De la Urbe 91

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Editorial

Los “huevitos” de Santos

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Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 91 Agosto de 2018

Fotografía de portada: Santiago Rodríguez Álvarez

No. 91 Medellín, agosto de 2018

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uan Manuel Santos asumió hace ocho años la Presidencia de Colombia con un discurso que se podría resumir en el que fue su eslogan durante buena parte de su campaña: “Para seguir avanzando”. Su aspiración se construyó desde la premisa de la continuidad.

Era Santos el único capaz de continuar con los pilares del determinador de su victoria en las urnas: Álvaro Uribe Vélez. Aquello que su gobierno debía defender y profundizar lo resumió Uribe, como guiño a su candidatura, con la figura de sus “tres huevitos”: la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social.

No pasó mucho tiempo para que la distancia entre ambos llevara al uribismo a afirmar que la continuidad de esas iniciativas peligraba. Primero fue la seguridad democrática, la doctrina que arrinconó a las guerrillas con un alto costo en materia de derechos humanos. “Al Gobierno no le dejamos pollos robustos, pero sí huevos fecundados. Por no cuidarlos, ya quebró el de la seguridad”, dijo Uribe en 2012.

Un año después, cuando ya se movían las fichas para las elecciones de 2014, el expresidente aseguró en un evento de su nuevo partido, Centro Democrático, que sus “tres huevitos” estaban “toteados”. Poco después, Santos respondió a quienes lo llamaban traidor. Dijo que en realidad los “huevitos” que le encargó Uribe se habían convertido en “gallos de pelea”.

Los datos indican que entre 2011 y 2017, la inversión Extrajera Directa (IED) llegó a un promedio anual de 14.508 millones de dólares.

En ese último año el crecimiento fue del 0,5% mientras que, de acuerdo con la Cepal, América Latina y el Caribe enfrentaron una reducción general del 3,6%. En materia de seguridad, el homicidio alcanzó en 2017 su tasa más baja en los últimos 42 años.

Según la Fiscalía, 11.718 personas fueron asesinadas el año anterior, 608 menos que en 2016. Sin embargo, aspectos como la seguridad ciudadana (en especial el hurto) y el asesinato de líderes sociales dejan saldos en rojo.

La cohesión social es, tal vez, el “huevito” con las interpretaciones más diversas.

Si se entiende desde la perspectiva de la capacidad del Gobierno para generar consensos y lograr acuerdos sobre su proyecto de país, basta revisar los resultados del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, el nivel de polarización que se ratificó con las recientes elecciones y los índices históricos de impopularidad que tuvo que enfrentar Santos para dar cuenta de su fracaso. En cambio, si se acoge la perspectiva de la inversión social, ese “huevito” muestra marcados avances que se expresan, por ejemplo, en la reducción de la pobreza extrema de la que salieron 4,3 millones de colombianos entre 2010 y 2016, según cifras del Dane.

Todo lo anterior no esconde, sin embargo, que Colombia siga siendo un país con una alta violencia homicida (octavo lugar en América Latina), con serias disputas e implicaciones asociadas a la inversión extranjera, y con una profunda desigualdad que se hace más evidente si se contrastan las condiciones de vida en el campo y las ciudades.

Ahora las riendas están en manos del presidente Iván Duque Márquez. Ni en su discurso ni en las pretensiones del gobierno saliente existe la palabra continuidad, pero está claro que lo sucedido en los últimos ocho años en varios frentes de la agenda política permite hacerle el encargo de preservar otros “huevitos”.

Uno de ellos es el de la infraestructura. El proyecto de viviendas gratis, que fue calificado de populista e imposible de ejecutar, permitió la entrega de 130 mil viviendas a familias de escasos recursos. Con todas las críticas que puede generar ese modelo asistencialista fue, quizá, el programa social más visible del gobierno Santos, así como la base en que se construyó la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras. Aun con esa billetera, cercana a los 6 billones de pesos, el exvicepresidente fracasó en su intención de catapultarse a la Casa de Nariño.

A las viviendas se suma la infraestructura vial. El gobierno Santos, conforme a los datos oficiales, cons-

truyó cerca de 1.400 kilómetros de dobles calzadas en 30 proyectos de autopistas de cuarta generación y deja 21 proyectos más en etapa de construcción. La inversión en infraestructura de conectividad (aeropuertos, autopistas, vías terciarias) fue cercana a los 100 billones de pesos.

Y aunque Santos se atrevió a calificar ese proceso como una “revolución”, en manos de Duque queda avanzar en proyectos que llevan años sin concluirse como el Túnel de La Línea, así como el reto de despolitizar la agenda para que deje de ser plataforma de aspiraciones particulares.

Sobre todo, tendrá que enfrentar la corrupción para que no se repitan casos como el del proyecto Ruta del Sol II, paralizado por la trama de sobornos de Odebrecht.

Otro de los “huevitos” de Santos es el de los avances en materia de libertades individuales. Este es uno de los que, a juzgar por lo afirmado por Duque en campaña, desde ya se ve toteado en manos del nuevo gobierno. Aunque en casi todos los casos fue resultado de la incidencia de sectores sociales y no de la iniciativa del gobierno, lo cierto es que en los últimos ocho años se dio vía libre al matrimonio igualitario y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En otros frentes, se diseñó la ruta para garantizar el derecho a una muerte digna, se promovió la reflexión con enfoque de género en entornos educativos, se alivianó el tratamiento represivo contra los consumidores de drogas y, en esa misma vía, se reguló el uso y el cultivo terapéutico de marihuana.

Todo lo anterior se enfrenta a un nuevo gobierno que, pese a los orígenes liberales de Duque, en campaña defendió un ideal de familia conformada por un hombre y una mujer, se opone abiertamente a la adopción igualitaria y a la eutanasia, y promueve un enfoque represivo en la lucha contra las drogas.

Incluso, promete prohibir la dosis personal.

Pero el “huevito” más importante de la canasta es el de la paz. Santos se jugó su popularidad y buena parte de su capital político por la firma del acuerdo con las Farc. Pese a la capacidad armada de las disidencias, a la violencia que generan otras organizaciones armadas, a las dificultades e incumplimientos en el proceso de implementación, al aumento de los cultivos de coca y a la aparición de nuevos actores en la disputa por ese negocio, el desarme de la guerrilla más antigua del continente representa una de las mayores transformaciones en la historia reciente de Colombia.

De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en 2017 no hubo muertes por acciones directas relacionadas con el conflicto armado.

Esa entidad calcula que el proceso de paz entre el gobierno y las Farc, hasta mediados del año anterior, evitó la muerte de más de 2.600 personas entre militares, guerrilleros y civiles. Solo en 2002 murieron 1.863 guerrilleros, 583 civiles y 381 militares.

Solo esos números deberían ser suficientes para que Duque se aparte de las voces de su partido que hablan de “hacer trizas los acuerdos”, de las palabras del general (r) Leonardo Barrero que, delegado por el entonces presidente electo, dijo en el empalme: “Ustedes, que se ufanan de que no hay soldados heridos en el Hospital Militar, ¡prepárense por que vuelve la guerra!”. También tendrá que ser claro en qué tanto coincide con el discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, quien en su intervención durante la posesión presidencial revivió la tesis de que en Colombia no ha existido un conflicto armado.

Duque debe asumir los retos de la aplicación de la JEP. Debe, como no lo hizo Santos, salvaguardar la vida de los líderes sociales, cumplir los acuerdos con las Farc, pero sobre todo centrar sus esfuerzos en las comunidades rurales de Colombia. Debe garantizar un campo para el campesino, debe enfrentar a los herederos del paramilitarismo y a las disidencias. Debe promover la Reforma Rural Integral y revertir el despojo como consecuencia de la guerra. En sus manos están las vidas de miles de colombianos que pueden salvarse si recoge el “huevito” de la construcción de una paz estable y duradera.

Aunque en casi todos los casos fue resultado de la incidencia de sectores sociales y no de la iniciativa del gobierno, lo cierto es que en los últimos ocho años se dio vía libre al matrimonio igualitario y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo

Opinión

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Los ciudadanos “de bien” Sara Lopera Lopera sara.loperal@udea.edu.co

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(y los moralismos paisas)

Medellín le gusta estar limpiándolo todo. Limpia sus calles, su metro y sus plazas. Limpia la cultura y sus fachadas. Limpia a los inmorales y a los que no se comportan bien. Parece una obsesión aséptica reforzada de administración en administración. Pero ¿qué o quién no entra en los esquemas de una ciudad limpia, bonita y con cultura? ¿Qué o quién no es decente?

Cuando hablamos de “gente de bien”, ¿a quién nos referimos y a quién, automáticamente, estamos excluyendo?

No es raro entonces que los mal llamados grupos de “limpieza social” sigan existiendo y gozando de cierta aprobación.

Desde los 90 hasta el día de hoy, nombres como “Amor por Medellín”, “Las Convivir”, “Águilas Negras”, entre muchos otros, han firmado panfletos que advierten sobre sus acciones: la aniquilación de todo aquel que no es considerado decente. A menudo, atracadores, violadores, marihuaneros, prostitutas y gays, son declarados objetivo militar.

La campaña “¡Portate bien!” del alcalde Federico Gutiérrez habla mucho de esos estereotipos. Pancartas gigantes en varios puntos de la ciudad en las que se invita a cumplir el Código de Policía, porque si no puede salir caro. Esto último, lo costoso, se refiere a las sanciones por uno, dos, tres, cuatro salarios mínimos que puede recibir un ciudadano si hace una parranda en su casa con el volumen de la música muy alto o si tiene una riña en la calle o si se toma cerveza o se fuma un porro en alguna acera.

En esta ocasión se trata de dinero, de un castigo para el bolsillo. Pero en la historia sangrienta de Medellín, el castigo a los que se portan mal muchas veces ha sido (y sigue siendo) la propia vida. En esta ciudad, los justicieros no son las instituciones únicamente; aquí han emergido grupos de la misma sociedad civil que se han organizado para impartir su “orden” y su “justicia” en los barrios.

Hace varias semanas tuve una conversación rápida con un taxista en Envigado. Por la radio anunciaban que Nicolás Maduro acababa de reelegirse como presidente de Venezuela, entonces el señor empezó a despotricar de la izquierda y del peligro inminente de que Petro, ese “guerrillero asesino”, llegara al poder. La conversación terminó cuando dijo: “Yo porque soy una buena persona, porque si no yo mismo mataría a ese hijueputa”. Yo solo pude guardar silencio.

Nada resume mejor esa doble moral de una cultura que se persigna en la iglesia y luego agradece a los muchachos de la esquina por mantener el barrio tranquilo. O que en silencio le da las gracias a dios porque los paramilitares hayan existido para salvar al país del comunismo. El señor del taxi es una buena persona porque no es capaz de matar, pero si otro puede hacerlo, él está tranquilo y hasta lo celebraría. Dudo que una cosa esté muy lejos de la otra.

Quizás en estos tiempos se esté instalando en nosotros el nuevo fascismo del que habla el filósofo francés Gilles Deleuze en su libro Dos regímenes de locos. Algo que es fruto de la búsqueda de paz y seguridad, pero “con la organización concertada de todos los pequeños miedos, de todas las pequeñas angustias que hacen de nosotros micro-fascistas, encargados de sofocar cada cosa, cada rostro, cada palabra”.

Hasta el 2 de agosto de este año, en la ciudad se registraron 381 homicidios. Junio fue el mes más violento con 64. Ya no son las 7.273 víctimas de 1991, el año más sangriento en nuestra historia, sin embargo la violencia nos sigue persiguiendo. Mucho se habla de que en veinte años la ciudad dejó de ser la más peligrosa para convertirse en la más innovadora. Sin embargo, algo pasa en nuestros barrios y nuestras calles. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿quiénes son tus muertos, Medellín? ¿Por qué esta justicia tan mezquina y ruin?

Nada resume mejor esa doble moral de una cultura que se persigna en la iglesia y luego agradece a los muchachos de la esquina por mantener el barrio tranquilo.

Rectificación En abril de 2018, en la edición 89 de De la Urbe, fue publicado el trabajo periodístico titulado La mecánica del plan en Naranjal. El pasado 30 de julio recibimos una comunicación de la señora Gladys Auxilio Toro Bedoya, profesional social de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en la que solicita aclarar el contexto y precisar el contenido de una cita directa que le fue atribuida: Si bien el Decreto 1309, asegura la comunidad, tiene una mejor versión que la del año 2000, aún tiene dificultades como la reubicación de personas y negocios del barrio en otros sectores de la ciudad y todavía no reconoce a muchos de los habitantes que el proyecto ha dejado por fuera. Respecto a este último punto, Gladys Toro, trabajadora social de la EDU, manifiesta que el censo de inclusión de estos proyectos se ha ajustado y por ello se pasó de 107 a 162 incluidos en vivienda, de 99 a 198 en talleres de vehículos livianos, de 75 a 100 en talleres de vehículos pesados y de 11 a 15 en reciclaje. “Valoramos mucho el papel de la comunidad, especialmente en el tema del censo de los habitantes del barrio, donde hemos incluido a mucha gente que en una primera instancia había quedado por fuera. A riesgo, tomamos la decisión de volver a realizar el proceso, aunque significara mayores cargas”, declara Toro.

Luego de analizar la solicitud y el contenido del texto original, De la Urbe aclara que: A diferencia de lo que puede inferirse del párrafo citado, las palabras de la señora Toro Bedoya no fueron producto de una entrevista directa ni constituyeron una declaración oficial por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano. Fueron extraídas de una intervención de la trabajadora social en una reunión, el 31 de mayo de 2017, entre voceros de la comunidad del sector de Naranjal y servidores de varias instituciones oficiales. Vale la pena precisar que el periodista, quien estuvo presente en esa reunión, solicitó autorización a los asistentes para presenciar y registrar ese diálogo con fines periodísticos.

En cuanto al contenido de la cita directa, luego de revisar los audios, De la Urbe rectifica la información publicada. La afirmación de la señora Toro Bedoya, como puede constatarse en la grabación de audio de la reunión, fue la siguiente: “(…) a riesgo tomamos la decisión de ajustar el censo y a riesgo porque las cargas sociales se nos duplican”.

De la Urbe lamenta las dificultades que estos errores hayan podido causar a los involucrados. Además, reitera su intención de servir como escenario para el aprendizaje y la experimentación de periodistas en formación, sin que en ningún momento esto signifique ceder en la exigencia, el rigor y el equilibrio. Valores que deben ser naturales a cualquier ejercicio periodístico, pero mucho más al periodismo universitario.

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El Clan del Golfo:

la otra deuda de la paz

Los dos hombres de la iglesia

que acompañan el sometimiento del

Clan del Golfo

Alias Otoniel y 1.500 de sus hombres serían los primeros en acogerse a la recién sancionada Ley de Sometimiento a la Justicia. Conversamos con los dos obispos que actúan como garantes de ese proceso.

Redacción De la Urbe delaurbeprensa@udea.edu.co

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l 17 de julio, el entonces vicepresidente, Óscar Naranjo, recibió en su oficina a un grupo de abogados que representan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Los voceros, en nombre de la misma organización rebautizada por el Gobierno como “Clan del Golfo”, discutieron con Naranjo los requisitos que deben cumplir los integrantes de esa estructura que decidan acogerse a la Ley de Sometimiento Colectivo, sancionada a principios de ese mes por el presidente Juan Manuel Santos.

A partir de ese momento, empezaron a correr rumores sobre la inminente entrega de alias Otoniel y buena parte de sus hombres. Se habló, incluso, de que ocurriría antes del 7 de agosto, fecha de la posesión de Iván Duque. Sin embargo, en un comunicado del 27 de julio, esa organización aseguró que no era cierto que todo estuviera listo para su sometimiento. “La premura del tiempo no puede conducirnos a tomar decisiones apresuradas, que no consulten el sentir de nuestros combatientes y nuestra base social”, dice el comunicado.

Más allá de la especulación, ese mismo pronunciamiento indica que, como nunca antes, hay avances concretos para que buena parte de los integrantes de la estructura mafiosa más grande del país inicie un proceso de sometimiento.

Aunque su papel ha sido silencioso, la Iglesia católica viene acompañando los acercamientos. De la Urbe conversó con monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, y con monseñor Hugo Torres, obispo de Apartadó, sobre los pormenores y los retos del proceso.

Estos son los dos hombres de la iglesia detrás del sometimiento del Clan del Golfo.

“El gobierno tuvo dos años una mesa secreta con las AGC”: monseñor Monsalve Andrea Vivas Molina andrea.vivas@udea.edu.co

Fotografía: Cortesía Arquidiócesis de Cali.

Armados Organizados (GAO), con la Ley 1908 que se acaba de sancionar y empieza a aplicarse, desmonten sus estructuras y las poblaciones tengan una sustitución de ingresos ilegales y un apoyo en la satisfacción de sus necesidades básicas. Y buscamos que en las ciudades que son conectores de violencia o corredores del narcotráfico, el Estado y la comunidad internacional entren acompañar a la población que en este momento está bajo el dominio del narcotráfico.

No es la primera vez que Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, actúa como mediador en diálogos con grupos al margen de la ley. Nacido en Valparaíso, Antioquia, Monsalve tiene estudios en Filosofía y Teología y más de 40 años de vida clerical. El año pasado fue el coordinador episcopal de la mesa instalada en Quito con el ELN y ha participado en la liberación de varios secuestrados. En 2016 recibió amenazas de muerte por su apoyo al proceso de paz con las Farc.

¿Qué tan avanzado está el proceso?

Está empezando. Todo en Colombia en relación con la paz tiene un comienzo muy débil, pero su fortaleza está en los acuerdos de La Habana. En el mismo acuerdo está contemplado el desmonte de las organizaciones armadas derivadas del paramilitarismo. Se está aplicando ese acuerdo con muchas dificultades, pero esperamos que el pueblo colombiano, si bien no entendió de qué se trataba en el plebiscito, sí entienda, viva y sienta que la paz es suya y que no se la debe dejar arrebatar por nadie ni por ningún régimen por más votos que tenga.

¿Por qué la Iglesia católica se interesa en intervenir en un proceso de sometimiento de las AGC y cuál será su papel?

El interés de la Iglesia católica parte de una preocupación por la paz como un bien fundamental en la vida de las personas y de los pueblos. La Iglesia en este momento concentra sus esfuerzos en el pacífico colombiano y en Urabá. Nosotros buscamos que los Grupos

Se rumoraba que antes del 7 de agosto podría darse la entrega de alias Otoniel, ¿cuál es el panorama que aparece con el nuevo gobierno?

El Clan del Golfo, que es la organización más grande entre lo que llamamos “bacrim”, viene haciendo una exploración de cerca de dos años con el Gobierno en una mesa secreta, dirigida por el entonces vicepresidente Naranjo con mucha cautela e inteligencia. Allí se dieron los primeros pa-

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sos, a través de los representantes legales de estas organizaciones, para que entre 1.200 y 1.500 hombres hicieran su entrega antes del 7 de agosto. Como está estipulado en la Ley 1908, hay que cumplir los requisitos descritos en título III de esa ley. Creo que en estos días se conocerá la respuesta sobre si es correcta o no la solicitud por parte de esos grupos y se pasará a un segundo paso que es la delegación que hará el Gobierno para los acercamientos. Vendrán después el acta de sujeción individual y el procedimiento de suspensión de capturas, que es la clave en último momento para que se suspendan los operativos armados contra estas organizaciones y se comience el proceso de reunión en los lugares que el Gobierno tenga estipulados.

Los críticos de la iniciativa consideran que se abre la puerta para que las disidencias de las Farc reciban beneficios penales luego de que no se acogieran a los que ofreció el proceso de La Habana, ¿qué lectura hace de esta postura?

Yo creo que las cosas están claras en términos legales. Yo no soy experto en eso, pero desde la perspectiva de lo social digo que hay claridad en cuanto a que el proceso de paz debe ser completo para ponerle fin al conflicto armado. ¿Existe el riesgo de que no haya unidad de criterio sobre ese proceso de sometimiento y que se abra camino a nuevas disidencias?

Sí, ese es un riesgo permanente que tiene la sociedad colombiana. De eso se trata, de un nuevo intento,

5 ya más global y completo. La comunidad internacional está ayudando, ofreciendo alternativas, entonces creo que están dadas las condiciones para que el país no retroceda en esa materia. Esperemos que el nuevo Gobierno no sea consecuente con los principios que tienen algunos sectores de quienes lo eligieron, sino que sea consecuente con los pasos históricos que está dando el pueblo colombiano y los anhelos que la gente tiene. Que si hay que hacer correctivos, los haga sin hacerle daño a lo construido y a lo que está caminando, que eso no signifique el afán de desestabilizar procesos. ¿Qué diferencias existen entre un proceso de sometimiento y una negociación como la que se logró con las Farc o la que está en curso con el ELN? Abismal, porque realmente los procesos de diálogo y de acuerdo con la subversión responden a la existencia histórica de estas organizaciones que surgieron como proyectos políticos que en las dinámicas de la guerra derivaron en grupos terroristas. Yo creo que fue un hecho de valor humano, político e histórico que el Gobierno haya reconocido su carácter de beligerancia y los haya aceptado como interlocutores. En cambio, con el paramilitarismo que derivó después en grupos criminales que terminaron ejerciendo un dominio sobre los territorios, no hay diálogos. Lo que hay es una sujeción de ellos a la justicia y un reconocimiento al Estado como único poseedor legítimo de las armas, del control de los territorios, impartidor legítimo de justicia y único colector de tributación de los pueblos. ¿Eso implica que las AGC y otros grupos armados organizados no reciben estatus político?

En ningún momento van a tener estatus político.

Tendrán rebajas de penas, pero se les aplicará la justicia ordinaria. Simplemente hay un mecanismo de sujeción colectiva que les permite ser acogidos con el compromiso de desmantelar todas esas estructuras armadas y de narcotráfico, y aportar a la verdad. Un compromiso del Estado es atender de inmediato esas zonas y no dejarlas a la deriva para que las ocupen los carteles internacionales o las disidencias de la guerrilla.

La entrega de los cabecillas puede culminar con éxito, pero negocios como el narcotráfico quedarían intactos y vacantes para que alguien más los retome, ¿qué debería seguir luego del sometimiento?

El sometimiento significa precisamente entregar las rutas y comprometerse a la erradicación voluntaria, a la sustitución de cultivos y ayudarle al Estado a ocupar los territorios con el imperio de la ley, de manera que no haya que ver el proceso mirando más los fantasmas que los compromisos. Hay que ver los compromisos y robustecer su cumplimiento.

“Los cerebros del narcotráfico no están en Urabá”: monseñor Torres Juan Arturo Gómez Tobón atgoz@hotmail.com Desde 2015, cuando fue nombrado por el papa Francisco como obispo de Apartadó, Hugo Alberto Torres sabía que entre sus retos más grandes estarían el de ser facilitador de paz y acompañar a las víctimas del conflicto armado en esta región del país. Torres nació en Briceño, Antioquia, y ha pasado un buen tiempo de su vida en aulas de clase como profesor. En varios comunicados, ha denunciado el reagrupamiento del paramilitarismo y ha manifestado su preocupación por el asesinato de líderes sociales y reclamantes de tierras en Urabá. ¿Cómo ha sido el contacto de la Iglesia con el Clan del Golfo?

Hubo una reunión informal de uno de los obispos con delegados del Clan del Golfo, buscaban el apoyo de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) al proceso de sometimiento; ese apoyo ya lo ha expresado públicamente la Iglesia católica. Aunque no hay pronunciamiento oficial del gobierno, ni de las AGC y tampoco de la CEC, los delegados por parte de la Iglesia seríamos monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía y este servidor.

Nuestra invitación es a construir una paz verdadera, no solo con el silencio momentáneo de unos fusiles.

¿El Clan del Golfo es un grupo paramilitar o una banda criminal?

Aquí hay una continuidad.

Hay unas autodefensas que se desmovilizaron, pero hay unos disidentes que mudaron a lo mismo: paramilitarismo. ¿Qué significa eso de “construir una paz verdadera, no solo con el silencio momentáneo de fusiles”?

Es acabar con el yugo de las armas, ese que por décadas ha sometido a Colombia, y en especial a la población de Urabá y el Darién chocoano. Además, hay que ponerle fin al abandono histórico sufrido por regiones como la nuestra, con justicia social y presencia real del Estado. En Urabá, el Gobierno tiene que hacer inversión social, apoyar la empresa y la industria, pero una empresa que cumpla su responsabilidad social y laboral con las clases trabajadoras. Yo le pido al nuevo Gobierno que siga caminando en la senda de lo institucional y lo legal. Todavía somos una sociedad muy informal y el gobierno debe abocar, en nuestra región, a que todos andemos por los caminos de la legalidad.

Usted ha dicho que debe enfrentarse el fenómeno del narcotráfico, “venga de donde venga”, ¿a qué se refiere?

Urabá y el Darién son un pequeño eslabón en la cadena mundial del narcotráfico. El Clan del Golfo maneja unas rutas y cobra el peaje, pero los cerebros del narcotráfico no están en la zona y ya en Urabá hay presencia de otros grupos. Por ejemplo, se sabe que hay preFotografía: Bertha Durango, Diócesis de Apartadó. sencia de los carteles de México y esa es una verdad expresada por muchos en la región. inversión social. En una visita a una de las comunidades indígenas del Bajo Atrato, se veía la pobreza y el De darse el sometimiento ¿qué sucederá con abandono. Son territorios sin carreteras y si sacan un los espacios de injerencia del Clan del Golfo? bulto de aguacate o plátano se los pagan a huevo. Al La salida de las Farc de las zonas del Bajo Atrato ver esta realidad uno se pregunta: ¿de qué vive esta empoderó al ELN, quienes ocuparon ese espacio. En gente? Y la respuesta es sencilla, algunos subsisten de este territorio existen negocios lucrativos como las ruarrendar la tierra a cocaleros y los jóvenes se vuelven tas de tráfico de drogas y de migrantes. Al salir el Clan raspchines o llevan a sus espaldas la droga por selva. del Golfo, el ELN va a aprovechar esa ganga. En una La presencia del Estado tiene que ser integral. visita a la comunidad de Curvaradó, un líder indígena decía: “Durante el tiempo que estuvo las Farc solo se ¿Usted realmente cree en el sometimiento del nos llevaron 10 jóvenes; en estos dos años que ha esClan del Gofo? tado el ELN se nos han llevado 25 muchachos”. La Yo pienso que sí se van a entregar. Pero en Urabá y presencia del ELN es real en los espacios dejados por el Darién no solo hay presencia de las AGC y el ELN. las Farc en Urabá y el Darién. ¿Eso significa que hay disidencias de las Farc Pero el ELN también está en diálogos con el en el territorio?

Gobierno, ¿considera factible un acuerdo de paz No creo. Las Farc han sido sinceras en este procon este grupo? ceso. De no darse una fuerte respuesta institucional, En las visitas de veeduría con la ONU al cese al lo que puede haber es una lucha por el control entre el fuego bilateral entre el ELN y el Estado, en el bajo ELN y grupos con nueva presencia en la región.

Atrato algunas comunidades se quejaban de siembra de minas antipersona, población confinada, extorsiones, ¿Uno de esos grupos sería el “Ejercito Antireclutamiento forzado y fuertes enfrentamientos con restitución de Tierras”? el Clan del Golfo. Por ello denunciamos que algunos Cuando ocurrió el asesinato de los ocho policías sectores del grupo no estaban cumpliendo con lo pacen San Pedro de Urabá que apoyaban la Unidad de tado como el Bloque Occidente, especialmente en la Restitución de Tierras, inicialmente pensé que el resparte baja del Chocó. Posteriormente, los tres obispos ponsable era el Clan del Golfo, pero alguien me dijo: del Chocó y algunos líderes firmamos un documento “No, esos son grupos delincuenciales al servicio de donde exigíamos que el ELN pusiera las cartas sobre la no restitución de tierras”. Tengo entendido que el la mesa. No sé cuánto se ha avanzado en los diálogos, Ejercito Anti-restitución de Tierras es un grupo de pero yo no lo veo muy factible en el Bajo Atrato. El mercenarios que reciben la orden de actuar en contra Bloque Occidental parece una rueda suelta. la autoridad, como en este caso, o de las personas que están reclamando sus tierras como pasó con los líde¿Cuál debe ser el accionar del Gobierno para res en Belén de Bajirá. evitar lo de “salen unos y entran otros”?

La lucha contra el narcotráfico debe ser integral, ¿Qué mensaje le enviaría usted al Clan del en estas fronteras están los últimos implicados, los Golfo? cerebros de estas organizaciones no son de la zona, Mi invitación es a que le den al pueblo colomesto se viene manejado desde afuera y aquí ponen biano la alegría de sujetarse a ley e incluso, de ser neel pecho los que trafican, los raspachines y quienes cesario, poner al servicio de este proyecto todos sus procesan la droga. En esto hay personas externas bienes. Yo les digo que aquí estoy para lo que pueda muy poderosas. La lucha del Gobierno debe ser de servir y que como pastor los considero bien retornainteligencia nacional e internacional, pero sin dejar la dos a la iglesia, porque ellos nunca se han ido.

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El Clan del Golfo:

la otra deuda de la paz

¿Qué está pasando en la Comunidad de Paz?

El sacerdote jesuita Javier Giraldo acompaña a la comunidad en una marcha desde La Holandita, lugar donde vive la mayor parte de la población de la Comunidad de Paz, hasta la cabecera del corregimiento.

Fotografías: Alejandro Valencia Carmona

De acuerdo con los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 27 de julio fue la más reciente de las cinco incursiones violentas que han sufrido este año por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De la Urbe estuvo en la zona en marzo, cuando esa iniciativa de resistencia contra el conflicto cumplió 21 años de haber sido formalizada.

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Alejandro Valencia Carmona alejandro.valencia1@udea.edu.co

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no de los hombres, con su rostro cubierto con pasamontañas, apuntaba su pistola a José Roviro.

Germán, escondido detrás de la puerta de la bodega, miraba a los dos hombres armados a través de los espacios entre los maderos. Sabía que venían a matarlos. “No voy a correr, voy a quedarme, igual nos vamos a morir”, pensaba.

Germán Graciano es miembro y representante legal del Consejo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CDP). José Roviro López es el encargado de las finanzas y del comercio del cacao que siembran los campesinos de la zona. Son dos de los miembros más visibles de esa iniciativa de resistencia que en marzo de 1997 se declaró neutral ante todos los actores armados presentes en su territorio.

Después de gritarle que entrara a la bodega, el paramilitar agarró por el cuello a José Roviro y lo arrastró hasta la puerta. El campesino se aferró de la entrada y pensó: “De aquí no paso. De todas maneras, si me van a matar de aquí no paso”. Así ganó tiempo para que otros miembros de la Comunidad llegaran al sitio ubicado a unos 200 metros de la Holandita, un predio a diez minutos del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó.

Por el forcejeo, cuatro personas que estaban cerca de la bodega se enteraron de lo que sucedía, se aproximaron y con un movimiento ágil se abalanzaron sobre los paramilitares y lograron desarmarlos. Después, otro grupo,

armado con palos y machetes, llegó al sitio. Finalmente, inmovilizaron a los agresores.

Esto ocurrió el 29 de diciembre de 2017 y es, quizá, el recuerdo más vivo que tienen los integrantes de la CDP sobre las agresiones que siguen sufriendo 21 años después de haber exigido que se les mantenga al margen de la confrontación. Ese día, la propia comunidad evitó que dos de sus integrantes engrosaran la lista de líderes sociales asesinados en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, fueron 331 en todo el país.

Aunque la pregunta por las agresiones remita a ese episodio, tal vez porque expresa su voluntad de resistir ante los violentos, desde ese 29 de diciembre la CDP ha sufrido otras cinco incursiones paramilitares, según las cuentas de sus líderes.

La más reciente, el 27 de julio, cuando seis hombres uniformados y con armas largas, supuestos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, denominadas Clan del Golfo por el gobierno), transitaron por la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. “Si siguen denunciando los vamos a matar”, fue lo que les dijeron a los miembros de la Comunidad que se encontraban en ese lugar, ubicado a unas cinco horas del casco urbano de San José de Apartadó.

Han sido meses complejos desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. La salida de la zona del Frente

7 Quinto de esta guerrilla despejó el camino para que las AGC, que la comunidad no duda en calificar como paramilitares, se extendieran por el territorio con la intención de tomar el control.

En septiembre de 2016, el Informe de Riesgo Inminente 031–16 emitido por la Defensoría del Pueblo ya advertía sobre la presencia de integrantes de ese grupo armado en la zona. Presencia que, afirma Graciano, ha aumentado en los últimos meses. Incluso, a comienzos de julio de este año fueron vistos haciendo ejercicios de entrenamiento en la vereda Mulatos Medios.

Pero no es que antes de la salida de las Farc, la CDP haya vivido tiempos de paz. Declararse neutral ante todos los actores del conflicto, incluida la Fuerza Pública, generó señalamientos y persecuciones de todos los bandos. Los paramilitares decían que eran colaboradores de las Farc y estos, a su vez, junto a agentes estatales, los acusaban que ayudar a la guerrilla. Así se gestó una estigmatización que persiste hasta ahora y que, de acuerdo con los líderes, ha cobrado la vida de aproximadamente 300 integrantes de la comunidad. Uno de los episodios más recordados es el del 21 de febrero de 2005, cuando integrantes del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia masacraron a ocho personas.

Esta historia, en vez de amedrentarlos, ha fortalecido la solidaridad de los campesinos y la decisión de insistir en una respuesta pacífica ante las agresiones. Por eso, reacciones como la del 29 de diciembre son recurrentes. “Por ejemplo, nos llaman de una vereda y dicen ‘se entraron los paramilitares’, y en pocos minutos se organiza una comisión y se va a enfrentarlos. Eso ha pasado multitud de veces en la historia de la comunidad”, explica Javier Giraldo, sacerdote jesuita e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), quien ha acompañado a la comunidad desde su conformación en 1997.

“Eso ya se volvió una costumbre. El principio es no aceptar ese tipo de agresiones pasivamente, sino reaccionar activamente, enfrentar a los victimarios y si hay víctimas privadas de libertad, tratar de rescatarlas”, añade Giraldo.

También es producto de la desconfianza hacia las instituciones del Estado, no solo frente a la Fuerza Pública.

Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia han ordenado que se protejan los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz. Sin embargo, el abogado Jorge Molano, quien ha representado jurídicamente a la CDP por la masacre de 2005, asegura que el índice de impunidad ante los hechos victimizantes contra sus miembros es del 99.4%.

Con hechos como los de diciembre y julio, la incertidumbre y el miedo persisten. “En cualquier momento pueden asesinar a cualquiera de la comunidad”, comenta Germán Graciano. Y a eso se suma la incertidumbre por el nuevo panorama político que implica la llegada de Iván Duque al poder. “Es muy compleja la situación porque se sabe qué actitud tiene el nuevo gobierno —dice el líder—. Sabemos todas las estrategias de ese modelo”.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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El Clan del Golfo:

la otra deuda de la paz

Deyder Henríquez Matos es integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar. En julio, su nombre apareció junto al de varios de sus compañeros en un panfleto que los declaró “objetivo militar”. Hablamos con él sobre las amenazas y los retos para las políticas de víctimas con la llegada de Iván Duque a la Presidencia.

Santiago Rodríguez santiago.rodrigueza@udea.edu.co

A

Deyder llegó a Cartagena desplazado desde Santa Marta cuando tenía 11 años.

En la capital de Bolívar empezó su participación en movimientos sociales en defensa de las víctimas del conflicto armado.

Fotografía: Cortesía

principios de julio, la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar recibió un panfleto, presuntamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que amenazaba de muerte a ocho de sus miembros. Entre los nombres de quienes señalaba como “guerrilleros disfrazados de la defensa de derechos humanos”, estaba el de Deyder Henríquez Matos, representante de juventudes en la Mesa Nacional de Víctimas.

Deyder tiene 26 años y vive en Cartagena hace 15. Nació en Santa Marta, pero fue víctima de un desplazamiento forzado que obligó a su familia a salir de su ciudad de origen.

“Llegué siendo un niño de 11 años y me tocó vivir todos los efectos que genera el desplazamiento, pero decidí ser parte de la solución a las problemáticas de las victimas e inclusive de las comunidades empobrecidas de Cartagena”, dice.

Así fue como antes de pertenecer a la Mesa de Víctimas, Deyder llegó a la Coordinación de la Mesa Alternativa

de Juventudes de Cartagena y participó en la formulación de la política pública de juventudes de esta ciudad.

Sin embargo, por su trabajo en comunidad varias veces ha sido víctima de hostigamientos y persecuciones. La amenaza de julio ratificó la situación que la Defensoría del Pueblo ya había denunciado en febrero con el Informe de Riesgo 023-18. En ese documento detallaba, por cada departamento, las organizaciones de la sociedad civil que podrían ser objeto de agresiones. En Bolívar, destacó el caso de su Mesa de Víctimas.

Esa amenaza ocurre en el contexto de transición que implica el nuevo gobierno de Iván Duque, quien el 7 de agosto asumió la Presidencia antecedido por la oposición de su partido a los acuerdos de paz con las Farc. Sumado a esto están las disputas por parte del ELN, las llamadas “bacrim” y las disidencias de las Farc por los territorios que ocupaba antiguamente esta guerrilla. Todo ello configura un escenario complejo para los liderazgos sociales y, en particular, para los representantes de las víctimas.

Según el Informe Piedra en el Zapato del Programa Somos Defensores, en 2017 fueron asesinados tres defensores de víctimas en el país, quienes hacen parte de la cifra de 282 personas que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, fueron asesinadas entre enero de 2016 y febrero de 2018 por su “defensa de su comunidad o de los derechos humanos”.

En un momento de balance sobre los asuntos pendientes que deja el gobierno Santos en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz y la política de reparación integral, y ante el nuevo panorama que representa Duque, hablamos con Deyder sobre la expectativa de las víctimas y el reto de defender su propia vida.

¿Por qué decidió formar parte de la Mesa de Víctimas?

Decidí hacer parte de las Mesas de Víctimas para aportar a las luchas por la vida, la paz, la finalización del conflicto armado y la reparación integral de las víctimas. Soy un ser humano que siempre ha creído que es posible construir un país diferente, donde podamos vivir en paz, con todas las condiciones para que todos los colombianos accedamos a nuestros derechos y así lograr la realización de una vida digna, con territorios autónomos donde se proteja el ambiente y los animales.

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El 6 de julio, cientos de personas se reunieron en el Parque de los Deseos, en Medellín, para rechazar los asesinatos de líderes sociales. Una imagen similar tuvo lugar en varias ciudades del país.

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

¿Qué panorama encontró cuando empezó a participar activamente como representante de víctimas?

Era el año 2013 y se estaban instalando en Colombia cada una de las mesas municipales, distritales, departamentales y la Mesa Nacional en el marco de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que las crea formalmente. Son espacios que nacieron en un contexto todavía de guerra. En esa época, apenas era el primer año de las negociaciones de paz con las Farc y todavía no había diálogos con el ELN. El proceso de paz era una exigencia que tenían las poblaciones colombianas, principalmente afectadas por la guerra, de que esta se acabara en los territorios. ¿Qué había antes de esa ley en políticas de víctimas?

Hay que recordar que el gobierno de Álvaro Uribe no reconocía ni siquiera la existencia de un conflicto armado.

Es el gobierno de Juan Manuel Santos el que reconoce la existencia del conflicto armado, crea la Ley de Víctimas, impulsa las mesas y los Acuerdos de Paz con las Farc. ¿En qué estado deja el gobierno nacional la implementación de las políticas de reparación integral?

Con unos mínimos avances y, eso sí, con grandísimos retos en cuanto a reparación de víctimas y a la finalización de la guerra en Colombia. De los aproximadamente 8 millones de víctimas que existen en Colombia, solo han sido indemnizadas alrededor de 800 mil personas, un equivalente a, más o menos, el 10% del total. Hay un gran reto en el tema de la financiación de las políticas de reparación integral, los recursos no alcanzan y el gobierno le ha expresado a la Mesa Nacional de Víctimas, a través del Departamento de Planeación, el Ministerio de Hacienda y la Unidad para las Víctimas, que, si continúan con estos mismos recursos, necesitarían 30 años.

Ese panorama plantea entonces que no es posible reparar integralmente a las víctimas, teniendo en cuenta que la vigencia de la Ley 1448 es solo de 10 años.

Es un tema que preocupa. La Ley de Víctimas debe finalizar en el 2021, pues se aprobó en 2011. Ya llevamos siete años de implementación de esta ley y faltarían solo tres. Si esta se termina, millones de víctimas quedarían sin una reparación integral. Entonces es importante que este nuevo gobierno se comprometa para la prolongación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para que se le inyecten recursos y se planee bien el tema presupuestal. En la construcción del Plan Nacional de Desarrollo debe haber una definición concreta que demuestre el compromiso de Iván Duque con las víctimas del conflicto.

A propósito de la elección de Iván Duque y teniendo en cuenta que su partido, Centro Democrático, se opuso a las 16 circunscripciones especiales de paz acordadas en La Habana, ¿qué expectativa tiene la Mesa Nacional de Víctimas?

El presidente Iván Duque y su partido consideran que las circunscripciones especiales de paz para las víctimas son curules que van a ser entregadas a guerrilleros de las Farc o a miembros del nuevo partido que surgió de la desmovilización de la guerrilla. La realidad es que estas curules son para 16 territorios en donde el conflicto ha tenido mayor impacto; de ahí saldrían las 16 víctimas que irían al Congreso. Duque tenía una propuesta, un nuevo proyecto de ley para que las curules fueran entregadas, como dicen ellos, a “verdaderas víctimas” y no a guerrilleros. Era un proyecto que solo contemplaba ocho curules, pero de ese proyecto finalmente no supimos nada. Hay que esperar que el presidente electo presente un nuevo proyecto de ley, que respete el que ya se venía tramitando con el apoyo de la Mesa Nacional de Víctimas o que realicemos uno nuevo en conjunto, como Mesa Nacional y Gobierno Nacional, que sería lo ideal.

Precisamente sobre los Acuerdos de Paz, una de las banderas del Centro Democrático ha sido que el Acuerdo “no tuvo en cuenta a las víctimas de las Farc”. ¿Qué tanto se han sintieron las víctimas incluidas en los Acuerdos de Paz? Muchas víctimas de las Farc, muchísimas, se encuentran integrando la Mesa Nacional de Víctimas y algunas de ellas participaron en los diálogos. Yo no tuve la oportunidad de participar formalmente, pero uno siente que otros compañeros y compañeras pudieron dar el debate y aportar sus posturas. Evidentemente faltó mucho más dialogo, eso sí quiero decir, porque debió ser algo mucho más participativo, pero lo que se dio fue también favorable. Entonces eso de que no hayan participado las víctimas de las Farc es una estrategia del uribismo. ¿Y en la implementación de lo pactado?

Desde la Mesa estamos dando nuestra lucha para participar en cada una de las partes de la implementación de los acuerdos. En nuestro último plenario, estuvimos con el presidente Santos, con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), con integrantes de la Comisión de la Verdad, con muchos ministerios, acordando nuestra participación en la implementación de los Acuerdos de Paz. Lo cierto es que hay que movilizarse, hay que incidir y hay que presionar. Desafortunadamente, en este país nada se nos va a dar en las manos, todo es una lucha por los derechos, por el territorio, por la vida y por los espacios en los que se decide a favor de las comunidades. ¿Qué otro reto queda para el próximo gobierno?

En general el Acuerdo de paz con las Farc es el reto que tiene el gobierno del presidente Duque; la implemen-

tación debe acogerla con total compromiso. Pero este nuevo gobierno genera incertidumbre frente a la continuidad de la paz.

En los últimos meses hemos presenciado el asesinato de decenas de líderes sociales, entre ellos, defensores de los derechos de las víctimas y de la restitución de tierras, ¿qué le pide al nuevo gobierno frente a este tema?

Este es uno de los temas más neurálgicos hoy por hoy en el país: nos están matando. Queremos ver a este nuevo gobierno comprometido con la protección de líderes y lideresas sociales, y con la prevención de las agresiones, las violaciones a los derechos humanos, las amenazas y los asesinatos a los liderazgos en Colombia.

Usted mismo acaba de ser amenazado su defensa de las políticas de víctimas, ¿ya había sido amenazado en otras ocasiones?

En el pasado también habíamos sido hostigados y perseguidos. Seguimientos de personas en moto, de extraños merodeando nuestras casas y los lugares en que hacemos incidencia. Pero esta es la más reciente y la que más ha llamado la atención de la sociedad civil y de la prensa. ¿Qué han dicho las autoridades frente a esta amenaza?

Lo que dicen las autoridades siempre es que es mentira, que esto no es de fuerzas oscuras, que esto no es de los paramilitares, que no se preocupen, que no hay riesgo y tampoco brindan la protección oportuna. ¿Qué medidas está utilizando para protegerse?

En Colombia los líderes sociales hemos sobrevivido con nuestro propio autocuidado, eso es lo único que nos queda: no frecuentar los mismos lugares, tener precaución en las redes sociales, en ciertos momentos debemos ser muy estratégicos para dar nuestra postura política alternativa, a veces toca dormir en otras casas, a veces mudarse de barrio, a veces no hablar todos los temas delicados por celular, sino personalmente con nuestros amigos y nuestras amigas, compañeros y compañeras. ¿Cómo cree que su activismo político se relaciona con esas amenazas?, ¿ha pensado en hacerse a un lado?

Este liderazgo ha sido el motivo para que seamos amenazados por fuerzas que desconocemos, pero que indiscutiblemente rechazamos. Ya hemos dicho que no nos vamos a intimidar y vamos a seguir adelante en estos procesos sociales, y que ahora más que nunca vamos a seguir juntándonos a favor de la política de la vida, en contra de la política de la muerte.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

Ilustración: Karen Parrado Beltrán / piedemosca@gmail.com

10 Informe

Luis Bonza Ramírez luis.bonza@udea.edu.co

A

las 4:30 de la mañana, la Plaza Minorista José María Villa abre sus puertas a los compradores. El kilo de ahuyama cuesta 800 pesos, el de tomate chonto 2.700 y el de guayaba pera 1.400. La Plaza es un gran laberinto de colores, sabores y texturas: manzanas rojísimas, bananos relucientes, mangos jugosos y piñas brillantes como el oro y la miel. Hay pasillos de solo papa, calles de guanábana y avenidas de cebolla. Cafeterías, almorzaderos y bares.

Toda esa agitación está encerrada en los más de 1.500 locales que comercializan los abarrotes que cada día cambian de precios con la oferta y demanda. Sin embargo, hay un lugar de la plaza en el que los precios no cambian, todo es gratis todo el día, todos los días. Los productos no son tan bonitos ni tan brillantes ni tan jugosos. Tampoco están tan organizados ni son ofrecidos a gritos.

El lugar se llama El Muelle, en la zona de descargue de la parte trasera de la plaza, y los alimentos están

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disponibles a manera de bufet para quienes decidan buscarlos entre la basura. Hay pepinos enteros entre otros magullados, zanahorias perfectas entre otras podridas y tomates en su punto entre otros en extremo madurados.

Hay alimentos que están tan buenos que los comensales no solo los consumen, también los venden después de hacer un proceso de selección.

Ese bufet es como el de los mejores restaurantes, no se acaba la comida. Se llena con los desechos de los locales de la Plaza que están compuestos de residuos orgánicos como las primeras hojas de la lechuga o las cáscaras de maracuyá ya abiertos y utilizados en pulpa. También, de alimentos que se echaron a perder por su estado de maduración, por hongos o simplemente por su presentación física. Casi siempre se van a El Muelle acompañados de otros, que por estar en el mismo costal, también llevan del bulto aunque estén en perfecto estado.

11 El Muelle es apenas una pequeña muestra, un modelo a escala de los basureros en Colombia que no solo contienen desechos sino comida por montones. El relleno sanitario La Pradera recibe cada día 3.300 toneladas de basura que provienen de 35 municipios de Antioquia, siendo Medellín el que más aporta a esa cifra. En un año, explica Luisa Fernanda Arias, coordinadora comercial del Banco Arquidiocesano de Alimentos, se recogen 1.2 millones de toneladas, de las que 400 mil son comida. En Antioquia, el 33,2% de la basura que producimos nos la podríamos comer.

Lo que pasa en El Muelle ejemplifica una problemática mucho más grande y que es de orden nacional. En Colombia, se producen al año 28,5 millones de toneladas de alimentos de los que se pierde y desperdicia el 34%. Por cada tres toneladas de producción, una termina en la basura según un estudio publicado en 2016 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Con los 9,76 millones de toneladas de comida que se botan en un año en Colombia se podría alimentar a los habitantes de Bogotá en ese mismo periodo, a los de Medellín durante tres años y a todo el departamento del Chocó, el más pobre del país, durante 16 años.

El Muelle es uno de los tantos lugares en los que terminan los alimentos que la gente no consume, así como los basureros, rellenos sanitarios y depósitos. Allí llegan quienes tienen hambre y aprovechan, como la hormiga que se acerca a las migajas, para saciar su estómago hambriento con lo que es basura para otros.

El hambre que a nadie le interesa

Según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN), que se realiza cada cinco años, más de la mitad de los hogares del país, el 54.4%, no tienen acceso seguro y permanente a alimentos suficientes en cantidad y calidad. A esta condición se le conoce como inseguridad alimentaria.

En Medellín, el 58.6% de los hogares vive con inseguridad alimentaria, siendo las comunas Manrique, Santa Cruz, Popular y Aranjuez las de mayor riesgo, según el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Medellín 2016-2028.

En Colombia se ha tratado de avanzar en políticas claras que regulen la pérdida y el desperdicio de alimentos y que disminuyan los índices de inseguridad alimentaria y desnutrición, pero esa intención no se ha logrado concretar en una ley.

El 27 de abril de 2016, por ejemplo, fue presentado ante la Comisión Séptima del Senado de la República un proyecto de ley que tenía como objetivo que se prohibiera el “desperdicio de alimentos por parte de las grandes cadenas de supermercados, productores de alimentos, procesadores de alimentos y centrales de abastos”.

El proyecto pretendía que esos alimentos, en lugar de terminar en lugares como El Muelle o en los rellenos sanitarios, fueran donados a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) o a alguna ONG con la supervisión del ICBF y el Ministerio de Salud. De no cumplirse, los responsables deberían pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes. El proyecto fue archivado por falta de trámite y los alimentos siguen en la basura.

Ese mismo año, Francia se convirtió en el primer país en el mundo en penalizar el desperdicio de alimentos, mediante la misma dinámica que se planteó en Colombia, es decir, multas a los distribuidores que en lugar de donar la comida a bancos de alimentos, la desecharan.

Los bancos de alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro que se encargan de recibir alimentos que no van a ser comercializados por diferentes razones: fallas en su presentación, fecha de vencimiento cercana, baja rotación (poco consumo), mal estado, entre otras. Una vez recibidos, los bancos hacen un proceso de control con los alimentos hasta que son adecuados para el consumo humano y los distribuyen a las comunidades que los necesitan.

Reciben todo tipo de alimentos incluyendo aquellas frutas y verduras que están en un estado de maduración avanzado (como las que botan en la Minorista) y en lugar de desecharlas, las procesan para que sean consumidas en pulpas, por ejemplo.

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) funciona desde el 2009, agrupa los bancos de alimentos que existen en el país y promueve la creación de nuevos donde su presencia sea requerida. En total, existen 18 que pertenecen a la Asociación y atienden 303 municipios. En Medellín, dos hacen parte de ABACO: La Fundación Saciar que atiende comunidades del Oriente antioqueño y Urabá y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín.

En 2017, entre los dos bancos, recibieron 6.758 toneladas de alimentos con las que fueron atendidas 868 instituciones legalmente constituidas que se encargan de repartir los alimentos a “personas en condición de vulnerabilidad que no alcanzan a consumir los alimentos básicos requeridos para una buena

nutrición, debido a la situación de pobreza extrema en la que se encuentran”, se explica en el sitio web de la Asociación.

Los alimentos son donados por grandes empresas como Éxito, Nutresa y Colombina cuando están próximos a vencerse o tienen problemas en el empaque. Sin embargo, el objetivo de esas fundaciones es llegar también a pequeños negocios y lograr reducir el desperdicio.

Más solidaridad

Luisa Fernanda Arias, coordinadora comercial del Banco Arquidiocesano de Alimentos, piensa que la pérdida y desperdicio de alimentos en el país tiene sus raíces en la falta de conciencia. “Cada quien se preocupa solamente por sí mismo. Sabe que tiene dinero para comprar comida cada mes y desconoce que hay otros que no tienen esa posibilidad”, afirma Luisa.

Esa falta de solidaridad que empieza en los hogares alcanza otros sectores. Los restaurantes son grandes contribuyentes al desperdicio de alimentos, no solamente desde las cocinas sino en las mesas, por culpa de los consumidores.

Al año, en Colombia se botan 1.5 millones de toneladas de alimentos después de que pasan por la mesa, según el estudio del DNP. Pero en los centros comerciales, donde abundan los restaurantes, no existen muelles. No hay un espacio para comer gratis cuando no se pueden comprar hamburguesas de veinte mil pesos.

Sin embargo, también hay basureros llenos de comida.

Los cochecitos que usan las personas para recoger los platos vacíos de las mesas cuando los clientes “terminan” su festín, casi nunca están tan vacíos.

Huevos fritos enteros, aguacates sin una puntica, ensaladas a medio comer y pedazos de pan que ya no tienen carne llenan bolsas y bolsas con el rótulo de “residuos orgánicos”.

Todos esos residuos de comida son dejados en los platos y en las mesas de los centros comerciales.

En el centro comercial Mayorca se llenan aproximadamente siete contenedores diarios con residuos orgánicos.

Cada contenedor tiene una capacidad de 150 kilos. Lo que quiere decir que cada día se produce, solo en ese centro comercial, una tonelada de basura a partir de las sobras que quedan en los platos y los residuos de los restaurantes, explican algunos empleados de servicios varios. Cuando una persona deja una parte de su comida en el plato, ese alimento deja de ser tal para convertirse en basura.

Pérdida vs. desperdicio

La pérdida de alimentos se da en los primeros eslabones de la cadena alimenticia, es decir, la cosecha, poscosecha y el procesamiento. El resto es desperdicio que se da en distribución y consumo y de ahí hacen parte los alimentos que se van a El Muelle y a los contenedores de Mayorca.

En esta etapa es fundamental no solo la conciencia de los consumidores sino la planeación en asuntos tan sencillos como hacer mercado, a la hora de revisar fechas de vencimiento y comprar lo necesario.

Los distribuidores y transportadores también tienen su responsabilidad. En sus manos ocurre el 20.6% del total del desperdicio anual. Según Anselmiro Bañol, presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín, el problema del desperdicio nace en la falta de educación de los productores involucrados en los primeros eslabones de la cadena. “Las verduras y las frutas, por ejemplo, las empacan en costales y las mandan en los camiones. Las que están en la parte de abajo siempre llegan destruidas y se van directamente a la basura”, afirma.

La Asociación que Bañol representa realiza una labor pedagógica de hacer recomendaciones y dar instrucciones sobre cómo evitar esos desperdicios mediante el uso de cajas plásticas para empacar las frutas. Según Bañol, se debe educar a la gente incitando a que sea más exigente con la presentación de los productos, así el distribuidor se verá obligado a tener más cuidado con el transporte de los mismos.

Ahora bien, los estándares tan altos que tienen los alimentos para ser consumidos también generan desperdicio.

Una manzana magullada, aunque sea consumible, muchas veces no es comprada porque las personas prefieren las que se ven relucientes. Esto causa que no haya una rotación adecuada del producto y esa manzana se dañe por completo y termine en la basura con los 6.1 millones de frutas y verduras que se botan al año en el país.

Por ahora, sin políticas claras, Colombia seguirá contribuyendo a las cifras de alimentos perdidos y desperdiciados en el mundo: 1.300 billones de toneladas anuales de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aunque las fundaciones que buscan erradicar el hambre hacen grandes esfuerzos, no logran un impacto significativo frente a las altas cifras de pérdida y desperdicio de alimentos.

Los contenedores de los centros comerciales se siguen alimentando mejor que más de la mitad de los hogares en el país.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

12 Testimonio

Elisa Castrillón Palacio elisa.castrillon@udea.edu.co

La primera menstruación me llegó un 7 de diciembre mientras le prendía velas a la Virgen María. Yo no lo sabía, pero mi útero empezaba a contraerse y yo sentía que algo adentro me dolía con una intensidad que no había sentido antes: un dolor diferente a todos los dolores. Dos días después, cuando apenas entendía cómo se usaban las toallas higiénicas que le había robado a mi hermana para ir a un paseo familiar, me desperté en una cama de hotel sobre una sábana blanca llena de sangre. Como no quería confesar qué me pasaba, inventé que me sentía enferma para meterme en la ducha, con la sangre y la sábana, cuando todos se hubiesen ido.

Guardé silencio hasta el siguiente mes, cuando el dolor fue tan fuerte que le dije a una compañera del colegio que “me había roto por dentro”. Ese dolor, que la medicina nombra dismenorrea, me ha acompañado desde entonces: cada 29 días durante cerca de diez años. 120 meses con un retorcijón que me adormece las piernas y me produce calambres, diarrea, incomodidad y asco.

Según un artículo publicado en 2001 en la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, entre el 10 y el 15% de las mujeres con ciclo menstrual activo, padecen dolores relacionados con él. De ellas, cerca del 5% presentan síntomas que son motivo de incapacidad para sus funciones normales. Según el mismo estudio, esa incapacidad genera la pérdida de 600 millones de horas de trabajo y 2.000 millones de dólares en Estados Unidos. Otro estudio, publicado en julio de 2016 por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, PubMed Health, afirma que en diez de cada cien mujeres el cólico menstrual es tan fuerte que no pueden continuar sus actividades diarias con normalidad por entre uno y tres días cada mes.

El pico de mi dolor lo sentí en 2014, cuando un cólico me encalambró las piernas y me impidió moverme. Tan acostumbrada estaba al silencio que, incluso en esa situación, reflexioné si debía acudir al médico. No lo hice. Cuando pedí ayuda a las profesoras del colegio, mentí diciendo que en una escala de diez, el dolor representaba menos de siete.

Claudia Avendaño, historiadora, filósofa y profesora de varios cursos en la Universidad Pontificia Bolivariana sobre la transformación de los imaginarios alrededor de la mujer a lo largo de la historia, explica que ya desde la antigüedad se hacía referencia al nido de la mujer para referirse a su útero y que fueron los egipcios quienes lo llamaron histeris: “De ahí se va a derivar el concepto de histeria. Por lo tanto, las únicas que podemos ser histéricas somos las mujeres porque somos las únicas que tenemos útero”. Por mucho tiempo, esta condición ha sido entendida como un comportamiento mental desordenado, ambivalente y voluble: una debilidad mental por tener útero.

“Eso es normal, tómate una pastilla”, me dijeron. Y sí, el dolor menstrual es normal hasta cierto punto. Joaquín Gómez, ginecólogo y doctor en Salud Pública, explica que los cólicos menstruales los producen las contracciones del útero cuando el endometrio, que es la membrana carnosa que recubre las paredes uterinas a la espera de un óvulo fecunda-

No. 91 Medellín, agosto de 2018

do, empieza a desprenderse y a sangrar cuando no se produce el embarazo.

Los dolores más fuertes se producen cuando hay dificultad para esa expulsión. En otros casos, el dolor puede estar relacionado con enfermedades que, de no ser diagnosticadas correctamente, aumentan el riesgo de infertilidad y de padecer otras dolencias.

En Colombia, entre el 4 y el 8% de las mujeres en la etapa menstrual sufre del Síndrome de Ovarios Poliquísticos, según otro estudio publicado en 2006 en la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología.

Esta enfermedad causa dolores fuertes y se manifiesta en el aumento de acné y vello corporal en algunas mujeres. En otro artículo publicado por PubMed Health se explica que la endometriosis, que se genera por el desprendimiento inadecuado del endometrio que termina alojándose en otros puntos del aparato reproductivo, es padecida por entre el 40 y el 60% de mujeres que sufren dolores menstruales.

Claudia Avendaño cuenta que los procesos asociados a esta enfermedad solo empezaron a ser aceptados clínicamente en la década de los 60 del siglo XX, aunque se conocían desde antes por ciertos trabajos sobre anatomía.

Explica Joaquín Gómez que “la cultura machista en la que estamos inmersos ha normalizado la incapacidad asociada a los dolores de la mujer y desconoce que es un proble-

Ilustración: Simón Gallo / @smon_gallo

“No importa cuándo ni cómo se subleve, sueñe o batalle un miembro de nuestro sexo, siempre ha de toparse con el reto invariable de la subcondición de debilidad que le atribuyen los hombres, quizá porque ha sido lenta y accidentada nuestra propia aceptación del compromiso que sella el poder de crear, que se atribuyó solo a Dios”. Martha Robles.

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ma cultural”. Países como Taiwan, Corea del Sur y Japón ya adoptaron la incapacidad remunerada para las mujeres que en su menstruación padecen de dolores muy fuertes y otros, como Italia, han abierto el debate. Marleny Valencia, bacterióloga especialista en citología y doctora en Salud Pública, considera que la discusión en Colombia es diferente, pues “si las mujeres consultaran cada mes, las salas de espera estarían siempre llenas” y el sistema de salud no está preparado para eso. Coincide con Gómez en que la importancia radica en una educación con enfoque de género, donde sean las mismas mujeres quienes, conociendo la normalidad de su ciclo, puedan tomar decisiones informadas.

“En mis ojos cabe todo el dolor del mundo.

En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe”.

Marta Gómez.

El primer embarazo de mi mamá fue a sus 34 años, y fue casi un milagro. Diez años antes se había sometido a una cirugía para extraer un mioma alojado en su útero y en el procedimiento, mal realizado, destruyeron una de las trompas de falopio. Solo se enteró unos cinco años después cuando, al año de casarse, descubrió la dificultad de quedar en embarazo.

Entre el 20 y el 50% de las mujeres, revela un artículo publicado en la Revista Argentina de Radiología en 2010, padecen miomatosis, que es la presencia de tumores sólidos, por lo general benignos, que se alojan en el útero y el aparato reproductor femenino. De ellas, aproximadamente la mitad presentan síntomas clínicos que requieren de intervención quirúrgica.

Cerca de la sexta semana de ese embarazo, cuando ya se acostumbraba a los “salticos que dan en el estómago”, dejó de sentir al bebé. Tres días después de llamar a la ginecóloga que la trataba, un examen le confirmó “que ya no había nada, que se había muerto”. En el año 2017, según cifras del DANE, de las 43.089 muertes fetales ocurridas en Colombia, el 66% ocurrió en las primeras veintidós semanas de embarazo. La causa de la muerte del bebé fue natural, y unos días después mi mamá se sometió a un curetaje para limpiar el útero y empezar nuevamente la búsqueda de ser madre.

Dice ella que perder un hijo duele en las entrañas, sobre todo si es tan deseado. Que ella, aunque no sintió dolor físico, descubrió en la pérdida la fortaleza para volver a intentarlo. “Las mujeres somos tan aguantadoras, que por eso nos dieron ese don de mamás. Los hombres no hubiesen sido capaces”.

Para Claudia Avendaño, las mujeres hemos aceptado que debemos “parir con dolor”. “Dentro de la concepción religiosa, que nos marca culturalmente aunque no seamos creyentes, la idea es que la mujer es la que debe sufrir, es ella la que se debe sacrificar. Ella debe parir con dolor porque está pagando el pecado original”.

La obstrucción que mi mamá tenía en la trompa reducía considerablemente la posibilidad del embarazo y mis

padres comenzaron un tratamiento para lograrlo. Cada mes mi mamá se sometía a un monitoreo que ayudaba a establecer con más precisión su ciclo ovulatorio. Convenciéndose de que el embarazo era difícil, la ginecóloga decidió someterla a un último procedimiento, una laparoscopia, y a mi papá le pidió exámenes de control de fertilidad.

Se les advirtió a ambos que, por un periodo de por lo menos seis meses, no podría existir embarazo, pues después del procedimiento la matriz quedaría “tan débil como la cáscara de un huevo”. Mi papá fue positivo para varicocele, y se confirmó que la dificultad de ser padres recaía en ambos.

Dos meses después de la cirugía, mi mamá quedó en embarazo por segunda vez, y contra todo pronóstico, lo hizo de nuevo dos años después.

En ninguno de los casos se atrevió al parto natural porque siempre tuvo miedo a ese dolor. Miedo que no tuvo cuando le advirtieron el riesgo por la condición médica del útero después de la cirugía ni cuando volvió a quedar en embarazo a los cuarenta años con los riesgos de esa edad. En 2016, de los 647.521 nacimientos ocurridos en Colombia, solo 12.849 correspondieron a madres en edades entre los 40 y los 44 años.

No fue el caso de mi mamá, pero en Colombia son muchas las mujeres que sufren de violencia obstétrica durante el parto. Esto porque no se les informan los procedimientos ni las posibilidades de acceder a determinadas prácticas. En 2016, según el DANE, murieron 476 madres gestantes, la misma cifra del 2015. Estas muertes se deben a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

“La medicina ha avanzado en cosas que no sabíamos antes y que son sorprendentes, en ginecobstetricia casi no.

Esta se empieza a desarrollar como especialidad médica en los años 20 del siglo XX. Es decir, antes se dejaba la práctica del cuidado de las mujeres en embarazo, en parto y en posparto en manos de doulas, parteras o cualquier otra mujer: no médicos, eso no se consideraba una especie de medicina”, explica Claudia Avendaño.

Al respecto, Joaquín Gómez reconoce que a la medicina le hace falta asumir que el individuo debe ser lo principal, que son las mujeres “quienes deben decidir sobre su proceso y son ellas quienes deben ser el centro de atención”.

Esto porque “somos una sociedad conservadora, discriminadora e impositiva que ha funcionado siempre bajo la base del patriarca”, y en donde, coincide Marleny Valencia, “los roles de género no permiten que las mujeres sobrepongan el dolor a las responsabilidades que hemos impuesto”.

La primera vez que escuché a mi abuela decir la palabra menopausia fue porque una de sus hijas comenzó a hablar de ella. Mi tía se reía del calor que le produce vivir esa etapa, pero a la abuela no le gustó porque “esos procesos se viven en silencio”.

A ella los síntomas se le manifestaron a los 50 años, en 1981. Sintió esos “calores del demonio”, como los llama, pero no sabía qué eran: nunca consultó al médico porque le dijeron que eran normales, que estaba “cerrando edad”.

La menopausia es, como explica la Asociación Colombiana de Menopausia, “el envejecimiento ovárico, tanto de las hormonas como de la función reproductiva”, es decir, la última menstruación. En este proceso la mujer pierde apetito sexual, puede sufrir calores, dificultad para dormir y alteraciones emocionales.

Mi abuela tuvo nueve hijos: siete mujeres y dos hombres, todos en un periodo de diecisiete años. Tenía 21 en su primer embarazo y 38 en el último.

En aquellos años, me cuenta, la maternidad en el matrimonio no era discutible. Fueron nueve porque “tener muchos estaba de moda. La más berraca era la que más hijos tuviera”, y, aún con esa idea, nunca se acostumbró al dolor. Al de parirlos, al de amamantarlos (que le fue imposible, como a mi mamá), al de criarlos y al de verlos crecer. Fueron nueve porque, explica, “los hijos después de los cuarenta son un riesgo”.

La menopausia confirma que ya no puede producirse el embarazo. De acuerdo con un artículo publicado por la Revista Colombiana de Psiquiatría en 2009, las mujeres en Latinoamérica tienen su última menstruación entre los 45 y los 55 años. El mismo artículo registra que cerca del 6% de las menores de 45 años tiene síntomas y que el 2% de las mayores de 55 años continúan con el ciclo menstrual.

En 2015, según el Dane, el 50% de los 48.203.405 colombianos eran mujeres, es decir, 24.403.726. De ellas, 5.478.904, el 1,8%, tenían más de 50 años. Para el mismo año, de los 660.099 partos reportados, apenas 152 correspondieron a mujeres entre los 50 y los 54 años de edad.

Dice mi abuela que la menopausia no duele. Y que si llegó a doler, nunca asoció el dolor a ese proceso. No lo hizo porque en esa época nadie consultaba al médico para esas cosas, y porque, como ahora, era normal sentir dolor.

Mis tías, siete mujeres, coinciden en que mi abuela fue poco afectiva con ellas: “La ternura no era una de sus características”, dice una. Eso explica la incapacidad de todas para expresar cómo era la abuela a los cincuenta años o reconocer si la edad y el proceso en que se encontraba alteraban sus emociones.

Mi abuela explica su tosquedad como la preocupación que viene con “cuidar de los hijos”. No es así con sus nietos. Y ya no guarda silencio frente a su cuerpo porque le ha perdido la vergüenza.

Porque una cosa tienen en común estas tres etapas y las otras relacionadas con el proceso hormonal y de crecimiento de una mujer: el dolor físico es apenas una porción de sus manifestaciones. Los ciclos que constituyen a las mujeres nos afectan emocionalmente. Eso también lo asumimos en silencio. Porque el dolor, sí, hace parte de la cotidianidad de nuestro cuerpo, pero no es menos doloroso por ser justamente del nuestro.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

14 Análisis Daniel Bedoya Betancur debedoya09@gmail.com

“

Quiero ser su presidente para prohibir la dosis personal de droga en toda Colombia”. Estas fueron las palabras que usó el presidente electo Iván Duque durante un acto de campaña a principios de marzo. La prohibición del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) fue uno de los caballitos de batalla del candidato del Centro Democrático que, sin embargo, podría convertirse en un Caballo de Troya que frenaría los logros obtenidos en materia de política de drogas en los últimos años.

Para Duque, parte de la solución al problema de las drogas en Colombia se encuentra en la implementación del Acto Legislativo 02 de 2009, con el cual se modificó el artículo 39 de la Constitución Política de 1991 durante el gobierno de su jefe político, Álvaro Uribe Vélez. En contradicción con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta norma prohíbe el porte y consumo de sustancias psicoactivas salvo prescripción médica. El gobierno de Duque pretende combatir el problema de las drogas prohibiendo a los usuarios de SPA hacer uso de sus derechos a la autonomía, a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la personalidad. Esto, a menos que se declaren enfermos.

No es extraño el origen ideológico de esa propuesta, pero sorprende que el joven presidente acuda a la fórmula de la prohibición después de casi 60 años de fracasos en la guerra internacional contra las drogas. Pareciera que la doctrina de la seguridad inaugurada en Colombia en la década del 70 —y en la que también se inspiró el expresidente Uribe para implementar el Plan Colombia diseñado durante el gobierno de Andrés Pastrana— es para Duque la filosofía más indicada en la lucha contra el narcotráfico, para lograr un país libre de drogas y establecer “una cultura de la legalidad”. Esa perspectiva esconde una estrategia sustentada en el populismo punitivo: vigilancia, control, prohibición, penalización y criminalización.

Las consecuencias más graves de esta guerra sin tregua las han sufrido los cultivadores de coca, marihuana o amapola, y los consumidores; dos eslabones históricamente vulnerados en la cadena y en los cuales se concentra la arremetida del prohibicionismo. Con la estrategia de erradicación forzosa de los cultivos declarados de uso ilícito, el objetivo es reducir la oferta, como lo ha solicitado recientemente el gobierno de Estados Unidos al gobierno colombiano. Asimismo, con la penalización del uso recreativo, se trata de reducir la demanda de drogas, aumentando a su vez la estigmatización y la criminalización de los consumidores.

Sin embargo, los cálculos de tal fórmula son erráticos o carecen de evidencia científica. Como lo muestra el periodista Tom Wainwright en su libro Narconomics (2016), el negocio del narcotráfico no responde a las leyes básicas de la economía: a pesar de que se presenten determinados picos de reducción de oferta en algunos países productores, el número de usuarios en Estados Unidos —uno de los países con mayor consumo de cocaína y opiáceos— se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas. Los realmente afectados en el juego de la reducción de oferta han sido los campesinos cultivadores en países productores como Bolivia, Colombia y Perú.

Estos sectores de la población han sido los más perjudicados por medidas represivas como la erradicación forzada. Además de retomar la aspersión aérea con glifosato, suspendida durante el gobierno Santos, Duque pretende aplicar un método de erradicación genética para reducir las más de 200 mil hectáreas de coca sembrada en el país, cuyo aumento del 11% en 2017 fue calificado como “inaceptable” por Estados Unidos. Esta estrategia consiste en usar hongos herbicidas como arma biológica para la erradicación total de la especie Erythroxylum coca, y aunque este mecanismo se propuso durante la discusión del Plan Colombia a principios de la década del 2000, fue finalmente descartado por su peligrosidad para otras especies y para las comunidades.

Promover este tipo de estrategias en los programas de erradicación significaría cerrar rutas alternas como el cultivo legal (para usos tradicionales y medicinales) y la sustitución voluntaria, además de frenar el tránsito de los campesinos cultivadores a economías legales como se contempla en el punto cuatro de los acuerdos de paz de La Habana. Atacando la oferta, el gobierno de Duque no logrará reducir la demanda. Esta estrategia se ha usado desde el Plan Colombia, pero como lo hizo notar el presidente

¿Un ‘ducado’

nización, entre 1998 y 2012 un total de 608.000 hectáreas de bosque tropical fueron reemplazadas con cultivos de coca en el país. A este fenómeno, los observadores internacionales le han denominado el “efecto globo”: mientras se presiona un lado de la estructura, otra parte crece.

El programa del nuevo gobierno no propone estrategias distintas a las ya utilizadas por gobiernos anteriores para atacar la fabricación, el tráfico y la comercialización de estas sustancias: programas de familias guardabosques, aumento del pie de fuerza en zonas de cultivo, uso de nuevas tecnologías en operaciones de interdicción, control de precursores químicos, organización de cooperativas de seguridad público-privadas y reformas al Código Penal.

No se ve en su propuesta una sola estrategia novedosa para desmantelar las redes del narcotráfico y promover un diálogo nacional sobre cómo reformar nuestra fragmentada política de drogas.

En campaña, Duque hizo breves referencias a los mecanismos de sanción y rehabilitación para consumidores. Si bien no propuso reclusión carcelaria, aseguró que la estrategia sería el decomiso y una sanción administrativa, es decir, el cobro de multas. Aunque esta sanción ya esté contemplada en el actual Código de Policía para porte y consumo en espacios públicos, su aplicación sigue siendo controversial pues se contradice con la sentencia C-221 de 1994 que despenaliza la dosis personal.

En cuanto al enfoque de salud pública, el presidente electo propone una estrategia de prevención desde una perspectiva patológica: considera al consumidor como un enfermo y potencial adicto para así garantizar su remisión a centros de salud y rehabilitación. Lo que su programa no tiene en cuenta es que solo el 10% de los usuarios de SPA presenta un consumo problemático, mientras el 90% puede hacerlo sin mayores consecuencias para su salud. Según datos de la Unodc, de 247 millones de personas que usaron drogas en 2017, solo 29 millones se consideran usuarios problemáticos.

Este escenario plantea serias dudas sobre la compatibilidad de las políticas de Duque y la implementación de los acuerdos de paz, que contemplan un enfoque de derechos humanos sobre el tema de drogas. Si Duque insiste en un país libre de ellas, Colombia seguirá montada en la bicicleta estática. Existe un consenso internacional para cambiar el rumbo de la fallida guerra contra las drogas y al país han llegado proyectos y programas de reducción de riesgos y daños promovidos por colectivos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales. El acuerdo es fundamental: no es posible un mundo sin drogas; la alternativa es la regulación del mercado y la despenalización del consumo.

libre de drogas?

No. 91 Medellín, agosto de 2018

Ilustración: María Camila Cardona / @maria.camilacardona

Juan Manuel Santos en una conferencia internacional en 2016, andamos en “una bicicleta estática”: se han realizado múltiples esfuerzos, pero seguimos sin avanzar hacia la disminución de la producción y el consumo.

La guerra contra las drogas se ha enfocado históricamente en la reducción de cultivos declarados ilícitos, pero poco se ha logrado en desmantelar rutas de tráfico y suministro, negocio que lucra a organizaciones narcotraficantes, grupos armados ilegales y funcionarios públicos corruptos.

Uno de los efectos adversos de la erradicación forzada en Colombia, como lo ha mostrado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), ha sido la ampliación de la frontera agrícola en Colombia: los campesinos y sus cultivos han migrado hacia zonas de reserva que son controladas por grupos armados ilegales, sin afectar el suministro a los carteles del narcotráfico. Según informes de esta orga-

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ESPECIAL

¿Se ha imaginado a Medellín sin el metro?

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

Curso Taller de Medios I (2018-1): Laura Cardona Correa Diego Bolívar Hernández Silvia Satizábal Sánchez Paulina Mesa Loaiza Juan Carlos Toro Castillo Alejandra Bedolla Muñoz Elisa Castrillón Palacio Alejandro Valencia Carmona Maira Giraldo Naranjo Luis Bonza Ramírez Alejandra Vanegas Bonilla Santiago Rodríguez Álvarez Katerine Chavarriaga Cuartas

del Valle de Aburrá, un aumento en el nivel de voltaje en el transformador de una subestación móvil que había sido instalada debido a una falla en el cableado de la subestación original y, tercero, a que el frenado regenerativo que hacen los trenes para inyectar energía de vuelta a la catenaria y ser usada por el siguiente tren, no estaba siendo bien aprovechado en las horas valle y al principio de las horas pico.

Pese a esos resultados, empleados y expertos consultados coinciden en que las fallas tendrían causas adicionales. “Yo siempre me cuestiono por qué todas las miradas se han ido a las fallas de la catenaria”, manifiesta Claudia Montoya, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (Sintrametro). Para el sindicato, las fallas que se han presentado en el último año responden a que el presupuesto para realizar los mantenimientos necesarios del sistema y la adquisición de repuestos, no es suficiente.

Frente a esto, Tomás Elejalde, gerente del Metro, indica que la empresa ha invertido más de un billón y medio de pesos en los últimos veinte años para repotenciar, reponer y comprar equipos necesarios para la operación. Sin embargo, en 2014, el Área Metropolitana sancionó, por medio de la Resolución 880 del 18 de julio de 2014, a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada por “no contar con la debida implementación de programas de reposición y mantenimiento de equipos y destinar parte de los aprovisionamientos previstos [...] en otros costos que no hacen parte de la composición de la tarifa”. Si bien la empresa instauró un recurso de reposición, la Resolución 001238 del 15 de septiembre de 2014 del Área Metropolitana, resolvió confirmar la sanción y negar cualquier otro recurso.

A propósito, un técnico del área de mantenimiento de trenes comenta que “los protocolos de mantenimiento del Metro son periódicos y muy rigurosos”, y que nunca ha tenido que esperar para encontrar piezas que deban cambiarse o renovarse dentro de los trenes y la red eléctrica.

Aunque asegura que la frecuencia y uso masivo del sistema deterioran con mayor velocidad y severidad su funcionamiento, y que esto se debe a que la ciudad le ha inyectado

Las fallas E

l 13 abril, el Metro de Medellín presentó los resultados preliminares de un estudio para describir las causas que estarían ocasionando fallas reiteradas en el sistema. Como lo había asegurado hasta el momento, reiteró que los problemas eran producto de sobrevoltajes en la catenaria, la línea aérea que transmite energía a los trenes. Sin embargo, para esa fecha, de acuerdo con el mismo Metro, solo cuatro de las 17 contingencias registradas correspondieron a estas causas.

Un mes después, el 8 de mayo, se conocieron los resultados finales del mismo estudio, que fue realizado por la Universidad Pontifica Bolivariana y la empresa Ingeniería Especializada Blandón. El informe explica que el sobrevoltaje se debe a tres causas: las condiciones atmosféricas

al sistema una gran carga de trabajo durante las horas pico.

Por su parte, Margarita Ángel, exgerente del Metro y Wálter Mauricio Villa, ingeniero eléctrico experto en campos electromagnéticos, coinciden en que es posible que algunos componentes estén llegando al ciclo de cumplimiento de su vida útil. Es decir, que algunas de las piezas que componen los vehículos y la red eléctrica del metro están terminando su tiempo aproximado de uso y deben ser cambiados. Esto, pese a la compra en los últimos dos años de 22 nuevos trenes que terminaron de llegar en mayo.

El estudio realizado por la UPB arrojó que el sistema se encuentra en perfectas condiciones: “La catenaria tiene unas condiciones perfectas de vida útil y los sistemas de alimentación de electricidad también. Todo está en perfectas condiciones”, dice Andrés Emiro Díez, director de dicha investigación.

Otra de las hipótesis que se han manejado tiene que ver con el aumento en la frecuencia y uso de las máquinas que componen el sistema. Al respecto, Díez manifiesta que, si bien el aumento de la frecuencia de trenes significa un aumento en el consumo de energía, “eso ya se tenía previsto y la estructura actual tiene toda la capacidad de asumir esa frecuencia e incluso más. En este momento el sistema está trabajando con toda la flota extendida”.

Y es que si bien el metro no está conformado exclusivamente por la línea de trenes, es en estas donde se moviliza la mayor cantidad de usuarios, además de que actúa como eje central de todo el sistema. A ello se suman factores como la operación de sistemas de seguridad que evitan la movilidad en caso de presentarse una falla o incluso las demoras generadas por la operación incorrecta por parte de los usuarios de mecanismos como los botones de emergencias. Esos factores explican las causas de las otras 23 fallas que retrasaron el servicio entre el 9 de enero y el 17 de julio.

Lo cierto es que, más allá de las hipótesis, lo sucedido en el primer semestre del año y las dificultades generadas por las fallas, puso en evidencia para miles de ciudadanos del Valle de Aburrá su dependencia de un sistema de transporte sin el que, ya casi 23 años después de su entrada en operación, resulta difícil imaginar cómo sería la movilidad de Medellín y sus municipios cercanos.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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arlos Mario Chavarriaga, un mecánico de 60 años, se despierta, generalmente, faltando 15 minutos para las 4:00 de la mañana. En 40 minutos está listo para montarse en un bus integrado que lo lleva desde su casa, en el sector El Mirador, hasta la estación Bello. Recorre casi toda la Línea A hasta la estación La Estrella, donde se monta en otro bus que lo lleva a la vereda La Tablaza. Allí queda la empresa en donde trabaja hace tres años y a donde llega entre las 5:25 y las 5:30 de la mañana. En poco más de una hora, atraviesa de norte a sur casi todo el Valle de Aburrá.

Si un día Carlos Mario no quisiera irse en el metro, tomaría el bus que pasa por la esquina de su casa, que va hasta el puente de Coca-Cola. Ahí, abordaría una ruta de Caldas que lo deja en la Iglesia de La Tablaza. Para llegar “con tiempo de tomarse un tintico y sin afán”, tendría que salir a las 4:00 de la mañana. Esto, dice, no le generaría una mayor incomodidad, ya que puede irse sentado en ambos buses, el pasaje solo le costaría 100 pesos más que en el metro y solo sacrificaría 20 minutos de sueño. Pero, ¿qué pasaría si usar otro medio de transporte no fuera su decisión sino que un día, al despertar, el metro no existiera para él y para ninguno de los usuarios que lo aborda a diario?

ya que este está concebido como una “espina de pescado” integrada por las demás líneas y los sistemas de transporte público y colectivo. Diferente a los metros en red, como el de Ciudad de México, que tiene 13 líneas interconectadas.

En sus 23 años de operación, el Metro ha dejado de funcionar completamente “una o dos veces”, dice el gerente del Metro, Tomás Elejalde. Recuerda que fue debido a un apagón nacional. “El colapso en el sistema nacional interconectado de ISA hizo que todas las ciudades principales del país se quedaran sin energía”.

Para estos casos, que implican la salida de funcionamiento de todo el sistema de trenes, Elejalde es claro al decir que no hay planes de contingencia. “No los hay, porque es imposible mover alrededor de 1,5 millones de pasajeros en un sistema que no sea el metro”, afirma.

“En 2017, se hizo un acuerdo metropolitano para la implementación de un protocolo de contingencias en las líneas A y B. Cada vez que pasa algo, conformamos un comité técnico para la toma de decisiones, integrado por las autoridades de tránsito, el Área Metropolitana y jefes de operaciones de la empresa. El protocolo apunta, básicamente, a dar soluciones desde la comunicación, pero también a darle una opción o un

Fotografía: Santiago Rodríguez Álvarez

Según la Encuesta Origen y Destino publicada por el Área Metropolitana en abril del 2018, los viajes que se producen en el Valle de Aburrá entre las cuatro y las seis de la mañana son más de 451 mil. El 22% de ellos son en metro. Esto implica que, si ese sistema dejara de funcionar, alrededor de 100 mil personas, entre ellos Carlos Mario, pasarían a usar otros medios de transporte.

“La ciudad colapsaría, porque ya me ha tocado”, dice Carlos Mario, refiriéndose a su experiencia con los cierres de ciertos tramos del metro, a causa de las fallas en la Línea A durante los primeros meses de 2018. Esas situaciones representan parcialmente lo que sería en la actualidad el Valle de Aburrá sin su sistema de transporte masivo.

“Imagínese qué sería de la movilidad del Valle de Aburra si no tuviéramos el metro. Este moviliza cerca de 1 millón de pasajeros al día. Además, es fundamental porque es el eje estructurante de nuestro Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA)”, reflexiona Viviana Tobón, subdirectora de Movilidad del Área Metropolitana, autoridad de transporte en el Valle de Aburrá. Tobón explica que los fallos de la línea A han sido críticos para el sistema,

No. 91 Medellín, agosto de 2018

reemplazo del servicio a los usuarios”, dice la subdirectora de Movilidad del Área Metropolitana.

Para suplir los tramos que han dejado de funcionar por las fallas recientes, primero se acude a las empresas de buses que hacen las rutas integradas del metro y luego a las demás. Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá, que asocia entre 1.000 a 1.500 propietarios de buses, es crítico frente esos planes de contingencia.

“Ante esas fallas, tenemos mucha voluntad de ayudarle a nuestra empresa colega, amigable competidora, pero no tenemos la estructura”, dice Merino. Esto se explica por la eliminación y racionalización de buses en el Valle de Aburrá. Desde 2004, según Merino, han salido de circulación del parque automotor cerca de 950 buses y microbuses, en concordancia con la apuesta de movilidad sostenible del Área Metropolitana. “Entonces al haber menor cantidad de buses, cuando se vara el metro no hay capacidad de reacción, porque nosotros tenemos que servir a los usuarios de las rutas no integradas y, si nosotros fuéramos ayudar, dejaríamos a las rutas radiales sin servicio”, explica.

Es sobre todo en las horas pico que el argumento de Merino cobra sentido cuando afirma que no se cuenta con la estructura para reemplazar los viajes que el metro deja de hacer. Además del déficit de buses, la congestión vehicular no permite una movilización rápida de pasajeros.

La ciudad sin metro, ya se ha visto, es un caos. Liliana Correa, una bacterióloga de la Clínica Antioquia, tiene 48 años y trabaja en el centro de Itagüí. Ella tiene dos turnos diferentes, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y viceversa.

Cuando termina de trabajar, aborda un integrado que la lleva hasta la estación Itagüí. Después toma la Línea A hasta San Antonio, y luego, la Línea B hasta Santa Lucía.

Finalmente se sube a otro bus que la lleva hasta su apartamento, en Calasanz. Generalmente, se demora una hora y media en ese trayecto, a pesar de que el bus integrado de su casa pasa solo cada 20 minutos.

Sea que trabaje en el día o en la noche, Liliana tiene que enfrentar los horarios con más tránsito del día. “Cuando ocurrió el daño de la catenaria, iba para el trabajo por la tarde. Cuando llegué a San Javier no escuché nada, entonces cogí el metro y me fui hasta San Antonio. Ahí me di cuenta de que no había transporte hacia el sur. Traté de tomar un bus, pero ese día colapsó el transporte, porque tras de que el metro no estaba funcionando estaba cayendo un aguacero impresionante”, cuenta Liliana, quien ese día llegó a las 7:20 p.m. a su trabajo: una hora y media tarde.

Entre las 5:00 y 6:00 de la tarde se hacen casi 600 mil viajes, de los cuales el 86% corresponden al retorno a casa. En este periodo de tiempo, los viajes en metro representan solo un 15%, mientras que los porcentajes de viajes en autos, motos y buses, equivalen al 48%: esto explica la congestión vehicular cotidiana en las calles de Medellín.

Pero si el metro no existiera esa congestión vehicular sería mucho mayor.

Según el Informe de Calidad de Vida de 2016 de la organización Medellín Cómo Vamos, la moto y el metro son los dos métodos de transporte que más han crecido desde 2008. Para 2016, más personas comenzaron a utilizar el metro, trayendo consigo un incremento del 11%, y otro 12% aumentó la cantidad de personas que usaban moto.

Entonces, es probable que sin el metro sería aún mayor el número de motos en las calles, por tratarse de un transporte económico que puede representar para un usuario un gasto similar al del transporte público, “incluso menos”, como dice Carlos Mario Chavarriaga, quien ha hecho cuentas, pero no ha querido pasarse a la moto.

Ese escenario tendría un impacto que si bien no es posible calcular, se vería representado no solo en congestión, sino que también tendría consecuencias en términos ambientales y de accidentalidad. Actualmente, el parque automotor de las motos asciende a 800 mil, lo que equivale al 53% del total de vehículos del Área Metropolitana. Esos vehículos representan el segundo factor de contaminación del Valle de Aburrá, superados solo por las volquetas y los camiones. En cifras de la Alcaldía de Medellín, el 23% de la contaminación vehicular en la ciudad es generada por motos.

Por ahora, como reconocen Tobón y Elejalde, no hay alternativas concretas si el metro llegara a fallar en su totalidad. En todo caso, ese escenario, que según la empresa es poco probable pese a las contingencias recientes, implicaría un cambio profundo en la forma como buena parte de la ciudad se ha movilizado desde hace más de dos décadas.

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n 2014, Maritza Sánchez, comunicadora social y periodista, hizo una petición al Metro de Medellín a través de la plataforma change.org, la cual fue firmada por 1.806 personas. Solicitaba que el sistema se abriera a la interacción con el público creando cuentas oficiales en Twitter y Facebook, ya que cuando ocurrían interrupciones en el servicio la única forma de enterarse era por radio, el noticiero de Teleantioquia o el voz a voz.

Hasta entonces, varios perfiles apócrifos y otras cuentas aliadas de la institución como la de la Alcaldía de Medellín o la Secretaría de Movilidad informaban las novedades del sistema.

Ante este silencio, la comunicadora exponía en su petición: “¿Por qué el Metro no saca el máximo provecho a la interlocución que proveen los entornos digitales? ¿Timidez o temor? […] Metro: ¡Conversemos, escuchen, propongan, respondan a nuestras ideas, dudas, quejas, elogios! Trasciendan esos canales tradicionales, estáticos, unilaterales, en los que silenciosa y tal vez solapadamente fisgonean lo que decimos en medios sociales digitales día tras días. Hoy no basta con observar, el diálogo es posible y utilísimo…”.

Unos meses más tarde, Sánchez realizó una sesión de Lo doy porque quiero, un espacio de educación alternativa para compartir experiencias, conocimientos y pasiones.

Invitó al Metro y a la Alcaldía para discutir sobre la petición y entregarles simbólicamente las firmas recogidas. No fueron. En respuesta, Marcela Estrada, asesora de Servicio al cliente, le agradeció a Sánchez por interesarse en los procesos de comunicación del sistema, le dio unos pequeños balances del servicio, le aclaró que ellos sí veían la importancia de su presencia en los medios digitales, pero no lo harían en ese momento.

A finales de ese mismo año, el Metro lanzó una estrategia digital compuesta por tres fases: una aplicación para dispositivos móviles, perfiles en redes sociales como Facebook y Twitter y pantallas digitales en las estaciones.

A decir del entonces Director de Comunicaciones, Javier Darío Ramírez, luego de muchos análisis habían encontrado que la ciudad estaba preparada para recibir información a través de estos medios.

Finalmente, el 12 de marzo de 2015, la empresa estrenó su cuenta en Twitter. Aunque en un principio el sistema aclaró que la cuenta solo brindaría información y pidió usar la Cultura Metro “para no generar debates, confrontaciones o insultos”, fue inevitable que se empezaran a tocar ciertos temas que estaban vedados como suicidios, acoso sexual, reventa de tiquetes, fallas, grafitis en los vagones…

“El Metro es una institución mixta, opera con una gran cantidad de recursos públicos, por lo que debe mantener bien informados a sus usuarios. No era una elección o un capricho, era arrogante no participar en la conversación ni aprovechar los canales disponibles para informar oportunamente”, sostiene Sánchez.

Después de las continuas fallas del sistema este año, la pregunta rebotó una y otra vez en redes sociales: ¿qué pasa con el metro? Entre rumores de problemas de mantenimiento o posibles sabotajes, algunos usuarios fueron más allá y se preguntaron por la transparencia en la información que se entrega.

Juan David Correa, director de Comunicaciones del Metro, considera que la información “es muy transparente, lo que pasa es que depende del punto de vista de donde se mire”. Según Correa, tanto en empresas públicas como en privadas se debe tener cuidado al tratar informaciones tan sensibles como suicidios o muertes laborales, pues siempre hay una familia de por medio. Por eso, afirma, no hay necesidad de entrar en detalles.

con sus usuarios, planteaba que no era coherente que esa cultura, “que debe ser construida por todos los usuarios (como toda verdadera cultura que se respete), haya sido construida y consolidada por el Dios Metro y entregada a los usuarios, al estilo Moisés con las tablas de la ley. Eso suena a imposición, bien intencionada seguramente, pero imposición. No le digan cultura a un simple reglamento”.

Tal vez esa ausencia de diálogo ha generado ciertas tensiones con algunos sectores. Por ejemplo, con los grafiteros. Que haya sido noticia, el Metro ha sido pintando varias veces por ellos: en 2012, 2014, 2016, dos en el 2017 y la más reciente el fin de semana del 20 de julio, cuando tres jóvenes murieron arrollados al acceder las vías para pintar un tren en la madrugada.

Según Correa, cuando ocurren estas pintadas, es Ilustración: Karen Parrado Beltrán / piedemosca@gmail.com una situación compleja porque incluye factores de seguridad y se debe denunciar ante la Fiscalía y Policía. “Desde comunicaciones acudimos Desde que el metro abrió sus canales de comunicación, a Seguridad del Metro, averiguamos qué ocurrió, cuántas ha sido criticado por usar expresiones como “incidente técunidades fueron afectadas. Luego informamos a través de un comunicado qué pasó y esclarecemos que este tipo de nico” o “incidente con persona en la vía” para referirse a teactividades artísticas son válidas en el sistema tras una cumas puntuales que no se explican con esas pocas palabras. raduría, por ejemplo, en los murales del tranvía”.

Correa explica que cuando ocurre un suicidio, por ejemplo, Por lo menos desde 2015, son recurrentes las noticias la empresa se acoge a la directriz de la Organización Munsobre alianzas con algunos artistas para intervenir estétidial de la Salud (OMS) que sugiere no publicar información camente el sistema. Prueba de ello, son los murales de la detallada sobre esos casos para evitar que otras personas estación Miraflores del Tranvía de Ayacucho, el de las Tocon pensamientos suicidas los repliquen. “En redes sociarres del Metrocable Línea H o las pinturas que se hicieron les nosotros informamos: incidente por una persona en la hace tres años en las columnas que sostienen el metro entre vía, pero a los medios de comunicación les decimos: efecIndustriales y Exposiciones. tivamente se tiró una persona al tren en tal estación, y les Sin embargo, la relación con algunos grafiteros y el recordarnos la directriz de la OMS”, dice. debate entre si estas manifestaciones son o no vandalisEn relación con las fallas recientes, Correa explica que mo sigue siendo difícil. Entre otras razones porque la la información ha sido abierta. Aunque en el momento de la práctica del grafiti encuentra sentido precisamente en su falla los usuarios y periodistas demanden una información clandestinidad. En 2016, ShaMo, artista envigadeño, le clara y oportuna, según el protocolo de comunicación, ellos dijo a Vice que la comunidad grafitera había reclamado deben esperar a las debidas investigaciones para informar. desde hace varios años el metro como un espacio de exEn el momento en que ocurren las interrupciones comupresión, “pero la Alcaldía se ha negado a permitirlo una nican por megáfonos cuáles estaciones quedan fuera de y otra vez”. Agregó que “pintar el metro es el sueño de servicio. En redes sociales informan con una periodicidad todo grafitero en Medellín”. correspondiente a la magnitud del daño y tiempo que se Otro tema que parece difícil de tocar son los casos de estime va a demorar la normalización del servicio. acoso sexual en los vagones. Aunque no hay mayores daSin embargo, para personas como Claudia Montoya, tos, los hechos son cada vez más conocidos y escasean las presidenta del Sindicato de Trabajadores y Empleados del campañas educativas. Al respecto, Correa explica que el Sistema de Transporte del Valle de Aburrá (Sintrametro), sistema “incentiva a través de las redes sociales al respeto “la información del sistema no es transparente porque prepor el otro, sin individualizar ninguna situación. Cuando tende mantener un buen nombre, lo cual obedece tanto los medios nos buscan para hablar sobre el tema procuraa la empresa como a la cultura antioqueña, que es dada a mos que el jefe de Servicio al Cliente sea quien los atienda siempre querer quedar bien, de modo que de los problemas y cuente sobre los protocolos que manejamos”. poco se habla y eso ha impedido que se solucionen”.

Para Claudia Montoya el Metro es una marca que ha A pesar de las críticas, Correa sostiene que sí hay generado un amor profundo en usuarios y funcionarios, oportunidad, transparencia y claridad, pero que no en “lo que complica la posibilidad de hablar sobre las difitodas las situaciones la información se puede dar inmecultades abiertamente por miedo a identificar un error diatamente porque a veces está sujeta a investigaciones en ese símbolo de orgullo y amor antioqueño”. La preexistiendo limitaciones de orden jurídico. “Es lo único sidenta de Sintrametro piensa que dialogar acerca de los que evita dar alguna información”. problemas no es malo si se saben enfrentar y si se buscan Ante los cuestionamientos por privilegios a la hora de soluciones, “pero pasa que cualquier cosa negativa que dar información a ciertos medios o sobre supuestos casos se diga es satanizada”. de censura, Correa dice que la política de la empresa “es enHoy, la cuenta en Twitter del Metro tiene más de viarle por una cadena de WhatsApp la misma información 220 mil seguidores y en varias ocasiones su interacción a todos los periodistas”. Por su parte, Gustavo Ospina, recon los usuarios ha sido celebrada en la redes. En mardactor de El Colombiano, manifiesta que no ha tenido restriczo de 2015, por ejemplo, publicó un trino en respuesta ción alguna con las noticias, excepto en el tema del suicidio. a un usuario que le preguntaba a la empresa qué ruta tomar para encontrar su “media naranja”: “En estación Poblado toma la ruta 134-II hacia el mercado campeEn marzo de 2010, el periódico Universo Centro publicó sino de La Presidenta, donde hay muchas medias nauna columna que cuestionaba la manera en la que la llamaranjas para escoger”. “Este era el metro que pedíamos, da Cultura Metro (modelo de gestión social y educativa de gracias”, respondió otro usuario de Twitter. Una muesla empresa) se había instalado sin oportunidad de diálotra de que aunque las políticas dicten otras cosas, el go. El artículo, escrito por los mismos tiempos en los que metro no siempre debería callar. el sistema se negaba a tener interacción en redes sociales

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Fotografía: Santiago Rodríguez Álvarez

l Plan Maestro del Metro de Medellín, creado en 2006, incluye 26 proyectos con nuevas líneas y corredores para ampliar su cobertura y crecer a la par de la ciudad hasta 2030. Para que se haga realidad debe superar no solo retos en términos de financiación, sino también las dudas que generan las fallas que en los últimos meses sacaron temporalmente de circulación varios tramos de la Línea A. En la actualidad, el sistema cuenta con dos líneas de trenes, tres de cables, dos de buses y un tranvía. Son 74 estaciones que se ubican en seis de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Eso contrasta con el escenario de 1995, cuando el metro empezó su operación comercial y apenas tenía una línea entre Niquía y Poblado.

Desde su inauguración, el metro se convirtió en “el eje central y estructurante del transporte de la ciudad”, dice Liliana Sierra, líder del programa de la Unidad de Transporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

En torno a los trenes se unificó todo el sistema de transporte que “permitió que el área de afluencia creciera” y se conectaran, a través del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (Sitva), los municipios del área metropolitana, afirma Sierra.

Pero ese aumento de cobertura ha planteado nuevos retos en términos de capacidad. Juan Esteban Suárez, ingeniero civil de la Universidad Nacional, creó un software que mide el tiempo de los viajes, los tiempos de espera y la cantidad de usuarios que ingresan al sistema. Una de las conclusiones es que el metro ya sobrepasó su capacidad.

Eso se refleja principalmente en las horas pico, donde las personas actualmente están esperando en promedio 25 minutos en las plataformas para poder ingresar a los vagones.

Edison Escobar, arquitecto del área de Planeación Es-

No. 91 Medellín, agosto de 2018

tratégica del Metro, dice que los planes de crecimiento del sistema responden “al desarrollo de la ciudad, a la necesidad de integración física modal y tarifaria del sistema de transporte, y de un tejido integral para la movilidad en la ciudad”.

Es así como el de la congestión sería uno de los factores que resolvería la ejecución de las obras contempladas en el Plan Maestro.

“Modificarán su modelo de cobertura actual tipo “espina de pescado”, hacia un modelo en red y esto es fundamental para mejorar la accesibilidad, la cobertura y distribuir mejor el flujo de pasajeros en las horas pico”, explica Emmanuel Ospina, investigador en temas de movilidad sostenible y transporte urbano e integrante del Centro de Estudios Urbanos y ambientales (Urbam) de Eafit.

Mientras pueden implementarse las obras previstas en el Plan Maestro, la compra de nuevos trenes es una de los mecanismos para enfrentar la congestión. Entre finales de 2016 y principios de 2018 el Metro puso en funcionamiento 22 trenes nuevos. Así, la flota quedó en 80 trenes, lo que, según la empresa, representa una reducción de 50 segundos en la frecuencia con la que pasan los trenes por las estaciones. En enero de 2017, la cifra estaba en tres minutos y 50 segundos, en diciembre de ese mismo año pasó a tres minutos. Esa diferencia, explica el Metro, representa “un incremento de 20% en la oferta del sistema, lo cual redunda en viajes más ágiles y cómodos”.

Pese a ser una solución inmediata, Viviana Tobón, subdirectora de Movilidad del Área Metropolitana, sostie-

19 ne que “la cobertura depende de mejorar la capacidad no solo en la compra de trenes sino en infraestructura”. Agrega que la ejecución del Plan Maestro es la solución para que no colapse el sistema.

Rodrigo Salazar, ingeniero civil y uno de los gestores de la primera etapa del metro de Medellín, dice que las fallas son normales en ese tipo de sistemas de transporte.

Sin embargo, asegura que la posibilidad de superarlas y de que su afectación no sea mayor tiene que ver con el diseño de las líneas: “Las fallas que ha tenido el metro en sus catenarias las puede tener el metro de París o de Nueva York, el problema real es su infraestructura y cómo fue diseñado”.

En concreto, Salazar se refiere a la necesidad de que en las líneas futuras se construya un tercer carril que sirva para resolver problemas operacionales y para la implementación de trenes expresos. “El metro va a explotar si sigue creciendo de esa forma, su infraestructura no va a dar abasto”, concluye.

Si bien el metro es el eje que estructura la movilidad en la ciudad, no es el único involucrado. Autoridades y expertos coinciden en la necesidad de un modelo que promueva el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Ello requiere “infraestructura para peatones y ciclistas, expandir el programa de bicicletas públicas, un sistema de transporte con mejor cobertura y calidad, promoción y educación por la movilidad sostenible”, comenta la subdirectora de Movilidad del Área Metropolitana.

Reducir el uso del vehículo particular sería una consecuencia de mejorar el transporte público e integrar a los peatones y ciclistas en los planes de movilidad para la ciudad, pero para que la gente comience a cambiar el carro y la moto por medios alternativos de transporte es necesario crear incentivos y condiciones adecuadas.

Luz Andrea Calle, gerente sectorial transversal de Fenalco, considera que si bien el transporte público y los medios alternativos son esenciales, otra medida que aportaría es la reducción de aranceles para permitir la entrada de vehículos eléctricos a menores costos.

A su vez, Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transporte Colectivo del Valle de Aburrá (Asotransvaa), dice que el deber de las empresas del transporte colectivo es modernizarse y trabajar para prestar un mejor servicio.

Afirma que las rutas de buses tradicionales deben seguir existiendo y actuar de manera complementaria con el Sistema Integrado de Transporte.

A 12 años de que finalice el plazo para la ejecución del Plan Maestro, hay dos obras que se están llevando a cabo: la ampliación de la estación Poblado por el costado sur, que tiene como fin distribuir mejor el ingreso de los 43 mil pasajeros que entran por esta diariamente; y la construcción de la Línea P, metro cable El Picacho, que partirá desde la estación Acevedo hacia el oriente y prevé mejorar las condiciones de movilidad de 420.000 habitantes de Castilla y el Doce de Octubre.

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

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20 Informe

Paulina Mesa Loaiza paulina.mesal@udea.edu.co

d e r a l l s a e u í x s e A mo s s i r u n t í l l l de Mede

en

M

edellín ocupa el segundo puesto entre las diez ciudades más “cool” para visitar en 2018, según el sitio de viajes de lujo y aventura GeoEx y la revista Forbes. Los criterios que ubicaron a la capital antioqueña como una de las ciudades más atractivas incluyen la tecnología y la innovación. Pero hubo uno más, mencionado por Jennine Cohen, directora para América Latina de GeoEx: los “millennials” la eligen por ser una antigua sede narco. Aunque no se mencione puntualmente, eso guarda una estrecha relación con su vida nocturna, las mujeres y el turismo sexual.

En el informe realizado por el Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín – Antioquia (Situr) para marzo de 2017, se indica que la mayor concentración de turistas estuvo ubicada entre las edades de los “millennials”, es decir de 24 a 32 años, y de estos el 41,26% fueron extranjeros provenientes principalmente de Francia y Estados Unidos. En el informe se agrega que el 92,84% de los turistas visitaron Medellín por motivos personales, entre ellos el 88,8% lo hicieron por vacaciones, recreo y ocio.

Según un estudio de 2013 realizado por la Alcaldía de Medellín y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), las edades de los extranjeros que suelen acceder a servicios de sexo y drogas oscilan entre los 19 y 25 años. La mayoría de estos turistas son provenientes de Francia, Estados Unidos, Israel y Alemania. ***

Ilustración: Juan Pablo López / bashone420@gmail.com

No. 91 Medellín, agosto de 2018

Carlos* tiene 43 años y hace 16 creó un sitio web que funciona como “catálogo” para que cualquier persona contacte de manera directa a mujeres que ofrecen servicios sexuales en Medellín. Aunque dice que en su página no promueve el turismo sexual, reconoce que “hay gente que promueve estas dinámicas, es decir, cuando un cliente extranjero quiere venir a Medellín, alquilar un apartamento, salir a discotecas y una chica que lo acompañe”.

Y es que el estudio realizado por Unodc y la Alcaldía de Medellín señala que la principal fuente de información para los extranjeros que buscan turismo sexual es internet.

En esto coincide Situr: el 70 por ciento de los turistas encuentran sus destinos por este medio.

La búsqueda más obvia en Google: “Medellín girls”, arroja resultados como el de una página que dice: “Medellín, Colombia – A great place to meet hot colombian women”, también a una página con una descripción sobre las mujeres de Medellín, una selección de cinco mujeres que hacen parte de lo que denomina “Colombian Brides Gallery” y una más con 55 mujeres de diferentes ciudades. Cada perfil contiene nombre, edad, ciudad, un número de identificación, una breve descripción, y recomendaciones.

Hay más. Un mapa en Google discriminado por 17 casas de citas, 14 nightclubs, 10 centros de masajes, siete clubes para swinger, 15 lugares para encontrar “damas callejeras” y 37 hoteles o moteles en la ciudad. Cada descripción del lugar contiene dirección, teléfonos, horarios, fotos y precios que van desde 35.000 hasta 120.000 pesos.

En Facebook, una búsqueda rápida arroja una página catalogada como servicio de masajes. Allí, una de sus publicaciones dirige a una página que ofrece un “servicio completo” por 45 USD, incluyendo taxi y propina. La página tiene, además, un mapa con las “casas de las prepagos”, 11 en total, cada una con la dirección exacta, un número aproximado de chicas, teléfonos, horarios, costos, formas de pago y descripción de servicios.

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Esa misma página ofrece otro mapa: cada país tiene un color específico para determinar la facilidad de acceder a sexo. La oferta de Colombia es de color verde claro, es decir, “fácil y caliente”.

Esos paquetes turísticos, que se denominan en la red “Girlfriend Experience”, también están relacionados en muchas ocasiones, con la oferta de drogas. Al escribir en Google estas dos palabras, el buscador arroja una página que ofrecen a los extranjeros “las mejores vacaciones de su vida”. Incluye un apartamento amoblado en El Poblado, tours relacionados con Pablo Escobar y citas con prepagos.

La página contiene el enlace a otro sitio con la siguiente descripción: “Colombia es uno de los países más libertarios del mundo, con prostitución legal, prácticamente sin aplicación de leyes sobre drogas, sin necesidad de recetas para muchos productos farmacéuticos, es pura emoción…”. Además, hay una galería de fotos con 152 chicas y, por último, los números de contacto del intermediario.

Uno de esos sitios de turismo sexual era administrado por un estadounidense conocido como Jake. El 7 de julio de 2016, la Unidad de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia ICE-HSI de la Embajada de los Estados Unidos, realizaron en Medellín la Operación Jake, “que permitió la captura de un estadounidense que lideraba una organización criminal dedicada a ofrecer paquetes turísticos a ciudadanos extranjeros. Estos paquetes incluían drogas y servicios sexuales y de compañía con adolescentes menores de 18 años”, dice un informe sobre explotación sexual comercial asociada al turismo del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín.

Con la misma combinación de palabras en Google, resulta otra página en la que se planean eventos para despedidas de solteros de extranjeros que quieran visitar Medellín. Ofrecen servicios de transporte privado, apartamentos amoblados, fiestas privadas, entretenimiento personalizado, guías durante el viaje, servicios de consejería y hasta cinco mujeres para cada hombre.

La página cuenta con tres tipos de paquetes, todos sujetos a modificaciones según las preferencias del cliente. Todos incluyen “mansión en El Poblado” y, uno de ellos, “tour por Guatapé, transporte, tour de Pablo Escobar, conserje las 24 horas para que obtengas lo que quieras, acceso VIP a toda la ciudad, y fiesta en casa que incluye chef privado”.

tancia porque dichos espacios son poco controlados por las autoridades competentes, lo que favorece su utilización para la comisión de delitos”. Entonces, a los turistas se les facilita “la búsqueda o la concreción de una oferta de servicios sexuales que pueden extenderse hacia el consumo de sustancias psicoactivas, entrando así como consumidor en el circuito delictivo y la cadena de valor del narcomenudeo… [Esto] representa una ganancia para la criminalidad”.

—Es que tengo un amigo extranjero, ¿tienes algún paquete especial para él?

—Depende, amor. Vos sabes que aquí se hace de todo, desde que tengás dinero, lo que sea.

—¿Y no tienes un paquete de rumba y drogas?

—Depende de lo que tú quieras ‘mor’: rumbiar un rato, pasarla rico.

—Y por una rumba tranquila, pues, con marihuana, cocaína, ¿cuánto cobrarías?

—Un millón de pesos, amor.

—Si me interesa, te llamo.

—Bueno ‘mor’, cualquier cosa me avisas, cuídate mucho, que pases una feliz tarde.

El comercio de personas constituye la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, después del tráfico de armas y el de drogas. De acuerdo con las Naciones Unidas, esta genera alrededor de 12 millones de dólares por año.

Colombia ocupa el tercer lugar en el número de reportes de víctimas de trata en el orden mundial y Medellín es una de las ciudades que más casos reporta.

Marcela* tiene 22 años y trabaja como ‘prepago’ en Medellín. Dice que lo hace porque le gusta el negocio. La mayoría de sus clientes han sido extranjeros: “Ellos siempre buscan el mundo de la droga, de la rumba y del sexo; mucho sexo y mucha droga”.

Una de las principales razones para que Marcela reciba a menudo clientes extranjeros, y en eso coincide el estudio de Unodc, es la amplia oferta sexual que se presenta en la ciudad y la facilidad que existe para conseguir drogas de buena calidad y a bajo costo.

A sus clientes “corrientes”, Marcela les ofrece “lo normal, solo sexo”, pero para los extranjeros tiene un paquete especial que incluye “rumba, drogas, y tours”, explica.

La búsqueda de este tipo de servicios que incluyen adquirir, consumir o transportar droga es conocida como narcoturismo y, en palabras de la Unodc, “riñe con la legalidad de la actividad turística, es un fenómeno que se encaja muy sutilmente en la cadena delictiva heredada de la dinámica ilícita del narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo que aún persiste en la ciudad de Medellín”.

Marcela comenta que cuando necesita conseguir drogas para sus clientes extranjeros, “siempre hay una amiga que las ofrece”.

Iván Muñoz agrega que en Medellín ese tipo de turismo se facilita “por la oferta de la ciudad que ha permitido un buen posicionamiento y, segundo, por la debilidad en los mecanismo de control gubernamentales frente a la actividad turística”.

El proyecto de ley 156 de 2010, que no fue aprobado, buscaba modificar la Ley General del Turismo y adoptar medidas de prevención contra la venta y distribución de sustancias psicoactivas en la prestación de servicios turísticos. Dicho proyecto indicaba que los turistas pueden acceder con facilidad al narcomenudeo, compra y consumo de drogas, debido a que no hay un control efectivo por parte de las autoridades. “Esto —dice el informe de Unodc— genera una percepción de inmunidad por su condición de extranjeros”. *Nombres cambiados por petición de las fuentes.

*** Lucía* se describe en un sitio web como una mujer “ardiente, amante y jugosa; una excelente prepago paisa”. Es nueva en el negocio, tiene 19 años y está dispuesta a conocer “caballeros educados”.

Iván Muñoz, miembro de la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Escnna), explica que “en muchos de esos casos existen todas las configuraciones de una relación de explotación”.

Por ejemplo, Lucía no tiene ningún contrato con el intermediario que ofrece sus servicios. A decir de Carlos*, “la única forma de hacer un contrato sería si la ley permitiera que estos negocios funcionaran” de manera formal.

Su perfil incluye su estatura, talla de brasier, veinte fotos con diferentes posiciones y un número de celular.

—Aló, ¿Lucía? Me interesa tu servicio, ¿me puedes decir cuánto vale? —le preguntó un amigo al que le pedí que la llamara.

—Amor, todo te cuesta 130 mil pesos, incluye besitos, caricias, sexo oral con preservativo, penetración vaginal, masaje relajante si lo deseas y todas las relaciones las hacemos en una hora, amor.

Según el estudio de la Alcaldía de Medellín y Unodc, el acceso a este tipo de servicios se da en tres modalidades: en lugares públicos como calles y parques; en establecimiento como discotecas y bares, y mediante contactos telefónicos y servicios a domicilio. Lucía hace parte de la tercera modalidad y para ello tiene un apartamento privado por la carrera 70. También hace domicilios, aunque es más costoso: 240 mil por una hora de servicio.

Respecto a las casas y apartamentos amoblados para este propósito, el estudio indica que “han tomado impor-

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22 Testimonio

Laura Herrera Ortega laura.herrerao@udea.edu.co

E

ra mala, lo veía al mirarme al espejo. El reflejo me devolvía a un ser egoísta, infiel y, lo que más me atormentaba, incapaz de amar. Solo dañaba a otros cada vez que no podía corresponderles al amor que ellos me daban. El rostro de dolor de quien había considerado el hombre de mi vida, después de cancelar nuestra boda tres meses antes, se reflejaba también para recordármelo.

Yo sentía que, a mi manera, había amado profundamente. Mis relaciones habían sido estables y largas. Incluso consideré el matrimonio católico como prueba de amor en una de ellas y en otra firmé una unión marital de hecho, aunque no estaba cómoda con estas decisiones.

Quebré entonces el espejo para destruir ese monstruo que veía y con los pedazos corté profundo para desangrar esa chica que a pesar de tener pareja, disfrutaba coquetear con otros. No quería ver a esa mujer que besaba a un tercero sin dejar de amar a su novio. Ese animal que disfrutaba del sexo externo a la relación tenía que morir. Aunque esa era la versión de mí que más me gustaba.

Para no perderme, me argumenté que biológicamente los seres humanos no somos monógamos; que podemos amar a muchos como lo hace una madre con todos sus hijos; y que el sexo era algo que yo disfrutaba, pero también una necesidad natural. Acepté que había tenido múltiples amores de la vida y que a cada uno lo había amado por razones diferentes.

Soñé con un romance a lo Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre, quienes en pleno siglo XX se permitieron un nuevo paradigma de libertad que rompía con las formas de vida burguesas tradicionales y el modelo de pareja patriarcal. Aunque controversiales, se hicieron inseparables espiritualmente permitiéndose tantas aventuras como quisieron, mientras se contaban todo. En palabras de la propia Beauvoir: “Nada nos limitaba, nada nos definía, nada nos esclavizaba”. Pero finalmente, creo, fueron tan viles como yo, pues las terceras personas sufrieron por sus maquinaciones.

Consideré también entrar, cinco décadas tarde, a las revoluciones hippies en las que se plantearon formas de amar diferentes. Podía imaginar a mis padres yéndose de espaldas cuando mi nueva consigna de vida fuera “creemos que está bien tener sexo con todo el mundo a quien amas y creemos en amar a todo el mundo”, como lo afirmó una joven hippie durante la entrevista con Dossie Easton y Janet Hardy, las escritoras que en 1997 publicaron Ética promiscua. Libro que podría ser mi guía en la búsqueda de alternativas a la monogamia tradicional.

En este se desarrollan ampliamente temas de sexualidad, comunicación y emociones, con énfasis en quienes desean tener una vida de amor libre, pero con integridad.

Las autoras sostienen que el sexo y el amor sexual, a través de una relación consensuada, refuerzan lazos íntimos, abre la conciencia espiritual y son una fuerza positiva y creativa en la vida de los individuos y sus comunidades.

Juan llegó a mi vida con ideas compartidas. Entre conversaciones y café, construimos una relación que decidimos dejar abierta procurando una extrema sinceridad. La palabra poliamor no nos decía nada, pero nos encontró entre artículos de internet, libros y personas que, por cuestiones de azar, llegaron mientras buscábamos respuestas a situaciones nuevas para nosotros.

Primero quisimos saber el significado del término poliamor, acuñado en la década de los 90 por Morning Glory Zell-Ravenheart, líder neopagana, escritora y defensora

No. 91 Medellín, agosto de 2018

El poliamor permite escapar al marco que impone la monogamia tradicional. Es, para personas como yo, la posibilidad de entender que el problema estaba en el espejo en que me miraba. Con toda la información que he encontrado me surge una pregunta, ¿ahora dónde me miro?

Ilustración: Mauricio Franco

23 de un estilo de vida que apuesta por una libertad para establecer relaciones entre más de dos personas. Aunque la Real Academia de la Lengua no la reconoce aún, en el Oxford English Dictionary se define como “el hecho de tener relaciones románticas estrechas simultáneas con dos o más personas, vistas como una alternativa a la monogamia, con respecto a cuestiones de fidelidad sexual; la costumbre o la práctica de participar en múltiples relaciones románticas con el conocimiento y el consentimiento de todos los socios interesados”.

Para saber cómo era posible esto más allá de las palabras, me hice parte de Poliamor Bogotá, una comunidad en Facebook con más de 2000 seguidores, liderada por Alba Centauri, psicóloga colomboespañola radicada en Colombia. Para mi sorpresa, descubrí que actualmente son las feministas quienes buscan repensar y redimensionar el concepto de poliamor. Esta comunidad realiza eventos a los que no puedo ir por cuestiones de distancia y, especialmente, de plata. En mi ciudad hay una iniciativa similar, Poliamor Medellín, pero con pocos seguidores, es más un intento fallido.

Cuando me enteré que el 2 de noviembre de 2017 el colectivo Lo Doy Porque Quiero (LDPQ) estaba organizando una charla sobre poliamor en un bar de la ciudad, estuve en primera fila. Ahí, frente a casi 60 personas, la escuché por primera vez llamarse a sí misma puta.

Dijo que lo era como elección política, pero aclaró que el poliamor no era su discurso para justificarse.

Se presentó diciendo que para ella era tan importante que la gente supiera que le gusta el café, el helado de pistacho y los animales, como tener relaciones simultáneas con varias personas de manera consensuada y con conocimiento pleno.

Se llama Stephanie Montoya, es abogada y estudiante de maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y trabaja como investigadora para el Concejo de Medellín y la Universidad Eafit. Después de sus ‘Conversaciones conmigo misma sobre el poliamor’, como llamó la charla, le pedí hablar más sobre el tema. Sonrió cuando le pregunté por su estado civil, porque me dijo que era precisamente no tener uno, intentar ser feliz. Es tres años menor que yo, pero lleva toda su vida tratando de entender cómo es el cuento de entablar relaciones con los demás seres vivos. A sus 25 años se considera poliamorosa.

Desde su experiencia y la academia ha logrado generar unas nociones relacionales que pueden cambiar, pues están en permanente construcción. Para ella, el poliamor es una decisión ética y moral de amar erótico-afectivamente a varias personas, simultáneamente y con responsabilidad, honestidad y pleno consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. También es una deconstrucción del amor romántico que no implica engañar, ser infiel o único para alguien. Es inclusivo, me aseguró, pero no una excusa para usar, abusar y violentar a otros, ni una guía para ser infiel sin ser descubierto.

Le gusta hablar del tema para que la gente sea consciente del tipo de relaciones que elige y conozca otra alternativa a la monogamia, que va más allá de simplemente tener relaciones con más de una persona a la vez.

Insiste en que la responsabilidad afectiva es indispensable para establecer relaciones libres, y que esa responsabilidad no depende del otro como una media naranja, sino de uno mismo. Me dijo que había que deconstruir las emociones propias y que eso no es posible sin la empatía, es decir, sin entenderse uno mismo y ponerse en los zapatos del otro, respetando y entendiendo los procesos emocionales que este tiene.

Para Stephanie los celos pueden estar asociados a múltiples sentimientos, como la inseguridad, y a lo que nos han enseñado debe ser una competencia. No todo lo que se siente frente a la pareja son celos. Me explica que cuando uno logra entender esto aparece la “compersión”, que es sentirse bien por la felicidad del otro. Incluso se puede llegar a llevarse bien con el metamour, como ella llama a las otras parejas de sus parejas.

Stephanie no hace distinción en sus relaciones por jerarquía, sino por la naturaleza de los vínculos y la vocación de la relación para consolidarse en un proyecto común. Entonces tiene parejas base, con quienes se proyecta un futuro con planes de vida, decisiones y caminos compartidos. Y, por otro lado, parejas colaterales, que pueden ser constantes y estables, pero que a pesar de amarse mucho saben que tienen proyectos de vida independientes. Aclara que esto es

para ella, pues dentro del poliamor hay múltiples formas de relacionarse y de nombrar las relaciones.

El poliamor no implica dejar pasar actitudes tóxicas o abusivas por miedo a ser tildado de celoso y controlador.

Dice que puede llegar a ser un enredo terrible, porque no es una solución mágica para lograr entablar relaciones. Deben haber acuerdos, límites y reglas basadas en un autoconocimiento. Stephanie tiene claros los suyos: la honestidad (lograda a través de la comunicación), el consenso y una ética del cuidado físico, emocional y psicológico.

Cuando estos fallan hay dolor, como en cualquier relación. Lo vivió cuando una de sus parejas base, no se cuidó y embarazó a otra chica. Coincidencialmente, las otras dos relaciones que tenía también acabaron. Quedó devastada porque, entre risas, dice que si una tusa duele, ni se diga tres. Sus parejas colaterales la ayudaron, mientras para quienes no estaban de acuerdo con ella, se lo merecía por poliamorosa. *** Con mi sed de explorar nuevos mundos erótico-afectivos, invité a Juan a un taller de bondage en una casa-bar en el centro de Medellín. Allí, una chica colgaba como péndulo en medio de la sala. Su cuerpo, atado e inmovilizado con cuerdas, estaba desnudo. Sus piernas abiertas exponían su vagina. Quien dirigía el taller la estimulaba con un consolador doble. El rostro de ella pasaba del dolor al placer extremo.

Entre las miradas excitadas y expectantes, los descubrí a ellos recién llegados al lugar, tímidos, esperando encontrar de todo menos una chica próxima a encharcar el suelo con su squirt. Se hicieron en un rincón, para que las sombras les permitiera acechar sin ser vistos.

Andrés y Ana duraron tres años de novios, y llevan dos felizmente casados. Ante la sociedad, especialmente familia y amigos, son una pareja monogámica tradicional, pero ellos han construido una serie de acuerdos que les permiten tener relaciones sexuales con otras personas. Sostienen que son dueños de los sentimientos del otro, pero no de sus cuerpos. Ellos no se consideran poliamorosos.

Se sentaron en uno de los muebles disponibles y conversaron con otra pareja, amigos de la relación. Para romper el hielo, Andrés coqueteó con una chica que le bailó a él y a su amigo en ropa interior ante la mirada cómplice de sus esposas. Con curiosidad, nos hicimos alrededor para ver en primera fila la gente que llegaba para sumarse a la orgía que ellos iniciaron, como quien no quiere la cosa.

Tras una relación de celos enfermizos que lo llevaron a tratamiento psicológico, Andrés decidió que quien estuviera con él debía aceptarlo como es. Ana coincide en que un compromiso no implica castrar los deseos sexuales. La regla de oro para que esto funcione es la honestidad. Todo se cuenta, se dialoga y se acuerda antes de que suceda.

Andrés no tiene problema en que Ana salga sin él, porque se considera desinhibido y tranquilo frente al encuentro sexual de ella con otras personas. Lo mismo ocurre con Ana. Eso sí, siempre se cuentan con quién y tienen todos los cuidados necesarios. Después de estos encuentros hablan de la experiencia dándose los detalles que cada uno considere necesarios.

En el bar, ninguno de los dos estaba con su respectivo cónyuge. Andrés bailaba seductoramente conmigo. Ana y otras chicas excitaban al amigo de su esposo, mientras la pareja de este era llevada a un orgasmo por dos hombres que habían asistido al taller de bondage. Todo sucedía en público, pero ninguno parecía molesto, por el contrario, se mostraron complacidos por el placer del otro.

Andrés reconoce que los celos son inevitables, pero cree que la comunicación es el mejor mecanismo para manejarlos saludablemente. Quieren tener hijos lo más pronto posible y no los creen un impedimento para seguir llevando su relación abierta, como la de Juan y yo.

Para no perderme, me argumenté que biológicamente los seres humanos no somos monógamos; que podemos amar a muchos como lo hace una madre con todos sus hijos; y que el sexo era algo que yo disfrutaba, pero también una necesidad natural.

No pretendo engañarlos, no ha sido fácil. Tener una relación abierta no es una solución mágica. Tenemos peleas, tristezas y momentos en los que nos provoca acabarlo todo, y lo hemos hecho. Nos enfrentamos a emociones como cualquier persona. Sentimos celos, angustia y rabia, pero procuramos comunicarlos de manera diferente porque creemos que esta otra forma de relacionarnos es posible y no queremos que sea de otra forma.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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¿Qué pasó con

La bodega de ‘Fico’?

Redacción De la Urbe delaurbeprensa@udea.edu.co

A

principios de julio, la Alcaldía de Medellín le respondió a De la Urbe un derecho de petición con el que, entre otros aspectos, pretendíamos conocer la posición del alcalde, Federico Gutiérrez, ante la denuncia, publicada en este mismo medio y en La Silla Paisa, sobre la creación de decenas de cuentas falsas en Twitter por parte del equipo de redes sociales de la administración municipal.

Como lo constató De la Urbe, esos perfiles fueron creados por orden del estratega de redes sociales del alcalde y después utilizados para promover las candidaturas del Centro Democrático durante el primer semestre de 2018.

En los días posteriores a la publicación de “La bodega de ‘Fico’”, varios medios de comunicación abordaron al alcalde para conocer su opinión sobre el tema. Sin embargo, no hubo otro pronunciamiento por parte de Gutiérrez distinto al de una entrevista radial sobre otros temas en el que negó de forma escueta la veracidad de la denuncia. En los demás casos, el encargado de referirse al tema fue el secretario de comunicaciones, Jorge González.

Lo mismo ocurrió en esta oportunidad, pues aunque nuestro cuestionario estaba dirigido de manera directa al alcalde, la respuesta fue suscrita por González. Transcribimos, sin edición, los apartes de esa comunicación referidos a “La bodega de ‘Fico’”, pero reiteramos nuestro interés de tener una entrevista presencial con el alcalde Gutiérrez que nos permita contrapreguntar y conocer su postura sobre el caso.

¿Qué acciones emprendió la Alcaldía de Medellín luego de la denuncia publicada por De la Urbe sobre la creación de perfiles falsos desde la Secretaría de Comunicaciones y su utilización para promover las candidaturas del Centro Democrático?

Esta administración revisó el tema con las secretarías competentes y concluyó que la denuncia carece de fundamento, pues va en contravía de las directrices y lineamientos comunicacionales del Municipio de Medellín.

La administración municipal no usa perfiles falsos en redes sociales para sus estrategias de comunicación y mucho menos para favorecer campañas políticas.

¿Cuál es la postura del alcalde Federico Gutiérrez ante la denuncia de De la Urbe sobre la creación y el uso de perfiles falsos en redes sociales que participan en política y en particular promueven las aspiraciones del Centro Democrático?

El alcalde a través de la Secretaría de Comunicaciones no admite las afirmaciones realizadas por De la Urbe, ya que como se ha dicho anteriormente y en otros espacios, bajo ninguna circunstancia esta administración ha creado cuentas falsas en redes sociales y mucho menos para promover aspiraciones de partidos políticos.

¿El señor Mateo Gómez Vahos sigue teniendo vínculo contractual con la Alcaldía de Medellín?

El señor Mateo Gómez Vahos no tiene un vínculo contractual con la Alcaldía de Medellín, ya que actualmente tiene un vínculo contractual con la Asociación Canal Local Telemedellín, por medio del cual presta apoyo en temas de comunicación digital (redes sociales) a la Secretaría de Comunicaciones del Municipio de Medellín.

En caso de respuesta afirmativa al numeral anterior. ¿Cuáles son las labores encomendadas en la actualidad al señor Gómez Vahos? En caso de respuesta negativa. ¿A qué se debe la terminación de su contrato?

El señor Mateo Gómez Vahos entre sus obligaciones contractuales, tiene: a)

No. 91 Medellín, agosto de 2018

Apoyar y articular la conceptualización,

selección, desarrollo permanente: textos, videos, audios, y demás material de tipo informativo e institucional, así como desarrollar, obtener, preparar y publicar contenido audiovisual en las diferentes redes sociales de la Alcaldía de Medellín y/o del señor Alcalde. b) Brindar asistencia y apoyar la coordinación de la labor de acceder y monitorear permanentemente las diferentes redes sociales que se le asignen, y generar interacción con la ciudadanía a través de las mismas. c) Apoyar y brindar apoyo logístico en el cubrimiento de diferentes eventos institucionales y donde participe el señor Alcalde, en tiempo real a través de redes sociales. d) Suministrar la información que se requiera para alimentar el portal web institucional de la Alcaldía de Medellín.

Teniendo en consideración que durante 2017 y 2018 entre las obligaciones contractuales de Mateo Gómez Vahos estuvo la publicación de contenidos en las redes institucionales “de la Alcaldía de Medellín y/o del señor alcalde”, ¿ese contratista continúa asumiendo esas funciones?, ¿existen otras personas designadas para la publicación en las redes personales del alcalde?, ¿cuáles son sus nombres y su relación contractual con la Alcaldía de Medellín?

En cumplimiento de las obligaciones que tiene el señor Mateo Gómez Vahos, continúa apoyando la gestión de las redes sociales de la Alcaldía de Medellín.

Respecto a la existencia de personas designadas para la publicación en las redes personales del alcalde, no hay personas que realicen dicha actividad, toda vez que estas cuentas son manejadas directamente por el alcalde.

¿Se puso en marcha alguna investigación interna en la Alcaldía de Medellín para verificar los alcances de la creación y el uso de perfiles falsos en redes sociales?

Bajo los anteriores argumentos, esta administración revisó el tema con las secretarías competentes y concluyó que la denuncia carece de fundamento, pues va en contravía de las directrices y lineamientos comunicacionales del Municipio de Medellín.

¿La Alcaldía de Medellín ha sido notificada de alguna investigación de carácter penal o disciplinario a partir de esa denuncia sobre la creación y uso con fines políticos de perfiles falsos en redes sociales?

No existe en la actualidad ningún proceso que le haya sido notificado al Municipio de Medellín por parte de algún órgano de control.