del Medio Ambiente para presentar los distintos estudios de impacto ambiental. Establecidos los estudios, la corporación ambiental da inicio al trámite y el particular hace los estudios, bien sea directamente o indirectamente contratando los diferentes análisis científicos de cada una de las materias. Después, en un documento base llamado Estudio de impacto ambiental, se presenta los resultados, y es la corporación quien ve o no la viabilidad del proyecto. Cuando ve la viabilidad, otorga la licencia con una serie de condicionamientos para el campo biótico, abiótico o socioeconómico de cómo se desarrollará el proyecto.

¿Qué alianzas, tanto internas como externas, apoyan a Aures Bajo en la construcción de esta hidroeléctrica?

Al interior de Aures Bajo, siempre se tuvieron dos premisas esenciales en este proyecto: que los beneficios del proyecto irradiaran directamente a la comunidad y que la mano de obra, en su gran mayoría, fuera de la misma zona. En este punto, hemos tenido dificultades porque la gran mayoría de habitantes de Naranjal Arriba y Abajo tiene una ocupación permanente; no hay una mayor tasa de desempleo. Eso nos generó mucha dificultad y hubo necesidad de traer gente de fuera del territorio para la realización de la obra porque los campesinos de la zona tenían mejores ingresos y ocupaciones que la participación en la construcción de la obra. En lo externo, como se trata de un proyecto que tiene un desarrollo tecnológico avanzado, nos implicó importar desde Europa los equipos electrohidráulicos y electromecánicos que generarán la energía, pues estos no se consiguen en Colombia. ¿Qué ventajas traerá esta PCH para Sonsón y la región?

La primera ventaja es que una comunidad muy pequeña se verá beneficiada con una carretera de muy buenas especificaciones de una longitud de 14 kilómetros. Eso es un avance extraordinario porque al proyecto la carretera solo le sirve durante su construcción; después de construida, queda para beneficio de la comunidad. Esto permitirá que la comunidad de las veredas Naranjal Abajo, Arriba y el Tigre se puedan beneficiar de ella.

Segundo, operando el proyecto hidroeléctrico, Aures Bajo será el primer defensor de la cuenca del río Aures porque como es generación de energía a base de agua, la PCH necesita que la cuenca esté protegida y, por lo tanto, será un abanderado en la protección del Páramo de Sonsón.

Tercer beneficio, los impuestos de industria y comercio y de trasferencias por generación de energía irán directamente al municipio y serán del orden del 7% del valor del presupuesto del municipio, ingreso adicional con el cual el municipio no contaba y que se traducirá en beneficios no solo para la comunidad del área de influencia, sino para todo el municipio. Una PCH es una obra de utilidad pública, es decir, una obra en beneficio de todo el país. ¿Cómo ha sido la relación de la empresa con los campesinos?

Desde el momento en que empezamos la construcción de la obra, decidimos que la relación con la comunidad iba a ser directa y, por lo tanto, todos los procesos que tiene la compañía son subcontratados: con la compañía que suministra los equipos electrohidráulicos, con la constructora de las obras civiles, con la constructora de la tubería, todo eso lo realizan terceros. Lo único de lo que la compañía no quiso

desprenderse fue del manejo con la comunidad, el cual está bajo responsabilidad de personas vinculadas directamente con Aures. Para ello, tenemos una división de gestión social con personas contratadas directamente del municipio. ¿Usted considera que la empresa ha cumplido a cabalidad los requerimientos de la licencia ambiental?

Sí, nosotros hemos cumplido a cabalidad la licencia ambiental. Hemos tenido requerimientos, por supuesto, de la autoridad para que cumplamos unas u otras cosas. En ocasiones, Cornare ha considerado que no lo estamos haciendo bien o que lo podríamos hacer mejor; pero hasta ahora hemos cumplido a cabalidad con la licencia ambiental que nos fue otorgada.

En conversación con algunos campesinos, ellos manifiestan que, ante ciertas dificultades, la empresa no les brinda acompañamiento. ¿Qué puede decir al respecto?

Eso ha pasado porque cada campesino que hace un reclamo estima que su caso es más importante que el de otros campesinos y eso es normal. Pero la empresa tiene su orden y su metodología para atender las reclamaciones; entonces, para poder atenderlas todas las dividimos entre las que nosotros consideramos más urgentes de atender y las menos urgentes. Por su puesto, quien queda de segundo en el puesto de atención cree que lo están maltratando o no le están prestando atención, pero todas las reclamaciones se atienden y las tratamos de solucionar.

Inicialmente, ustedes tenían una licencia para construir la carretera que de Naranjal Arriba conduce a Naranjal Abajo, pero luego abrieron otra carretera por el sector de Las Mercedes, la cual no estaba estipulada en la licencia ambiental. ¿Qué puede decir al respecto?

Es correcto. Esa carretera no estaba comprendida en la licencia ambiental. Nosotros debíamos bajar una maquinaria para empezar la construcción de casa de máquinas y el contratista estimó que, por el lado sur del proyecto, se podía acceder.

Cuando fuimos a ver, encontramos que había un carreteable que bajaba casi hasta la finca Las Mercedes. La comunidad nos solicitó que rectificáramos esa vía, incluso eso fue en 2015, en la administración municipal anterior y el propio alcalde y su secretario de Planeación nos preguntaron si podíamos facilitar maquinaria para rectificar el carreteable de entrada a la finca de Las Mercedes. Nosotros les dijimos que sí y lo hicimos.

Cornare nos dijo que esa vía no estaba dentro de la red terciaria del municipio; nosotros asumimos que sí estaba, y nos dijo que estábamos construyendo esa vía sin la correspondiente autorización, lo cual es cierto. En virtud de ello, Cornare viene adelantándonos un proceso sancionatorio y nosotros procedimos a solicitar la ampliación de la licencia ambiental para incluir ese carreteable dentro del proyecto de licenciamiento.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Oriennteerg,ía? ¿agua o e

Estefanía Ocampo García estefania.ocampog@udea.edu.co Yudy Alejandra Ocampo Lopera yudy.ocampo@udea.edu.co Estudiantes de Comunicación Social – Periodismo Fotografía: Cortesía Censat Agua Viva

A

Tatiana Roa Avendaño, ambientalista y aprendiz de jardinera, sus padres le enseñaron “a amar la tierra, los paisajes, los caminos de piedra; a respetar las manos fuertes y la sonrisa humilde de la gente campesina, a nadar en los ríos, a gozar de un lindo atardecer, a disfrutar las ricas comidas campesinas, a respetar la vida; nos dieron lecciones de justicia y equidad”, dice en la presentación que hace de sí misma en un blog (Hojas al viento) en el cual publica reflexiones sobre su trabajo sistematiza y archiva la información que produce.

Tatiana es, sobre todo, una campesina boyacense. Desde muy pequeña, encontró placer en construir su vida a partir de experiencias entre montañas, ríos, bosques, comunidades y territorios campesinos. Sus padres han sido los principales responsables de que ahora Tatiana, o Tatica como le dicen por cariño, se haya convertido, primero, en una amante de la naturaleza y, ahora, en una de las voces más relevantes del país sobre problemáticas medioambientales.

Ingresó a la universidad sin pensar que la carrera en la que se inscribió también la impulsaría a defender el medio ambiente. Estudió Ingeniería de Petróleo en la Universidad Industrial de Santander, carrera de la que se graduó por la insistencia de su familia, pero que también le ayudó a construir argumentos en su activismo como ambientalista. Es

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

una ingeniera de petróleos antipetrolera o, como ella dice, pospetrolera.

Hace 27 años Tatiana es la coordinadora del Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo: Censat Agua Viva, una organización colombiana miembro de la Federación Internacional Amigos de la Tierra, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad de acción ambiental y social de comunidades históricamente empobrecidas.

Aunque como ambientalista trabaja sobre todos los temas relacionados con el medio ambiente, uno de sus mayores intereses es la protección de las fuentes hídricas que corren a lo largo y ancho de Colombia, pues está convencida de que “el estado de nuestros ríos refleja el estado de nuestra sociedad”.

Las microcentrales se construyen en cadenas o en cascada, cambiando la dinámica natural de los ríos y evitando que la gente pueda acceder a ellos a lo largo de varios kilómetros.

¿Cuál ha sido su conexión con la naturaleza y por qué la decisión de dedicarse a la defensa de los territorios y las comunidades que los habitan?

Nosotros, los seres humanos, también somos naturaleza, no somos externos sino que hacemos parte de ella. En términos personales, lo que más me acercó a una sensibilidad ambiental fue la relación con los ríos. Cuando estaba pequeña, mi familia tenía la costumbre de pasar los fines

17 de semana yendo a los ríos, y en ese viaje iba observando cómo, poco a poco, se iban deteriorando, cada vez tenían menos caudal y eran más contaminados. Desde ahí fue creciendo mi sensibilidad frente a la problemática ambiental.

productivas de los campesinos, y hay procesos que llevan a la privatización del agua. La gente está dando peleas muy importantes. En Santander, ya ha habido varias asambleas para poder frenar la delimitación de páramos.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con comunidades en temas de medio ambiente?

Trabajar con organizaciones campesinas, étnicas, indígenas, jóvenes y mujeres es una labor bastante rica en aprendizajes porque a través de esas otras cosmovisiones tienes la posibilidad de acercarte a otros asuntos que, generalmente, no se abordan desde la academia o desde otros espacios más formales.

En el Oriente antioqueño y en particular en Sonsón, se están construyendo varias microcentrales hidroeléctricas cerca de la zona de páramo, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de este tipo de proyectos?

El problema de las microcentrales es que, cuando éstas se construyen en función de un interés económico y no para resolver una necesidad de la gente, se acapara gran parte del agua. Las microcentrales se construyen en cadenas o en cascada, cambiando la dinámica natural de los ríos y evitando que la gente pueda acceder a ellos a lo largo de varios kilómetros. Las microcentrales en sí no son malas, muchas comunidades indígenas y campesinas en los municipios, hace muchos años, generaban su propia energía por medio de una microcentral que tomaba una parte del río, pero mantenía la mayoría del caudal. Sin embargo, actualmente, los ríos están muy deteriorados y, además, las cabezas de estos proyectos son empresas que tienen interés en generar mucha energía; entonces, no les importa que el río no tenga el caudal suficiente y que no dejen disponibilidad de agua a la gente.

Desde la postura del Censat, ¿cuáles son las problemáticas ambientales más complejas que se enfrentan hoy en Colombia?

Uno de los dramas que se está viviendo tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, pues cada vez se destruyen más sitios de gran importancia ambiental. Colombia es uno de los diez países más megadiversos del mundo; sin embargo, cada día se pierden importantes ecosistemas. Otro problema tiene que ver con la imposición del modelo extractivo, sobre todo la expansión de la frontera minera y petrolera, que cada día va ganando más espacio, desplazando culturas, paisajes y pueblos que han sido construidos milenariamente. Los procesos de certificación en el país, el deterioro del agua, la contaminación del aire en las ciudades y el hecho de que la mayoría de los municipios están ahogados en la basura, demuestra que en un país tan rico en bienes naturales se está viviendo un desastre ambiental y las autoridades ambientales no están a la altura de las necesidades.

La gente ha empezado a organizarse porque está perdiendo la autonomía sobre sus aguas, sus vínculos culturales y sociales.

¿Por qué es importante proteger esa biodiversidad que está siendo destruida?

Hay regiones donde antes los investigadores no podían entrar y ahora lo pueden hacer, y están encontrando aún más megadiversidad. Desconocer la biodiversidad, no valorarla ni ponderarla es parte del drama de un país como éste.

No podemos existir sin la naturaleza. Los seres humanos somos producto de una coevolución en la que hemos convivido y podido ser gracias a ella; por esta razón, debemos pensar cómo valoramos y le damos un peso importante al agua, a las selvas y a los páramos. La biodiversidad no es simplemente pájaros, aves y plantas; sino, también, esa relación que tienen los seres humanos con la naturaleza: cómo se han valido de ella para sobrevivir, cómo la han transformado; pero, también, cómo ésta nos ha transformado. ¿Qué amenazas están enfrentando en la actualidad los ecosistemas de páramos en Colombia?

Hay muchas amenazas, muchos proyectos mineroenergéticos en los páramos. En Santurbán y el Almorzadero, Norte de Santander y Santander, hay proyectos mineros a cielo abierto o subterráneos. Además, la delimitación de los páramos está restringiendo algunas de las actividades

¿Qué papel ejerce la resistencia campesina en ese tipo de situaciones?

La gente ha empezado a organizarse porque está perdiendo la autonomía sobre sus aguas, sus vínculos culturales y sociales. Se han dado cuenta de que muchas veces la energía que se está generando ni siquiera es para ellos, y este es un problema principalmente en los sectores rurales, donde la energía es de muy mala calidad. Con el tiempo van viendo que siguen padeciendo lo mismo, incluso empiezan a pagar tarifas más altas. Además, tienen todos los problemas medioambientales de las microcentrales. Es ahí donde el hecho de organizarse les permite construir una voz fuerte para poder interlocutar con las instituciones del Estado o empresas privadas, exigir mejores condiciones o frenar los procesos de las microcentrales.

Decenas de líderes sociales han sido asesinados este año, algunos de ellos ambientalistas, ¿qué piensa al respecto? ¿Se siente amenazada? Ésta no es una situación nueva; es algo que ha sido recurrente. Cuando se construyó Urrá, la represa que destruyó el río Sinú, en Córdoba, asesinaron a muchos de los líderes indígenas.

La intimidación, el asesinato, la desaparición de muchos líderes, es algo que sucede frecuentemente con la llegada de estos proyectos. Son más vulnerables ellos que las personas u organizaciones que acompañamos los procesos, pues las comunidades que viven en los territorios son las que enfrentan las adversidades de los promotores de las represas y también del conflicto armado.

ESPECIAL

Or te, ¿agua ioen energía?

En Colombia, ¿el Estado tiene como prioridad crear políticas para disminuir el impacto ambiental?

No, es todo lo contrario. En Colombia, hay un desplante de la legislación ambiental. Cada vez se desmonta más el sistema nacional ambiental. Hay una flexibilización para promover a los inversionistas. Entonces, creo que hay más bien un deterioro de las obligaciones que debería tener el país para garantizar la conservación ambiental. ¿Cuál sería el modelo de vida y desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente, que se debería promover para aprovechar los bienes naturales en Colombia?

Debemos pensar en transiciones, particularmente en una transición energética. Es decir, debemos ir pensando cómo cambiar la cultura y las prácticas de las comunidades a medida que vamos implementando ejercicios de soberanía alimentaria y energética. Esto con el propósito de ir transitando hacia una sociedad más armónica con la naturaleza. No hay un solo modelo que se deba implementar, creemos que hay muchas formas que podríamos tomar de uno y otro lado para ir ganando mayores aprendizajes frente a lo que en otras culturas de Europa y Asia se ha podido ganar o recuperar.

¿Qué riesgos enfrentan las comunidades que se oponen a las actividades extractivas para defender el medio ambiente?

Colombia es el segundo país del continente con más asesinatos de líderes ambientales, y el tercero en el mundo después de Filipinas y Brasil, según el Global Witness. Ese es un gran problema porque la gente está siendo estigmatizada, amenazada e incluso asesinada, y las autoridades no brindan garantías. Estos procesos no son nada fáciles para la gente, casi siempre dividen las comunidades porque generalmente las empresas o los que promueven estos proyectos ofrecen ciertas condiciones a un sector de la población. Eso genera todos los riesgos de inseguridad que están enfrentando los defensores de la tierra y del ambiente en Colombia.

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18 Reconstrucción

Lo que fue María Paula Colorado Vargas Estudiante de Comunicación Social - Periodismo mpaula.colorado@udea.edu.co

En las Fiestas del Maíz se reunían las agrupaciones musicales más representativas de Sonsón.

Fotografía: álbum familiar de Gabriela Villa, quien aparece con vestido largo en el centro de la fotografía.

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ra finales de la década de 1970 y los habitantes de Sonsón se deleitaban viendo las calles de su pueblo llenas de músicos. Sería un sábado, el día en el cual los músicos tenían el protagonismo. El sol engalanaba la ruta de aquellos artistas quienes, durante las Fiestas del Maíz, celebradas en agosto, hacían parte del “Desfile de la familia Castañeda” y les daban la bienvenida a los campesinos que llegaban desde sus veredas para la celebración.

Tablados, ranchos, comidas, cabalgatas, gente con ponchos y sombreros colmaban las tierras maiceras. El pueblo festejaba la presencia de aquellas personas que dedicaban parte de sus vidas a sacar melodías de su musa, la guitarra.

Por esos días, Sonsón contaba con aproximadamente diez agrupaciones que entonaban canciones de amor y desamor.

Caía la tarde de aquel sábado y, al interior de varias edificaciones con patio de canto rodado, zaguán, portón y contraportón —esas casonas propias de la arquitectura de la colonización antioqueña—, Amado Acevedo, Gabriela Villa, Elías Alarcón, Noelia Hincapié y Orlando Sánchez, entre otros intérpretes, entonaban henchidos de orgullo: “A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban, cuando apenas decía ‘mama’. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana… ¡Ay!, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria…”.

Soy colombiano, del compositor Rafael Godoy, era una de las melodías que solía escucharse en aquellas tardes. Los músicos, junto con sus familiares y amigos, se sentaban en sus casas a compartir las líneas de los géneros andinos. Los sonidos de voces y cuerdas se cruzaban y se extendían por todo el pueblo.

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

Alrededor de esa mesa redonda se acomodaban algunos niños que educaban el oído mientras los mayores interpretaban, con destreza, liras, guitarras y tiples. “Sí, estas generaciones nos formamos con solo observar cómo aquellos grandes maestros ejecutaban estos instrumentos.

Así tal cual aprendimos”, afirma Elías Alarcón, uno de esos antiguos intérpretes. “Para los adultos que ya hacían música, no solo era la dicha de recitar alguna melodía; sino también la de impregnar en aquellos chicos ese amor infinito por la que ahora es la música vieja”, añade Gabriela Villa, otra de ellas.

Entre esos viejos, también estaban los que conscientemente transmitían sus conocimientos. Uno de ellos fue Ildefonso Cardona, aquel hombre de tez blanca, admirado en el pueblo por su talento en la ejecución y enseñanza de instrumentos como el acordeón, el bajo, el violín, el piano y la guitarra.

Caía la noche y la luna resplandeciente cobijaba aquellos momentos de fiesta. Algunos músicos se dirigían al tablado principal. Otros, tenían eventos privados. Todos alistaban sus instrumentos para una nueva jornada. El sentimiento común era el amor por las notas de los géneros andinos.

Bambucos, pasillos, guabinas, torbellinos, valses y boleros invadían el pueblo hasta altas horas de la noche. Así lo recuerda Orlando Rendón: “Desde el tablado, se veía como una onda ese río de personas. Las pavas y los sombreros aguadeños se movían al ritmo de las melodías”. Los protagonistas daban todo de sí en el escenario y el público los reconocía con sus aplausos, abrazos, gritos y bailes. El mú-

“Sí, estas generaciones nos formamos con solo observar cómo aquellos grandes maestros ejecutaban estos instrumentos. Así tal cual aprendimos”.

sico sonsoneño era, en las fiestas, un puente a la felicidad de la gente de su pueblo.

Y no solo era un asunto de tablados y fiestas; la música andina acompañaba otro tipo de encuentros más personales, más íntimos, más familiares. Cumpleaños, bodas, aniversarios y las fiestas espontáneas cuando se reunían éste que toca guitarra con aquel que se la va bien con el tiple.

El amanecer era el momento de volver a casa luego de una noche de canciones de amor, desamor, orgullo patrio y nostalgias. El sol apenas se asomaba por el horizonte y lograba verse a través de las nubes, era la hora de bajarse de los escenarios, salir de las casas y cantinas, guardar las guitarras, los tiples y las liras, y marchar detrás de la multitud.

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Y lo que será Óscar Mauricio Pavas Díaz Estudiante de Comunicación Social - Periodismo oscar.pavas@udea.edu.co

Gabriela Villa continúa con los procesos de formación en los géneros andinos con niños y jóvenes de Sonsón.

Fotografía: María Paula Colorado Vargas

L

a casa catalogada, a finales de la década de 1980, como “el balcón más lindo de Antioquia” ha albergado entre sus tres plantas y catorce balconcillos uno de los principales escenarios de formación musical en el municipio de Sonsón: la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz. Detrás de este nombre se encuentra la tradición de cultivar en los niños y jóvenes del municipio la pasión por la música andina. Aunque hoy sobran los dedos de una mano para contar los eventos que se realizan alrededor de este género ─si acaso permanecen el Festival de Música Campesina y unas cuantas fiestas familiares amenizadas por agrupaciones locales─, esta historia de pasillos y bambucos aún retumba en las esquinas del parque principal y se escucha en las cantinas y en unos cuantos lugares donde aún se pueden sentir sus melodías.

Día a día, a las 9:00 de la mañana, la casa de la Escuela de Música abría sus puertas al público. Sus tres plantas se llenaban de aires paramunos y sus escaleras vibraban al recibir niños, jóvenes y a todo aquel que se interesaba por la música. En sus mejores momentos, llegó a tener 850 alumnos. Se abrían los balcones y se iluminaban los salones con los tableros demarcados con los pentagramas de notas musicales de las clases del día anterior. A primera hora del día, se confundían los sonidos de la trompeta con los del saxofón y, al fondo, las guitarras sonaban, cuerda por cuerda, para buscar una afinación exacta.

Esa escena se repitió hasta el 30 de junio de 2017; debido a dificultades de la Alcaldía de Sonsón para la contratación de su personal, la corporación Escuela de Música suspendió sus clases. Entre esta fecha y el 8 de septiembre ni las puertas se abrieron ni el sonido de los instrumentos volvió a escucharse. La Corporación se trasladó a otras instalaciones y, más tarde, empezó a funcionar en esa casa la Escuela Municipal de Música, a la que acuden actualmente cerca de 120 alumnos, pero cuyo énfasis ya no está en los ritmos andinos.

“Bambucos, pasillos, valses, guabinas, torbellinos y otros ritmos son muy poco interpretados en el pueblo que años atrás los vio nacer y arraigarse en cada una de las personas. El relevo generacional que se está originando, está

dando pie a que lo andino desaparezca en poco en tiempo”, dice Elías Alarcón, destacado exponente del género.

Aunque existen iniciativas que luchan porque esta música permanezca, parecen tener cada vez menos trascendencia. Gabriela Villa Arias, quien por más de 40 años ha formado a más de tres generaciones de músicos, cantante con un recorrido importante en estudiantinas, coros, duetos y tríos, es una las pocas gestoras que tratan de preservar esta música “vieja”.

Tres veces a la semana, en el barrio Chagualito, se reúne con un grupo de aproximadamente siete niños para enseñarles esos géneros. A su vez, lidera otros grupos en la Institución Educativa Rosa María Henao Pavas y en la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo.

“Cuando me reúno con mis niños, coloco en los oídos y en las manos de ellos lo básico, precisamente porque quiero que otras personas tengan esa capacidad, esa cualidad de explorar la música como lo que es, que sientan esa alegría, esa paz y esa transcendencia que siento yo”, expresa Gabriela.

“Hay muchachos y muchachas que cogen una guitarra a tocarla con esos ritmos que hay ahora; pero nunca cogen a puntear un bambuco”, comenta Elías Alarcón. Agrega que, hoy en día, los gustos de los jóvenes y niños van inclinados a otros géneros y solo se acercan a lo andino en eventos culturales que algunas instituciones ofrecen.

“Ya no se ven tantos chicos ingresando a una escuela de música, haciendo parte de una banda sinfónica, una estudiantina, un coro o alguna agrupación. Por ende, si se cierran estos espacios, el municipio estará propenso a perder todo ese potencial que se ha venido educando en este campo”, afirma Orlando Rendón, corista de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, uno de los pocos exponentes jóvenes que practica el género andino en el pueblo.

De esas nuevas generaciones, también hace parte la agrupación Tolúa. Con una trayectoria de diecisiete años, interpreta diversos géneros musicales, incluidos los géneros andinos. Soy integrante de este grupo y allí entendí que la música ‘vieja’ hace parte de nosotros, hace vibrar cada parte

del cuerpo. Fue la música con la que crecí y se me hace imposible no sonreír al escucharla e interpretarla.

Pero con Gabriela, con Orlando, con Tolúa, con los pocos maestros que quedan y con los pequeños grupos de niños que se siguen formando, parece cerrarse el círculo de esa música que, hace cuatro décadas, era capaz de paralizar a Sonsón y reunir a su gente alrededor de sus sonidos: “Lo demás, será bonito; pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana”.

Entendí que la música ‘vieja’ hace parte de nosotros, hace vibrar cada parte del cuerpo.

Fue la música con la que crecí y se me hace imposible no sonreír al escucharla e interpretarla.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

20 Crónica

“Ojos de dulzaina”

y la discapacidad en Sonsón

Nelson se guía en el camino a su lugar de trabajo con un bastón adaptado con una pequeña rueda que le ayuda a anticipar los baches en el suelo.

Texto y fotografías: Willy López Loaiza Estudiante Comunicación Social - Periodismo willym.lopez@udea.edu.co

S

us manos se deslizan suavemente por el aire como si lo tocaran. Van buscando cuidadosamente el dial para sintonizar la emisora Radio Sonsón. Al encontrarlo, espera atento para estar seguro de la hora. Escucha decir que son las tres y veinte de la madrugada. Ya está listo para partir. Se echa una estopa en forma de mochila al hombro que va cargada de comida. Coge su guía y emprende el viaje.

Sus ojos no pueden diferenciar la noche del día ni mucho menos la madrugada. Son los rayos del sol los que calientan su piel y le indican que ya ha amanecido. Son sus oídos los que le permiten escuchar el cantar de las aves y asimilar dónde se encuentra. Son los demás sentidos los que le han enseñado a Nelson Medina, “Ojos de dulzaina”, en sus sesenta y dos años, a caminar por la vida en medio de la oscuridad.

Camina durante cuarenta minutos por la carretera que comunica a Sonsón con el corregimiento del Alto de Sabanas, hasta llegar a un punto llamado Sonadora.

Sus únicos acompañantes son una varita de madera con una pequeña llanta en la punta, que utiliza para guiarse en medio de una carretera destapada llena de rocas, y su fiel compañera de vida, la radio. Es este aparato el que le ha permitido ampliar su universo, pues Nelson perdió su visión cuando tenía tres meses de vida.

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

Nelson Medina es un caminante que no diferencia el día de la noche. Transita silencioso por las calles de Sonsón ante los ojos de quienes lo observan sin que él se entere. Así pasan sus días en un municipio que no está preparado para atender la discapacidad.

Cantando música carrilera, se acerca a unas pequeñas chazas de madera que él mismo ha construido para hacer su trabajo al borde de la carretera. Cuatro de la madrugada, escucha en la radio, y sabe que ha llegado a Sonadora. Su sentido de ubicación le permite acercarse a una de las chazas y abrir la puerta.

Su trabajo es obra de su tacto y su oído. Nelson agarra una estopada de basura y comienza a palpar lo que hay. Saca un tarro y empieza a pasar sus manos por él. Siente su peso, su textura, lo aprieta y ya sabe cuál es su material. También tiene un imán para separar el aluminio y el hierro. Así selecciona lo servible y lo inservible.

“Ojos de dulzaina” aprendió a reciclar en Aguadas, Caldas, el pueblo donde nació. La casa donde vivía estaba al lado de unas discotecas y la gente tiraba las botellas en su huerta. Un día quiso recogerlas y salió a ofrecerlas a un pequeño negocio. Nunca imaginó que ese trabajo que no tenía ni siquiera nombre por aquella época, sería ahora su principal sustento.

Gracias a quienes compraban su reciclaje, aprendió cómo debía llevar los materiales para que se los pudieran recibir. Nelson iba por las veredas de Aguadas pidiendo cartón, papel, vidrio, hierro. También viajaba desde Pácora hasta Aguadas arrastrando su carreta llena de hierro que le regalaban en un taller de carros.

Su vida ha estado llena de aventuras, aunque reciclar no era lo que quería para ella. Aprendió mucho de Radio Sutanteza, aquella cadena radial que hace cincuenta años impartía lecciones de escritura, lectura y catecismo. Su abuela misma

tenía una escuela radiofónica en la finca, y allí asistían niños de los alrededores. Gracias a esto, Nelson aprendió, entre otras cosas, a sembrar en las huertas caseras. Por eso, dice que es muy triste que la radio haya perdido su importancia.

Quiso estudiar y ser profesional. A sus veintidós años, con la ayuda de un sacerdote, viajó a un colegio de ciegos en Manizales. Allí le enseñaron herramientas para la ubicación, un poco del lenguaje braille y otras cosas. Pero al ver que no tenía un lugar para vivir, tuvo que devolverse para su pueblo natal apenas una semana después.

Esta mañana, como todas, Nelson está de cuclillas separando cuidadosamente los materiales que luego cambiará por un par de billetes. El sol está fuerte y quema. El polvo de la carretera lo hace estornudar. Tiene una sonrisa tan marcada en su rostro, que sus arrugas ya se han acostumbrado a su forma. “Gracias, bendito Dios”, dice. Y luego sonríe con un “ja, ja”. ¿Política pública de discapacidad?

Nelson se pregunta cómo hubiese sido su vida con el apoyo de alguna entidad del Estado para formarse, desarrollar mejor sus capacidades y continuar sus estudios. Nunca recibió ese apoyo y hoy, de la única manera que le ayuda una las dependencias de la administración municipal de Sonsón, es regalándole cada ocho días un poco de reciclaje.

Para recogerlo en la Tesorería del municipio, tiene que ir acompañado, pues la infraestructura del Palacio Municipal no es adecuada para personas que tienen alguna discapacidad. Y aunque la administración expresa que tiene una

21 política pública para proteger a las personas que se encuentra en situación de discapacidad, el caso de Nelson parece indicar lo contrario.

La investigación para la tesis del pregrado en Licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, desarrollada por el licenciado Víctor Loaiza, reveló que en lugar de una política pública que garantice a largo plazo la atención a la población en situación de discapacidad, Sonsón lo que tiene es un Acuerdo municipal, el N.° 31 de 2010, el cual adopta la Circular 018 del entonces Ministerio de Protección Social. El Acuerdo se desarrolla en cinco líneas básicas, las cuales buscan la promoción y prevención, habilitación y rehabilitación, inclusión educativa, inclusión para el trabajo y accesibilidad para las personas en situación de discapacidad.

Sin embargo, Loaiza afirma que a esa norma no se le puede llamar política pública porque no se han realizado diagnósticos claros sobre las problemáticas que tienen las personas con discapacidad del municipio. Esto mismo lo reconoce el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, documento en el que la actual administración afirma que no existe al menos un censo con el número real de personas con discapacidad y que “los programas de promoción en salud son insuficientes, al igual que las estrategias de rehabilitación; [tambien que] la cobertura en proyectos productivos es ínfima (4,5%)”.

Por su parte, el Centro de Inclusión Social de Sonsón reportó, a principios de 2017, que en la localidad hay alrededor de 1.774 personas en situación de discapacidad. No obstante, la administración reconoce que solo lleva procesos continuos con un 10% de esta población.

Nelson, por ejemplo, ha intentado hacer parte de alguno de los programas que ofrece el Centro de Inclusión, pero no lo ha logrado.

El Plan de Desarrollo Municipal tiene, entre algunos de sus objetivos, buscar la satisfacción de las necesidades de la población, la provisión de bienes y servicios públicos de calidad y generar condiciones de integración social y territorial a partir de la equidad. La palabra discapacidad aparece 52 veces en ese documento, en el que la administración insiste en que las personas en situación de discapacidad deben tener mejor salud, bienestar y dignidad, para promover un mejor desarrollo humano integral.

Para eso, el Plan se compromete a adecuar salas de atención, implementar la política pública en un 75% y aumentar a 24,55% la cobertura de estas personas. Entre las metas, se encuentra que 538 personas en situación de discapacidad se beneficien de alguno de los programas de la alcaldía de Sonsón.

Sin embargo, Luz Elena Quintero, coordinadora del Centro de Discapacidad, dice que las normas no han partido de reconocer las necesidades reales del municipio en esa materia. “El Acuerdo es muy complejo, se hizo a nivel

nacional, por lo que es muy general. No se hizo preguntando en las regiones por las verdaderas problemáticas para una mejor inclusión”.

Por su parte, Víctor Loaiza señala que las personas con discapacidad no conocen las acciones y por eso algunos no asisten a los programas. Además, las iniciativas que están en el papel, dice, no se han llevado a cabo. Una de las razones es la distancia de la población campesina con la cabecera municipal. “Las acciones que se están relacionando no están dando cubrimiento a toda la población con discapacidad. Hay gran parte de esta población alojada en la zona rural del municipio y se les hace difícil movilizarse al centro de atención”.

El abogado Santiago Villada, auxiliar jurídico de la Personería de Sonsón, quien también realizó su tesis de grado sobre la política pública de discapacidad del municipio, dice que Sonsón está haciendo adecuaciones como la instalación de rampas para el acceso de personas de movilidad reducida a lugares como el Centro de Bienestar del Anciano. Sin embargo, afirma que no se han realizado acciones para cubrir las líneas de promoción y prevención: “No hay avances. Incluso, a principios de este año unos estudiantes de Educación Especial presentaron una acción popular para que no se le vulneraran los derechos de estas personas”.

además, es consciente de que su trabajo aporta al cuidado de la tierra. Suele animar a las personas para que cuiden el planeta y les pide que separen los elementos antes de echarlos todos a la basura.

Sus oídos están tan desarrollados que conoce desde lejos el sonido de los carros que pasan por esa carretera hacia el Alto de Sabanas, El Brasil, La Loma y otros lugares. “Es la escalera de las 2:15 que va para El Brasil”, dice. Interrumpe su actividad y saca un tarro de metal de una estopa, camina hacia el borde de la carretera y espera atento a que el carro pare. El ayudante, antes de llegar, pide algunas monedas a los pasajeros. Luego baja y se las echa a Nelson en su tarro. Él agradece con una sonrisa y un “Dios le pague”.

Son la 3:15 de la tarde, dice el locutor de la radio en medio de una canción. Nelson lleva 12 horas de trabajo, pero es como si su cuerpo no conociera el cansancio. Escucha otra escalera y vuelve a pararse al lado de la carretera. Esta vez, en medio de las monedas que le dan, va un confite. Nelson sonríe al tocarlo. “Ja, ja. Es una niña que cuando pasa, siempre me regala un dulce”. Guarda las monedas y continúa con su trabajo.

Aunque un día de trabajo normal se extiende hasta las siete de la noche, hoy debe llevar algunas botellas a la empresa que le compra el reciclaje. Así que debe irse un poco antes.

Escucha el sonido de otra escalera, la de las 3:40, coge su tarro y se para atento, con su enorme risa. Esta vez, el carro no para. No importa, Nelson sigue sonriendo. “A veces no paran, quizás casi no lleven pasajeros o van deprisa”.

Vuelve a una de las chazas, saca su estopa con las cocas del almuerzo y se las pone en su hombro. Agarra su radio y se lo cuelga a un costado. Coge su guía para caminar, cierra la puerta y se echa una estopada de botellas al hombro. El día en Sonadora ha terminado. Ahora Nelson comienza a bajar la montaña, camina por el lado de la carretera y alza sus pies un poco para no tropezar con las piedras altas. Va cantando una canción de El Caballero Gaucho.

Su esposa lo espera a la entrada del pueblo y lo acompaña a vender las botellas que ha separado. Cuando llega a su casa, luego de bañarse, saca de un cajón un instrumento musical, es una dulzaina. La lleva a su boca y comienza a interpretar una canción que ha escuchado desde niño, Mi Barrilito. Es lo que le queda: disfrutar de la música en medio de la oscuridad, por eso lo llaman “Ojos de dulzaina”.

En la localidad hay alrededor de 1.774 personas en situación de discapacidad. No obstante, la administración reconoce que solo lleva procesos continuos con un 10% de esta población.

El día continúa. El locutor de Radio Sonsón anuncia la hora: 12:50 minutos. Nelson se para y camina despacio, siempre con sus manos enfrente, esperando tocar algún objeto para ubicarse. Llega hasta una de las chazas de madera, entra y busca su estopa en el piso de tierra. Saca una botella con agua, la destapa y se lava las manos. La guarda y luego saca una coca con su almuerzo.

Termina de comer sobre un bulto de materiales cuando suena su celular. Es uno pequeño, de botones. Al contestar, en su rostro se dibuja una enorme sonrisa, sus arrugas vuelven a pronunciarse. Es Seleny, su esposa, con quien lleva 22 años de casado. Ella es su principal guía cuando está en el pueblo, la mujer que no lo desampara y le evita accidentes más graves que los que ha sufrido y que le han dejado secuelas en su cuerpo. Seleny le pregunta si ya almorzó y él le agradece.

“Son las dos de la tarde”, avisa la radio. El sol pega más fuerte, el polvo de la carretera hace que la piel se sofoque más. Pero Nelson sigue con la misma energía. Él,

Nelson junto a la radio que acompaña sus jornadas, que se ha convertido en su propia forma de ver el mundo.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

22 Testimonio

Una guerra que no me perteneció Ana María Sánchez Ramírez Estudiante de Comunicación Social - Periodismo ana.sanchezr@udea.edu.co Ilustración: Daniela Jiménez González

E

s la mañana fría del último día de octubre. Como de costumbre, reviso algunas notificaciones en mi celular antes de ponerme en pie. Nada nuevo qué observar; sin embargo, a eso del mediodía recibo algunos mensajes de amigos y familiares, todos comparten una noticia en común: un magistrado ordenó la libertad de “Karina”, la mítica comandante del Frente 47 de las Farc.

A través de la pantalla puedo sentir la ira de mi madre y algunas lágrimas caen tibias y tímidas por mis mejillas.

De mi cuerpo, se apodera el mismo temblor de hace poco más de quince años y mis dedos tiran con fuerza el teléfono sobre la mesa. No puedo unir palabras coherentes. ¡Qué injusta es la justicia colombiana!

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017

*** Soy de Argelia de María, un pequeño municipio ubicado al Suroriente de Antioquia. Mi pueblo es conocido por su tradición arriera y su producción panelera, por la calidad de su gente y su costumbrismo. Y sí, también por la huella que nos dejó la guerra.

Su superficie de 254 km² fue testigo de desapariciones, masacres y desplazamientos. Argelia ha sido uno de los municipios de Antioquia más azotados por la violencia desde que, en 1995, los Frentes 9 y 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) comenzaron a hacer presencia en las zonas más alejadas del municipio. Llegaron a la cabecera el 21 de enero de 1997: unos cien insurgentes iniciaron una toma armada que duró alrededor de cinco horas.

Se enfrentaban a trece policías que cuidaban la Caja Agraria.

Fue una noche devastadora. Argelia quedó sola ante los planes de las Farc. Dos guerrilleros murieron y un policía quedó herido, no volvió a caminar. A raíz de esa

toma, la más recordada por los argelinos, la Policía se retiró del municipio.

Desde entonces, todos los caminos de herradura que habían abierto sus pobladores a lomo de mula, solo conducían al desangre y a la barbarie. Conducían hacia Elda Neyis Mosquera, alias Karina, lideresa de esta guerrilla en la región, la mujer que estableció en los toldos del parque de Argelia su oficina del terror. De ella, empezó a depender toda decisión de cualquier habitante. Era ella quien decía qué debía hacerse y qué no.

Si hasta ese momento las carreteras y vías terciarias eran intransitables por su deterioro, con la presencia de las Farc se convirtieron en corredores estratégicos de guerra hacia otras regiones de Antioquia y del departamento de Caldas. Mientras tanto, las zonas rurales más alejadas servían de campamento permanente de la guerrilla que aprovechaba la poca accesibilidad hacía las veredas, muchas veces usaba a los campesinos como escudo, rodeaba los caminos con minas y destruía a su paso postes de energía.

A mediados de 2000, Argelia, Nariño y San Rafael fueron casi propiedad absoluta de las Farc. El 23 de agosto, el entonces gobernador encargado de Antioquia, Óscar Arboleda Palacio —quien en 2013 fue condenado por vínculos con paramilitares— hizo un llamado al Ejército y la Policía para “recuperar para el Estado” estos tres municipios que estaban bajo el control de la guerrilla.

Según datos de la Alcaldía municipal, en solo doce años la población de Argelia se redujo en más de cuatro mil personas. De los 10.852 pobladores que había en 1993, la cifra pasó a 6.823 en 2005. Es decir, 4.029 argelinos murieron, fueron desaparecidos o se desplazaron en medio del conflicto.

A la jefa de la guerrilla había que llamarla “comandante Karina”. Recuerdo la sumisión que todos le tenían en el pueblo. En aquel entonces, mi papá era el dueño de la mejor finca de la vereda, y por eso ella y sus tropas fueron a parar allí. Por ser una señora de “respeto”, todos teníamos que hacer lo que ella dijera.

Ahora, mientras recuerdo sus palabras y su aspecto físico, me doy cuenta de que eso que sentíamos no era “respeto”, era miedo. Miedo, sobre todo, a que ella pudiera robarnos a un integrante de nuestra familia o a algún vecino.

Luego de que “Karina” asumiera el papel de alcaldesa y hasta de jueza, llegaron los paramilitares. Lo hicieron al mando de Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias MacGyver, con la supuesta intención de limpiar a sangre y fuego el camino para el retorno de las fuerzas del Estado. Entonces, los campesinos inocentes quedamos en medio de dos bandos de “héroes”, muchos menores edad fueron reclutados y las mujeres quedaron viudas en medio de los señalamientos y los asesinatos cometidos de lado y lado.

Los argelinos vivimos temporadas de hambre. Las pocas tiendas de víveres estaban más vacías que la esperanza de salir de esa guerra. Cada día era peor y más desde que los paramilitares tomaron la decisión de no dejar pasar ningún vehículo hacia la cabecera municipal, tumbaron las redes de energía y sellaron las carreteras. Todo para sacar a la guerrilla y apoderarse de Argelia.

Este pueblo tan pequeño fue testigo de cientos de asesinatos a sangre fría, de secuestros, de masacres, de desplazamientos y de mutilados por las minas. Según cifras de la Unidad de Víctimas, hasta el 1 de noviembre de 2017, en Argelia había registradas 10.107 víctimas del conflicto armado.

Quizás el año más recordado es el sangriento 2002, cuando miles de familias salieron desplazadas y dejaron atrás sus parcelas. Allá se quedaron sus ganancias y el trabajo de toda una vida. Con unas pocas cosas sobre sus espaldas, dijeron adiós para siempre, pues muchos nunca se atrevieron a regresar.

Así transcurrió mi infancia, tan marcada por los cientos de libros que leí como por la marcha de los violentos.

Todas las vivencias que a mis 20 años puedo relatar, tienen la huella de la guerra. “Karina”, “MacGyver” y otro puñado de violentos de todos los bandos fueron protagonistas, no solo de mi historia, sino también de la de miles de argelinos que, sin embargo, hemos aprendido a superar el dolor y darle paso a la tan prostituida palabra paz. *** Estoy sentada bajo un gran árbol del parque principal.

Recuerdo aquel 19 de mayo de 2008. Cierro mis ojos y puedo revivir los gritos de júbilo de mis paisanos. La televisión anunciaba que “Karina” se había rendido, que ya no tenía con qué luchar, que estaba sin armas y sin hombres.

Todos nos aglomeramos en la plaza, entonamos el himno municipal y hasta el alcalde decretó día cívico. Ese día el ambiente se sentía diferente, hasta el cielo parecía más azul. Éramos conscientes de que nuestras familias estaban destruidas, pero que éste sería el nacimiento de la nueva Argelia.

Hoy, después de tantos años, Argelia ha logrado voltear un poco la página de dolor, han sido pasos pequeños, pero certeros. Hoy, después de tantos años, estoy bajo el mismo cielo azul que fue testigo de tanto dolor. Estoy sobre la misma cordillera que fue recorrida una y mil veces por las botas de los uniformados y, hoy, a pesar de que “Karina” esté a punto de salir libre, tengo la esperanza intacta de que los argelinos algún día podremos compartir el país con las mismas personas que lo destruyeron y podremos decir, con la misma serenidad que lo dice ella, que “somos gestores de paz”.

En lente

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La mujer campesina,

un trabajo a doble jornada

Jonifer Estiven Posada Naranjo Estudiante de Comunicación Social - Periodismo jonifer.posada@udea.edu.co

A

diferencia del hombre campesino, la mujer ha tenido la obligación de mantener bien organizada la casa, preparar las comidas, bañar los niñosy niñas, cuidar los animales…; también, en muchas ocasiones, se encarga, tal como lo hacen los hombres, de las labores agrícolas.

Según datos de la Encuesta nacional de uso del tiempo en Colombia, las mujeres invierten diariamente, en promedio, ocho horas y doce minutos en tareas de cuidado que no son remuneradas; los hombres, por su parte, solo destinan tres horas y seis minutos a realizar ese tipo de actividades sin pago. Entonces, las mujeres campesinas, que también ayudan en las labores agrícolas, asumen una doble jornada de trabajo que no suele ser reconocida.

La ONG Oxfam Internacional calcula que en Colombia hay cerca de 2’700.000 mujeres campesinas. De ellas, un 19,8 por ciento tiene a su cargo la jefatura del hogar y en el 85,3 por ciento de los casos asumen ese papel sin la presencia de un cónyuge. ONU Mujeres calcula que en el mundo 1.300 millones de personas trabajan en la agricultura y, de ellas, el 43 por ciento son mujeres.

Estos son los rostros de varias mujeres campesinas que trabajan en labores relacionadas con la cadena productiva de la agricultura en Sonsón. Ellas son, quizás, el eslabón más importante en la vida campesina pues no solo levantan —como se diría metafóricamente— a sus familias, sino también costalados de insumos los cultivos y productos de las cosechas.

Con los ojos brillantes y una tenue sonrisa, esta mujer empieza su jornada en un cultivo de caléndula. Se apoya en el azadón que utiliza en su trabajo.

En el sector de La Gruta se reúne un grupo de mujeres cultivadoras de uchuva. Su tarea es preparar el producto de sus fincas para la comercialización.

En el campo se profundizan las desigualdades que, en general, padecen las mujeres en diferentes contextos. Pero en el sector de El Roble, en las afueras de Sonsón, mujeres y hombres trabajan a la par en sus cultivos de arveja.

Esta pequeña acompaña a su mamá y a su tía en el cultivo. Siempre que puede se levanta temprano y les ayuda a recoger las flores de caléndula, como también lo hicieron ellas desde niñas.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

24 Última

Un gorro futbolero la cubre del sol. Se ayuda con un “coco” partido a la mitad colgado de su cuerpo y con un plástico amarrado a su cintura. Escarba las plantas para sacar las flores de caléndula más maduras. Así es la mujer campesina de Sonsón. Reportaje gráfico: página 23.

No. 01 Sonsón, diciembre de 2017