Anexo 2. Participantes en conversatorios

Anexo 4 Hitos del entorno/contexto

A lo largo de la década de los noventa, varias contingencias políticas, sociales y económicas configuraron un escenario macro dentro del cual se siguen desenvolviendo las ONGD bolivianas al principiar el siglo XXI:

– consecuencias de las políticas de ajuste estructural de primera generación: achicamiento del Estado, “relocalización” y “fondos”127 concebidos como mecanismos operativos de implementación de las políticas sociales; – políticas de apertura de frontera y libre-mercado: enraizadas en las anteriores, se implementaron más sistemáticamente desde la firma del Acuerdo de Marrakech y la conformación de la OMC (1994): eliminación progresiva de subsidios, aranceles, cuotas y barreras comerciales, con el fin de crear condiciones más favorables para la inversión y para las actividades del sector privado en general. – políticas de ajuste estructural de segunda generación: más particularmente la Participación Popular (Ley 1551 de 1994) con la emergencia del actor municipal urbano y rural que reconstituyó los territorios y asumió funciones en el desarrollo de su circunscripción; además, la Ley del Medio Ambiente (Ley 1333 de 1992), la Ley de Descentralización Administrativa (Ley 1654 de 1995), la

Ley Forestal (Ley 1700 de 1996) y la Ley INRA128 (1996);

127 FSE (1986); FIS (1987); FPS (desde 2000), FNDR (desde 1986), FDC (desde 1989 hasta su liquidación en 2002); FONAMA (desde 1992 hasta su disolución en 2004). 128 Ley 1715 del Servicio Nacional de la Reforma Agraria.

– situación financiera del país: la década de los noventa fue excepcional en cuanto a indicadores macroeconómico. El PIB creció a una tasa promedio del 4%, junto con un comportamiento macroeconómico favorable: baja inflación, déficit fiscal controlado y reservas internacionales crecientes. – políticas relacionadas con narcotráfico y contrabando: entre 1997 y 2001 se erradicó la totalidad de la coca ilegal del Chapare y se inició la modernización de la Aduana atacando al contrabando.

Ambas medidas afectaron seriamente al sector informal —sobre todo al comercial— con efecto inmediato en el sistema financiero (Escóbar y Vásquez 2001: 33). – preferencias arancelarias norteamericanas ATPA129: la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas promulgada en EE UU se hizo efectiva en 1992, como componente comercial del programa de la guerra contra las drogas de aquel país. – alivio a la deuda externa: el país accedió a la Iniciativa de Alivio para Países Pobres Muy Endeudados. El HIPC-I (aproximadamente $US 788 millones) se concretó en septiembre de 1998. – cambios en las bases sociales de la democracia: emergencia y visibilización de nuevos actores y movimientos sociales como los indígenas (Primera Marcha Indígena, “Por el territorio y la dignidad”, en 1990) y las mujeres que se articularon a luchas por la ampliación de la ciudadanía en el marco de la democracia representativa. Constitución de la CIOEC (1991) y de la AOPEB (1993), que pasaron a integrar y a representar a las denominadas OECA en el país; – surgimiento de nuevas redes transnacionales mundiales, como la

Vía Campesina (1993), o regionales, como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en 1984130, la Coordinadora Latinoamérica de Organizaciones del

Campo (CLOC) en 1994 y la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC) en 1996131 .

129 Por su sigla en inglés: Andean Trade Preference Act. 130 La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) se constituye recién en 2006. 131 La CLAC tiene su origen en la Coordinadora Latinoamericana de Pequeños Productores de

Café (CLA) y en la red latinoamericana de pequeños apicultores PAUAL, ambas fundadas en el año 1996; se formaliza como unitaria en el 2004 recién durante la quinta Asamblea

Regional de la CLA.