De la Urbe 100

2 Análisis

Mateo Ruiz Galvis mateo.ruiz1@udea.edu.co

E

l Gran Hermano, ese personaje del libro distópico 1984, que todo lo sabe, que vigila a todos los ciudadanos y habita todos los lugares, suele revivir cada vez que un gobernante toma decisiones basadas en la utilización de tecnologías de la información e instrumentos de vigilancia.

Aunque varíe un poco el símil, la esencia de la comparación es la misma: a algunos ciudadanos les genera desconfianza que la tecnología se convierta en una herramienta de hipervigilancia y temen no solo al cambio de paradigma que implica la transición de un mundo análogo a uno digital, sino que estas herramientas estén en manos de gobiernos en los que no siempre confían.

La pandemia por la covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de los gobernantes para enfrentar la crisis.

En el caso de Medellín, el alcalde Daniel Quintero optó, entre otros recursos, por los datos y la tecnología; para esto lanzó Medellín me Cuida, un micrositio alojado en la página web de la Alcaldía de Medellín. Esta plataforma fue lanzada el 5 de abril con el propósito de que los habitantes de esta ciudad cedan sus datos y reciban ayudas, y para que las autoridades de salud realicen vigilancia epidemiológica. El 29 de agosto había poco más de 3’435.000 personas y 130.000 empresas inscritas.

Las dudas sobre el destino de los datos recopilados y la efectividad de la plataforma para afrontar la crisis, unidas a las críticas hacia el imaginario de una ciudad innovadora y centro de la Cuarta Revolución Industrial, siluetean la imagen borrosa del Gran Hermano del libro de ciencia ficción de George Orwell. ¿Es esta imagen razonable o infundada?

Carolina Botero es la fundadora de Karisma, una organización que propende por los derechos humanos en el mundo digital. Para ella, la plataforma “es un sistema de vigilancia supremamente invasivo, en una ciudad que durante décadas ha sido muy violenta. El alcalde insiste en la confianza y creo que tendría que empezar también a mostrar signos de cómo esa confianza la va a mantener en el tiempo, porque la vigilancia se le podría salir de las manos”.

En contraste, para la Alcaldía de Medellín, el objetivo de Medellín me Cuida no es otro que contar con “una identificación, individualización y caracterización de cada

Ilustración: Julián Dasaca

No. 100 Medellín, octubre de 2020

grupo familiar, contar con información relacionada con morbilidad, determinar población vulnerable, identificar casos tempranos y relacionados, realizar cercos epidemiológicos y poder alertar a la comunidad sobre focos cercanos de infección que impliquen un riesgo para la salud”, como respondió la administración en uno de los tres derechos de petición remitidos por De la Urbe para este informe.

Ese debate entre intimidad personal y papel de cuidado que asume el Estado se ubica en el centro de la discusión sobre el uso de la tecnología basada en la información de los ciudadanos como mecanismo para enfrentar la pandemia.

Vigilar la pandemia

Medellín me Cuida tiene dos variantes: la versión para empresas, donde estas crean una base de datos con sus empleados y características puntuales de sus actividades, no solo de la ciudad sino de toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y la versión para familias, donde los ciudadanos de Medellín se inscriben a sí mismos y a su núcleo familiar.

Los datos que solicita la plataforma son de carácter público, como el número de identificación, la dirección de residencia, la edad, la actividad que cada persona desempeña y la nacionalidad; otros semiprivados, como el número de contrato de servicios públicos, número de celular, teléfono fijo y correo electrónico, y sensibles, como si quien se registra tiene comorbilidades y si posee síntomas de covid-19.

En resumidas cuentas, es una base de datos a través de la cual la Alcaldía realiza cercos epidemiológicos.

Esta estrategia, según el epidemiólogo Felipe Vargas, consiste en “la búsqueda activa de casos para tratar de controlarlos, saber quién es la persona, dónde ha estado, y a partir de allí encontrar los posibles contagios y

3 gente que pudo haber enfermado”. Con esta información, las entidades encargadas elaboran un listado de personas que estuvieron en contacto con el contagiado, realizan pruebas y ordenan su aislamiento.

A su vez, lugares como los centros comerciales y los comercios independientes deben hacer un registro de sus visitantes en un formulario que luego es subido a Medellín me Cuida, para hacer un seguimiento de casos y posibles contactos. Además, el registro en la plataforma es también obligatorio para hacer utilización de los servicios del Sistema Metro.

¿Vigilar personas?

Las dudas sobre el manejo de datos de la plataforma se podrían dividir en tres: su temporalidad, su traspaso y quiénes manejan la información. Se debe aclarar que, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, hasta finales de junio y desde la puesta en funcionamiento de la plataforma, el documento de términos y condiciones de Medellín me Cuida dirigido a las familias había tenido seis versiones y el documento para empresas había contado con tres. Este documento guía las formas en que se recolecta, gestiona y trata la información que los ciudadanos ceden en la plataforma.

Sobre el tema de la temporalidad, una de las críticas que recibía la plataforma en un inicio era que los datos iban a ser recopilados. “Imaginate vos llenar una aplicación en la que tengás que contar todas tus preexistencias médicas, si tenés sida, cáncer, diabetes, etc. y que nunca se vaya a borrar eso. Se puede prestar para que haya discriminación”, decía a principios de junio Daniel Duque, concejal de Medellín. Y es que en las primeras versiones de los términos y condiciones de la plataforma se contemplaba que la información no iba a ser eliminada a menos que el usuario lo solicitara explícitamente.

En la tercera modificación, el 13 de mayo, se estableció que los datos serían eliminados de la infraestructura tecnológica de la Alcaldía una vez terminara la emergencia sanitaria y que no podría hacer uso adicional de ellos. Pero, por otro lado, en una rueda de prensa, el 29 de mayo, el alcalde Daniel Quintero afirmó: “La información que no sea necesaria después, se elimina. La información médica nosotros no la vamos a utilizar cuando acabe la pandemia”.

Sin embargo, la primera parte de esa declaración enfatizó las dudas: ¿significa que entonces hay información que será “necesaria después” y que no será eliminada a pesar de que así está previsto en los términos y condiciones?

En su respuesta a uno de los derechos de petición remitidos por De la Urbe, la Alcaldía asegura que la eliminación de los datos se hará “mediante eliminación segura o herramientas anti-forenses, al respecto en el momento oportuno, será el Municipio de Medellín quien decidirá si se realiza in-house o con un tercero, procurando en cualquier caso, que sea una eliminación segura del dato, que además garantice el uso anonimizado como se indica en los términos y condiciones [sic]”.

Por otra parte y respecto al traspaso de datos, en todas las versiones de los términos y condiciones se menciona que la información obtenida “puede ser compartida o transferida con fines de salud, estadísticos, generación de reportes”. Y abre la posibilidad de que esta información pueda ser compartida con “entidades Gubernamentales, de Salud y demás que se requieran para mejorar y/o aportar la plataforma o los fines para los que fue creado [sic]”. ¿Qué entidades podrían mejorar la plataforma? ¿A cuáles entidades se han compartido estos datos?

Al respecto, la Alcaldía responde que “la plataforma opera 100 % in-house, en consecuencia, no existe acceso total o parcial a los datos allí almacenados”. Y ante la petición de que se facilitara un listado con las entidades, personas jurídicas o naturales a las que se les compartió la información, asegura que “ni existe ni se procura que exista un tratamiento de circulación de datos con terceros, en cuyo caso, el Municipio de Medellín debería informarlo, modificación lo términos y condiciones [sic]”.

Esto plantea una contradicción: en sus respuestas, la Alcaldía afirma que no existe la posibilidad de que terceros accedan parcial o totalmente a los datos almacenados, pero los términos y condiciones establecen que pueden ser compartidos.

Y estas dudas se acrecientan con la pregunta sobre en manos de quién está la información recopilada. A finales de abril, el concejal Duque solicitó ante la Procuraduría que se abriera una investigación por un posible conflicto de intereses contra el subdirector de Información y Evaluación Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín, Juan Camilo Oliveros.

Esto porque, a inicios de febrero de 2020, Oliveros era representante legal de la compañía encuestadora Gauss de Colombia, firma que, además, realizó las encuestas internas de la campaña de Daniel Quintero, según le dijo a De la Urbe, a finales de 2019, Diego Romero, para ese momento responsable de las comunicaciones del entonces alcalde electo y en la actualidad asesor del mandatario.

Actualmente, el padre de Juan Camilo, William Oliveros Betancur, es el representante legal de la compañía y Juan Camilo posee el 50 % de las acciones de la misma.

Para el concejal Duque, el conflicto de intereses reside en el hecho de que es posible que Oliveros tuviera acceso a la

información recopilada por Medellín me Cuida. Esto unido a lo antes expuesto sobre el traspaso de información con fines estadísticos.

Sobre la relación del subsecretario con la plataforma, la Alcaldía respondió que “no participó en la creación, planeación o ejecución de MMC – Empresas y Familia [sic]” y aseguró que “no sería posible que de forma directa o indirecta el funcionario Juan Camilo Oliveros Vélez pudiera tener algún tipo de injerencia actual o futura en la operación de MMC en sus dos versiones”.

Pero allí no acaba la discusión sobre el uso de tecnología y de medios de vigilancia para controlar la pandemia.

El Decreto 0573, del 24 de mayo de 2020, que establecía las medidas necesarias para un plan piloto de reactivación económica y apertura de comercios independientes y centros comerciales en Medellín, ordenaba que las cámaras de seguridad de esos establecimientos se conectaran con el sistema de videovigilancia de la ciudad. Según la Alcaldía, esta interconexión serviría a futuro en estrategias conjuntas de seguridad.

Para ello, cada comercio recibiría una visita de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), dependencia de la que, a propósito, es gerente Diego González, hermano de Juan Sebastián González, subsecretario de Tecnologías y Gestión de la Información, responsable del desarrollo y la gestión tecnológica de Medellín me Cuida. Sin embargo, la administración municipal le respondió a De la Urbe que la ESU solo conectó 11 cámaras, una por cada establecimiento que se sumó al plan piloto.

Pero luego de los cuestionamientos, aquellas medidas que la Alcaldía mostraba como fundamentales para la reactivación económica en el plan piloto, dejaron de ser necesarias. Un par de semanas después, con el Decreto 596 de 2020, se eliminó el requerimiento de conectar los sistemas de seguridad.

De la Urbe consultó con ocho de los más grandes centros comerciales de Medellín si poseían cámaras de seguridad con softwares de reconocimiento facial o si habían sido parte de ese plan piloto de la ciudad y todos lo negaron.

Entonces, al respecto, surge la inquietud sobre si efectivamente para el control de un virus resultaba útil el acceso de las autoridades a las cámaras de seguridad de almacenes como Flamingo o la Feria del Brasier y Solo Kukos, dos de los almacenes conectados al sistema de videovigilancia.

¿Medellín Futuro?

La creación de Medellín me Cuida no está aislada de uno de los énfasis del alcalde Quintero en su Plan de Desarrollo Medellín Futuro: 2020-2023. El “futuro”, ese tiempo indefinido, que en Medellín se diluye entre la idea de la Cuarta Revolución Industrial y la creación del “valle del software”, es una de las apuestas de esta administración que cuenta con una inversión de 1.18 billones de pesos. Con esto, en resumidas cuentas, la Alcaldía espera, según lo estableció en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), estimular la creación de nuevos empleos a través de “la educación, la innovación y el emprendimiento” en áreas asociadas con “la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial”.

A propósito de la seguridad, según el PDM, el objetivo es “articular inteligencia artificial, minería de datos, técnicas de análisis de información con sistemas de videovigilancia”. Se impulsan también “tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento […] y movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología”.

Pero además de las herramientas tecnológicas, los datos cumplen un papel esencial: los datos de los consumidores permiten que las empresas creen productos especializados, y los datos de los ciudadanos pueden ser útiles para que los gobiernos tomen decisiones basadas en el conocimiento de necesidades más concretas.

Santiago Alarcón, abogado y politólogo, integrante del Observatorio de Big Data de la organización de consultoría legal Fidedigna, hace una lectura política de la plataforma y explica que “Medellín me Cuida ha sido el primer intento de esta administración en mostrar cómo la tecnología puede usarse para tomar decisiones... Y ellos han encontrado que es un método acertado para tomar decisiones informadas, decisiones en casos donde se necesita una cantidad de información enorme que varía a cada momento”.

Sin embargo, Alarcón llama la atención sobre el revestimiento de autoridad y credibilidad que ofrece poseer los datos y afirma que “estamos asumiendo que como las decisiones del alcalde provienen de los datos que recopila, estos datos son objetivos y científicos, entonces las decisiones son correctas o las más adecuadas. Posiblemente sí lo sean.

Lo que está mal es pensar que la tecnología por ser objetiva no puede ser sujeto de reflexión política”.

Medellín me Cuida no es solamente una plataforma, sino que también es toda una línea estratégica del PDM. Así, la Alcaldía dice al respecto en respuesta a uno de los derechos de petición de De la Urbe, que “si bien Medellín Me Cuida es una plataforma que apunta a ser un instrumento para la gestión social de la población en situación de riesgo, se convirtió en una estrategia para atender temporalmente las necesidades generadas por el covid-19 y evolucionó de ser una sola plataforma a ser toda una línea estratégica en el plan de desarrollo, para la atención integral de las familias, en materia de desarrollo económico, salud, seguridad nutrición, entre otros [sic]”.

Por ello, el énfasis en la tecnología para la gestión pública de la pandemia pone en evidencia que crear una plataforma para enfrentar la crisis sanitaria no es fortuito y corresponde, más bien, a la antesala de una ciudad medida a través de las pantallas.

¿Efectividad o efectismo?

Cuando los hermanos Lumiére proyectaron sus primeras cintas de video ante espectadores, mostraron un tren que venía en dirección a la cámara. Se dice que muchos salieron corriendo pues pensaban que el tren iba a atropellarlos y es que, para aquel momento, esta tecnología era desconocida y la sociedad parisina de finales del siglo XIX nunca había tenido contacto con un videoproyector.

Asimismo, la utilización y efectividad de cualquier tecnología dependen de su desarrollo y de que haya sido adoptada y apropiada. Johnattan García, abogado y magíster en Salud Pública con énfasis en salud global e investigador de Dejusticia, dice que “en general casi todas las herramientas que nosotros tengamos para enfrentar la pandemia tienen éxito en la medida en que ya hayan tenido un desarrollo histórico en donde se utilizan. Si nosotros no teníamos una experiencia con eso, es difícil que funcionen de un día para otro”.

Por ello, la efectividad de la estrategia epidemiológica de Medellín depende no solo de la apropiación de tecnologías, sino también del acceso a recursos y herramientas más allá de las digitales. El acceso al agua, recursos básicos, ingresos estables y el robustecimiento del sistema de salud son factores que inciden directamente en el control de la pandemia.

China, Corea del Sur y Taiwán son ejemplos de la efectividad de las plataformas y aplicaciones para controlar el virus. Lo han logrado gracias a que su tradición está apegada al uso de tecnologías de la información y muchas de sus necesidades básicas están saldadas.

Yéssica Giraldo Castrillón, médica, magíster en Virología Clínica y docente e investigadora de la Universidad CES, dice que la gestión de la pandemia en Medellín tiene “mucho énfasis en la tecnología, mucho énfasis en lo mediático, en salir a brillar, en decir que aquí lo estamos haciendo muy bien porque estamos haciendo uso de la tecnología; pero mucho se ha especulado sobre la ampliación de camas, unidades de cuidados intensivos, ventiladores, y vemos que realmente eso no se ha cumplido de la manera en que se ha vendido”.

Tal es el caso de la antigua Clínica Saludcoop de la carrera 80 que se encontraba deshabilitada antes de la pandemia. El alcalde Quintero anunció su adecuación para albergar 156 camas de cuidados intensivos y atender pacientes de covid-19, pero en realidad se acondicionó solo como una Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE) que, para finales de julio, tenía apenas 60 camas.

A principios de octubre, de acuerdo con voceros del Hospital General, entidad a cargo de la administración de esa clínica, había en total 90 camas: 10 UCRE para pacientes covid y 80 de hospitalización general.

Ese ejemplo de un anuncio que se quedó en lo mediático toma mayor fuerza con las cifras generales que demuestran cómo la ciudad se quedó corta en fortalecer sus capacidades hospitalarias: entre el primero de abril y el 28 de agosto, Medellín pasó de 351 a 951 camas para covid-19 e infecciones respiratorias agudas. Es decir, un incremento del 270 %. Mientras tanto, Bogotá, en las mismas fechas, pasó de 451 a 1854 camas; un aumento del 411 %.

Giraldo cuestiona la forma en que se comunican las decisiones y la gestión de la pandemia. “Han sido laxos y ligeros en sus mensajes”, dice la experta. Entre esos mensajes se reiteró la idea de Medellín como ciudad ejemplar en el control del virus, con la tecnología como el centro de lo que, con mucha anticipación, ya se vendía como un caso de éxito, así fuera en su versión beta.

Ilustración: Julián Dasaca

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

4 Investigación

Sin diagnóstico: la incertidumbre de las pacientes de porfiria Jénnifer Giraldo jennifer.mejiag@udea.edu.co

María Isabel Montoya maria.montoya18@udea.edu.co

E

.* tiene 39 años y en 2011 consultó al médico por una obstrucción intestinal. En el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, luego de haber sido tratada por otra dolencia, fue diagnosticada con porfiria intermitente aguda, la mutación más común de esta enfermedad hereditaria de alto costo, que compromete al sistema nervioso. Empezó a recibir tratamiento y sus síntomas disminuyeron. Sin embargo, en 2018, en la Clínica de Porfirias del Hospital San Vicente Fundación (HSVF) le realizaron un examen para comprobar su enfermedad y el resultado fue negativo. A finales de 2019, esa institución la diagnosticó con lupus y pese a que ha recibido tratamiento, en ella persisten síntomas como dolor abdominal, pérdida de reflejos y desmayos.

M. tiene 23 años, tenía 10 cuando un pediatra en la Clínica CES la diagnosticó con porfiria. Algunos médicos le decían no saber qué hacer cuando presentaba episodios de dolor. Fue remitida a la Clínica de Porfirias del HSVF a principios de 2019. Allí, igual que a E., le dijeron que no tenía la enfermedad y decidió no volver a consultar en esa institución. A finales de ese mismo año un médico de su EPS consideró que debía seguir siendo tratada como paciente de porfiria, sin embargo, el dolor, la inflamación abdominal y el sangrado en su piel cuando se expone al sol continúan.

*La identidad de las pacientes se mantiene en reserva para proteger su intimidad.

Las porfirias son un grupo de trastornos hereditarios que causan ansiedad y confusión, dolores intensos en los músculos y el área abdominal, parálisis y convulsiones, entre otros síntomas. Su diagnóstico no es sencillo e incluso es conocida como “la gran imitadora”, ya que sus manifestaciones pueden relacionarse con muchas otras enfermedades. Según la Secretaría de Salud de Medellín, entre 2009 y 2019, 409 pacientes fueron diagnosticados con porfiria en consulta externa y consulta por urgencias en la ciudad.

Ubier Gómez es médico, especialista en toxicología y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es uno de los pioneros en la investigación de las porfirias en Colombia y uno de los médicos más reconocidos del país en su diagnóstico y tratamiento.

Según cuenta Gómez, empezó a investigar y tratar esta enfermedad porque como toxicólogo del HSVF, donde trabajó entre 2001 y 2018, conoció casos de intoxicación por plomo y una de las variantes de la porfiria, la plumboporfiria, tiene síntomas similares. Así tuvo la posibilidad de diagnosticar e iniciar tratamientos con varios pacientes en ese hospital.

“Cuando otros médicos vieron que nosotros diagnosticábamos los casos empezaron a consultarnos cada vez que había un paciente con síntomas parecidos a los de la porfiria.

Paralelamente, yo capacité a médicos del hospital con charlas para sensibilizarlos sobre la enfermedad”, dice el médico.

Gómez conformó un equipo con la bacterióloga Natalia Mesa, también profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Se conocieron en su época universitaria y con el paso de los años, el interés que ambos tuvieron por las porfirias los llevó a trabajar juntos.

Luego de estudiar en España, Mesa se convirtió, según afirma ella, en la única profesional en el país en aplicar el

No. 100 Medellín, octubre de 2020

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Una enfermedad huérfana

A vid Is a : D aría ión M c a str Ilu

Test de Hoesch, una prueba en que se mezcla un reactivo químico con una muestra de orina para identificar un exceso de porfobilinógeno, un compuesto que aparece en las personas afectadas por crisis de porfirias.

En 2016 Mesa y Gómez, junto a otros tres accionistas, fundaron el Instituto Biogemo, un instituto de bioquímica y genética que funcionó hasta finales de 2018 y que, de acuerdo con su certificado de existencia y representación legal, fue creado, entre otros objetivos, para el desarrollo de soluciones biotecnológicas, la explotación comercial de material genético, el diagnóstico de enfermedades y la comercialización de tratamientos. Natalia Mesa afirma que su condición para hacerse socia de esa empresa fue que le permitieran realizar el Test de Hoesh en sus instalaciones.

“Cuando me llegaban pacientes con síntomas muy claros de porfiria los remitía a Natalia para un Test de Hoesch y, al salir positivo, colocaba un tratamiento y los pacientes mejoraban significativamente”, afirma Gómez.

La bacterióloga Mesa comenta que antes de fundar Biogemo realizaba el mismo examen en la Universidad de Antioquia, hasta que la Dirección Seccional de Salud del departamento ordenó suspender esa actividad porque el laboratorio donde lo realizaba no contaba con la habilitación para ese tipo de pruebas.

En ese primer momento, ella misma costeaba los reactivos requeridos para los test. Pero eso cambió una vez comenzaron a realizarlos en Biogemo.

5 ¿Quién pagó por las pruebas?

En el costo de los test y en los recursos para cubrirlos hay varios aspectos que llaman la atención. Gómez asegura que los insumos para realizar los test en Biogemo eran donados por la Fundación para las Porfirias (Fundapor), una entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida en 2007, que tiene como propósito, de acuerdo con sus estatutos, “dar a conocer esta enfermedad huérfana en el país, generando una red de atención oportuna para los pacientes, que garantice sus derechos”, además de promover el “estudio y la investigación clínica y genética, por medio de entidades y profesionales conocedores y comprometidos con esta condición de vida”.

Beatriz Agudelo Álvarez, representante legal de esa organización, afirma que la fundación aportaba entre 70.000 y 80.000 pesos por cada prueba. Para este informe De la Urbe consultó a cinco pacientes que fueron diagnosticados con porfiria por medio del examen que realizaban Gómez y Mesa en Biogemo, y todos afirmaron que no tuvieron que pagar nada por el test.

Sin embargo, detrás de la gratuidad de las pruebas para los pacientes y de los recursos aportados por Fundapor se encuentran los aportes económicos de una multinacional farmacéutica italiana que es, al mismo tiempo, la comercializadora en Colombia de la hemina, el medicamento indicado para el tratamiento de las crisis de porfirias.

El nombre de esa compañía es Recordati Rare Diseases y en Latinoamérica tiene presencia en Brasil, México y Colombia. La representante legal de Fundapor dice que Recordati realiza donaciones a su fundación y que es con ese tipo de recursos que podían aportar dinero para la realización de las pruebas. Eso, en palabras simples, indica que la compañía que se lucraba de la venta del medicamento para el tratamiento de las crisis de porfirias era, a su vez, el financiador de los diagnósticos.

Esa relación entre empresas farmacéuticas y asociaciones de pacientes no es una novedad y, aunque no se encuentra regulada, ha sido cuestionada en la literatura académica y en otros escenarios por sus implicaciones éticas, eventuales conflictos de intereses y la posibilidad de que la industria explote para su beneficio las necesidades de apoyo y acompañamiento de los pacientes y sus familias.

“En la práctica, estas asociaciones demuestran ser muy útiles a las empresas farmacéuticas cuando se trata de autorizar la comercialización de un fármaco o de fijar su precio y, sobre todo, cuando la autoridad pública se muestra reacia [...]. La industria farmacéutica se interesa cada vez más en las asociaciones de enfermos como un relevo de comunicación y dentro de sus estrategias comerciales, promoviendo incluso la creación de algunas de ellas”, escribió el médico peruano Emilio La Rosa, miembro del Comité Internacional de Bioética de la Unesco, en un artículo académico publicado en 2011 sobre los conflictos de intereses entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud.

En este caso además hay que señalar que en una de las entrevistas que dio a De la Urbe para este informe, Natalia Mesa mencionó un viaje a Italia que Ubier Gómez habría hecho junto a otro médico y Beatriz Agudelo, la representante de Fundapor, a un evento académico sobre las porfirias. Según la bacterióloga, ese viaje fue financiado por Recordati. Al ser consultado sobre si en alguna ocasión recibió dinero o beneficios económicos de esa empresa farmacéutica, Gómez reconoció haber recibido pagos por dictar conferencias sobre el tema.

Sin embargo, Mesa afirma que los recursos que la industria farmacéutica destina para pacientes de alto costo en países pobres son muy importantes. “Para los países en vía de desarrollo es espectacular que las empresas farmacéuticas patrocinen los exámenes de diagnóstico. Eso está mal visto en Estados Unidos y en Europa, es casi criminal, pero aquí, y lo he dicho en mis conferencias, la gente es pobre.

Ahorita tuve una paciente de Támesis que puede tener porfiria, es fundamental que alguien les ayude con el examen que está costando 226.000 pesos. Para una familia campesina eso es mucha plata”, dice la bacterióloga.

Entre febrero y agosto de 2020, De la Urbe intentó obtener una respuesta de Recordati sobre su relación con Fundapor, con Gómez y con los test que eran aplicados por Biogemo, pero pese al envío de cinco correos electrónicos y a por lo menos igual número de llamadas telefónicas no fue posible obtener una posición oficial de esa compañía.

¿Una falta ética?

En junio de 2018 Ubier Gómez fue despedido del HSVF. En la carta con la que fue notificado, el hospital argumentó que el médico cometió faltas a la ética médica por remitir pacientes de esa entidad a su consulta particular.

Esto, en referencia a los test desarrollados en Biogemo a los pacientes de porfiria.

Luego, el 17 de agosto de ese mismo año, el médico Carlos Alberto Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, remitió a la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) de la misma universidad un documento en el que informó sobre la determinación del hospital de desvincular a Gómez y ofreció su contexto sobre el caso.

En su oficio, el decano Palacio se refiere al reconocimiento que ha obtenido Gómez con sus investigaciones

sobre las porfirias, aunque precisa que el estudio de esa enfermedad no corresponde a su especialidad médica. Agrega que entre las funciones docentes de Gómez se encontraba ofrecer consulta externa de toxicología en el HSVF y con residentes de psiquiatría de cuarto año.

Además, el decano reconstruye una reunión del 23 de julio de 2018 en la que, según su relato, Diego José Duque, director del HSVF, dijo que la EPS Sura “tras identificar un incremento considerable de pacientes con porfiria respecto al estándar mundial reportado en la literatura, encontraron como IPS recurrente en el diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad al Instituto Biogemo [y que] al profundizar en la investigación la EPS Sura identificó en el sitio web del Instituto Biogemo al doctor Ubier Gómez Calzada como director médico del mismo”.

Por ese motivo, escribió el decano citando la reunión con Duque, la EPS informó al hospital “para que hiciera las respectivas averiguaciones”. El director del hospital ratificó esa versión sobre la supuesta queja de Sura en su propia declaración ante la UAD. El decano Palacio complementa la reconstrucción del caso en ese oficio asegurando que el HSVF, al hacer seguimiento de las historias clínicas de los pacientes de Ubier Gómez, “encontró un número importante de pacientes diagnosticados con porfiria, a pesar de la rareza de la enfermedad”, que esos pacientes fueron direccionados a Biogemo y que allí Natalia Mesa “ordenaba exámenes de caracterización bioquímica y genética para el manejo y control de la enfermedad, la cual presenta altos costos para la EPS mencionada”.

Los intereses de las EPS en este caso podrían explicarse por los altos costos de los tratamientos de porfirias. En una crisis, que pueden ocurrir incluso dos veces en un mes, un paciente puede requerir de tres a cuatro dosis de hemina, el compuesto de los medicamentos comercializados por Recordati. Hasta 2019, el fármaco indicado tenía el nombre comercial de Normosang, cada ampolla de ese producto tenía un costo aproximado de 8.5 millones de pesos. Pero desde ese año, el medicamento usado es el Panhematin, cuyo costo alcanza hasta 28 millones de pesos por ampolla.

Sin embargo, De la Urbe consultó el tema con la EPS Sura y, por medio de sus responsables de comunicaciones, la compañía respondió que “no ha adelantado queja formal alguna sobre el señor Ubier Gómez o denuncias para que una institución en específico evalúe cualquier comportamiento asociado a su ejercicio profesional”.

La Clínica de Porfirias

El despido de Ubier Gómez coincidió con la creación de la Clínica de Porfirias en el HSVF, la única unidad médica del país especializada en esa enfermedad. A partir de ese momento, los pacientes que antes eran atendidos por Gómez pasaron a ser tratados por especialistas de otras áreas en esa institución.

“Yo le pregunté —a Andrés Zapata, director de la Clínica de Porfirias— que cuándo iba a hacer la capacitación y la entrega y él respondió que no necesitaban ninguna capacitación de mi parte”, dice Gómez.

Zapata es médico, especialista en medicina interna y dirige la Clínica de Porfirias desde su fundación en junio de 2018. Afirma que esa unidad está integrada por un grupo interdisciplinario de médicos que atiende las diversas necesidades de un paciente con porfiria, y que sus profesionales se han capacitado autónomamente y con ayuda del hospital.

En la Clínica de Porfirias, en lugar del Test de Hoesch utilizan otra prueba denominada Test de Watson-Schwartz como primer mecanismo de diagnóstico. En caso de que el resultado sea positivo, el paciente empieza a ser tratado por porfiria y luego la entidad realiza un secuenciamiento genético para confirmar la enfermedad.

Según dijeron voceros del HSVF en junio de 2019, fue a esta última prueba a la que fueron sometidos más de 100 pacientes que eran tratados por porfiria antes de la creación de la clínica y que, de ellos, solo 20 aproximadamente resultaron positivos. Según el hospital, sus profesionales han ayudado al resto de pacientes para encontrar un nuevo diagnóstico. De acuerdo con Andrés Zapata, para finales de septiembre de 2020, 43 pacientes con diagnósticos confirmados eran atendidos en la Clínica de Porfirias.

No obstante, Fundapor asegura que en medio de esa disputa y de las contradicciones en los diagnósticos quedaron aproximadamente 160 pacientes que padecen la enfermedad. “En el hospital dijeron que ese era un número inventado, pero en los mismos registros del hospital ni siquiera tienen anotada debidamente la enfermedad para que la Secretaría de Salud tenga estadísticas de la realidad de porfiria en Colombia”, menciona Miguel Ramírez, padre de Luz Estella Ramírez, una de las pacientes diagnosticadas por Ubier Gómez y quien desde el despido del médico decidió no continuar con sus consultas en el HSVF. Otro aspecto que se destaca del oficio enviado por el decano Palacio a la UAD está relacionado con la bacterióloga y también profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad, Natalia Mesa: “Al ser revisadas en su integridad las historias clínicas de los pacientes por las directivas de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, se encuentran diferentes órdenes realizadas en el Instituto Biogemo, en donde se constata que la docente

Natalia Regina Mesa Herrera se identifica con registro médico No. 91-1173-95, cuando ella no es médica, sino profesional en bacteriología”, escribió Palacio.

Lo cierto es que el 19 de octubre de 2018, la UAD archivó la indagación contra Mesa con el argumento de que la conducta por la que fue acusada no tenía relación con su vinculación como docente de la Universidad. Pero en esa misma resolución, esa dependencia de la Universidad decidió continuar la investigación disciplinaria contra Ubier Gómez.

Más tarde, el 12 de agosto de 2019 esa unidad disciplinaria emitió la resolución 114 en la que formuló pliego de cargos contra Gómez al considerar que, posiblemente, incurrió en un conflicto de intereses porque en sus actividades docentes dio instrucciones a algunos residentes —estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina— que tuvo a su cargo en el HSVF para que ofrecieran a pacientes que podrían tener porfiria la opción de realizarse el Test de Hoesch en Biogemo con la bacterióloga Natalia Mesa.

En su defensa en ese proceso, Ubier Gómez ha expuesto, entre otros argumentos, que las directivas del HSVF no han precisado qué funcionario o por cuáles medios la EPS Sura informó a esa entidad sobre “un incremento considerable de pacientes con porfiria respecto al estándar mundial” y ha cuestionado esa afirmación pues, según sus cálculos, en Medellín “los casos de porfiria podrían oscilar entre 50 y 5016 pacientes. Por lo tanto la afirmación de incremento considerable de pacientes con porfiria respecto al estándar mundial reportado en la literatura resulta infundada y tendenciosa”, dijo en un escrito enviado a la UAD. Finalmente, el 6 de noviembre de 2019 esa dependencia ordenó la terminación de la investigación disciplinaria contra Ubier Gómez por considerar que, aunque las instrucciones dadas a los residentes para que remitieran pacientes a Biogemo no es la conducta “esperada de un servidor universitario”, no hubo beneficios económicos o de reputación, sino que se motivó en sus intereses académicos e investigativos.

Pese a la terminación de las investigaciones disciplinarias en la Universidad de Antioquia, el caso de Natalia Mesa por la supuesta firma de órdenes como si fuera profesional de la medicina se encuentra en el Tribunal Seccional Bioético y Deontológico de Bacteriología. Y según el HSVF, el caso de Ubier Gómez también fue informado al Tribunal de Ética Médica de Antioquia. Aunque Gómez dice conocer de ese proceso, asegura que no ha sido notificado.

Los pacientes a la deriva

E. dice que luego de que el HSVF le retiró el diagnóstico de porfiria tras efectuarle un secuenciamiento genético, dejó de recibir la hemina, el único medicamento que, según ella, era efectivo para su dolor. Ahora, diagnosticada de lupus, trata de controlarlo con acetaminofén. Ella asegura que, en una ocasión, uno de los médicos de la Clínica de Porfirias la acusó de ser adicta a los opioides.

Continúa buscando una solución a sus dolores y comprobar una sospecha de Ubier Gómez y Natalia Mesa: que su enfermedad sea porfiria variegata, una mutación que, según estos dos profesionales, podría no haber sido descubierta con el secuenciamiento genético del HSVF. M. conoce a Ubier Gómez, pero nunca había sido tratada por él. Tampoco se realizó el test que aplicaba Natalia Mesa en Biogemo. Pero como E., al consultar en la Clínica de Porfirias, fue sometida a un secuenciamiento genético.

El resultado negativo contradijo el diagnóstico de porfiria que había recibido cuando era niña. Asegura que en su última cita en esa institución le manifestó al médico que la atendió que seguía sintiendo dolores, pero aun así no recibió otro diagnóstico ni órdenes para nuevos exámenes. Por eso decidió no regresar.

E. y otros pacientes consultados para esta historia aseguran haber formulado quejas por ese tipo de actuaciones ante el hospital, pero Andrés Zapata, director de la Clínica de Porfirias, dice que esas afirmaciones no pasan de ser rumores. No obstante, ante las quejas, asegura que la institución que dirige decidió que los pacientes no deben estar solos con los médicos. Afirma que siempre hay otro profesional de la salud, además de la presencia de acompañantes. “¿Donde hay un conflicto hay intereses?, yo no entro a determinarlo, pero confío en el personal que tengo y que yo mismo he capacitado”, dice Zapata.

Luego de que decidió no consultar más en la Clínica de Porfirias, M. acudió por urgencias a su EPS en una crisis de dolor. Allí, según dice, el médico internista que la atendió le dijo que si ya tenía un diagnóstico positivo no debía buscar más y que para él el secuenciamiento genético no tenía la última palabra.

*** —Verlos buscando en Google en medio de la consulta genera desconsuelo.

—Si ellos no saben, entonces ¿quién puede ayudarnos?

—Que alguien se compadezca y nos entienda.

—Aceptar la porfiria es muy duro, no saber qué va a pasar con nosotros aún más.

—Ya no es una porfiria, no sé a quién acudir, los médicos no saben qué medicamentos ponerme, no saben cómo tratarme.

—...

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

6 Editorial

Laboratorio De la Urbe Dirección Periódico De la Urbe Juan David Ortiz Franco

“Ya, por favor,

no más”

Coordinación General del Laboratorio Juan David Alzate Morales Dirección Digital María Cecilia Hernández Ocampo Dirección Radio Alejandro González Ochoa Dirección Televisión Alejandro Muñoz Cano Coordinación Regiones Juan Camilo Gallego Castro Auxiliares Elisa Castrillón Palacio, Karen Sánchez Palacio, Mateo Ruiz Galvis, Carolina Londoño Quiceno, Valentina Arango Correa, Sara Mesa Pérez Diseño, Diagramación e Infografía Sara Ortega Ramírez Asistencia Editorial Eliana Castro Gaviria Corrección de Estilo Alejandra Montes Escobar Impresión: La Patria Circulación: 1500 ejemplares Comité editorial Patricia Nieto, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez Universidad de Antioquia Rector John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento de Comunicación Social Juan David Rodas Patiño Coordinador Pregrado en Periodismo Juan David Londoño Isaza Comité de Carrera Periodismo Juan David Londoño Isaza, María Teresa Muriel Ríos, Alejandro Muñoz Cano, Raúl Osorio Vargas, Heiner Castañeda Bustamante, Juan David Alzate Morales, Luisa María Valencia Álvarez.

Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, bloque 10-126 (segundo piso) 10-12 LAB Tel: (57-4) 219 5912 delaurbeprensa@udea.edu.co delaurbe.udea.edu.co Medellín, Colombia

Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 100 Octubre de 2020

Fotografía de portada: Valentina Arango Correa y David Londoño Medina Agradecimiento proyección: Estefanía Henao Arboleda La Nueva Banda de la Terraza

No. 100 Medellín, octubre de 2020

E

l 11 de noviembre, dos o tres semanas después de que este periódico llegue a las manos de sus lectores, se cumplirán dos años desde el domingo de 2018 en que un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá disparó contra Gonzalo Adolfo Montoya Porras. El joven, de 21 años, iba en una moto pequeña, llevaba un morral con libros, no atendió una orden de pare en un retén. Los policías lo persiguieron y lo detuvieron a tiros.

Quizá la imagen es cada vez menos nítida, pero esa tarde en que Gonzalo murió por los disparos de un arma al servicio del Estado alguien grabó un video: se ve el cuerpo del joven muerto en la calle detrás de un centro comercial de Envigado.

A su lado, varios papeles regados junto a su morral abierto. Muy cerca está su moto, que no alcanza la cuarta parte del cilindraje de la que usaban sus perseguidores.

En el video una mujer grita, advierte que los policías intentan alterar la escena, les exige no tocar las pertenencias del joven al que acaban de asesinar. Grita de nuevo: “¡No sirven para nada, cómo así que matarlo, descarados!”.

Ya son casi dos años desde esa tarde en que Gonzalo, que validaba su bachillerato, fue convertido por un par de medios en “presunto fletero”. Por cuenta de la combinación de esas dos palabras, se convirtió también en “buen muerto” y, por el paso del tiempo, en una estadística, en un caso aislado, en apenas un error.

Tal vez una imagen más nítida hoy es la de Javier Ordóñez, reducido en el suelo por dos policías en la calle de un barrio de la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá. También hay un video: a Ordóñez, un estudiante de Derecho de 42 años, los policías lo golpean, le aplican varias descargas de taser, presionan su cuerpo contra la calle con sus rodillas. En el forcejeo se escuchan sus súplicas: “Ya, por favor, no más”.

Finalmente lo esposan y se lo llevan en una patrulla hasta el CAI del barrio Villa Luz. Lo que ocurrió allí adentro esa noche “es materia de investigación”; lugar común. Lo cierto es que unas horas después, Ordóñez llegó sin signos vitales a una clínica cercana. Según el informe de la necropsia, su hígado estaba destrozado. Lo asesinaron los golpes de un grupo de servidores públicos que portaban los uniformes y las armas de dotación del Estado.

Al día siguiente, Bogotá “vivió una jornada de caos”; otro lugar común. Cientos de personas protestaron contra la Policía y esa noche, mientras la gente tiraba piedras y le prendía fuego a varios CAI, de nuevo las armas del Estado se accionaron contra sus ciudadanos. En medio de las protestas, nueve personas murieron a tiros. Y de nuevo hay un video, o decenas de videos. Y en ellos está la imagen, también nítida, de los hombres que disparan, de los jóvenes que caen muertos, “al parecer”, por los disparos de la policía. Esa noche Colombia vivió una masacre. Para usar un eufemismo de este Gobierno: “un asesinato colectivo”.

Las marchas se multiplicaron en varias ciudades.

Hubo vidrios quebrados; un par de estatuas caídas;

policías y manifestantes heridos; declaraciones airadas de personalidades políticas condenando la violencia; dos policías capturados por el asesinato de Javier Ordóñez; una petición de perdón de un ministro, camuflada en un giro discursivo, “por cualquier violación de la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”; luego, una orden judicial para que ese ministro, ahora sí, presentara “disculpas por los excesos de la fuerza pública”, no solo por el caso de Ordóñez sino por todos los ocurridos desde noviembre de 2019; después un nuevo giro discursivo del ministro para esquivar esa orden y “reiterar” que el “perdón” ya estaba pedido.

Ahora, unas pocas semanas después, hay calma. Queda una sensación de silencio y de olvido.

Ya son casi dos años desde que los disparos de un policía mataron a Gonzalo.

También, muy pronto, será un año desde que otro policía mató a Dilan Cruz con la munición de un arma “no letal” durante una protesta del Paro Nacional el 23 de noviembre de 2019. Ya son casi cinco meses desde que los golpes de la Policía mataron también a Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca. Era de noche y Anderson estaba en la calle, violaba la cuarentena, vio una patrulla, decidió correr hasta su casa, alcanzó a tocar la puerta, hubo un forcejeo. Los policías lo golpearon en la cabeza con sus bolillos. Murió horas después en una clínica de Cali. Cuando este periódico llegue a manos de sus lectores, se habrá cumplido ya un mes desde que la Policía mató a golpes a Javier Ordóñez y, al día siguiente, sus hombres dispararon contra las personas que protestaban por su asesinato.

Esta edición debería ser una celebración, pero es más un imperativo ético. O puede ser ambas cosas.

La edición 100 de De la Urbe es la celebración de la vida a través del periodismo, es un reconocimiento a lo que ha pasado en estos 21 años; es un agradecimiento a muchas personas que en este tiempo le han abierto camino a un proyecto que, creemos, ratifica la premisa de que hacer periodismo desde la universidad pública no es una excusa sino un privilegio.

Esa historia no admite menos que un compromiso claro con la idea de que el periodismo debe estar al servicio de la gente. Y este momento sí que lo exige, porque la indignación no basta. Ante las realidades complejas que enfrentamos, no queda otra opción que convertir la súplica en exigencia: “Ya, por favor, no más”. Esa frase también nos llama a la autocrítica y nos lleva a preguntarnos por qué ante nuestros ojos la muerte y la injusticia se han vuelto paisaje. Por qué, a veces, la consigna le ha robado espacio al periodismo.

Por qué, a veces, hemos mirado a otro lado y le hemos hecho el quite a la responsabilidad de hacer más y mejores preguntas.

Creemos que las historias que hacen parte de estas páginas reivindican la reportería, la independencia, la diversidad y el respeto. Este es también un testimonio de esperanza porque detrás de De la Urbe hay debate, desencuentros y divergencias. Y eso significa que mantenemos viva la crítica. Si eso ocurre, hay lugar para el periodismo.

Informe

7

Digna rabia,

entre las

calles

y las redes Karen Dayana Jiménez López karend.jimenez@udea.edu.co

A

principios de julio de 2020, durante tres días seguidos, la etiqueta #MatrículaCero fue tendencia en Twitter en Medellín. El numeral tenía el propósito de exigir el no pago de matrícula para la totalidad de estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas del departamento y apoyar la huelga de hambre que seis estudiantes de la Universidad de Antioquia iniciaron el 8 de julio con el mismo objetivo.

Después de 202 horas de huelga, el 17 de julio la Universidad de Antioquia anunció la gratuidad en el siguiente semestre para todos sus estudiantes de pregrado. Estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia replicaron algunas acciones, incluyendo la huelga de hambre y las etiquetas en redes, y en ambas instituciones lograron algunos descuentos en el valor de las matrículas y el no pago para los estudiantes provenientes de municipios no certificados.

El caso de #MatrículaCero es un ejemplo del protagonismo que alcanzaron las redes, ya no solo como herramienta de difusión, sino como espacio de protesta en sí mismo debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus. Según José Luis Marín, abogado y activista conocido como AquinoTicias, si bien antes de la pandemia en las redes se agitaban ideas, hoy no se puede generar un proceso de transformación radical y profundo de la sociedad si no se ocupa también el espacio público de la virtualidad.

“Las nuevas tecnologías han hecho que se pueda acudir a distintas formas de movilización, porque su sentido es visibilizar un asunto sobre el cual algún sector ciudadano tiene una necesidad, un inconformismo o quiere manifestar un apoyo, y ponerlo como un asunto público, demandar y exigir acciones”, explica por su parte Paulo Tovar, sociólogo y director de la línea de “Participación y diálogo para la construcción de paz” en la Fundación Ideas para la Paz. Una de las formas de protesta en la virtualidad es precisamente las tuiteratones: maratones de trinos en Twitter para posicionar un tema y hacerlo tendencia. El 24 de marzo, por ejemplo, surgieron las dos primeras que fueron tendencia en Colombia durante la pandemia. #PlataALaGenteNoALosBancos alcanzó casi 30.000 tuits y se mantuvo al día siguiente; mientras #UNSuspendenClasesOParamos tuvo cerca de 10.000 tuits.

Twitter cuenta con seis millones de usuarios en Colombia, poco en comparación con los 15 millones de Facebook, y es apenas la sexta plataforma digital más usada después de YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Por sus características, su inmediatez y la posibilidad de seguir un hecho en tiempo real, es la red social que mejor permite imponer temas en la agenda y, eventualmente, un diálogo directo entre las instituciones y la ciudadanía.

Fotografía: Andrés López | Intervención: Melissa Salazar

Manuela Echavarría Cuartas manuela.echavarria1@udea.edu.co

Simón Zapata Alzate simon.zapataa@udea.edu.co

“Twitter es la red social más política de todas, pues genera un espacio de debate que los ciudadanos antes no tenían. Ahora los ciudadanos se pueden dirigir a los políticos y los medios de comunicación de manera directa y explicitar sus necesidades o sus indignaciones”, dice Catherine Juvinao, activista política y fundadora de #TrabajenVagos, una veeduría ciudadana que le hace seguimiento al trabajo del Congreso de Colombia.

Uno de los casos más recientes de protesta digital fue la campaña mediática contra el fracking en Colombia que fue tendencia nacional en Twitter desde el 5 hasta el 8 de septiembre con las etiquetas #NoAlFrackingEnColombia, #ElMicoDelFrackingSeCayó y el #FrackingChallenge. La idea era llamar la atención de los congresistas que estaban por debatir el artículo 210 de la reforma al Sistema General de Regalías, el cual incentivaba económicamente a las empresas que extraen hidrocarburos de yacimientos no convencionales.

Finalmente, el lunes 7 de septiembre en la conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado, el artículo 210 fue eliminado. Para Catherine Juvinao, la campaña en redes influyó en el escenario público. “Esto se logró gracias a la unión entre la organización Colombia No al Fracking, un grupo de artistas que cada vez se sienten más conscientes y se quieren involucrar más en asuntos políticos, y la veeduría de #TrabajenVagos. Algo que hicimos bien fue que nos dirigimos a cada uno de los congresistas, tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra y al final funcionó”, dice.

El poder de las acciones

“El poder de las acciones radica en el impacto mediático de una movilización”, dijo Verónica Gallego por llamada telefónica después de la huelga de hambre en la que participó exigiendo #MatrículaCero para los estudiantes de la Universidad de Antioquia. La movilización surgió de conversaciones por WhatsApp con compañeros que les ayudaron a conseguir auxilios para su salud y seguridad.

Durante los días de huelga, a las nueve de la noche, los estudiantes transmitieron en vivo en Facebook y redactaron informes para difundir por grupos de chat el estado de los huelguistas. A través de las redes sociales gestionaron espacios en medios de comunicación y lograron llevar sus peticiones hasta la Asamblea Departamental de Antioquia y al Concejo de Medellín.

Si bien como herramienta de difusión las redes sociales logran que algunos temas escalen debates en la opinión pública, Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, organización que analiza y promueve los derechos humanos y las libertades en el mundo digital, considera que la capacidad de protestar por medio de redes sociales es limitada. “Esto funciona en lo urbano, en Bogotá funciona, las personas se quejan y protestan por internet, generan

Valentina Arango Correa valentina.arangoc@udea.edu.co

hashtag y se movilizan”, explica. Pero por fuera de las grandes capitales el panorama es diferente. A este problema de conectividad, Daniel Suárez, activista ambiental y social de Medellín, le suma “el exceso de información que hace que el mensaje no sea tan fuerte [...] y se pierda el sentido que se logra en el territorio”.

Para Andrés López, fotógrafo de medios alternativos e integrante del colectivo Ab_Zurdo, la calle sigue siendo el primer ejercicio de presión social para crear cambio: “Si la gente no se vuelca a las calles y sigue estando en redes todo va seguir igual”, dice Andrés. Ab_Zurdo se fundó al principio de la cuarentena con el propósito de “visibilizar, sensibilizar y darle contexto” a la gente en redes sobre las luchas que algunos grupos de ciudadanos seguían dando en la calle. “Si la calle nos queda vedada y quedamos reducidos a esta virtualidad para protestar, eso sí sería el acabose, eso sería una derrota para la democracia”, afirma Jerson González, defensor de derechos humanos y consejero de paz de Medellín, conocido como Kanábico.

Pero la calle no se ha vetado y muestra de esto fue la ola de protestas en septiembre después del asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá a manos de la Policía. Al día siguiente de que se conociera el video de la agresión a la que fue sometido, se convocaron marchas y plantones a nivel nacional. Entre tanto, en redes se posicionaron como tendencia nacional en Twitter las etiquetas #PolicíasAsesinos alcanzando más de 126.000 tuits y #ColombiaDespierta con 28.000.

Lalis Beltrán, periodista y activista digital, considera que lo que están logrando las redes sociales es que “la gente le está perdiendo el miedo” a participar en el debate público, por lo menos digitalmente. “Hay un montón de gente que crea contenido, que está llamando a reflexiones pedagógicas con vídeos, y que se está apoderando de escenarios de discusión”, explica. “Cuando el ciudadano de a pie, que está consumiendo Facebook, se da cuenta de lo que está pasando es ahí cuando se indigna y sale a las calles a marchar”, concluye.

Pero así como las formas de protesta se transforman, también lo hacen las manifestaciones represivas. Prueba de esto son los perfilamientos de la Presidencia de la República a por lo menos 450 influenciadores en redes sociales, que se conocieron en agosto y que, según la Fundación para la Libertad de Prensa, tenían el propósito de “saber qué opiniones tenían sobre el Gobierno y, según esa información, los categorizaron en positivo, negativo y neutro”.

Las redes sociales no son nuevas en el debate público y en las protestas sociales. Sin embargo, la pandemia pudo ser el momento para construir, consolidar y canalizar la indignación a través de ellas. Ahora que terminó la cuarentena, las movilizaciones y plantones están regresando a la calle, pero quizá la convergencia de ambos escenarios y los aprendizajes de los últimos meses sean determinantes para posicionar con más contundencia algunos mensajes en el debate público.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

Fotografías: Andrés López y Melissa Salazar | Collage: Melissa Salazar

8 Análisis

¿A Quintero

le falta calle María Isabel Moreno Muñoz maria.moreno1@udea.edu.co

E

Jénnifer Giraldo jennifer.mejiag@udea.edu.co

n una de sus primeras declaraciones como alcalde electo, Daniel Quintero cuestionó el tratamiento que la administración anterior, de Federico Gutiérrez, le dio a la protesta social durante el Paro Nacional: “He pedido a la Policía de Medellín no hacer uso del Esmad en las marchas pacíficas que se vienen realizando en la ciudad.

Policía seguirá acompañando movilizaciones para cuidar de la vida de los marchantes. #LaVidaEsSagrada”, publicó en su cuenta de Twitter el 26 de noviembre de 2019. Sin embargo, los primeros nueve meses de su administración han planteado un panorama diferente.

Según la Corporación Jurídica Libertad (CJL), durante las protestas del Paro Nacional que iniciaron el 21 de noviembre de 2019, en la administración de Gutiérrez se reportaron 114 personas detenidas, ocho heridos y un mutilado. En 2020, ya en la administración de Quintero y solo durante dos fechas, el 21 de enero y el 15 de junio, más de 90 personas fueron detenidas y se reportaron 10 casos de tortura. “El enfoque de criminalización a la protesta social es un asunto en el que por lo menos las dos últimas administraciones empataron”, afirma la socióloga Astrid Torres, investigadora de la CJL. Varias personas consultadas, integrantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos opinan que la administración de Quintero no se distancia mucho de la de Gutiérrez en el tratamiento de la protesta y en su enfoque sobre los problemas de seguridad. “Por más que Daniel Quintero diga que es independiente, porque se montó con un discurso bastante progresista y cautivador, en lo que concierne al tema de derechos humanos y se-

No. 100 Medellín, octubre de 2020

Melissa Salazar Calle melissa.salazarc@udea.edu.co

Valentina Arango Correa valentina.arangoc@udea.edu.co

guridad no se aparta de la línea tradicional que ha tenido Medellín por lo menos en las últimas tres administraciones”, afirma Torres.

Para Nelly Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), no hay una política clara al interior de la Alcaldía para la protesta social: “Nos atrevemos a decir que la Secretaría de Seguridad tiene una visión más militarista, donde prima el seguritarismo por encima de una política integral de seguridad, una con un enfoque de seguridad humano”.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública en la alcaldía de Quintero empezaron el 21 de enero. Luego de una marcha que finalizó en el parque de El Poblado, un grupo de personas se trasladó al Hotel Dann Carlton y algunas de ellas pintaron grafitis en las paredes del edificio. Al final de la tarde, el Esmad intervino y después de los choques entre manifestantes y policías, Quintero apareció ante los medios limpiando las paredes pintadas. Un mes después, el 20 de febrero, el Esmad ingresó al campus de la Universidad de Antioquia y lanzó gases lacrimógenos y bombas aturdidoras mientras un grupo de estudiantes le exigía salir de la institución. Esa fue la primera incursión de la Policía a la Universidad luego de que el 10 de febrero el alcalde publicara lo que llamó “Protocolo de reacción contra explosivos en universidades”, con el que ordenó el ingreso del Esmad a los campus cuando fueran usadas “papas bomba” en las protestas. Ese documento generó críticas e intentos fallidos de mesas de diálogo entre la Alcaldía, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

9 El 24 de abril, ya durante el aislamiento por la covid-19, el Esmad dispersó a un grupo de ciudadanos que se manifestaba en el barrio Robledo pidiendo ayudas. Lo mismo ocurrió el 15 de junio, cuando la fuerza pública irrumpió en una manifestación convocada para rechazar el asesinato de líderes sociales durante la cuarentena. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, ese día la Policía detuvo a 45 personas entre manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

Y uno de los casos más recientes fue el de las protestas de principios de septiembre luego del asesinato de Javier Ordóñez a manos de varios integrantes de la Policía de Bogotá. La reacción a ese hecho desató varias jornadas de protesta que solo en la capital del país dejaron por lo menos 13 personas muertas, varias de ellas asesinadas por disparos de la Policía. En Medellín, durante las protestas del 10 y el 11 de septiembre, hubo daños a bancos y establecimientos comerciales. Además un conjunto de organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías (PSG), aseguraron que nueve personas fueron privadas de la libertad solo en Medellín y una más en el municipio de Caldas. Agregaron que ocho defensores de derechos humanos fueron agredidos y que seis personas fueron heridas por el Esmad, al que acusaron de hacer disparos frontales contra los manifestantes. En su informe también mencionaron los golpes propinados a algunos de estos por integrantes de la Policía de carabineros.

El 11 de septiembre, el alcalde Quintero publicó un video en el que afirmó: “En Medellín no vamos a permitir los abusos policiales, pero tampoco vamos a permitir que unos pocos vándalos nos acaben con la ciudad”.

La violencia y el discurso

Medellín ya venía con un ritmo constante de protestas desde el Paro Nacional y la publicación del protocolo antiexplosivos en las universidades. Pero las condiciones de aislamiento de la pandemia provocaron que las manifestaciones se focalizaran y buscaran otras formas.

Primero aparecieron los trapos rojos, que se replicaron en varias ciudades y que tenían como fin alertar sobre las condiciones de pobreza de miles de familias que veían aún más afectada su subsistencia por el aislamiento obligatorio. Luego, estas protestas simbólicas pasaron a las calles con algunos movimientos estudiantiles que salieron a pedir condiciones dignas durante la cuarentena, más tarde se convocaron plantones feministas en rechazo a los feminicidios y a las desapariciones de mujeres, huelgas de hambre de estudiantes exigiendo matrícula cero, marchas de la población trans y cicladas de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Un dato que ilustra el contexto de algunas de esas reivindicaciones es que entre marzo y mayo de 2020, Medellín y su área metropolitana registraron una tasa de desempleo del 21.6 %, la segunda más alta en el país, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares. “En Medellín se protesta por redistribución, así como por reconocimiento”, dice Santiago Alarcón, asesor e investigador del consultorio jurídico Fidedigna.

Es claro entonces que en las movilizaciones se expresan motivaciones diversas, multiplicidad de actores e incluso posturas divergentes sobre las formas de protesta y su legitimidad. Allí confluyen tanto personas que reivindican formas pacíficas de manifestarse como las marchas, los plantones con abrazos y flores, o expresiones artísticas como el clown y la música; pero también quienes encuentran legítima la violencia y la llamada “acción directa”: como el tropel, el bloqueo de vías o la confrontación física.

Esas diferencias hacen parte de los debates internos de los movimientos sociales y en las universidades, por ejemplo, han derivado incluso en expresiones de rechazo mutuas ante una u otra postura.

Sin embargo, la posición del alcalde se reduce a una dicotomía entre protesta pacífica y violenta. En la primera oración de su “Protocolo de reacción contra explosivos en universidades” afirma que respeta, valora y garantiza “la protesta en paz como un derecho fundamental”, pero dice que es su “deber constitucional” velar por la seguridad de todos los ciudadanos y así explica su decisión de autorizar el ingreso de la fuerza pública a las universidades “superada toda posibilidad de acuerdo”.

Al respecto, Astrid Torres explica que si bien en algunas movilizaciones puede haber personas que rayan paredes, usan papas bomba o incluso rompen vidrios, estas acciones no deben convertirse en una excusa para que la fuerza pública intervenga por completo en una manifestación y menos para que lo haga de forma desproporcionada.

“Si la ley dice que tú lo puedes detener, detenlo, pero no

es pegar una paliza, no es insultar, no es agredir, no es dar tratos inhumanos ni degradantes”, dice Torres.

Además de las instrucciones del alcalde a la Policía y de las acciones de esa institución frente a las movilizaciones, al panorama se suman otros puntos del discurso de Quintero que indican sesgos y estigmatizaciones. El 20 de febrero, por ejemplo, el alcalde publicó un video de varios encapuchados en la Universidad de Antioquia y escribió: “¿Quiénes son estos encapuchados? ¿Qué quieren? ¿A quién responden? ¿Por qué fabrican y lanzan explosivos desde la universidad? ¿Por qué los estudiantes les hacen caso?”. En las declaraciones que dio ese día a la prensa aseguró: “Tenemos videos de limpiavidrios que son pagados, al parecer, venezolanos, para que hagan parte de la protesta, no sabemos si viene de la extrema izquierda o la extrema derecha, pero sabemos que quieren que le vaya mal a la ciudad”.

Luego, el 15 de junio, después de denuncias públicas sobre abusos policiales durante la manifestación de ese día, tuiteó: “Los que saben de estas cosas aseguran que estas marchas no son contra el Gobierno nacional, sino que buscan que a los alcaldes les vaya mal. Lo están logrando, pero a qué precio: ayudando a diseminar más una pandemia que podría matar a sus propios padres y abuelos”.

Contradicciones

El 4 junio de 2020, en Noticias Telemedellín, Juan Camilo López, subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, declaró que la Alcaldía de Medellín prohibía las protestas y marchas en vía pública en época de pandemia. Argumentó la supuesta prohibición en el Decreto 749 de 2020 del Gobierno nacional que, entre otras medidas, impide las aglomeraciones. En el informe de ese noticiero se habló incluso de sanciones penales contra las personas que no acataran la restricción y de una supuesta resolución municipal que ratificaba lo dicho por el subsecretario.

Luego de esa noticia, la Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, integrante del PSG, presentó un derecho de petición y posteriormente una tutela contra la Alcaldía de Medellín en la que solicitó información exacta sobre dicha prohibición. El 14 de julio la administración municipal reconoció que nunca hubo un acto administrativo que prohibiera la protesta.

A pesar de ello, el 4 de agosto de 2020 el alcalde publicó en su cuenta de Twitter: “Importante: no están permitidas las marchas en la ciudad de Medellín por razones epidemiológicas. Llamo a la prudencia”. Para el abogado Santiago Alarcón, estas contradicciones tienen una explicación: “La Constitución ha establecido que la protesta social solamente puede ser regulada por medio de una ley estatutaria. Es decir, ningún mandatario puede regularla, poner límites o prohibirla, porque estaría extralimitando sus funciones, eso se lo hemos tratado de decir al alcalde en múltiples ocasiones”. Además, comenta Alarcón, la Corte Constitucional en Sentencia C-742 de 2012 dejó claro que la protesta, ni siquiera en estados de excepción, puede ser limitada.

Lo cierto es que, a pesar de esa protección constitucional a la protesta, la movilización social en Colombia se ha visto limitada no solo por las medidas de autoridades aplicadas a su modo durante la coyuntura, sino por normas que parecen entrar en conflicto con la garantía de ese derecho. Una de ellas es la figura de traslado por protección del Código de Policía que permite a esa institución conducir personas que están en supuesto peligro hasta algunos centros de la Policía.

Este fue el sustento normativo que utilizó la fuerza pública para detener a 45 personas en la manifestación del 15 de junio.

Mientras avanza la reapertura en la ciudad, también se reactiva de a poco una discusión aplazada por la pandemia: el tratamiento de la protesta por parte de una administración que se hizo elegir con un discurso progresista, y un alcalde que cuestionó las medidas adoptadas por su antecesor durante el Paro Nacional, pero que apeló al uso de la fuerza policial cada vez que pudo, incluso dentro de las universidades.

Sobre esto último, aunque se creó una Comisión Accidental en el Concejo de Medellín, el concejal Daniel Duque, uno de sus integrantes, asegura que solo se reunió en dos ocasiones y que la petición de retirar el protocolo no fue acogida ni respondida, por lo que en el momento en que las universidades vuelvan a la presencialidad, el

A pesar de esa protección constitucional a la protesta, la movilización social en Colombia se ha visto limitada por las medidas de autoridades aplicadas a su modo durante la coyuntura y por normas que parecen entrar en conflicto con la garantía de ese derecho.

documento seguirá vigente. Parece que en Medellín, como dice Nelly Ospina, presidenta del IPC, al no existir una política integral de seguridad, el tratamiento de la protesta seguirá teniendo un enfoque militarista.

Para este análisis contactamos en un primer momento a la Oficina de Prensa de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y a la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín. La Policía no respondió a ninguna pregunta, mientras la Secretaría de Seguridad aseguró que la dependencia a cargo es la Secretaría de Gobierno. Allí buscamos durante dos semanas una entrevista con el secretario Esteban Restrepo, hasta que su equipo de comunicaciones solicitó un cuestionario por escrito y declinó dar declaraciones: “No será posible hablar con el secretario al respecto del tema porque no es de su competencia”, respondieron. Esto, a pesar de que fue Juan Camilo López, subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, y subalterno de Restrepo, quien anunció en Telemedellín la supuesta resolución que prohibía las manifestaciones en vía pública.

Fue finalmente vía derecho de petición que obtuvimos respuestas de la Alcaldía de Medellín, en un documento firmado por el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo. Por ocurrir muy cerca del cierre de esta edición destacamos en este recuadro algunos de los puntos centrales:

Sobre el protocolo en las universidades:

el secretario lo explica a partir del cumplimiento de las responsabilidades legales de la Alcaldía de Medellín. Dice que tiene el propósito de “evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario”. En cuanto a su naturaleza jurídica, respondió que “constituye una orden de policía en el marco del cual se expone cómo debe desarrollarse la operación administrativa”, pero aclara que no tiene la naturaleza de un acto administrativo. Aunque no responde de manera concreta a la pregunta de si volverá a aplicarse y el Esmad ingresará a las universidades una vez se retomen actividades presenciales, agrega que la decisión de intervenir una protesta se adopta de forma “concertada y articulada” entre los integrantes del Puesto de Mando Unificado (PMU) que monitorea las protestas y reúne a autoridades civiles y a la Policía.

Sobre las movilizaciones de marzo, abril y junio, y la supuesta prohibición de la protesta: aunque hace todo un recuento nor-

mativo y asegura que “la Policía Nacional debe ser respetuosa en todo momento de las garantías constitucionales”, nunca responde de manera concreta a la pregunta sobre el balance de la intervención policial en esas manifestaciones y tampoco sobre las motivaciones para anunciar la supuesta prohibición de las protestas en la ciudad.

Sobre la agresión policial a dos estudiantes en las protestas del 15 de junio: a

la pregunta sobre cuál fue la orden específica de la Alcaldía de Medellín para las actuaciones policiales ese día, el secretario Acevedo respondió que las decisiones de intervención se adoptaron en el PMU. Sobre el caso concreto de los dos estudiantes que denunciaron haber sido golpeados con una viga de madera por un integrante de la Policía, causándole a uno de ellos una fractura en un brazo y al otro en la mandíbula, el secretario le trasladó la pregunta a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta respondió que ese día “fue necesaria la intervención por parte de la Policía Nacional a través del uso legítimo de la fuerza, dejando unas capturas y traslados por protección”, y sobre las agresiones, aseguró que la Oficina de Control Disciplinario de esa institución adelanta una indagación preliminar sobre esos casos.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

10 Portada Santiago de Chile. Cortesía: Delight Lab

Rabia de luz, los proyectores de Latinoamérica Karen Parrado Beltrán piedemosca@gmail.com @piedemosca

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a cólera, eso es lo que busca contagiar el rostro descompuesto del presentador de noticias que le grita a una audiencia sin rostro: “No los voy a dejar en paz. ¡Quiero que se enojen!”. Enojo, rabia, cólera.

El presentador, que en realidad es el protagonista de la película Network, un mundo implacable (1976), es, en sí mismo, la indignación proyectada a través de los televisores.

Una imagen es todo lo que necesita la cólera para transmitirse. “Quiero que se levanten ahora y vayan a la ventana, la abran, saquen su cabeza y griten: ‘¡Estoy muy enojado y ya no lo aguantaré más!’”, vocifera el presentador Howard Bale descolocado de furia frente a la cámara, mientras intenta despertar a una sociedad anestesiada por la depresión económica y la inestabilidad social que dejó la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

Parece que 45 años después, decenas de proyeccionistas latinoamericanos hubieran escuchado a Bale y se hubiera encendido así un enojo lumínico continental.

Los colectivos de América Latina que desde hace seis meses encienden proyectores en diferentes ciudades tienen una cosa en común: emiten luz para no callar. Estos grupos espontáneos de proyeccionistas han consolidado una nueva ola de indignación, luego de que el coronavirus encerrara —también— la onda expansiva de las protestas de finales de 2019 en Chile, Ecuador, Argentina y Colombia.

Latinoamérica ha sido un escenario complejo en la pandemia y ha dejado decenas de imágenes con el mismo potencial ensordecedor de rabia del presentador de Network.

Apenas unas semanas después de decretada la cuarentena en Colombia, por ejemplo, empezaron a circular imágenes de trapos rojos colgando de ventanas y balcones en casas de barrios periféricos de Bogotá y Medellín, amplificando el grito de auxilio ante el hambre de familias pobres a las que la cuarentena condenaba el doble.

“Hambre” fue la primera palabra que proyectó el colectivo chileno Delight Lab en el centro de Santiago durante la cuarentena. “Las personas salieron a protestar porque estaban pasando hambre, eso fue el lunes”, recuerda Octavio Gana, cofundador del colectivo.

Ese lunes 18 de mayo, en la noche, Octavio y su hermana, dueños de un estudio de diseño —y quienes hacen proyecciones artísticas desde hace once años, algunas en apoyo a causas indigenistas mapuches—, alistaron su proyector y estamparon con luz la palabra “Hambre” en la torre Telefónica, en plaza Italia, un espacio emblemático de la movilización social chilena y en donde se han concentrado desde las Jornadas de Protesta Nacional, en medio de la dictadura de Pinochet, hasta las últimas manifestaciones multitudinarias de octubre de 2019.

No. 100 Medellín, octubre de 2020

Por los días de la proyección de Delight Lab, Chile casi alcanzaba los 890 muertos por covid-19, luego de que el país reportara su primer caso el 3 de marzo. Pero, además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) había advertido que 600.000 chilenos no tenían garantizada su seguridad alimentaria antes de la pandemia, así que cuando el país se enfrentó a los efectos más severos del coronavirus, los cálculos del hambre por parte de la FAO aseguraban que en Chile había un millón de personas con hambre.

“Estábamos muy preocupados porque se hizo una represión fuerte a las protestas de la gente por parte de la policía y porque la gente se expuso a contagiarse y no estaba llegando la ayuda”, precisa el chileno en una llamada desde Santiago. Al día siguiente de la proyección, cuenta Octavio, “un diputado de derecha incitó a perseguirnos por haber proyectado. Se lo tomaron supermal, como que estábamos haciendo un llamado a la violencia”.

Lo que pasó después fue la censura: el 19 de mayo en la noche, mientras proyectaban la palabra “Humanidad” en la torre Telefónica, llegaron los carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile escoltando un vehículo que transportaba focos de luz gigantescos con los que borraron la palabra.

La escena incluía también una camioneta sin placas.

Esa noche Octavio no durmió en su casa pues temía por su vida. “Uno se acuerda de lo que le contaban los papás de la dictadura y de los militares y, como hay ahora militares en la calle [por el toque de queda decretado en la pandemia], da miedo”, dice.

“Primero tienen que enojarse”

El enojo de las Vecinas a los Muros (@vecinasalosmuros) explotó en 2019, cuando un grupo de amigas y vecinas empezó a reunirse para marchar y hacer “pegatinas” en contra de la actitud “fascista” del establecimiento uruguayo. “Acá estábamos en el período electoral y en el contexto regional se venía una avanzada bastante fuerte de discursos conservadores”, dice una de las vecinas que habla en videollamada.

La oleada de gobiernos de derecha en el continente era notable al finalizar 2019. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia luego de lo que muchos califican como un golpe de Estado contra Evo Morales; Mauricio Macri, que cerraba su periodo presidencial en Argentina; Sebastián Piñera, en Chile, e Iván Duque, en Colombia, cumplían un año en el poder.

Esas mujeres, que pidieron no ser citadas individualmente con sus nombres sino simplemente como “las vecinas”, se unieron para gritar indignación e inconformismo con carteles y, luego, cuando llegó la pandemia, con luz. Su primera proyección en la cuarentena de Montevideo amplificó un mensaje contundente: “Que el aislamiento sea físico pero no afectivo”.

El 20 de mayo, Imágenes del Silencio, un colectivo que trabaja por mantener viva la memoria de los desaparecidos de la última dictadura uruguaya, las contactó y juntos se unieron a la 25.a Marcha del Silencio, una de las más multitudinarias

Bogotá. Cortesía: Streetdente

del país y que cada año transita por la 18, la calle principal de Montevideo. Su juntanza, cuando casi un tercio de la humanidad estaba confinada, fue un acto de reinvención.

Las vecinas llegaron al Monumento a los Detenidos Desaparecidos de América Latina, donde empieza la marcha, y proyectaron las primeras imágenes sobre la escultura.

Usaron las proyecciones para diseminar la movilización por las vecindades. Crearon un vídeo con los rostros de los desaparecidos, aprovechando el vasto archivo de Imágenes del Silencio, y lo compartieron por redes sociales a todo aquel que quisiera proyectar desde su casa. Incluso armaron un mapa de proyecciones para cubrir el recorrido habitual de la marcha en tiempos precovid.

“Y fue impresionante porque creo que nunca hubo tanta presencia. Como que todos los vecinos se acercaban, hay muchas fotos de vecinos sentados en sus reposeras y mirando ese momento. Fue muy bonito”, agrega otra de las vecinas.

“Saquen la cabeza por la ventana y sigan gritando”

El martes 7 de julio la prensa mundial anunció que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil y uno de los jefes de Estado que más ha minimizado los impactos del nuevo coronavirus, había dado positivo en el test de covid-19. Dos días después, en la noche del 9 de julio, el colectivo @projetemos proyectó sobre un muro medianero del barrio Botafogo, en Río de Janeiro, un mensaje con efecto strober: “Bolsonaro testa negativo para presidente”.

Los mensajes de los colectivos proyeccionistas en Brasil han tenido como foco la crítica directa hacia el gobierno de Bolsonaro. Para principios de agosto, el país superaba los

11 Montevideo. Cortesía: Vecinas a los muros

100.000 muertos por covid-19 y era el segundo en el mundo con las cifras más altas de decesos.

“Este es un movimiento social, es un pueblo queriendo hablar”, dice Mozart Santos, uno de los fundadores de Projetemos.

La pandemia no solo aisló el mundo y las relaciones como muchos nunca antes habían experimentado, también expandió otras formas de conectarse.

Una especie de rizoma virtual encausado por la luz. “Hoy es el día 108”, dice Juliana Cretella al teléfono, una de las proyeccionistas de @projetofalandopelasparedes. “Todas las noches estamos proyectando; todas, sin falta”. Ella y su marido proyectan desde el barrio Consolação, en São Paulo. Frente a su casa hay un muro blanco con una puerta pequeña, y en ese lugar su marido ha proyectado videoartes y mappings desde 2012. Un día, cuando la pandemia empezaba a impactar a Brasil, decidieron proyectar: “Fora Bolsonaro”, y el mensaje tuvo resonancia entre sus amigos.

“Los mensajes varían, hay días que estamos más para arriba de ánimo, otros en que estamos más autoayuda o un poco más tristes, es una comunicación muy rápida”, reflexiona Juliana. Considera que sus mensajes son políticos, aunque la mayoría del tiempo tengan un lenguaje moderado y de optimismo más que de confrontación hacia el Gobierno.

Habitar un país con desigualdades sociales históricas, con estructuras criminales en los barrios y con un discurso de derecha gobernando el país ha hecho que las proyecciones brasileñas tengan la indignación en su identidad. “No sé si alguien puede hablar de que vivimos en una democracia de verdad. La democracia no está consolidada, está en crisis”, asegura Daniel Miranda en el teléfono.

Daniel, del colectivo Atento e Forte, le compró un proyector barato a un amigo en abril. Desde entonces amplifica mensajes a la hora de los cacerolazos de Río de Janeiro en rechazo a la gestión de Bolsonaro. “Para aumentar más esa indignación de todo el mundo. La pandemia ha hecho más evidente la incapacidad del gobierno de Bolsonaro”, apunta. No solo lo dice como ciudadano, Daniel trabaja como funcionario administrativo en el sector de la salud por lo que conoce desde adentro la crisis sanitaria y social desatada por la covid-19 en su país.

Los mensajes de luz que deja junto con su esposa en la pared vecina, dice, son “una forma de humanizar y de conversar a partir de lo que está en un muro”. Y los mensajes son rabia, reivindicación, luz, color… “Usa máscara como un marica, no como un fascista”, proyectaron el 8 de julio.

También ironía, sarcasmo, realismo… “Mi empatía golpea en fascista y se devuelve”.

“Griten y sigan gritando”

Un domingo de abril, Felipe Tabares, investigador social, y dos amigos vecinos, la cineasta Laura Mora y el músico Sergio Parsons, subieron a la terraza del viejo edificio en que viven, en el barrio Laureles de Medellín, para escuchar música y proyectar vídeos en una pantalla de oficina. Esa noche nació La Nueva Banda de la Terraza, uno de los colectivos proyeccionistas de Colombia.

“En un momento, un ventarrón quebró el trípode base de la pantalla y ese fue el error que suscitó todo, porque al frente teníamos toda la fachada plana de un edificio”, cuenta Felipe. Entonces abrieron un Power Point y empezaron a escribir frases. “Todo está muy raro”, fue una de las primeras.

Medellín. Cortesía: Nueva Banda de La Terraza

Rio de Janeiro. Cortesía: Atento e Forte

Bogotá. Cortesía: Toquica

En Medellín la aparición de una “nueva banda” con el nombre de “la terraza” es un hecho significativo, pues a mediados de los años noventa La Terraza era, quizá, la banda criminal más violenta de la ciudad, reconocida por sus vínculos con paramilitares y sus “servicios” ofrecidos al mejor postor. Su huella en la historia reciente es tal que, pese a que muchas veces las autoridades de Medellín han dicho haberla desmantelado, algunas de sus redes y sus negocios perviven.

Ahora, La Nueva Banda de la Terraza es un colectivo de casi 50 personas proyectando simultáneamente desde distintos puntos de Medellín. “Somos varios combos que tenemos intersecciones”, precisa Maritza Sánchez, periodista y una de las proyeccionistas. Esas intersecciones tienen que ver con el pensamiento crítico, el feminismo y la movilización social, especialmente con situaciones críticas de la actualidad como la violencia y la corrupción.

“Es una mierda que haya tantas razones cada semana para seguir movilizándonos, ¡no puede ser que no podamos expresarnos de algún modo! Para mí La Nueva Banda de la Terraza es una posibilidad de sacar de lo íntimo toda la rabia y la impotencia”, señala Maritza. Y ese sentimiento ha dejado golpes de opinión sobre los muros, como los mensajes en rechazo a los feminicidios, al asesinato de líderes sociales y a las recientes masacres de jóvenes en el país; o en apoyo a causas como el Día del Orgullo LGTBIQ o a decisiones como la de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe.

Es un sentir similar al de otros colectivos colombianos, como Streetdente, en Bogotá, para el que las proyecciones son la posibilidad de seguir alimentando la llama de la movilización social latente desde el 21 de noviembre (21N) de 2019, luego de una insatisfacción colectiva con el Gobierno y su incumplimiento de los acuerdos de paz.

“Proyectar es como seguir habitando la calle”, dice uno de los streetdentes que prefiere reservar su nombre.

“No queremos tener una ideología o algo así, sino que tenemos la función de comunicar desde la digna rabia. Somos parte del antídoto ante el veneno informativo que ha dejado el virus”, apunta otro de los integrantes de ese colectivo. Durante los meses de pandemia, Streetdente ha hecho dos proyecciones: “Banderas rojas”, el 31 de mayo, en solidaridad con el hambre que pasan los barrios pobres Bogotá, y “Llama al 1312”, el 25 de junio contra la violencia policial.

En general, la identidad de los colectivos que proyectan en Colombia es la rabia, las ganas de manifestar desacuerdos, por eso muchos acuden a la gráfica social y a los mensajes contestarios que señalan injusticias y desigualdades sociales, además de violencias estructurales manifestadas en los titulares de noticias sobre muertes y escándalos políticos cada semana. “Hay un monotema [la pandemia] que está dominando todo y se dejó de hablar de un montón de cosas que también venían pasando”, subraya Felipe Tabares.

Aunque también hay lugares de proyección un poco más tangenciales, como los de Toquica, un estudio de diseño que proyecta en Bogotá para visibilizar los trabajos de artistas y diseñadores afectados por el cierre del sector cultural en la pandemia. Andrés Toquica, uno de los fundadores del estudio, proyecta ilustraciones, animaciones y textos de colegas en el edificio de seis pisos que está en construcción frente a su apartamento, en Chapinero.

“Creo que todo lo que se hace es político”, dice refiriéndose a las proyecciones. “Pero nuestro enfoque es más el arte y el diseño, sin decir que no estamos cuestionando cosas a veces”, precisa. No proyecta para denunciar, esencialmente, sino para propiciar espacios alternativos de exposición del sector cultural, ahora que los museos y las galerías están cerrados y que las ayudas estatales son insuficientes para frenar la quiebra de muchos espacios culturales.

Estén en la parte sur o al norte del continente, sean más frenteros con sus expresiones políticas o un poco más colaterales, nazcan de la esperanza o de la rabia, los proyectores de Latinoamérica están despiertos. Atentos, fuertes.

No solo tienen los muros para gritar con luz, crecen en Instagram con cada proyección que fotografían y postean: 9519 seguidores de @lanuevabandadelaterraza, 32.100 de @projetemos, 5529 de @vecinasalosmuros…

“Pero primero tienen que enojarse. [...] Saquen la cabeza por la ventana y sigan gritando. Griten: ‘¡Estoy muy enojado y ya no lo aguantaré más!’ Griten y sigan gritando”, exhorta de nuevo el presentador desde la pantalla, y los proyectores latinoamericanos gritan una rabia de luz.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

12 Análisis

Debido a la crisis generada por la covid-19, en Colombia surgieron iniciativas públicas y privadas para la entrega de paquetes alimentarios a poblaciones vulnerables.

Sin embargo, sectores de la academia y la sociedad civil cuestionan la calidad de esas ayudas.

No. 100 Medellín, octubre de 2020

Sergio Andrés Ramírez Zuluaga sergio.ramirezz@udea.edu.co

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e acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, por sus siglas en inglés, en 2019 unas 3000 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable. Ello está inscrito en lo que la misma organización entiende por seguridad alimentaria: “Acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.

Este dato está plasmado en un informe que la FAO y otras organizaciones como la Unicef y la Organización Mundial de la Salud publicaron a mediados de este año, a propósito de la contingencia sanitaria por el coronavirus. ¿Y por qué resulta relevante esta información ahora mismo? Pues, en resumen, estas organizaciones señalan que la pandemia y las medidas tomadas por los países para contener su avance podrían causar que este número empeore. En especial, en países donde ya existían problemáticas de seguridad alimentaria.

En Colombia, la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), publicada en 2015, mostró que más de la mitad de los hogares vive en condiciones de inseguridad alimentaria, un problema que viene en aumento; con la situación actual, miles de hogares colombianos podrían ver esta comprometida, más de lo que ya está, como consecuencia de la pérdida de empleos, el deterioro de la economía, los cierres de fronteras, las cuarentenas y las interrupciones en las actividades del comercio, los mercados y algunas cadenas de suministros.

En este contexto han surgido planes para auxiliar la alimentación de las poblaciones más vulnerables no solo al virus, sino a las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por las medidas para frenar el contagio. Un ejemplo de esto es el programa Colombia Está Contigo, del Ministerio del Interior, que con un presupuesto de 200.000 millones de pesos pretende entregar ayudas humanitarias, como mercados y subsidios, a cerca de cuatro millones de colombianos.

Entre tanto, otro ejemplo de ese tipo de iniciativas es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que desde el cese de actividades presenciales en las instituciones educativas oficiales cambió su modalidad a la entrega mensual de complementos para preparar en casa con base en lo estipulado en la Resolución 0007 del 16 de abril del Ministerio de Educación Nacional.

Otro ejemplo, pero a nivel local, fue la Donatón por Medellín realizada el 12 de abril y promovida por la Alcaldía de esta ciudad con el fin de recolectar alimentos para las poblaciones más vulnerables. Según datos de la administración municipal, se habrían recogido más de 100.000 mercados y más 13.000 millones de pesos, con los cuales se habrían beneficiado a cerca de 600.000 familias.

A su vez, el sector privado ha participado con donaciones de alimentos en convocatorias oficiales como las “donatones” de Medellín y Bogotá —que se realizaron el 19 de abril—, pero también por medio de iniciativas propias. Una de las más publicitadas, fue la donación de productos de la marca Milo, destinados a convertirse en 15.000 desayunos para niños de familias vulnerables de Bogotá y Medellín.

¿Ayudas que no ayudan?

A pesar de los efectos mediáticos y la sensibilidad que despiertan algunas iniciativas solidarias, de acuerdo con organizaciones académicas y civiles, algunas de estas ayudas, e incluso los paquetes alimentarios que entrega el Estado, podrían no ser una solución adecuada por sus bajos componentes nutricionales e, incluso, podrían tener efectos adversos en la salud.

Desde abril, Verónica Úsuga, madre de un estudiante de transición de la Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez, en el noroccidente de Medellín, es citada sin falta una vez al mes a esa institución para recoger el paquete correspondiente al complemento alimenticio del PAE. El objetivo de ese programa es asegurar la permanencia y el derecho a la sana alimentación de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de todo el país matriculados en el sistema educativo público. Antes de la pandemia, los complementos eran entregados en la jornada escolar a lo largo del calendario académico y estaban orientados a brindar a los niños, niñas y adolescentes nutrientes básicos para una buena alimentación, además de fomentar hábitos de consumo saludable.

Sin embargo, desde la suspensión de clases el pasado 16 de marzo, para que el PAE pudiese seguir cumpliendo su objetivo, se han expedido nuevos lineamientos y estándares que cambian los complementos entregados en la jornada escolar para su consumo inmediato, a paquetes con alimentos con un costo similar, pero para asegurar la alimentación de los menores por al menos un mes. Por esa razón están compuestos por productos no perecederos tales como lentejas, frijol, leche en polvo, pasta, arroz blanco, galletas, bebidas achocolatadas en polvo, entre otros.

Estos paquetes mensuales, comenta Verónica, aunque no alcanzan para todo el mes, no dejan de ser una ayuda

13 valiosa, teniendo en cuenta que por lo menos cubre parte de la alimentación de uno de los cuatro miembros de su familia. Sin embargo, extraña la carne, frutas y vegetales que sí se encontraba su hijo en el complemento que recibía en su colegio.

Yesenia Ríos, líder técnica del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN) de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, explica que ante las críticas por no entregar productos perecederos y producidos en Colombia —para de esa manera ayudar a productores locales— hay razones prácticas: ineficiencias en el transporte y dificultades logísticas para entregar alimentos que podrían ser más nutritivos, pero que se descomponen más fácilmente. “Nosotros tomamos en cuenta qué alimentos no podemos incluir e intentamos reemplazarlos con otros que puedan cumplir con esos valores nutricionales. También sabemos que no podemos llenar estos paquetes con enlatados. Nosotros intentamos equilibrar estos paquetes”.

El PAE no es el único proyecto del cual el ESAN debe encargarse, este equipo también debe velar por la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables en Medellín como las personas mayores, las víctimas del conflicto y las familias en situación de emergencia. De acuerdo con Ríos, la planeación, elaboración y entrega de estas ayudas son procesos que normalmente toman entre uno y dos meses, esto porque, a partir de una plantilla con especificaciones técnicas realizadas por el ESAN sobre de qué y cómo deben estar compuestas las ayudas alimentarias para mantener un balance nutricional, se realizan observaciones de orden presupuestal desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, con la administración del alcalde Daniel Quintero se implementaron cambios, principalmente en la contratación, que han retrasado los procesos: “En el pasado, se hacía por convenios de asociación con bancos de alimentos y con otras empresas. Esta administración está haciendo subasta, o sea, un proceso abierto.

Aunque hay mayor transparencia y pluralidad para llenar los requisitos de especificaciones técnicas, se presentan más oferentes que hay que evaluar, analizar, documentar y esperar cuál es el ganador”, dice Ríos.

Esto causó que la planeación, elaboración y entrega de las ayudas alimentarias para población vulnerable se concretara apenas en julio. Por ello, para la atención de esas necesidades durante la cuarentena, en un primer momento se utilizaron las existencias de los servicios de alimentación escolar. Pero la otra estrategia que se implementó para subsanar la demora en esos procesos fue mediante donaciones: “Desde la Alcaldía se decidió hacer la donatón para recolectar mercados. Desde el inicio de la pandemia se han entregado unos paquetes. Todos los mercados que se han entregado han sido los recolectados en las donaciones”, dice la funcionaria.

Según datos de la Alcaldía de Medellín, con las donaciones obtenidas en esa iniciativa fueron entregados cerca de 100.000 mercados. Sin embargo, por no tener el control de los productos, tal como Ríos explica, no existe claridad sobre las propiedades nutricionales de las ayudas que recibieron las personas beneficiadas.

Situaciones como esta despertaron la preocupación de la Red de Padres y Madres (Red Papaz), entidad que aboga por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esta entidad envió el 29 de mayo una serie de peticiones a alcaldías y gobernaciones, en las que consultaba sobre los alimentos que han sido donados, sus marcas, y en el caso de donaciones que hayan sido realizadas por empresas piden especificar cuáles lo hicieron.

Un mes después, en un carta enviada a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, Red Papaz afirmó que para ese entonces solo cuatro gobernaciones —Santander, Quindío, Vichada y Antioquia— y una alcaldía —Pasto— habían respondido a la solicitud inicial, alegando además que, por ejemplo, en el caso de la Gobernación de Antioquia, “se omite referir los productos que se están entregando”, y explica que “esto resulta preocupante comoquiera que no hay un escrutinio público de los productos que están siendo entregados con apoyo de la Gobernación”.

Una preocupación similar es la que ha expresado la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (Radhana), una organización compuesta por universidades e iniciativas civiles colombianas que pretenden abogar por una alimentación saludable. Esa red señala, en un comunicado compartido por sus miembros el pasado 21 de mayo, que “existe un impacto negativo en la realización y el disfrute del derecho humano a

la alimentación en amplios sectores de la población, pero especialmente en las comunidades más vulnerables, receptoras de las ayudas alimentarias de los Gobiernos nacional y local, ayudas que en una preocupante proporción incluyen productos cuyo aporte nutricional se caracteriza por contener sustancias que hacen daño a la salud”.

Y este es el principal argumento de ambas organizaciones: tanto las ayudas conformadas por donaciones como las planificadas y adquiridas por el Gobierno nacional o por las entidades municipales o departamentales podrían contener productos que ni siquiera son alimentos: los comestibles ultraprocesados.

“Más que alimentos, fórmulas industriales”

En su comunicado, Radhana señala también que la inclusión de productos ultraprocesados en las ayudas alimentarias entregadas por las autoridades va en contravía de garantizar el derecho a la alimentación, además de que, como se citó antes, podrían tener efectos negativos en la salud de las poblaciones “beneficiadas”.

Diego Alejandro Gaitán es médico, doctor en Nutrición y Alimentos, profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, coordinador del semillero de investigación Problemáticas de Interés en Nutrición Pública de la misma institución y miembro de Radhana. Explica que un alimento es aquello que al ser consumido puede brindar fibras, proteínas y vitaminas; nutrientes importantes para garantizar un buen estado de salud. Agrega que, teniendo un origen natural, un alimento es susceptible de ser tratado con procesamientos menores para aumentar su duración, mejorar su sabor o amplificar sus efectos sobre la salud. Ejemplos de estos procesamientos serían el congelamiento, la cocción o la curación.

“Cuando yo le echo sal a un chorizo, ¿para qué lo hago?

Para curarlo ¿Y eso para qué sirve? Para que el chorizo dure por más tiempo. Entonces, yo no modificó el chorizo, yo lo estoy procesando sin cambiar sus propiedades, sigue teniendo un origen natural y me sigue dando los mismos nutrientes”, expone Diego.

Los alimentos procesados van a otro nivel, tal como explica Gustavo Cediel Giraldo, nutricionista y, como Gaitán, doctor en Nutrición y Alimentos, profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad, integrante del mismo semillero y también de Radhana. Cediel afirma que “estos ultraprocesados son, más que alimentos, fórmulas industriales con la presencia de aditivos, preservantes y saborizantes artificiales que mimetizan alimentos naturales”.

Además, de acuerdo con un artículo publicado en el portal de divulgación científica en salud, Heal Ways, bajo la asesoría de Cediel, para elaborar estos productos se “usan ingredientes baratos de producir, pero igualmente bajos en calidad nutricional: mucha azúcar, sal y grasas saturadas, pero con poca proteína, fibra y vitaminas”.

Todo esto puede causar efectos en la salud como el aumento de la probabilidad de sufrir afecciones como cáncer, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso existe evidencia que asocia los ultraprocesados con depresión, aunque son necesarios más estudios para probar su relación de causalidad.

“Entonces si nos ponemos a pensar —comenta Diego Gaitán— estos ultraprocesados en estas ayudas no solo alimentan mal a las personas, sino que también tiene efectos adversos. Hay una idea de que mitiguemos el hambre, no importa a costa de qué. Se tiene que comprender que la alimentación va más allá de esto”.

Además, tanto Red Papaz como Radhana han hecho un señalamiento a propósito de las donaciones hechas por grupos empresariales y multinacionales: ha habido una instrumentalización de la solidaridad para sacar provecho económico a expensas del bien común.

¿Cosechando los beneficios del altruismo?

“Somos conscientes de la situación que están pasando miles de familias en el país como resultado de la pandemia; por ello, gracias a las Alcaldías de Bogotá y de Medellín podemos materializar nuestro compromiso de seguir ayudando a quienes más lo necesitan y aportar soluciones que formen parte de la mitigación de los impactos que esta coyuntura está generando en muchos colombianos”. Esas fueron las palabras de Martha Arbeláez, directora de Marketing y Comunicaciones de Nestlé, al anunciar la entrega de los 15.000 paquetes de desayunos entre finales de junio y principios de julio en Bogotá y Medellín.

La ayuda fue comunicada por distintos medios de comunicación como Forbes, La República, Semana, entre otros.

Y de la misma manera, en redes sociales circularon quejas y aplausos a la causa de la multinacional.

Pero, ¿por qué surgió el debate? Por dos razones fundamentales: el despliegue publicitario que acompañó la donación y las inquietudes sobre qué tan acertado es brindar estos ultraprocesados a esa población. El profesor Diego

Gaitán invita a llevar la discusión a otro nivel. ¿Cuál es el principal objetivo de estas ayudas?

De acuerdo con Gaitán, este tipo de acciones se les conoce como actividad política corporativa discursiva: “Una de esas estrategias es mejorar la imagen de la empresa. ¿Cómo lo hacen?

Generan un plan, una estrategia, una fachada, en la que ellos actúan en una causa benéfica, en este caso estamos hablando de un producto que se entrega a un grupo de niños vulnerados y se presenta como una alternativa para acabar con el hambre”.

Con base en lo expuesto por Diego, otro ejemplo podría ser la donación de 200.000 mercados por parte del Grupo Nutresa, con productos de sus marcas Saltín Noel, Zenú, Chocolisto y Festival, a familias de todo el país. Además del aporte monetario que hizo ese conglomerado económico a la Donatón por Medellín. El presidente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, afirmó en su momento: “Asumimos como principio abordar esta situación pensando siempre en el bien común y con la claridad de que lo más importante son las personas y el cuidado de su salud y su vida. Somos también conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de garantizar el suministro de alimentos a la sociedad”.

Al respecto, Gaitán afirma: “Cuando la gente no tiene para comprar carne compra mortadela, por ejemplo, pensando que es un perfecto sustituto de la carne, cuando no lo es porque tiene niveles mínimos de alimentos naturales. ¿Qué vemos ahí? Una naturalización del consumo. Y con estas estrategias lo que se busca es fomentar esa naturalización”.

Y los efectos de esas prácticas corporativas se encuentran, por ejemplo, en la defensa que usuarios de redes sociales hicieron de la marca Milo ante las críticas de nutricionistas por sus donaciones. Los argumentos se sustentaban en un punto que es difícil de negar: no se le puede pedir a alguien elegir entre el hambre y la mala alimentación. Y enfocar el debate en ese asunto, de acuerdo con Gaitán, sería igualmente erróneo, ya que no se estaría viendo el panorama general: en Colombia existe un sistema de alimentación que termina derivando en este tipo de encrucijadas.

Sin embargo, para el experto esto no exonera a las empresas de sus responsabilidades: “Yo no creo en las actitudes altruistas de la industria de productos comestibles ultraprocesados. Si estuvieran pensando en el bienestar de las personas, tendrían en cuenta que estos productos tienen un efecto adverso. En el caso de Milo, toca recordar que las ayudas son destinadas a niños que se están programando metabólicamente. Y recordemos que los niños obesos de hoy van a ser los enfermos cardiovasculares del futuro. Además, hay que recordar que entre la población más vulnerable al virus están las personas con diabetes y enfermedades cardiovasculares”, comenta Diego.

Lo cierto es que esa encrucijada entre el hambre y la mala alimentación se constituye también de incapacidades institucionales y de intereses comerciales y políticos. Con los efectos sociales y económicos de la pandemia, en el caso de Colombia surgen reflexiones que requieren ir más allá de cuestionar o celebrar los actos de “altruismo” de la industria.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

14 Reportaje

Ilustración: Laura D. Wagner | @ldwagnera

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De la Urbe y Contexto* delaurbe@udea.edu.co

n un video de su campaña en 2019, Daniel Quintero expuso sus motivaciones para ser alcalde de Medellín: “¿Cómo no indignarse cuando suben los servicios públicos mientras se revela que hubo corrupción en Hidroituango?”, se pregunta, mientras lo acompaña la imagen de una sesión en el Concejo de Medellín, el 21 de octubre de 2018, en la que le entregó un pedazo de queso a Jorge Londoño de la Cuesta, entonces gerente de EPM. “Medellín tiene que saber que en Hidroituango nos mintieron de forma reiterada, que la gerencia estuvo favoreciendo de forma reiterada a los contratistas”, dijo ante el auditorio.

Se refería a la contingencia que comenzó a finales de abril de 2018, después de que EPM implementara un plan de aceleración de las obras de Hidroituango y un derrumbe ocasionara serios daños en las obras, riesgos de inundaciones y una crisis social y humanitaria para miles de familias que tuvieron que dejar intempestivamente sus hogares ubicados aguas abajo. Esto, sumado a los impactos sobre los ecosistemas de la región y las finanzas de la empresa.

Entretanto, las responsabilidades se diluían. En repetidas ocasiones, el entonces alcalde Federico Gutiérrez expresó su apoyo al gerente Londoño y dijo estar informado de toda la contingencia, a la que se le hizo seguimiento mediante un capítulo especial conformado por la junta directiva de la empresa, en agosto de 2018. En marzo de 2019, EPM publicó un informe realizado por la empresa noruego-chilena Skava Consulting con hallazgos sobre las razones de las fallas, ocasionadas, según el documento, por una deficiencia en el diseño y asesoría del proyecto a cargo del Consorcio Generación Ituango, conformado por las empresas Integral e Investigaciones Geotécnicas Solingral, ahora denominada Integral Ingeniería de Supervisión.

Las discusiones sobre Hidroituango tuvieron desde sofisticados aspectos técnicos hasta emotivos discursos de “orgullo antioqueño”. Entre ellas se hizo visible la figura de Daniel Quintero, saliente viceministro de Economía Digital del gobierno Santos y precandidato a la Alcaldía de Medellín que, en conferencias, entrevistas y una notable actividad en plataformas digitales movilizó una agenda de campaña en la que EPM fue central.

Quintero llegó a la Alcaldía de Medellín en enero de 2020, días después de que se retiraran de la junta directiva de la empresa Claudia Jiménez Jaramillo y Carlos Raúl Yepes, nombrados por Federico Gutiérrez en 2016. El alcalde nombró en su lugar a Luis Fernando Álvarez, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, y a Jesús Aristizábal, ingeniero civil y funcionario de EPM durante 16 años.

En marzo renunció a la junta Alberto Arroyave, nombrado en febrero de 2008 por Alonso Salazar; en su lugar,

No. 100 Medellín, octubre de 2020

Quintero nombró a Oswaldo León Gómez, gerente de la cooperativa financiera Confiar, colaborador de su campaña y miembro de su equipo de empalme.

Las diferencias entre el alcalde y el resto de la corporación comenzaron el primero de julio, cuando la administración municipal presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Medellín para cambiar el objeto social de EPM. Esto le permitiría incursionar en negocios de áreas como turismo, corresponsalía de seguros y movilidad sostenible, entre otros.

Luis Fernando Álvarez asegura que la propuesta fue llevada ante la junta solo con carácter informativo. Según dijo, por medios de comunicación supieron que el proyecto de acuerdo había sido radicado en el Concejo. Sin embargo, el 14 de julio, luego de numerosos cuestionamientos, el alcalde retiró la iniciativa y anunció que la presentaría cuando fuera sometida a una discusión más amplia. Para Álvarez, ese episodio “dio un indicio de que había rupturas con el gobierno corporativo, pero pensamos que el alcalde había aprendido la lección”.

La demanda a los contratistas

Un mes después, el 10 de agosto, el alcalde Quintero y el gerente Álvaro Guillermo Rendón anunciaron en rueda de prensa que EPM iniciaría en la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia un proceso de conciliación por 9.9 billones de pesos, como paso previo a una posible demanda contra los contratistas de Hidroituango.

La junta, según sus exintegrantes, también se enteró de esa decisión por la prensa. Así lo hicieron saber en una carta publicada al día siguiente, en la que los ocho miembros de la corporación anunciaron su renuncia. Según Álvarez, tenían la opción de quedarse “quietos o generar una reacción que llamara la atención”.

Después de esa decisión, asesores y algunas figuras políticas cercanas a Daniel Quintero comenzaron a reproducir la idea de que la junta directiva era cuota del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), tenía conflictos de intereses con Hidroituango y por tanto rechazaban las acciones jurídicas contra los contratistas. El mismo alcalde, en una entrevista con El Tiempo a mediados de agosto, dijo que la nueva junta “no será la junta del GEA, pero tampoco una junta contra el GEA”.

Al respecto, De la Urbe y Contexto se comunicaron de manera directa con Jesús Aristizábal, Luis Fernando Álvarez, Elena Rico, Oswaldo Gómez, Gabriel Ricardo Maya y otro integrante de esa junta, quien pidió la reserva de su nombre, y los seis aseguraron no tener ninguna relación con ese conglomerado empresarial integrado por el Grupo Sura, Argos y Nutresa, con numerosas filiales y marcas bajo su control.

Sura tiene un lugar central en la historia por diferentes motivos. Uno de ellos es que Andrés Bernal Correa, otro de los miembros de la junta que renunció el 11 de agosto y en la actualidad es presidente del Grupo Orbis —que no hace parte del GEA—, tuvo entre 2001 y 2012 cargos directivos

en diferentes filiales del Grupo Sura. Aunque poco se refirieron a nombres propios, su presencia en la junta parece haber sido uno de los argumentos del círculo cercano a Quintero para sostener la teoría de una supuesta cooptación de la junta directiva de EPM por parte del GEA y de conflictos de intereses de los integrantes salientes de esa corporación.

En un comunicado publicado el 9 de septiembre, Seguros Sura afirmó que esa filial y el Grupo Sura, al que pertenece, no tienen asiento ni alguna persona ha participado de la junta de EPM en representación de sus negocios. Sobre Bernal, aseguró que “nunca ha trabajado en las compañías de seguros de Suramericana. Hasta el año 2017 fue vicepresidente financiero de una filial del Grupo Sura que no tiene relación con nuestra actividad aseguradora”. Y agregó que la llegada de ese directivo en 2012 a la junta de EPM fue “a título exclusivamente personal”.

También hablamos con Bernal y nos dijo que, en 2018, cuando ocurrió la contingencia de Hidroituango, ya no trabajaba en ninguna compañía del GEA y ratificó que nunca se desempeñó en la filial de seguros de Sura. “Si en ese entonces u hoy trabajara para Suramericana, mi conflicto de intereses hubiera sido que no reclamáramos a las aseguradoras, pero eso precisamente fue lo que hicimos. O sea que esas afirmaciones son un contrasentido”, afirmó.

Un punto que llama la atención de la narrativa del alcalde sobre el GEA y su supuesta captura de la junta de EPM es que, cuando asumió su cargo, ratificó a seis miembros de la corporación y nombró luego a tres personas de su confianza. El exintegrante de la junta que pidió mantener su nombre en reserva señaló que en enero el mandatario los convocó a un almuerzo en la Alcaldía y “manifestó el interés en que nosotros continuáramos”.

¿Un “acuerdo de paz” con Integral o un conflicto de intereses?

Hay un elemento adicional que hasta ahora no había sido expuesto en medios de comunicación. A principios de 2020, Luis Fernando Álvarez propuso a la junta directiva un acercamiento con Integral, diseñador del proyecto Hidroituango, para llegar a un acuerdo que evitara un pleito jurídico.

Según cuenta Álvarez, “se dijo que se iba a hacer una mesa de trabajo para revisar los términos, pero nunca se realizó” y es enfático en que la conciliación ante la Procuraduría que podría derivar en la demanda que anunciaron Quintero y Rendón nunca se discutió en la junta.

Agrega que el “acuerdo de paz” con Integral, como lo denomina, solo tuvo una fase de acercamientos que realizó con conocimiento de la junta. Tres fuentes distintas a Álvarez, exintegrantes de ese organismo, confirmaron que el tema se discutió en el Comité de Relacionamiento de la junta.

Integral es una empresa de ingeniería con 65 años de trayectoria que, de acuerdo con un comunicado que publicó

15 el 16 de septiembre a propósito de la polémica con EPM, concibió y desarrolló el proyecto Hidroituango a lo largo de más de 50 años. Su junta directiva la preside Luis Fernando Arango Arango y su presidente ejecutivo es Carlos Eduardo Isaza Aguilar. La compañía no hace parte del conglomerado de empresas del GEA. Es importante señalar que, de acuerdo con la información publicada en su propio perfil de LinkedIn, Álvarez fue asesor jurídico de Integral entre 1989 y 1991. Además, en una hoja de vida alojada en el sitio web de su empresa de consultorías legales aparece en el apartado de experiencia profesional un ítem que indica que, por lo menos para el momento de actualización de ese currículo (el archivo tiene fecha de 2019), prestaba sus servicios a esa empresa: “Asesor Jurídico de la Empresa INTEGRAL S.A. (Presente)”.

Sin embargo, en la entrevista sobre este caso, el exintegrante de la junta nunca mencionó alguna relación con esa compañía. Al ser contactado específicamente para indagar sobre la información de su hoja de vida, respondió vía correo electrónico: “Durante mi periodo como miembro de junta de EPM no tuve ningún vínculo con Integral (…)

Incluso hoy después de haber dejado la junta, continúo sin tener vínculo alguno con Integral”.

Hay que recordar que Álvarez llegó a la junta por designación de Quintero. Así las cosas, lo paradójico es que un eventual conflicto de intereses derivado de esa relación ocurriría con una de las personas designadas por el actual alcalde en ese organismo.

El 26 de agosto contactamos a Juan José Aux, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, para contrastar con la administración municipal la información sobre la propuesta de Álvarez. No recibimos respuesta.

Cinco días después, Clara Izquierdo, jefe de Prensa de la Alcaldía, dijo que no tenía información al respecto y que el alcalde no daría más declaraciones sobre el tema.

¿Para qué el gobierno corporativo?

La relación entre el municipio de Medellín y EPM es la de propietario y empresa. El alcalde de la ciudad preside la junta directiva y tiene la función de nombrar a los restantes ocho miembros que la conforman. ¿Cuál es entonces la función y qué nivel de independencia tiene ese organismo?

La junta directiva existe desde la fundación de la empresa en 1955. El Acuerdo No. 58 del 6 de agosto creó el establecimiento público y definió que su administración recaería sobre una junta directiva y un gerente. En 1998, el Acuerdo Municipal No. 12, por el que se adoptan los estatutos de la empresa, ratificó ese mecanismo de administración, pero no estableció los límites de la relación entre el municipio y EPM. Las consecuencias se hicieron explícitas durante el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín entre 2001 y 2003.

Durante su administración, la empresa se vio envuelta en escándalos de corrupción, despilfarro de recursos públicos y en una permanente inestabilidad institucional. Al gerente Iván Correa Calderón, a quien el propio Pérez había nombrado, el alcalde lo declaró insubsistente con el argumento de que tomó decisiones sobre tarifas sin antes consultarlas con la junta. En su reemplazo, el alcalde nombró a Edith Cecilia Urrego, quien se desempeñaba como secretaria de Hacienda de Medellín.

Durante su gestión, se desató un escándalo por el pago de cerca de 100 millones de pesos por una vajilla y otra cifra millonaria por un tapete persa, cristalería y otros gastos suntuosos. La situación terminó con la renuncia de la funcionaria.

Fue luego de esos escándalos que, en 2007, el municipio de Medellín y EPM firmaron el Convenio Marco, un documento creado con el objetivo de “expresar las condiciones generales que enmarcan las relaciones ‘propietario-empresa’ [...], definiendo los principios que deben regirlas y las obligaciones concretas en las que se manifiesta su efectivo equilibrio”.

Se estableció también que los principios básicos del convenio serían, entre otros, la sostenibilidad, el crecimiento, la transparencia y la autonomía responsable en la gestión. Y que el alcalde, en representación del dueño, que son los ciudadanos, debe “enmarcar su actuación frente a EPM exclusivamente a través de la junta directiva”.

Ese acuerdo de respeto por el modelo de gobierno corporativo es, al mismo tiempo, la carta de presentación de EPM en el mercado internacional de capitales, en el que se basa la financiación de muchos de sus proyectos. En otras palabras, las calificadoras de riesgo, los inversionistas y los bancos ponen sus ojos en el cumplimiento de esos principios para concluir si es buena idea invertir o prestarle dinero a la empresa.

Cuando el 11 de agosto de 2020 toda la junta directiva presentó su renuncia, señaló en su carta la preocupación porque “no se estén observando las buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”, en referencia a los dos episodios puntuales en los que, aseguran, Daniel Quintero y el gerente Rendón tomaron decisiones fundamentales para la empresa sin la participación de la junta.

El exmagistrado Álvarez enfatizó que parte de la buena fe y asume las actuaciones de Quintero como “falta de experiencia”, pero ratifica lo dicho en la carta de renuncia de la junta al afirmar que se trata de un “desconocimiento del gobierno corporativo”. Con ello coincide David Suárez Tamayo, abogado y profesor de la Universidad Eafit, quien fue además secretario general de EPM: “Lo que hay en el fondo es que ha habido unos comportamientos que rompieron con el gobierno corporativo y con el Convenio Marco”.

Pero ante esas críticas, el alcalde ha respondido que el gobierno corporativo se puso en riesgo no por sus decisiones, sino por las adoptadas por la junta y la administración anterior. Argumento al que favoreció que, a principios de septiembre, W Radio revelara un informe contratado por la compañía Mapfre, aseguradora del proyecto, y por las firmas reaseguradoras, con la consultora inglesa Advanta, para establecer las causas de la contingencia y adoptar determinaciones sobre el pago del seguro.

Advanta concluyó que lo sucedido fue consecuencia de una “combinación de problemas no resueltos entre diseños, supervisión y construcción”. El documento tiene fecha del 2 de agosto de 2019, pero nunca fue radicado oficialmente en EPM y, según dijo el gerente Rendón, lo conoció luego de que “apareció”, antes de su filtración a W Radio, en el escritorio del vicepresidente de Asuntos Legales de la compañía.

Fue ese el contexto en el que el alcalde Quintero acusó al exgerente Londoño, al exalcalde Gutiérrez y a la junta directiva anterior de haber ocultado esa información para favorecer a los contratistas. Aseguró que como la póliza de seguro solo cubrirá cerca del 50 % de las pérdidas por la contingencia, “este documento era importante porque permitía definir que había que cobrarles a los contratistas el resto de la plata. Es por esto que ese documento fue ocultado”, dijo el alcalde el 8 de septiembre.

No obstante, tanto Londoño como Gutiérrez afirmaron que desconocían el informe y que, por tanto, no podría hablarse de un ocultamiento. Al ser consultado por De la Urbe y Contexto, Gutiérrez dijo que “lo importante de la decisión de Mapfre es que pagó el seguro, porque una cosa diferente es si no hubiera empezado a pagar”. Y agregó que no tenía ningún interés en que el estudio no se conociera: “Qué problema tengo yo en que eso se conozca y sea de dominio público cuando lo único que uno quiere en esto es que se sepa la verdad”, afirmó el exalcalde.

En efecto, el seguro cubriría 2556 millones de dólares por los daños materiales ocasionados por la contingencia de 2018 y USD 628 millones por el lucro cesante. De esos recursos, la aseguradora ya transfirió 250 millones de dólares a EPM: 150 el 4 de diciembre de 2019 y 100 el pasado 15 de septiembre.

Por su parte, el exintegrante de junta directiva que prefirió mantener su nombre en reserva dijo que ese organismo nunca conoció el informe porque allí solo se discutía la información sobre el estado de la negociación del seguro y los alcances de la cobertura.

A su vez, un directivo de EPM, también bajo reserva, explicó que los encargados de la elaboración del estudio “tuvieron acceso a toda la información que quisieron y se reunieron con todos los contratistas y equipo del proyecto”.

Y agregó que EPM sí “conoció las conclusiones informalmente”, pero “no se tiene oficialmente porque no era para EPM. Es un documento de los reaseguradores”.

Y es por esto último que aparece el segundo punto en el que cobra importancia el Grupo Sura. Su filial de seguros actúa como una de las reaseguradoras de Mapfre frente a Hidroituango. La figura del reaseguro, en palabras simples, significa que el asegurador contrata el respaldo de una o varias compañías para que estas asuman parte de los riesgos y reducir sus pérdidas en caso de un siniestro. En este caso, Sura tiene una participación del 13 % del reaseguro, mientras el 87 % restante recae sobre el grupo inglés Global conformado por cerca de 30 empresas.

En el mismo comunicado del 9 de septiembre en que se refirió a la participación de Andrés Bernal en la junta de EPM, Seguros Sura indicó que el informe filtrado hace “parte de los procesos naturales de análisis internos de la industria aseguradora” y que “es la aseguradora del proyecto, en este caso Mapfre, la que tiene el derecho de decidir o no la divulgación de este informe con terceros, dado que la relación contractual es exclusivamente entre el asegurador y el asegurado [EPM]”.

De esa forma la compañía refutó que el supuesto ocultamiento del informe tuviera el propósito de proteger a Sura.

Agregó que “no tiene ninguna relación contractual directa con EPM” y que en su papel como reaseguradora de la póliza de Mapfre asumiría por la contingencia un máximo de 2.5 millones de dólares, cerca de 9200 millones de pesos. Esa cifra, dijo la empresa, se encuentra reservada desde 2018.

¿Qué está en riesgo?

La conformación de la nueva junta no fue un proceso fácil. Quintero aseguró que muchas de las personas a las que contactó recibieron presiones para rechazar el ofrecimiento e incluso cuatro declinaron después de haber aceptado y ser anunciadas oficialmente. Este último fue el caso de Sandra Suárez, gerente de la revista Semana y cuyo nombramiento, por tanto, fue ligado a los intereses del Grupo Gilinski, propietario de esa publicación que, por demás, dio un tratamiento muy favorable a Quintero en medio de esta polémica. Lo mismo ocurrió con el abogado Alberto Preciado, el exgerente de Isagén Luis Fernando Rico y el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía.

Finalmente, el 31 de agosto empezó a sesionar la nueva junta directiva nombrada por Quintero e integrada por Ómar Flórez, Jorge Iván Palacio, Pablo Felipe Robledo, Bernardita Pérez, Jorge Andrés Carrillo, Guillermo León Diosa, Olmer Orlando Palacio y Gildardo Antonio Correa (ver infográfico). Ese mismo día, la junta en pleno respaldó la decisión del alcalde y el gerente de adelantar acciones judiciales contra los contratistas.

Pese a que es incierto el futuro de ese proceso, todos los movimientos alrededor de EPM en los últimos meses ya han dejado consecuencias y otras más están por verse; mientras a la expectativa por Hidroituango se suma el comienzo de operaciones de Afinia, la filial de la empresa a cargo del servicio de energía en parte de la costa Atlántica, con la herencia de la desaparecida Electricaribe.

Una de las consecuencias aún imprevisibles tiene que ver con la reputación de la empresa frente al sistema financiero internacional. Por ejemplo, en un informe publicado el 13 de agosto, la calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció que rebajó la calificación de EPM de “BBB” a “BBB-” con perspectiva negativa. “La baja de las calificaciones se debe a una intervención mayor del propietario de EPM, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa”, explicó Fitch. Esa decisión puede generar que las entidades financieras cobren mayores tasas de interés por los préstamos a EPM. Incluso, según Guillermo Maya, profesor de Economía de la Universidad Nacional, los acreedores podrían pedir el prepago de la deuda, lo que implicaría una debacle financiera para la compañía.

De igual forma, los bonos corporativos que la empresa ha emitido en el mercado nacional de valores para financiar grandes proyectos de infraestructura también se pueden ver afectados. El mismo 13 de agosto, Asofondos manifestó su preocupación porque los fondos de pensiones de Colombia han invertido cerca de tres billones de pesos en bonos de EPM. “Al entrar en esos riesgos queda la empresa muy expuesta en su sostenibilidad y viabilidad, y en la terminación o culminación de los proyectos que tenemos, como Hidroituango que representa el 17 % de la energía del país”, apuntó Olga Lucía Arango, presidenta del Sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro).

Además, está en juego la inversión social que se deriva de las transferencias de la empresa al municipio de Medellín. El Acuerdo Municipal No. 69 de 1997 y el Convenio Marco estipularon que esas transferencias corresponden al 30 % de los excedentes financieros anuales de EPM. La totalidad de esos recursos deben ser destinados por la administración municipal a inversión social y pago de alumbrado público. En 2019 esas transferencias fueron cercanas a 1.3 billones de pesos, aproximadamente el 23 % de todo el presupuesto de la ciudad en 2020.

En cuanto a Hidroituango, el futuro y entrada en funcionamiento del proyecto aún es incierto. Debido a la crisis del coronavirus y al contagio masivo al interior de las obras, el proyecto sufrió un retraso adicional de cinco meses. A eso se suma la incertidumbre sobre los actuales contratistas. Si bien la empresa espera que el proyecto empiece a generar energía en diciembre de 2021, el contrato con los constructores termina el 31 de diciembre de este año y no está claro si será renovado, más con el proceso de conciliación a cuestas.

Sinpro ha llamado la atención sobre el riesgo de una adjudicación “a dedo”, debido a la falta de tiempo para abrir un proceso de licitación pública en caso de que se resuelva un cambio de contratistas. Incluso ha alertado sobre la posible llegada de un nuevo constructor: la empresa china Three Gorges Corporation que, según el sindicato, estaría solicitando información a funcionarios de EPM y el propio alcalde Quintero habría exigido que le sea entregada.

Por otro lado, el economista Maya plantea que, de seguir la situación, podría abrirse, a largo plazo, el camino de la privatización. “EPM es un negocio muy grande y hay muchos inversionistas interesados, incluso extranjeros”, dice.

Con ese panorama, parece que las responsabilidades de muchos de los actores involucrados se diluyen en medio de controversias políticas entre dos sectores, el de Quintero y el de Gutiérrez, que han sido los más protagónicos con acusaciones mutuas de faltar a la verdad. Otras figuras como los exalcaldes Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria han mantenido un bajo perfil y esquivado responsabilidades, pese a que en noviembre de 2019 la Contraloría los incluyó en el listado de 34 personas y empresas investigadas por fallas en la planeación y ejecución del proyecto.

En la búsqueda de la verdad sobre los responsables de las afectaciones económicas y sociales, pero además sobre el trasfondo de las decisiones de varios alcaldes, gerentes, integrantes de junta y contratistas está uno de los mayores retos futuros. Incluso, Oswaldo Gómez dijo que “es necesario proponer una comisión de la verdad para Hidroituango”. Cada decisión suma o resta para restablecer la confianza ante una disputa que hace más complejo el riesgo que enfrentan Hidroituango, EPM y la ciudadanía de Medellín, propietaria de la empresa. *Este informe fue desarrollado en una alianza entre De la Urbe y Contexto, medios integrantes de la Red Colombiana de Periodismo Universitario.

Elisa Castrillón Palacio Karen Sánchez Palacio Juan David Ortiz Franco

Sebastián Carvajal Bolívar Juan Pablo Patiño Joaquín Gómez Meneses

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

16 Radiografía

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17

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

18 Análisis

María José Chitiva maria.chitiva@udea.edu.co

Valentina Chavarría valentina.chavarria@udea.edu.co

Carolina Londoño carolina.londonoq@udea.edu.co

E

l 24 de junio las periodistas Catalina RuizNavarro y Matilde de los Milagros Londoño lanzaron la revista Volcánicas con la publicación de una investigación que titularon “Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra”.

Allí, recogieron los testimonios de ocho mujeres que acusan de violencia sexual al director de cine colombiano, versiones de amigos que estuvieron en los lugares que ellas mencionan e incluyeron capturas de conversaciones para contrastar y verificar la información testimonial. Alrededor de ese trabajo periodístico inició un debate sobre una supuesta violación a la presunción de inocencia de Guerra y sobre la pertinencia de hacer ese tipo de denuncias en medios de comunicación y no por vías judiciales.

Si bien muchos usuarios de redes sociales celebraron la rigurosidad de la investigación, en otros casos el trabajo fue deslegitimado. La productora Cristina Gallego, exesposa de Guerra, publicó el 6 de julio en El Tiempo una respuesta ante los señalamientos preguntándose si lo hecho por Volcánicas no era “una actitud barbárica de linchamiento” y

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19 señaló que el reportaje estaba enmarcado en “la moda del escrache”. También la periodista María Clemencia Torres, de la revista Gato Negro, aseguró que este tipo de denuncias no son más que un escrache en medios de comunicación.

Ante críticas como las de Gallego y Torres, Catalina Ruiz-Navarro, quien además es columnista de El Espectador y activista feminista, publicó una respuesta en Volcánicas afirmando que “estas denuncias no son escrache, son un paso más allá: una investigación periodística. Tampoco son ‘linchamiento’, y usar esa palabra para referirse al periodismo de investigación estigmatiza el oficio periodístico”.

El uso del término escrache apareció en Latinoamérica cuando, en 1996, el colectivo argentino Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) denunció la impunidad de militares y agentes del Estado, indultados por el presidente Carlos Menem, a pesar de su responsabilidad en delitos graves y violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura. Para acusar a los implicados, las víctimas usaban en las manifestaciones recursos como el performance, las arengas y el empapelamiento en espacios públicos.

Desde hace aproximadamente una década, este mecanismo ha sido adoptado por diferentes causas y movimientos sociales. El escrache feminista, entonces, es una forma de denuncia social contra aquellos hombres que han ejercido algún tipo de violencia contra mujeres. Esta manifestación colectiva tiene espacio en lo público, de ahí que en los últimos años las plazas y las universidades, así como las plataformas digitales, por medio de etiquetas como #MeToo o #NiUnaMenos, se hayan convertido en el lugar de denuncia y debate, y donde la problemática ha ganado visibilidad.

El escrache y el periodismo tienen un componente en común de denuncia. A pesar de ello, ambos distan entre sí en metodologías, herramientas y procedimientos. ¿Por qué se confunden ambos términos? ¿Cuáles son las fronteras que los separan? Ruiz-Navarro y Londoño han repetido en varias ocasiones que el reportaje publicado en Volcánicas está basado en un trabajo riguroso que fue realizado durante cinco meses y, según ellas, posee los elementos

que requiere una investigación periodística: cruce de fuentes, contraste de testimonios, confirmación de lugares y coincidencia de tiempos.

Para realizar un escrache, en cambio, los colectivos o las mujeres que los impulsan no necesariamente tienen en cuenta esas mismas condiciones. Andrea Olaya es politóloga y en junio promovió un escrache masivo por situaciones de acoso sexual en la Red de Escuelas de Música de Medellín y en varias instituciones de formación musical, entre ellas la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit y la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Olaya explica que, más que una verificación, lo que hizo en este caso fue llevar un seguimiento juicioso de todos los casos. “He tenido reuniones con los directivos y gerentes de las orquestas, he estado atenta a que funcionen los canales de denuncias”, cuenta. Además, si bien reconoce las implicaciones que puede tener el escrache, afirma que es necesario, pues las víctimas muchas veces no encuentran respuestas en las instituciones y este termina siendo una forma de sanación.

Una de las características del escrache es que da a conocer el testimonio de las víctimas desde la base de creerles a las mujeres, y aunque el periodismo también pueda partir de esa premisa, para Helena Calle, periodista feminista que cubre temas de género en El Espectador, “como periodista no debes quedarte con solo una versión. Tú puedes empezar creyéndole a las mujeres, pero hay que buscar documentos, pruebas, contrastar fuentes, dudar.

El escrache no necesita pruebas, pero como periodista, que está sopesando denuncias por escrache y tienen potencial periodístico, necesito cierto material probatorio para construir una historia plausible”.

María Clemencia Torres dice que en la denuncia periodística es fundamental confrontar la versión del otro. Y también plantea algo que puede resultar problemático: a su juicio, para que la denuncia sea legítima debe aparecer el nombre de quien acusa. “La mujer no grabó la violación, ni le tomó foto al acoso, evidentemente, pero parto del rigor de que puedo identificar a esa persona y que se hace responsable de la acusación que está haciendo”.

Lo cierto es que no es lo mismo un testimonio anónimo a un testimonio de una fuente protegida. En el primer caso, incluso quien publica la historia desconoce la identidad de quien lanza una acusación. En el segundo caso, no revelar una identidad es una decisión que está mediada por la solicitud de la fuente o por el criterio de quien investiga y se hace con el fin de proteger a la fuente de futuras agresiones.

Para Laura Bayer, periodista y directora de Morada Noticias, la verificación es lo que termina legitimando una denuncia: “Una tiene que escucharlos a todos y todas, pero no en pro de un supuesto balance, porque el equilibrio por el equilibrio pierde sentido, está vacío. El asunto es la verificación”. Y es que usualmente los casos de violencia de género se dan en entornos privados, por lo que, si la prueba que se tiene es el testimonio de la víctima, en el periodismo resulta necesario verificar que el relato sea real.

Ahora bien, hablando de testimonios y verificación de datos, es importante recordar la diferencia que hay y que debería ser explícita entre los espacios de información y los de opinión. Las Igualadas, por ejemplo, hacen periodismo de opinión con enfoque de género en El Espectador, y cuando abordan estos casos su postura editorial también parte de creerles a las víctimas y a las mujeres. “Nosotras tratamos casos que casi siempre están judicializados o muy avanzados. Nuestro objetivo es generar debate, hablar con argumentos del porqué hay que creerles a las víctimas, pero no decimos si la persona acusada es culpable o inocente porque eso no nos corresponde”, dice Viviana Bohórquez, abogada y cofundadora de ese espacio.

Quizás el punto más problemático que tengan en común el escrache y las denuncias periodísticas es que el nombre del agresor o de las instituciones involucradas suele aparecer de manera explícita. En el escrache, con el fin de exponer y sancionar socialmente, y en el periodismo, para cumplir con la exigencia de precisión y de claridad en los datos. Ante ello, María Clemencia alega el derecho a la presunción de inocencia como un argumento en contra de esas denuncias. Asegura que esas acusaciones adelantan el juicio y la condena y se invierte la premisa de que el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Sin embargo, para María Angélica Prada, abogada, feminista y profesora en la Universidad del Rosario, la presunción de inocencia se entiende como un derecho dentro de un proceso penal, no en otros escenarios. Según ella, es un término que ha sido mal empleado y bajo el cual se ha centrado el debate en la figura del agresor, olvidándose de los problemas estructurales que supone la violencia de género. Dice que en estos casos lo apropiado sería hablar del “principio de la buena fe”.

Ilustración: Victoria Coronado | @vicairi

Una de las motivaciones que frecuentemente se asocian con el escrache es la ineficacia de los procesos judiciales. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, en 2019 el 85 % de los casos por violencia de género quedaron impunes. Asimismo, son frecuentes los testimonios acerca de la revictimización que padecen las mujeres en este tipo de procesos, por ejemplo,

al exponerlas a un contacto directo con los agresores o pedirles que narren en repetidas ocasiones los hechos.

Laura Bayer concuerda con que la ausencia de justicia efectiva es una de las principales motivaciones de las mujeres: “El escrache suele hacerse desde la emocionalidad, es una elección que se toma ya que el sistema judicial o las vías que propone la justicia no son funcionales”. Camila Cadavid, documentalista feminista, ha acompañado este tipo de procesos junto a la colectiva Las Aparecidas, de la cual hace parte. Cadavid afirma que las motivaciones van desde el deseo de sanación y la no repetición hasta la venganza.

Además de la pertinencia y la legitimidad del escrache, hay otras discusiones alrededor de este tema que convocan a periodistas y feministas. Una de ellas es acerca de las narrativas empleadas para denunciar las violencias contra las mujeres. Estos discursos se construyen a partir de figuras y atributos generales. Un ejemplo de esto es la asociación de la mujer como víctima imponente y oprimida, y del hombre como victimario violento y opresor.

Al respecto, en 2018, Marta Lamas, antropóloga mexicana, feminista y nominada al Premio Nobel de la Paz, publicó Acoso, ¿denuncia legítima o victimización?, un libro en el que reflexiona acerca del discurso víctima/ victimario preponderante en los casos de acoso. Según Lamas, las narraciones públicas de estas violencias se han abordado a partir de un feminismo al que la autora cataloga como hegemónico. Una visión que nace de la idea de que “las mujeres son una clase oprimida, la sexualidad es la causa de dicha opresión y que la dominación masculina descansa en el poder de los hombres”, tal como explica en su texto.

La crítica de Lamas propone un cambio de perspectiva: no todos los fenómenos o acontecimientos sociales podríamos analizarlos exclusivamente a la luz del feminismo y de los conceptos que este nos ha legado. Este encasillamiento, a su juicio, no permite dimensionar y reflexionar acerca de los otros componentes sociales bajo los que están construidos las relaciones entre hombres y mujeres: no abre un espacio para discernir acerca de una problemática tan compleja como la violencia.

La publicación fue objeto de críticas en los círculos feministas mexicanos. La Red Mexicana de Feministas Diversas emitió un manifiesto en el cual expresan su desacuerdo y consideran que este texto “no debe ser tomado, de ninguna manera, como referente teórico, metodológico y epistémico” ya que lo expresado allí “tiene una clara intención de provocar y confrontar las luchas feministas” y que, además, esos argumentos “sirven de referencia para perpetuar el patriarcado en el sistema de justicia penal”.

Lamas manifiesta que su texto fue considerado como “un libro que protege a los acosadores y que da pie a la violencia y al feminicidio”. Para ella, estas críticas hacen parte de “una carencia del movimiento feminista”, ya que son la traducción de la incapacidad de discutir políticamente, de generar debate público y diálogo desde diferentes sectores, opiniones y generaciones del feminismo.

Cadavid analiza el escrache desde su posición como artista. A partir de la visibilización y representación, define este tipo de denuncia pública como un acto performático y cuestiona que se haya hecho hábito a la mirada. “Creo que siempre está en juego la manera como se narra la violencia y estamos en un contexto global donde el escrache feminista ha generalizado las denuncias, siempre se hacen igual”.

Siendo así, el espectro político del escrache se reduce porque ya no está en la capacidad de irrumpir en lo habitual. El periodismo, en ese sentido, podría ir un paso más adelante al momento de construir esa narrativa. Sin embargo, Cadavid dice que hay un riesgo en el periodismo y es que se institucionalice el relato de las víctimas: “Nosotras tenemos que aprender de lo que ha pasado con las víctimas en Colombia, y cómo tener voz no significa necesariamente poner esa voz en el espacio público; eso no quiere decir que las escuchen, ni que se entienda la violencia. Mi pregunta es cómo narrar una violencia que es singular, pero que al mismo tiempo es sistemática”.

Al respecto, Ruiz-Navarro y Londoño han afirmado en varias entrevistas que este tipo de narraciones necesitan de una reportería que parta de la empatía y del respeto por la denuncia y que le dé el control de su testimonio a las víctimas. Ambas hablan abiertamente de un periodismo feminista que pone sus herramientas de reportería y verificación de datos al servicio de las mujeres.

El escrache feminista y la denuncia periodística tienen implicaciones sociales, políticas e individuales y encienden la luz sobre los hechos de violencia contra las mujeres, no en vano una investigación periodística dio origen al #MeToo. Sin embargo, sus puntos de enunciación son distintos: el escrache es una acción colectiva de protesta que encuentra su deber ser en la visibilización de las violencias contra las mujeres y de la lucha feminista; el periodismo se debe a los principios que rigen su ética. El periodismo con enfoque de género puede empezar a preguntarse por el uso de marcos narrativos diferentes a los utilizados para otros temas, al tiempo que sigue abogando por la visibilización y la justicia para las mujeres, y encuentra nuevas formas de contar sus historias.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

20 Trabajo de grado

Daniela Sánchez Romero daniela.sanchezr@udea.edu.co

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o siento que el beat se me mete por el cuerpo y me hace mover la cabeza. Escuchar y bailar reguetón me hace pensar en la época del colegio, en las farras del barrio y en las fiestas de quinces.

Mi generación no tenía escapatoria. Éramos muchachas de 14 años asistiendo a los interminables días de la antioqueñidad o metidas en la piscina de olas de Ditaires, y al frente nuestro había una tarima con un muchacho de nuestra edad, desgarbado, que nos hacían corear: “Farandule-e-era, quiere conmigo pasar la noche entera”.

Un par de años después, cuando nosotras cursábamos los años finales del colegio, ese pelado y otros tantos ya estaban en los primeros lugares de la radio, protagonizaban comerciales de electrodomésticos y motos en televisión, tenían sus primeros conciertos en Estados Unidos y Europa, y estaban por conquistar las listas y los festivales icónicos de música.

A mí desde entonces me picó el bicho de la intriga por los beats, el ritmo, el autotune y los efectos que usaban en su música. Por allá en 2015, antes de elegir el periodismo, estudié una tecnología en Informática Musical, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín para la formación de productores musicales. En esos años una imagen se me hizo común: parceros que estudiaban conmigo y que producían rock, empezaron a buscar plugins para hacer reguetón. Cuando los cuestionaba, me respondían como J Balvin: “El reguetón es el negocio, socia”.

Latigazo de Daddy Yankee fue la primera canción de reguetón que sonó en una emisora de Medellín. Era 2002 y el Gurú del Sabor y Semáforo, en ese entonces DJ de la emisora Rumba Stereo, recorrieron el centro buscando música nueva en cedés piratas. Y ahí estaba ese ritmo potente y ese coro pegajoso que decía: “¡Castígala! Dale un latigazo, ella se está buscando el fuetazo”. No dudaron en programar el tema. Un año más tarde, en marzo de 2003, Daddy Yankee se presentó por primera vez en Medellín.

Aunque Latigazo es un referente para los primeros que escuchamos reguetón en Colombia, el género nació en Puerto Rico a principios de los noventa. Algunos dicen que es hijo del raggamuffing, un ritmo derivado del dancehall que a su vez es derivado del reggae y que utiliza instrumentos electrónicos. Otros dicen que es una transformación del reggae panameño. De hecho, dicen que se llama reguetón porque es “un reggae grande”.

El reguetón tiene bases rítmicas en percusión muy definidas y acentuadas: un bombo y un hit-hat (platillos) que marcan los tiempos fuertes en un compás de 4/4 con un registro grave y uno agudo, respectivamente; y una caja que marca los contratiempos de estos golpes fuertes. Los golpes fuertes son los que nos hacen mover la cabeza y la cadera. A toda esta composición rítmica se le llama dembow, un ritmo a contratiempo, infaltable en las canciones, que puede variar en su tempo, en su sonoridad, pero no en su base tiempo-contratiempo, tanto así que es muy común el uso de samples de otras canciones o la descarga de un audio con el ritmo ya hecho.

Entre 2004 y 2005 éxitos como Amor de colegio de Héctor & Tito, Métele sazón de Tego Calderón o Gasolina de Daddy Yankee retumbaban en los barrios populares de Medellín. La radio y los DJ ocuparon un papel muy importante en este proceso de difusión no solo programando canciones sino lanzando nuevos cantantes y llevándolos a los colegios. “El género cogió mucha fuerza en la calle. Hubo mucho consumo de piratería y esto se dio con el apogeo del internet. Muchos artistas empezaron a viajar de Puerto Rico a Medellín”, recuerda Semáforo. En los rincones de las fiestas los muchachos se dedicaban “Baila morena, baila morena. Perreo pa’ los nenes, perreo pa’ las nenas”, y cantaban a gritos “yo quiero la combi completa: chocha, culo, teta”.

Alexander DJ es productor de reguetón y fue una de las primeras personas que trabajó con artistas como J Balvin y Golpe a Golpe. Recuerda que esos primeros años fueron muy polémicos porque el reguetón había nacido en la calle y le cantaba a la gente de la calle, al

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21 sexo, a las drogas y al cuerpo de la mujer sin ningún tapujo. “Así de polémico fue que empezó a llamar la atención”, dice.

En la escena musical de la época, rockeros, metaleros y punkeros acusaban al género de ser elemental; los papás, las tías y los abuelos se escandalizaban con las letras de sus canciones y esa forma de bailar en la que la mujer, de espaldas, movía el culo contra el pene del hombre, y algunos críticos musicales y productores consagrados anunciaban que era una simple moda que tenía los días contados. Al tiempo, Alexander, Final y Shako, J Balvin y Golpe a Golpe, muchos de ellos raperos, estaban encerrados componiendo frenéticamente y experimentando las melodías que más tarde se convertirían en una nueva sonoridad producida por paisas para la gente paisa y luego para todo el mundo. ¿Pero qué hizo el reguetón paisa para seguir sonando? ¿Por qué Medellín? ¿A qué suena el reguetón de Medellín?

“El reguetón de Medellín es sencillo, muy cadencioso, muy fácil y se derivó también del movimiento rapero que había en la ciudad. El reguetón entró a hacerlo comercial. Es un género que incita a la rumba y a la alegría, y que es muy fácil de digerir. Yo creo que ese ha sido el éxito: la facilidad para que a la gente se le pegue”, dice Juan Felipe Marín, que trabaja como A&R —sigla para denominar Artistas y Repertorio— de Sony. En resumidas cuentas, significa que actúa como cazatalentos de esa disquera en Medellín.

Juan Felipe debutó en la industria acompañando a su entonces barbero, Andrés Felipe Robledo, más conocido ahora como Reykon. Ninguno de los dos sabía cómo se producía un tema ni cómo se comercializaba, mucho menos qué hacía un representante, pero eran testigos de que el voz a voz, la piratería y emisoras como Rumba Stereo, Energía o La Mega ya habían creado un nicho alrededor del reguetón en la ciudad.

Desde los años ochenta, Medellín es conocida entre productores y músicos como el “puerto seco de la música”; en su momento fue la casa del tango, luego de la salsa, del rock, del vallenato y de la música de despecho en Colombia. La historia fonográfica de la ciudad incluye ser sede de grandes disqueras como Discos Fuentes, Sonolux, Discos Victoria y Codiscos.

Cuando el reguetón llegó, por lo menos en cuanto a producción, había un precedente.

Uno de los primeros estudios dedicados exclusivamente al reguetón fue La Palma Production, ubicado en el barrio Belén. Alexander DJ empezó a producir allí a comienzos del 2000 y en su hoja de vida están canciones como Ella me cautivó de J Balvin, Juego de niños de Golpe a Golpe y Tus recuerdos son mi Dios de Pipe Calderón. Para él, ese rechazo que existía hacia el género por sus letras y forma de bailar obligó a los productores a darle la vuelta sin perder su esencia. Es decir, a crear el estilo de Medellín.

“Fueron años muy difíciles, pero gran parte de ese rechazo es lo que le ha dado su fuerza. Gracias a esa polémica el género dio un paso adelante, porque los productores le pusieron un filtro y algunos cantantes empezaron a bajarle el nivel a las groserías, lo limpiaron un poquito y lo volvieron más comercial”, dice Alexander.

“La gente viene a Medellín buscando el sonido de Medellín”, me repite Juan Felipe. Es un sonido muy diferente al boricua. En Medellín, productores y cantantes le imprimieron una marca comercial al reguetón para que cualquiera lo pudiera escuchar y en cualquier parte lo pudieran poner. Le bajaron la intensidad a los beats para que, sonoramente, no fuera tan agresivo ni estruendoso, reemplazaron las letras obscenas o las puyas entre cantantes por composiciones que llevan al coqueteo y a la seducción aunque manteniendo el lenguaje de la calle, y empezaron a agregar instrumentos melódicos y acústicos que le dieron otro aire. En esos años de experimentación, por ejemplo, fue compuesta Obra de arte, uno de los primeros éxitos de J Balvin, presentada en 2009, y cuyo coro muchos cantamos en la época del colegio: “Mi Monalisa, tu cuerpo me eriza, tú y tu sonrisa a mí me hechizan. Una obra de arte y mi misión es amarte”. Nada de tetas ni de culos.

Entre 2014 y 2017, el crecimiento en reproducciones de canciones de reguetón en Spotify fue del 199 % a nivel mundial. En 2015, la canción Ay vamos, también de J Balvin y producida por Sky rompiendo el bajo, fue el tema ganador a mejor canción urbana en los Grammy Latinos. En 2018, J Balvin fue el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial y, un año después, hizo historia al ser el primer reguetonero en presentarse en el festival de rock Lollapalooza. Recientemente, en febrero de 2020, compartió escenario con

Ilustración: Anne Elizabeth Magnusson Saldarriaga

Shakira, Jennifer López y Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Medellín modificó la forma de hacer reguetón y su éxito también se debe al camino que la tecnología le abrió: nuevos programas de grabación y edición al alcance de todos, plataformas de streaming que permiten su fácil distribución y una industria que pide en abundancia nuevos temas para impactar a la audiencia. Hoy instituciones como la Escuela de Audio y Sonido, el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Universidad de San Buenaventura, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y el Sena ofrecen programas de educación superior para la formación profesional de productores musicales.

A pesar de los múltiples programas y escuelas, dentro de la industria y el gremio musical una de las críticas más recurrentes hacia el género sigue siendo su facilidad de producción: sampleas una canción, descargas un beat y dices las mismas tres frases. ¿Qué tan fácil es hacer reguetón? Esta pregunta se la hice a Daniel Marín, productor y músico de profesión, a Alexander DJ y a los productores Sherman y Fine.

Su respuesta es más o menos la misma: “Si fuera tan fácil, todos los temas serían un ‘palo’, ¿no?”.

Para los productores paisas Sherman y Fine, quienes hoy trabajan con la youtuber Luisa Fernanda W, el cantante Pipe Bueno y han hecho diferentes producciones para Maluma, ser productores va más allá de samplear una canción o un beat. Lo que se necesita, dicen, es creatividad e innovación para impactar en el mercado, para hacer que los temas marquen la diferencia y se conviertan en éxitos comerciales.

“Lo más difícil ahora es proponer cosas diferentes, marcar la diferencia en el sonido, porque si te pones a analizar, uno mueve un árbol en Medellín y caen 100 productores y compositores de reguetón, por eso el reto es hacerlo diferente. A nosotros nos buscan es por el color del sonido que manejamos, por la música que hacemos y por cómo sonamos. Nos gusta que suene muy musical”, dice Fine.

En esa idea de sonar muy musical los productores de Medellín han incluido más instrumentos acústicos en los arreglos y composiciones, nuevas melodías que den un respiro al dembow, fusiones con otros ritmos y géneros musicales, y efectos que permiten crear sonoridades inexploradas. Dice Juan Felipe que ese sonido limpio del reguetón lo hace más internacional, por eso reguetoneros como Nicky Jam o J Álvarez vinieron a la ciudad buscando su resurrección en las listas, y productores como Sky rompiendo el bajo, Mosty y Bull Nene hoy trabajan para otros artistas comerciales del pop, las baladas, la banda mexicana o las rancheras que quieren incursionar y obtener los números de esta industria.

Casi dos décadas después de que sonó la primera canción, Medellín es la cara y marca del reguetón.

Algunos la llaman la capital mundial por la cantidad de temas que se producen anualmente. Más allá del reconocimiento que tienen artistas como J Balvin, Maluma o Karol G, la magia está en los productores que descubrieron una sonoridad diferente. Los críticos le auguran al género otra década de éxitos en las discotecas, en las emisoras y en las plataformas de streaming. Aunque dejó de ser una moda, sigue siendo el negocio.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

22 Crónica

“Me senté a ver el río moverse” El 29 de noviembre de 2011, durante un paseo escolar, un profesor y su hija cayeron a las aguas del río Cauca al desprenderse una sección en mal estado del Puente de Occidente. Sus cuerpos nunca aparecieron y hoy, nueve años más tarde, sigue en curso un proceso judicial que reclama una reparación directa por parte del Estado colombiano, responsable del mantenimiento del puente.

Daniel Osorio Posada daniel.osorio1@udea.edu.co

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Cuando todo pasó, me senté a la orilla a ver el río moverse. Ninguno de los balseros podía navegar el río porque la corriente era demasiado fuerte y tenían miedo de que también los arrastrara. Lo último que pude ver de mi familia fue a mi esposo tratando de levantar a mi hija antes de que esa corriente se los llevara.

Cuando se hizo de noche me dijeron que no había nada por hacer, me llevaron a un hotel en Santa Fe de Antioquia donde el párroco me consiguió una pieza y ahí, por el shock, mi memoria empezó a fallar”.

María Luceny Restrepo vivió casi toda su vida en el campo. Nació en la vereda El Guadual, del corregimiento de Altamira, en Betulia, Antioquia, en un hogar humilde y trabajador de una tierra fértil para el café. Vivió una historia de amor en su juventud. Conoció a los 18 años a su vecino Elkin Castaño, quien llegó a la vereda después de prestar servicio militar en Puerto Berrío. Tenía la piel blanca, el pelo negro y una sonrisa que la atrajo. Se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir juntos. “Él estaba estudiando en la Normal Superior Sagrada Familia de Urrao para ser profesor y yo trabajaba la tierra. Sembrábamos café, plátano, yuca, cebolla y otras hortalizas. Trabajábamos mucho, pero vivíamos tranquilos y sin que nos faltara nada”, recuerda María.

En enero de 2003 se dio cuenta de que estaba en embarazo. Fueron meses complicados, con riesgos de aborto.

Elkin la acompañó y cuidó todo el tiempo. El 23 de septiembre de ese año, María entró en trabajo de parto en su pueblo, pero estaba tan delicada que la tuvieron que remitir a la Clínica Las Vegas en Medellín.

Valeria nació por cesárea, creció curiosa, como su papá.

Eran muy parecidos, desde sus ojos hasta en la forma de ser: siempre queriendo aprender, siempre leyendo. “Era un reflejo de él, alegre. Después de hacer tareas siempre leía. Todos los días pedía un cuento y otro cuento y otro cuento”. *** —Y en el hotel, ¿qué pasó?

—Allá llegué gracias al párroco Luis Enrique Tobón que ha sido el que más me ha ayudado en todo esto. Cuando llegué, mi sobrino me dijo que debía tranquilizarme para que no me doparan porque estaba muy alterada. Yo trataba de calmarme pensando en la esperanza de poder ir a buscarlos al otro día. El desespero no me dejó dormir esa noche. Nada más lloraba. Al otro día llegué a mi casa y me di cuenta de que habíamos salido los tres y solo pude volver yo. *** Elkin, además de ser profesor de matemáticas, ciencias, inglés y educación física de la escuela rural El Tostado, era líder comunitario. Cuando se fue a terminar sus estudios para oficializar su trabajo como profesor, sus estudiantes lo seguían buscando. “Mi esposo era el encargado de las navidades, de los fondos para hacer los torneos de fútbol, de la Junta de Acción Comunal; él movía a toda la vereda y era la alegría de todos”.

No. 100 Medellín, octubre de 2020

A finales de noviembre de 2011, Elkin y otros dos profesores del colegio planearon un viaje con las familias de la vereda al parque de Los Tamarindos en Santa Fe de Antioquia. La idea era celebrar, ese 29 de noviembre, el fin del año escolar y la llegada de diciembre. *** —¿Cómo fue ese día?

—La escalera nos recogió temprano para pasar todo el día de sol en el parque. Éramos 70 personas. Nos metimos en las piscinas y comimos juntos. Después, le dijimos al conductor de la chiva que nos llevara al puente para que los niños lo pudieran conocer.

Cuando estábamos cruzándolo yo me paré a esperar a la esposa de otro profesor y quedamos casi de últimas. Mi esposo cargó a mi hija para ayudarla a pasar. Ellos iban de primeros. Después solo escuché el chapuzón. *** El Puente de Occidente fue diseñado por el ingeniero José María Villa, quien también participó en la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York. Villa diseñó el puente para comunicar a Santa Fe de Antioquia con Olaya sin tener que navegar el caudal del ancho río Cauca. En 1978, casi un siglo después de su construcción, la obra fue declarada Monumento Nacional. Por tanto, la entidad responsable de su mantenimiento es el Ministerio de Cultura, pero puede delegar este trabajo de conservación en el departamento o en los municipios de la jurisdicción.

El día en el que murieron el esposo y la hija de María, el río Cauca estaba crecido. Durante esos meses las lluvias habían hecho que el caudal fuera un peligro para los pobladores de sus orillas, tanto que varias personas habían desaparecido y varios cuerpos fueron encontrados durante la búsqueda.

Después de escuchar el sonido del golpe en el agua, María sintió que un tumulto corría en estampida, como si estuviera huyendo de algo. En ese momento los gritos llenaron el puente: “¡El profe, el profe!”. Ella se asomó y vio un pedazo de tabla quebrada y a su esposo tratando de salvar la vida de su hija, la cargó en sus hombros, pero la corriente los cubrió. Nunca los volvió a ver. Pese a la búsqueda que duró varios días, los cuerpos no aparecieron.

Al día siguiente, la noticia de la muerte del profesor y su hija apareció en los periódicos y fue calificada como una tragedia anunciada. Algunos pobladores de la zona llevaban desde 2010 denunciando en los diarios locales el mal estado del sendero peatonal del puente y, unos meses después de la tragedia, un artículo de El Tiempo relató cómo algunos comerciantes de la zona recogieron dinero y cambiaron con sus propios recursos los tablones más cuarteados.

En 2014, María abandonó su vida campesina en Betulia para irse a vivir a Niquía, en Bello, y estar atenta a la demanda de reparación directa que interpuso contra el Estado. En esos primeros años luego del accidente enfrentó no solo el duelo de perder a su familia, sino las dificultades económicas que le dejó una pensión de sobrevivencia mucho menor al salario que recibió antes de que su esposo fuera declarado con una figura que se denomina “muerte presunta por desaparecimiento”.

Desde entonces ha trabajado en almacenes y tiendas para mantenerse cerca de Medellín mientras el proceso se resuelve. Fue gracias al mismo sacerdote que le consiguió una habitación de hotel el día de la muerte de su familia, que logró contactar a un abogado y emprender el pleito judicial.

El 2 de agosto de 2019, después de seis años de que María interpusiera la demanda, el expediente llegó al despacho del juez Saúl Martínez Salas, en el Juzgado 26 Administrativo de Medellín. Allí sigue a la espera de una sentencia.

El proceso se ha alargado como la mayoría de los casos de reparación directa que se realizan en Colombia ya que, en estos casos, las normas no estipulan un tiempo máximo para que se emita un fallo.

La controversia radica en sobre quién recae la responsabilidad y esto es lo que, en parte, ha dilatado el caso de María.

Aunque el departamento de Antioquia aparecía como el principal responsable del mantenimiento del puente al ser delegado para ese fin por el Ministerio de Cultura, siete meses antes del accidente, en abril de 2011, la Gobernación había celebrado un contrato con el municipio de Santa Fe de Antioquia con ese propósito. Durante el proceso ninguna de las entidades involucradas aceptó conciliar. Según el Banco Mundial, Colombia es la sexta justicia más lenta en el mundo. Pasan ministros, alcaldes, gobernadores y María sigue esperando el fallo de la justicia que declare la negligencia del Estado.

María no recuerda con detalle lo que pasó los días después del accidente. Su memoria vuelve a fallar “quizá por el trauma”, dice ella. Pero sabe que se pasó el tiempo llorando y esperando una llamada de los rescatistas. Fueron varias las que recibió para informarle del rescate de algún cuerpo, pero ninguno de su esposo o su hija. Ahora vive en una casa pequeña en Castilla, en el noroccidente de Medellín, lejos de los cultivos entre los que creció y formó una familia. Trabaja junto a su hermana en un depósito de materiales y la llamada que espera es una que le anuncie algo de justicia.

Especial

Fotografía: David Londoño Medina

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Este especial es un relato a varias voces; podemos decir que es una obra colectiva. Citamos a Ryszard Kapuściński, que dice que el reportaje lo escriben muchos autores y es imposible que lo escriba una sola persona “pues se compone de voces y experiencias de mucha gente”.

Varios maestros dicen que este mal lo sufren los periodistas que no salen de la sala de redacción. En estos meses la calle ha sido también la casa, la ventana, el balcón, el Meet, el Zoom, el WhatsApp, el correo electrónico, la llamada telefónica. Las fuentes vuelven una y otra vez por medio de estas plataformas. Cambiaron los medios, pero no el “pacienciar” de Castro Caycedo para investigar con calma, para comprender y contar.

Entreabierta: Colombia en pospandemia surgió en los primeros meses de cuarentena, cuando varios profesores se preguntaron qué sería del país en unos meses o en unos años, más allá de contar muertos y contagiados. Si esta nueva realidad desnudaría aún más algunos de los problemas de Colombia valdría la pena contarlos, incluso, preguntarse qué hacer para enfrentarlos. Para ello, se unieron cuatro profesores, más de 30 estudiantes de Periodismo en Medellín y Comunicación Social-Periodismo en las regiones y el laboratorio de periodismo De la Urbe; eligieron sus temas y formatos e investigaron estas historias durante cuatro meses. Cinco de ellas hacen parte de esta edición impresa.

Después de las clases, la reportería, los talleres periodísticos, asesorías y el acompañamiento de los profesores del laboratorio, celebramos este especial transmedia con el que seguimos aprendiendo de la convergencia. Celebramos la edición 100 del periódico De la Urbe y el estreno del nuevo portal digital con 11 grandes temas: indagamos por la pobreza oculta, la ciencia para la salud, la vida nocturna en Medellín, el internet y la desigualdad, los colombianos varados en el exterior, los nuevos relacionamientos, la educación rural en Medellín y en la Universidad de Antioquia, los materiales de un solo uso y la economía campesina. Aquí, en la 100, están algunas de esas historias.

Las demás los esperan en nuestro nuevo sitio web.

¿Qué es Entreabierta: Colombia en pospandemia? Es un diagnóstico del país y sus problemas eternos, recrudecidos con la pandemia.

Sobre todo, es una pregunta por el país soñado, aquel que cambie su desigualdad e inequidad: una utopía.

Es incluso paradójico que algunas historias de este especial no recojan los consejos que Germán Castro Caycedo, un maestro del periodismo, recomendó por muchos años a la hora de buscar una historia: ir al lugar, permanecer allí, encontrar un personaje y una historia. La pandemia y sus consecuentes restricciones para el cuidado de la salud no lo permitieron.

Esta palabra, que viene del francés reportage, significa que se trata del relato de alguien que va a un lugar, presencia un hecho y luego lo cuenta. Muchas historias de este especial no se acomodan a esos procedimientos. Es cierto que la vida ha sido distinta este último año y por tanto el periodismo también cambió. No por ello estas historias dejan de ser rigurosas, comprometidas e investigadas.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Felipe Osorio Vergara felipe.osoriov@udea.edu.co

Emmanuel Zapata Bedoya emmanuel.zapata1@udea.edu.co

José David Chalarca Suescum jose.chalarca1@udea.edu.co

No. 100 Medellín, octubre de 2020

implementó con el fin de reducir la velocidad de contagio en la Comuna 10. Según Fenalco Antioquia, esa zona agrupa el 20.3 % de las compañías de la ciudad; de estas, el 88 % corresponde a microempresas que, en muchos casos, carecen de recursos económicos para afrontar la crisis.

Para Carlos Díaz, asesor laboral de la Escuela Nacional Sindical (ENS), una medida necesaria para frenar la pérdida de empleos en la ciudad es el apoyo a las mipymes: “El primer paso es defender que lo que hoy existe no se derrumbe, sea el pequeño restaurante del

Ilustración: Anne Elizabeth Magnusson Saldarriaga

Ilustración: Anne Elizabeth Magnusson Saldarriaga

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espués de cuatro años de trabajar en una peluquería de Envigado, doblar su turno y conseguir su propia clientela, Roberto Rodríguez decidió independizarse. Guardaba la esperanza de mejorar sus ingresos y tener su propio negocio. En febrero, comenzó a acondicionar un local arrendado en ese mismo municipio. El 19 de marzo de 2020 inauguró su peluquería, pero dos días después tuvo que cerrarla por la cuarentena decretada por el Gobierno nacional.

Durante dos meses y medio no recibió ingresos. Sin embargo, sus deudas no se congelaron. Tenía que pagar las cuotas de los muebles e implementos de su salón de belleza, pues los había comprado a crédito. Ante la imposibilidad de trabajar, llegó a un acuerdo con el arrendador, pero aun así debía pagar el 50 % del alquiler.

Como su peluquería, el 72.8 % de los empresarios del país disminuyeron sus ingresos de operación, de acuerdo con la Encuesta de Liquidez de las Empresas llevada a cabo en junio de 2020 por la ANDI. Ese también fue el caso de Edison Restrepo, gerente administrador de Afilatec, microempresa que desde 1999 presta servicios de afilado y fabricación de herramientas de corte. Antes de la cuarentena tenía ocho empleados en su local del centro de Medellín, pero ahora redujo su personal a la mitad.

Al igual que Afilatec, durante el segundo trimestre de 2020, el 32.6 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tuvieron despidos de personal o cancelaciones de contratos de acuerdo con la Encuesta de desempeño empresarial del segundo trimestre de 2020, publicada por la Asociación Colombiana de Mipymes.

Al depender Afilatec de otras empresas para prestar sus servicios, se vio perjudicada por el cierre de establecimientos. “Si fuéramos a hablar de pérdidas, estamos entre el 70 % y 80 % de lo que realmente ofrecemos”, sostiene Restrepo.

Además, microempresas como esta, ubicadas en el centro de Medellín, se vieron aún más afectadas por la cuarentena sectorizada del 13 al 26 de julio que se

centro, la pequeña heladería, los pequeños negocios que hoy dan empleo”.

Gran parte de estos microempresarios y trabajadores independientes hacen parte de la clase media o por lo menos son la base para que se ubiquen en ella.

De acuerdo con la revista Finanzas & Desarrollo del Fondo Monetario Internacional, las nuevas y pequeñas empresas son el “semillero” donde surge la clase media, y si esta es débil se frena el progreso económico y social de la mayoría de los países en desarrollo.

25 Radiografía de la clase media

En Colombia la medición de la clase media depende de la metodología empleada. Para el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la clase media la conforman aquellos hogares cuyos ingresos mensuales están entre un salario mínimo (878.000 pesos) y cuatro millones de pesos.

Pero según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, no existe una sola clase media sino dos: la clase media consolidada, con ingresos diarios entre 13 y 70 dólares, y la clase media vulnerable, con ingresos diarios desde 5.5 y 13 dólares.

Tanto para el Dane, como para el Departamento Nacional de Planeación, basados en la metodología del Banco Mundial, la clase media corresponde a las personas con ingresos diarios entre 10 y 50 dólares que, ajustados al costo de vida de Colombia, son aquellas que ganan entre 600.000 y tres millones de pesos.

De acuerdo con León Jairo Arcila, economista y magíster en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, esta clase social se encuentra, principalmente, en los estratos tres, cuatro y, algunas veces, cinco. Su importancia radica en el consumo y en su capacidad para potenciar el crecimiento económico. “El peso que puede tener la clase media está asociado con un mejor comportamiento económico y mayor estabilidad política.

Algunos autores la describen como columna vertebral de la economía de mercado y la democracia”, señala Arcila.

Además, como plantea Gerardo Villa, magíster en Gestión de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia, este grupo es importante en la formación de valores y principios porque fomenta el trabajo y la generación de riqueza.

Pero la pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad económica de la clase media frente a las crisis, debido a que “no tiene acceso a los subsidios, beneficios y transferencias del Gobierno nacional, como sí lo tienen los estratos más bajos. Tampoco tiene las condiciones económicas para poder enfrentar adecuadamente los impactos de la pandemia como la clase alta”, afirma el economista Arcila.

Según el Informe de calidad de vida 2016-2019 de Medellín Cómo Vamos, la clase media la conforma el 65.8 % de los habitantes del Valle de Aburrá. Sin embargo, hay que tener en cuenta que “ya se deben haber presentado cambios en el nivel de ingresos de una gran parte de la población, pero las mediciones de este tipo se realizan, normalmente, con carácter anual”, informaron en junio, vía correo electrónico, voceros de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín.

En el contexto latinoamericano se han acuñado términos como “nueva pobreza”, “sectores medios pauperizados” y “pobreza de puertas adentro” para referirse a una clase media cuyos ingresos decayeron y se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Para la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la pobreza se oculta cuando un gobierno no logra identificar la totalidad de los pobres, se mide la pobreza omitiendo variables —por ejemplo, cuando no se considera la calidad de la educación sino la cobertura—, se asumen unos parámetros que no permiten ver nuevas situaciones de pobreza en los estratos medios y altos. Una población empobrecida oculta su situación de manera intencional, o al existir una población más amplia en situación de pobreza estructural que lleva a que la pobreza coyuntural no sea prioridad para la inversión social.

“Ante la pandemia, son muchos los que se encuentran vulnerables, pero, a la vez, es muy difícil que las personas lo manifiesten e identificarlos. Pues en la pobreza oculta hay un dilema de tres componentes: ingresos, estatus y obligaciones. Esto hace que además de sentirse vulnerables se sientan avergonzados por su situación”, explican Catalina Chacón, economista de la Universidad Industrial de Santander, y Nathalia Ramírez, economista de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, en el artículo Pobreza en Colombia, en tiempos de covid-19, publicado en mayo de 2020.

¿Cómo enfrentar la crisis?

Una estrategia adaptada a la reactivación económica y a un contexto de pandemia y pospandemia es la de enfocarse en la tecnología y la innovación. “La innovación tecnológica está dirigida a la comunicación que deben tener los empresarios y los profesionales independientes con sus públicos objetivos. Ahí es donde la tecnología ayuda a mejorar procesos comerciales y de mercadeo”, propone Juan Manuel Rodríguez, especialista en Comercio Electrónico del Sena.

Entre tanto, Carlos Díaz, de la ENS, sugiere una nueva perspectiva de la política económica encaminada al “crédito de fomento, precios de garantía para la producción de alimentos, estabilidad cambiaria, reforma tributaria equitativa, progresiva y eficiente”. Para él, la clave en un enfoque de pospandemia está en el fortalecimiento de la industria y en el desarrollo de manufacturas que agreguen valor. “Así se contribuye a empleo de mejor calidad y en más cantidad”, agrega Díaz.

Para los economistas Villa y Arcila, un plan de salvamento para los microempresarios ayudaría a reducir el impacto que el confinamiento ha traído para la clase media del Valle de Aburrá. Este “salvavidas” debe ir encaminado al crédito que permita dinamizar los negocios y, con ello, incentivar el empleo.

Si bien es cierto que a muchos microempresarios no les prestan en entidades bancarias por carecer de historial crediticio y respaldo, existen otras iniciativas de acceso al crédito desde diferentes entidades estatales y cooperativas.

Ante la crisis, “la responsabilidad del Estado se torna mayor. En este caso, se piensa que es necesaria una flexibilización de la focalización de ayudas, garantizando su llegada progresiva a pobres y no-pobres”, plantean las economistas Chacón y Ramírez.

Gracias al Decreto 749 de mayo de 2020, que permitió la reapertura de varios sectores, Roberto retomó el 6 de junio el trabajo en su peluquería, luego de implementar los protocolos de bioseguridad. “Solamente el mes de junio fue bueno. En este momento todo está quieto. No se está trabajando nada. Los ingresos se redujeron del todo. La gente tiene mucho miedo a salir por el pico de la pandemia”, afirmó Roberto en julio.

Finalmente, su decisión fue cerrar el local por el que ya debía pagar, de nuevo, la totalidad del canon de arrendamiento. Durante algunas semanas prestó sus servicios a domicilio, pero en septiembre pudo reintegrarse al negocio donde trabajaba antes de la pandemia. Su caso es el reflejo de una clase media emprendedora, empobrecida por la coyuntura, que si no recibe apoyo o logra emplearse pasaría a engrosar la pobreza estructural.

Parte de las personas que se ubican en la clase media han logrado formarse en educación superior y acceder a un patrimonio. No obstante, dependen de sus ingresos para sostenerse, pues carecen de otras fuentes de capital.

De acuerdo con el informe La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina del Banco Mundial, “el trabajador de clase media en América Latina es un trabajador de los servicios razonablemente educado, empleado por una empresa privada con un contrato formal, que le da derecho a prestaciones sociales en una zona urbana”.

A ellos se suman algunos micro y pequeños empresarios. Pero debido a las medidas sanitarias y al cierre de establecimientos, para muchos las entradas económicas se han reducido o desaparecido; este es el caso de Guillermo Vallejo, administrador del bar Sicosis.

Este negocio, fundado en 2011, atraía a un público aficionado al rock y era punto de encuentro para muchos estudiantes y profesores, dada su cercanía a la Universidad Nacional sede Medellín. Con el Decreto 420 de marzo de 2020 que prohibió las aglomeraciones y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio, Sicosis cerró y dejó desempleados a Guillermo y a otra trabajadora del bar.

“En abril nos dijeron que cubriéramos un 50 % del arriendo, pero en mayo ya teníamos que pagar un 75 % del valor; es inviable, porque no se había podido vender ni una gaseosa. Entonces en mayo entregamos el local. Cerramos y estamos en casa sin entrada de nada, porque estábamos viviendo de eso”, asegura Vallejo.

Como Sicosis, solo en los dos primeros meses de confinamiento, el 30 % de los bares de rock de Medellín han tenido que entregar sus locales, sumando pérdidas de alrededor de 300 millones de pesos, de acuerdo con Asorock Medellín. Para esta asociación, de 17 bares encuestados, el 60 % de los propietarios no cuenta con otros ingresos, poniendo en riesgo a 81 trabajadores y 47 bandas de la ciudad.

Esto no es exclusivo de los bares de rock, sino reflejo de la crisis del sector de entretenimiento en Medellín.

La pobreza oculta

Ante la crisis, personas como Guillermo, Edison y Roberto, pertenecientes a la clase media, afrontan una situación de vulnerabilidad: un fenómeno conocido como “pobreza oculta”. De acuerdo con el informe de 2014, Demografía, población y diversidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, este concepto surgió en Europa y Norteamérica para aludir a que países con bajos niveles de pobreza no visibilizan las minorías de bajos recursos que la habitan —como los inmigrantes—, lo que imposibilita satisfacer sus necesidades.

Ilustración: Anne Elizabeth Magnusson Saldarriaga

Los nuevos “no pobres”

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Gladys Seña gladys.sena@udea.edu.co

Juan Diego Mercado diego.mercado@udea.edu.co

Claudia Jimena Franco jimena.franco@udea.edu.co

Ilustración: Karen Parrado Beltrán | @piedemosca

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a mañana del 16 de marzo, con el frío del páramo de Sonsón calando en los huesos, el profesor Humberto Alonso Cardona Pemberti se montó en su moto y emprendió camino por carretera destapada, levantando polvo y saludando con el pito a todo aquel que se encontrara en el camino que conduce a la escuela rural de Sirgüita. Esa fue su rutina durante los últimos cuatro años. Una hora después, a las ocho en punto, lo esperaban en la puerta del salón seis niños y 10 niñas de básica primaria, a quienes enseña matemáticas, lenguaje y ciencias sociales, y quienes ese día tenían preguntas sobre la continuidad de sus clases.

Apenas habían transcurrido cuarenta días de clases en el 2020 cuando un virus, que no estaba en los planes de Humberto Alonso ni de nadie, los obligó a suspender las actividades escolares. El 16 de marzo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ordenó cerrar los centros educativos del país y adelantar las vacaciones hasta el 20 de abril como estrategia para contener la propagación de la covid-19 que ese día ya sumaba 57 personas contagiadas en Colombia. Basándose en la orden, tanto la de Sirgüita como las 3534 escuelas rurales que hay en Antioquia, las cuales representan el 72 % de los centros educativos del departamento, suspendieron clases.

No. 100 Medellín, octubre de 2020

El día del anuncio de la ministra, el profesor Humberto reunió a sus estudiantes para contarles que tendrían que regresar a la escuela un mes después porque el virus estaba avanzando y debían cuidarse. “Cuando inicialmente se suspendieron las clases, tanto los estudiantes como yo teníamos la expectativa de que esto iba a ser por muy corto tiempo y esperábamos volver a las aulas prontamente. Por lo tanto, la reacción fue, digamos, como un breve receso”, comenta.

Las actividades académicas se integran a la rutina del hogar: Mineducación

El mensaje de la ministra de Educación estaba acompañado de una indicación adicional: “En paralelo —al receso de los estudiantes— los maestros y las maestras estarán dos semanas preparando todo el material requerido para alistarnos para modelos flexibles o virtuales”. Es decir, los profesores generarían en 10 días nuevas metodologías para integrar los procesos pedagógicos y los contenidos de las clases a la rutina del hogar, sin imponer, como lo reiteró la ministra, las características propias de la educación presencial.

27 Para cumplir lo propuesto, se aconsejó a los docentes evaluar las posibilidades de los territorios para retomar las actividades académicas desde las condiciones que ofrecían el internet, la radio y los materiales impresos. Desde el principio, Humberto descartó el uso de internet para dictar las clases porque las veredas donde viven sus estudiantes no tienen conectividad y tampoco la escuela rural.

Según la encuesta sobre educación formal realizada por el Dane en el 2018, en Sonsón de 103 sedes educativas rurales solo 17 tienen internet.

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), la desconexión de las zonas rurales de Sonsón se repite en el 92 % de veredas antioqueñas, ya que no cuentan con puntos de acceso comunitarios a internet, una estrategia nacional que buscó conectar a los territorios con las TIC bajo el nombre de Kioscos Vive Digital. En Apartadó, por ejemplo, de 52 sedes rurales, 24 tienen acceso a internet y siete de ellas, aunque figuran con internet en la encuesta del Dane, no tienen energía.

En el corregimiento de San José de Apartadó están ubicadas 34 escuelas rurales adscritas a la Institución Educativa Rural Bartolomé Cataño Vallejo, algunas separadas por jornadas de desplazamientos entre una y nueve horas de camino por trochas, lomas y quebradas. Las sedes cuentan con 74 docentes que atienden cerca de 1500 personas, entre niños, niñas, jóvenes, campesinos adultos y excombatientes. Aunque en el centro poblado hay un Kiosco Vive Digital, la institución decidió no implementar las clases virtuales. “Nosotros en las veredas no tenemos ese beneficio. En primer lugar, la señal de internet por allá no existe; en pocas veredas entra la señal para celular. Tampoco tenemos computadores ni portátiles”, dice Efrén Pineda, rector de la institución.

Juan Diego Cardona Restrepo, subsecretario de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Antioquia, es consciente de las carencias que tienen estos territorios para asumir la virtualidad como alternativa a los cursos presenciales: “Pensar las zonas rurales en clases virtuales, para mí, es una utopía. Sería desconocer la realidad que tenemos”.

En el contexto rural antioqueño, la radio prometía más que el internet. Si se mira en el retrovisor, Colombia ha tenido experiencia emitiendo programas educativos en medios tradicionales. Tal es el caso de Radio Sutatenza, un proyecto que tuvo el propósito de formar a campesinas y campesinos del país en áreas como matemáticas, castellano y relaciones humanas desde la cabina de la emisora del municipio de Sutatenza, en Boyacá, entre 1947 y 1989. Adicionalmente, de acuerdo con el Centro Nacional de Consultoría, la audiencia radial en el país durante la pandemia aumentó un 5 %, comparado con el año pasado, es decir que el 89 % de los colombianos escucha alguna emisión radial.

Ahora bien, como consta en el consolidado del servicio de Radiodifusión Sonora de MinTIC, en Antioquia hay 197 emisoras: 79 comerciales, 83 comunitarias y 35 de interés público divididas en 89 municipios. Pero el panorama es complejo: en Nariño, en el suroriente de Antioquia, Alonso Hernández, docente de la escuela San Andrés, menciona que la única emisora que hay en la zona cobra 50.000 pesos por una hora de clase; mientras en Briceño, en el norte del departamento, la cadena radial Briceño Stereo afirmó que ofrecieron el espacio a los maestros, pero no aceptaron la invitación; por último, en Concordia, en el suroeste antioqueño, la emisora Radio Suroeste comentó que la parrilla de producción ya estaba definida y que difícilmente, por la situación económica del medio, podrían abrirle el espacio a los docentes.

Humberto no consideró la posibilidad de la radio en la escuela de Sonsón porque no tenía información de cómo emitir las clases. “Nunca he pensado en utilizar la radio porque como docente no estoy preparado para dar clases radiales, y porque creo que sería necesario un material diferente; además, no creo que una emisora me brinde un espacio para darles clases a dieciséis estudiantes”, dice.

Ante este panorama, los materiales impresos resultaron ser los recursos de enseñanza que se adaptan con más facilidad a las ruralidades de Antioquia. Humberto recorre un día a la semana cerca de 10 kilómetros en moto por carretera destapada, cruzando ríos y cafetales, hasta las casas de sus estudiantes, ubicadas entre las montañas que separan los departamentos de Antioquia y Caldas. Allí, lo esperan los estudiantes y sus familiares para recibir las unidades didácticas, los talleres para elaborar durante la semana y la evaluación cuantitativa de las actividades hechas en los descansos del jornal.

En el caso del corregimiento de San José de Apartadó, los profesores han trabajado con las cartillas donadas por el Gobierno nacional basadas en Escuela Nueva, una propuesta metodológica implementada en la educación rural colombiana desde 1961, cuyo proceso de aprendizaje está mediado por el contexto para adaptar los conocimientos a los territorios. También han utilizado los materiales didácticos del Programa Todos a Aprender (PTA), los cuales buscan fortalecer a los estudiantes en las competencias básicas: matemáticas, ciencias naturales, sociales y lenguaje.

Para llegar a los estudiantes, algunos maestros recorren durante horas las trochas de las veredas de San José

de Apartadó, y otros envían los talleres cada 20 días con padres de familia y presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Asimismo, ellos se han encargado de entregar los alimentos del Programa de Alimentación Escolar. Sin embargo, en algunas comunidades como la vereda Mulatos Medios el encuentro con los estudiantes no es una alternativa, pues por el miedo al virus los habitantes prohibieron la entrada a personas que no hacen parte del territorio.

¿Cuáles son las respuestas que necesita la educación rural en Antioquia?

Por lo que resta del año, profesores como Humberto seguirán haciendo largos recorridos hasta las escuelas rurales para llevar materiales y sus estudiantes seguirán realizando sus talleres en casa y recibiendo algunas explicaciones por WhatsApp. El 13 de junio el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) afirmó que para regresar a las clases presenciales las instituciones deben cumplir con un protocolo sanitario para la prevención de la covid-19, que incluye suministro de agua potable, manejo de residuos, aseo, limpieza, desinfección de áreas y superficies, jabón y dispensadores de alcohol y, según Alexandra Peláez, secretaria de Educación de Antioquia, algunas sedes oficiales públicas del departamento no las cumplen.

“En vista de los requerimientos de Mineducación y una vez estudiados todos los asuntos legales, hemos decidido que Antioquia privilegiará la educación en casa este resto de año para nuestros colegios oficiales. Nosotros todavía tenemos colegios sin agua potable y eso hace inviable el regreso para muchos de nuestros estudiantes”, dice Peláez.

En Antioquia, conforme a los datos de la Gobernación, cerca de 500 escuelas no cuentan con agua y más de 2300 no la disponen potable. Las regiones más afectadas son Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Occidente.

Ninguna de las escuelas de San José de Apartadó, por ejemplo, tiene este servicio, y la inversión en estas es nula dado que están en predios no legalizados; en total, como lo referencia el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023, 1808 predios de sedes rurales de Antioquia no tienen titularidad de la propiedad, lo que dificulta el cumplimiento del protocolo exigido por Mineducación.

Al respecto, el subsecretario Juan Diego Cardona dice que el departamento está trabajando en el diagnóstico del estado de infraestructura de las sedes educativas y adelantando conversaciones con diferentes empresas públicas para dotar a las instituciones de agua potable. Sin embargo, no hay una fecha clara para establecer cuándo llegará el servicio a los centros educativos.

Por ahora, para el municipio de Apartadó, dice Egidio Correa Córdoba, líder de planeación educativa del municipio, las tres apuestas principales tras finalizada la pandemia serían el mejoramiento de infraestructura educativa, la legalización de predios y la construcción de restaurantes escolares.

En Sonsón, Mary Luz Jurado Orozco, secretaria de Educación, cree que la pandemia dejó al descubierto las necesidades que a gritos piden las sedes rurales: “Esta situación nos lleva a pensar y a reflexionar cada vez más en la atención efectiva a la población rural que de pronto ha sido la más descuidada, la que se deja en un segundo plano”.

Jurado plantea que los entes administrativos deben apuntar a resolver los problemas básicos como el acceso al agua potable, además subraya la necesidad urgente de conectar a internet los centros rurales para mejorar los procesos académicos y estar a la orden del día con las exigencias del momento.

En contraste, Cristian Camilo Otálvaro, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y experto en educación y TIC, cree que hay afán por digitalizar la educación e invita a tener cierta sospecha sobre la pertinencia de las herramientas digitales en las aulas de clases. “Estamos descrestados frente a los discursos de las tecnologías digitales, por eso vemos en esas tecnologías la salida. El problema es que no se consulta a las comunidades las formas de tecnología que van llegando. Hay un principio de realidad, y es que no todos somos de carriel y sombrero. El uso y apropiación de las tecnologías es muy diferente en cada contexto”, menciona Otálvaro.

Es decir, para intentar resolver uno de los problemas de la educación rural, se debe entender las realidades rurales y la relación que las comunidades tienen con las tecnologías para tomar las decisiones didácticas y pedagógicas que guían los procesos de aprendizaje.

Liliana Franco Cano, investigadora en educación y TIC de la Universidad de Antioquia, también argumenta que el uso de las tecnologías en el ámbito formativo debe partir de las necesidades concretas de las comunidades educativas. “Se debe, entonces, identificar lo que necesites para que puedas integrar la herramienta que mejor se acomode a ti. Esto, cuando uno tiene voluntad, interés y vea la necesidad”, dice.

Por eso para Efrén, rector de la institución educativa rural de San José de Apartadó, más que hablar de virtualidad “se requiere el apoyo decidido hacia las didácticas flexibles como lo son la Escuela Nueva, el tema de posprimaria, el PTA; estas didácticas flexibles son fundamentales en nuestras veredas porque son distintas a la educación urbana, están adaptadas a la parte agrícola y pecuaria, y trabajan por proyectos”.

El profesor Humberto Alonso, de momento, no ve la necesidad de utilizar las TIC porque en la escuela de Sirgüita no hay una cultura digital y hace hincapié en que el proceso de enseñanza-aprendizaje como lo venía realizando antes de la pandemia es el que, por las características del territorio, mejor funciona.

Aunque el subsecretario Cardona considera que la solución a las dificultades de la educación rural no las puede resolver la virtualidad, uno de los proyectos más ambiciosos de la Secretaría de Educación de Antioquia para atender a las necesidades que tienen las escuelas rurales es Unidos a un Clic, programa que busca conectar a internet 3397 sedes educativas oficiales rurales. Esto, como consta en el Plan de Desarrollo, para facilitar los procesos de aprendizaje de la comunidad y acercarlos cada vez más a las TIC. Entre tanto, Cristian Camilo Otálvaro y Liliana Franco coinciden en que desde la centralidad se subestiman los procesos de comunicación educativos que han construido y estimulado por años las veredas antioqueñas, y califican como peligrosa la manera forzosa de exigirle a los docentes y a los estudiantes el uso de las TIC en los procesos educativos. Por eso, a la hora de pensar en la incorporación de las TIC en la educación, hacen el llamado a respetar las maneras que han sabido encontrar los territorios para incorporar las herramientas en la educación. “Si a un profesor le funciona algo utilizando un tablero y marcador, ¿por qué va a utilizar una tablet?”, concluye Otálvaro.

En todo caso, por ahora los anhelos de conectar a internet a las escuelas rurales de Antioquia, como lo propuso el gobierno departamental, quedarán en lista de espera porque las necesidades vitales acumuladas de las sedes rurales, esta vez, no dan oportunidad de escape.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Caterine Jaramillo González caterine.jaramillog@udea.edu.co

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¡Lo logramos!”, fue lo primero que le dijo Francisco Javier Díaz a su compañero Wbeimar Aguilar, ambos profesores de la Universidad de Antioquia e integrantes del grupo Inmunovirología de la Facultad de Medicina. Con los puños elevados y levantándose de su silla, Díaz celebraba en su laboratorio haber observado, a través del microscopio, el aislamiento del SARS-CoV-2.

Fue el sábado 4 de abril. El profesor Francisco llegó a la Sede de Investigación Universitaria (SIU) a eso de las 8:30 de la mañana y buscó los elementos necesarios para comprobar visualmente el aislamiento del virus y registrar el hallazgo. “Yo sabía que esto lo teníamos que documentar muy bien, con foto y todo porque si no iban a pensar que de pronto estábamos tirando ‘el cañazo’. Por eso estaba pensando en la foto, la foto”, dice Francisco. Media hora después llegó el profesor Wbeimar y entraron al laboratorio con sus “trajes espaciales”, como ellos llaman a sus equipos de bioseguridad.

El encuentro de ese sábado no era normal en la rutina de trabajo del grupo de investigación. Ocurrió para confirmar las sospechas que su compañera Lizdany Flórez había sembrado en ellos el día anterior: la investigadora había notado un cambio morfológico en la superficie de las células VERO-E6, las cuales provienen del mono verde africano y que el grupo usó para el procedimiento que habían iniciado apenas unos días antes.

“Ella nos avisó el viernes, pero ya era muy tarde como para ir a verificar lo que estaba viendo, de todas maneras, tomó una foto con el celular sobre el lente del microscopio, algo que es muy complicado de hacer, pero quedó excelente. Apenas vi esa foto en el WhatsApp dije: ‘¡Pero cómo así que ya hay crecimiento!’”, recuerda Francisco.

En la fotografía que les envió su compañera había dos figuras circulares que, a simple vista, podrían confundirse con la parte externa de un melón. La diferencia entre las células sanas y las infectadas es casi imperceptible. En la primera figura se observa algo así como la piel de un melón uniforme; en la segunda, se ve la cáscara agrietada o como si fuera una luna llena con sombras en algunas partes de su superficie. Sin embargo, los investigadores aún tenían reservas ante la posibilidad de que las diferencias fueran producto de agentes tóxicos que podían haber dañado las células del cultivo.

Wbeimar no dejaba de pensar en el proceso, la curiosidad que le generaba ver la foto con el resultado de uno de

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Mateo Ortiz Valencia mateo.ortizv@udea.edu.co

los cultivos lo mantuvo inquieto durante esa noche. “Fue un momento de expectativa, ansiedad y optimismo con un poco de reserva. Yo dije: ‘Listo, hay que ir al día siguiente a confirmar que esa observación no fue sutil’”, dice.

¿Y cómo fue el proceso?

Una semana después de que el Instituto Nacional de Salud confirmara el primer caso de covid-19 en el país, el grupo Inmunovirología, coordinado por la profesora María Teresa Rugeles, se planteó realizar el aislamiento con la intención de aportar conocimiento sobre el virus. Sabían que tenerlo controlado en el laboratorio abría la posibilidad de avances investigativos en el país, algunos relacionados con tratamientos para pacientes diagnosticados y otros, por ejemplo, para evaluar la eficiencia de productos utilizados para eliminar el virus en superficies.

Fue así como Wbeimar, Francisco, Lizdany y María Teresa, en medio del aumento de casos, las medidas de distanciamiento social y el aislamiento preventivo obligatorio, decidieron aventurarse y hacer lo que todavía nadie había logrado en el país.

“Estábamos en constante contacto. Decíamos: ‘Revisemos este artículo y miremos qué posibilidades hay’, o ‘¡Ay!, yo encontré esta célula también, ¿qué opina el profe?’.

No fue que en una reunión se organizara todo el cronograma, sino que paulatinamente íbamos avanzando. Correo va, correo viene; WhatsApp va, WhatsApp viene, o una llamada”, describe Wbeimar.

Durante esta revisión los investigadores se dieron cuenta de que era necesario contar con un laboratorio de seguridad nivel tres, en una escala que va hasta el nivel cuatro. Además, eran necesarias algunas líneas celulares para que el SARS-CoV-2 se reprodujera ya que, por sí solo, ningún virus es capaz de hacerlo. Ambas condiciones estaban resueltas: casualmente, en su stock contaban con células de tipo LLC-MK2, VERO y VERO-E6. Todas provienen de los riñones de algunos monos que, a través de técnicas como la clonación, han podido mantener reservadas en congeladores.

“Ya teníamos la infraestructura dentro de la Universidad porque nuestro laboratorio es de nivel tres y teníamos unos trajes de un nivel mayor de bioseguridad del que se requiere para el manejo de este virus. Contábamos con tres tipos de células, utilizadas en investigaciones previas con

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De la sospecha a la realidad

Volviendo a ese sábado 4 de abril, a los investigadores aún les quedaba un largo camino por recorrer. Luego de la observación a través del microscopio, debían confirmar científicamente lo que su experiencia les indicaba, así que decidieron dividirse tareas: Wbeimar debía buscar el genoma del virus para llevar a cabo otra prueba de PCR y Francisco se encargaría de aplicar al cultivo una técnica más tradicional llamada inmunofluorescencia, que registra la reacción de los anticuerpos ante la presencia del virus.

Mientras Francisco se encontraba en la cabina de trabajo separando las células del resto del líquido, al agarrar con su mano el tubo de ensayo dimensionó la seriedad de lo que estaban haciendo. “Si ese virus había destruido las células en tan poco tiempo y sabiendo que en el cultivo los virus se multiplican miles y miles de veces, ¡juepucha! cogí

ese tubo de ensayo y dije: ‘Aquí hay suficiente virus para infectar a la mitad de Medellín, por lo menos’, entonces, sí fue un momento bastante intenso y sentía que todo el esfuerzo, el trabajo y las inversiones habían valido la pena”.

Ese mismo sábado en la tarde ambos profesores se reunieron para compartir sus resultados. La PCR mostró que en el cultivo había una carga viral mil veces mayor que la hallada en la muestra del paciente. Y en la inmunofluorescencia, el lente del microscopio se iluminó color verde, lo que indicaba que había presencia de virus.

Al terminar el día, la profesora María Teresa llamó al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, para anunciarle el resultado del proceso. El rector se entusiasmó tanto con la noticia que propuso realizar una rueda de prensa al día siguiente. “¿Quién hace una rueda de prensa un domingo?”, se pregunta Francisco.

El anuncio público terminó dándose el lunes 6 de abril, día en el que comenzó para los investigadores una semana de felicitaciones, pero también de críticas y asedio de los medios de comunicación. Otros profesores llegaron a decir que ese proceso podría salirse de control y ser un “Hidroituango viral”. Incluso, algunos dijeron que no regresarían a la SIU hasta que el grupo dejara de trabajar en el virus.

“Yo creo que los profesores que nos criticaron por habernos metido con esto, en cierto sentido nos hicieron un favor, porque nos obligaron a hacer una pausa con lo del cultivo del virus mientras se hacían unos ajustes, como por ejemplo renovar los filtros del laboratorio, mejorar la seguridad de entrada, organizar unos protocolos, poner llaves y ciertas barreras para que nadie entrara por equivocación”, explica el profesor Francisco. Esa pausa duró dos semanas, mientras se reforzaban las medidas de bioseguridad.

El tiempo de quietud le sirvió al equipo para asimilar lo importante que fue ese logro. Para cada uno tuvo un significado diferente en lo personal y en lo profesional.

Por ejemplo, para Wbeimar, que hace poco se graduó de su doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, significó un hito en su carrera: “Es sentir orgullo por haber hecho parte de este equipo de trabajo y hacer algo que aportó en esta situación. Eventualmente, uno piensa que en el futuro esto va a fortalecer mi perfil como científico”.

Para la microbióloga Lizdany, que recién culmina su maestría en Virología, significó una oportunidad para poner a prueba sus conocimientos. “El logro del aislamiento fue un reto, una oportunidad para poner en práctica todo lo que he estudiado y aprendido. En mi campo específico de la virología me ha permitido aprender muchas cosas y creo que esto siempre va a marcar un momento importante en mi formación”, dice.

Mientras el profesor Francisco expresa que aislar el virus fue una especie de culminación, no porque el retiro esté entre sus planes cercanos, sino más bien porque todas las experiencias por las que había tenido que pasar hasta ese momento, como su preparación en Estados Unidos y haber trabajado con otros virus como VIH y dengue, fueron vitales en esta investigación.

Una anécdota suya resume el sentimiento que dejó el proceso en el grupo. “Alguna vez un profesor me dijo que descubrir un virus era como tener un hijo. Te genera

"Dije: ‘Aquí hay suficiente virus para infectar a la mitad de Medellín, por lo menos’, entonces, sí fue un momento bastante intenso y sentía que todo el esfuerzo, el trabajo y las inversiones habían valido la pena”.

alegría, pero por otro lado es una carga por la que uno tiene que responder ante la comunidad científica, los medios, los estudiantes y la sociedad. Ese ha sido también nuestro caso. Haber aislado ese virus fue como tener un hijo, que nos alegró mucho la vida, pero que también nos trajo un montón de responsabilidades y preocupaciones que nos han tenido muy ocupados todos estos meses”.

Fotografía: cortesía Francisco Díaz

el SARS-CoV-1, que afectó a algunos países asiáticos en el 2003. Entonces, digamos que contábamos con todo”, comenta Wbeimar.

Ahora, solo faltaba la muestra de un paciente infectado con el virus para comenzar el proceso de aislamiento. Para ello, la coordinadora del grupo, María Teresa, tenía contacto con un laboratorio clínico que en ese momento se encontraba tomando las muestras para el posterior diagnóstico por parte del Instituto Nacional de Salud. Cuando la IPS conoció el caso de un paciente positivo para covid-19, le informó al grupo, que se puso en contacto con la persona y le planteó la posibilidad de hacer parte de la investigación.

El paciente aceptó.

Cuando a esa persona se le realizó una segunda prueba, destinada para el estudio, ya habían pasado nueve días desde el diagnóstico inicial, lo que generó una preocupación en los profesores, ya que era probable que no tuviera la carga viral suficiente para que el proceso de aislamiento fuera exitoso.

Sin embargo, cuando la muestra llegó al laboratorio, el profesor Wbeimar, experto en técnicas moleculares, realizó una prueba denominada reacción en cadena de la polimerasa o, como se le conoce por su sigla en inglés, PCR, para comprobar si existía algún rastro de virus en el moco del paciente. Los resultados confirmaron que aún había una cantidad considerable de virus en la muestra.

“Yo creo que igual lo hubiéramos ensayado así tuviéramos cargas virales altas o bajas, pues era la primera muestra que habíamos logrado conseguir”, expresó Wbeimar, quien el martes 31 de marzo comenzó el proceso para inocular, es decir, combinar la muestra infectada del paciente con las tres líneas celulares que hacían parte de las reservas del grupo.

“Como este es un virus nuevo y no se sabía con cuánta cantidad de virus el inóculo presentaría un cambio, había que mirar muy detenidamente cualquier tipo de alteración e irlas observando diariamente”, comenta Lizdany.

Esos cambios sorprendieron al equipo porque ocurrieron apenas tres días después de haberse inoculado la muestra y en principio tenían previsto que fueran necesarias una o dos semanas.

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Estefanía Ocampo García estefania.ocampog@udea.edu.co

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finales de marzo, Felipe Soto, capataz de la finca La Bella, ubicada en la vereda Samaria, de El Carmen de Viboral, recogió la cosecha de tomate junto a los 19 trabajadores que lo acompañaban en el cultivo.

Antes de la pandemia tenían un contrato fijo con una empresa exportadora que comercializaba los productos en el exterior; sin embargo, en una llamada a principios de abril le anunciaron que no podrían recoger la carga debido al cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres que ordenó el Gobierno nacional el 25 de marzo por la pandemia de la covid-19.

Dueños de hoteles y restaurantes, a quienes La Bella también les vendía tomate y pimentón, cerraron al público sus establecimientos por las mismas restricciones de la cuarentena; así que solo pudieron vender la cosecha a un comerciante de la Plaza Mayorista de Medellín que, aunque compraba en grandes cantidades, en esa ocasión pagó el kilo a 400 o 500 pesos, casi la mitad de lo que cuesta regularmente.

“Nos estaban liquidando muy barato y los costos del invernadero son muy altos. Nos tocó hacer recorte de personal porque lo que estábamos sacando no estaba valiendo nada y los insumos estaban muy caros”, recuerda Soto.

Con el Decreto 470 del 25 de marzo, el Gobierno impuso restricciones que trajeron grandes impactos para la economía nacional, incluyendo el sector agrícola. Aunque medianas y pequeñas empresas continuaron con la producción para evitar el desabastecimiento de alimentos, la disminución en la producción y la comercialización se sumaron a la falta de garantías y al olvido histórico que ha padecido el agro.

Según cifras del Dane, en el 2020 Colombia tiene casi 50 millones de habitantes, de los cuales el 15.8 % están ubicados en áreas rurales dispersas y su principal actividad económica es la agropecuaria; 2.5 millones de personas trabajan en el sector que provee el 83.5 % de los alimentos que abastecen el país.

La producción agrícola de Antioquia, de acuerdo con el Tercer Censo Nacional Agropecuario de 2014, equivale al 9.2 % de los 33.2 millones de toneladas anuales en Colombia. Sus cultivos de plátano, banano, aguacate y algunos tubérculos como la papa lo convierten en el segundo departamento con mayor rendimiento agrícola. Asimismo, reportes del Dane indican que la subregión del Oriente antioqueño es la principal despensa agrícola del departamento por la variedad de climas y terrenos fértiles aptos para el cultivo de hortalizas, frutas y flores.

Un problema que no empezó con la pandemia

Camilo Urrego, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de El Carmen de Viboral, afirma que son cuatro las problemáticas históricas que ha debido afrontar el campo en Colombia: la falta de tecnología, la concentración en la tenencia de la tierra, la ausencia de asistencia técnica y el conflicto armado hacen que el sector sea menos productivo y competitivo. “Importamos más de lo que exportamos; ni siquiera con nuestra producción abastecemos el mercado nacional, tenemos alrededor de 21 millones de hectáreas dispuestas y preparadas para la producción, pero solo producimos alrededor de 7 millones de hectáreas”, declara.

Cristian Loaiza es ingeniero agrónomo, ha sido profesor de la Universidad de Antioquia, trabaja en asesoría técnica agropecuaria en el Oriente antioqueño y tiene en Sonsón un cultivo de gulupa para exportación. Señala que antes de la pandemia los cultivos de flores, aguacate, gulupa, uchuvas y arándanos tenían un mercado estable, mientras que cultivos transitorios como los de papa, zanahoria, arveja, repollo, frijol, maíz, entre otros, tenían una cadena más compleja de comercialización, pues su venta depende de la oferta y la demanda. Sin embargo, la solidez en los cultivos estables se ha venido a pique por el recorte de personal, el reemplazo en los productos, como en el caso de las flores por hortalizas, el alto costo de los insumos, la falta de vías de acceso, los costos del transporte y la dificultad para acceder a créditos.

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Maribel Crespo Álvarez maribel.crespo@udea.edu.co

ubicada en el cañón del Melcocho, en El Carmen de Viboral, a quienes la situación les obligó a desarrollar un sistema de transporte que incluye trayectos a lomo de mula y transporte público para comercializar sus quesos artesanales. Desde hace un año, Andrea, Ruby y Patricia, mujeres cabeza de estas familias, estaban vendiendo sus quesos en el mercado campesino de este municipio; sin embargo, durante el confinamiento, este fue cerrado por un mes y fue así como empezaron a ofrecer sus productos mediante publicaciones de Facebook y grupos de WhatsApp. Gracias a ello, ampliaron sus posibilidades de ventas en otros sectores, incluyendo Medellín. Según Andrea, se triplicaron los pedidos.

Pero en cuanto al apoyo del Estado al sector agrícola por la pandemia, las medidas parecen estar reducidas al crédito. A finales de mayo, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, anunció líneas de crédito por 420.000 millones de pesos para los campesinos y también dijo estar evaluando medidas como la compra de cosechas en lugares afectados por las restricciones de circulación. No obstante, esa medida no se materializó.

El secretario de Agricultura de El Carmen de Viboral asegura que él mismo se encuentra a la espera de las ayudas anunciadas, mientras Pilar Parra manifiesta que “el Gobierno no ha estado a la altura de una situación humaniga r r ia a d taria como la que se vive en todo el mundo, sentimos l Sa s s on que ha priorizado mucho más la economía de los grandes u n g Ma monopolios y no de los pequeños productores”. bet h a z i l E : A n ne El Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023 plantea I l u st r a c i ó n fortalecer la economía a través de seis programas que beneficiarían y potenciarían las dinámicas del sector agropecuario.

Una de esas iniciativas, explica Rodolfo Correa, secretario Al inicio de la cuarentena algunos agricultores como Felide Agricultura del departamento, es la compra de cosecha pe Soto no tuvieron más opción que vender a bajo precio o degarantizada, es decir que antes de iniciar la siembra se lojar perder su producto. Otros, optaron por venderlo “kiliado”, gre un acuerdo con el comprador de forma que el agricultor regalarlo o intercambiarlo entre vecinos. En la vereda Aguas tenga asegurada la venta de sus productos. “Adicionalmente Claras de El Carmen de Viboral, la microempresa familiar de tenemos la transferencia de tecnología, la formación para la los Castañeda, Hortalizas El Manantial, tras la reducción de productividad rural, el encadenamiento productivo y el acsu comercialización en un 50 %, intercambió productos de su ceso a mercados mediante un sistema donde se caracterice finca, como lechugas, por zanahoria y otras hortalizas con alal productor y se cree una cooperativa que se encargue de gunos de los vecinos que tampoco pudieron vender sus coseresolver los problemas de comercialización”, dice Correa. chas. Lina Castañeda cuenta que instalaron cestas en la entraPara la Gobernación de Antioquia, la principal esda de algunas fincas de la vereda para que las personas dejaran trategia para mejorar la competitividad del sector es la los productos o tomaran los que iban necesitando. tecnificación mediante programas de transferencia de Otros agricultores que tuvieron dificultad con la venta tecnología, el suministro de sistemas de riego móvil y de sus cosechas decidieron repartir gratis los productos en maquinaria especializada para la siembra y cosecha que los barrios y las veredas de El Carmen de Viboral. Ante permita optimizar recursos. También, promover el conestas iniciativas, Pilar Parra, integrante de la Asociación sumo local, de manera que se brinde a los agricultores la Campesina de Antioquia (ACA), resalta que para superar posibilidad de competir en materia de precios y calidad. la crisis “hay que fortalecer el espíritu de la solidaridad y Sin embargo, el secretario de Agricultura de El Carmen, el apoyo mutuo, esto nos permitirá continuar con nuestra cree que los pocos recursos que se destinan al agro es un labor y conocer la situación actual”. problema esencial. En el caso de su municipio es apenas entre el 1 % y el 1.5 % del presupuesto. ¿Cómo superar la crisis?

Por su parte, el ingeniero Cristian Loaiza afirma La Gobernación de Antioquia y las secretarías munique “el campo necesita una verdadera reforma agraria cipales están promoviendo la compra y venta de productos en donde se trabaje fuertemente en la comercialización locales con el objetivo de fortalecer la economía campesina. de los productos, se mejoren las vías de acceso, se brinde Esta estrategia la han desarrollado mediante el apoyo, por una asistencia técnica a los agricultores y se extiendan y ejemplo, a los mercados campesinos que buscan acortar las faciliten los créditos”. Él percibe un panorama más alencadenas de comercialización y acercar a productores y contador para el agro en la pospandemia, ya que los producsumidores finales. tos agrícolas son de primera necesidad. “Sin el campo no De la misma manera, Pilar Parra comenta que desde se vive. El Gobierno nacional tendrá la obligación moral ACA se vienen realizando otras actividades para fortalede ponerle la lupa y se verá obligado a estructurar medicer la economía campesina y la diversificación de los culdas que lo beneficien”. tivos: “La pandemia nos hizo pensar cómo fortalecer el Como miles de campesinos, Felipe Soto, la familia ejercicio local para que los productos se comercialicen en Castañeda, Andrea, Patricia y Ruby persisten en su labor los mismos municipios. Desde hace un tiempo estamos pese a la pérdida de cosechas, los despidos, los precios bahaciendo una campaña para que se privilegie la compra a jos, el costo de los insumos, la falta de vías de acceso y la los pequeños campesinos y no a los grandes monopolios. distancia para continuar con la producción y distribución Este ha sido un ejercicio muy bonito porque la gente sabe de sus productos. Eso sí, esperan que el Gobierno respona quién está apoyando”. da a sus necesidades y fortalezca el sector agropecuario, Por otro lado, hubo pequeños productores que reesaportando mayor asistencia y garantías a los medianos y tructuraron sus empresas y buscaron otras alternativas, pequeños productores para lograr estabilidad económica como es el caso de tres familias de la vereda Santa Rita, para ellos y sus familias.

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Andrés Felipe Uribe andres.uribev@udea.edu.co

Silvia Satizábal silvia.satizabal@udea.edu.co

Manuela Ossa manuela.ossa@udea.edu.co

La distancia física y social que se impuso en Colombia desde el 24 de marzo de 2020 les exigió a los ciudadanos cambiar la relación con otras personas y con los espacios que habitan.

Fotografía: Silvia Satizábal

E

n los días laborales, Gonzalo Mejía, dueño de una empresa de montajes industriales, llega a su casa, se quita las gafas, el tapabocas, la correa, el celular y los zapatos, mientras Mileny Londoño, su esposa, empieza a desinfectar con alcohol cada objeto. Luego, sumergen su ropa en un balde con agua y la dejan en remojo hasta el día siguiente. Gonzalo camina por un pasillo y se ducha en un baño que destinaron solo para él desde marzo, cuando se conocieron los primeros casos de coronavirus en Colombia.

A lo largo de la historia, el ser humano ha modificado sus rutinas para acomodarse a circunstancias similares. “Las pandemias siempre han acompañado al hombre”, explica Fred Gustavo Manrique, doctor en Salud Pública e investigador de la historia de las pandemias.

“La relación con los microorganismos es positiva cuando, por ejemplo, fermentamos cerveza para la pasteurización de la leche o para la penicilina. Sin embargo, en algunos momentos esa relación se desequilibra, no los sabemos controlar y aparecen pandemias. O plagas, como se conocían antes”, dice Manrique.

Las pandemias traen consigo cambios de conducta que adoptamos para protegernos de una enfermedad de la que conocemos poco. Si bien en la actualidad el uso del tapabocas y la desinfección de objetos son las medidas más frecuentes, en la Edad Media, por ejemplo, se optó por algunas que hoy serían impensables.

“En Francia, durante la peste negra, Gregorio de Tours recomendaba mezclar agua con cenizas de mártir y tomárselas. En el siglo XIV, las personas se encomendaban al uso de amuletos y de insignias genitales, y esto es muy curioso porque los peregrinos y enfermos que encontramos años después tienen señas ‘pornográficas’ en el cuerpo; unos talismanes con falos, con vulvas o con el ojo de Horus o el pene de Osiris. Es decir, insignias con carácter de purificación”, señala el historiador Eduardo Pinzón Avendaño.

El baño personal diario, el alcantarillado, estornudar o limpiarse los mocos en un pañuelo son algunas de esas costumbres o adecuaciones al espacio que al menos una porción de la humanidad adquirió con la aparición y superación de una enfermedad. Incluso, el lavado de manos no era algo muy común antes de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el médico húngaro Ignaz Semmelweis demostró sus ventajas higiénicas.

Las medidas que Mileny y Gonzalo implementaron en su hogar son ejemplo de las que adoptaron muchas familias colombianas en los últimos meses, ya sea por recomendaciones del Gobierno, expertos o incluso creencias populares. A Mileny, sin embargo, el cuidado extremo que tiene con el aseo de su casa al mismo tiempo le produce desconfianza. “Usted cree que todo está muy limpio, entonces no va a estar lavándose tanto las manos ni teniendo tantos cuidados como los tiene afuera”, dice.

En esta historia de virus y protocolos, el tapabocas es un elemento recurrente de prevención. En la Edad Media se utilizaba uno con un pico alargado donde se ponían esencias para camuflar

los malos olores. Siglos después, los tapabocas volvieron a aparecer en la pandemia de la gripe española de 1918 y luego en el 2009 con el H1N1. En julio el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó a las personas utilizar el tapabocas incluso en sus casas y, especialmente, si convivían con personas mayores de 60 años. Quizá sea la pandemia del coronavirus el momento de la historia que incorpore definitivamente este elemento como parte de nuestras prendas comunes.

Espacio social deshabitado

Edison Arboleda tiene 27 años y trabaja en el Metro de Medellín. Cuando llega a casa de su pareja no desinfecta sus zapatos ni los aparta en algún rincón. Tampoco lava sus manos ni rocía alcohol en su ropa. Se saludan y juntos esperan que lleguen algunos amigos en común.

Ante la imposibilidad de reunirse en lugares públicos, la casa de su novio se convirtió en el espacio donde confluyen amigos, compañeros de trabajo y familiares.

Edison no ha sido muy estricto con los protocolos que ve en otras personas, pero se siente tranquilo: “Si tengo la oportunidad de no usar el tapabocas en algún lugar, no lo hago o me lo quito”, dice.

Mileny y Edison son dos ejemplos opuestos de las diferentes posturas que los colombianos han tomado frente a las medidas de prevención de la covid-19. Para Maristella Góngora Torres, psicóloga especialista en procesos de transformación social y grupal, las emociones que experimentamos dependen de la interpretación que hacemos de este acontecimiento.

Edison no niega la existencia del coronavirus, es consciente de la enfermedad, pero explica sus pocas medidas de prevención por la baja tasa de mortalidad del virus que deduce por lo que lee y ve en las noticias. En caso de que en algún momento dé positivo, dice, tomará las medidas que le recomienden.

A pesar de los pocos cuidados que tiene en su vida personal, en la laboral sí ha sido testigo de los cambios comportamentales que la pandemia ha provocado en espacios tradicionalmente concurridos. Por ejemplo, la reducción de aforo en los sistemas de transporte que durante varios meses no pudieron superar el 35 % de su capacidad y actualmente no deben estar por encima del 50 %; los buses deben mantener las ventanas abiertas y los pasajeros deben respetar una distancia mínima. El Metro, además, puso lavamanos en algunas de sus estaciones para el servicio de sus usuarios.

Todos estos nuevos protocolos cambiarán la forma en la que los ciudadanos se relacionan con sus espacios.

Jorge Molero, historiador de la ciencia y docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que a principios del siglo XX en España se prohibió escupir en el

suelo debido a la tuberculosis. Entonces aparecieron en las estaciones del tranvía y en los mismos vagones escupideras para que las personas lo hicieran allí.

De esa época también es posible encontrar casas o estructuras antiguas con balcones muy pequeños. La finalidad, cuenta Molero, era ventilar los interiores más que ser un espacio de ocio o de reunión.

En Colombia, durante la pandemia de la gripe española en 1918 fueron cerrados colegios, teatros y otros espacios públicos. Aunque en su momento la pandemia fue atendida principalmente con capital privado y religioso, visibilizó la necesidad de construir mejores carreteras para conectar algunas poblaciones con los hospitales.

Es difícil saber con seguridad si una vez termine la pandemia continuarán modificándose las condiciones y las regulaciones en los espacios públicos. Sin embargo, para el investigador Manrique hay algunas prácticas que deben modificarse de manera permanente. Por ejemplo, dice, “en los restaurantes los meseros deben seguir usando tapabocas: el hecho de que mientras te llevan la comida haya partículas de saliva de otra persona cayendo en tus alimentos no es muy higiénico. Eso lo ha evidenciado el coronavirus”, concluye.

¿Conservaremos los dos metros de distancia?

Si bien el panorama a futuro en relación con los espacios personales y sociales todavía es incierto, podemos darle un vistazo a los comportamientos del ser humano que cambiaron después superar otras pandemias. Eduardo Pinzón trae a la memoria la impresión que había en España luego de la peste negra que se llevó consigo un tercio de la población europea de entonces. Las calles estaban vacías, muchos habían perdido a más de un familiar. La soledad era arrasadora.

A pesar de la ansiedad y del miedo, la sociedad europea encontró formas de reunirse, igual que nosotros lo hacemos hoy: “En ese entonces se unían a flagelarse en las procesiones, hoy hacemos reuniones por Zoom o WhatsApp; la interacción social pasa por otros medios, y puede aumentar”, relata Pinzón.

Las relaciones de entonces se vieron tan afectadas que a la población judía, especialmente a los médicos, se le acusó de propagar la enfermedad, y como consecuencia hubo una ola de xenofobia que conllevó incluso a masacres. Aunque sin llegar a esos extremos, los comentarios desprevenidos que culpan a China por ser el lugar de origen del virus y los señalamientos a su población indican que persisten expresiones de desconfianza por el temor a contagiarse.

Para Carlos Hernández Villanueva, sociólogo y profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, las relaciones con el otro pasarán a estar mediadas por los protocolos de bioseguridad que tiene cada persona para velar por la integridad de los seres cercanos y “perdurarán durante un tiempo futuro”. En ese sentido, la psicóloga Maristella Góngora considera que es necesario pensar en nuevas formas de expresar los sentimientos y estrechar los vínculos ya creados.

“Estos vínculos son protectores para la salud mental y física”, lo oportuno, dice Góngora, será guardar distancia con aquellas personas de las que no estamos seguros de su autocuidado. En el proceso se colarán, primero como parte de un protocolo de seguridad y luego por cortesía, esas nuevas formas de expresar sentimientos: saludos de codo, gestos y venias distantes. También fiestas por Zoom. Vivir los próximos años será un constante cálculo mental de las probabilidades de contagiarnos con un abrazo, una salida a comer o un día laboral.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Un decreto para proteger Paula Villa Arteaga paula.villa1@udea.edu.co

El decreto y sus antecedentes

En 1973, después de que las comunidades indígenas expresaran su preocupación porque la colonización empezaba a limitarles el acceso a su territorio, el Estado colombiano reconoció por primera vez la existencia de 54 puntos sagrados de la Línea Negra con la Resolución 02 del Ministerio de Gobierno. Para 1991, la Constitución reconoció su compromiso con la protección de la diversidad étnica y la integridad del ambiente y de las áreas de especial importancia ecológica, y desde entonces resoluciones como la Resolución 837 de 1995 del Ministerio de Interior y la Resolución 0621 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente ordenaron procurar y promover el manejo armónico y sostenible de esta región.

Amparados bajo esos avances normativos, en 2014 los cuatro pueblos indígenas denunciaron la construcción de Puerto Brisa, una terminal multipropósito sobre uno de los sitios sagrados en Dibulla, La Guajira. Después de estudiar el caso, la Corte Suprema falló a favor de la realización de consultas previas obligatorias a las comunidades de la Sierra Nevada para la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales al interior de la Línea Negra y dio orden al Gobierno nacional de expedir un decreto para redefinir su delimitación. Cuatro años más tarde, el entonces presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 1500 de 2018, que reconoce la existencia de 348 sitios sagrados a lo largo de La Guajira, Cesar y Magdalena.

Desde entonces, el decreto ha ganado muchos enemigos, pues la extensión de la Línea Negra además de los lugares protegidos de la Sierra Nevada, también abarca otros espacios naturales y urbanos sobre los que existen intereses económicos para la construcción de megaproyectos como carreteras y puertos, extracción de recursos naturales, urbanización y construcción de hoteles de lujo.

En julio de 2019, el abogado Yeferson Mauricio Dueñas Gómez, en nombre de la ANDI, Camacol y de otros gremios económicos y empresariales, interpuso una acción de nulidad simple por inconstitucionalidad contra el decreto. La demanda fue admitida por el alto tribunal y actualmente hace curso en la sección primera.

Según el abogado, el decreto tiene una falsa motivación en tanto no existe una cartografía oficial adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ni un listado de cuáles son los lugares sagrados, ni tampoco el Documento madre de la Línea Negra mencionado en el decreto, que traduce a los hermanos menores —las personas que no hacen parte de las comunidades de la Sierra Nevada— su Ley de Origen y la importancia de esa delimitación para los cuatro pueblos. Dueñas agrega que no se realizó la consulta previa requerida para su expedición y su cumplimiento amenaza el derecho a la propiedad privada de otros particulares.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales se pronunció también en 2019 a propósito de la demanda de nulidad diciendo que esa organización “ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación sobre este decreto en atención a los obstáculos que representa

No. 100 Medellín, octubre de 2020

La Línea Negra ha sido considerada como un área de delimitación jurídica simple que protege la diversidad ecosistémica y cultural de la Sierra Nevada. Sin embargo, según el investigador Gerson Javier Pérez en su estudio sobre la eficiencia de la Línea Negra y otras áreas de protección de la Sierra Nevada, “a pesar de tener más de cuatro décadas desde su delimitación oficial, no ha prevenido que actividades como la deforestación, la presencia de asentamientos poblacionales y el desarrollo vial tengan lugar en su área de influencia. […]

Lo que se concluye es que los territorios comunitarios no tienen el mismo poder disuasivo medioambiental como sí lo tienen los parques naturales y los resguardos indígenas”.

De acuerdo con el catastro minero, en 2018 había 400 solicitudes para intervenir la Sierra Nevada, y entre 2019 y 2020 estas han ascendido a 600. Muchos de esos proyectos presentados con la denominación de minería “ecoresponsable”. “Nosotros como país estamos muy lejos de tener una regulación que permita hablar de minería ecoresponsable. En Colombia los estándares de calidad son mínimos y no existen unas reglas claras que permitan calcular cuáles son los pasivos sociales y ambientales que deja la minería. Una minería que no hace consultas previas a las comunidades no puede predicarse como ecoresponsable”, dice Diana Carolina Sánchez, coordinadora del semillero Estudios sobre Minería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, vinculado al grupo de organizaciones que vienen acompañando a los cabildos de los cuatro pueblos en la defensa del Decreto 1500 de 2018.

Ilustración: Daniela Jiménez | @AgathaCartaRoja

E

n junio de 2020, los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, más de diez organizaciones nacionales como AIDA, Dejusticia, ONIC y algunos semilleros de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Rosario radicaron ante el Consejo de Estado una serie de acciones legales para proteger y respaldar la legalidad del Decreto 1500 de 2018, que redefine los límites del territorio ancestral de esos cuatro pueblos indígenas, expresados a través de la Línea Negra.

La Línea Negra —Sheshiza— es un “cordón invisible” compuesto por varios accidentes geográficos ubicados en lo que los indígenas conocen como el Corazón del Mundo y que en su conjunto conforman el Sistema de Espacios Sagrados: una gran red de puntos terrestres, marinos y aéreos interconectados, a través de los cuales los pueblos de la Sierra Nevada establecen comunicación con los mundos espirituales y con el Sé, la energía creadora, para procurar el equilibrio natural universal. Esta línea constituye el eje principal de la Ley de Origen, es decir, de su sistema de conocimientos ancestrales y normativos.

frente a la autonomía territorial y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, específicamente en ciudades como Santa Marta, Valledupar y Riohacha”.

Ante estos cuestionamientos, Juana Hofman, asesora jurídica de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada y del Consejo Territorial de Cabildos, responde que la cartografía oficial de la Línea Negra es un efecto y no un motivo del decreto: “Eso está claro en el artículo quinto, que menciona que la cartografía oficial será adoptada una vez suscrito el mismo. Por otra parte, no se puede afirmar que no existe un listado cuando este existe, ya que el propósito principal del decreto es detallar uno por uno cuáles son las características y la ubicación de los 348 lugares sagrados que componen la Línea Negra”.

Para la abogada es una grave imprecisión decir que no se hizo consulta previa y que no existe el documento que se menciona en el decreto, ya que “la consulta fue de consentimiento previo, libre e informado en tanto todo el proceso fue concertado con las autoridades civiles”. Gracias a esa consulta los pueblos indígenas trabajaron con el Gobierno nacional para construir el Documento madre de la Línea Negra.

Hofman asegura que el decreto es una oportunidad para avanzar en la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En una rueda de prensa el pasado 15 de julio, fue presentada #1500Latidos, una campaña en defensa de la Línea Negra que incluso fue tendencia en Twitter. Ante varios medios, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, indígena arhuaco, ecólogo y coordinador de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, comentó que “existe una deuda sistemática en el cumplimiento de las obligaciones estatales para garantizar la seguridad jurídica de los territorios que hemos reclamado históricamente los pueblos indígenas. El Decreto 1500 de 2018 es la única norma que reconoce y protege los derechos que tenemos sobre un territorio, que además tiene un gran valor espiritual, cultural y ambiental”.

¿Por qué proteger el Corazón del Mundo?

Según la Fundación Prosierra, Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo y el 36 % de sus especies endémicas habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto que hay en el planeta, en el que existen nueve biomas diferentes y más de 30 ríos que surten de agua a La Guajira, Magdalena y Cesar.

La Sierra Nevada se encuentra entre las 78 áreas terrestres irremplazables que son clave para la protección de los mamíferos, aves y anfibios de todo el mundo, según identificó la revista Science en un estudio publicado en 2013, y ha sido descrita por la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco como un “sitio de valor universal excepcional”. A pesar de que fue declarada en 1979 Reserva de la Biosfera, sus habitantes insisten en que la extensión del territorio protegido y las garantías sobre su conservación no son suficientes, ya que todavía hay una gran cantidad de espacios que se encuentran amenazados. Por esta razón las autoridades ambientales llevan años buscando que se le declare Patrimonio de la Humanidad. Hoy son pocos los mecanismos jurídicos que la protegen de los efectos del calentamiento global y de actividades extractivas.

La tierra del olvido

Daniela Balaguera, activista ambiental y asistente jurídica del cabildo arhuaco del Magdalena y La Guajira, afirma que en la Sierra Nevada existen dos concepciones del desarrollo opuestas: la de los indígenas y la de las empresas del sector minero-energético entre otras agremiaciones, que han desencadenado una serie de desacuerdos y violencias en las que se les ha llegado a tachar a los pueblos como “enemigos del progreso y de la propiedad privada”.

Además, las comunidades miran con preocupación el control territorial de la región que ha tomado el ELN tras la desmovilización de las Farc, y el aumento y rearme de grupos neoparamilitares. El control de corredores geográficos estratégicos para las economías ilícitas es uno de los factores que más ha agudizado la violencia en la zona.

“El Decreto 1500 no ha interferido con el proceso de paz, ni con los temas de seguridad, pero evidentemente esta arremetida de los gremios contra los cuatro pueblos los ha vuelto un blanco muy fácil para las arremetidas de grupos ilegales”, dice Hofman. En consonancia, Balaguera afirma que si bien los pueblos han recibido apoyo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior, no hay una respuesta rápida ni oportuna a las necesidades de las comunidades, sobre todo en términos de seguridad.

A pesar de que autoridades indígenas y el expresidente Santos han aclarado que el decreto no permite expropiar tierras ni les otorga autoridad ambiental a los mandos indígenas, la falta de protocolos para implementarlo, así como las dificultades para realizar las consultas previas, sostienen la disputa entre indígenas, autoridades locales y gremios. Después de 60 años de lucha para conseguir autonomía sobre sus territorios, los pueblos de la Sierra Nevada esperan una respuesta positiva del Consejo de Estado ante su solicitud de participar mediante cabildos en las discusiones en torno a la demanda, para que sus espacios sagrados sean reconocidos y se pueda garantizar así su supervivencia cultural y física y la conservación ambiental del Corazón del Mundo.