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López Obrador afirma que no confía en los ministros de la Corte
La mayoría viene del antiguo régimen, argumenta; la relación es institucional, sentencia
Redacción - Agencias Ciudad de México
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que no confía en los ministros de la Suprema Corte de Justicia Nación y les recriminó que no estén interesados en reformar al Poder Judicial, como él lo ha propuesto. Dijo que los ministros no han impedido que haya casos en que no se aplica sentencia después de varios años o se excarcele a delincuentes confesos, o se otorgue la prisión domiciliaria sin justificación.
“¿Tiene confianza en los ministros? No. Quizás algunos, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo, lo que predomina, lo que impera es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia”, destacó el presidente.
En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, se expusieron los casos en que jueces liberaron a delincuentes en varias ocasiones alegando errores en los expedientes, o hay corrupción de jueces.
“Ayer me decían que la presidenta de la Suprema Corte decía que había que reactivar el sistema anticorrupción. Pues que empiece con el Poder Judicial. Tiene bastante trabajo, Ahí está el consejo de la judicatura.
“¿A cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Pidan ese informe y van a ver”, cuestionó el titular del Ejecutivo.
DISTANCIA, CERO DIÁLOGO
Dijo que no se ha reunido con la presidenta de la Corte, Norma Piña, que no tiene programado hacerlo y que la relación entre la Corte y la Presidencia es institucional.
“Hay comunicación, porque independientemente de las di- ferencias que podemos tener, estos de los jueces y su comportamiento, que vamos a seguir informando, hay trabajo conjunto.
“Ahora no, ahora no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar”, estableció el presidente; sin embargo, reconoció que el tema que sí requiere de cercanía entre Presidencia y la Corte es el de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Norma Piña fue electa como presidenta de la Suprema Corte a inicios de este mes (la primera mujer en la historia que ocupa el cargo), en una elección en la que también competía Yasmín Esquivel, quien era señalada como la ‘candidata’ de López Obrador taría Técnica de dicho Comité, ubicada en el Antiguo Edificio de Posgrado, a un costado de la Torre II de Humanidades, primer piso, Ciudad Universitaria, código postal 04510, Ciudad de México. El rector Enrique Graue Wiechers afirmó el pasado lunes 23 que no se actuaría apresuradamente en el proceso que se sigue a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por el plagio de una tesis y anunció que la UNAM abriría un espacio para que la ex alumna pueda defenderse y exponer sus alegatos. (Redacción/agencias)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que revele el contrato por “servicio de monitoreo remoto de información” celebrado en abril de 2019 con la empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de la compañía israelí NSO Group, que desarrolló el spyware Pegasus.
AMLO SE COMPROMETIÓ
Se refiere el INAI al mismo contrato —número DN-10 SAIT-1075/P/2019— que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a transparentar el pasado 5 de octubre, bajo el argumento de que su administración no tiene “nada que ocultar” en materia de inteligencia. Ya han transcurrido cerca de cuatro meses y la Sedena ha hecho caso omiso a las instrucciones del mandatario.
De hecho, el INAI conoció del caso después de una impugnación contra una respuesta de la Sedena a una solicitud de información, en la cual la institución castrense aseveró que buscó de “manera exhaustiva” un contrato con Comercializadora Antsua, pero no lo encontró, por lo que declaró la inexistencia de la información.
En una sesión del pleno del INAI, la comisionada Josefina Román Vergara propuso un proyecto —que fue aprobado— para invalidar la respuesta de la Sedena, pues “no realizó una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, y existe información pública oficial y notas periodísticas que dan cuenta de la celebración de los contratos solicitados (…) es claro que sí cuenta con la información requerida”. (Redacción)