ABOGADOS DE VALLADOLID / A fondo / 16
Pro bono “para el bien público” ¿Quién no necesita la ayuda de un abogado en su día a día, ya sea para la firma de un contrato laboral, para reclamar aquello que nos han cobrado de más, por un pequeño accidente de tráfico o simplemente un asesoramiento a la hora de iniciar un procedimiento? Por Tania García Barroso, abogada Los que desempeñamos hoy en día la profesión de la abogacía sabemos que no es nada sencillo nuestro trabajo. Libre competencia, exceso de oferta, desarrollo del trabajo y cobro de honorarios. El cliente de hoy en día quiere resuelto su problema a la mayor brevedad posible, y si es al menor coste, mejor. Esto puede resultar fácil para las grandes firmas de despachos que cuentan en sus filas con numeroso personal a disposición del cliente, a un coste bajo, pero para el abogado de un despacho unipersonal, la exclusividad absoluta de clientes puede resultar un quebradero de cabeza. De ahí que el tema a tratar, el pro bono legal, se desarrolle principalmente en grandes despachos de abogados, como pueden ser Garrigues o Uría Menéndez. El pro bono nace como una actividad altruista que ciertos profesionales prestan a organizaciones sin ánimo de lucro que lo necesitan o a sus beneficiarios. Al igual que ocurre con el turno de oficio, se trata de una actividad que se despliega de forma voluntaria, pero en este caso no reporta un beneficio económico. El sector al que va destinado es muy concreto, ya que se centra en las entidades sociales u organizaciones de colectivos sin ánimo de lucro, es decir, que reciben una ayuda por la que no pagan una contraprestación económica. Como sabrás, el pro bono es diferente de la labor que se presta por los Colegios de Abogados a través del turno de oficio, y en concreto, de la asistencia jurídica gratuita, pues esta última solo se da en el caso de que la persona que lo solicite se encuentre por debajo de los umbrales establecidos en la Ley reguladora, pero los profesionales que prestan el servicio sí que obtienen una remuneración a cambio de ello, en este caso por parte del Estado.
Pero ¿cómo se gestiona? La labor se lleva a cabo desde centros especializados que tramitan las peticiones, encargándose de coordinarlas, analizarlas y remitirlas a los despachos. Así, los Centros de Coordinación Pro Bono (Clearinghouse) hacen de intermediarios entra las organizaciones beneficiarias y los despachos de abogados que prestan el servicio. Las organizaciones acuden a los centros intermediarios con una petición concreta, como puede ser, por ejemplo, la que por parte de la Asociación Proyecto
El pro bono nace como una actividad altruista que ciertos profesionales prestan a organizaciones sin ánimo de lucro que lo necesitan F/9 se hizo a la hora de solicitar asesoramiento jurídico sobre el trato que debía darse a las fotografías que se iban a utilizar por los miembros de la asociación y qué permisos se necesitaban. Este pro bono fue atendido por parte de la Clínica Jurídica del Instituto de Empresas, en concreto por un grupo de estudiantes supervisados por su director y de una abogada especialista en protección de datos, dando lugar finalmente a la Guía Jurídica del Fotógrafo. ¿Quién puede beneficiarse? Tendrán acceso a esta actividad las organizaciones sin ánimo de lucro o sus beneficiarios que tengan sede en el Estado español. También podrán hacerlo aquellas organizaciones que estén en proceso de
constitución y necesiten asesoramiento durante su creación. Las organizaciones deberán ponerse en contacto con los diferentes centros de coordinación existentes, como puede ser Probonos.net y solicitar la asistencia legal que necesiten, como puede ser un área concreta, la defensa de derechos humanos, o algo más general. Las solicitudes más demandadas suelen ser sobre temas civiles, elaboración de estatutos, creación de asociaciones; mercantiles, venta de productos, protección de datos; o temas fiscales, sobre cuestiones de tipo impositivo. Para su gestión, se ha creado la plataforma online de coordinación www.probono. net, una iniciativa de Hazloposible que cuenta con la colaboración de Fundación Aranzadi Lex Nova. Desde la abogacía, se están creando proyectos destinados a cumplir con la finalidad de impulsar el “desarrollo de proyectos de abogacía pro bono”, que se encuentran dentro del Plan Estratégico Abogacía 2020. Además, recientemente ha surgido la creación de la Fundación Pro Bono España, compuesta por 28 grandes despachos como Allen & Overy, Bufete Clifford Chance, Cuatrecasas, Huerta & Solana, Ramón y Cajal Abogados, entre muchos otros, con la finalidad de dar mayor facilidad de acceso al servicio prestado por los profesionales a la hora de prestar el asesoramiento necesario y una asistencia jurídica más amplia. La cuestión que todo esto suscita es si esta ayuda altruista facilitada por estos grandes despachos hará que se vea afectada la labor que se desempeña a través del turno de oficio por abogados en despachos unipersonales, y si será necesaria una regulación por parte del Estado para evitar posibles problemas a la hora de delimitar este tipo de ayudas.
