|| PUEBLA ||
LUNES, 29 NOVIEMBRE 2021
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La Quinta Columna Mario Alberto Mejía
@quintamam
D
urante el primer período del gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez (2011-2014), el periodista Rodolfo Ruiz vendió dos clases de servicios al ayuntamiento de Puebla: por difusión de actividades de gobierno y por asesorías. El primero lo hizo a través de un convenio de publicidad, vía e-consulta. El segundo: a través de Contracorriente, empresa originalmente ligada a temas educativos. Vía Contracorriente, pues, asesoró al alcalde panista y a sus funcionarios en temas como esquivar preguntas incómodas o a reporteros incisivos. En esos tres años, Ruiz la hizo de periodista y de enemigo de los periodistas. Un juez y parte esquizofrénico. (Lo anterior fue evidenciado, en su momento, con documentos oficiales por quien esto escribe). Un reciente ataque de dualidad esquizofrénica ocurrió en dos campañas electorales por la gubernatura de Puebla: la de 2018 y la de 2019. En la primera, Ruiz le vendió a Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición encabezada por Morena, dos servicios: Uno, por la difusión de su campaña. Otro, por el manejo de la misma en redes sociales. Eso incluía comentarios favorables del candidato en la columna del periodista (La Corte de los Milagros) y críticas severas a la candidata de la coalición encabezada por el PAN: Martha Érika Alonso. Tras la muerte de ésta en diciembre de 2018 –una vez que ganó la gubernatura en Tribunales–, vino una segunda campaña en 2019. La coalición de Morena postuló una vez más a Miguel Barbosa Huerta, en tanto que la del PAN se inclinó por Enrique Cárdenas. Ruiz quiso incrementar los montos de sus convenios: el publicitario y el del manejo de redes y columna. El equipo del candidato Barbosa no estuvo de acuerdo en el segundo punto y planteó mantenerlo con la misma cifra del año anterior. El periodista aceptó de mala gana e hizo algo indecoroso: Ofreció sus servicios gratuitos a la otra parte y le fueron aceptados. (En el mundo de los abogados a eso se le llama prevaricato). Y así manejó las dos campañas. Incluso, al final, el equipo del hoy gobernador le pagó los servicios prestados. Todo iba bien hasta que todo empezó a ir mal. El propio Miguel Barbosa descubrió el doble juego de Rodolfo Ruiz y lo exhibió públicamente en una entrevista que me concedió. A partir de entonces, el periodista de
día (asesor de noche) inició una campaña permanente de golpeteo en contra del gobernador. En marzo de 2020 se dijo acosado, como hoy lo ha vuelto a hacer en el más reciente número de la revista Proceso: “Desde el gobierno poblano, acoso a la prensa independiente”. Lo curioso es que hasta las cabezas son casi idénticas. En marzo de 2021 escribí unas líneas que bien pudieron haber sido escritas hace unas horas. Vea el hipócrita lector: “Leí el reportaje de Proceso sobre Rodolfo Ruiz y el portal e-consulta. El título es brutal: ‘Medios poblanos bajo asedio’. Me temo que la corresponsal Gabriela Hernández escribió casi lo mismo hace más de seis años. El título es casi idéntico al de uno de sus reportajes anteriores que aparecieron con su firma. Y qué decir de su narrativa. Lo único que cambian son los nombres de los gobernadores. Antes –dijo– fue Rafael Moreno Valle quien apaleó a la prensa. Ahora –dice– es Miguel Barbosa Huerta. La argumentación, faltaba más, es chapucera, pues en ambos casos el mártir del periodismo es uno solo: Rodolfo Ruiz”. Ufff. De pena ajena. Un Marranito en la 4T. Es inconcebible que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador lucha por llevar a buen puerto la política de cero corrupción, en su gobierno existan personas que representan todo lo contrario y están vinculadas a grupos de poder que aprovecharon cargos para beneficiarse. Tal es el caso de Alfredo Ávila Salazar, subdirector Divisional Sur del Banco del Bienestar, detrás de quien se dibuja una estela de corrupción y malos manejos cuando estuvo al frente de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Hoy existe sobre él una investigación por el presunto desvío de 130.5 millones de pesos que provenían del seguro contra desastres naturales, destinados a la reconstrucción de viviendas tras el sismo de 2017. Las irregularidades cometidas durante su gestión también incluyen obras fantasma, procesos de adjudicación amañados y sustracción de documentos oficiales. De tal magnitud son las irregularidades que Ávila Salazar se ha ausentado por más de 15 días de su oficina en la Ciudad de México, ya que se encuentra en Puebla tratando de limpiar el cochinero.
ARCHIVO AGENCIA ENFOQUE
ESCENAS DE UN COCHINERO Y LA REVISTA PROCESO
El Cabildo de Puebla capital aprobó solicitar al organismo electoral su apoyo para estas elecciones.
DARÍA CERTEZA: UPAEP
Es viable que IEE desarrolle comicios de juntas auxiliares [ Karla Cejudo ]
Es viable y abonaría al proceso democrático que los plebiscitos de las juntas auxiliares de la capital poblana sean organizados por el Instituto Electoral del Estado (IEE), en lugar de que los desarrolle la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom). Así lo consideró Claudia Ramón Pérez, académica de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, quien indicó que si bien la organización de los plebiscitos recae en el ayuntamiento de Puebla, de acuerdo con lo que marca la Ley Orgánica Municipal, el IEE tiene toda la estructura para poder hacerlos. Agregó que una de las principales razones por las cuales es el ayuntamiento el que organiza las elecciones es por el tema de usos y costumbres de cada junta auxiliar. No obstante, el 26 de noviembre el Cabildo de Puebla aprobó solicitar al
Instituto Electoral del Estado que organice la elección para la renovación de las 17 juntas auxiliares de la capital, con el fin de garantizar la imparcialidad y legalidad del proceso. Apuntó que ya será decisión del IEE si las realiza o no de manera solitaria, es decir, llevar toda la organización o, en su caso, llegar a un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento de Puebla para que lo hagan en conjunto y se realice un mejor proceso. La académica sostuvo que es una buena propuesta y que lejos de vulnerar los usos y costumbres de estas demarcaciones, abonaría a que estos comicios sean más transparentes, que se contribuya a la legalidad y, sobre todo, que den certeza a la ciudadanía para que tenga más confianza en el proceso electoral. En enero de 2019 se suspendieron las elecciones en distintas juntas auxiliares, pero se repusieron sin problemas.
En nueve meses, suman 733 quejas por violación a derechos humanos [ Karla Cejudo ] De enero a septiembre de este año se presentaron 733 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que representa un incremento de 40% en comparación de las 524 que se dieron en esos meses, pero del año pasado. De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en promedio cada semana se dieron 19 quejas por violaciones, sobre todo en el tema de seguridad, pues se busca tener un proceso apegado a la ley. De enero a marzo se dieron un total de 214 querellas, mientras que de enero a abril fueron 299; es decir 2.33% más
y fue el trimestre con más casos, mientras que de julio a septiembre hubo 210 reportes. Las quejas de poblanos fueron principalmente por la violación la seguridad jurídica (derecho a que todo el proceso será apegado a la ley y se harán valer sus garantías establecidas en la Constitución) y el derecho a la legalidad (seguridad jurídica). De acuerdo con los datos, ocho de cada 10 casos presentados fueron por violación a la seguridad jurídica, mientras que el resto fue por derecho a la legalidad, al trato digno, a la dignidad y al trabajo. Una vez presentadas las quejas, se investigan los hechos en 10 días hábiles para deslindar responsabilidades.
