La Seguridad Ciudadana: Un problema de desarrollo humano y de gobernabilidad democrática
despertado la intervención de las agencias de cooperación para el desarrollo y de la banca multilateral. En este caso, se listan algunas experiencias de gobiernos nacionales. Las respuestas nacionales al fenómeno de la violencia y el delito no han sido uniformes. Debe destacarse, en primer lugar, que el desgobierno histórico de la seguridad ha dejado un vacío en la política pública, que debe describirse como la primera respuesta (o falta de) al problema. Un segundo grupo de reacciones, de corte populista, son las políticas llamadas de “mano dura” y, finalmente, es preciso mencionar algunas experiencias, lamentablemente escasas, de políticas públicas exitosas para el sector. En efecto, como se ha hecho mención, el común denominador en la región es la ausencia de políticas integrales de seguridad ciudadana, entendidas como políticas para prevenir y controlar el delito y reformar las instituciones del sector. Existe cierto consenso en la región sobre la necesidad de políticas públicas de salud, de educación, de reforma de la administración pública, pero no es sino muy recientemente que se ha creado la conciencia de la necesidad de una política pública de seguridad. La ausencia de políticas de seguridad por parte de las autoridades políticas tuvo, como consecuencia, una suerte de delegación hacia la policía de estas funciones. Las fuerzas de seguridad son las que, en los últimos años, definieron las políticas para reducir la violencia y el delito en la región. Es normal que, como consecuencia de ello, las políticas de seguridad se hayan reducido a respuestas policiales de tipo reactivo y que resulten excluidos la comunidad y los gobiernos municipales en la gestión de la conflictividad, con la consecuente ausencia de control social y baja efectividad. Ante la natural falta de resultados de las políticas policiales de seguridad y la creciente presión de la opinión pública, algunos gobiernos anunciaron un conjunto de medidas que dieron en llamar políticas de “mano dura”. Estas políticas se han caracterizado por un mayor despliegue de fuerzas en la vía pública, en general con apoyo de las fuerzas armadas, un endurecimiento de las normas que regulan la prisión preventiva y las penas alternativas a la prisión, la recreación de normas del llamado derecho penal de autor, es decir de sancionar por lo que se es (y no por lo que se ha hecho), como es el caso típico de las leyes antipandillas y, finalmente, una fuerte propaganda oficial que hacen hincapié sobre fuerte voluntad del gobierno de combatir el crimen. No hay un solo ejemplo en la región donde esta política haya tenido resultados positivos sostenibles. En Centroamérica, donde estas ideas han tenido mayor auge (aunque también en algunos países de Sudamérica), los índices de homicidios dolosos están en aumento, sin excepción. Por el contrario, se observa un aumento considerable de la sobrepoblación carcelaria, la disminución de la eficacia de las reformas al proceso penal producto del endurecimiento de las salidas no punitivas durante el proceso, la desnaturalización de las funciones militares a las de seguridad interna y, producto de la ausencia de resultados, un creciente descrédito, como se mencionó, sobre la capacidad de las instituciones para hacer frente al problema de la violencia y el delito. Además de estas consideraciones sobre la falta de eficacia de estas políticas, cabe señalar que muchas de estas iniciativas son contrarias a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos. Desde el ángulo opuesto, también se han observado en estos años políticas públicas diseñadas para atacar las causas de la violencia y el delito. Se sostuvo que una política de seguridad eficaz debía enfrentar la exclusión, la urbanización desordenada, las normas de socialización violentas, fomentar el uso productivo del tiempo libre de los jóvenes, entre otras medidas. En síntesis, se pusieron en marcha medidas que se concentraron casi exclusivamente en la prevención social. Este fue el caso de las políticas llevadas adelante por ciudad de Medellín hacia fines de los noventa o del gobierno de Uruguay hacia principios de esta década. Los resultados muestran en ambos casos que las medidas de prevención social, desde ya imprescindibles para una política integral de seguridad ciudadana, no alcanzan por sí solas a detener, en el corto y mediano plazo, la violencia y el delito. Las políticas de prevención social deben ir acompañadas de prevención institucional (y situacional) así como una eficacia de las respuestas de control cuando el hecho delictivo ya se ha producido. El panorama de las respuestas no estaría completo si no se mencionan algunas experiencias, lamentablemente escasas, de respuestas eficaces al problema de la violencia y el delito. El primer conjunto de ejemplos proviene de la activa participación de los gobiernos locales en la gestión de la seguridad. En efecto, cabe mencionar la experiencia de la ciudad de Bogotá, que como producto de una política integral y sostenida por diez años, ha logrado bajar los índices de homicidios en un 60%, mérito que cobra mayor relevancia si se
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