CONTRAPODER EDICIÓN 3232

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La responsabilidad de las autoridades por riesgo previsible

En la sentencia del campo algodonero de la Corte Internacional de Derechos Humanos en contra de México, por la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua PAG. 2

D O X A

La protesta de las madres en resistencia se convirtió por mal manejo en un conflicto político.

Un asunto local, adquirió una dimensión nacional e incluso internacional que amenaza desbordarse. Lo saludable es que el gobierno solicite la atracción de los casos a la Fiscalía General de la República.

Sobre todo, porque asuntos de investigación con la debida diligencia se convirtieron en un problema político.

Amnistía Internacional llama a México mantenerse abierto al escrutinio ante desapariciones

La organización

ACCIONES

En operativo interinstitucional se realiza Ejercicio Binacional México - Guatemala en la zona fronteriza del municipio de Suchiate

Amnistía Internacional (AI) llamó este miércoles al Gobierno de México mantenerse abierto al escrutinio internacional, pues consideró que con ello se contribuirá a generar estrategias para erradicar la crisis de desapariciones que vive el país APREHENSIÓN

ENCUENTRO

Puerto Chiapas consolida alianzas estratégicas en la 31ª Conferencia Anual de la FCCA

La responsabilidad de las autoridades por riesgo previsible

En la sentencia del campo algodonero de la Corte Internacional de Derechos Humanos en contra de México, por la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Corte desarrolló como elemento de culpabilidad del Estado la doctrina del riesgo previsible y evitable, a partir de que México no demostró haber adoptado las medidas razonables, conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos, para encontrar a las víctimas con vida y no actuó con prontitud dentro de las primeras horas de reportada la desaparición. Esto conlleva al establecimiento de una responsabilidad por no actuar con la debida diligencia con el deber de cumplir con la prevención en una situación de riesgo real e inmediato que amenace derechos y que surja de la acción de particulares o de personas no identificadas como agentes del Estado.

Esta referencia adquiere en estos momentos gran relevancia, por la amenaza que existe sobre un posible desalojo del plantón que realizan desde hace dos semanas las madres de resistencia, por pre-

suntas amas de casa de colonias aledañas de las oficinas de la fiscalía del Estado, quienes presuntamente molestas por esta protesta, que obstaculiza el tráfico vehicular en el libramiento norte y afecta a los vecinos, decidieron organizarse para retirar a las madres y liberar el libramiento. Esta maniobra burda de supuesta reacción ciudadana, coloca a las autoridades del gobierno del Estado en una condición de omisión del deber diligente de prevención y protección a las madres de resistencia, quienes por meses y años vienen solicitando la investigación, la verdad y la justicia en los casos de sus familiares desaparecidos o víctimas de feminicidio.

En este momento las madres en resistencia se encuentran en una situación de riesgo real e inmediato que amenaza derechos y que surge de la acción de particulares o de personas no identificadas como agentes estatales, pero en donde existe la presunción de que ese grupo fue organizados a instancias de las autoridades y que incluso están siendo financiados con recursos públicos. Resulta más que obvio, que se pretende orquestar una maniobra burda de provocar

un enfrentamiento entre ciudadanos, para retirar el plantón de las madres en resistencia, pero la fiscalía del Estado está pasando por alto que ésta tiene el deber de prevención y protección diligente a este grupo de madres que protesta, porque no han recibido respuestas adecuadas y veraces de lo que sucedió con sus familiares.

La integridad personal de las madres en resistencia es responsabilidad de la fiscalía del Estado y de la secretaría de seguridad pública, y estas madres están siendo amparadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicitó al Estado mexicano la proyección y seguridad de todas las madres que realizan la búsqueda de sus hijos. De tal manera, en que se presentara un desalojo como el que se ha denunciado, las autoridades del Estado son las directamente responsables de esta burda acción, en el que caerían en el supuesto que ya ocasionó una condena contra México de responsabilidad de riesgo previsible y evitable, en virtud de las autoridades tienen pleno conocimiento de la situación que está fraguando en contra de las

madres en resistencia y el plantón que realizan. De concretarse ese desalojo el gobernador del Estado, el presidente municipal y todas las autoridades estatales y municipales responsables de la seguridad, estarían en condición de ser demandado por no adoptar las medidas razonables para proteger la vida y la integridad física y emocional de las madres en resistencia, esto a pesar del pleno conocimiento del riesgo inminente que corren estas madres por las agresiones a la que pueden estar sujetas por el clima de linchamiento mediático que pudiera originarse por la protesta que realizan y que se observa en los portales de algunos periodistas. Lo más grave de esta situación es la pérdida de la capacidad de diálogo y la voluntad de las autoridades para encarar este problema con la debida diligencia y de actuar apegado a la ley, lo que implica sancionar a funcionarios y exfuncionarios que directa o indirectamente participaron en la omisión de las investigaciones y que son los responsables de que las madres se encuentran en plantón enfrente de las instalaciones de la fiscalía.

Cae “El Chesman”, uno de los presuntos implicados en el asesinato del padre Marcelo Pérez

Gabriela Coutiño

San Cristóbal de Las Casas, Chis., (apro)

Héctor “N”, alias “El Chesman”, presunto líder del grupo delictivo conocido como “Los Motonetos”, acusado de participar en el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2024, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con el grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

La detención de “El Chesman” ocurrió en el marco del primer aniversario del asesinato del padre Marcelo, conmemorado el pasado 20 de octubre por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quien lo recordó como un constructor de paz y defensor de los pueblos indígenas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, informó que el detenido está vinculado a la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por el homicidio calificado del presbítero, defensor de derechos humanos y activista por la paz en comunidades indígenas.

Además del crimen contra el sacerdote, a Héctor “N” se le imputan los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, por hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023, también en San Cristóbal de Las Casas.

Además del crimen contra el sacerdote, a Héctor “N” se le imputan los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, por hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023, también en San Cristóbal de Las Casas

El fiscal detalló que ese día el acusado y un grupo de personas armadas con palos, piedras y armas de fuego amedrentaron a transeúntes y comerciantes, exigiéndoles dinero a cambio de permitir el paso de productos para su venta.

La fiscalía estatal indicó que existe coordinación con la FGR, instancia que ejecutó la orden de aprehensión de índole federal por homicidio calificado. El detenido ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación legal.

Por el asesinato del sacerdote tsotsil, hasta el momento, únicamente Edgar “N” ha sido sentenciado por el crimen, cumpliendo una pena de 20 años de prisión como autor material

del asesinato.

Un año sin justicia

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que ha seguido el proceso judicial, denunció en un comunicado que el asesinato del sacerdote no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de terror en un contexto de impunidad estructural que favorece al crimen organizado y a redes de poder político y económico.

La organización acusó al Estado mexicano de no garantizar verdad ni justicia, señalando omisiones en la investigación y protección hacia los presuntos autores intelectuales del crimen.

“Mientras no haya justicia para el padre Marcelo, ninguna persona defensora en México puede sentirse segura”, sostuvo el centro de derechos humanos, que exige una investigación independiente y que se reconozca el caso como un crimen de lesa humanidad.

Contexto de violencia e impunidad

El centro Minerva Bello sostiene que el asesinato del padre Marcelo se inscribe en una crisis de violencia sistémica que afecta a estados como Chiapas y Guerrero. De acuerdo con organizaciones civiles, las comunidades enfrentan desplazamientos forzados, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, muchas veces con la tolerancia o complicidad de autoridades locales y federales.

Ante esta realidad, los colectivos exigieron una revisión a fondo de la política de seguridad militarizada, que afirman, ha agravado la violencia en territorios indígenas.

“La paz es más grande que la muerte”, decía el padre Marcelo Pérez. A un año de su asesinato, su legado sigue vivo en las luchas por la justicia, la dignidad y los derechos humanos.

Colectivo feminista se manifiesta en el Palacio de Justicia; exigen perspectiva de género en caso de violación y tentativa de homicidio

La tarde de este miércoles, integrantes del colectivo Somos Fuego Feminista se manifestaron en el estacionamiento del Palacio de Justicia en apoyo a tres mujeres, una de ellas de nacionalidad extranjera, quienes fueron víctimas de violación y homicidio en grado de tentativa en la zona sur de la ciudad, en el paraje conocido como la montaña de Don Lauro. Las manifestantes denunciaron que, pese a que existen dos personas detenidas por estos hechos, la audiencia fue nuevamente cancelada, luego de que en una ocasión anterior

también se pospuso debido a fallas de comunicación institucional. Exigieron que el caso sea atendido por un juez con perspectiva de género, señalando que durante la diligencia de este día la víctima fue revictimizada al ser expuesta ante su agresor, lo que le provocó una crisis emocional. El colectivo pidió la intervención de las autoridades competentes para garantizar el debido proceso y la protección de las víctimas y sus familias, quienes —aseguran— han recibido amenazas por parte de los familiares de los presuntos agresores. Reiteraron su demanda de justicia y de un trato digno para las mujeres víctimas de violencia en San Cristóbal de Las Casas.

de Las Casas, Chis. (Reporte Ciudadano)

Puerto Chiapas consolida alianzas estratégicas en la 31ª

Conferencia Anual de la FCCA

En el marco de la 31ª Conferencia Anual de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), Puerto Chiapas tuvo una destacada participación fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano.

Durante el encuentro la delegación de Puerto Chiapas junto con la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Chiapas) y la Asipona de Puerto Chiapas, sostuvo reuniones estratégicas con altos directivos de reconocidas líneas navieras internacionales, entre ellos Virginia Grimaldi, de MSC Cruises; así como Vicky Rey, Gabriel Avilés y Dexter Peralta, de Carnival Corporation.

Como resultado de estas gestiones, se alcanzó un acuerdo fundamental para el regreso de cruceros de Carnival Corporation a Puerto Chiapas, un hecho que representa un hito en la reactivación y fortalecimiento de la actividad turística y económica de la región, tras la suspensión temporal de dichas rutas.

Asimismo, se llevó a cabo un encuentro diplomático y de cooperación turística con la gobernadora

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

El reto en la atención del cáncer de mama como problema de salud pública es la detección y diagnóstico temprano, si se considera la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que una de cada ocho mujeres tiene el riesgo de padecerlo, manifestó el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, al encabezar el acto protocolario del Foro “Si tú estás bien, todo está mejor”, organizado en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

En su mensaje, el funcionario estatal mencionó que otro ejemplo del antes y después en la Nueva ERA de la salud, es que en el sexenio pasado sólo funcionaban cinco mastógrafos y de las pacientes detectadas con lesiones sospechosas apenas al 15 por ciento se le daba seguimiento. Mientras que ahora, gracias a la política humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se cuenta con 22 mastógrafos -cinco fijos y 17

Durante el encuentro la delegación de Puerto Chiapas junto con la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Chiapas) y la Asipona de Puerto Chiapas, sostuvo reuniones estratégicas con altos directivos de reconocidas líneas navieras internacionales, entre ellos Virginia Grimaldi, de MSC Cruises; así como Vicky Rey, Gabriel Avilés y Dexter Peralta, de Carnival Corporation

de Puerto Rico, Jennifer González, y la directora general de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, con quienes se intercambiaron experiencias exitosas en la gestión y promoción de destinos, explorando posibles

esquemas de colaboración y promoción conjunta en el Caribe y América Latina.

La participación de Puerto Chiapas en esta conferencia reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de Chiapas, encabezado por el go-

bernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el impulso al turismo de cruceros, la diversificación de mercados y la proyección internacional del destino, consolidando su papel como una puerta de entrada cultural, natural y gastronómica del sur de México.

65 municipios de Chiapas beneficiados con mastografías a través de unidades móviles

móviles- y se da seguimiento al 100 por ciento de los casos, con estudios complementarios como ultrasonido de mama o biopsia.

En ese sentido, indicó que a través de las Unidades Móviles de Atención Comunitaria para Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UMAC-CAMA), se han recorrido 65 municipios para acercar el servicio de mastografías, priorizando los olvidados y de alta marginación.

Por su parte, la presidenta del Voluntariado Humanista por la Salud, Leila Balderas Hernández, y la presidenta de la asociación civil Misión Diamante, Gladis Noemí Peña Solís, coincidieron en señalar que se debe romper el tabú de no hacerse los estudios de detección por miedo al resultado.

“No queremos que nos digan: ‘pobrecita, te vas a morir’. Necesitamos que nos digan: ‘No estás sola’”, dijo Peña Solís, sobreviviente de cáncer

de mama, quien reconoció que hoy el sector salud de Chiapas está comprometido con la salud pública, pues integrantes de la asociación civil han sido beneficiadas con reconstrucciones mamarias.

En el Foro “Si tú estás bien, todo está mejor” se desarrollaron los temas: Cáncer de mama en la salud

púbica de Chiapas, Innovaciones en el cáncer de mama: hacia una atención personalizada y Estrategia de sensibilización en diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Además de la plenaria denominada Agenda Iniciativa Chiapas a tiempo, en la prevención diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

En operativo interinstitucional se realiza Ejercicio Binacional México - Guatemala en la zona fronteriza del municipio de Suchiate

De la Redacción Suchiate, Chis. (Tribuna)

Con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona fronteriza, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía de Inmigrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército de Guatemala, participaron en un Ejercicio Binacional de Seguridad Fronteriza, realizado sobre la línea divisoria entre México y Guatemala, en el municipio de Suchiate.

El despliegue operativo se realizó con el propósito de fortalecer la cooperación binacional, fomentar la comunicación institucional y reforzar las acciones preventivas en la región fronteriza, realizando recorridos pie tierra sobre la ribera del río Suchiate, brechas intercomunitarias y el desplazamiento operativo entre el ejido Ignacio Zaragoza y Ciudad Hidalgo, así como el patrullaje sobre Frontera Hidalgo.

Con estos ejercicios binacionales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso con la cooperación internacional, la prevención del delito y la protección de la zona fronteriza, garantizando seguridad para todas las familias chiapanecas

Asimismo, se realizó el saludo protocolario y la reunión de coordinación entre autoridades mexicanas y guatemaltecas.

Con estos ejercicios binacionales, la Secretaría de Seguridad del

El ponzoquí es mucho más que un pan: es un símbolo cultural y espiritual profundamente arraigado en la cosmovisión de la etnia zoque de Tuxtla, originaria de la región central de Chiapas. Su nombre proviene del vocablo zoque que significa “pan en forma de gente o persona”, y su elaboración artesanal ha perdurado a través de generaciones, manteniendo viva una tradición que conecta lo terrenal con lo divino.

En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, el ponzoquí forma parte esencial de las ofrendas que se preparan durante las festividades religiosas. Es común verlo colgado en el somé, troncos de madera envueltos con ramas y hojas, donde se cuelgan frutas, verduras, trastes y rosquillas de pan, teniendo como pieza central dos figuras humanas hechas con este singular pan.

De acuerdo con la tradición, el somé —palabra que también proviene del zoque y significa “regalo”— simboliza una ofrenda para los santos, las deidades o los difuntos.

Christian Jazmín Córdoba Lizaldí, propietaria de la panadería tra-

Pueblo refrenda su compromiso con la cooperación internacional, la prevención del delito y la protección

de la zona fronteriza, garantizando seguridad para todas las familias chiapanecas.

El Ponzoquí: pan con alma zoque que une lo terrenal con lo espiritual

dicional Zoquí en Tuxtla, ha dado continuidad a este legado. Proveniente de una familia de panaderas, aprendió el arte de su abuela y hoy elabora el ponzoquí con harina, huevo, azúcar, manteca, un toque de vainilla y su sello personal: el queso. Sin embargo, lo más distintivo de su técnica es el uso de un “esqueleto” interno hecho de palitos de madera que da forma y estructura al pan, un detalle que, según cuenta, la convierte en la única panadera que conserva esta práctica artesanal empleando este sello.

El pan, tiene un profundo simbolismo dentro de los rituales zoques y de otras culturas chiapanecas y del mundo entero, pues representa la abundancia, la gratitud y el respeto hacia los antepasados. Durante las celebraciones dedicadas a las vírgenes de Copoya y en las festividades de Todos los Santos, en noviembre, el ponzoquí ocupa un lugar de honor en los altares y ofrendas.

La ceremonia de los rituales, cul-

mina con la “bajada del somé” al terminar la octava, que es cuando los panes y las frutas se reparten entre los asistentes, compartiendo el alimento como símbolo de unidad y bendición.

No obstante, Tuxtla no es el único lugar donde esta tradición persiste. En Suchiapa, por ejemplo, la panadera tradicional Juanita Gómez, también elabora este pan, al que en su comunidad llaman “pan

dibujado”, y que adquiere protagonismo durante la temporada de Día de Muertos.

El ponzoquí no solo es un testimonio del ingenio y la fe del pueblo zoque, sino también una muestra de la riqueza cultural y gastronómica que distingue a Chiapas. En cada figura de pan se resguarda una historia, una creencia y una identidad que, como su sabor, resiste el paso del tiempo.

Dueño de predio, donde encontraron restos de 60 personas, obstruye a buscadoras en Hermosillo

Decenas de familias se encuentran a la espera de una orden de cateo que les permita ingresar una retroexcavadora al predio donde se encontraron los restos de 60 personas a inicios de este año.

El motivo, aseguró la líder del colectivo de búsqueda que lidera la actividad, es que, tras la identificación de los restos encontrados, otras personas esperan encontrar allí a sus seres queridos desaparecidos y, al ser un predio extenso, no ha sido descartado.

“(La orden de cateo es necesaria) porque el señor (dueño del predio) dijo que no entrará la retro, que nosotros si podemos entrar, que paguemos para que nos ayuden, pero el terreno está muy duro y queremos descartar. Hasta me dijo que los que encontramos por algo estaban enterrados, que por ser delincuentes”, afirmó Cecilia Delgado, líder de Buscadoras por la Paz Sonora.

De acuerdo con la líder de Buscadoras por la Paz Sonora, el dueño del terreno no les permite ingresar una retroexcavadora que necesitan debido a la dureza del suelo. “Hasta me dijo que los que encontramos por algo estaban enterrados, que por ser delincuentes”

uno de las víctimas quienes ya fueron entregados a sus familias”, establece el boletín oficial.

Las familias de personas desaparecidas informaron a Proceso que mantienen dudas sobre la versión oficial debido, entre otras cosas, a que parece improbable que todos los cuerpos fuesen dejados allí por las mismas personas.

Aunado a ello, se cuestiona la decisión de las autoridades de poner el énfasis en que los restos pertenecen a personas que, sin excepción, se encontraban relacionados con el crimen organizado.

Los argumentos del dueño, de acuerdo con la madre buscadora, se resumen en que con la maquinaria se haría “un desmadre” y que se iba a destruir la comida de las vacas “por un muertito”. “Si no encuentran nada, nomás me harán perder”, le dijo el propietario al colectivo.

La empresa Petroil reconoció la propiedad del inmueble e instalaciones de almacenamiento y transportación de combustible que fue asegurado el sábado 18 en un operativo encabezado por la FGR, fuerzas federales y del estado, pero aseguró que tanto sus actividades en dicho lugar como el combustible incautado son legales y negó que se trate de huachicol.

En dichas instalaciones, ubicadas en la carretera Silao a San Felipe, fueron asegurados 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo, según informó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, que lo anunció como “un decomiso histórico” y un golpe rotundo al robo de combustible.

En un comunicado enviado a medios, el director de la empresa asociada de Pemex, Roberto Francisco Campillo, aseguró que “todo el producto que distribuye proviene de canales oficiales nacionales establecidos de forma legal y transparente, lo que garantiza la trazabilidad y origen del combustible”.

Agregó que Petroil conoció del

La postura de la Fiscalía de Sonora contrasta con la situación narrada, pues el pasado 14 de octubre la dependencia afirmó, mediante un comunicado oficial, que el caso fue “esclarecido” luego de judicializar a

“siete probables responsables”. “Las investigaciones han llevado a determinar que los fallecidos fueron privados de la vida por ajustes de cuentas del crimen organizado, así mismo como se informó, se ha logrado la identificación a través de la prueba científica de todos y cada

El “cementerio clandestino” fue encontrado por el colectivo liderado por Cecilia Delgado a finales del mes de enero, aunque la búsqueda se prolongó por varias semanas debido a la magnitud del hallazgo. Fue así como asistieron al sitio colectivos y familias de Guaymas y otros municipios del estado, muchas de las cuales se encuentran a la espera de la orden de cateo.

Petroil contradice a la Secretaría de Seguridad y Paz: combustible que se le incautó no era ilegal

operativo y colaboró con las autoridades en todo momento, y que ha presentado la documentación que acredita que el combustible fue adquirido en México “a través de canales oficiales, cumpliendo con todas las normas y regulaciones”.

“Estamos en contacto permanente con las autoridades para aclarar esta situación y retornar lo más pronto posible a la operación normal en Guanajuato”, indicó la empresa a través de su director Roberto Campillo.

En el comunicado, se resalta que Petroil, fundada hace 25 años por el empresario sinaloense Amado Sabás Guzmán, “es reconocida como uno de los principales distribuidores de combustible del país”; comienza señalando que la incautación del combustible se realizó “en las inmediaciones de las instalaciones de Petroil en la ciudad de Silao”.

La empresa dice creer que las denuncias anónimas que derivaron en las investigaciones oficiales pudie -

ron surgir de una confusión debida “a la sensibilidad de la gente al tema de contrabando de combustible, ampliamente difundido en medios”.

El director Roberto Campillo precisó que Petroil tiene operaciones en esta entidad desde 2016, con la distribución de combustible a empresas de la región, y que la planta

en Silao fue inaugurada en 2022. Actualmente, en ella laboran alrededor de 90 personas con empleos directos.

Finalmente, Campillo dijo confiar en que las autoridades actuarán con responsabilidad y permitirán a la empresa reanudar sus operaciones en su sede de Silao.

En ocho meses y con Sheinbaum, la economía mexicana muestra su menor crecimiento desde la pandemia

De enero a agosto de 2025, la economía mexicana mostró el crecimiento más débil para un periodo igual desde la pandemia, justo en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un aumento de apenas 0.26% entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Se trata de la menor tasa de crecimiento anual para un lapso similar desde 2020, cuando la economía cayó 10.33% en medio de la crisis sanitaria y bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Previo a ese año, los únicos periodos con avances tan bajos estuvieron asociados a recesiones y presiones económicas.

Estos fueron en enero-agosto de 2019, cuando se presentó una caída

Tragedias como las recientes inundaciones y deslaves en cinco estados del país son “el espejo de una nueva normalidad climática”, lamentó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

Esos fenómenos “corroboran la urgencia de robustecer la gobernanza ambiental y de asegurar el cumplimiento efectivo de los tratados multilaterales”, dijo durante la inauguración del Quinto Congreso Nacional de Impacto Ambiental “Desafíos y estrategias en el cumplimiento de Tratados y Acuerdos ambientales” en el auditorio Antonio Caso.

“Lamentablemente, en nuestro país la tragedia ha dejado de ser una noción abstracta. Las recientes inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, los deslaves en Huauchinango o la imagen de Poza Rica bajo el lodo son el espejo de una nueva normalidad climática”, agregó.

El rector de la máxima casa de estudios del país consideró que “el desafío es convertir los pactos existentes en políticas públicas medibles, sostenidas y justas”.

También informó que las facultades, escuelas, centros, institutos, programas de investigación y los

El resultado refleja un enfriamiento generalizado de la economía mexicana en el inicio del sexenio de Sheinbaum, caracterizado por un menor dinamismo industrial, así como un consumo interno más débil

de 0.24%, también bajo el gobierno de López Obrador; en 2009, con una caída de 7.52% durante la crisis financiera internacional y con el panista Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia.

En 2002, con un descenso de 0.98%, y en 2001, de 0.50%, am -

bos con Vicente Fox Quesada; y en 1995, con un desplome de 5.58% en el gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Caída mensual y señales de enfriamiento

En su comparación anual, el IGAE también reportó una disminución de

0.02% en agosto, su segundo mes consecutivo con retrocesos. El resultado refleja un enfriamiento generalizado de la economía mexicana en el inicio del sexenio de Sheinbaum, caracterizado por un menor dinamismo industrial, así como un consumo interno más débil.

Inundaciones son “el espejo de una nueva normalidad climática”: rector de la UNAM

centros de acopio universitarios, están “listos” para colaborar en las tareas de apoyo y reconstrucción de las comunidades afectadas por las inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Lomelí Vanegas expresó la “más profunda solidaridad” de la UNAM y el respaldo permanente ante el dolor por las pérdidas humanas y el sufrimiento que han dejado estos acontecimientos entre las personas afectadas.

México, límites rebasados

El rector de la UNAM recordó que el más reciente informe “Revisión de la Salud Planetaria 2025”, del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, confirma que siete de los nueve límites determinados han sido rebasados.

Añadió que la concentración de dióxido de carbono alcanzó 423 partes por millón, muy por encima del límite seguro de 350; los océanos cruzan su umbral de acidificación; los bosques cubren menos del 60 por ciento de su extensión original; y la tasa de extinción es diez veces mayor a la compatible con la estabilidad

ecológica.

Peor aún, aseguró que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres advierte que “México figura entre los países con mayor vulnerabilidad económica ante eventos climáticos extremos. Su ubicación geográfica, la concentración urbana y la presión sobre cuencas y zonas costeras agravan el riesgo”.

El rector de la UNAM añadió que tales fenómenos “rebasan la infraestructura existente, los presupuestos

y planes locales, y las capacidades adaptativas establecidas. Se estiman pérdidas anuales de entre mil y 50 mil millones de dólares hacia 2050, incluso bajo escenarios de mitigación. Romper un ciclo de respuesta, recuperación y repetición de estos sucesos exige inversiones sólidas y una visión prospectiva”.

Por ello, insistió en que en México urge una política de adaptación al cambio climático, que trascienda la reacción y construya soluciones a largo plazo.

Iniciativa de Sheinbaum contra extorsión validaría pruebas obtenidas mediante tortura: Centro Prodh

La iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, presentada este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum, contiene elementos que pondrían validar violaciones graves a derechos humanos como la tortura, alertó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),

En su cuenta de X, la organización reconoció que la extorsión es “un flagelo que golpea duramente a la población y que exige una respuesta del Estado”, sin embargo, su combate “no puede ir en detrimento de los derechos fundamentales”.

Entre las alertas encendidas identificó, el Centro Prodh identificó que el artículo 27 de la iniciativa que podría ir en contra de la Ley General sobre Tortura.

Dicho artículo “podría representar un fuerte retroceso en la protección del debido proceso pues incorpora previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de la prueba derivada de violaciones a derechos humanos, retomando precedentes de hace más de una década”.

En el artículo cuestionado, se señala que para que la autoridad judicial resuelva “cualquier incidente de nulidad o exclusión de pruebas que haga valer la persona imputada o su defensa, durante un procedimiento seguido por algún delito previsto en esta ley, por considerar que fueron obtenidos

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar analizará la solicitud de excluir a la ministra Estela Ríos González de la discusión de cómo cumplirá el Poder Judicial la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declaró la prisión preventiva oficiosa y el arraigo violatorios de derechos humanos.

De acuerdo con los estrados de la Corte, el ministro presidente admitió a trámite la solicitud y correspondió a su ponencia resolverla.

El impedimento fue planteado el pasado 9 de octubre por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes alegaron que Ríos González no debe conocer ni participar en la votación del asunto.

Ríos González es la ponente del expediente de cumplimiento de Sen-

Según la organización, el contenido del artículo 27 de la iniciativa de Ley General contra la Extorsión, va en contra de preceptos de la Ley General sobre Tortura, que excluye cualquier prueba obtenida bajo tortura

con violación de derechos humanos, deberá analizar oficiosamente si se actualiza la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable sobre las mismas”.

Según la organización, el contenido del artículo 27 de la iniciativa de Ley General contra la Extorsión, va en contra de preceptos de la Ley General sobre Tortura, que excluye cualquier prueba obtenida bajo tortura.

De aprobarse la iniciativa presidencial tal cual, “significa que una prueba obtenida mediante una violación a derechos humanos como la tortura, podría ser validada bajo ciertas excepciones”.

La organización insistió en que el artículo 27 de la iniciativa de ley contra la extorsión “vulneraría el principio de exclusión absoluta que protege

el debido proceso”, como fue previsto por a Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH), en el caso de los Campesinos Ecologístas contra México, quienes en 1998 fueron torturados por elementos del Ejercito mexicano para declararse culpables de delitos que no cometieron.

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch ante el pleno del Senado, informó que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con ello la instrumentación de la línea telefónica 089, se han recibió 59 mil llamadas anónimas para denunciar intentos de extorsión, lo que ha permitido la consumación del delito en 74% de los casos.

“Con corte al 30 de septiembre,

las autoridades han detenido a 386 personas en 19 entidades del país y se han iniciado mil 986 carpetas de investigación en las alcaldías estatales”, sostuvo el funcionario.

Tras señalar que derivado de la puesta en operación del 089 se favoreció las denuncias de carácter anónimo, “pasaron de un promedio de 349 denuncias diarias entre enero y junio a 637 denuncias diarias en los meses posteriores, un incremento de 85%”

Durante la comparecencia del funcionario Harfuch habló de las bondades de la iniciativa presentada por Sheinbaum, entre ellas que “permite que cualquier persona que sufre de una extorsión (…) ahora puede presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad”; que lo único que se requeriría para abrir una carpeta de investigación será “la descripción de la forma en que se comete el delito, y. que su persecución será de se perseguirá de oficio.

Harfuch señaló que; que al ser una iniciativa de ley general se promoverá la homologación del tipo penal en los estados, propiciando que “aumenten las denuncias”, en cuyo esclarecimiento habría colaboración interinstitucional, porque a pesar de que a extorsión es un delito del fuero común, “su combate requiere una respuesta nacional”.

Hugo Aguilar analizará si excluye a Estela Ríos del caso sobre la prisión preventiva oficiosa

tencia Internacional 3/2023. García Rodríguez y Alpízar Ortiz indicaron que Estela Ríos tiene comprometida su imparcialidad en el caso porque en el año 2022, cuando era consejera jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, envió un comunicado junto con el secretario de la Gobernación para pedir a la SCJN mantener vigente la prisión preventiva oficiosa, de aplicación automática, lo que contradice la sentencia de la CorteIDH. En su escrito señalaron que esto implica un prejuzgamiento por parte de la ministra en el caso en el que antes de salir de la SCJN el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso dejar de aplicar automáticamente la prisión preventiva cuando una persona esté sujeta a proceso

penal por los delitos contemplados por el artículo 19 constitucional, sino aplicarla en casos de extrema necesidad.

Por ello, en las próximas semanas el ministro presidente Hugo Aguilar deberá presentar al Pleno un proyec-

to en el que determine si Estela Ríos está o no impedida para participar en la resolución del caso.

Si el Pleno la declara impedida, el expediente deberá ser turnado a otro ministro o ministra para que analice y resuelva el fondo del asunto.

Amnistía Internacional llama a México mantenerse abierto al escrutinio ante desapariciones

La organización Amnistía Internacional (AI) llamó este miércoles al Gobierno de México mantenerse abierto al escrutinio internacional, pues consideró que con ello se contribuirá a generar estrategias para erradicar la crisis de desapariciones que vive el país.

“Amnistía Internacional llama al Estado mexicano a que, tal como lo manifestó ayer, continúe siendo un país abierto al escrutinio internacional, pues con ello se contribuirá a generar estrategias para erradicar la crisis de desapariciones que hoy vive el país”, señaló la organización en un pronunciamiento en redes sociales.

La reacción de AI ocurre luego de que el pasado martes, representantes de México en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestaran su inconformidad por el inicio del procedimiento del artículo 34 de la Conven-

El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas el inicio del proceso para determinar si las desapariciones que ocurren en México son generalizadas o sistemáticas.

El avisó fue hecho por el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, como parte del informe anual presentado a la Asamblea General de la ONU, en el contexto del 80º Periodo de Sesiones.

Durante la sesión plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, presidida por el representante permanente de Tailandia Cherdchai Chaivaivid, Albán informó sobre la medida tomada por el CED para México, país que oficialmente registra 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, y que ocupa el primer lugar en Acciones Urgentes sobre desapariciones forzadas reportadas al CED, con 779 comunicaciones de las 2 mil 74 enlistadas por el organismo.

“En marzo de 2025, el comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención (Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas) en relación con México”, dijo Albán, quien comunicó la decisión del órgano colegiado a través de videoconferencia.

El experto nativo de Ecuador expli-

ción de Desapariciones para analizar si en México las desapariciones son generalizadas y/o sistemáticas.

“México no comparte la decisión del Comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en un caso como el de mi país”, expresó el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz.

Vasconcelos argumentó que la aplicación de dicho artículo debe reservarse a “situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos a fin de no desvirtuar su naturaleza“.

Ante ello, AI señaló que “no es normal” “la desaparición de casi 134 mil personas”, la “total impunidad” en los casos y que sean las familias las encargadas de las labores de búsqueda, pese a las amenazas, ataques y asesinatos contra ellas.

Reiteró que estos hechos son “situaciones excepcionales” y exigió que se escuche a las familias de las personas desaparecidas, así como a colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil especialistas en la materia. México acumula más de 133 mil reportes de desapariciones, con un

incremento de más de 5 mil casos en el último trimestre, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano, que contabiliza las desapariciones desde la década de los 50.

Jalisco es el estado de México con el mayor número de personas que han sido desaparecidas con más de 15 mil casos, de acuerdo con datos del Gobierno de Jalisco, del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024.

En solo un año, Sinaloa registró 2 mil 390 desapariciones debido a la ola de violencia que azota a la entidad.

A finales de junio el Senado mexicano aprobó un paquete de reformas a las leyes en materia de desaparición forzada y población, con el objetivo de fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México, mediante nuevas herramientas tecnológicas y coordinación institucional. Información de Aristegui Noticias. (EFE)

CED activa artículo 34 a México: ONU estimará si desaparición forzada es generalizada o sistemática

có que “dicho procedimiento permite al Comité llevar a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas indicios y una posible práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada”.

Resaltó que desde que decidió iniciar el procedimiento, “en un primer momento, el Comité solicitó información al Estado parte sobre dicha situación, la cual fue presentada el pasado mes de septiembre”, información que México solicitó se mantuviera en sigilo.

Juan Pablo Albán Alencastro indicó que “las próximas etapas del procedimiento serán comunicadas y se harán públicas a su débito tiempo”.

Treinta minutos después de que el presidente del CED informó a la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la decisión, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz tomó la palabra para rechazar la medida.

“México no comparte la decisión del Comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en un caso como el de mi país”, dijo el diplomático.

Tras reconocer el trabajo de CED y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), cuya presidenta Gabriella Citrioni rindió también su informe

anual, Vasconcelos y Cruz sostuvo que México “se ha distinguido por ser uno de los Estados más abiertos al escrutinio internacional”, siendo prueba de ello la ratificación de todas las convenciones sobre derechos humanos y la invitación “permanente a los expertos internacionales en la materia”.

Sobre la inconformidad hacia la decisión colegiada del CED, Vasconcelos sostuvo que “la aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos a fin de no desvirtuar su naturaleza ni sentar precedentes que puedan afectar la confianza y el espíritu de cooperación entre los estados parte y el Comité”.

El funcionario mexicano apuntó que “cualquier modificación o interpretación sustantiva de la Convención debe surgir de un proceso amplio y transparente y consensuado entre los estados parte”.

Si bien el artículo 34 da facultades plenas al CED para decidir sobre su aplicación, en nombre del Estado mexicano Héctor Vasconcelos concluyó que sólo con el consenso entre el organismo y el Estado en cuestión, “se garantizará la legitimidad y eficacia del sistema en beneficio de las víctimas y del propósito común que compartimos, erradicar la desapari-

ción forzada”.

El artículo 34 de la Convención refiere que “si el Comité recibe información que, a su juicio contiene inicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Desde que México se adhirió a la Convención en 2010, ha recibido múltiples observaciones por el alto número de desapariciones forzadas, por el GTDFI así como por el CED, que en 2021 visitó el país, y desde entonces ha sido alertado por el incremento constante de ese flagelo, sin que se hayan adoptado las recomendaciones formuladas.

Defensoras desmienten «caída

histórica»

de incidencia delictiva. Develan método usado por 4T

En los últimos dos sexenios, el discurso oficial desde Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se ha encargado de anunciar el decrecimiento de la incidencia delictiva haciendo alusión a cifras históricas en México; sin embargo, el último informe de la organización Causa Común señala que se están manipulan las cifras y registros con fines propagandísticos, lo que impide que sean considerados como una herramienta útil para generar diagnósticos y políticas públicas.

De acuerdo con el informe «Incidencia delictiva y algunas anomalías» de esta organización, la desconfianza hacia las instituciones es lo que explicaría en primera instancia el subregistro en los reportes de incidencia delictiva. La organización halló que, el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las fiscalías del país fue del 93% lo que se traduce en que las autoridades sólo investigan el 7% de los delitos que se cometen en el país.

Bajo este panorama, las autoridades presentan datos comparativos con reducciones que terminan funcionando como una simulación para reducir el impacto mediático y político de los delitos cometidos en el país. Aunque las cifras se toman de fiscalías y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la organización encontró que varios delitos se reclasifican o se diluye su número debido a la metodología que han utilizado para obtener dichos resultados.

Por ejemplo, Causa Común apunta que el delito de feminicidio arrastra problemas de subregistros por la falta de homologación en los códigos penales estatales afectando la precisión de las estadísticas reportadas. Gracias a esto, existen altas variaciones entre el porcentaje de homicidios dolosos y feminicidios. En lo que va del 2025, se han contabilizado 444 casos de feminicidios frente a mil 870 casos de homicidio doloso de mujeres, de acuerdo con datos del SESNSP.

México ha generado confusión jurídica y desigualdad en procuración de justicia ante la violencia feminicida. CEDAW 2025 – cimacnoticias. com.mx

Informe de violencia contra las mujeres.

Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911.

Corte al 31 de agosto del 2025

Para la organización, esto implica que las víctimas de feminicidio representan el 24% de ese total y que ocho de cada diez asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidios, aunque hay variaciones dentro de los estados como Guanajuato, siendo el que mayores registros presenta con 249 casos de homicidio doloso, de los cuales solo el 4% se investiga como feminicidio

Informe de violencia contra las mujeres.

Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911.

Corte al 31 de agosto del 2025

Para la organización, esto implica que las víctimas de feminicidio representan el 24% de ese total y que ocho de cada diez asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidios, aunque hay variaciones dentro de los estados como Guanajuato, siendo el que mayores registros presenta con 249 casos de homicidio doloso, de los cuales solo el 4% se investiga como feminicidio.

Causa Común explica que ambas instituciones utilizan diferentes metodologías, criterios y definiciones para construir sus reportes. Mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emplea las carpetas de investigación abiertas en fiscalías, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, utiliza actas de defunción expedidos por servicios médicos del país. La primera institución diferencia a las víctimas de homicidio doloso y las de violencia feminicida, mientras que la segunda no lo hace, sino que contabiliza muertes accidentales, suicidios y una cuarta subcategoría llamada «eventos de intención no determinada».

Como resultado del uso de esta metodología, el 9 de enero de 2025 el gobierno federal anunció una disminución del 7% de número de víctimas de homicidio doloso entre 2023 y 2024 cuando en realidad aumentaron el 1%. Días después, durante la

celebración por los 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se recalcó la disminución del 26% de los feminicidios del país, por lo que organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reviró dichos resultados y aseguró un aumento del 5%.

OCNF revira disminución de feminicidios a 100 días de gobierno de Sheinbaum. Aumentó 5%, afirman – cimacnoticias.com.mx

Para María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), no se puede plantear esta conclusión cuando persisten fallas para acreditar el delito. advirtió que el verdadero problema son las fallas para catalogar correctamente los casos de delito de feminicidio.

Hay que resaltar que desde Cimacnoticias se ha documentado la “Operación limpieza”, tendencia del Gobierno federal de maquillar cifras en los registros de violencia feminicida.

En adherencia, existen otros problemas como la falta de fiscalías especializadas en feminicidios en los estados de la república y la inexistencia de figuras en algunas zonas del país para investigarlos; así como las deficiencias en las investigaciones donde se ha documentado pérdida de evidencia, investigaciones que no son de forma pronta y exhaustiva, falta de perspectiva de género e implementación de medidas de protección.

También se compararon cifras sobre homicidio doloso del 2018 y 2024

entre los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con las del SESNSP. Debido a que los registros de la primera institución son mayores a los de la segunda, al comprobar los resultados, se llegó a la conclusión de una disminución en este delito.

Siguiendo los datos actualizados del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con corte del 21 de octubre, afirman que existen 133 mil 980 personas desaparecidas en México, de las cuales 30 mil 83 son mujeres. Causa Común advierte que a nivel nacional existe un incremento del 13% de personas desaparecidas y esto es un factor de incertidumbre sobre la precisión de los homicidios dolosos porque cabe la posibilidad de que un número de personas ya fallecidas pudieran estar incluidas en el RNPDNO.

En cuanto a la trata de personas, en los primeros ocho meses del 2025 el SESNSP reportó 509 víctimas de trata siendo el 7% menos que el total reportada en el mismo periodo del 2025; sin embargo, la organización explica que existe un subregistro llamado «otros delitos contra la sociedad» usado para reclasificar algunos casos de trata y diluir los registros. Este apartado presenta 4 mil 447 víctimas en el mismo periodo, lo cual es 10 veces mayor al número de casos de trata.

Para Causa Común, los reportes oficiales de incidencia no reflejan el panorama delictivo del país, en cambio, demuestran la ineficiencia de las instituciones como las fiscalías para recabar denuncias, procesar investigaciones ministeriales y enviar los reportes al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, algunas soluciones que propuso la organización son impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia ciudadana, aumentar presupuesto para fortalecer los sistemas de información, promover la aplicación de criterios homologados para la recopilación y manejo de la información, auditorías a registros estatales de incidencia delictiva, y programas de capacitación a servidores encargados de generar las estadísticas.

CONTRA PODER EN CHIAPAS

Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3232

Jueves 23 de Octubre de 2025 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

MÉXICO, INNOVACIÓN, PATENTES Y DERECHO A LA SALUD

Ernesto Villanueva

(Tercera y última parte)

En México el gasto por medicamentos bajo patente supera al de cualquier otro país latinoamericano; no se trata de escasez de recursos, sino de la ausencia de una decisión política firme. El Estado mantiene una defensa casi inflexible de las patentes, pero deja que el mercado determine los precios. De ese modo nacen monopolios poderosos, pacientes marginados, hospitales públicos cada vez más vulnerables y precios en farmacias privadas hasta donde la imaginación de las farmacéuticas lo permita.

Esta inacción contrasta marcadamente con la práctica en Europa, India y varios países de la región. La lección es clara: regular no elimina la innovación; regular, en cambio, salva vidas. En los países nórdicos la regulación resulta aún más estricta. Noruega exige que los precios de los medicamentos de primera línea no superen la media de los tres países europeos más baratos. Suecia sólo reembolsa aquellos fármacos cuya eficacia esté comprobada y cuyo coste resulte razonable. Dinamarca y Finlandia revisan anualmente los precios con referencia internacional.

Estas medidas protegen tanto a los pacientes como a los sistemas de salud de posibles abusos. India tomó un rumbo distinto. Aprovechó las flexibilidades del tratado TRIPS y puso en práctica licencias obligatorias. El sorafenib sirve como evidencia: se trata de un fármaco anticancerígeno cuyo costo se desplomó más de 90?% al autorizarse la producción local de genéricos (Abbott, 2020). Lejos de cerrarse, el país se transformó en la farmacia del mundo en desarrollo. Exporta tratamientos a bajo costo para Áfri-

ca y América Latina. En América Latina también aparecen ejemplos útiles. En Colombia se establecieron topes de precios después de una ola de litigios ciudadanos que demandaban acceso a medicamentos esenciales. Brasil dio origen a la CMED, la entidad que regula precios y negocia compras centralizadas, y con esa herramienta obtuvo rebajas de hasta 70?% en antivirales contra la hepatitis?C. Argentina, pese a la crisis, acordó congelamientos temporales de precios con la industria farmacéutica para frenar la inflación de los fármacos. Lo que revelan estas experiencias es que el discurso que la industria repite incansablemente –que sin precios altísimos no habría innovación– está lejos de la realidad. Europa sigue a la cabeza en biológicos, terapias génicas y fármacos huérfanos, pero lo hace con precios contenidos.

Por otro lado, India abastece al planeta con genéricos y, al mismo tiempo, mantiene su investigación en marcha. Brasil y Colombia pueden acceder a medicamentos pioneros sin asumir los costos desorbitados que sí pesan sobre México. La regulación no obstaculiza la innovación; más bien la impulsa a orientarse al beneficio de la sociedad. México, por su parte, parece haberse quedado en la indecisión. Su marco normativo abraza las patentes como un dogma, pero carece de autoridad para fijar precios, no lleva a cabo negociaciones colectivas, omite las licencias obligatorias y prescinde de referencias internacionales.

Como consecuencia, el mercado queda concentrado en unas escasas cadenas, los precios de patente se sitúan entre los más altos del planeta y el gasto de bolsillo de los pacientes roza 40?% del total de la inversión en salud.

El panorama se traduce en pacientes que abandonan sus tratamientos, familias que se endeudan y hospitales que gastan más mientras ofrecen menos atención.

Primero, la idea es crear una Autoridad Nacional de Precios de Medicamentos, independiente de verdad y con músculo para actuar. Al estilo de Alemania y el Reino Unido, esa entidad tendría que analizar cada nuevo fármaco bajo patente antes de autorizar su precio. Si el medicamento no aporta ventajas reales frente a las alternativas, su costo se alinearía al de esas opciones.

Cuando sí ofrece mejoras claras, se negociaría un precio justo mediante contratos públicos y sin cláusulas de confidencialidad. En segundo lugar, emplear precios de referencia internacionales. Noruega y Dinamarca lo hacen con éxito. México podría compararse con los países que pagan menos y fijar sus precios máximos a partir de esos promedios. Tercero, consolidar y robustecer las compras públicas.

La experiencia de Brasil evidencia que al negociar en bloque los precios disminuyen notablemente. México, al consolidarse como la segunda economía regional, podría aprovechar su peso para lograr descuentos sustanciales en medicamentos estratégicos.Quinto, asegurar una transparencia absoluta en los procesos de contratación y adquisición. En Europa y en los países nórdicos, los precios y los criterios de evaluación son de dominio público. En México, la falta de claridad sigue siendo la norma.

La transparencia es una condición indispensable para restablecer la confianza y evitar la corrupción. Estas disposiciones no pretenden romper la relación con la industria, sino impulsar negociaciones

bajo condiciones más equitativas. La industria seguirá operando en México, pues el país constituye un mercado amplio y rentable. Lo que sí cambiará es que los pacientes paguen precios razonables y los hospitales públicos puedan ampliar su cobertura, en lugar de destinar gran parte de su presupuesto a sobreprecios.

En México el conflicto no es tanto técnico, sino político. ¿Continuaremos resguardando sólo la propiedad privada o, por fin, defenderemos de manera auténtica el derecho a la salud? La Constitución, en su artículo?4, reconoce a la salud como un derecho; el artículo?1 obliga al Estado a garantizarlo bajo el principio pro-persona. Sin una regulación concreta, esos mandatos quedan como mera letra muerta.

Europa ya marcó la senda combinando precios regulados con acceso universal y una innovación que se mantiene sostenida en el tiempo. La experiencia india demostró, por otro lado, que las licencias obligatorias pueden ser una herramienta funcional.

En el contexto latinoamericano, Brasil y Colombia evidenciaron la viabilidad de negociaciones exitosas. México, entonces, cuenta con la posibilidad de asimilar esas lecciones y concebir un modelo propio que responda a sus propias necesidades. México tiene una disyuntiva. Puede seguir pagando más que nadie, dejando fuera a la mayor parte de su población, o bien decidir que la innovación debe ir acompañada de acceso. No se trata de una cuestión meramente económica; es política y, ante todo, ética. Porque lo que está en juego no es un simple negocio, sino la vida misma –y un país que renuncia a protegerla abdica de su propio futuro–.

PALABRAS JJUSTAS

• Antonieta Marisol Suárez ex trabajadora del DIF-Estatal Sabinista, pidió justicia en vida hoy desde su tumba.

Una hija de 18 años que se convierte en madre de su hermano de 6 años, dos hijos que se quedaron en total orfandad, al fallecer la madre de ambos, misma que en su lecho de muerte, le suplica a su hija que continúe con su caso, cuando Antonieta Marisol fue despedida, sin tocarse el alma, le quitaron la guardería de su bebe de 1 año y meses, fue corrida como una delincuente, sin haber firmado jamás su renuncia.

Cuando Antonieta Marisol fue despedida injustamente del DIFEstatal, su hija tenía 14 años y su bebe apenas contaba con 1 año y meses de edad, el maltrato psicológico a la que fue sometida por tres machos con poder, fue muy dañino para su salud, ella no estaba acostumbrada a ese tipo de episodios tan desagradables, falleció sin haber recibido justicia por su despido injustificado, una madre que murió atormentada por dejar en la orfandad a sus hijos y sin recursos económicos.

El daño psicológico no solo fue para una madre, sino también para una hija que al quedar en la orfandad con tan solo 18 años, tuvo que enfrentarse a su cruel realidad, suspender sus estudios, ponerse a trabajar de lo que fuera para poder mantener a su hermano con tan solo 6 años de edad, un niño que lloraba por la ausencia de su madre, un niño que no entendía porque su madre ya no estaba más con ellos. El caso de Antonieta Marisol, por despido injustificado, se ganó, ¡Sí! Así como usted lo lee mi querido lector, pero la Mtra. Irene Liseth Ochoa López, Presidenta de la Junta Especial Número 3 de

Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas, por alguna extraña razón, se niega a dar el fallo a favor, porque se niega a hacer los incrementos correspondientes al salario laboral, pensión que recibirá el menor Emiliano Coronado Suárez. No se entiende la cerrada negación de la Mtra., Irene Liseth Ochoa, ante todo, debe de ser más empática con el caso, es mujer, quizás madre y eso no entorpece su ética profesional, ya que la demanda por despido injustificado, ya se ganó, esperamos que rectifique en su forma de actuar y haga lo correcto, para que una madre fallecida pueda descansar en paz, el tiempo apremia y vaya de qué manera, ya que en 2 años todo estará perdido, ese hijo será mayor de edad.

Ante la negativa de la Secretaria Liseth Ochoa, la hija de Antonieta Marisol, Tania Santiago Suarez, tuvo que recurrir a instancias del actual gobierno, para pedir todo el apoyo posible, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el 6 de agosto, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el 7 de octubre, a la Fiscalía General de la República, el 9 de octubre, de este 2025, estas dependencias predican con el ejemplo del Gobernador Eduardo Ramírez y sabrán apoyar la causa de Tania.

Antonieta Marisol Suárez, una mujer como muchas, fue mamá luchona, responsable, honesta, trabajadora, su dependencia era el DIF-Estatal en el sexenio Sabinista, 15 años laborando muy bien, sin ninguna queja de su desempeño, hasta que llegó el momento en que su presencia ya les estorbaba y tenían que deshacerse de ella, pero no tenían argumento alguno para despedirla, su labor era impecable.

Ante ello, no les quedó de otra, que recurrir a lo más bajo, a lo más vil, tres funcionarios, tres machos con poder, Jorge Andrés Quintero Sánchez, Rolando Montero Coutiño, José de Jesús Fernández Rodríguez, Secretario Particular de la Directora General, Jefe del Área Jurídica y suplente del Comisario, la privaron de su libertad en las mismas oficinas del DIF-Estatal, del Área Jurídica.

Sola, sin ningún a acompañamiento, estaba siendo sometida, humillada, tratada con palabras altisonantes, con 15 años de trabajo impecable, sin ninguna falta en su trabajo o el más mínimo detalle que hablara de algún acto ilícito, siendo madre soltera, el único sostén de sus 2 hijos, mi querido lector ¿Por qué expondría su trabajo? Estos sucesos fueron plasmados según expediente núm. SAC/Q-1017/10.

Jorge Andrés quintero Sánchez, Rolando Montero Coutiño, José de Jesús Fernández Rodríguez, Secretario Particular de la Directora General, Jefe del Área Jurídica y suplente del Comisario, respectivamente, todos funcionarios del DIFEstatal, pretendieron ingresar al equipo de cómputo que manejaba Antonia Marisol en ese entonces, pero ésta por seguridad, no accedió a darles ninguna clave de acceso que pudiera comprometerla para alterar la información que ahí se guardaba.

Antonieta Marisol, solicitó a la Secretaría de la Función Pública de ese entonces, procediera a sancionar a los funcionarios antes mencionados después de que la Dependencia le confirmara que no existía investigación alguna en su contra, o sea, todo lo estaban haciendo en lo oscurito, ejerciendo

todo su poder, en una empleada, honesta, trabajadora, que nunca en 15 años en el DIF, ¡Nunca! Dio motivo alguno para poner en duda su honestidad y su responsabilidad como trabajadora.

En vida Antonieta Marisol Suárez Hernández pidió justicia ante la arbitrariedad de funcionarios, que creyeron que privándola de su libertad lograrían someterla, pero no fue así, hoy su hija Tania Santiago Suárez, continúa con la petición que le hiciera su madre en su lecho de muerte, que no dejara de luchar con lo que ella empezó, esta joven cree en el actual gobierno humanista, por eso ha solicitado el apoyo del Gobernador Eduardo Ramírez.

Tania Santiago, es una joven que se ha conducido con mucho respeto y prudencia, pero sobre todo con la ferviente confianza que este nuevo gobierno, sí la va a escuchar y sí la va ayudar, ya que ella dice que el Gobernador Eduardo Ramírez, jamás dejará desprotegido ni a los niños, ni a los adolescentes ni a nadie, apelando a su gran corazón, le pide que su demanda que ya se ganó, se actualice con los incrementos y que ya se le pague lo que por derecho le corresponde a su hermano.

Que este caso de Antonieta Marisol, sirva de ejemplo, para que en lo sucesivo este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir en ninguna dependencia de gobierno y en ningún otro sexenio, estas conductas machistas tan normalizadas, se deben de terminar, se le debe de poner fin, hoy una madre clama justicia desde su tumba por algo que ¡Nunca! Pudieron comprobarle y hoy su hija Tania, solo pide que termine todo este peregrinar, que su madre antes de morir le pidió.

FACTURAS FALSAS, EMPLEADOS FANTASMAS, CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

Raymundo Díaz S.

• El Instituto Chiapaneco de Educación Para Jóvenes y Adultos, MINA DE ORO de Sergio David Molina Gómez.

• Desde el ICHEJA prepara su candidatura y campaña a la presidencia municipal de Chiapa de Corzo de la cuál, grita, “ya tengo en la bolsa”.

• Usan el nombre del gobernador para influir temor y miedo entre los empleados para que estos no levanten la voz y denuncien.

PERFIL FRONTERIZO

Con escuela Verde Ecologista, uno de los partidos políticos que ha procreado y protegido a LOS MÁS GRANDES CORRUPTOS, SAQUEADORES, CÍNICOS, SINVERGÜENZAS y BANDIDOS en Chiapas, Sergio David Molina Gómez, actual Director del Instituto Chiapaneco de Educación Para Jóvenes y Adultos, tiene convertida a esta dependencia en un verdadero EJEMPLO DE CORRUPCIÓN en Chiapas.

Este ex-diputado local Verde Ecologista fue y es uno de los funcionarios de la “Nueva ERA” que, sin duda alguna, habría dicho “a mi no me des, pónme dónde hay”, y efectivamente tal cuál, al tener al ICHEJA como su “CAJA CHICA o CAJA GRANDE” o como su MINA DE ORO de dónde, con una sarta de trapacerías o -mejor dicho- con una sarta de FACTURAS y DOCUMENTOS FALSOS, está SAQUEANDO los recursos de esa Dirección para su campaña política rumbo a la alcaldía de Chiapa de Corzo.

“Aquí es una completa mafia”, afirman los mismos empleados de ese Instituto, quiénes solicitaron omitir sus generales por temor a represalias. Mismos quiénes agregan, con documentos en mano, que Sergio David Molina Gómez llevó del Congreso y la nombró Jefa del Departamento de Planeación a Cecilia Sánchez Galindo y

esta, a su vez, llevó a su esposo, Tomás Morales Sancristóbal, a quién lo ubicó en el mismo Departamento de Planeación, en el Área de Planeación y Seguimiento Operativo.

Estos dos -Cecilia Sánchez Galindo y Tomás Morales Sancristóbal (esposa y esposo)- GRANDES AMIGOS de Molina Gómez, se encargan de MANIOBRAR, CONSEGUIR y COBRAR facturas ficticias o falsas para comprobar TODO EL DINERO (millones de pesos) que salen para los ACARREOS A MÍTINES POLÍTICOS en los que, como señalamos en nuestro artículo anterior, no van todos los elistados, pero SÍ SE GASTA o se COBRA el dinero erogado para ello.

Los señalamientos y las evidencias de ESTOS ABIERTOS y DESCARADOS SAQUEOS, aparte de dejar perplejos a muchos, son gigantescos. En estos se muestran, no sólo como se planean y orquestan, sino como se ejecutan acciones como el de conseguir “figuras territoriales” y de conseguir y registrar documentos de personas que, según, asisten a laborar pero que no lo hacen porque dichos documentos son FALSOS o de personas FICTICIAS, para ellos poder cobrar ese dinero con la tarjeta que les queda. Esto, por señalar solamente una DE LAS MUCHAS “TRANSAS” que, como en sexenios pasados, ahí se practica. Como lo apuntamos en la Primera Parte de estos reportajes,

Sergio David Molina Gómez y su “experto equipo” de colaboradores llevados desde el Congreso en dónde fue Diputado Local Verde Ecologista y en dónde también tendrían puestos, el ICHEJA es la “CAJA CHICA” o la “CAJA GRANDE” de Molina Gómez para financiar su campaña política rumbo a la presidencia municipal de Chiapa de Corzo misma que, según grita a los cuatro vientos “ya la tengo en la bolsa, porque ya me dio luz verde mi amigo el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar”. Esto último podría resultar cierto al tener a la hija del actual alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, nada más y nada menos, como la Secretaria Particular de Cecilia Sánchez Galindo, Jefa del Departamento de Planeación en el ICHEJA. Pero, lamentable y desafortunadamente para el “Humanismo” del gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, y para sus lemas de “Cero Corrupción” y “Cero Impunidad”, esto no es todo. Como en otras dependencias, la CLOACA DE CORRUPCIÓN, NEPOTISMO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS en el ICHEJA, no tiene paradigma, y lo hacen utilizando el nombre y sus fotografías al lado del gobernador, será entonces en la Tercra Parte de esta serie de reportajes cuándo seguiremos dando voz a los chiapanecos que, por temor, no se atreven a hacerlo. Ya abundaremos pues, y mucho, muchísimo. He dicho.

EL PADRE MARCELO…

Francisco Ruiz Zuart.

La ejecución.

¿A quiénes incomodaba su presencia terrenal?

Un año se cumplió el 20 de octubre de que asesinaron al Sacerdote Marcelo Pérez, indígena originario del municipio de San Andrés Larrainzar, Chiapas, México.

Le arrebataron la vida, de día y dentro de la ciudad conocida como El Pueblo más Mágico de los Pueblos Mágicos de México.

¿Por qué mandaron a ejecutar al padre Marcelo?

Porque no se prestó, ni se rentó para ayudar a cerrar los ojos a las mujeres y a los hombres de las comunidades donde era enviado a dar sus servicios religiosos…

Porque no ayudaba a tapar los oídos a las familias donde daba su palabra y además, enseñaba a que esta debía de ser congruente con los hechos diarios de las personas…

Porque a donde llegaba buscaba primero, identificarse y caminar de la mano de todas aquellas familias que durante su vida, únicamente han sido ricos en insatisfacciones materiales y humanas…

Porque sabía cómo incorporarse y ser decisivo en la vida cotidiana de los hogares rurales y urbanos…

Porque contribuía a aminorar las cargas propias del empobrecimiento que carcome la vida sana y acelera las raíces de la infelicidad…

Porque en su trabajo de misionero de su Iglesia no contribuía, como muchos otros, a fortalecer, a incrementar y a justificar los cacicazgos municipales y regionales que someten y exprimen a los hogares más indefensos…

Porque no facilitaba la explotación, el abuso, la mentira, los hurtos

acostumbrados por aquellos, aquellas embestidas de alguna autoridad local o del Estado de Chiapas…

Porque auxiliaba en la construcción de frases y oraciones que dieran nombre a la realidad injusta y olvidada, por quienes tienen la obligación constitucional de conducir con justicia el presente de los pueblos y ciudades…

Porque vivía para el servicio, la organización, el fortalecimiento de conciencias, la búsqueda y el encuentro de soluciones a todo eso que golpea, aísla, sojuzga, hiere y va matando poco a poco la esperanza de una vida humana y terrenal, para ahora…

Porque exploraba las mejores formas para que se aprendiera a ver con claridad, a escuchar con respeto, a razonar con buen juicio, a decidir con responsabilidad, a caminar en unidad, a solidarizarse con la palabra y en los hechos…

Porque lo que predicaba desde el púlpito, buscaba la manera de que echara raíces en los pensamientos y en las conciencias, en la tierra fértil y en el tereno árido…

Porque representaba peligros mayores para el político poderoso, para el gobernante perdido y pervertido, para el cacique mañoso, para el coyote de las actividades económicas…, para la Delincuencia Organizada en Cárteles que hoy tiene contaminada la política, la economía, la religión… Porque el sacerdote Marcelo Pérez no se inclinó por el doble lenguaje, por la doble vida, por la incongruencia vuelta costumbre, por el manoseo de conciencias, porque aprovechaba su vida para transformar la obscuridad en luz de día y los senderos, en

camino de todos…

POR TODO LO ANTERIOR, un cobarde ordenó la ejecución del padre Marcelo.

A un año del asesinato del sacerdote y con todos los recursos humanos, económicos, materiales, tecnológicos…, que posee el gobierno del Estado de Chiapas, aún no encuentra a quién o quiénes mandaron a quitar la vida al padre Marcelo, no concluye el caso…

¿A quiénes o a quién beneficia este comportamiento institucional? A los familiares dolidos, a la feligresía acompañada, a sus “alumnos” de años, NUNCA…

Los gobiernos han decidido que el evento lamentable quede impune, no tienen otra lectura los hechos y resultados oficiales ofrecidos hasta el día de hoy…

Ah! LOS ÚNICOS que están en condiciones de desear que el gobernador de Chiapas, FALLE en el combate a la INSEGURIDAD, son quienes también querían y quieren estar en su lugar, ser gobernador y saborear las mieles sentados en la silla principal…

Los que también trabajan para que el gobernador FALLE, son sus asesores y colaboradores de pescuezo grande, los de las “barbas buchonas”, que no le avisan que observando las formas y los contenidos, EN SU ESENCIA, le llevarán a “Tropezar con la misma piedra” de los otros exgobernadores…

¿Quienes desean, piden y hacen para que Óscar Eduardo Ramírez Aguilar FALLE en todo?

Esos a quienes les dio un nombramiento y su confianza, y en casi 11 meses, no dan los buenos resultados esperados…

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