De la Urbe 90

2 Opinión

3 Editorial

En Medellín nos seguimos matando

Laboratorio De la Urbe Dirección Periódico De la Urbe: Juan David Ortiz Franco Coordinación General del Laboratorio: Juan David Alzate Morales Coordinación Digital: Juan Camilo Arboleda Alzate Coordinación Radio: Alejandro González Ochoa Coordinación Televisión: Alejandro Muñoz Cano Auxiliares: Elisa Castrillón Palacio, Karen Parrado Beltrán, Santiago Rodríguez Álvarez, Alejandro Valencia Carmona, Daniela Sánchez Romero, Karen Sánchez Palacio.

Colaboradores: Daniela Sánchez, David Londoño, Luisa Orozco, Valeria Gómez, Santiago Rodríguez, Leonardo Álvarez, Paulina Mesa, Jennifer Mejía, Valeria Ortiz, Andrea Vivas, Alejandro Puerta, Daniel Uribe, Emmanuel Zapata, Elisa Castrillón, Estefanía Aguirre, Alejandro Jaramillo, María Yisley Alzate, Caterine Jaramillo, Alejandro Valencia, Valentina Arango, Simón Zapata, Angie López, Karen Parrado, Karen Sánchez, Luis Bonza, Silvia Satizábal.

Gestión de redes edición 90: Emmanuel Villa Zapata Ilustración: Manuela Meneses Polo Asistencia Editorial: Eliana Castro Gaviria Corrección de textos: Alba Rocío Rojas León Diseño, diagramación e infografía: Sara Ortega Ramírez Impresión: La Patria Circulación: 10.000 ejemplares Comité consultor Patricia Nieto, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez.

Impresión: La Patria, Manizales Circulación: 10.000 ejemplares Universidad de Antioquia Rector: John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones: Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento de Comunicación Social: Juan David Rodas Patiño Coordinador Pregrado en Periodismo: Juan David Londoño Isaza Comité de Carrera Periodismo: Juan David Londoño Isaza, Juan Camilo Arboleda Alzate, Alejandro Muñoz Cano, Raúl Osorio Vargas, Carlos Alejandro Hincapié, Juan David Alzate Morales, Luisa María Valencia Álvarez.

Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 90 Junio de 2018

S

í, leyó bien: “Nos”. Según los reportes oficiales, entre el primero de enero y el 4 de junio de 2018 hubo 269 homicidios en la ciudad. Son 66 más que en el mismo periodo del año anterior, es decir, hubo un incremento del 32,5%. Pero hay otra forma de analizar la cifra sin ese criterio comparativo que, a veces, se queda corto para exponer las dimensiones del problema: 2017 cerró con 577 homicidios. Si a esa cifra se suman los asesinatos de este año, son 846 vidas que la violencia homicida se ha llevado en poco más de 17 meses. La cuenta sigue creciendo, porque aun en los periodos en que los índices de homicidios bajan, cada muerto es un número más.

Las mismas cifras oficiales indican que 122 de esos homicidios que se han contabilizado en lo corrido del año están asociados a la acción de grupos de delincuencia organizada. Eso significa que la mayoría de esos crímenes ocurren a manos de las organizaciones ilegales que hacen presencia en buena parte de la ciudad, en cada comuna, en cada barrio. Amenazan, extorsionan y asesinan. Pero de nuevo, la cifra se queda corta porque 86 homicidios están aún por ubicar en alguna categoría, pero también porque 36 más están asociados a problemas de convivencia, 14 a hurtos, cinco a violencia de género, tres a violencia intrafamiliar. Esa violencia cotidiana, que escapa a las grandes estructuras mafiosas, también nos sigue matando.

Con ese contexto, poco dicen las típicas frases como: “Ah, es que esas comunas son muy peligrosas” o “eso por allá en las comunas está muy caliente”. Mucho menos si se tiene en cuenta que, por ejemplo, Laureles y El Poblado, las comunas con los mejores índices de calidad de vida en Medellín, también registran este año un aumento del 83% y del 100% de los homicidios respectivamente. Reproducir estas frases implica negarse a entender la ciudad como un territorio en que, sin importar dónde, cada persona tiene derecho a habitar.

Tampoco sirve reducir el problema a explicaciones policivas. En su respuesta a un cuestionario para esta edición especial, la Secretaría de Seguridad de Medellín atribuye el incremento de los homicidios a la acción de las autoridades: “Se evidencia que hay una coincidencia entre la acción efectiva en la captura de los principales cabecillas de las Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico con picos de homicidios”. Si bien la Alcaldía en sus respuestas también habla de inversión y de iniciativas sociales, las condiciones de vida y las necesidades básicas insatisfechas de muchas comunidades no hacen parte de su diagnóstico sobre el fenómeno.

Para esta, la edición 90 de De la Urbe, recobramos las palabras de nuestro primer editorial: “Los ideales de servicio al público, del derecho a la vida y a la información y a la creación de un espacio de discusión para la solución de conflictos que nos afectan, conforman el espíritu en el que se enmarca De la Urbe”. Aunque el equipo, los espacios, los lenguajes, los soportes y muchas formas del periodismo hayan cambiado, preservamos el compromiso de ayudar a entender la ciudad que habitamos.

Han pasado 19 años y Medellín ha cambiado. En 1999, entre enero y mayo, se cometieron 1.432 homicidios. Un solo mes, enero, el más violento de ese año con 310 homicidios, supera en 41 casos los cometidos durante todo 2018 hasta el cierre de esta edición. Las cifras indican que nos matamos menos, pero como ya decíamos, nos seguimos matando.

Por ello, en esta edición de aniversario nos planteamos un reto periodístico y pedagógico: 26 reporteros, estudiantes de Periodismo, se dividieron en grupos por el occidente de la ciudad. Recorrimos durante 24 horas, en simultáneo, los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista; y las comunas de Robledo, Castilla, Doce de Octubre y San Javier.

Desde las 8:00 de la mañana del viernes 18 de mayo, hasta la misma hora del sábado 19, caminamos y convivimos con la gente de estos barrios, los más afectados por las disputas armadas de los últimos meses: entre el primero de enero y el 31 de mayo de este año solo esas seis comunas sumaron 112 homicidios, el 41% del total de la ciudad. La cifra aumenta si se suman los asesinatos de otras comunas como Belén y La América y el corregimiento de San Cristóbal, también en el occidente, que en muchos casos responden a dinámicas de conflicto similares.

El objetivo del ejercicio fue hacernos a una imagen sobre la cotidianidad de esos territorios para poner en contexto la violencia, la estigmatización y la resistencia de las comunidades. También, enfrentarnos a una reportería “en caliente”, a la presión del tiempo, al miedo y a los propios prejuicios.

Con esas experiencias llegamos a conclusiones producto de este trabajo periodístico, que si bien no pretende ser un análisis exhaustivo sobre la violencia en Medellín, sí recoge voces, interpretaciones y miradas diversas. Aunque reforzada por factores geográficos, la situación que

Desde las 8:00 de la mañana del viernes 18 de mayo, hasta la misma hora del sábado 19, caminamos y convivimos con la gente de estos barrios, los más afectados por las disputas armadas de los últimos meses. vive la zona occidental no es distinta a la que otros sectores han enfrentado en diferentes etapas de la historia reciente. Es la herencia de la hegemonía paramilitar que se construyó luego de la “urbanización del conflicto” que vivió la ciudad con los enfrentamientos entre milicias y grupos paramilitares. Ese ciclo culminó con la transformación de estos últimos en combos articulados a estructuras mucho más amplias, encargados de rentas ilegales y de condicionar, de acuerdo con sus intereses, la vida social y comunitaria de los barrios.

En medio de ese escenario han existido momentos de mayor tensión cuando se atomizan los mandos y otros de menor confrontación —aunque no de calma— cuando se consolidan claros dominadores o cuando existen pactos entre las grandes estructuras que se dividen el control de la ilegalidad en la ciudad. Se trata de una división funcional del territorio. Mientras tanto, los organismos del Estado insisten en negar que funcionarios, de civil o uniformados, han sido cooptados por esas estructuras.

También insisten en atribuir aquellos periodos en que se recrudece la violencia a las reacciones de los grupos armados por la operatividad de la Fuerza Pública.

Los discursos han sido más o menos radicales. A finales de abril, al referirse a la persecución a los combos, el alcalde Federico Gutiérrez escribió en su cuenta de Twitter: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno. Todos van cayendo”. Pocos días antes, su secretario de Gobierno, Santiago Gómez Barrera, quien ejercía como alcalde encargado, dijo que “ojalá no se tuviera que llegar al punto de necesitar otra Operación Orión”. Entretanto, ordenaba la militarización de la comuna 13.

En estos 19 años Medellín ha cambiado, claro, pero la vida de muchas comunidades sigue condicionada por la violencia. La costumbre, sin embargo, no puede naturalizar ese fenómeno: no es normal que las personas tengan que rodear sus propios barrios para llegar a sus casas y así evitar “fronteras invisibles”. No es normal pagar vacunas por ejercer una actividad comercial, por la “seguridad” o por parquear un carro en el espacio público. No es normal que un grupo de reporteros tenga que recorrer un barrio de Medellín con una carta que explica su presencia, ni que un militar les diga que ese es “su seguro de vida”. No es normal que la vida siga sometida a las condiciones que impone la guerra. Nos encontramos en este camino con personas y organizaciones que trabajan para que se disminuyan los umbrales de tolerancia frente a la violencia y frente a la fórmula de enfrentarla con más violencia. Otra razón para entender que no es normal que nos sigamos matando. Ese es un comienzo.

De la Urbe se sigue transformando

Diseño de Portada y contraportada: Manuela Meneses Polo

No. 90 Medellín, junio de 2018

Muy pronto tendremos un nuevo espacio.

Encuéntranos a partir de julio en el SEGUNDO PISO del BLOQUE 10 - Ciudad Universitaria.

Facultad de Comunicaciones

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

4

5

La violencia con la que lidian los habitantes de San Antonio de Prado difiere de la de otras zonas del occidente de Medellín. Aquí no resaltan los homicidios, desapariciones y amenazas, aunque los hay. En este corregimiento, se respira con la tensión de la bomba que no estalla, con la esperanza puesta en un pacto que parece desgastarse.

Andrea Vivas Molina - andrea.vivas@udea.edu.co Alejandro Puerta Calle - calejandro.puerta@udea.edu.co Daniel Uribe Uribe - daniel.uribeu@udea.edu.co Emmanuel Zapata Bedoya - emmanuel.zapata1@udea.edu.co Ilustración: Manuela Meneses Polo Instagram: @manumepo

En San Antonio, usted encuentra que por cada 10 habitantes seis tocan una flauta o una guitarra, o pintan o han pertenecido a alguna organización.

Es la riqueza cultural del corregimiento; la cultura nos ha brindado un colchón frente a la violencia.

No. 90 Medellín, junio de 2018

D

esde lo alto de la torre de estilo medieval de la iglesia, es más fácil comprender por qué San Antonio de Prado es un territorio clave para los actores armados del Valle de Aburrá. Es un punto de conexión con buena parte de la zona occidental de Medellín y desde allí, con el occidente de Antioquia. Desde ese lugar, uno de los puntos más altos del parque principal, se ven Las Trucheras que, al norte y un poco al oriente, conectan a San Antonio con Altavista. Más hacia el noroccidente está el Cerro del Padre Amaya, en límites con San Cristóbal. Al occidente, el sector de Las Palmas y las montañas que separan al Valle de Aburrá de Heliconia y Armenia Mantequilla.

Al oriente, al fondo, están La Estrella e Itagüí. También se ve parte de la zona sur de Medellín. Más cerca aparecen los barrios Barichara y El Limonar I y II. San Antonio de Prado es, con cerca de 160.000 habitantes, el corregimiento más grande de Medellín. Ubicado en el extremo suroccidental de la ciudad, la vida en su cabecera municipal parece la de cualquier pueblo antioqueño.

Alrededor del parque central, recientemente remodelado, se organizan la Casa de Gobierno, los bancos, el hospital de Metrosalud (que perdió la letra “l” de su letrero), restaurantes, una carnicería, un par de cigarrerías y varias tabernas.

Encabezando la plazoleta está la parroquia.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), hasta el 31 de mayo de este año se habían cometido nueve homicidios en este corregimiento, tres más que en el mismo periodo del 2017, aunque son 13 menos que en la Comuna 13, 15 menos que el vecino corregimiento Altavista y 37 menos que en el Centro de la ciudad. Sin embargo, a finales de abril de 2018 la Defensoría del Pueblo declaró a San Antonio de Pra-

do en alerta de riesgo inminente debido a la violación de Derechos Humanos, al aumento de los casos de homicidios selectivos y múltiples, a los desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, desapariciones y enfrentamientos entre grupos delincuenciales, y por el uso de niños y adolescentes para cometer delitos.

Un funcionario de la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín habla de la violencia en San Antonio de Prado como un fenómeno más silencioso, pues a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de la ciudad, ese corregimiento vive un momento de menor confrontación armada. Sin embargo, destaca el riesgo que representa el reclutamiento de menores que ha llevado, según dice, a que se convierta en “la despensa sicarial del Valle de Aburrá”.

Alberto Meza, gestor cultural de San Antonio, explica que la violencia en este corregimiento comenzó en la década de los 50 con las disputas bipartidistas. Luego, vinieron algunos brotes guerrilleros del M-19, seguidos por la guerra del narcotráfico liderada por Pablo Escobar en los años 80.

Las mafias vieron en el territorio un corredor geográfico estratégico y empezaron a organizar grupos criminales.

“San Antonio de Prado es un corregimiento muy interesante. Geopolíticamente, el que está aquí tiene mucho por dónde esconderse: Angelópolis, La Estrella, Altavista, Armenia, Heliconia. Es un corredor para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas; es por eso que, últimamente, han cogido a varios cabecillas de la Oficina, de los del Golfo, de todo eso. Aquí empezaron grupitos de marihuaneros que eran caldo de cultivo pa’ esos grupos”, afirma Alberto, quien además recuerda que fue Pablo Escobar quien gestó uno de los primeros combos del corregimiento en el sector de La 14.

La violencia parece una característica propia de las dinámicas de la naturaleza y la vida. Sin embargo, puesto el filtro de la humanidad, la razón y su aplicación en pro de la conservación del equilibrio social, ha ido moldeando el comportamiento de los individuos y las sociedades a través de la historia, a tal punto que hemos logrado convivir en este planeta varios miles de millones en nombre del respeto por la vida.

Todos los días realizamos, al salir de nuestras casas, un acto de fe en el resto de los hombres. La línea que evita que mi compañero de apartamento decida empujarme una mañana por la ventana fue trazada por quienes le enseñaron que ese no es el comportamiento de alguien normal.

Es decir, el hombre, violento por naturaleza, subyuga lo que Poe llamó “el demonio de la perversidad” gracias a esa convención social que dicta que matarnos entre especie está mal. Esta convención, por supuesto, no ha logrado prevenir completamente la violencia.

Muchas veces la violencia es el resultado de la fallida comunicación entre mundos distintos, incomprensibles el uno para el otro. Así, la investigadora social Emma León bautizó “monstruo” a ese ser que en el reconocimiento del otro no cumple con las características de otra convención social: lo normal y lo bello. El monstruo es aquel que, en su radical diferencia conmigo y lo que conozco, me genera miedo. “El criterio de corte estará siempre en función del supuesto de humanidad que un grupo ha decidido que es el que mejor expresa y afirma su existencia y su naturaleza”, dice León. Ese mismo criterio de corte puso, hace muchos años, una barrera de segregación entre la cabecera del corregimiento de San Antonio de Prado y lo que para sus habitantes de ese momento era el significado vivo del monstruo: el barrio El Limonar.

Sentado en las mesas de la miscelánea El balcón de Maruja, en el parque principal, Alberto Meza recuerda que, a finales de los ochenta, San Antonio de Prado era un pueblo supremamente conservador. Hace 30 años era impensable ver alguna expresión de afecto entre homosexuales y era más bien extraño ver negros o indígenas en las calles. “Aquí no había negros”, dice. “El Limonar nos los trajo, pero como éramos muy conservadores, ¿qué pasó?

Claro, la xenofobia, y empezó la problemática”.

El Limonar fue inicialmente un proyecto de vivienda destinado a las familias afectadas por el deslizamiento de Villatina ─el 27 de septiembre de 1987 sepultó más de 70 viviendas en la Comuna 8─. Con el crecimiento del barrio, se formaron combos como el de “Las Bifas”, que surgió en la nueva etapa del barrio: El Limonar II. Este combo fue llamado así por la característica bifamiliar de las casas del sector. Pronto se trazaron fronteras entre los combos que ya existían en el corregimiento y que operaban en barrios como La 14 y Paloblanco.

Desde los noventa, luego de que Escobar murió (2 dic.

1993), el tráfico de armas y drogas ha pasado por distintas manos. Según Alberto Meza, unos combos ya empoderados se pelearon el dominio del territorio hasta que intervino el sacerdote Óscar Albeiro Ortiz Henao, quien llegó en 1998 al corregimiento como párroco de la Iglesia El Limonar y alineó a los grupos delincuenciales bajo su control.

“Muchos lo vimos disparando. Era un secreto a gritos.

Las señoras y muchas personas lo veían como el ‘pacificador’ porque les dijo a todos los combos que si querían permanecer en el territorio debían trabajar para él. Lo que hizo fue unirlos y ponerlos a trabajar juntos, ya no se mataban entre ellos; sino que se mataban por ‘él’ ”, señala Gladys Ríos Rivera, integrante de la Corporación Penca de Sábila y lideresa social de El Limonar.

Gladys aún recuerda la vez que los hombres del cura amordazaron e intimidaron a varias madres que, en un principio, usaban un terreno para sembrar sus alimentos con las semillas suministradas por la Corporación y para criar cerdos en convenio con la compañía Porcicarnes.

“Se llevaron algunas cosas que había acá, como unos marranos que teníamos en la parte de arriba, donde se ven las cabras y los chivitos. Todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo vio por las ventanas; pero como sabían que eran ‘ellos’, nadie dijo nada”, cuenta.

Después del incidente, las madres no quisieron volver al lugar, pero los jóvenes se apropiaron de ese espacio. “En

ese momento, nosotros los chicos, hijos de esas señoras, estábamos muy indignados. Era un momento de mucha euforia y dijimos: ‘No, no estamos de acuerdo en que este espacio que nos ha costado tanto, que lo hemos construido con nuestras propias manos, quede en poder de semejante bestia’”, recuerda Gladys.

La visibilidad que los jóvenes alcanzaron con sus proyectos molestó tanto al clérigo Ortiz que, según Gladys, las amenazas e intimidaciones no se hicieron esperar. “Un día que estábamos de campamento con la Corporación, los encapuchados fueron a las casas por nosotros. Éramos ‘pelaos’ de 13, 14 años y nos estaban persiguiendo para matarnos.

Las mamás hicieron el acompañamiento, fuimos a la Curia y denunciamos toda esa agresión que él tenía hacia nosotros.

Nos tocó denunciar con él al frente. Él decía que nosotros éramos unos mentirosos, que nosotros éramos lo peor”.

En 2014, Ortiz, más conocido como ‘el cura paraco’, fue condenado a 19 años de cárcel por concierto para delinquir.

Las investigaciones revelaron que era cabecilla de una banda conocida como “Los Desmovilizados”, grupo dedicado al sicariato, desplazamiento forzado, extorsión, tráfico de armas y estupefacientes, además de usura con paga diarios. Este grupo azotó al corregimiento durante más de una década.

Hoy en día, ese espacio es un terreno de una hectárea, donde crecen plantas endémicas y es conocido como Huerta Agroecológica El Limonar. Hay una casa en la que vive un viejo perro, un salón con pupitres apilados y un enrejado con tres cabras. En este bosque, trabajan jóvenes del barrio y de municipios aledaños. Algunos de ellos son muchachos que, por su círculo social o por sus vínculos familiares, son más vulnerables a entrar en las dinámicas de la ilegalidad y violencia.

Si bien la década del 2000 fue difícil y violenta, a partir del 2013, un pacto entre los combos Las Bifas y Los Chicorios mantuvo al corregimiento en tensión; aunque bajó el índice de homicidios. Sin embargo, el aumento de asesinatos y algunas capturas realizadas por la Policía, recientemente, ponen en peligro la prevalencia del pacto.

“Estábamos pensando que ese pacto se iba a romper precisamente por esa situación. Afortunadamente, hasta el momento no ha pasado”, afirma Juan Carlos Betancur, director de la emisora comunitaria Frecuencia Estéreo.

Según Juan Carlos, las violencias más presentes en el territorio son la intrafamiliar y la relacionada con la extorsión.

Agrega que el hecho de que San Antonio se haya convertido en un “pueblo dormitorio” provoca que algunos padres que trabajan en Medellín, Itagüí y La Estrella dejen a sus hijos solos sin nadie que esté en función de su cuidado.

En el último año, se han adelantado capturas relacionadas con las estructuras criminales que operan en El Limonar y que tienen poder sobre otros barrios de San Antonio y Medellín. El 1 de junio de 2017, la Policía Metropolitana capturó a 12 integrantes del grupo El Limonar 1 dedicados a la extorsión, desplazamiento forzado, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes en el sector.

A principios de abril, el CTI de la Fiscalía capturó a Jaime Alberto Cano Monsalve, alias El Yimy, presunto cabecilla de la estructura criminal Los Triana.

Lo anterior, sumado a los asesinatos de Jovany Alexis Ro-

dríguez Higuita, 26 años, y Anderson Rodríguez Higuita, 23 años, en el barrio Aragón; y de Fernán Causil Oviedo, 16 años, en límites con el barrio El Limonar, despertó la preocupación de los líderes.

Para enfrentar esas situaciones en El Limonar, que además es el barrio más grande de San Antonio de Prado, ha surgido la mayor concentración de colectivos artísticos, culturales y comunitarios del corregimiento: Feyalim en las Danzas, el Vivero Pachamama, la Corporación Penca de Sábila, la Huerta Agroecológica El Limonar, la emisora comunitaria…

Para muchos pradeños, la cultura es la mejor forma de amortiguar los golpes de la violencia.

“En San Antonio, usted encuentra que por cada 10 habitantes seis tocan una flauta o una guitarra, o pintan o han pertenecido a alguna organización. Es la riqueza cultural del corregimiento; la cultura nos ha brindado un colchón frente a la violencia”, dice Diego Betancur, asesor de Corcasap (Corporación Cultural de San Antonio de Prado).

La fuerte lluvia de ese viernes, cuando visitábamos el barrio, no impidió que en una sala de El Limonar etapa IV se reunieran jóvenes y líderes barriales a debatir y organizarse para expresar su rechazo por lo sucedido una semana antes, al mediodía del miércoles 9 de mayo, entre El Limonar y Barichara, cuando asesinaron a Fernán Causil a la salida de su colegio.

Dicen por ahí que fue una equivocación.

Cuando cae la noche, el frío mete a todo el mundo en sus casas. Entre tanto, ese grupo de líderes pradeños sigue firme con su respuesta propositiva ante la violencia y lidiando con las problemáticas de la expansión urbana.

Tienen la esperanza de mantener a raya la guerra que amenaza a niños y jóvenes, las principales víctimas de los actores armados que ven en ellos la oportunidad de perpetuar su control.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

6

7

Altavista es una mezcla de vida urbana y rural. Este corregimiento, dividido en cuatro zonas, se entrecruza en sus caminos montañosos con buena parte del occidente de Medellín. Ha sido un lugar estratégico para las organizaciones armadas. Al finalizar mayo de 2018, había padecido un incremento del 500% en el número de homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior. Eso lo ubica como el territorio con el mayor incremento en los índices de asesinatos en toda la ciudad.

Santiago Rodríguez Álvarez - santiago.rodrigueza@udea.edu.co Leonardo Álvarez Arango - oleonardo.alvarez@udea.edu.co Paulina Mesa Loaiza - paulina.mesal@udea.edu.co Jennifer Mejía Giraldo - jennifer.mejiag@udea.edu.co Valeria Ortiz Tabares- valeria.ortiz1@udea.edu.co Ilustración: Manuela Meneses Polo Instagram: @manumepo

E

se viernes 18 de mayo Medellín amaneció soleado. Nos encontramos a las 7:30 de la mañana en la estación Santa Lucía del metro. Allí abordamos el bus alimentador 202i que sube hasta el Morro-Corazón, una vereda del corregimiento de Altavista a la que se accede por el barrio Belencito de la Comuna 13. En esta vereda, empezaría el recorrido por un territorio que, en las últimas semanas, había sufrido un aumento en los hechos de violencia relacionados con combos y organizaciones criminales.

Según un pronunciamiento de la Personería de Medellín, la tasa de homicidios en esa zona había aumentado aproximadamente un 300 por ciento con respecto al año anterior. Las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) mostraban 13 asesinatos con corte al 30 de abril, que contrastaban con los tres homicidios del mismo periodo en 2017.

Ese mismo día, por medio de un grupo de WhatsApp de líderes de Altavista, informaron que ese sector del corregimiento estaba en tensión y se recomendaba no realizar actividades en la noche. Sin embargo, Gilma Rúa, una lideresa campesina, nos dijo que la zona estaba en calma; así que continuamos nuestro recorrido. Cuando nos bajamos del bus, Gilma nos dijo: “Muchachos, ¿cómo se les ocurre venirse a arriesgar por aquí en estas épocas?”. Nos miramos confusos, mientras ella nos contaba que hacía dos días, se rumoraba en El Morro, habían asesinado al jefe de una banda.

En Altavista y en el occidente de la ciudad, hay control de estructuras criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Oficina de Envigado, según afirma Max Yuri Gil, director de la Corporación Región.

Esta generalidad, sin embargo, no es suficiente para entender a un corregimiento dividido socialmente, por montañas y quebradas, en cuatro microcuencas: Travesías-El Morro, Aguas Frías, Altavista Central y El Manzanillo.

El conocimiento de esta división trazó nuestro recorrido por Altavista, empezando en El Morro Corazón para finalizar en El Manzanillo.

Gilma tiene 72 años y vive en Altavista desde que tiene 14. Es lideresa comunitaria y es la representante de los 40 campesinos que viven en El Morro ante la Mesa Campesina de Altavista. También, pertenece a Las Lavanderas, un grupo de mujeres que reivindica la memoria del corregimiento y, en especial, el antiguo oficio de lavar ropa en la quebrada Ana Díaz, aquel hilo de agua que recorre El Morro hacia abajo.

Fue desplazada hace más de 20 años de Corazón, un sector cercano a la Comuna 13, cuando las milicias guerrilleras asesinaron al mayor de sus diez hijos. En los años 90, estos grupos armados entraron a varias comunas, entre ellas la 13 y al corregimiento de Altavista. Su objetivo era controlar los espacios ubicados entre lo rural y lo ur-

bano, conectados a otras subregiones estratégicas, según se lee en el informe Medellín: memorias de una guerra urbana, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Huyendo de la violencia, llegó a Campo Alegre, un sector más rural donde tiene su casa desde entonces.

Centrada en medio de una geografía montañosa, la vista desde su balcón es un campo abierto lleno de árboles y vegetación. “Lo mejor de aquí es la tierra, su gente y la cultura ancestral”, dice Gilma. “Pero la principal problemática es ser vecinos de la Comuna 13 porque lo que pasa allá nos afecta a nosotros”.

La relación de El Morro-Corazón con la Comuna 13 no ha sido simplemente de vecindad, sino de conexión histórica. Tan solo desde 1987, la vereda pasó a ser administrativamente de Altavista, por el Acuerdo municipal 04 de ese año, que creó el corregimiento.

Gilma recuerda que, al principio, les pareció una buena idea pertenecer a Altavista. Fue luego cuando se vieron las dificultades para entender que eran parte del corregimiento: “Las personas se identificaban era con los barrios Belencito y Corazón”, dice. Si los ciudadanos no entienden de fronteras administrativas, los actores armados tampoco: su presencia ha sido indistinta en El Morro-Corazón, Belencito y Corazón, desde la incursión miliciana, hasta la consolidación de las bandas herederas del paramilitarismo y que están en la actualidad al servicio de estructuras criminales.

Acompañamos a Gilma a esperar el bus que la llevaría hasta el centro de la ciudad y nos despedimos de ella.

Cuando reanudamos el camino, la tensión no pasaba desapercibida y tampoco nosotros. Los vecinos sabían que no éramos de la zona; pero, al mismo tiempo, nos bridaban un cálido “buenos días”. Pasamos por la Base Militar “El Morro” de la IV Brigada que, administrativamente, para el Ejército, se encuentra en la comuna 13. Allí un soldado nos preguntó qué hacíamos en esa zona: “Esto está ‘caliente’, muchachos”, nos advirtió.

Mientras salíamos de El Morro-Corazón y marcaban las 8:45 de esa mañana, en el barrio Corazón, límite de la Comuna 13 con Altavista, las autoridades realizaban la inspección judicial al cuerpo de Fredy Alberto Montoya, un oficial de construcción de 47 años asesinado a tiros unas horas antes.

Entre árboles, caminamos alrededor de dos horas rumbo a Morro Plancho, una de las partes más altas entre El Morro-Corazón y Aguas Frías. Desde allí, pudimos ver casi todo el Valle de Aburrá y la curva que hace el río Medellín en su paso de Sur a Norte. Una

No. 90 Medellín, junio de 2018

vez descendimos, encontramos fincas, cultivos, ganado, perros y gatos.

También empezamos a ver las casas alrededor de la quebrada La Picacha, donde está asentada la microcuenca de Aguas Frías.

Nos dirigimos a la Institución Educativa Marina Orth, donde nos recibieron las profesoras Yuliana Quintero y Nicole Aguiar, voluntaria estadounidense. Ambas nos contaron que un mes atrás, el 20 de abril, les llegó una cadena de WhatsApp alertando sobre un posible enfrentamiento entre actores armados que se disputaban Aguas Frías. Frente a esta amenaza, nadie debía salir y el colegio debía evacuarse.

Aunque finalmente ese enfrentamiento no ocurrió, una semana después la Defensoría del Pueblo emitió el informe de riesgo 041-18. Esta alerta temprana de inminencia respondió al aumento de homicidios en el corregimiento, a la situación de riesgo de vulneración a los Derechos Humanos y a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por los habitantes de Altavista.

En el informe, la Defensoría indica que “el escenario de riesgo se configura a partir de los cambios surgidos por alianzas entre estructuras ilegales bajo el liderazgo y disputa entre dos organizaciones por el monopolio de las economías ilícitas. De un lado, el grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pretende mantener el control sobre corredores de movilidad de economías ilegales, asegurando la lealtad de grupos armados locales que operan en el territorio, a través de la imposición de mandos foráneos y la intimidación de la población civil; y del otro, organizaciones criminales de incidencia territorial limitada, pero articuladas a estructuras de mayor capacidad armada y económica de la llamada “Oficina de Envigado”, pretenden disputar el control de dichos corredores de movilidad”.

Al respecto, Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), explica que si bien hay un acuerdo de no agresión entre las AGC y la Oficina, al que se le conoce como “Pacto del Fusil”, hay reconfiguraciones entre actores armados que producen tensiones. Es el caso de la unión ChivosPájaros, que significó el quiebre de la alianza de los Chivos con las AGC, hecho que también registra el informe de riesgo 041-18 de la Defensoría.

Según Yuliana y Nicole, para los niños estas tensiones en el territorio se han normalizado y el conflicto hace parte de su cotidianidad. “Me han tocado comentarios muy impactantes de niños de preescolar y de segundo que dicen: ‘Profe, imagínese que ese señor entró a mi casa y dijo que si hablaba, me mataba’. Para ellos es normal escuchar disparos y ver personas corriendo”, dice Yuliana. A lo que Nicole agrega: “Donde crecí, si algo así estuviera pasando yo no tendría idea de qué hacer. Pero los niños aquí sí saben”.

Ante estas situaciones, desde el año pasado la institución educativa comenzó a trabajar en el desarrollo de habilidades socioemocionales y ofertas educativas extracurriculares, con el fin de contrarrestar los efectos del conflicto en la zona y para que los jóvenes no ingresen a los combos.

Cuando dejamos el colegio atrás y caminamos desde Aguas Frías hacia los barrios Las Violetas, Zafra y Altavista, pertenecientes a Belén (Comuna 16). Poco a poco, fuimos viendo más casas y carros. Las ladrilleras repelaban la montaña y ya era la ciudad la que se tragaba al campo.

“La unión de Chivos-Pájaros opera en lo que es Belén Zafra, Belén Altavista y La Esperanza, una parte del corregimiento. Esa unión está enfrentada con los Pesebreros, por el lado de Belén Las Violetas, y contra Mano de Dios, del sector Nuevo Amanecer de Altavista Central”, explica Fernando Quijano, quien agrega que los Chivos-Pájaros están adscritos a un sector de la Oficina, que está en una guerra fría contra otro sector de esa misma estructura conocido como Los Pesebreros. El rompimiento de la alianza de los Chivos con las AGC también generó enfrentamientos con Mano Dios, en el sector de Nuevo Amanecer, donde el año pasado se veían grafitis de las AGC en las fachadas de las casas.

Nuestra caminata terminó cuando tomamos un bus hacia la Corporación Cultural Altavista, en lo alto de Altavista Central. Quince minutos después de llegar, Sara Loaiza, lideresa juvenil, nos llamó para decirnos que había un enfrentamiento entre combos y un tiroteo cerca de la Casa de Gobierno. Unos minutos antes habíamos pasado por allí.

Un poco aturdidos, entramos a la Corporación.

Las puertas permanecían abiertas y los niños, quienes estaban a punto de recibir la clase de música, corrían tranquilos. Allí conversamos con Wilinton Foronda, fundador en 2011 de este proyecto y la cabeza de la escuela artística y popular de la Corporación, y con Juliana Pedroza, comunicadora. Para ellos, la principal dificultad al momento de crear procesos de resistencia en Altavista es la falta de identidad del corregimiento, pues al estar dividido en cuatro sectores las personas también se sienten divididas “sin darse cuenta que todos son Altavista”, dice Wilinton.

Juliana explica que si bien la 13 es un punto más propicio para llegar a Urabá, pues al igual que Altavista es una comuna estratégica para el control de las rutas de drogas, armas y contrabando por su cercanía a la salida al mar, “la diferencia es que allá la población dijo: ‘No más. Yo soy de aquí. Vamos a hacer algo’. Como aquí no existe esa identidad, no tenemos cómo generar esa ruptura. Entonces, hasta que no nos reconozcamos y no entendamos que somos un territorio completo, no nos vamos a movilizar como lo hizo la 13”.

Por eso, la Corporación ha articulado sus procesos entre las comunidades de las diferentes microcuencas del corregimiento. “La puerta está abierta haya o no balacera porque aquí ofrecemos cosas distintas de lo que hay afuera. Los sectores deben dialogar entre ellos. Hemos logrado que chicos reconozcan y sepan recorrer el territorio, hagan amigos, lazos e identidad”, afirma Wilinton, quien piensa que se le puede ofrecer al joven una opción diferente.

Mientras hablábamos, se oscurecía y la lluvia golpeaba las calles. Decidimos pasar la noche en la Corporación y, cuando estuvimos seguros de que el tiroteo había terminado, salimos a observar el barrio, sus actividades nocturnas y a buscar algo de comer. Todo estaba solo y frío, vigilado por patrullas de la Policía Militar. Según información de la IV Brigada, en Altavista hay presencia del Batallón de Policía Militar N.° 4 y escuadrones móviles del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 7.

A las 6:00 de la mañana del sábado 19 de mayo, seguimos con nuestro recorrido bajo un sol radiante y los ladridos de los perros de La Perla. Bajamos en bus y Metroplús hasta el parque de Belén y ahí abordamos otro bus alimentador con dirección a la vereda San José de Manzanillo.

A unas cuadras arriba de la última parada, está ubicada la Casa Museo Altavista. Allí nos esperaban Luz Dary Román, de 58 años y dueña de la Casa, y Daniela Loaiza, de 22 años y miembro del Consejo de Juventud de Altavista. Entramos al Museo y vimos fotografías que reflejaban la transición de un corregimiento rural a una urbanidad incipiente. Ollas colgadas en las paredes y planchas viejas reposaban en las repisas, teléfonos de cuerda, incluso una espada vieja y algún machete.

Para Luz Dary, desde los años noventa el conflicto nunca se ha ido de Altavista: “Primero fueron los milicianos, después las AUC, ahora son las Bacrim”.

Ambas mujeres nos relataron los sucesos más recientes en el barrio: las amenazas “anónimas” escritas en panfletos y el asesinato de cuatro jóvenes el 10 de febrero en el sector Los Rieles.

A Daniela le preocupa, sobre todo, la disyuntiva a la que se enfrentan los jóvenes en Manzanillo: ser víctimas o victimarios. “Ustedes llegan en un momento crítico, cosas que no se veían desde hace mucho, están pasando”, dice. Las cifras del Sisc registraron 22 homicidios en Altavista el año pasado, 12 de esos homicidios fueron de personas entre los 14 y 28 años; además, de las 82 capturas realizadas por las autoridades, 54 fueron de jóvenes.

Ese sábado 19, supimos luego de irnos, las autoridades realizaron el levantamiento a las 9:45 de la mañana de dos víctimas de homicidio en El Morro-Corazón. Según información oficial del Sisc, se trataba de Jonathan Zapata, de 26 años, y de Luis Fernando Garcés, de 46.

Las investigaciones preliminares determinaron que Zapata fue víctima de Garcés, mientras que éste último fue asesinado por otro joven entre los 21 y 26 años. Las autoridades capturaron, cuando huían, a dos jóvenes sindicados por el homicidio.

Quizá más allá de ubicación estratégica del corregimiento, lo que sigue en disputa en Altavista es la vida de la juventud.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

8

9 todo un despliegue mediático. Sin embargo, para Ciro, eso implica olvidar que tras ellos hay estructuras mucho más grandes: “Cuando sucedieron los enfrentamientos hace dos meses, en vez de la institucionalidad llegar y decir ‘vamos a reforzar lo deportivo, lo social, lo cultural’, lo primero que hizo fue llevar presencia militar”, señala.

En los recorridos del Graffitour, Ciro entendió que, si se observa desde arriba, la 13 parece una mano con sus 23 barrios; aunque solo 19 sean reconocidos oficialmente.

San Javier está en el centro y desde allí se articulan Los Alcázares, Santa Rosa de Lima, El Pesebre, Blanquizal, Juan XXIII, La Pradera, El Socorro, San Pedro, Eduardo Santos, Antonio Nariño, El Salado, Nuevos Conquistadores, Independencias I y II, 20 de Julio, Metropolitano, El Corazón, Betania y Belencito.

La división es clara, pero cuando sucede algo en un barrio específico, según afirma Ciro, “no se habla puntualmente del barrio, sino de la Comuna entera. Los enfrentamientos que están sucediendo son en cuatro barrios, ¿por qué es tan difícil especificar que no es toda la Comuna?”.

otro barrio. “Aquí en Loma Hermosa hay una frontera. Para poder trabajar con Santiago, tenemos que buscar otro lugar donde puedan estar ellos y donde podamos estar nosotros.

Ellos no pueden venir acá y nosotros difícilmente podemos bajar por esos lados”, explica David.

Ese viernes que caminamos La Loma, la Policía aparecía cada tanto en las calles. Soldados y policías van y vienen según los ciclos de violencia. “Acá nunca habíamos tenido la presencia del Estado ni de la Policía —concluye David— . ¿Cómo vamos a creer en algo que nunca vimos?”.

***

Daniela Sánchez Romero - daniela.sanchezr@udea.edu.co David Londoño Medina - david.londono3@udea.edu.co Luisa Orozco Valencia - luisa.orozcov@udea.edu.co Valeria Gómez Montoya - valeria.gomezm@udea.edu.co Ilustración: Manuela Meneses Polo Instagram: @manumepo

E

n San Juan con la carrera 98, a un par de cuadras de la estación del metro de San Javier, está la discoteca Oslo. Son las once de la noche de un viernes y solo hay tres mesas ocupadas; esperábamos que, a esa hora, la “zona rosa” de San Javier estuviera llena de gente.

Nos acompaña Andrés Correa, conocido como Ruffi, rapero del barrio El Salado, y su novia, Angie Bustamante, de Santa Rosa de Lima. Nos invitaron a sentarnos con ellos.

“Llevábamos un mes sin poder salir a tomarnos algo, ya nos hacía falta. Estas semanas nos tocó comprar las cervecitas y encerrarnos en la casa”, dice Angie, mientras enciende un cigarrillo. “Nos daba miedo que por ser de barrios diferentes pudiéramos correr peligro”, agrega.

Andrés coincide con ella: “Las cosas sí estuvieron malucas estas últimas semanas. Para subir a la casa, daba mejor la vuelta por la canalización porque, aunque a uno nadie le diga por dónde subir o no, es mejor ahorrarse los problemas”.

Pedimos unas cervezas mientras Angie mira extrañada a su alrededor. “Esto acá, por lo general, es muy lleno, quién sabe hoy por qué está todo solo. Pueden pasar dos cosas: la primera, que ahora más tarde comience a llenarse; la segunda, que nosotros seamos los más arriesgados, que vinimos a ‘banderearnos’ con todo lo que está pasando en la Comuna”.

De a poco, la discoteca se va llenando, la gente pasa y saluda a Andrés. Él nos presenta como si fuéramos amigos de años atrás. *** Cuatro horas antes estábamos sentados en un cuarto de la Casa Morada, también en la parte central de San Javier. Esa casa es el espacio de un colectivo que nació en 2011 con la idea de morar (de ahí su nombre), habitar el territorio y promover el periodismo y la literatura. Hoy, en ese mismo espacio se comparten otras iniciativas sociales y comunitarias.

Casa Morada mantuvo abiertas sus puertas 164 horas durante la semana del 24 al 30 de abril, con actividades alrededor del cine, el karaoke y el teatro. El propósito fue resguardar a los jóvenes habitantes de la Comuna 13 de los enfrentamientos que se presentaron durante esos días entre los combos de Betania, El Coco, La Torre y La Agonía. Solo en abril, según cifras de la Alcaldía de Medellín, hubo 15 homicidios en esa Comuna. En mayo, la cifra se disparó y fueron 27 los asesinatos, 59% más que en el mismo mes de 2017.

Como respuesta a esas disputas territoriales, en Casa Morada decidieron no cerrar sus puertas. Para Julián Sánchez, uno de los líderes del colectivo y habitante de la vereda La Loma, en San Cristóbal, muy cerca de la Comuna 13, Casa Morada también es un espacio para que los jóvenes

No. 90 Medellín, junio de 2018

Si se la mira desde arriba, la 13 parece una mano: San Javier, en el centro, es la palma; mientras que los otros 22 barrios que parten de allí, representan los dedos. Ha sido uno de los territorios de Medellín más expuestos a la violencia de todos los bandos, y a la estigmatización. En esta mano, sin embargo, muchos se resisten a quedarse quietos y a cederle su espacio a la guerra.

tengan un lugar de refugio al salir de sus colegios o cuando no puedan llegar a sus barrios “porque la violencia, aparte del miedo, también implica cierta soledad”, nos dice Julián.

La iniciativa también surgió por la carencia de institucionalidad en la Comuna. Según Julián, la presencia estatal solo se ha manifestado con soldados y policías. “Algunos chicos ya están como acostumbrados a esas estrategias de miedo y no creen en eso, lo ponen en segundo plano. Toda la vida han conocido esa estrategia”, agrega.

La misma semana en que Casa Morada permanecía abierta, la Alcaldía de Medellín ordenó militarizar la Comuna. Santiago Gómez Barrera, secretario de Gobierno y para ese momento alcalde encargado de Medellín, dijo que “ojalá no se tuviera que llegar al punto de necesitar otra Operación Orión”. *** Ya son las 12:30 de la madrugada. La rumba va subiendo el calor, a pesar del aguacero y el frío que hay de puertas para afuera. Suenan vallenato y reguetón. Jóvenes y viejos, afros y mestizos, raperos y reguetoneros comparten el mismo espacio. Nadie baila, la pista está sola; pero todos cantamos y movemos los hombros en nuestras sillas.

Los negros que están al lado enseñan sus pasos moviendo pies y caderas al ritmo del bajo de cada canción. Nos miramos y cantamos como si saliéramos de fiesta juntos cada ocho días.

—“Bien melo, bien melo, bien melo”.

Los negros de la mesa del lado se paran a bailar.

—“Estamos melos, sisas, sisas. Estamos melos sí, sí, sí, sisas”.

Repetimos esa letra como si fuera una de esas canciones que enseñan en el colegio o como si se tratara del Himno Nacional.

La canción que suena es de Bomby, un artista de la 13 que, cuando todavía era un niño, comenzó su carrera musical tocando clarinete y cantando en Son Batá. En 2017, a sus 22 años, lanzó esta canción que no ha parado de sonar. *** A finales de los noventa, la Comuna 13 era disputada por las milicias guerrilleras que habían hecho de esa zona un fortín, y por los grupos de paramilitares que empezaban a ganar terreno. A partir del 2001, esos enfrentamientos se hicieron más intensos y se radicalizaron mucho más en 2002 con las intervenciones militares ordenadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para entonces, la 13 fue el escenario de más de 20 operaciones militares: Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad, Antorcha…

La más recordada es la operación Orión. Entre el 16 y 17 de octubre de 2002, la Fuerza Pública, con el apoyo de grupos paramilitares, se tomó la Comuna para desterrar a las milicias. Según datos de organizaciones sociales, esta acción dejó un saldo de 370 detenciones arbitrarias, 88 muertos, 95 desaparecidos y cientos de familias desplazadas.

La 13 se convirtió en sinónimo de terror, pero también de resistencia. De ese contexto, es hijo Son Batá, una agrupación cultural afro que nació en 1999 en el barrio Nuevos Conquistadores, con el fin de fomentar las expresiones artísticas y las tradiciones de los pueblos del Pacífico colombiano, que también habitan en la Comuna. El grafiti, la música y el baile de las tradiciones afro han sido la mezcla para sobrevivir a los impasses de la vida en la ciudad.

A pesar de que Son Batá, Casa Morada y muchas otras iniciativas se han concentrado en enfrentar el miedo y la estigmatización en su territorio, los ciclos de la violencia no cesan. Si bien hay periodos de relativa calma, hay otros en los que el miedo vuelve a ganar terreno por las disputas entre los herederos de los paramilitares que se adueñaron del territorio después de la operación Orión. Por eso, para los líderes culturales de la Comuna, no hay lugar ni siquiera a insinuaciones sobre la posibilidad de reeditar una intervención militar como esa.

John Fredy Ciro es rapero y uno de los fundadores de la Casa Kolacho; tenía 12 años cuando ocurrió Orión. “[En ese momento] el conflicto armado era tan fuerte que no había fuerza de movimientos sociales ni una visualización de las organizaciones comunitarias hacia el resto del país. Ahora, la 13 no está sola. Otra operación Orión es decirle a la gente que la ciudad se les salió de las manos”, expresa Ciro.

En 2014, se abrió oficialmente Casa Kolacho. Independientes, sin lazos económicos gubernamentales o estatales, en esta casa, también en San Javier, se comparten clases de rap, grafiti y break dance sin costo para los habitantes de la Comuna. Una de las grandes apuestas es el Graffitour que, como explica el rapero, es “un recorrido histórico, estético y político por la Comuna 13”. Esa es, además, su fuente de financiación.

Para Ciro, la ausencia del Estado ha sido una constante en la Comuna: “Las estructuras armadas de la ciudad han estado siempre presentes, mutando, cambiando de nombre, de esencias. La Alcaldía de Medellín es la oficina de la Oficina. Son estrategias de manipulación. Esto siempre pasa en Medellín en épocas electorales”, dice para referirse a los hechos violentos de las últimas semanas.

En abril, fueron capturados alias Sombra y alias Juancito. El primero, cabecilla de la organización que las autoridades conocen como Odín Robledo. El segundo, el jefe del combo de Betania. Ambos fueron señalados como los responsables de las acciones violentas y su captura provocó

Tres de la mañana. La fiesta se interrumpe. Hay una pelea entre dos jóvenes que llama la atención de todos en la discoteca. “¡Hey!, ¡hey! ¡Aquí no se pelea¡ ¡Ni aquí ni en ningún otro lugar! ¡En la Comuna 13, no se pelea!. ¡La 13 es un territorio de paz!”, exclama un hombre gordo con pinta de rapero: camiseta blanca holgada, pantalones caqui anchos y una gorra plana. ‘El Compa’ lo llaman todos.

Algunos repiten la frase como si fuera una especie de consigna. Los pelados, que antes peleaban, se miran con indiferencia. Se quedan callados tragándose su ego por un momento. Un apretón de manos rompe el silencio. “Ustedes son amigos y los amigos no pelean”, repite ‘El Compa’. Una canción de J. Balvin marca la continuación de una rumba que terminará a las cuatro de la mañana.

Minutos después de la pelea, un hombre en una motocicleta se acerca al lugar preguntando qué había pasado.

Alguien que está afuera le responde: “Nada, nada. Aquí en la farra con los ‘panas’”.

“Los lomeños caminamos por la izquierda; por eso, cuando bajamos al centro nos dicen que no sabemos caminar; lo que no saben es que al caminar por la izquierda podemos ver los carros que vienen. La Loma es tradición y familia. Mi gran tragedia es vivir en la Loma; pero yo uso todo lo malo y le saco lo bueno. La Loma no es ni de la 13 ni de San Cristóbal. La Loma es La Loma”, dice David Bermúdez, fundador de la Casa Loma, un espacio para el arte y la cultura en el sector de Loma Hermosa, ubicado en la Comuna 60, corregimiento de San Cristóbal.

Aunque administrativamente son territorios distintos, la relación entre La Loma y la Comuna 13 es indiscutible.

Sus límites son difusos y comparten caminos, transporte y lugares de esparcimiento. También tienen en común la violencia que han tenido que padecer; pero ante ésta, la resistencia social y comunitaria.

“Aquí inició la operación Orión, en San Cristóbal.

Todo fue con el paramilitarismo. Ellos se empezaron a venir hacia aquí, a la Loma. Se encontraron que al frente estaban las Farc y en otra calle las AUC. Acá comenzó la guerra. Las AUC comenzaron a desplazar a la guerrilla hacia la 13 y allá se refugiaron hasta que dijeron: ‘Hay que sacar a la guerrilla de allá e hicieron la operación’”comenta David.

En 2011 y 2013, La Loma apareció en los titulares de prensa por debido a varios desplazamientos forzados. Los enfrentamientos entre combos obligaron a más de 100 familias a abandonar sus viviendas. Las fotos de los policías y soldados ayudando a cargar los bienes de las personas que se desplazaban fueron el testimonio de la incapacidad del Estado para enfrentar el problema. Años más tarde, con el acompañamiento de otras instituciones del Estado que se asentaron en la zona, muchas de esas familias regresaron; pero no ha sido fácil recuperar la confianza. “Todo lo que pasa tratamos de solucionarlo nosotros mismos porque si fuera por la Policía... Uno los ve por ahí y uno piensa: ¿pa’ qué? Están botando esa plata”, dice Bermúdez.

A quince minutos de Loma Hermosa, vive Santiago Londoño, coordinador de la Junta de Acción Comunal y promotor de desarrollo de la actividad física en San Pedro, otro de los sectores de la vereda. Santiago y David crecieron juntos y compartieron varios espacios hasta que una “frontera invisible” aisló a San Pedro del resto de La Loma.

“Aunque en este momento está calmado, yo sé que si uno sube por allá hay problemas. No podemos pasar de un lado al otro por esas barreras. Es una guerra estúpida. Ya van ocho años con lo mismo y no llegan a nada”, dice Santiago.

Hoy, los dos deben recorrer caminos mucho más largos para llegar a otras partes de la vereda o “bajar” a la ciudad. Así evitan los sitios donde corren peligro por ser de

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

10

No. 90 MedellĂ­n, junio de 2018

11

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

12

‘Hemos hecho presencia permanente’: E

Entre el primero enero y el 23 de mayo de 2018 se registraron 244 homicidios en Medellín, 57 más que en el mismo período de 2017. De esas muertes, 138 (el 56,5%) fueron en la zona occidental. ¿Qué medidas ha puesto en marcha la Alcaldía de Medellín para enfrentar esta problemática?

Hemos acompañado a las comunidades que viven estas situaciones, a la gente buena que es la mayoría y que merece vivir tranquila. En San Javier, Robledo y Altavista hemos hecho presencia de manera permanente con actividades operativas y preventivas articuladas con la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, la Cuarta Brigada y la Policía Militar con una estrategia de patrullajes conjuntos. Además, está la Dirección Nacional de la Fiscalías contra el Crimen Organizado. Eso, por un lado, pero nuestra estrategia es integral; Fuerza Pública, sí, pero también tenemos toda la oferta social y las oportunidades en educación, deporte y empleo.

En relación con este fenómeno, ¿cuáles han sido las acciones de la Alcaldía de Medellín para proteger a la población joven, en especial la que habita la zona occidental de Medellín?

Los jóvenes son prioridad. Más allá de ser nuestro futuro son nuestro presente y merecen toda nuestra atención, especialmente si se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Es fundamental llegar a ellos con opciones reales de crecer y triunfar en el marco de la legalidad. Hay muchas estrategias que vienen funcionando en la ciudad hace varios años, como los clubes juveniles o la Red de Escuelas de Música.

Hay otras que hemos creado en la Administración.

Hablamos, por ejemplo, de Código Azul, una estrategia de la Secretaría de Juventud para defender los derechos de los jóvenes y mitigar el riesgo de reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras criminales. Además, está Formando Talento y El colegio cuenta con vos, que han ayudado a disminuir la deserción escolar. A la fecha, 3.495 estudiantes han regresado al colegio.

¿Cómo planea la administración municipal intervenir las comunas del occidente de Medellín para reducir la conflictividad sin afectar la seguridad y los derechos humanos de la población civil que habita en esos territorios?

La estrategia debe ser integral, no dejar a las comunidades solas, llegar con seguridad, pero también con oportunidades. Desde la Secretaría de Seguridad nos enfocamos en acciones preventivas como el programa de Rutas Seguras con el que acompañamos a las instituciones educativas ubicadas en las zonas vulnerables. También están las Caravanas de la Convivencia y el protocolo “Nada Justifica el Homicidio”, una propuesta diseñada por la Casa de las Estrategias para proteger vidas. Eso es lo que queremos porque a nosotros cada muerte nos duele, sin importar quiénes son las víctimas.

¿Qué lectura tiene la Alcaldía de Medellín de esta problemática y qué acciones está implementando para hacerle frente?

Se evidencia que los picos de homicidios coinciden con la captura de los principales cabecillas de las organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico. En 15 meses fueron capturados los 10 objetivos de más alto valor identificados como cabezas del crimen organizado en el Valle de Aburrá. Figuras como ‘Tom’ y más recientemente ‘Elkin Triana’, están hoy en la cárcel. Federico Gutiérrez hizo visibles a estos cabecillas.

Una de las críticas a la gestión de la seguridad en Medellín se centra en que, cuando aumentan las condiciones de conflicto en determinados lugares, se fortalece la presencia. Hay efectos mediáticos porque el alcalde visita las zonas, pero luego las comunidades se enfrentan de nuevo a la ausencia de acompañamiento, ¿qué opina de esas críticas?

La mejor manera de conocer las realidades de lo que viven las comunidades es la calle, por eso estamos siempre en contacto con la gente y nos gusta recorrer la ciudad. Desde enero se mantiene la intervención en materia de orden público en cada una de las comunas que son prioridad, con oferta institucional y de la mano del componente de investigación para desarticular bandas criminales. Esas intervenciones se desarrollan de manera estratégica con las autoridades y no necesariamente obedecen a la presencia de uniformados. ¿A qué se debe esta concentración de muertes en el occidente?

La directriz de nuestro alcalde es que no se oculten realidades. El aumento de muertes en las comunas occidentales de Medellín, obedece en su mayoría a una serie de confrontaciones entre estructuras delincuenciales, asociadas a la disputa territorial por el control de rentas ilegales. No es solo hablar de cifras, es lo que representan, es perder vidas, es el dolor de las familias que nos debe doler a todos. Este es el delito de mayor impacto en las comunidades y uno de los que más nos preocupa. La pérdida de una sola vida es un fracaso para la sociedad.

¿Qué estrategias ha diseñado la institucionalidad para reducir la vulnerabilidad de esta población?

Estas comunidades siempre han hecho parte de la priorización de los recursos de los gobiernos locales. Allí se han hecho intervenciones durante años, procurando compensar esa ausencia del Estado que se vivía hace algunas décadas. Hablamos de intervenciones en materia de infraestructura que se piensan para conectar los territorios y hacer presencia institucional que les demuestre a estas comunidades que no están solas.

Sin embargo, la inversión no solo debe hacerse de las fachadas para afuera. También hacemos presencia institucional en los barrios, enfocados en los niños y jóvenes, justamente para protegerlos de la violencia. Nos valemos de las herramientas que tenemos en materia de educación, cultura, etc., para construir entornos en los que ellos habiten con tranquilidad.

Según el ¡Basta Ya! Medellín, la ciudad ha resistido la violencia porque “sujetos, comunidades y colectivos se organizaron para comprender lo que pasaba, trabajar juntos y superar sentimientos como el miedo, la angustia y la desesperanza”. ¿Qué papel cumplen los líderes sociales de las comunas en la construcción de una ciudad menos violenta?

Los líderes sociales son gestores de esperanza y de fuerza colectiva. El gran éxito de la transformación que ha vivido Medellín en los últimos años se debe a que la gente tiene un gran sentido de pertenencia por la ciudad y sus comunidades. Nos hemos hecho mejores y hemos crecido a fuerza de superar diversos obstáculos. La ciudadanía, en cabeza de los líderes sociales, ha jugado un papel vital para que la sociedad ponga por encima lo que nos une y no lo que nos divide. A ellos los necesitamos y los seguiremos necesitando siempre que busquemos lograr transformaciones duraderas y sostenibles.

Ilustración: Manuela Meneses Polo

l 11 de mayo, De la Urbe estableció el primer contacto con la Alcaldía de Medellín para obtener su posición sobre los temas de esta edición. Fue por medio de un mensaje de WhatsApp dirigido al alcalde Federico Gutiérrez. No recibimos respuesta.

Cinco días más tarde, contactamos al secretario de Comunicaciones, Jorge González. Le reiteramos el mismo interés que antes le expresamos al alcalde. Pidió que lo contactáramos de nuevo el 21 de mayo. Para ese momento, la emergencia en Hidroituango ya era de interés nacional. El secretario nos explicó que el alcalde estaría concentrado en ese tema y sugirió que acudiéramos a Andrés Tobón, secretario de Seguridad.

Analizamos esa alternativa, pero decidimos que por la naturaleza del especial (que no es un diagnóstico de seguridad), lo pertinente sería incluir la postura de Tobón y también la de Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. El propósito era enmarcar la situación del occidente no solo desde la óptica de la seguridad, sino también en clave de tejido social y derechos humanos.

Esa opción, sin embargo, también se diluyó. El 24 de mayo, Vélez nos remitió a su subsecretario de Derechos Humanos, Carlos Arcila. Le explicamos la intención de dialogar de manera directa con él y con el secretario de Seguridad, pero no volvió a responder nuestros mensajes ni nuestras llamadas. Para ese momento, llevábamos ya más de tres semanas tratando de obtener alguna respuesta de la Alcaldía. En paralelo, buscábamos al secretario de Seguridad por medio de los encargados de comunicaciones. Incluso, lo abordamos en una rueda de prensa para solicitarle un espacio, pero nos remitió a su jefe de prensa con quien tampoco fue posible acordar una cita con el secretario.

Decidimos, entonces, insistir en una respuesta del alcalde Gutiérrez. Primero, a través de su asesora Luisa Flórez.

Luego nos acercamos a su comitiva el 25 de mayo, durante la rueda de prensa por la captura de John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”. Allí, su jefe de prensa, Eliana Úsuga, nos dijo que apenas se enteraba de nuestro interés de entrevistar al alcalde. Durante la semana siguiente mantuvimos el contacto con Úsuga. Nos dijo que Gutiérrez saldría de viaje y que sería imposible una entrevista presencial, pero que respondería a un cuestionario que remitimos de inmediato.

El 30 de mayo, por medio de una nota de voz, Úsuga respondió: “Si quieren hacer un buen informe el deber de ustedes como periodistas es también buscar a la Policía que es la que hace los operativos (…) viendo que todas las preguntas son enfocadas en seguridad, es Policía quien los puede ayudar para que sea una cosa, así como ustedes la quieren, supremamente objetiva”. Le respondimos que si bien había aspectos relacionados con operatividad, era claro que el cuestionario apuntaba a la política de seguridad, pero en su articulación con la política social. La jefe de prensa dijo que era importante entender que la seguridad obedecía a una articulación de entidades y no dependía de una sola persona. Pero aseguró que nos respondería.

Ese mismo día nos comunicamos de nuevo con el secretario de Comunicaciones y nos aseguró que las preguntas serían respondidas por el secretario de Seguridad. Un día después radicamos un derecho de petición cuyo plazo de respuesta, al cierre de esta edición, todavía se encontraba en curso. Finalmente, el 3 de junio, luego de casi un mes desde el primer contacto, la Alcaldía respondió a ese cuestionario a través del secretario de Seguridad Andrés Tobón. Si bien el propósito era establecer un diálogo que permitiera formular contrapreguntas y tener una perspectiva más amplia, publicamos esas respuestas, luego de la edición propia de una entrevista, por tratarse de la única respuesta oficial que la Alcaldía de Medellín ofreció para este especial.

13

No. 90 Medellín, junio de 2018

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

14

15

un recorrido por la Comuna 7 Elisa Castrillón Palacio - elisa.castrillon@udea.edu.co Estefanía Aguirre Giraldo - estefania.aguirre@udea.edu.co Alejandro Jaramillo Londoño - alejandro.jaramillo6@udea.edu.co María Yisley Alzate Tobón- yisley.alzate@udea.edu.co Ilustración: Manuela Meneses Polo Instagram: @manumepo

Nuestro recorrido por Robledo empezó en la parte central de la Comuna 7. En el camino hacia los sectores más altos, visitamos varias organizaciones barriales y algunos lugares que son referentes para las comunidades. Nuestro objetivo: entender por qué Robledo se ha convertido en la segunda comuna con mayor número de asesinatos en Medellín y cómo algunos de sus habitantes se oponen a que la violencia se vuelva costumbre.

N

os encontramos en el Éxito de Robledo a eso de las 8:00 de la mañana, hora en la que los habitantes de la Comuna 7, la segunda más grande de Medellín después de El Poblado, esperan en paraderos de buses por las rutas que los llevan a sus destinos. Algunos incluso hacen amistades en el camino para pagar un taxi y evitar los buses que bajan llenos de pasajeros. Según datos del Dane, para 2015, Robledo era, además, la tercera comuna con mayor número de habitantes: aproximadamente 170.000 personas que viven en cerca de 51 mil viviendas distribuidas en 22 barrios. De estas, el 90% de estratos 1, 2 y 3. El estimado para 2018 indica que ya son cerca de 175.000 habitantes.

Empezamos nuestro recorrido por el Centro de Documentación Musical El Jordán, una casona de puertas verdes y baldosas amarillas, ubicada en el barrio Villa Flora, sobre la calle 65, en la parte central de Robledo. La casa fue construida en 1891 y, por décadas, prestó servicio de baños recreativos que eran alimentados por la quebrada La Iguaná.

Fue consultorio médico, bar y zona de baile. Desde su construcción, atrajo a las familias más acomodadas de la ciudad y permaneció abierto hasta 2007, cuando se cerró por problemas estructurales y por disputas entre sus dueños. “Hoy, la casa es un orgullo para la comunidad”, dice Néstor Fabián Cardona, vigilante de El Jordán. “Cuando se pensaba que

No. 90 Medellín, junio de 2018

iba a ser destruida, se remodeló y ahora es un centro cultural donde se preserva la historia musical”, agrega.

Nuestra primera impresión es que el ambiente allí es tan tranquilo que, con estas mismas palabras, se podría describir cualquier otro sector de la ciudad. Sin embargo, la “tensa calma” que se vive en los sectores cercanos a El Jordán, nos recuerda las disputas territoriales que han aumentado los hechos de violencia reportados por los habitantes de esa Comuna y por las autoridades.

A dos cuadras del Centro de Documentación Musical está la Unidad Deportiva de Robledo y, muy cerca, la quebrada La Iguana; también, la vía que conecta con el Túnel de occidente. Ese punto es la división entre las comunas 7 y 13. A un lado, el barrio Robledo, y al otro, El Pesebre. Fue allí, pero del lado de la Comuna 13, donde cinco personas fueron asesinadas a finales de enero. Sus cadáveres aparecieron cerca del barrio, con señales de tortura y envueltos en sábanas.

Esa masacre convirtió a este sector en una prioridad.

Hasta el alcalde Federico Gutiérrez lo visitó para repartir volantes con los nombres y las fotografías de los cabecillas de la Odín Robledo (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), como es conocida por las autoridades la estructura que agrupa a varios combos en las comunas 7,

11, 12 y 13. Uno de ellos, Cristian Camilo Mazo Castañeda, alias Sombra, fue capturado en abril. Esto, sin embargo, no ha modificado el control que ejercen las bandas. Julio Londoño, un habitante de ese sector de Robledo, explica que en la zona “es común escuchar hablar de los muchachos que protegen. Este barrio ha tenido mucha relación de amistad y parentesco con el barrio de enfrente, que es la parte de atrás de la Comuna 13”.

Entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2018, los homicidios en Medellín aumentaron un 31,2% con relación a las cifras de 2017. Son 265 homicidios los que lleva la ciudad hasta esa fecha y abril ha sido el más violento: 57 personas asesinadas. Las comunas con los índices de homicidios más altos son la 10, con 48 casos, y la 7, con 35; lo que implica un aumento del 59% en los asesinatos perpetrados en Robledo.

A las once de la mañana, llegamos a la sede del medio de comunicación comunitario Mundo Urbano en la urbanización Bosques de Robledo, cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe. Allí se redacta el periódico Habitante Siete por un equipo conformado por doce personas que residen en la Comuna. Ese medio se interesa por temas culturales y, para hacerle el quite a los riesgos, evita publicar sobre problemáticas de violencia y criminalidad. Sin embargo, cuando han querido abordar asuntos que se desarrollan en sectores

donde las dinámicas de violencia son muy fuertes, prefieren pedirle permiso a los “pelaos”, mas no a la Policía: “Yo le digo a la Policía que me siento más seguro sin ellos”, dice Fernando Muñoz, director de Mundo Urbano.

No muy lejos de allí, sectores como El Diamante y La Quintana, donde se encuentra el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, reflejan un control ilegal mucho más explícito. Desde allí, explica Fernando Muñoz, comienza a hacerse más visible la presencia de los jóvenes que hacen parte de los combos y que controlan los barrios. Ese es un territorio fundamental para “Los Pesebreros”, la misma facción de la Oficina rebautizada como “Odín Robledo” por las autoridades. Su negocio tiene como base el narcotráfico y también se alimenta de la extorsión y de otras rentas legales e ilegales.

En el trayecto que hay entre la sede de Mundo Urbano y la Casa de Justicia de Robledo, a la que llegamos subiendo por la calle 80, nos cruzamos con muchas miradas.

Nos sabíamos extraños, pero no inseguros. Las calles se hacían más estrechas a medida que subíamos. Más arriba, cuando la montaña se hacía más empinada, las construcciones de color naranja rojizo se veían más juntas y parecían sostenerse entre sí.

“Aquí hace quince o veinte días la gente no salía a la calle”, nos dijo un funcionario de la Alcaldía una vez llegamos a la Casa de Justicia de Robledo, en el barrio El Diamante. También nos contó de los vínculos entre la Policía y los integrantes de las organizaciones criminales. Eso ha permitido que, en algunos sectores y en determinados momentos, no existan enfrentamientos: “La recomendación al ir a un barrio es ir con un líder o con acompañamiento de la Policía. Ella de alguna manera es disuasiva: hay acuerdos entre ellos [la Policía y los combos] bajo cuerda”, expresó.

A dos cuadras de la Casa de Justicia, está el Parque Biblioteca La Quintana. En ese lugar nos encontramos con la Corporación Pasión, un grupo de danza en el que participan adultos entre los 40 y 75 años. “Cuando les preguntan quiénes son, ellos te dicen: ‘Somos bailarines’”, comenta Alejandro Upegui, su director. Los conflictos entre los combos no son un impedimento para sus actividades. Por el contrario, buscan desprenderse de esa ola de violencia y llevar alegría a otros barrios.

“El arte no tiene barreras. Cuando pasamos por ‘fronteras’ no pasa nada porque el arte las atraviesa. Acá nunca te vas a encontrar un artista muerto”, dice Upegui.

Casi a las 4:00 de la tarde el sol comenzaba a ocultarse y, por cuestiones de tiempo, tomamos un taxi que nos llevaría hasta la Corporación Conciencia y Dignidad, en la parte alta de la Comuna, en el sector de Brisas de Robledo. Las calles para llegar a esa zona son estrechas y empinadas. En el camino, nos encontramos con las miradas extrañadas de un grupo de jóvenes cuando, por error, tomamos una bifurcación que nos llevó a una calle sin salida. Sabíamos, ellos y nosotros, que el lugar les pertenece.

Algunos de los 22 barrios de Robledo los componen no más de cuatro cuadras. En la parte alta de la Comuna, donde se ubican los barrios Aures N.° 1 y Aures N.° 2, han aumentado los casos de extorsión y amenazas a conductores de buses en las últimas semanas. Estos barrios, juntos, concentran la mayor densidad poblacional de la Comuna con unos 46.000 habitantes: el 27% de la población de Robledo.

En esa zona, hay nueve urbanizaciones residenciales de vivienda popular. Una de ellas, Pelícanos, fue entregada en 2015 y hace parte del Programa de Vivienda Gratuita del Gobierno Nacional. Habitantes del sector reconocen que ese ha sido un punto crítico porque ha concentrado las diferencias de muchas personas provenientes de diferentes zonas de la ciudad.

Cristina Monsalve, fundadora de la Corporación Conciencia y Dignidad, nos recibió en la sede de la organización: una casa pequeña con una silueta amarilla de Sherlock Holmes en su fachada. Ella nos explica que la zona que recorrimos antes, donde ese grupo de jóvenes nos miró con extrañeza, es el “lugar de los pelaos”: allí se concentra el consumo y la venta de drogas.

La Corporación lleva cinco años incentivando el aprovechamiento del tiempo libre con eventos para niños y adultos como cine foros, talleres sobre habilidades para la vida, desarrollo de talentos para las madres y festivales de cometas. Además, han promovido la construcción de escaleras que faciliten el acceso al lugar y la adecuación de una cancha de fútbol.

Cristina explica que algunos padres del sector no tienen cómo satisfacer las necesidades de sus hijos y, por ello, muchos jóvenes recurren a sus “parceros” para mitigarlas. Además, resalta que los combos se han legitimado tanto en ciertos sectores, que actúan como ley y ayudan a resolver los conflictos entre vecinos.

“Aquí hace quince o veinte días la gente no salía a la calle”, nos dijo un funcionario de la Alcaldía una vez llegamos a la Casa de Justicia de Robledo, en el barrio El Diamante.

“Hay grupos de ‘pelaos’ que se disputan el territorio y la Corporación también se lo disputa con ellos para que el territorio sea de la comunidad”, comenta. Por su liderazgo, los miembros de Conciencia y Dignidad se han enfrentado a las amenazas: “Una vez, uno de los ‘duros’ del barrio nos dijo que a los líderes sociales también los estaban matando, y lo dijo como si él fuera la ley del barrio”, cuenta Cristina.

Cristina y Juan Carlos Vélez, otro de los integrantes de Conciencia y Dignidad, nos acompañaron después al Centro de Desarrollo Social Villa Sofía, ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre. Allí nos recibió Jairo Bernal, su director. En la última semana de abril, según Jairo y Cristina, se presentaron toques de queda y paros de buses, específicamente de las rutas que llegan a la parte alta de la Comuna. Esto porque los grupos delincuenciales de la zona se disputan constantemente la extorsión de los buses que llegan hasta estos sectores. Por esos días, además, los conductores suspendieron la operación a raíz del asesinato de uno de ellos.

En el Centro de Desarrollo coinciden múltiples iniciativas para jóvenes, niños y mujeres del sector.

También hace presencia la Mesa Étnica de la Juventud. Las propuestas, explica Bernal, van dirigidas a los jóvenes que “aún no hacen parte de los combos”.

En cuanto a los jóvenes que ya han sido reclutados por las bandas, uno de los miembros de la Mesa Étnica de la Juventud afirmó que no hay nada por hacer para sacarlos de ese círculo de violencia. “La única solución es la ‘fumigación’”, dijo.

Nos miramos extrañados con esa postura que, al final, refleja el agotamiento de algunos líderes; pero también, las profundas diferencias entre los procedimientos para enfrentar el problema. Cristina, por su parte, nos dijo que si bien no es fácil arrebatarles a los combos los jóvenes que ya pertenecen a sus estructuras, no es posible justificar un discurso que promueva más violencia y que, en su lugar, hay que mostrarles que existen mecanismos para vivir en la legalidad. Según cifras aportadas por la Sijín, entre el primero de enero y el 19 de mayo 322 personas han sido capturadas y 27 armas incautadas en la Comuna 7.

En el camino de regreso a Conciencia y Dignidad, en compañía de Cristina y Juan Carlos, dos jóvenes nos siguieron durante todo el recorrido. Sabíamos que eran de los combos que ejercen el control en ciertos puntos de la Comuna y, en ese trayecto, siempre nos estuvieron observando.

Llegamos al sector que se conoce como Robledo Miramar, que, administrativamente, es parte de la Comuna 5 (Castilla). Nos detuvimos en un puesto de comidas rápidas y, aunque no nos sentimos en riesgo, sí notamos que, por lo menos, tres personas pasaron más de dos veces por la misma calle como si quisieran seguir nuestros movimientos.

Aún con los “pelaos” que vigilan, es una zona llena de vida. La gente se reúne en las aceras para tomar aguardiente, comer o compartir unas cervezas. La gente del barrio no se siente extraña en su propio territorio. Terminamos el día con la imagen de una Comuna que se resiste a la violencia o se ha acostumbrado a ella. Donde los niños, como Santiago, que hace parte de Conciencia y Dignidad, recorren las calles entre plazas y esquinas para jugar fútbol.

A la mañana siguiente, nos cruzamos con las personas que salían para ir a sus trabajos, con habitantes que, sentados, descansaban frente a sus casas y con otros que preparaban la leña para un sancocho. Entendimos que en la segunda Comuna de Medellín con el mayor número de homicidios, la vida sigue su curso.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

16

17

En Castilla y el Doce de Octubre, la vida gira en y alrededor de las canchas. A una cuadra de la del barrio el Progreso N.° 2, al lado del cerro El Picacho, se encuentra la Corporación Picacho con Futuro. Al entrar, lo primero que se ve es un letrero de “Bienvenidos”. Allí, desde los años noventa se gestan procesos sociales a partir actividades como el tejido, la cocina, el baile, el debate de ideas y la realización audiovisual.

“Todo comenzó con la construcción de los barrios el Doce de Octubre N.° 1, El Progreso N.° 2 y El Triunfo como invasiones y con loteo pirata. Las personas de estos barrios formaron grupos para construir alcantarillado, instituciones educativas, la cancha, el centro de salud, las viviendas, las calles”, cuenta Adrián Delgado, uno de sus miembros. En 1994, gracias al apoyo del Sena y la Fundación Social, estos comités se consolidaron formalmente como Corporación. Y con el paso de los años, la comunidad se apropió del espacio y esa iniciativa se transformó en una forma alternativa de institucionalidad.

Hoy, cinco organizaciones sociales conforman Picacho con Futuro. Adrián, por ejemplo, ingresó en 2012 después de recibir una invitación para formar parte de un taller de comunicaciones. Desde 2015, es uno de los representantes de Panorámica, colectivo dedicado al trabajo audiovisual.

Más abajo, pasando el barrio Doce de Octubre N.° 1, está el Barrio Santander. Junto a la cancha La Tinajita hay un mural: “La mejor esquina de Medellín”, se lee sobre la imagen de un joven y una mujer que saludan con sus manos. Fue realizado en 2011 por integrantes de la Casa de la Cultura del barrio Santander, con el apoyo de Casa Tres Patios y el Museo Casa de la Memoria. A un costado del mural, dice:

Caterine Jaramillo González - caterine.jaramillog@udea.edu.co Alejandro Valencia Carmona - alejandro.valencia1@udea.edu.co Valentina Arango Correa - valentina.arangoc@udea.edu.co Simón Zapata Alzate - simon.zapataa@udea.edu.co Angie López Cardona - angiev.lopez@udea.edu.co Ilustración: Manuela Meneses Polo Instagram: @manumepo

C

astilla y Doce de Octubre comparten los límites de Medellín por el noroccidente. Son dos comunas separadas por demarcaciones administrativas, pero con muchos aspectos que las unen. Quizá la primera de esas coincidencias sea su origen en las familias obreras que empezaron a asentarse en sus montañas en la década de 1930, para que luego muchas otras miles de personas poblaran ese territorio de la ciudad donde hoy viven cerca de 350 mil habitantes.

Otro punto concurrente entre las comunas 5 y 6 es que son las únicas, entre aquellas que recorrimos para De la Urbe, en las que se contabilizan menos homicidios en 2018 si la cifra se compara con las de 2017. Este año, hasta el 3 de junio, nueve personas habían sido asesinadas en Castilla y ocho en el Doce de Octubre. Esos datos representan reducciones del 10% y del 27%, respectivamente. Sin embargo, esa realidad, que es la ‘foto’ de los primeros meses del año, está lejos de ser una constante.

Hace poco más de un año, este territorio concentraba buena parte de la preocupación de las autoridades por la situación de violencia e inseguridad.

En enero de 2017, el alcalde Federico Gutiérrez “trasladó su despacho” por algunas horas al barrio Castilla donde, durante los últimos días de diciembre, tres personas fueron asesinadas. Esos homicidios cerraron un año violento en esta Comuna que fue, en 2016 con 57 asesinatos, la del mayor número de homicidios después del Centro de la ciudad.

En adelante, las confrontaciones, como en el resto de la ciudad, han estado mediadas por acuerdos y desencuentros entre facciones de las organizaciones criminales, mientras las autoridades atribuyen la disminución de los índices de homicidios a la presencia institucional. Las tensiones que dispararon los hechos violentos en esa zona en 2016 y parte de 2017 ahora se traducen en pactos que han repercutido en las cifras de homicidios, pero no en el control ilegal.

Hoy, buena parte de los combos de Castilla y el Doce de Octubre están afiliados a la facción de la Oficina que controla Los Chatas, cuyo origen está al otro lado de los límites de Medellín, pero muy cerca de ambas comunas: el municipio de Bello. Estas cinco historias tratan de describir la situación actual de las Comunas 5 y 6, y de reflejar, en parte, su cotidianidad.

No. 90 Medellín, junio de 2018

Llegamos al CAI del barrio El Progreso, unos expectantes y otros con algo de miedo. En menos de un minuto, aparece nuestro guía, Jhorman Vergara. Viajaba de parrillero y sin casco en una moto. Este joven corpulento, blanco y cabello largo ha vivido la mayor parte de su vida en el Doce de Octubre. Con cuatro amigos, creó el proyecto Rodando la Noroccidental, en donde organiza salidas en bicicleta por la Comuna 6 a las que asisten unas 60 personas de todas las edades.

Junto a Jhorman, comenzamos a subir por las calles pavimentadas del barrio El Triunfo, que luego desaparecen para darles paso a pequeños andenes que forman un laberinto en donde cualquier forastero se perdería. Las fachadas de las casas no son uniformes, parecen colchas de retazos de adobes unidos por las líneas grises del revoque.

Al salir de esta zona, comienza nuestro ascenso por el camino rural del barrio El Triunfo. Desde el sendero, se divisa un panorama natural, las fincas empiezan a ser parte del paisaje y contrastan con la organización territorial del barrio Nueva Jerusalén, en Bello, donde la mayoría de las casas son invasiones. “Muchos de esos lotes valían seis o siete millones de pesos. De hecho, mi abuela tiene una casa allá en un lote que me regalaron”, comenta Jhorman.

En la cima del cerro El Picacho, está el Cristo Salvador con sus brazos extendidos. Desde el mirador, se observa la ciudad: un rompecabezas de color gris, saturado de viviendas y cubierto por una capa de polución. Los lugares que oxigenan la ciudad son pocos y las montañas también están coloreadas del gris y el color ladrillo de la expansión urbana.

En los años 30, miles de personas llegaron a la ciudad hostigadas por la violencia y motivadas por la idea de un futuro más próspero. Entre 1951 y 1973, la población de Medellín pasó de poco menos de 360 mil a un millón de habitantes. Así fue como se ampliaron las cuadrículas de las manzanas en Castilla, que creció con una urbanización más planeada; mientras que el Doce de Octubre también crecía, pero con invasiones.

Descendiendo del cerro, atravesamos una de ellas, en el barrio Picachito, donde la mayoría de las casas están levantadas con pedazos de madera. Los niños juegan en los senderos irregulares entre el lodo, mientras sus madres los regañan por sus carcajadas. Esas condiciones de exclusión son, quizá, parte de la explicación de por qué en muchas partes de Medellín, muchos jóvenes han tomado la determinación de buscar en la ilegalidad un futuro que por otros medios no creen posible.

La gente anda por el medio de la calle saludando a sus vecinos, las puertas de las casas permanecen abiertas, mientras la música sale a todo volumen: desde reguetón hasta guasca, y desde electrónica hasta rock. Rumbo al barrio Santander, aparece el ruido aturdidor de las motos y los buses. Por un momento todo se queda en un silencio que se corta con la conversación entre dos muchachos de unos veinte años:

huana en las esquinas. Además, ejercen el control sobre las actividades económicas y cobran las vacunas por el cumplimiento de su papel de autoridad en la zona.

Las alusiones a los muchachos se comenzaron a utilizar porque la mayoría de las veces las personas no lograban establecer la identidad del victimario, explica el libro Medellín: memorias de una guerra urbana del Centro Nacional de Memoria Histórica. En este caso, los muchachos están repartidos en los 36 combos que hay en los doce barrios del Doce de Octubre, según el Plan Estratégico de Desarrollo de la Comuna 6.

Eso explica por qué los jóvenes son los que ponen el mayor número de muertos. Los menores, son, en muchas ocasiones los eslabones más débiles de la cadena delictiva y los encargados de proteger cuentas que no les pertenecen. Este año, hasta abril, según las cifras oficiales, cerca del 45% de los asesinatos tuvieron como víctimas a jóvenes entre 14 y 28 años.

—¿Y usted qué va a hacer? —pregunta un joven que estaba recostado en una cerca.

—Ah, yo no sé parce —responde el que llega con cara de preocupación.

—Yo creo que lo mejor es que se pierda —dice el otro, rascándose la cabeza.

Los muchachos son quienes vigilan los barrios, están atentos para que los de otro lado no lleguen a robar o a hacer daños, y se aseguran de que la gente no fume mari-

En el barrio las cosas van bien, porque estamos trabajando sin parar apostándole a la cultura como herramienta de trabajo para que todos tengamos unas condiciones de vida agradables y con proyección al futuro. Si pienso en el pasado de un lugar como este, vienen a mi memoria errores incomprensibles, pero estos poco a poco han sido reemplazados por recuerdos gratos. Creer en la cultura, como medio para construir nuestro barrio, es el mayor acierto de nuestra comunidad y seguir fortaleciéndolo es nuestro mayor compromiso. Disfrutarlo al lado de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hace parte de nuestro diario vivir

Llegamos a la ‘seis ocho’, la zona más comercial de Castilla. A sus costados, deambulan jóvenes con tatuajes y taches o con gorras planas, camisetas anchas y tenis ‘marquilleros’. Todos buscan su fiesta.

Uno que otro fuma bareta y más de uno bebe cerveza. Es como si la noche se detuviera: cierran los supermercados y comienza la vida de bar en bar.

“Desprecio al olvido/maldigo el perdón…”, retumba la canción de Los Suziox en el techo del Bar El Sub y un cúmulo de sombras como robots poguean en la pista.

Se levanta un aroma a cigarrillo. Castilla huele a punk.

Durante los años 80, en Medellín emergió una generación capaz de construirse a través de la música.

Copias de discos y casetes punk llegaban desde países como Perú, Estados Unidos e Inglaterra, y así se despertó la curiosidad por narrar la violencia en otros ritmos. Buena parte de esa generación en la Comuna 5 fue estimulada por el trabajo del Centro Auxiliar de Servicios Docentes (Casd), una escuela de cursos en ciencia, arte y tecnología que motivaba a los jóvenes a desarrollar iniciativas culturales y políticas, a través de colectivos y agrupaciones musicales.

Castilla se convirtió en un epicentro musical en Medellín, sin importar la violencia de sus calles. Con sus taches y crestas, los jóvenes convertían críticas sobre los problemas de la ciudad en canciones contestatarias y dicientes sobre la libertad de expresión, la educación, la seguridad y todo aquello que involucraba los derechos humanos. Así, se formaron bandas musicales como Desadaptadoz o Los Suziox, y aparecieron bares como Yagé y El Sub. En particular, Los Suziox se consolidaron en el 2003, un momento de fuertes disputas territoriales en la ciudad. Más tarde, entre 2009 y 2013, cuando la Alcaldía de Medellín implementó toques de queda por razones de seguridad, ellos, junto con otros músicos y grafiteros, participaron en el Colectivo Toke de Salida, una forma de resistencia ante el conflicto. Buscaron lugares como el cerro El Picacho, canchas de fútbol y la carrera 68 para cantar su deseo de libertad y tranquilidad. Hoy en día se escuchan igual.

Esta noche de viernes en el Sub se conmemoran los 50 años de la revuelta de mayo del 68 en Francia. Es un día para la música porque hay otros para el cine o para conversar. Toda la atención está en la tarima: APH (AntiPeste-Humana) una banda de cerdos en bodies de encaje que se convierten en lo más parafernalio del toque, “Despertar entre los muertos/una dura pesadilla...”.

El punk no muere en Castilla. Castilla no muere por el punk. Es memoria hecha melodías. Los pelados con botas negras platineras siguen bebiendo polas en una acera.

“En medio de todo ese mierdero, la vida siguió”, dice Felipe Sánchez Hincapié, periodista, escritor y artista plástico, cuando se le pregunta por la vida en Castilla.

Desde muy pequeño, Felipe estuvo rodeado por la violencia en su barrio; le pasaba por el lado, por el otro; pero no lo tocaba ni a él ni a su familia. Y sin embargo: “En un momento, todo estaba muy tranquilo y se escuchaba un grito: era que estaban persiguiendo a alguien que se metía a refugiarse en alguna casa y lo mataban ahí”. Balaceras o escenas como esta lo obligaban a esconderse debajo de la cama siendo un niño.

“Uno sabía que la violencia estaba ahí, pero me sentía en una burbuja de cristal. Pensaba: ‘yo estoy en mis cosas. Tranquilo. Esa gente que se mate entre ellos.

Hasta que matan a alguno de nosotros y es ahí cuando uno siente la fragilidad de vivir en una ciudad como estas, independiente del barrio donde estés”. La muerte a la que se refiere Felipe es a la de un vecino que vivía en la esquina de su calle, un músico de una banda de punk al que le decían El Pollo.

Desde su adolescencia, Felipe respira rock y punk, como muchos de los jóvenes de Castilla nacidos entre las décadas ochenta y noventa. En su adolescencia, iba a los toques y frecuentaba los mismos lugares que los rockeros y punkeros. En la 68, se encontraba con el compañero del colegio, de la universidad, con el vecino, el amigo de toda la vida. Celebraban la vida, la música, las letras y el arte que fueron la manera de hacer catarsis a lo que pasaba en su entorno.

“La cultura ha permitido darnos un horizonte y darle un sentido a vivir aquí porque uno a veces dice: ‘jueputa, yo porqué crecí en un barrio de estos’. Pero el hecho de que haya esas cosas le da a uno sentido de pertenencia, de saber quién es y de saber dónde está parado”.

Castilla ha tenido graves episodios de violencia desde los años noventa; sin embargo, la comunidad ha resistido viviendo su cotidianidad: va al parque a jugar fútbol, bebe una cerveza en un bar después de un largo día de trabajo, asiste a conciertos, recorre las calles de Castilla. En definitiva, vive y así resiste.

“La mejor resistencia a la violencia, al desespero, a tantas cosas que hemos vivido aquí, en Medellín, en toda Colombia, es seguir la cotidianidad —concluye Felipe— porque el día que usted se deje abrumar por esa realidad, ese día usted se anula como persona, ese día usted muere, ese día usted le da cabida a la muerte”.

En esta cancha, los domingos cada quince días, los jóvenes se reúnen para jugar fútbol, escuchar música y poesía. Estas actividades son desarrolladas por Casa Mía, un grupo que nació en los 90 con una pregunta: “¿Por qué nos estamos matando?” La reflexión los llevó a entender que necesitaban un espacio donde llegar sin ser estigmatizados ni señalados. En Casa Mía, cuenta Dorian Agudelo, uno de sus fundadores, los jóvenes son escuchados con el propósito de construir conjuntamente un proyecto de vida a partir del arte, la música y el deporte.

En total, según los planes de desarrollo local, hay 41 organizaciones sociales en el Doce de Octubre y 35 en Castilla. Esa es la fuerza que ha consolidado la gente para enfrentar la violencia y seguir construyendo vida en comunidad.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

18

No. 90 MedellĂ­n, junio de 2018

19

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia