Juan Sántiz Pérez

Organizaciones reprueban negativa del Estado mexicano a debatir sobre militarización ante la CIDH

Gloria Leticia Díaz

Ciudad de México (apro)

Organizaciones de la sociedad civil reprobaron la negativa del Estado mexicano para sostener un diálogo sobre la militarización de la seguridad pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como ocurrió este martes 25 en el contexto del 185 periodo de sesiones.

En un comunicado conjunto, recordaron que al menos 20 organizaciones civiles solicitaron una audiencia temática a la CIDH ante “la profundización de la militarización de la seguridad pública en México”, evento al que únicamente asistió Luz Elena Baños, embajadora ante la Organización de Estados Americanos, con lo cual el Estado mexicano “mostró un absoluto desinterés en dar respuesta” a los planteamientos y argumentos presentados por la sociedad civil.

Tras resaltar que la mayor parte del mensaje transmitido a través de Baños se centró en enlistar cifras sobre el decomiso de drogas y la detención de presuntos narcotraficantes, las organizaciones consideraron grave que, “frente a la denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque retornar a un discurso de ‘guerra conta las drogas’ que criminaliza y estigmatiza grupos históricamente vulnerados, y que ha tenido como consecuencias cientos de miles de víctiAdemás, condenaron “las expresiones de deslegitimación a la labor de defensa y promoción de derechos humanos y en particular contra la CIDH”, emitidas por la embajado ra Luz Elena Baños, quien dijo transmitirlas en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador

mas de desapariciones, ejecuciones, torturas y otras violaciones graves a derechos humanos”.

Las organizaciones firmantes insistieron en que “la falta de voluntad de réplica durante la audiencia” puso en evidencia “la nula intención estatal de dialogar sobre la progresiva militarización de la seguridad pública del país con la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales, tanto a nivel nacional como internacional”.

Reprobaron “las expresiones de deslegitimación a la labor de defensa y promoción de derechos humanos –nacionales e internacionales– y en particular contra la CIDH”, emitidas por la embajadora Baños, quien dijo transmitirlas en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dichas palabras “son de la mayor preocupación y no reconocen la larga labor que el organismo internacional ha impulsado denunciando los riesgos de la profunda militarización en el país desde hace décadas y la necesidad de construir una vía hacia la verdadera seguridad ciudadana”.

En el comunicado las organizaciones pidieron a la CIDH solicitar al Estado mexicano información sobre los marcos normativos de las Fuerzas Armadas para realizar acciones de inteligencia y el espionaje hacia personas defensoras; las acciones tomadas para la desmilitarización de la Guardia Nacional; los planes de profesionalización de las policías en estados y municipios; los mecanismos de regulación y supervisión del adecuado uso de la fuerza en tareas de seguridad pública; y las investigaciones sobre el uso del software Pegasus y la contratación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional sobre este programa, utilizado para espiar a personas defensoras y periodistas.

Asimismo, sugirieron recomendar al Estado mexicano desarrollar un programa para la construcción de paz duradera, que incluya el desarme de las personas capturadas por el crimen organizado y el retiro progresivo de los militares de las tareas de seguridad pública, así como solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la militarización en México.

Firmaron el pronunciamiento la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; México Unido contra la Delincuencia; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social; Impunidad Cero; Seguridad Sin Guerra; Hasta Encontrarte y México AC.

Dalila Escobar

Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya presiones de grupos del crimen a su gobierno, pero tiene la conciencia tranquila por dar la orden de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa, porque no tuvo que ver con un contubernio sino con salvar la vida de la población de Culiacán.

También aceptó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentó mejorar su imagen después de ese operativo fallido, hace tres años. “Pues sí, pero eso lo tiene que hacer cualquier institución, y más en un proceso de transformación”.

El presidente agregó que su gobierno debe “tener cada vez mejor imagen pública” y justificó que la autoridad se adquiere con rectitud, ética, moral, “porque si se tiene autoridad moral se tiene autoridad política”. Este mensaje, dijo, aplica para los servidores públicos y para las instituciones, además de que consideró que las secretarías de la Ma-

“Tengo mi conciencia tranquila” por liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán: AMLO

rina y de la Defensa Nacional “están actuando muy bien”.

Al responder si considera que su gobierno ha sido presionado por estos grupos del crimen, el presidente afirmó: “No, porque el frío sabe dónde se arrima, si no se establece complicidad con nadie, no hay ninguna posibilidad de contubernio y aquí está bien pintada la raya: una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia.

Insistió en que en anteriores gobiernos el problema es que se vincularon no solo con delincuentes, sino entre gobiernos en actos ilícitos y recordó el caso de “Rápido y Furioso” al señalar a las administraciones de México y Estados Unidos en turno.

Recordó que su decisión en el caso de Culiacán se dio luego de la detención de Ovidio Guzmán, lo que provocó la agresión del grupo criminal en unidades habitacionales de militares, “secuestran a militares, se colocan en lugares estratégicos en Culiacán interviene el Ejército y hay respuesta, incluso, le pegan a un helicóptero, afortunadamente aterriza y se pone una situación muy delicada”.

“Cuando me informan sobre cómo están las cosas pienso en la vida de las personas y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también una afectación a población inocente. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi conciencia tranquila”, señaló.

El presidente dijo que, aunque la detención en Sinaloa se dio al medio día, la situación se resolvió a las 23:00 horas.