Historia mexicana 117 volumen 30 número 1 by Ce Ocelotl

HISTORIA

MEXICANA 117

EL COLEGIO DE M?XICO This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:54 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

historia mexicana 117

EL COLEGIO DE MEXICO This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:54 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Vi?eta de la portada Ilustraci?n de la revista El domingo (El Paso, febrero 3 de 1924).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:54 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

HISTORIA MEXICANA

Revista trimestral publicada por el Centro de Estud Hist?ricos de El Colegio de M?xico Fundador: Daniel Cos?o Villegas Redactor: Bernardo Garr?a Mart?nez

Consejo de Redacci?n: Jan Bazant, Romana Falc?n, Mois?s Gonz

Navarro, Andr?s Lira, Luis Muro, Elias Trabulse, Berta Ulloa, Jose

Zoraida V?zquez

VOL. XXX JULIO-SEPTIEMBRE 1980 N?M SUMARIO

Art?culos Joseph Richard Werne: Esteban Cant? y la sobera n?a mexicana en Baja California

Margarita Menegus Bornemann: Ocoyoacac ? Una comunidad agraria en el siglo xix

Thomas Benjamin: Revoluci?n interrumpida ? Chia pas y el interinato presidencial ? 1911

David J. Robinson y Carolyn G. McGovern: La mi graci?n regional yucateca en la ?poca colonial ? El caso de San Francisco de Um?n

Examen de Archivos Peter L. Reich: Algunos archivos para el estudio de

la historia eclesi?stica mexicana en el siglo xx 126

Jan Bazant: Los archivos de notar?as de Zacatecas 134 This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:54 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Examen de libros

sobre George Wolfskill y Douglas W. Richmond, (eds.) : Essays on the Mexican revolution (Roma

na Falo?n) 137

sobre Paul M. Roca: Spanish Jesuit churches in Me xico's Tar ahumara (Bernardo Garc?a Mart?nez) 144 sobre John M. Hart: Anarchism and the Mexican working class (Carmen Ramos E.) 147

La responsabilidad por los art?culos y las rese?as es estrictamente perso nal de sus autores. Son ajenos a ella, en consecuencia, la revista, El Co legio y las instituciones a que est?n asociados los autores.

Historia Mexicana aparece los d?as 1? de julio, octubre, enero y abril

de cada a?o. El n?mero suelto vale en el interior del pa?s $60.00 y

en el extranjero Dis. 450; la suscripci?n anual, respectivamente, $220.00

y Dis. 14.00. N?meros atrasados, en el pa?s $75.00; en el extranjero Dis. 5.00.

? El Colegio de M?xico Camino al Ajusco, 20 M?xico 20, D. F.

ISSN 0185-0172 Impreso y hecho en M?xico Printed and made in Mexico

por Fuentes Impresores, S. A., Centeno, 109, M?xico 13, D. F.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:54 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ESTEBAN CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA EN BAJA CALIFORNIA Joseph Richard Werne Southeast Missouri State University

Uno de los problemas que han acechado continuamente a

M?xico al tratar de defender su patrimonio nacional fren te a secesiones, conquistas, filibusteros y anexiones ha sido el peligro a veces imaginario pero con frecuencia real de

perder la Baja California, lugar que no pod?a estar m?s

distante geogr?ficamente de la capital. Antes de que los me dios de transporte modernos hubieran vinculado m?s firme

mente a la pen?nsula, el desierto de Sonora y el golfo de California acentuaban su aislamiento, haciendo que fuese a?n mayor la distancia que la separaba de la metr?poli. Su aislamiento geogr?fico fue el motivo de los bien fun dados temores que M?xico sent?a de que la Baja California pudiera ser absorbida por los Estados Unidos en el siglo xix y a principios del xx. El presidente James K. Polk tuvo la esperanza de poder anexar a la pen?nsula junto con la Alta California mediante el tratado de Guadalupe Hidalgo. James Gadsen intent?, aunque sin ?xito, incluir a Baja California

en el tratado de la Mesilla. Los Estados Unidos hicieron

otros esfuerzos por lograr el control de la pen?nsula, siendo

el m?s conocido el malogrado tratado MacLane-Ocampo. A

estos intentos oficiales deben sumaf se los de los particulares.

Aunque la expedici?n filibustera que organiz? William

Walker para arrebatar a M?xico la Baja California es la m?s conocida, la soberan?a del territorio volvi? a caer en peligro durante la primera d?cada de la revoluci?n mexicana.

Unos cuantos meses despu?s de que Francisco I. Made l

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

ro lanzara el plan de San Luis Potos?, Ricardo y Enrique Flores Mag?n enviaron un harapiento ej?rcito a invadir l Baja California con el fin ostensible de establecer ah? un rep?blica anarquista. La mayor?a de los que la invadieron fueron, sin embargo, filibusteros y aventureros que poco ten?an que ver con el anarquismo de los hermanos Flores Mag?n.1 Cualquiera que hubiera sido la intenci?n de las fuerzas magonistas que comandaba el mercenario Caryl Ap Rhys Pryce, o la actitud de los Estados Unidos frente a est revoluci?n patrocinada por los Industrial Workers of th World, los mexicanos f?cilmente se persuadieron de que la Baja California ser?a el siguiente objetivo de la "avarici yanki".3 La avaricia no era la ?nica raz?n para temer una inter venci?n por parte de los Estados Unidos. El canal All-Amer ican que hoy abastece de agua al Valle Imperial a?n no se hab?a construido, y los agricultores depend?an de las obras

de irrigaci?n de la zona de Mexicali. Cualquier disturbio en el distrito norte de Baja California representaba una amenaza

para la agricultura en gran escala del Valle Imperial. Los

disturbios revolucionarios pon?an en peligro tambi?n las ga nancias potenciales de la Calofirnia-Mexico Land and Cattle Company, cuyos directores eran Harrison Gray Otis, el edi tor conservador del Los Angeles Times, y su yerno Harry Chandler. Esta compa??a era due?a de 33 670 hect?reas de tierra en el norte de Baja Colifornia y esperaba poder ex

plotarlas a base de irrigaci?n.3 Como los intereses Otis

Chandler constitu?an la empresa norteamericana m?s cons

picua de la zona, los mexicanos nacionalistas la ve?an con

temor y recelo. Los temores mexicanos con respecto a las propiedades de esta compa??a, sin embargo, nunca llegaron a materializarse.4 i Blaisdell, 1962. V?anse las explicaciones sobre siglas y referen

cias al final de este art?culo.

2 El Pais (6, 7 jul. 1911). 3 Chamberlin, 1951, p. 44. 4 Blaisdell, 1966, pp. 585-393.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

Resulta pues claro que para la segunda d?cada del si

glo xx M?xico pod?a referirse a amenazas a su soberan?a en la Baja California tanto en el presente como en el pasado. Despu?s del fracaso de la revuelta magonista la pen?nsula

atraves? por un per?odo de tranquilidad que el resto del

pa?s no comparti?. La relativa paz de que goz? la Baja

California en esos a?os no dio lugar a que los Estados Uni dos encontraran un pretexto para intervenir, ni siquiera cuando la ocupaci?n de Veracruz o la expedici?n punitiva a Chihuahua. Si los Estados Unidos consideraron que no era necesario tomar bajo su control las obras de irrigaci?n del valle de Mexicali fue gracias a los esfuerzos del coronel Es teban Cant? Jim?nez, comandante de la guarnici?n de Me xicali y m?s tarde gobernador del distrito norte de la Baja California. La obra de Lowell L. Blaisdell, The desert revolution, y la de Juan G?mez Qui?ones, Sembradores ? Ricardo Flo res Mag?n y el Partido Liberal Mexicano, entre otras, tratan

de las ideas y las acciones de Ricardo Flores Mag?n, pero

no se ocupan de la ?poca de Cant?, que sigui? al co

lapso de las fuerzas magonistas en 1911.5 El art?culo de Blais dell, "Harry Chandler and Mexican border intrigue", tam poco trata del r?gimen de Cant?, sino que ?nicamente prueba la inocencia de Chandler en tal intriga. Keith Chamberlin ofrece el estudio m?s completo de la ?poca en su "Mexican

colonization versus American interests in Lower Califor

nia", pero se interesa principalmente en lo que podr?amos

llamar la mexicanizaci?n de la Baja California durante las cuatro d?cadas despu?s de 1910. A pesar de que Cant? jug? un papel importante en este asunto, el ?til art?culo de Chamberlin no presenta una visi?n completa de su per?odo de gobierno. El mejor estudio general acerca de la pen?nsu la es la Historia de Baja California de Pablo L. Mart?nez, aunque su tratamiento de los a?os de Cant? resulta un tan to d?bil. Como al parecer no existe un estudio completo 5 G?mez Qui?ones, 1974. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

acerca de la ?poca, esperamos que este ensayo ayud brir parcialmente esta necesidad. Esteban Cant? comenz? su ascenso pol?tico y milita Baja California despu?s de la derrota y desintegrac las fuerzas magonistas invasoras. La revoluci?n anarq de los hermanos Flores Mag?n estall? cuando Porfirio estaba ya bajo fuertes presiones de los l?deres revolu rios que se adhirieron a Madero. Los esfuerzos del va coronel Celso Vega, gobernador de Baja California en y las disensiones en las filas magonistas salvaron a la r de un verdadero caos hasta la llegada de refuerzos. Cu las tropas mexicanas iban en camino para ayudar a V r?gimen de D?az cay? y pas? a gobernar interinament cisco Le?n de la Barra. Por lo dif?cil del terreno y la falta de medios de t porte, el gobierno se vio forzado a enviar las tropas d California por el ferrocarril Southern Pacific, con la rizaci?n del gobierno de los Estados Unidos.6 Los cuer infanter?a y caballer?a llegaron a Mexicali en las pri horas del d?a 26 de junio de 1911. El comandante d pedici?n, general Manuel Gordillo Escudero, que pe

ci? por un tiempo en Ciudad Ju?rez, coloc? a Cant

entonces era mayor, a cargo de Mexicali con c?en hom mientras el resto del destacamento segu?a rumbo a Tij

Cuando Cant? lleg? a Mexicali Rodolfo Gallego c

laba la ciudad con casi cuatrocientos soldados. Seg?n e

b?a Cant? algunos a?os despu?s, Gallego era un ran

local de "corpulencia robusta", ciudadano de los Estado

dos y que dec?a ser maderista.8 Al parecer, Gallego

? Blaisdell, 1962, p. 175; Zorrilla, 1966, n, p. 214. 7 Cant? Jim?nez, 1957, pp. 7, 11. Esta fuente, escrita tre

siete a?os despu?s de que Cant? dejara el gobierno de Baja Califo narra y hace una apolog?a de su gobierno. Aunque est? directam

relacionada con la elecci?n de Cant? al senado del nuevo est

Baja California y debe utilizarse con ciudado, es una fuente pri indispensable para este per?odo. s Cant? Jim?nez, 1957, pp. 13-15. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

organizado a un grupo de voluntarios a quienes hab?a p dido equipar usando el ferrocarril de San Diego a Yum para expulsar a las tropas magonistas de Mexicali.9 Can cre?a, por otro lado, que los hombres de Gallego eran l

filibusteros a quienes Vega hab?a derrotado anteriormente

Cualquiera que hubiese sido su prop?sito, Cant? logr? d armar a los seguidores de Gallego con la ayuda de algunos de los habitantes de Mexicali. Cant? logr? lo anterior s derramamiento de sangre, y los complacidos ciudadanos d Mexicali, que se hab?an refugiado en Calexico, del otro lad

de la frontera, regresaron a sus hogares.10 A pesar de ciert rumores sobre violencia revolucionaria, el valle de Mexica

permaneci? en calma despu?s de que Cant? elimin? la p tencial amenaza de los voluntarios de Gallego. Cant? s

gan? adeptos personales en el valle de Mexicali desde muy temprano, y para 1914 se hab?a granjeado la confianza de muchos en toda Baja California Norte.11 Adem?s de las tr pas regulares que estaban a su cargo, Cant? organiz? en M xicali a Un grupo de voluntarios, que llegaron a ser conoc dos como "Cuerpo de Caballer?a Esteban Cant?", y que ayudaron a mantener el orden y crear un clima de confian y tranquilidad en el distrito.12 Se asegur? la lealtad de las fuerzas regulares insistiendo en que se les pagara en oro, s aceptar ninguna otra moneda de las que circularon durant los a?os revolucionarios.13 Cant? adquiri? tambi?n conoci miento topogr?fico del distrito norte, que le fue muy val so para retener su posici?n durante los avances y retroceso de la revoluci?n en el resto del pa?s.14 Cant? prob? su paridad para mantener a Baja California fuera de la rev luci?n al derrotar en 1913 a una peque?a fuerza carrancist ? Los Angeles Times (19 ago. 1920) ; Mart?nez, 1956, p. 502. io Cant? Jim?nez, 1957, pp. 15-17; Ulloa, 1971, p. 82. il Cant? Jim?nez, 1957, pp. 24, 37-38. 12 Salazar Rovirosa, 1956, vni, pp. 21, 28.

13 Los Angeles Times (19 ago. 1920).

14 Cant? Jim?nez, 1957, pp. 25-26.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

encabezada por el coronel Luis Hern?ndez en el r?o Colo

do. El presidente Victoriano Huerta lo condecor? por

valor y lo ascendi? a coronel.15 Mientras Cant? se reafirmaba en su posici?n, los disti tos gobernadores del territorio eran incapaces de manten se en el poder. El general Gordillo Escudero reemplaz gobernador porfirista Celso Vega en 1911, pero fue t insatisfacci?n de la gente del territorio que ?l mismo pr

ri? dejar el puesto.16 Desde entonces la gubernatura

distrito norte de Baja California sufri? cambios tan frec

tes como los del palacio nacional. Cuando los constitu

nalistas lograron finalmente el control de la ciudad de M xico Cant? les dio su apoyo, pero condujo desde el princ una batalla sorda en contra del reci?n nombrado gobe dor constitucionalista Baltasar Aviles, cuya ineptitud pol? no podr?a rivalizar con el ambicioso comandante militar guarnici?n de Mexicali.17

Teniendo bajo su control una regi?n que r?pidamen

se convert?a en el centro econ?mico m?s importante del trito norte de Baja California, Cant? estuvo siempre en

taja en su lucha contra Aviles, que estaba en Ensenad capital del territorio. La posici?n de Aviles se debilit? m?s cuando decidi? irse a vivir con su familia a San Dieg lugar en el que permaneci? la mayor parte de su breve r?odo de gobierno. Las guarniciones de Tijuana y En da se levantaron contra el gobernador en agosto de 1 y Cant? intervino a favor de los rebeldes. Crucial para Cant? lograra el liderazgo de esta revuelta fue la posi dad que ten?a de pagar a las tropas en oro. Mientras Av realizaba su ?ltimo viaje a San Diego, Cant? mudaba l pital a Mexicali. Al poner bajo sus ?rdenes a las tres g

15 Obreg?n, 1917, pp. 120-121; Mart?nez, 1956, pp. 522-525. i? Cant? Jim?nez, 1957, p. 23; La Naci?n (23 jun. 1912) ; San Die

Union (7 sep. 1912).

it Los Angeles Times (19 ago. 1920) ; Mart?nez, 1956, p> 526.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

niciones, Cant? pasaba a convertirse en el hombre fuerte de la pen?nsula durante los siguientes seis a?os.18

El primero de muchos intentos para expulsar a Cant?

fue obra de la Convenci?n de Aguascalientes, que nombr?

al coronel Enrique Anaya como gobernador de Baja Cali fornia.19 Anaya lleg? a Mexicali el 24 de agosto y mand? que Cant? se pusiese bajo sus ?rdenes, pero Cant? opinaba

que Anaya no ten?a las credenciales apropiadas. Pero al mis

mo tiempo que Cant? se rehusaba a entregar a Anaya la guarnici?n de Mexicali, declaraba que entregar?a su puesto a cualquier carranrista a quien el primer jefe entregara las credenciales apropiadas.20 Aunque Cant? acept? en aparien cia el liderazgo de Carranza en la revoluci?n, jur? tambi?n lealtad al presidente convencionista Eulalio Guti?rrez, o qui z? m?s correctamente a Francisco Villa, quien lo reconoci? como gobernador en enero de 1915.21 Parec?a como si el re cientemente nombrado gobernador militar hubiera tratado de establecer un principado aut?nomo, ligado en forma me ramente nominal al gobierno central.

Mientras la Baja California estuvo bajo su dominio,

Cant? dict? sus propias leyes, nombr? sus propios oficiales e impuso sus propios impuestos y derechos de importaci?n.

?l fue su propia ley y las ?rdenes de la ciudad de M?xico casi no se cumplieron.22 El territorio no pagaba un solo

peso en impuestos a la tesorer?a carrancista.28 Una afrenta m?s seria era el hecho de que Cant? se negara a usar dine is Cant? Jim?nez, 1957, p. 39; Mart?nez, 1956, pp. 527-529; Calexi co Chronicle (21 ago. 1914) ; El Pueblo (7 oct. 1914) ; San Diego Union (2, 8, 9, 10, 18 die. 1914).

19 The New York Times (22 ago. 1920). 20 Calexico Chronicle (25, 28 ago. 1920). 21 Obreg?n, 1917, p. 372; The Mexican Herald (2 oct. 1914); Mar t?nez, 1956, p. 529. 22 Investigation, 1920, p. 2998; Los Angeles Times (5 ago. 1920) ; Calexico Chronicle (9 sep. 1916) ; Gershon al Departamento de Estado (24 feb. 1917) y Fly a McNamee (3 jun. 1918), en NA, IAM. 23 Fullam al secretario de Marina (29 may. 1918), en NA, IAM. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

ro mexicano de cualquier cu?o y utilizara en cambio el los Estados Unidos.24 Pero es necesario admitir, para ser

tos, que debido a las estrechas relaciones econ?micas q

exist?an entre Baja California Norte y los Estados Unido el utilizar d?lares era m?s una cuesti?n de conveniencia q

una traici?n. Cant? demostr? independencia de todas

facciones cuando declar? a Baja California neutral durant la ocupaci?n norteamericana en Veracruz y despu?s dura te la persecuci?n de Villa por Pershing.25 El gobernad declar? que la expedici?n de Pershing "no concierne a habitantes de esta parte del pa?s. Nuestra actitud es la mantener relaciones pac?ficas en todo momento, por el i ter?s com?n de los norteamericanos y del pueblo mexica de esta frontera".26

Cant? pudo desafiar a Villa y a Carranza en parte p

que su territorio era inaccesible desde el centro de M?xic Desiertos, monta?as y el golfo de California serv?an de p tecci?n al gobernador, quien quer?a adem?s un buen arsen de armas y municiones para su defensa.27 El gobierno

Carranza se dio cuenta desde octubre de 1914 de las d cultades que opon?an la distancia y la falta de comun dones a cualquier intento por desalojar a Cant?.28 Adem de la protecci?n que el aislamiento geogr?fico le ofrec Cant? se benefici? de los efectos paralizantes de la gue civil entre Villa y Carranza. A esto deb?a a?adirse que

las primeras etapas del conflicto el vecino estado de Son hab?a quedado dividido entre los seguidores de Alvaro Ob g?n y los del gobernador anterior Jos? Mar?a Maytorena,

que hizo que la intervenci?n en la Baja California fu considerada a lo sumo como una tarea pendiente para

24 San Diego Union (18 die. 1914) ; Los Angeles Times (19 a 1920). 25 The New York Times (16 jun. 1916). ?26 Calexico Chronicle (18 mar. 1916).

27 Hopkins al Departamento de Estado (22 ago. 1916), en NA,

IAM, 812.00.

as El Pueblo (28 oct 1914).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

futuro.29 Ni Villa ni Carranza llegaron a controlar Son

S?lo peligr? la posici?n de Cant? cuando la dinast?a

rense que encabezaba Obreg?n lleg? al palacio nacional.

Otra ventaja que ten?a Cant? era su aparente dom

del arte de disimular. En un momento o en otro declar su adhesi?n a Villa, a Guti?rrez o a Carranza, y cada de ellos lo nombr? gobernador.30 Cant? quiso aparecer blicamente leal a Carranza, pero se rehus? a darle su re nocimiento hasta que el primer jefe lo reconoci? a ?l. D dose cuenta de que no era pol?tico hacer que la ira de Venustiano llegara a extremos, Cant? promulg? la co tuci?n de 1917 y dej? en claro que pensaba dar al pr jefe su voto territorial en las elecciones nacionales.8 gran ayuda para Cant? result? ser su hermano Jos?, qu se adhiri? a la revoluci?n desde el principio como miem del estado mayor de Carranza, sobre quien ejerc?a una c influencia.*2

El territorio que controlaba Cant? sirvi? de refug

grupos disidentes entre los que hab?a huertistas, villis felicistas. El gobernador sosten?a correspondencia con migos de Carranza que representaban a F?lix D?az en va York, con Zapata, con Villa y, en especial, con Ma Pel?ez, el l?der revolucionario de los campos petroleros Tampico y Tuxpan. El hermano de ?ste ?ltimo, Ignac l?ez, y Jos?, el hermano de Cant?, estuvieron en cont estrecho durante alg?n tiempo en los Estados Unidos.38 su propia sobrevivencia Cant? deseaba que la revuelta f cista tuviera ?xito en Sonora. Aunque ayud? a los felic

d?ndoles dinero, armas, municiones y refugio en la

California, ten?a la intenci?n de controlar a Sonora, y e 20 Cumberland, 1972, pp. 131-132.

bo Mart?nez, 1956, pp. 530-531; El Universal (25 jun. 1917) ; Bi Gershon al Departamento de Estado (24 feb. 1917), en 1AM, 812.00; El Universal (5 mar. 1917). 82 Calexico Chronicle (13 feb 1916) ; Mart?nez, 1956, pp. 533-5 83 Obreg?n, 1917, p. 372; Exc?lsior (27 ago. 1920) ; Testimonio Jones (17 mayo 1920), en Investigation, 1920, p. 2998.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

en contacto casi con cualquier rebelde anticarrancista en M?xico.84 Teodoro Frezieres, c?nsul de M?xico en Los ?ngeles, in form? a Carranza acerca de las ligas que Cant? manten?a con el grupo rebelde, diciendo que en su opini?n el l?der

era Cant?. Afirm? tambi?n que el gobernador ten?a bajo su control al c?nsul mexicano en San Diego y a su antecesor

en el consulado de Los ?ngeles. El c?nsul cre?a que Cant?

resultaba ser especialmente peligroso por estar fuera del al cance del gobierno y tener fondos para ganarse la voluntad de sus seguidores.85 Cant? admiti? abiertamente ante P. M.

Godchaux, un agente de la oficina de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que pen

saba iniciar una revoluci?n en contra de Carranza ali?ndose con Villa y Pel?ez. El gobernador esperaba cooperaci?n com pleta por parte de Washington y cre?a que no tendr?a di ficultad alguna para importar armas y asegurar el ?xito de la revoluci?n, que seg?n predec?a ser?a la m?s grande que

habr?a de tener lugar en M?xico.36 Lo m?s probable era que Cant? jam?s hubiera pensado realmente en promover la revoluci?n, y no era dif?cil que hubiera hecho esta de claraci?n para llamar la atenci?n de los Estados Unidos

sobre su estatus independiente. Cant? hizo esfuerzos para mantener buenas relaciones con los Estados Unidos en forma consistente, pero a?os despu?s declar? en su testimonio pol?tico que al tomar bajo su man

do a la Baja California hab?a tenido que enfrentarse a la oposici?n de los intereses de los Estados Unidos en la zona controlada por la California-M?xico Land and Cattle Com pany. A principios de 1915 Harry Chandler, uno de los di 34 Creese [Jones] al secretario de Estado (4, 27 sep. 1918), en NA,

IAM 812.00; Testimonio de Jones (17 mayo 1920), en Investigation,

1920, p. 3051. 35 Frezieres a Carranza (26 abr. 1918), en Investigation, 1920, pp. 2997-2998. 3? Testimonio de Jones (17 mayo 1920) , en Investigation, 1920, pp. 2889, 3016, 3042.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

rectores de la compa??a, fue acusado de violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. Seg?n se dec?a, Chandler se hab?a aliado con el depuesto gobernador Aviles en diciem bre de 1914 para derrocar a Cant?.87 La expedici?n filibus tera propuesta nunca lleg? a materializarse. Chandler qued? libre de sospechas en los tribunales de los Estados Unidos, si bien no en las mentes de los mexicanos, y eventualmente los intereses norteamericanos de la zona encontraron en Can t? a un socio confiable, aunque c?nico. Este ?ltimo hizo toda clase de esfuerzos para ganar una opini?n conciliadora del otro lado de la frontera, procurando promover relaciones amistosas con los empresarios de Calexico y San Diego. Ayu d? tambi?n con frecuencia a los productores de algod?n del valle de Mexicali, rebajando los impuestos de exportaci?n

del algod?n que ten?a que ser llevado a despepitar a Cale

xico. As?, logr? conciliar los intereses de empresarios de am bos lados de la frontera. Cant? mostr? nuevamente la con

sideraci?n que guardaba a los intereses de los Estados Uni dos cuando envi? tropas mexicanas para romper una huelga en contra de la Imperial Valley Development Company?* El gobernador Cant? cultiv? las relaciones con represen tantes oficiales de los Estados Unidos de todos los niveles, creyendo posiblemente que era una forma de salvaguardar

se. Cuando el ministro de Fomento de Carranza, Pastor Rouaix, visit? Ensenada, Cant? lo mantuvo bajo una vi st Blaisdell, 1966, pp. 385-393; Chamberlin, 1951, p. 44. Refiri?n

dose a un intento por derrocarlo, Cant? culp? a la Colorado River Land Company, negociaci?n de la que la California-Mexico Land and Cattle Company era filial, pero no mencion? a Chandler. Cant? Ji

menez, 1957, pp. 17-19. 38 Calexico Chronicle (17 abr. 1914; 29 mayo, 12 nov. 1915; 4 ene.

1916; San Diego Union (28 abr., jun. 1917). Haciendo otro esfuer zo por lograr relaciones amistosas, Cant? don? $500 a la Cruz Roja de San Diego poco despu?s de que los Estados Unidos entraron a la

guerra. San Diego Union (6 jul. 1917) . El editor del San Diego Union,

Herbert R. Fay, no encontr? elogios suficientes para el gobierno de Cant?. San Diego Union (13 ago. 1917; 24 jul. 1919). This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

gilancia tan estrecha que durante su estancia Rouaix no pudo hablar con nadie a solas. Aunque Cant? le ofreci? una recepci?n bastante cordial, no perdi? oportunidad para que

Rouaix lo viera con el c?nsul de Estados Unidos en Ense nada y para impresionarlo por sus supuestamente estrechas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos.89 Despu?s

de Ensenada, Rouaix parti? a San Diego en donde la c? mara de comercio de la ciudad le ofreci? un almuerzo, al que Cant? estaba invitado pero al que s?lo mand? un re presentante. Despu?s del almuerzo, en los discursos, los

miembros de la comitiva de Rouaix no mencionaron a Can

t? para nada, y el representante de Baja California tampoco

rindi? tributo alguno a Rouaix ni mencion? para nada a

M?xico o a su presidente, limit?ndose a hablar de las relacio nes de cordialidad que exist?an entre el estado de Califor nia y Cant?.40 El gobernador logr? hacer creer durante mu chos a?os en ambos lados de la frontera que gozaba de un raro prestigio en Washington. Seg?n el c?nsul de los Esta dos Unidos Walter F. Boyle, este prestigio se deb?a a que los representantes de Cant? ante el gobierno de los Estados Unidos generalmente eran ciudadanos norteamericanos muy

prominentes. Aunque Boyle no dijo qui?nes eran, explic? en un despacho al secretario de Estado que Cant? negocia

ba directamente con los representantes locales de distintas oficinas de gobierno de los Estados Unidos, como la de Inte ligencia Militar y los departamentos de Justicia, Agricultura y Aduanas, haciendo que cada uno de los representantes cre yera que ejerc?a una gran influencia sobre ?l, que no com part?an los otros representantes.41

3? Johnstone a Fullam (24 jun. 1918), en NA, IAM, 812.00; El Universal (27 jun.. 1918). 40 Fullam al secretario de Marina (24 jun. 1918), en NA, IAM, 812.00. 41 Boyle al secretario de Estado (25 ago. 1920), en NA, IAM, 812.00/24495. Antonio Grajeda, secretario de Cant? que hab?a sido vicec?nsul en Nueva York, era amigo personal de Teodoro Roosevelt.

San Diego Union (13 ago. 1917).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

Un motivo de preocupaci?n para los Estados Unidos eran las actividades de los agentes alemanes que operaban en la Baja California. El telegrama Zimmerman no pod?a olvidarse f?cilmente, y las sospechas de los Estados Unidos aumenta ron cuando se supo que Pablo Dato, suegro de Cant?, que dec?a haberse naturalizado como ciudadano norteamerica no, era un agente alem?n activo. Exist?an tambi?n temores de que los alemanes que trabajaban en el Valle de Mexicali

pudieran sabotear las obras de irrigaci?n. La mayor?a de ellos hab?a cruzado la frontera huyendo cuando los Esta

dos Unidos entraron en la primera guerra mundial.42 Cant? entreg? a las autoridades norteamericanas a oficiales alema nes que hab?an sido esp?as en los Estados Unidos, pero ?ni camente a aquellos que no le eran de alguna utilidad.48

Preocupaban tambi?n en los Estados Unidos los conti

nuos reportes que se recib?an acerca de una estaci?n de ra dio alemana que transmit?a desde Baja California, as? como de una ruta que permit?a a los agentes alemanes pasar de la frontera de California a Guaymas, Sonora. Aunque Cant? bien pudo estar al tanto de la estaci?n de radio, fracasaron los intentos realizados por oficiales de inteligencia norteame ricanos para localizarla.44 Como el env?o de partidas para buscarla en el interior de Baja California result? dif?cil y poco fruct?fero, el teniente Joseph K. Hutchinson, del De

partamento de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, trat? de averiguarlo a trav?s de Cant?. Una excusa plausi ble para negociar directamente con Cant? era el hecho de que el Departamento de Estado hab?a encargado a la Inte ligencia Naval la investigaci?n para levantar la sentencia de

42 Gershon al Departamento de Estado (9 may. 1918), en NA, IAM, 812.00.

43 Hutchinson al director de Inteligencia Naval (11 sep. 1918), en NA, IAM, 812.00; Testimonio de Jones (17 may. 1920), en Inves tigation, 1920, p. 3017.

44 San Diego Union (28 sep. 1914); Hutchinson al director de In teligencia Naval (15 oct. 1918), en NA, IAM, 812.00; Lansing al pre

sidente (18 abr. 1917), en NA, RUSM, 711.12/43 A.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

prisi?n de Fred Dato, cu?ado de Cant?, que estaba convicto

en los Estados Unidos por violar la orden del presidente

Wilson que prohib?a la exportaci?n de armas y municiones a M?xico. Como era deseable oir la verdi?n de Cant? en rela

ci?n al caso Dato, Hutchinson le hizo una serie de entre vistas que al principio s?lo se limitaron al caso Dato pero

que con el tiempo se fueron ampliando a otras cuestiones.45

La estaci?n de radio nunca pudo ser localizada, pero las conversaciones llevaron a Cant? a proponer que los Estados Unidos modificaran, revisaran o levantaran el embargo de

exportaciones de Estados Unidos a Baja California a cam bio de lo cual Cant? ofreci? lo siguiente: revelar de inme diato informaci?n acerca de importantes actividades de los alemanes en los Estados Unidos; poner bajo la custodia de los Estados Unidos a cualquier persona involucrada en Baja California con actividades en contra de los Estados Unidos; suprimir toda forma de agitaci?n en Baja California en contra de los Estados Unidos; confiscar o destruir todas las estaciones de radio al servicio de los enemigos de los Esta dos Unidos; y poner fin al tr?fico de drogas y mujeres en

la frontera.46 De hecho lo que Cant? quer?a era obtener una licencia para poder importar cualquier producto, desde t? hasta asfalto. El Departamento de Estado norteamericano accedi? a la petici?n de Cant? a condici?n de que fuera un arreglo meramente temporal, del que no habr?a de llevarse registro y del que cualquiera de las dos partes podr?a sus traerse en el momento que quisiera.47 Cant? quer?a tam bi?n que se levantara el embargo sobre pasaportes para abrir el nuevo hip?dromo de Tijuana.48 Parte de los ingresos que percibi? provinieron de las apuestas del hip?dromo, aunque tambi?n de su participaci?n econ?mica en el trato de blan 45 Hutchinson al director de Inteligencia Naval (13 mayo 1918), en NA, IAM, 812.00. 4? Wells a Harrison (5 jun. 1918), en NA, IAM, 812.00 47 Harrison a Auchincloss (14 mayo 1918), en NA, IAM, 812.00. 48 Fly a McNamee (3 jun. 1918) , en NA, IAM, 812.00.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

cas, del opio, coca?na, morfina y hero?na, de bares y toda clase de tugurios, de garitos y de la extorsi?n. En esta forma lograba suplementar los ingresos de la Baja California y sus propios ingresos personales.49

Durante dos o tres a?os bajo el gobierno de Cant? lle

garon a Mexicali y a Tijuana aproximadamente setecientas mujeres norteamericanas reclutadas para los burdeles, que en algunos casos hab?an sido transportadas por tratantes de blancas. En El Tecolote, un garito de Mexicali, exist?an al rededor de ciento setenta y cinco prostitutas, y las licencias reportaban a Cant? mensualmente entre trece y quince mil d?lares. En esa ?poca se estima que un noventa por ciento de los ingresos que Cant? recababa del vicio proven?an de ciudadanos de los Estados Unidos.50 Las protestas se hicie ron sentir en ambos lados de la frontera. Deplorando la si

tuaci?n de la Baja California, que para 1920 hab?a alcan

zado proporciones alarmantes, Exc?lsior hizo responsables de

ella a la prohibici?n y a los millares de norteamericanos que ven?an a Tijuana y a Mexicali en busca de libertinaje; el San Diego Union compart?a la misma opini?n.51 Boy

ler, el c?nsul de Estados Unidos en Mexicali, afirmaba que muchas personas estaban bajo el control de los concesiona

rios del vicio, especialmente ciudadanos norteamericanos m?s o menos prominentes que frecuentaban los garitos de Me xicali. Comenzaban por perder su dinero, giraban cheques a favor de la instituci?n de juego, y volv?an a perder. No les quedaba m?s remedio entonces que pedir a la instituci?n que no cobrara los cheques hasta que tuvieran los fondos ne cesarios. Como los cheques no costaban nada a la instituci?n ?sta acced?a prontamente, obteniendo con ello un arma que,

49 Elliott a McAdoo (8 jun. 1916) y Earl a Lansing (12 jul. 1916),

en NA, IAM, 812.4066/0002 y /0031.

50 Simpich al Departamento de Estado (16 abr. 1917), en NA,

IAM, 812.113/6580.

51 Calexico Chronicle (23 mayo 1910) ; Exc?lsior (19 jul., 6 ago.

1920) ; San Diego Union (19, 20, 28 abr. 1915) .

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

seg?n explicaba Boyle, le permit?a tener bajo su control a ciudadanos m?s o menos prominentes. La instituci?n del jue go fue as? una especie de agencia al servicio de Cant?.52

Boyle tambi?n se sent?a preocupado por la pol?tica de

Cant? con respecto a los inmigrantes chinos. La xenofobia, que alcanz? un grado muy alto con la revoluci?n mexicana, encontr? expresi?n en la agitaci?n en contra de los chinos en Sinaloa, Sonora y Baja California.58 El Club Dem?crata Sonorense se opuso oficialmente a la inmigraci?n china des

de 1911.54 Un editorial de El Diario declaraba al mismo tiempo que la colonizaci?n de la Baja California deb?a ser llevada a cabo ?nicamente por mexicanos.55 Rumores de que en Mexicali era m?s alto el n?mero de adultos asi?ticos que el de mexicanos hicieron que aumentara el sentimiento an tichino.56

Uno de los monumentos que leg? Cant? fue una colonia china de siete u ocho mil hombres adultos que resid?an en Mexicali y sus cercan?as. Seg?n Boyle, que no era amigo de Cant?, cada uno de ellos tuvo que pagar entre 135 y 140 d?la res a Cant? por el privilegio de entrar a Baja 'California, cien

para el gobierno del territorio y el resto para su propio bolsillo. Esta colonia cumpli? con las expectaciones al pro

porcionar individuos explotables que trabajaban duro, pro

duc?an riqueza y no se quejaban. Favorec?a esta situaci?n el hecho de que los chinos esperaran desde el principio ser

explotados y que aguantaran cualquier grado de explota

ci?n que no excediera el compartir el cincuenta por ciento de sus propiedades con los explotadores. Los chinos tuvieron que pedir prestadas grandes sumas de dinero para financiar sus cultivos de algod?n. Hombres de negocios norteamerica

52 Boyle al Departamento de Estado (25 ago. 1920) , en NA, IAM, 812.00/24495.

53 El Correo de la Tarde (21 ago. 1920) ; Excelsior (1? ago. 1919). 54 El Imparcial (28 jun. 1911). 55 El Diario (17 jun. 1911).

56 Calexico Chronicle (24 oct. 1919) .

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

nos las facilitaron gustosamente al veinticuatro por ciento anual, estipulando adem?s que los deudores deb?an llevar

su algod?n a despepitar a la m?quina del prestamista. En

general, los habilitadores consideraban que los colonos cum pl?an bastante bien con sus compromisos, pero se sent?an m?s

seguros por la garant?a t?cita que les brindaba Cant? al ofre cerles emplear cualquier medio legal o ilegal para forzar a los chinos a cumplir con sus obligaciones. Obviamente, los intereses financieros ofrec?an un s?lido apoyo a Cant?.57

La agitaci?n en Mexicali en contra de los chinos lleg?

a ser motivo de tanta preocupaci?n para Cant? que no tuvo

m?s remedio que publicar una carta abierta a los ciudada nos, asegur?ndoles de nuevo su deseo de poblar el territorio con mexicanos.58 Pero, al mismo tiempo, Cant? no cerr? las

puertas a la inmigraci?n china. El sentimiento antichino hizo que fuera m?s popular y f?cil para Cant? explotar a

la colonia. Forz? tambi?n a los agricultores norteamericanos a aceptar trabajadores mexicanos en el Valle Imperial.59 Cant? percib?a enormes ingresos. Durante la cosecha de algod?n de 1919 las exportaciones de este producto alcanza ron un valor de cerca de $16 000 000 y el gobierno recab? $2 000 000 por concepto de impuestos de exportaci?n. Los ingresos por importaciones, impuestos sobre la tierra y el trabajo, y concesiones para el juego y otros vicios hicieron aumentar los ingresos del territorio a $5 000 000 anuales.60 Cant? otorgaba tambi?n concesiones para el tr?fico del opio,

que inicialmente le reportaban $45 000 y despu?s $10 000

S7 Boyle al Departamento de Estado (25 ago. 1920), en NA, IAM,

812.00/24496. 5* Calexico Chronicle (24 oct. 1919). Algunas de las tropas de Can t? se amotinaron en Algodones cuando soldados leales trataron de evi tar el linchamiento de algunos trabajadores chinos. San Diego Union

(9, 10 sep. 1919).

5? Le Courier du Mexique (15 sep. 1919) ; Chamberlin, 1951, p. 47.

?0 Boyle al Departamento de Estado (25 ago. 1920), en NA, IAM,

812.00/24495.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

mensuales.61 Cant? tuvo que ir a juicio una vez que el go

bierno federal mexicano prohibi? el tr?fico del opio. Enton

ces Cant? recogi? todo el opio, pero no lo destruy?; o lo vendi? ?l mismo o lo devolvi? a cambio de una fuerte

suma.62 Casi todo el opio refinado fue enviado a los Estados Unidos con la ayuda de la familia Dato.63 Mientras que el opio entraba de contrabando a los Esta

dos Unidos, ametralladoras y municiones llegaban a Baja California tambi?n de contrabando para acrecentar el po der?o de las tropas de Cant?, que eran aproximadamente unos mil hombres preparados para repeler cualquier inva

si?n de tropas federales.64 Cant? tambi?n estaba construyen do una carretera militar entre Tijuana y Mexicali, y trat? de comprar de quinientos a mil cartuchos de dinamita en los Estados Unidos, pero ese tipo de materiales estaba bajo un embargo y no se permit?a su exportaci?n.65 No es il?gico pensar que Cant? hubiera tratado de introducirlos de con trabando, pero no existe ninguna evidencia de que haya po dido hacerlo. Aunque ciertamente la construcci?n de la ca rretera lo hac?a requerir dinamita, Cant? tuvo m?s ?xito para obtener aviones. Negoci? con la Martin Aircraft la com pra de siete aviones Mart?n Special, y contrat? a pilotos nor teamericanos.66 Boyle cre?a que Cant? deseaba usar estos

aviones para lanzar explosivos en el caso de que algunas partidas llegaran a desembarcar ah?, pues sab?a que even 61 Johnson al colector de la aduana de Los ?ngeles (29 sep. 1916), en NA, IAM, 812.00/0334.

2 Evans al colector de la aduana de Los ?ngeles (12 oct. 1916),

en NA, IAM, 812.114/0340.

?3 Wolburn al Departamento de Estado (28 abr. 1916), Elliott a McAdoo (4 oct. 1916) ; Johnson al colector de la Aduana de Los ?ngeles (30 oct. 1916) en NA, IAM, 812.114/0321, /0333 y /0349.

04 Gershon al Departamento de Estado (11 jul., 2 ago. 1916), en NA, IAM, 812.00. ?5 Gershon al Departamento de Estado (11 ene. 1917) ; Webster al

Departamento de Estado (15 ene. 1917), en NA, IAM, 812.00 ?6 Weymouth al Departamento de Estado (19 feb. 1919), en NA, IAM, 812.00.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

tualmente ser?an enviadas en su contra.67 No tuvo que espe

tar mucho tiempo para ello. Hasta mediados de la d?cada de 1920 Baja California se

mantuvo independiente del gobierno de Carranza, pero, tras la muerte del primer jefe, Cant? declar? que no pod?a acep tar los hechos acaecidos en Tlaxcalantongo, donde Carranza hab?a sido asesinado el 21 de mayo de 1920, y que ser?a el ?nico gobernador en M?xico que seguir?a siendo fiel al r? gimen de Carranza.68 Carrancistas derrotados le enviaron sus expresiones de apoyo o llegaron hasta el territorio, un gran n?mero de ellos desde Coahuila.69

Es extra?o que Cant? hubiera recogido la bandera del primer jefe m?rtir despu?s de tantos a?os de mal disimulado desentendimiento de su gobierno. Un discreto adem?n que hubiera indicado que aceptaba a los l?deres de Agua Prieta, aunado a su aislamiento geogr?fico, hubieran sido suficien tes para asegurar su continuidad en el puesto de gobernador.

?Por qu? entonces tom? una postura tan peligrosa? Cant? segu?a con su ya tradicional patr?n de duplicidad, apoyando

a los oponentes del gobierno nacional en turno. No ten?a raz?n para esperar que Obreg?n y De la Huerta pudieran mantenerse en el poder o que la revoluci?n fuera a termi nar. Esa fue quiz? la causa de su actitud. Cant? hab?a apo yado la revuelta felicista en Sonora, un episodio de su pa sado que debi? despertarle gran ansiedad cuando de repente

se dio cuenta de que la revuelta de Agua Prieta hab?a triunfado.

De cualquier modo, la actitud de Cant? hizo que el presidente provisional Adolfo de la Huerta nombrara a

Baldomero Almada como gobernador del distrito norte de Baja California.70 Al enterarse del nombramiento, Cant? fue 67 Boyle al Departamento de Estado (29 jul. 1920) , en NA, IAM,

812.00/24405. ?8 Cant? Jim?nez, 1957, p. 42.

69 Salazar Rovirosa, 1956, vin, p. 35.

70 De la Huerta, 1957, p. 168; The New York Times (29 jul. 1920). This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

el primero en invitar a Almada a ir a Mexicali para que se familiarizara con los detalles del gobierno.71 Al mismo tiem

po, anunci? en Mexicali que el nombramiento de Almada respond?a a que acababa de pedir un permiso para ausentarse porque necesitaba recuperar fuerzas.72 Almada lleg? a Mexi cali y el d?a 3 de junio Cant? lo present? ante los ciudada nos en el edificio de la escuela. Cant? hizo primeramente un breve discurso de presentaci?n y Almada contest? con unas breves palabras que dieron margen a comentarios acer

ca de su nombramiento. Sin duda empujado por Cant?,

Eduardo Trujillo, un miembro de su gobierno, cuestion? la autoridad del gobierno de De la Huerta-Obreg?n para nom

brar gobernador a Almada, y declar? que la gente no lo

aceptar?a en ninguna capacidad. Unos cuantos d?as despu?s cinco mil personas se reunieron en la plaza para manifes

tarle su apoyo a Cant? y para dejar en claro que Almada no podr?a llegar nunca a ser el gobernador de Baja Cali

fornia.77 Para la siguiente ma?ana Almada ya hab?a huido a Los ?ngeles en busca de seguridad. Telegrafi? desde ah? al gobierno de M?xico diciendo que no le iba a ser posible gobernar el territorio sin tener por lo menos cinco mil sol dados, los que solicitaba despachar de inmediato. Mientras tanto, Cant? decid?a sacrificarse y acatar la voluntad de su reba?o, cancelando sus vacaciones. Al parecer Cant? hab?a preparado la escena de la plaza para demostrar que era in dispensable en Baja California.74 Seg?n declar?, una ava lancha de protestas de los empresarios de Mexicali lo hab?an

convencido de la necesidad de que se quedara.75 Almada levant? cargos en su contra diciendo que lo que realmente lo

Tl Excelsior (21 jun. 1920). 72 Calexico Chronicle (7 jun. 1920). 73 Calexico Chronicle (4 jun. 1920) ; Exc?lsior (21 j?n. 1920). 74 Burdett al secretario de Estado (23 jul. 1920), en NA, IAM, 812.00/24403; San Diego Union (5, 7 jun. 1920). 75 Calexico Chronicle (7 jun. 1920). This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

hab?a persuadido a continuar siendo gobernador hab?an sido los intereses del juego y el vicio.76

Despu?s del incidente de Almada, el gobierno de De la

Huerta pidi? a Cant? que se presentara en M?xico a rendir un informe sobre la situaci?n de la Baja California.77 De

acuerdo con Eduardo Ruiz, que entonces era el c?nsul de M?xico en Los ?ngeles, Cant? cometi? un gran error al no entregar el poder despu?s del nombramiento de Almada. Se g?n Ruiz, el grupo obregonista le hab?a asegurado un pues to importante.78 Exc?lsior compart?a la misma opini?n di ciendo que el propio gobernador era quien hab?a provocado la crisis al negarse a dejar su puesto. Antes de este incidente nunca se hab?a hecho ninguna menci?n oficial de que Can t? estuviera en rebeli?n.70

La negativa de Cant? a acudir a la cita con De la Huer

ta en la ciudad de M?xico hizo que el gobierno provisional decidiera eliminar a Cant?. Este ?ltimo hab?a declinado la

invitaci?n diciendo que la situaci?n de Baja California era "demasiado delicada como para poder ir".80 De la Huerta pidi? entonces que cinco delegados de Baja California fue

ran a M?xico para sugerir candidatos a la gubernatura del territorio. Cant? trat? de que la delegaci?n estuviera com puesta por amigos suyos y lo logr? en Mexicali y en Tijua na, pero cuando se convoc? a un mitin masivo en Ensenada la gente se opuso enf?ticamente y eligi? a dos delegados dis puestos a luchar en contra de cualquier candidato propues to por Cant?.81 Cant? comenz? a hacer los preparativos militares para defenderse de la invasi?n, pero necesitaba hombres, dinero y

76 San Francisco Call and Post (20 ago. 1920) .

n Excelsior (29 jul. 1920).

7? Los Angeles Times (30 jul. 1920). 7? Excelsior (5 ago. 1920). 80 The New York Times (30 jul. 1920).

81 Buidett al Departamento de Estado (23 jul. 1920), en NA, IAM,

812.00/24403.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

municiones para poder sostenerse. Su bien remunerado ej?r cito era demasiado peque?o, los Estados Unidos manten?an un embargo de armas y municiones que har?a que sus fuer zas se redujeran mucho, y el contrabando era insuficiente para cubrir sus necesidades. Cant? utiliz? la extorsi?n para reunir $100 000 en la colonia china y trat? en vano de for zar a los colonos a alistarse en las filas de su ej?rcito.82 A

pesar de tan ferviente actividad, Cant? declar? que "No

hay rebeli?n de mi parte contra el gobierno federal." 83 Se defendi? haciendo notar la gran tranquilidad de que hab?a gozado Baja California Norte durante la d?cada que estaba por terminar, y advirtiendo los peligros de car?cter interna cional que una invasi?n a sus dominios podr?a crear.84 Una raz?n no declarada de la actitud de Cant? fue la in

estabilidad de la pol?tica nacional desde 1910. No hab?a

ninguna garant?a para pensar que De la Huerta y Obreg?n tendr?an la suficiente libertad frente a otros opositores m?s serios como para ocuparse en derrocar a Cant?.

De la Huerta no cre?a que la expedici?n de seis mil

hombres que enviaba a Baja California habr?a de entrar en

combate con las tropas de Cant?, sino que ayudar?a tan

s?lo a intimidar al recalcitrante gobernador, dando mayor impacto a otras presiones que pensaba ejercer sobre ?l. De la Huerta trat? de influir en un gran n?mero de villistas y maytorenistas del territorio al ganarse el apoyo de Villa y de personas antiguamente asociadas con Victoriano Huerta y Jos? Mar?a Maytorena, ex gobernador de Sonora. El presi

dente interino envi? a los Estados Unidos a Roberto Pes queira con la misi?n de influir en la prensa de aquel pa?s

y pedir el apoyo moral del presidente Wilson para salvar a Baja California del corrompido r?gimen de Cant?. Adem?s

busc? la ayuda de Javier Fabela, nuevo c?nsul de M?xico 82 The New York Times (2, 14 ago. 1920) ; Excelsior (1* ago. 1920). S3 Los Angeles Times (29 jul. 1920). 84 Excelsior (2, 5 ago. 1920) ; Washington Post (2 ago. 1920). This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

en Los ?ngeles, por lo que Cant? se vio atacado por todos lados e incapaz de comprar armas y municiones en los Es tados Unidos.85 Mientras tanto el secretario de Guerra y Marina, Plutar co Elias Calles, declaraba en una entrevista el d?a 4 de agos to que Cant? era un rebelde y que hab?a ignorado al go bierno federal durante cuatro a?os. El ?nico problema que Calles vislumbraba para destituir a Cant? era la proximi dad de los Estados Unidos.86 Los editoriales de El Heraldo de M?xico acusaban a Cant? de poner en peligro a toda la naci?n porque los intereses que exist?an en el Valle Impe rial y en el de Mexicali eran de car?cter internacional. El caos que un conflicto armado pod?a crear en las obras de irrigaci?n de la zona pod?a provocar la intervenci?n de los Estados Unidos.87 Cant? no s?lo pon?a en peligro a la na ci?n, sino que la desacreditaba. Calles afirmaba que Cant? era un ser completamente inmoral que hab?a logrado enri quecerse dando licencia a la corrupci?n.88 El Heraldo de M?xico suger?a al gobierno que lanzara una campa?a no s?lo militar sino tambi?n moral en contra de Cant?.89

Despu?s de algunas dificultades, la expedici?n a Baja

California fue encabezada por el general Abelardo L. Rodr?

guez, quien muy a prop?sito era sonorense. El plan para

transportar a las tropas a Ensenada por mar tuvo que ser abandonado cuando una tormenta arroj? al barco de guerra Guerrero contra unas rocas cerca de Mazatl?n y lo hundi?. Rodr?guez fue entonces a Guaymas y sali? en once embar

caciones peque?as rumbo a Puerto Edgardo en Sonora, si

guiendo de ah? a marchas forzadas nocturnas por el desier to hasta San Luis en el r?o Colorado.90 Aunque una inun ?5 De la Huerta, 1957, pp. 168-172. 86 El Heraldo de M?xico (4 ago. 1920) ; Excelsior (4 ago. 1920).

?7 El Heraldo de M?xico (5, 7 ago. 1920) ; Zorrilla, 1966, n, p. 355.

88 Excelsior (5 ago. 1920). 89 El Heraldo de M?xico (8 ago. 1920). 90 Chapman al Departamento de Estado (5 ago. 1920) ; Yost a

Colby (15 ago. 1920), en NA, IAM, 812.00/24441, /24462 y /24487.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

daci?n destruy? el puente provisional que permit?a cruzar el Colorado, y las tropas sufrieron una demora en entrar al territorio de Cant?, la inminente invasi?n tuvo un efecto formidable sobre el gobernador.91 La demora favorec?a al gobierno, ya que a medida que el tiempo transcurr?a resul taba m?s dif?cil para el gobernante de Baja California Nor te reclutar hombres y su posici?n se hac?a m?s y m?s en

deble.92 Como De la Huerta no quer?a deshonrar a Cant? obli

g?ndolo a entregar a sus enemigos el gobierno del territorio,

sugiri? que fuera Luis M. Salazar, un amigo de ambos, el que negociara directamente con Cant? para recibir las rien das del gobierno. Vito Alessio Robles, otro amigo de Cant? desde su juventud y representante del gobierno federal, ini ci? las pl?ticas en Calexico, la ciudad hermana de Mexicali.

De la Huerta envi? tambi?n como negociador a Roberto Pesqueira, que hab?a sido nombrado recientemente agente financiero del gobierno en Nueva York y que tambi?n era

amigo de Cant?.93 El arreglo se facilit? cuando el d?a 18 de agosto de 1920 Esteban Cant? acept? que entregar?a el gobierno del territorio a Salazar.94 Poco despu?s las tropas federales cruzaron el Colorado y llegaron a Mexicali el d?a 1? de septiembre, cuando Cant? estaba ya en Los ?ngeles.95 El general Rodr?guez fue el encargado de recibir y licenciar a las tropas del coronel Cant?, quedando como jefe de ope raciones militares del distrito y posteriormente como gober

nador.

Para 1920 Cant? era ya un anacronismo, un baluarte del porfiriato que nunca hab?a abrazado sinceramente la r?volu si Rodr?guez F., 1958. 92 El Heraldo de M?xico (11 ago. 1920).

93 Summerlin al secretario de Estado (11 ago. 1920), en NA, IAM,

812.00/24477; De la Huerta, 1957, pp. 173-174. ?4 Boyle al Departamento de Estado (18 ago. 1920), en NA, IAM, 812.00/24471 y /24472. El texto del acueijdo se puede encontrar en Ex

c?lsior (29 ago. 1920). ?5 Salazar Rovirosa, 1956, vm, p. 36.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

ci?n. Era simb?lico quiz? que el 25? batall?n de Cant? fue ra el ?nico cuerpo del viejo Ej?rcito Federal qu? segu?a existiendo en el momento en que fue licenciado el d?a 28 de agosto. El gobernador Salazar invit? a los hombres a unirse al nuevo ej?rcito creado por la revoluci?n, pero nin guno acept?.96 En su discurso de despedida, que escribi? ya a salvo en

Los ?ngeles, Cant? se?alaba la posici?n peculiar de la Baja

California. Su exc?ntrica situaci?n geogr?fica que la hac?a casi desprendida del resto de M?xico, su proximidad a los Estados Unidos, y sus importantes obras de irrigaci?n, ha c?an que cualquier movimiento armado en ella fuera una empresa sumamente delicada. En vez de provocar una inter

venci?n de los Estados Unidos, que seg?n Cant? hubiera

ocurrido de haber ?l tratado de resistir a Rodr?guez, Cant? prefiri? renunciar en forma pac?fica.97 Las ?rdenes que te

n?a el general Joseph T. Dickman de invadir Baja Cali

fornia para proteger las obras de irrigaci?n en caso de una amenaza de conflicto con tropas mexicanas eran bien cono cidas en M?xico y dieron credibilidad a los temores que el gobernador expresaba.98 Miguel Alessio Robles, funcionario del gobierno de De la Huerta, dec?a entonces que el gobierno actuaba con energ?a "porque no quiere que ocurra en Baja

California lo que pas? en Texas".99

La actitud del gobernador insurrecto era en verdad ma teria de especulaci?n. Un tal Fielding J. Stilson anunci? el d?a SO de diciembre de 1917 en San Francisco que Baja Ca lifornia se hab?a separado de M?xico con Cant?, y que ?l, Fielding, iba en camino para Washington como representan te diplom?tico del territorio para pedir la protecci?n de los Estados Unidos y probablemente la anexi?n. Stilson era hijo de un millonario maderero y corredor de bienes ra?ces de Los ?ngeles, y primo hermano del secretario de Estado Ro 96 Excelsior (29 ago. 1920).

97 Cant? Jimenez, 1957, pp. 43-44.

98 El Heraldo de M?xico (9 ago. 1920) . 99 Washington Post (31 jul. 1920) .

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

bert Lansing.100 No se ha podido averiguar si el padre de Stilson ten?a bienes ra?ces en la Baja California, y proba blemente nunca se sepa tampoco si su relaci?n con Lansing iba m?s all? del parentesco. Cant? declar? de todos modos que todo lo dicho era falso, y afirm? su lealtad al gobierno federal.101 Pero aun as?, ?l mismo pudo ser quien iniciara este rumor. En varias entrevistas bastante extensas que sos tuvo con Sidney Smith, c?nsul de Estados Unidos en Ense nada, y cuyas fechas exactas se ignoran, Cant? revel? su deseo de separarse de M?xico diciendo que estaba dispuesto a hacerlo de inmediato si los Estados Unidos le aseguraban su protecci?n. El vicec?nsul brit?nico Madden, tambi?n en Ensenada, corrobor? este informe.102 Cant? hizo esta declara

ci?n impulsado seguramente por el inter?s de que los Estados Unidos le dieran un trato favorable para fines enteramen

te distintos. Poco antes del derrocamiento de Cant?, Ca lles declar? en una entrevista que no cre?a que Cant? hu biera intentado la anexi?n a los Estados Unidos, ya que hab?a creado una especie de isla a la que gobernaba como monarca: si la Baja California llegara a anexarse a los Es tados Unidos Cant? no ten?a nada que ganar, ya que lo

m?s seguro era que fuera reemplazado.103

Aunque lo m?s probable es que Cant? hubiera hablado

de secesi?n como una maniobra para demostrar su indepen dencia de Carranza, en los Estados Unidos hubo quien tom?

en serio la posibilidad de adquirir la Baja California. La

voz m?s persistente en favor de la anexi?n fue la del sena dor Henry F. Ashurst, de Arizona, l?der de una resoluci?n en la que el senado daba orden al presidente de iniciar las negociaciones para la compra de Baja California y parte de 100 San Francisco Examiner (31 die. 1917; l? ene. 1918) . Para otra

versi?n de este rumor, vid. Mart?nez, 1956, p. 534. loi El Universal (7 ene. 1918) ; Excelsior (7, 8 ene. 1918) ; San Diego Union (2, 17 ene. 1918). 102 Fullman al secretario de Marina (29 mayo 1918), en NA, IAM,

812.00 103 Exc?lsior (4 ago. 1920).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

Sonora.104 Ashurst aseguraba que M?xico era incapaz de con

trolar la Baja California y de protegerla en caso de una invasi?n extranjera. Describ?a a la pen?nsula como "ap?n dice vermiforme de M?xico y tal?n de Aquiles de los Esta dos Unidos", expresando su temor de que llegara a caer bajo el dominio del Jap?n.105 Aunque la resoluci?n Ashurst, primera de muchas que habr?a de introducir en a?os sucesivos, no pas? m?s all? del Comit? de Relaciones Exteriores, lleg? a provocar toda una sensaci?n en M?xico. El primero en repudiar tal propuesta fue Esteban Cant?, quien con su esfuerzo ayud? a consolidar

la opini?n en contra de la anexi?n en Baja California.106 Exc?lsior afirmaba que los temores de los Estados Unidos de que Jap?n pudiera apoderarse de la costa de la pen?n sula eran obra de la prensa amarillista, como de hecho pa rece que fue. William Randolph Hearst fue en gran medi da responsable del invento de la amenaza japonesa a Bah?a de la Magdalena, amenaza que en la realidad nunca existi?. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores explicaba calmadamente que la constituci?n de 1917 prohib?a la ven ta de tierras en la costa a los extranjeros.107 Siendo ?ste el caso, los Estados Unidos no ten?an motivo para alarmarse, pero los temores de M?xico no quedaron mitigados. El Co rreo de la Tarde public? rumores ampliamente difundidos sobre la inminencia de una invasi?n norteamericana, infor mando que grupos de caballer?a de los Estados Unidos ha b?an estado cruzando el r?o Bravo.108 Si de hecho no se hab?a planeado ninguna intervenci?n, exist?an suficientes amenazas p?blicas y privadas para justificar tales temores. Un personaje de la talla del gobernador de Texas, W. P. Hobby, urg?a al secretario de Estado Robert Lansing a in tervenir en "un acto de sabidur?a, de justicia y de humani 104 CR, 65 Cong., 3 sess. (I', 7 ene. 1919), pp. 249, 1098.

ios The Arizona Daily Star (S ene. 1919). 106 Excelsior (28 ene. 1919) ; Cant? Jim?nez, 1957, pp. 31-34. 10? Excelsior (1*, 2 abr. 1919) .

108 El Correo de la Tarde (19, 21 ago. 1919).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

dad por parte de nuestro gobierno* \ 109 Sin el dej? patri? tico, pero mucho m?s viable, fue la resoluci?n que se intro dujo el d?a 13 de enero en el senado del estado de Califor nia pidiendo la compra de Baja California para poner a todo el r?o Colorado bajo el control de los Estados Unidos.110 El hecho de que Lansing pareciera estarse inclinando a favor de una soluci?n militar para los problemas que exist?an en tre M?xico y los Estados Unidos, y el de que el comit? del senador Albert B. Fall estuviera a punto de comenzar una investigaci?n sobre asuntos mexicanos, fueron de muy poca

ayuda para paliar los efectos de tales declaraciones y ru

mores.111

Los temores siguieron en pie en M?xico y m?s espec?fi

camente en Baja California hasta que De la Huerta logr? pacificar la pen?nsula. Poco menos de un mes antes de que Cant? fuera derrocado apareci? un libro en M?xico que

advert?a que los Estados Unidos iban a apoderarse de la Baja California y alababa al gobierno de Cant?.112 El pro pio gobernador fue el encargado de distribuir el libro en Mexicali y Ensenada, y no es dif?cil pensar que tambi?n hubiera sido ?l quien financiara su publicaci?n.113 Nadie

estaba m?s consciente que Cant? de las m?ltiples amenazas a las que estaba expuesta la soberan?a mexicana en la Baja California, ya que hab?a tenido que enfrentarse a proble mas de filibusterismo y anexi?n en la defensa oficial de su gobierno.114 Tratando de aparecer como patriota, Cant? de clar? que desde los inicios de la revoluci?n los Estados Uni dos hab?an tratado de proteger las obras de irrigaci?n fron terizas, y que si en esos a?os no hubiera habido tranquilidad seguramente hubiera tenido lugar una intervenci?n y la ane 109 Hobby a Lansing (25 ago. 1919), en NA, RUSM, 711.12/210. no San Diego Union (14 ene. 1919) . m Schmitt, 1974, p. 156; Investigation, 1920. 112 Velasco Ceballos, 1920. 113 Burdett al secretario de Estado (28 jul. 1920) , en NA, RUSM, 711.12/284. 114 Cant? Jim?nez, 1957, passim.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

xi?n.115 Esto es algo que realmente fue posible. El deseo de anexar la Baja California bien pudo ser una de las razones

por las que Henry Lane Wilson pidi? con tanta urgencia

una intervenci?n militar en M?xico. Peter Calvert ha se?a

lado que el presidente William Howard Taft acus? en una ocasi?n a William Jennings Bryan de querer adue?arse de la pen?nsula, sugiriendo que sin duda la idea estaba en el aire en aquellos a?os turbulentos. ?Fue la preocupaci?n de

Henry Cabot Lodge con respecto a Bah?a de la Magdalena una mera reacci?n ante la amenaza de una invasi?n japo nesa? ?Pensaba Woodrow Wilson en la Baja California cuan

do orden? a Pershing que fuera a Chihuahua? Quiz? no, pero los mexicanos pod?an convencerse f?cilmente de lo contrario.116

Al menos durante sus ?ltimos a?os, Cant? estaba con vencido de que mientras hab?a sido gobernador hab?a lu chado con tes?n para evitar una intervenci?n. Patriota o no, los esfuerzos y medidas que tom? el coronel Esteban Cant? ayudaron a que la Baja California siguiera siendo mexicana. La dinast?a sonorense conden? a Cant? en los terrenos moral y pol?tico, por fomentar descaradamente el vicio y por la actitud independiente que ostent?; y sin em bargo ambos pecados ayudaron a que M?xico conservara la

soberan?a sobre su territorio. Dejando aparte la cuesti?n moral, lo m?s importante del vicio en Mexicali y en Ti juana eran los enormes ingresos que permitieron a Cant? pagar en oro a sus soldados y en esa forma mantener la paz.

Al lograr el orden p?blico pudo ofrecer seguridad a las obras de irrigaci?n y evitar que los Estados Unidos inter vinieran para vigilar que el agua siguiera fluyendo hacia el

Valle Imperial. Los ingresos recabados del juego y del vicio salvaguar daron a la Baja California al permitir a Cant? actuar en forma independiente del gobierno federal. Estas concesiones 115 Cant? Jim?nez, 1957, p. 44. Un reportaje contempor?neo co

rrobora a Cant? en este punto. San Diego Union (16 sep. 1919) . 116 Calvert, 1968, p. 289.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

no s?lo le permitieron financiar su peque?a fuerza militar, sino tambi?n servicios p?blicos, que abarcaban desde la ofi

cina del gobernador hasta una escuela que se construy? durante su gobierno. Mientras dur? la guerra civil Cant? pudo ser verdaderamente independiente y perfectamente ca paz de declarar neutral a la Baja California durante la ocu

paci?n de Veracruz y la expedici?n punitiva de Pershing. En esa ?poca exist?a un movimiento en el Valle Imperial que favorec?a la anexi?n de la Baja California para prote

ger los canales que surt?an de agua al Valle.117 En vista de esto y de que tropas norteamericanas se encontraban apos tadas en la frontera de California, no resulta dif?cil imagi nar cu?les hubieran podido ser las medidas de Washington si Cant? se hubiera mostrado tan abiertamente hostil a estos eventos como Carranza. Sin duda la actitud nacionalista del

primer jefe era la m?s apropiada. Pero quiz? Cant? no de biera tampoco ser juzgado como un traidor que s?lo se in teres? en su propia sobrevivencia y en su enriquecimiento personal. En realidad, ?l no hubiera podido esperar que las

fuerzas constitucionalistas lo ayudaran si los Estados Unidos hubieran tratado de ocupar Baja California Norte. Aunque a nosotros en retrospectiva nos parezca que no hubo una

amenaza real en contra de la soberan?a mexicana en Baja

California, los mexicanos de entonces no pod?an descartar esa posibilidad. Cant? debi? compartir estos temores, ya que su visi?n no ten?a las limitaciones de una percepci?n tar d?a como la nuestra.

SIGLAS Y REFERENCIAS CR United States, Congress: Congressional records.

NA/IAM National Archives, Washington, Record group 59, Records of the Department of State relating to in ternal affairs of Mexico ? 1910-1929, Microcopy No.

117 Calexico Chronicle (6 ene. 1916) .

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CANT? Y LA SOBERAN?A MEXICANA

274. El expediente titulado "Miscellaneous papers concerning governor Esteban Cant? of Lower Cali fornia, 1917-18" no proporciona n?meros de folio.

NA/RUSM National Archives, Washington, Record group 59,

Records of the Department of State relating to po litical relations between the United States and Me

xico ? 1910-29, Microcopy No. 314.

Blaisdeix, Lowell L. 1962 The desert revolution ? Baja California, 1911, Ma dison, University of Wisconsin Press.

1966 "Harry Chandler and Mexican border intrigue ?

1914-17" en Pacific Historical Review, xxxv:4 (nov.),

pp. 385-393.

Calvekt, Peter 1968 The Mexican revolution ?1910-1914? The diploma cy of Anglo-American conflict, Cambridge, Cam bridge University Press.

Cant? Jim?nez, Esteban

1957 Apuntes hist?ricos de Baja California Norte, M? xico.

Chamberlin, Eugene Keith 1951 "Mexican colonization versus American interests in Lower California", en Pacific Historical Review, xx:

1 (feb.), pp. 43-55.

Cumberland, Charles C.

1972 Mexican revolution ? The constitutionalist years, Austin, University of Texas Press.

G?mez Qui?ones, Juan 1974 Sembradores ?Ricardo Flores Mag?n y el Partido Liberal Mexicano? A eulogy and,, critique, Los ?n geles, Aztlan Publications.

Huerta, Adolfo de la 1957 Memorias de don Adolfo de la Huerta, M?xico, Edi ciones Guzm?n.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

JOSEPH R. WERNE

Investigation

1920 United States, Senate, 66 Cong., 2 sess., Committee on Foreign Relations: Investigation of Mexican af fairs, Washington, Government Printing Office, 2 vols. ?Senate Executive Document, 285?.

Mart?nez, Pablo L. 1956 Historia de Baja California, M?xico, Libros Mexi canos.

Obreg?n, Alvaro

1917 Ocho mil kil?metros en campa?a, M?xico, Librer de la Vda. de Ch. Bouret.

Rodr?guez F., Ram?n

1958 "La pacificaci?n de Baja California", en Exc?lsio

(13 feb.).

Salazar Rovirosa, Alfonso

1956 Chronologia d.e Baja California ? Del territorio y del estado, de 1500 a 1956, M?xico, Litograf?a Ar t?stica, 10 vols. ?Cuadernos Bajacalifornianos.?

Schmitt, Karl M.

1974 Mexico and the United States ?1821-1973? Conflict and coexistence, New York, John Wiley.

Ulloa, Berta 1971 La revoluci?n intervenida ?Relaciones diplom?ticas entre M?xico y Estados Unidos? 1910-1914, M?xico,

El Colegio de M?xico. ?Centro de Etsudios Hist?ri cos, Nueva Serie, 12.?

Velasco Ceballos, F. 1920 ?Se apoderar?n los Estados Unidos de Am?rica de la Baja California?, M?xico, Imprenta Nacional.

Zorrilla, Luis G. 1966 Historia de las relaciones entre M?xico y los Estados

Unidos de Am?rica ? 1800-1958, M?xico, Editorial Porr?a, 2 vols.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:23:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC ? UNA COMUNIDAD AGRARIA

EN EL SIGLO XIX

Margarita Menegus Bornemann Universidad Nacional Aut?noma de M?xico Este art?culo intenta esclarecer ciertas ideas y formular algunas hip?tesis en torno del proceso de cambio por el que transcurrieron las comunidades agrarias que conformaban el municipio de Ocoyoacac, estado de M?xico, en la segun da mitad del siglo xix. Para ello, hemos considerado perti nente partir del enlace existente entre las tendencias gene rales de cambio que se registraban en la sociedad global y las pautas espec?ficas de transformaci?n que ocurr?an en el municipio. Se trata, entonces, de una primera incursi?n en el tema de las comunidades campesinas en un momento de tr?nsito hacia el capitalismo. El texto se asienta en la evi dencia proveniente del archivo municipal de la propia po

blaci?n. No est? por dem?s insistir en que el estudio de las co

munidades agrarias reviste una singular importancia. Esto se

debe tanto al abandono casi total en que la historiograf?a tradicional ha tenido a este campo, cuanto al hecho de que las comunidades campesinas integran ?junto con las hacien das? las estructuras b?sicas del M?xico rural a lo largo de varios siglos. Nada nuevo agregamos al se?alar el estado actual de la historiograf?a mexicana. En lo que ata?e a estudios de co munidades es sumamente deficiente. La pobreza historiogr? fica en la materia se extiende desde el siglo xvi hasta el siglo xx. En efecto, el conocimiento que tenemos de las co

munidades durante la ?poca colonial se limita casi a la 33

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

condici?n jur?dica de ?stas.1 Los escasos estudios realizados bajo esta ?ptica se basan, mayormente, en la legislaci?n de

Indias. Apenas uno o dos autores han intentado manejar

documentaci?n proveniente de las mismas comunidades abor

dando t?picos que escapan a la historiograf?a tradicional, ocup?ndose de aspectos econ?micos y sociales.2 La realidad de las comunidades en el siglo xix contin?a siendo un mis terio. Casi la totalidad de las investigaciones de tema agra rio que sobre ?l se han hecho han enfocado sus lentes hacia las haciendas, y tan s?lo durante el ?ltimo tercio del mis mo.3 Finalmente, para el presente siglo existe un n?mero reducido de trabajos sobre ejidos y comunidades, producidos m?s por antrop?logos y soci?logos que por historiadores.4 La pobreza historiogr?fica a que hemos hecho menci?n obedece, en gran parte, a las dificultades que presentan las fuentes existentes para emprender el an?lisis de las comuni dades, m?xime cuando se pretende dar cuenta de su desarro llo econ?mico y social. En este punto conviene recordar que los registros del desarrollo econ?mico de las comunidades como unidades productivas han sido elaborados primordi al ??ente por los poderes p?blicos y no por los productores mismos, en contraste con lo ocurrido con las haciendas, que s? contaron con un sistema propio de contabilidad interna. Los registros producidos por los poderes p?blicos sobre las actividades de las comunidades agrarias tienen varias li mitaciones, dos de las cuales queremos subrayar. La prime ra de ellas consiste en la discontinuidad de las series, que, si bien son relativamente numerosas y ricas para la ?poca co lonial, casi desaparecen a partir de 1821, se reanudan par cialmente en las postrimer?as del siglo pasado y s?lo se rees tablecen cabalmente despu?s de 1915 caundo se inicia el pro 1 A proposito de la condici?n jur?dica de las comunidades, vid. "L? vala, 1948; Cline, 1949; Otis Capdequi, 1959. V?anse las explicaciones sobre siglas y referencias al final de este art?culo. 2 Vid. Osborne, 1973.

3 Vid. Powell, 1974; Leal y Huacuja, 1976; Barret, 1977.

4 Vid. Eckstein, 1966; Stavenhagen, 1970.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

ceso de la reforma agraria. La segunda estriba en que, en todos los casos, dichos registros contienen exclusivamente cifras globales relativas a la comunidad en su conjunto, lo que imposibilita la reconstrucci?n precisa de la evoluci?n econ?mica de las parcelas familiares de los comuneros.5 As?, las mayores dificultades que ofrecen las fuentes corresponden

a los a?os que corren de 1821 a 1870, t?rmino en el que se

ubica buena parte del presente estudio sobre Ocoyoacac.

Con todo, para estos a?os pueden utilizarse datos provenien tes de los archivos municipales y de notar?as, as? como de la documentaci?n que se halla concentrada en los archivos estatales y en el General de la Naci?n. Los archivos municipales son, a nuestro parecer, las fuen

tes m?s importantes. En ellos se encuentra toda la docu

mentaci?n referente a la vida de dichas entidades: organiza ci?n pol?tica, econ?mica y social, pleitos judiciales sobre la tenencia y la explotaci?n de la tierra, etc. Por su parte, los archivos de notar?as registran s?lo la propiedad de la tierra en manos de particulares, o sea, de estancieros, hacendados

o rancheros, pero no en manos de los municipios de las comunidades. Despu?s de 1856, con el cambio jur?dico en el car?cter de la posesi?n de las tierras, las adjudicaciones

realizadas a t?tulo de propiedad privada por los antiguos comuneros se concentraron en los archivos municipales o

estatales correspondientes, y no en los de notar?as. Los ar chivos de los estados y el nacional contienen por lo regular menos informaci?n que los anteriores sobre los municipios o las comunidades. En la mayor?a de los casos se repite la misma documentaci?n. A pesar de su riqueza, los archivos municipales presentan 5 Las fuentes que pueden ser ?tiles para la reconstrucqi?n de la

vida econ?mica de las comunidades agrarias en la ?poca colonial son, entre otras, los registros de las cajas de comunidad, los registros de las cofrad?as y los registros de la recolecci?n de diezmos. De 1915 en

adelante la mayor fuente fundamental es el archivo de la actual Se cretar?a de la Reforma Agraria.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

tambi?n ciertas dificultades. En primer lugar, cabe el caso de que ?stos no existan por haber sido quemados durante la

revoluci?n de 1910-17, o bien destruidos de alguna otra

manera posteriormente. En segundo t?rmino, los que se ha logrado conservar se hallan, a menudo, totalmente abando nados, desorganizados y en muy malas condiciones. Por ?l timo, mas no por ello menos importante, la composici?n misma de los archivos municipales conlleva algunas limita ciones, por el tipo de datos que guardan. En efecto, estos

archivos se componen de rubros como los siguientes: ha

cienda, justicia, gobierno, salubridad, tierras, asuntos eclesi?s ticos, registro civil, estad?stica, deportes, agricultura y ga nader?a, recursos naturales, obras p?blicas y comunicaciones, adem?s de los libros de cabildo. Para el examen socioecon?

mico de las comunidades agrarias los rubros m?s provechosos son los de estad?stica y tierras, y los libros de cabildo. As? y todo, los datos estad?sticos para los dos primeros tercios del siglo pasado comprenden ?nicamente poblaci?n, estado civil y sexo de los vecinos. S?lo en el ?ltimo tercio del siglo se incorporaron padrones estad?sticos que indicaban la pro ducci?n global del municipio, las existencias de ganado, los recursos naturales y las ocupaciones de la poblaci?n. De esto resulta que el an?lisis microecon?mico de las comunidades y de las unidades productivas familiares que las componen

se vuelve pr?cticamente imposible de realizar para el si

glo xrx debido a que las fuentes no permiten un acercamien to mayor al n?mero del municipio en su conjunto. As? pues, nuestro estudio sobre Ocoyoacac encontr? sus l?mites en los alcances de las fuentes mismas. Esto nos obli

g? a renunciar a un an?lisis rnicroecon?mico de la comuni

dad campesina y a optar por el examen de los cambios econ?micos y sociales del municipio en su conjunto. ?ste incluye a cinco comunidades: Ocoyoacac, Acazulco, Atlapul co, Coapanoaya y Cholula.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

A. El problema El ?ltimo tercio del siglo xrx se caracteriz?, en t?rminos

muy generales, por el impacto que ejercieron las leyes de desamortizaci?n de las corporaciones civiles y religiosas en la vida del pa?s, por la consolidaci?n del estado nacional, y por el proceso de crecimiento y de modernizaci?n ?eco n?mica y social? que experiment? la rep?blica entera. La historiograf?a existente ha dado cuenta, con buena dosis de precisi?n, del efecto que tuvo la aplicaci?n de las Leyes de reforma en lo relativo a los bienes corporativos de la iglesia.6 Sin embargo, como ya hemos indicado, persiste una enorme laguna historiogr?fica respecto a la desamortizaci?n

de los bienes de las corporaciones civiles, entre las que se hallaban las comunidades agrarias. Con todo, los recientes estudios que se han emprendido sobre las haciendas porfiristas han descubierto variedades regionales significativas en las relaciones de las antiguas co munidades con las haciendas.7 De manera distinta, trabajos que examinan las haciendas henequeneras de Yucat?n, las azucareras de Morelos y las pulqueras del centro de M?xico demuestran que en el porfirismo dichas unidades producti vas vivieron un curso de especializaci?n de su producci?n para el mercado, a la vez que una nueva expansi?n terri torial.8 Tal especializaci?n redujo la esfera de autoabasto de las haciendas con el consecuente impulso del proceso de integraci?n de mercados, de monetarizaci?n de la econom?a, y de ruptura de los nexos que tradicionalmente vinculaban a haciendas y comunidades. Todo indica, entonces, que las

modalidades con que se aplicaron las Leyes de reforma y

los resultados que ?stas produjeron guardaron una relaci?n muy estrecha con el car?cter y con la din?mica de las ha ciendas de cada regi?n. O, dicho de otra forma, all? donde 6 Sobre el particular, vid. Bazant, 1971.

7 Vid. Leal y Huacuja, 1977. s Vid. Katz, 1976.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

las haciendas mostraban una tendencia expansiva la des

amortizaci?n de las comunidades tuvo unos efectos, y don

de las haciendas no exhib?an una tendencia expansiva la

misma desamortizaci?n tuvo otros frutos.

Por lo antes visto, el presente estudio contempla tres de las grandes tendencias de cambio del porfirismo para es tablecer, en un plano municipal, c?mo alteraron la vida co tidiana de Ocoyoacac. Ellas son a) la desamortizaci?n de las comunidades, b) la p?rdida o la retenci?n de la tierra por los antiguos comuneros, y c) las pautas del crecimiento eco n?mico y social que sigui? a la operaci?n de tales mudanzas. Se advertir? que hasta aqu? no hemos tratado sino muy colateralmente de los problemas te?ricos que envuelven a la investigaci?n de un momento que, como ?ste, se sit?a en la transici?n hacia el capitalismo. Ciertamente el hecho de que en estas p?ginas no aspiremos a realizar aut?nticas aporta ciones te?ricas no resuelve nuestras dificultades conceptua les y metodol?gicas. Por caso: ?Cu?l fue el estatuto te?rico

de las "comunidades" durante el per?odo colonial y hasta la revoluci?n liberal? ?Cu?l es el nivel conceptual del t?r mino "unidad familiar campesina" que manejamos con tan ta liberalidad en nuestro escrito? Pero ?stas son cuestiones

te?ricas que dif?cilmente podr?amos superar aqu?. Por lo

tanto hemos optado por el uso de definiciones jur?dicas para el caso, sobre el entendido que ?stas son, al fin y al cabo,

hist?ricas: sin duda alguna, el estatus legal precapitalista de las "comunidades" desapareci? con la Ley Lerdo, y la propiedad capitalista de la tierra qued? fijada por ese mis

mo ordenamiento jur?dico. As?, y para efectos operativos, ha

blaremos de "comunidades" hasta el momento en que se aplicaron las Leyes de reforma, y de "unidades familiares campesinas" despu?s de su ejecuci?n.

B. Los or?genes

El municipio de Ocoyoacac se localiza en el Valle de

Toluca. Colinda al este con el Distrito Federal y al norte This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

? OIV. MUNICIPAL ? CARRETERAS

PUEBLOS

A. HACIENDAS

/\ MONTES

***" FFCC

ATLAPULCO

HUIZQUILUCAN

?ALATLACO

JALA"

ACA2?LC0 j^kkJ^^ MARQUESA

Mapa 1. Municipio de Ocoyoa A TEXCALPA OCOYOACAC .JAJALPA

JCAPULUAC A SANTIAGO

CH?LULA

AMEXALCO /

TEXCALTENCO ATA?ASQUILL? SRA PERALTA /

DO?A ROSA A

TULTEPEC /

MEX-TOiy?A LERMA

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

con la jurisdicci?n de Lerma (v?anse mapas 1 y 2). La con

figuraci?n geogr?fica del municipio incluye una parte llana, en las inmediaciones del r?o Lerma, y una porci?n monta ?osa, que alcanza los 3 300 metros de altitud. La entidad se conform? en comunidad ind?gena ?siguien do las pautas de la administraci?n hispana? en 1576, al ser reducida y congregada la poblaci?n que se hallaba dispersa en la zona.9 Alrededor de Ocoyoacac, la cabecera, se congre garon los pueblos de San Pedro Cholula, San Pedro Atlapul

co, San Jer?nimo Acazulco y Coapanoaya. La comunidad

recibi? su primera merced de tierras de la administraci?n

del virrey don Luis de Velasco en 1593. ?sta consisti? en seis caballer?as de labor y una estancia para ganado menor.10

De acuerdo con los usos de aquel tiempo, los pueblos de indios sol?an ser dotados de tierras suficientes para su re producci?n. Dichas tierras se distribu?an de la siguiente ma

nera: una parte de ellas se destinaba a las habitaciones,

huertas y solares de cada uno de los miembros de la comu

nidad; otra parte se reservaba para ejidos, es decir, para diversos aprovechamientos ?montes, pastos, aguas? todos

ellos del uso com?n; por ?ltimo, las tierras restantes se re part?an en parcelas de usufructo individual familiar, llama das de com?n repartimiento. Toda tierra mercedada a las

comunidades ten?a un car?cter de inalienabilidad. Final mente, hab?a las tierras llamadas de la iglesia, que prove n?an de la tierra de com?n repartimiento, y cuyo usufructo se destinaba al clero. Entre ?stas hab?a una gran variedad;

? La organizaci?n de la comunidad ind?gena colonial, tal y como

fue implantada en Am?rica, reprodujo con gran fidelidad la forma de

organizaci?n de las aldeas europeas. La aldea ten?a la capacidad de

mantener una considerable auosuficiencia y un marcado equilibrio en

virtud de la existencia de tres elementos: tierras de labor, pastos y bosques. 10 T?tulos primordiales del pueblo de Ocoyoacac (1576) , en AMO,

Fondo colonial, caja 1, doc. 4; Merced que otorg? don Luis de Velas co a los naturales de Ocoyoacac (1593), en AGNM, Tierras, Vol. 1811, exp. 8. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

por ejemplo, de las cofrad?as, de los santos, de las mayor dom?as, etc. ?stas tambi?n se trabajaban en com?n? aunque solamente por los integrantes de las distintas agrupaciones religiosas.11

C. Las Leyes de reforma y su aplicaci?n en Ocoyoacac

Tras el triunfo de la revoluci?n de Ayutla expidi? el

gobierno liberal la ley de desamortizaci?n de bienes corpo

rativos del 25 de junio de 1856. Esta disposici?n jur?dica marc? el punto de arranque de un proceso de transforma ci?n de las formas de propiedad que hab?an prevalecido desde la ?poca colonial. Posteriormente, las administraciones de Benito Ju?rez, Sebasti?n Lerdo, Manuel Gonz?lez y Por firio D?az continuaron con el empe?o de legislar sobre la enajenaci?n de terrenos bald?os para ponerlos a disposici?n de diversos proyectos de colonizaci?n.

La ley del 25 de junio de 1856 ?mejor conocida como Ley Lerdo? buscaba liberar de sus trabas de inalienabili dad a los bienes de las corporaciones tanto civiles como eclesi?sticas. As?, en su art?culo primero sancionaba lo si guiente: Los bienes de las corporaciones civiles o eclesi?sticas de

la rep?blica se adjudicar?n en propiedad a los que los tienen arrendados por el valor correspondiente a la renta que en la

actualidad pagan, calculada como r?dito al seis por ciento anual.. .i2

La iglesia fue la corporaci?n que m?s r?pidamente resul t? afectada por dicha ley, como lo ilustran los datos reco

gidos en la Memoria de Hacienda correspondiente al pro pio a?o de 1856. En este documento se consign? c?mo, en un t?rmino de s?lo seis meses a partir de la promulgaci?n il Vid. Ordenanza expedida por el virrey marqu?s de Falces en mayo de 1567 sobre el fundo legal de los pueblos, en Fabila, 1941. la Labastida, 1893, pp. 19-20.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

de la Ley Lerdo, se desamortizaron bienes inmuebles de su propiedad por un valor de 23 000 000 de pesos.18 ?stos con sistieron en edificios destinados al culto o a la educaci?n, tierras que hab?an pasado a manos de la iglesia por dona ci?n o compra, tierras de otro tipo dedicadas al sostenimien

to del culto por los mismos vecinos y que la iglesia usu

fructuaba, etc.

Los bienes que pose?an los ayuntamientos en tanto per sonas jur?dicas tambi?n fueron desamortizados con relativa celeridad. De esta forma, las tierras llamadas del "propio", esto es, pertenecientes a los ayuntamientos, pasaron a ma nos de sus arrendatarios, o fueron puestas en subasta p? blica al mejor postor cuando no se hallaban arrendadas por un particular. S?lo los edificios municipales que estaban en servicio p?blico quedaron exentos de ser enajenados. Por contraste, las comunidades agrarias vieron afectados tanto sus terrenos de com?n repartimiento como sus ejidos con cierta lentitud. En el caso de los primeros, los vecinos

de los pueblos deb?an denunciar ante las autoridades sus

propias parcelas de cultivo para que ?stas se les adjudicaran a t?tulo de propiedad privada. En el caso de los ejidos, bos ques y pastos, ?stos deb?an asignarse ?tambi?n a t?tulo de propiedad privada? entre los vecinos de los pueblos, respe tando los respectivos derechos anteriores de los mismos.

La adjudicaci?n de estos bienes en propiedad privada

implicaba inicialmente un impuesto por concepto de trasla do de dominio equivalente al cinco por ciento del valor del inmueble. Sin embargo poco tiempo despu?s se expidi? la circular del 9 de octubre de 1856 con el objeto de facilitar

y acelerar la ejecuci?n de las leyes liberales, y en dicha circular se ordenaba que "... todo terreno valuado en me

nos de doscientos pesos, ya sea de repartimiento o que per tenezca al ayuntamiento, debe ser adjudicado sin el pago de la alcabala o de cualquier otro impuesto".14 13 Bazant, 1971, p. 57.

14 Labastida, 1895, p. 25.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

Por otra parte, la ley sobre ocupaci?n y enajenaci?n de terrenos bald?os dictada el 20 de julio de 1863 por el go bierno de Ju?rez persegu?a el objetivo de colonizar territo rios poco poblados o despoblados y reflejaba la preocupa ci?n gubernamental por aumentar las zonas cultivadas. Leyes similares a ?sta hab?an visto la luz antes.15 Sin embargo, esta ?ltima y las que sucesivamente expidieron las adminis traciones de Gonz?lez y D?az tuvieron efectos verdaderamen

te amplios debido a su rigurosa aplicaci?n. De esta suerte, entre 1863 y 1867 se denunciaron y adju dicaron por esta v?a 1 737 465 hect?reas en todo el pa?s.16

Posteriormente, ya durante los gobiernos porfiristas, se crea ron las famosas compa??as deslindadoras de terrenos. ?stas ten?an por funci?n la de establecer la cantidad de terrenos bald?os que hab?a en M?xico, y recib?an como pago por sus servicios hasta una tercera parte de los terrenos que denun ciaran. Con todo, la ley de 1883 sobre la materia estipulaba uri l?mite de 2 500 hect?reas adjudicables por denuncio a las compa??as deslindadoras. Esta ley se modific? en 1894, de jando sin l?mite la extensi?n de tierras que pod?an adjudi carse a dichas empresas.17 As?, entre 1867 y 1910 se expi

dieron 38 971 t?tulos, que amparaban una superficie de 22 265 510 hect?reas con un valor global de 8 509 658 pe sos.18 Veamos a continuaci?n c?mo se aplicaron las leyes liberales en la municipalidad de Ocoyoacac.

1. La desamortizaci?n de los bienes de la iglesia. Las pro piedades y los bienes que la iglesia pose?a en el municipio de Ocoyoacac se reduc?an a los templos destinados al culto y a los terrenos sobre los que ?stos se hab?an edificado. Las limosnas y dem?s beneficencias que los vecinos aportaban 15 Por ejemplo, el decreto de 4 de junio de 1823 mandaba que se repartieran tierras bald?as entre los individuos del ej?rcito permanente.

Vid. Colecci?n de leyes, 1913. 16 Gonz?lez Roa, 1919, pp. 110-111. it Fabila, 1941, pp. 184-185. 18 Gonzalez Roa, 1919, pp. 110-111.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

a la iglesia proven?an, exclusivamente, del usufructo de las tierras de comunidad que se dedicaban a este fin.

En 1861 el gobierno del estado de M?xico expidi? una

circular que estipulaba que los terrenos pertenecientes a las cofrad?as deb?an pasar al dominio del municipio. Ordena ba, a la vez, que los ayuntamientos procedieran a evaluar y a repartir dichos terrenos entre los mismos vecinos de cada poblaci?n. En el repartimiento tendr?an preferencia to dos aquellos que hubieren tomado las armas "en defensa de la constituci?n". Las porciones por repartirse ser?an de cua tro o cinco almudes de tierra y reconocer?an un censo de

seis pesos anuales, lo cual resultar?a en beneficio de los

fondos municipales.19

As?, el cabildo de Ocoyoacac acord? la venta y enajena

ci?n de los siguientes terrenos: Milpas de San Nicol?s, Mil

pas del Rosario, Milpas de las ?nimas, El Corral de Nues tro Se?or, una parcela en el lindero con la hacienda de Jajalpa, la Escuela Antigua ?correspondiente al pueblo

de Cholula? y su sitio.20 Ninguno de estos terrenos era ma yor de dos cuartillos de sembradura de ma?z. Cuatro a?os despu?s, en 1865, el prefecto del departamento de Toluca

?Camilo Zamora? certific? que el ayuntamiento de Oco

yoacac hab?a manifestado varios terrenos de comunidad ?de

los pueblos de Atlapulco, Ocoyoacac, Cholula, Tultepec y Tepezoyuca? cuyo usufructo se destinaba a las misas y fies

tas de la iglesia. El documento especificaba, adem?s, que

dichos terrenos hab?an sido todos repartidos entre los veci nos.21 Es de presumir, aunque no se pueda confirmar, que se trataba de los vecinos ?o familiares de los vecinos? que originalmente los donaron o traspasaron a la iglesia. Posteriormente, una nueva circular determin? en 1875 que los ayuntamientos dispusieran ?sin ning?n obst?culo? 19 Acta del 21 de febrero de 1861, en AMO? Libros de cabildo,

caja 1.

20 Un cuartillo es equivalente a un cuarto de almud, o sean .05

hect?reas.

si AMO, Tierras, ca?a 1. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

de los edificios de manos muertas. El cabildo de Ocoyoacac declar? "no haber en esta municipalidad bienes de la natu raleza de que se trata en la expresada circular..." %* 2. Fraccionamiento de los terrenos de com?n repartimiento. La destrucci?n del r?gimen de tenencia colonial de la tierra que tuvo lugar a lo largo del siglo xrx se inici? con los te rrenos llamados de com?n, repartimiento, esto es, con aque llas parcelas que en las comunidades estaban destinadas al usufructo individual. En efecto, desde las primeras d?cadas del siglo algunos estados de la rep?blica dictaron medidas legislativas que estaban encaminadas a modificar el estatus

de inalienabilidad de que gozaban las parcelas de com?n repartimiento, para que ?stas pudieran adjudicarse a t?tulo

de propiedad privada.28 Con tal prop?sito, el 18 de mayo de 1848 el gobierno del estado de M?xico solicit? a las prefecturas de su juris

dicci?n informaci?n referente al "estado que guardaban" las tierras de com?n repartimiento. Dicha solicitud no obtuvo la respuesta deseada: los distintos pueblos se negaron a pro porcionar dato alguno, ya que tem?an ser despojados de sus posesiones. El gobierno del estado insisti? en su empe?o, y el 11 de septiembre de ese mismo a?o decret? una medida similar a la anterior sin lograr recabar la informaci?n reque

rida. Ante estos hechos las autoridades del estado de M?

xico acordaron que, con base en "no haberse recibido todas las noticias, el gobierno cree conveniente que este ramo se arregle concediendo estos terrenos en posesi?n y propiedad a los hijos de los pueblos. .. para evitar que sean un semi llero de pleito como hasta aqu?".24 22 Acta del 23 de mayo de 1865, en AMO, Libros de cabildo, caja I.

2B Por ejemplo, en 1851 se decret? en Michoac?n la divisi?n de

las tierras de repartimiento, quedando exceptuadas las del fundo le

gal, las de los ejidos y las de los propios de los pueblos. Decretos {si

milares se dictaron en los estados de Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nue

vo Le?n y Yucat?n. Vid. Coromina, 1877, p. 195.

24 Memoria Hacienda estado de M?xico, 1849, p. 23.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

Pero el cambio en la forma de tenencia de la tierra im plicaba, para el agricultor, pagar un censo y una contribu ci?n municipal de tres pesos anuales. Para evitar este des embolso la mayor?a de los comuneros hicieron caso omiso de la ley y continuaron detentando sus parcelas de com?n repartimiento.

Tras la expedici?n de la Ley Lerdo, en 1856, los go

bernadores del estado de M?xico insistieron en cambiar el

r?gimen de tierras de com?n repartimiento, esta vez con el apoyo federal. As?, por ejemplo, el gobernador provisio nal Antonio Zimbr?n trat? en 1868 de impulsar el proceso

de adjudicaciones mediante un decreto que exim?a a los adjudicatarios del pago del censo al que estaban obligados con anterioridad.25 La Memoria del gobierno del estado de

M?xico de 1871 asienta que, en ese mismo a?o, fueron ad judicados 46 1/3 sitios de ganado mayor entre 63 373 per

sonas. Dichos terrenos se valoraron en 962 851 pesos, y

deb?an producir a las municipalidades en las que se localiza ban un ingreso anual de 28 886 pesos.26 La mayor?a de estas adjudicaciones se hicieron en los distritos de Zumpango,

Tenango y Tenancingo.

En 1889 la Secretar?a de Fomento insisti? de nueva cuen

ta en el asunto, se?alando que los terrenos de com?n re partimiento deb?an "distribuirse entre los que tengan leg? timo derecho a ello, para que los disfruten y mejoren bajo

su acci?n de inter?s individuar'. Adem?s, fijaba un plazo

para que los beneficiarios recogieran sus t?tulos de propie

dad, con la indicaci?n de que, de no hacerlo as?, la Secre tar?a podr?a disponer de las tierras en cuesti?n.27

El grueso de las adjudicaciones que se realizaron en el

estado de M?xico tuvo lugar entre los a?os de 1885 y 1898,

como lo evidencia el gran n?mero de expedientes que al respecto obran en el archivo general del estado. El muni 25 Memoria estado de M?xico, 1869, p. 56.

26 Memoria estado de M?xico, 1871, p. 71.

27 Colecci?n de leyes, 1915, pp. 51-52.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

cipio de Ocoyoacac escap? a este promedio: en ?l, la adju dicaci?n de parcelas se emprendi? desde el a?o de 1867. En este caso, las adjudicaciones se vieron apresuradas por el hecho de que algunas personas ajenas al municipio in tentaron denunciar las posesiones de sus vecinos, con el fin

de adjudic?rselas. Un informe que present? el ayuntamiento de Ocoyoacac ?. la jefatura pol?tica del distrito de Lerma en 1874 afir

maba:

El terreno nombrado Titizihuahuan y diez terrenos que constan... eran de com?n repartimiento [y] ... fueron adju dicados a los vecinos desde el a?o de 1867..., los cuales pa gan la contribuci?n municipal respectiva...

Ciertamente, los llamados terrenos diseminados fueron repartidos entre veinticuatro vecinos de los barrios de San Miguel, Santa Mar?a Santiaguito y Tepezoyuca. El valor de

dichas tierras se estim? en 1 460 pesos, lo que hac?a un valor promedio de sesenta pesos por cada parcela adjudi cada.2? Un decreto de la legislatura del gobierno del estado del

9 de abril de 1875 se ocup?, una vez m?s, del fracciona

miento de los terrenos de com?n repartimiento. El cabildo de Ocoyoacac respondi? que no hab?a en su cabecera quien estuviera poseyendo terrenos de m?s de doscientos pesos, y que "en esa virtud los adjudicatarios de esta poblaci?n son ahora propietarios de los terrenos que est?n poseyendo".29 De esta forma, los terrenos de com?n repartimiento del municipio de Ocoyoacac fueron fraccionados mayormente hacia 1875. Adem?s, la documentaci?n encontrada establece que su valor promedio estaba por debajo de los doscientos pesos, por lo que se les consideraba legalmente como tierras "pobres" que no deb?an pagar impuesto por traslado de do minio. Cabe insistir en que dichos terrenos no fueron ena 28 Acta del 31 de enero de 1874, en AMO, Libros de cabildo, caja 1. 29 Acta del 26 de abril de 1875, en AMO, Libros de cabildo, caja 1.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Dimensiones de la

adjudicaci?n

15 m2

8 694 m2 11704 m2

4 900 2m2 250 m2

0 220 m2 4 900 m2

1 444 m2 2 960 m2 5 000 m2 2 500 m2

Localizaci?n de la adjudicaci?n

198 m2 198 m2 743 m2 800 m2 119 m2

1 224 7m2 500 7m2 500 m2

2 145 m2

Camino Caminoa aSantiago Santiago Barrio Barrio de SanMar?a Miguel de Santa

Barrio de San Miguel Llano de la Perea

Llano Pastal

Amomolulco Amomolulco Amomolulco San Antonio

Pedregal

Ci?nega Cholula Ci?nega Cholula

Camino Real

Llano Pastal Llano Pastal

Pedregal Pedregal

Pedregal

Cuadro 1Muestra de las adjudicaciones de terrenos de com?n repartimiento del municipio de Ocoyoacac

abril

enero eneromarzo Fecha de la

adjudicaci?n

marzo

octubre

agosto

enero marzo

septiembre octubre

febrero

1898,1899, 1899, 1891, 1891, 1898, 1891, 1891,1891, 1891, 1891, 1877,

enero

abril

1904, 1904, 1901, 1901, 1906 1905 1905

1899,

Fuente: AMO, Tierras, caja 2.

Nombre del adjudicatario

Joaqu?n Maximiano

Ignacio Hern?ndez

Graciano Loperena Francisco D?az

Jos? Arellano

Antonio Monroy

Tibursio Raigosa Catalina Carmona

Ignacia Alan?s

Jos? Manuel Jos? Garc?a

Le?n Faustino

Basilio Cruz

Mar?a Herculana Mar?a G. Aguilar

Jos? Marcelino Anastasia Mar?a

Jos? Arellano Hilario Reyes

Eligi? Viviano

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

jenados o adjudicados a otras personas que no fueran sus

antiguos usufructuarios. El cuadro 1 da una muestra de las adjudicaciones de los terrenos de com?n repartimiento del municipio de Ocoyoa

cac. Ejemplifica, por un lado, el tama?o de las parcelas, que en su mayor?a eran menores a una hect?rea de exten si?n, y, por otro, el hecho de que la tierra se conservara entre los mismos vecinos.

3. Fraccionamiento de los terrenos de comunidad. Los terre nos de comunidad ?esto es, ejidos, montes, pastos? fueron

los ?ltimos en ser adjudicados a t?tulo de propiedad pri

vada, debido, como es claro, a su car?cter de bienes de usu fructo comunal. A pesar que desde 1864 el ayuntamiento de Ocoyoacac hizo algunas gestiones encaminadas a lograr su fraccionamiento, ?ste no fue posible sino hasta fines de la d?cada de los 80, y ello de una manera incompleta. En efecto, ya en 1864 el municipio de Ocoyoacac solici t? permiso a la prefectura pol?tica del distrito para distri buir entre los vecinos las tierras de dicha denominaci?n. Esta premura obedeci?, como antes se indic?, a que algunas personas "ambiciosas" hab?an denunciado tales terrenos con motivo de la promulgaci?n de las Leyes de reforma. Seg?n el cabildo de Ocoyoacac, .. .las preocupaciones y h?bitos de los vecinos les han hecho no pedir su repartimiento; pero hoy, que denunciantes ambi ciosos pueden perjudicarlos, y convencidos de que los efectos de las leyes de desamortizaci?n son ventajosos para los pobres, nos apresuramos a pedir se aplique a nuestros vecinos el be neficio de las circulares del 9 de octubre y 7 de noviembre de 1856, adjudicando a los vecinos fracciones que no excedan de doscientos pesos.30

Tanto las solicitudes que al respecto se presentaron por parte de los vecinos cuanto las fracciones de tierra que as? 80 AMO, Tierras, caja 1, exp. 1. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

se repartieron eran de muy peque?as dimensiones. Por eso entre las solicitudes registradas en el mes de octubre de 1865 una era para un corral de dos cuartillos de sembradura de

ma?z, situado a espaldas de la iglesia de Ocoyoacac, y otra era para media sembradura de ma?z, ubicada en el barrio de San Miguel, al sur de la dicha iglesia.31 Desde luego, todo adjudicatario deb?a pagar el seis por ciento anual so bre el valor del terreno adjudicado. Tras de los primeros repartimientos siguieron unas cuan tas solicitudes aisladas, pero no fue sino hasta 1887 cuan do se fraccion? la mayor parte de los terrenos de comuni dad. En diciembre de 1887 el terreno llamado Atlixihuian fue dotado a cuarenta y seis personas. Su valor era de 1 929 pesos lo cual hac?a un promedio de tan s?lo 41 pesos por par cela distribuida.82 Al iniciarse el a?o de 1888 se procedi? a dividir las tierras del com?n de El Cerro y para el mes de

mayo de ese mismo a?o el comisionado para dicho asunto inform? al cabildo que se hab?an otorgado ya parcelas a veintiocho vecinos. Para fines de 1888 se hab?a concluido el repartimiento, habi?ndose beneficiado a un total de cin

cuenta vecinos. Con todo, en una sesi?n de cabildo se la ment? de que eran "pocos los vecinos que hab?an sacado sus escrituras de propiedad".88 Al a?o siguiente se prosi gui? con la distribuci?n de los terrenos de El Pedregal, y

para febrero se hab?a dotado de parcelas a cuarenta y seis vecinos. Para mayo de 1889 su n?mero era mayor de cien.84 En el mes de abril de ese mismo a?o se repartieron parcial mente los terrenos comunales de los pueblos de Atlapulco, Acazulco, Tepezoyuca y Coapanoaya.85 Finalmente en 1895 31 Idem.

32 Idem. B3 Actas del 25 de enero, 12 abril, S de mayo y 51 de diciembre de 1888, en AMO, Libros de cabildo, caja 1. 34 Actas del 5 de enero, 11 y 17 de febrero de 1889, en AMO, Li

aros de cabildo, caja 1.

35 Acta del 11 de abril de 1889, en AMO, Libros de cabildo, caja 1.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

se empez? a parcelar una tierra muy f?rtil llamada El Llano de la Perea. Los vecinos hab?an solicitado con anterioridad el fraccionamiento de la misma, pero debido a que se en contraba en litigio con el pueblo de Tultepec desde el a?o de 1857 no se hab?a procedido a su parcelaci?n.86 Aqu?, el ayuntamiento de Ocoyoacac procur? beneficiar a los vecinos carentes de tierras o a los individuos m?s po bres del municipio. El fraccionamiento de las tierras comu nales represent? un golpe a las formas de organizaci?n co munitarias, ya que el usufructo de pastos, bosques, corrales y dem?s requer?a de una direcci?n que por lo general asu m?a el ayuntamiento.

4. Repartici?n de terrenos bald?os. La expedici?n de las

leyes relativas a los terrenos bald?os por un lado, y las mo dificaciones que ?stos tuvieron con el tiempo ?que confirie ron derechos casi ilimitados a las compa??as deslindadoras de terrenos? por otro, han sido vistas por algunos historia

dores como la principal causa que explica la p?rdida que

de sus tierras sufrieron muchos de los antiguos comuneros.

Nos parece oportuno puntualizar aqu? que esta apreciaci?n general ?no exenta de riesgos, por lo dem?s? no es v?lida para el estado de M?xico ni para el municipio de Ocoyoacac, como a continuaci?n veremos.

Ya se?alamos que, como consecuencia de la aplicaci?n

de las leyes de bald?os y colonizaci?n, entre 1867 y 1910 se enajenaron en todo el pa?s terrenos por un valor total de 8 509 658 pesos. En ello, la participaci?n del estado de M? xico fue la que sigue: en ese intervalo se extendieron sola mente diecisiete t?tulos, que abarcaban una superficie de 20 100 hect?reas valoradas en 17 468 pesos. De donde resul ta que la concesi?n de terrenos mediante denuncia fue m? nima en el estado de M?xico en comparaci?n con la enaje naci?n de tierras que se efectu? en otras regiones del pa?s, cual fue el caso del Norte. M?s concretamente, durante el B? Acta del 5 de marzo de 1895, en AMO, Libros de cabildo, caja 1.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

porfirismo s?lo se extendieron cuatro concesiones a compa

??as deslindadoras en el estado de M?xico. El primer con cesionario fue Eufemio Amador, quien celebr? un contrato con la Secretar?a de Fomento el 30 de agosto de 1884, cir cunscrito al distrito de Temascaltepec. En 1889 Manuel San tib??ez y A. Mercado obtuvieron una concesi?n para des lindar en las zonas de Tlalnepantla, Cuautitl?n, Ixtlahuaca, Sul tepec, Tenancingo, Chalco, Texcoco y O tumba. En 1890

se otorgaron dos concesiones m?s: una al se?or Juan B. Coama?o para los estados de M?xico, Michoac?n y Guerre ro ?en las zonas inmediatas al trayecto que segu?a al ferro carril?; otra al se?or Juan J. Bottero, para las zonas mi neras de San Vicente y El Valdelista, sitas en el distrito de Sultepec.87 Como se observa, estas concesiones fueron expe didas, en su mayor parte, para regiones mineras del estado.

En el centro del pa?s, y en especial en el estado de M? xico, la mayor parte de las denuncias que hicieron las com

pa??as deslindadoras de terrenos y otros particulares no

procedieron y se encontraron con la respuesta de "no haber

bald?os". Los estados del centro de la rep?blica sufrieron una enajenaci?n promedio de s?lo el 1.27 por ciento de su

extensi?n territorial, y el estado de M?xico, en particular, del 0.84 por ciento de la misma.38 Estas cifras son altamente significativas si tomamos en cuenta que a lo largo del por firismo se enajen? casi el veinte por ciento de todo el terri torio nacional. Con motivo de la circular del 30 de septiembre de 1867 sobre la existencia de terrenos bald?os enviada por el gobier

no del estado de M?xico a todos los municipios de la enti dad, el cabildo de Ocoyoacac discuti? ampliamente qu? es lo que se consideraba como "terreno bald?o". En sus sesio

nes acord? que dicha categor?a no hac?a referencia a terrenos

de comunidad ?esto es, a los ejidos? sino exclusivamente 37 Navarro, 1895, pp. 24-51.

38 Los estados del centro de M?xico eran los siguientes: Aguasca

lientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoac?n, Mo relos, Puebla, Quer?taro y Tlaxcala.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

a aquellos terrenos que la comunidad o el municipio n usufructuaban. Por tanto, el ayuntamiento de Ocoyoaca contest? al gobierno estatal lo que sigue: "Se nombr? un comisi?n para que se verificaran los terrenos bald?os exis

tentes en el municipio. La comisi?n inform? que no exist? terrenos bald?os que repartir."89

D. Relaciones socioecon?micas en el intervalo 1845-1895

Hecho el recuento de la aplicaci?n de las leyes liber les en Ocoyoacac, toca ahora dejar de lado el ?ngulo ju

r?dico-pol?tico de la cuesti?n para rastrear sus dimension

econ?micas y sociales. ?Qu? ocurri? en la muinicipalida tras de la ejecuci?n de dichas medidas de gobierno? ?Qu cambios se presentaron a largo plazo en la distribuci?

y el aprovechamiento de los recursos? ?Qu? modificacione

experimentaron la divisi?n social del trabajo, las pauta

tecnol?gicas, las relaciones entre haciendas y minifundio

1. La tierra. El municipio de Ocoyoacac comprend?a un to tal de 640 caballer?as ?esto es, 8 533 hect?reas? de las cua

les 296 ?casi la mitad? se hallaban pobladas de bosque Ni la extensi?n territorial del municipio ni la proporci entre las tierras de labor y las de bosques se alteraron el curso del siglo xix. Por otra parte, por lo que ata?e a la distribuci?n de las tierras de la localidad entre las hacie

das, los ranchos y las unidades menores de producci?n, tam poco hubo un cambio significativo a lo largo de ese siglo. En efecto, las haciendas conservaron, en t?rminos gene rales, la misma extensi?n territorial que pose?an desde el per?odo colonial. En aquella ?poca, de entre los numerosos litigios que tuvieron lugar entre los asentamientos espa?ol y los pueblos de indios, la comunidad de Ocoyoacac perdi? s?lo dos pleitos. El primero en 1657, cuando el sitio de Ch

maliapa pas? ?por medio de una composici?n? a manos

3? Acta del 5 de agosto de 1868, en AMO, Libros de cabildo, caja 1

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

A HACIENDAS * CASER?OS

** FFCC ~ CARRETERA

mtiiiiimiHi* im

EL LLANITO fULTEPEC

HACIENDA

DE TEXCALPA

CI?NEGA

l EL PEDREGAL

HACIENDA DE TEXCALTENCO

Mapa 2. Pueblos y haciendas del municipio de Ocoyoacac.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

la familia Moctezuma, propietaria de la hacienda de Tex

caltenco. El segundo afect? al sitio nombrado El Pedregal, que se integr? tambi?n a la hacienda de Texcaltenco a tra v?s de una invasi?n que fue legalizada en 1750.40 Sin em

bargo, ya en el a?o de 1850 la due?a de dicha hacienda, Ana L?pez Tello, decidi? vender su propiedad a los pue

blos vecinos. Fue as? como los pueblos de los municipios de Ocoyoacac y Capulhuac acordaron recuperar ?mediante com pra? las tierras que hab?an perdido. A pesar de que no se realiz? una compra-venta total de las tierras de la hacienda de Texcaltenco, Ocoyoacac obtuvo, al menos, la reincorpo raci?n del sitio El Pedregal a su patrimonio. De esta forma se constata que las haciendas no s?lo no se extendieron f? sicamente entre 1845 y 1895, sino que los pueblos lograron recuperar algunas tierras que antiguamente les pertenec?an. Veamos entonces c?mo se distribu?an las tierras del mu nicipio de Ocoyoacac en el siglo xix. Las haciendas de Tex

calpa y Jajalpa ocupaban un total de 51 caballer?as/Los ranchos de Amomolulco y Las ?nimas pose?an once y me dia caballer?as: once caballer?as el primero y s?lo media caballer?a el segundo.41 Los pueblos, con sus caser?os y sus tierras, detentaban 577 caballer?as y media.

El n?mero de fincas r?sticas que hab?a en el munici pio en esta ?poca superaba con mucho a la cantidad de las mismas existentes en otros municipios del Valle de Toluca. Por ejemplo, en 1871 se registraban en Ocoyoacac 1 422 fin cas r?sticas con un valor total de 140 309 pesos, en Cali may? 82 fincas con un valor global de 121 776 pesos, en Tianguistenco 60 fincas valuadas en 161761 pesos, en Ca pulhuac 59 fincas con un valor estimado en 67 102 pesos,

y en Tenango 154 predios con un valor calculado en 138 776 pesos. En Lerma, la cabecera del distrito al cual pertenec?a Ocoyoacac, aparec?an 826 fincas r?sticas con valor de 390 087

40 AMO, Fondo colonial, caja 1. 41 AMO, Tierras, caja 1.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

pesos.4^ De estos datos se colige que en Ocoyoacac no exis t?a el fen?meno de la concentraci?n de la tierra, sino que, por lo contrario, hab?a un ?ndice elevad?simo de peque?as propiedades. Estas mismas cifras nos indican, por el valor de las propiedades, que el n?pnero tan bajo de asentamien tos o predios en otros municipios del valle obedec?a, funda mentalmente, a la concentraci?n de las tierras y no a la disparidad en la extensi?n geogr?fica de los municipios.

Si agrupamos los datos de 1871 por distrito y no por

municipio tendremos resultados muy similares. El distrito con el mayor n?mero de fincas era el de Lerma, en cuya jurisdicci?n se hallaba Ocoyoacac. Lerma asentaba un total de 2 644 propiedades, Toluca 896, Tenancingo 631, Chalco 296, y O tumba 134.48 Todo esto nos habla de la gran ca

pacidad que mostraron los vecinos del municipio de Oco

yoacac para retener sus tierras antes y despu?s de la aplica ci?n de las Leyes de reforma.

En otro orden de ideas encontramos que, de las 1 422

fincas r?sticas registradas en 1871 en el municipio de Oco yoacac, 1 197 se hallaban exentas de pago de impuestos mu nicipales por no rebasar el valor catastral de cien pesos. Esto significa que s?lo 225 propiedades causaban impuestos en Ocoyoacac en ese mismo a?o. Recordemos, para confirmar estos datos, que de todos los vecinos de Ocoyoacac que en 1875 recibieron terrenos de com?n repartimiento a t?tulo de propiedad privada ninguno de ellos pose?a un predio cuyo valor excediera de doscientos pesos. Tengamos presente, tam

bi?n, que cuando se inici? el reparto de El Llano de la Perea la jefatura pol?tica del distrito de Lerma orden? que ?ste se fraccionara en parcelas de un almud de sembra

dura de ma?z para que de esa manera se beneficiara a los vecinos m?s pobres del municipio.44 As?, aunque las estad?sticas no nos permiten conocer la 42 AMO, Estad?sticas, caja 1. 43 ?dem. 44 ?dem.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

extensi?n promedio de las unidades menores de producci?n, la informaci?n que poseemos nos indica que el tama?o de la parcela familiar m?s com?n y corriente era mucho menor a una hect?rea: por lo regular no pasaba de cuatro almudes

de sembradura de ma?z. De ah? que para prop?sitos fisca

les se les considerara en su mayor?a" como "tierras pobres" que no deb?an causar impuestos. Todo indica asimismo que entre 1845 y 1895 las hacien das, los ranchos y las unidades menores de producci?n no incorporaron innovaciones tecnol?gicas en sus sistemas de

cultivo. De acuerdo con el censo que se levant? en 1890

en el municipio de Ocoyoacac, las haciendas y los ranchos empleaban arados para la labranza, y utilizaban, adem?s, coas, talachas, azadones y palos de fierro y de cerradera.

Por lo que respecta al ganado de labor, la hacienda de Ja jalpa contaba con cincuenta bueyes de tiro, veinte mu?as de carga y diez caballos de silla; la de Texcalpa con cin cuenta bueyes de tiro, veinticinco animales para carga y silla, y ciento cincuenta de vaciada; el rancho de Amomo lulco ten?a veinte bueyes de tiro, diez mu?as de carga y dos

caballos, y el rancho de Las ?nimas un buey de tiro. La misma fuente indica que los vecinos que explotaban unida

des menores de producci?n empleaban instrumentos tradi cionales para la labranza.45 As?, las haciendas, los ranchos y las unidades menores de producci?n contaban con una base tecnol?gica similar, que no parece haberse modificado a lo largo del siglo pasado. La diferencia entre las haciendas y los ranchos, de un lado, y las unidades familiares, de otro, estribaba en la mayor di visi?n del trabajo que hab?a en las primeras, as? como en la mayor escala de los recursos que hac?an intervenir en sus explotaciones. 2. La poblaci?n. El porfirismo se caracteriz?, en buena me dida, por su tendencia general al crecimiento demogr?fico. 45 Idem.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

Pero este crecimiento no fue uniforme en todo el pa?s. Dado

que la poblaci?n de M?xico se hallaba concentrada en el

centro de la rep?blica, se registraron tendencias demogr?fi cas contradictorias y expresiones regionales muy dis?mbolas de estos fen?menos. Veamos esto con mayor detalle.

A lo largo del siglo xix la poblaci?n total del pa?s au

ment? paulatinamente. Mois?s Gonz?lez Navarro ha estima do un incremento promedio anual de 90 000 personas entre 1810 y 1910. Este autor tom? en consideraci?n, al hacer sus

c?lculos, que la poblaci?n de M?xico era en 1810 de seis millones de habitantes y que en 1910 hab?a alcanzado la cifra de quince millones. Sin embargo, como ya se apunt?, el crecimiento de la poblaci?n en el curso del siglo pasado se acentu? entre 1877 y 1910. En este lapso el aumento por centual fue de 61.5 con respecto del a?o base. M?s particu larmente, en este mismo intervalo el aumento m?s notable ocurri? entre 1877 y 1895, disminuyendo relativamente el ritmo de crecimiento de 1895 a 1910.46 Como antes indicamos, este crecimiento fue muy desigual. Las zonas que de antemano ten?an una mayor densidad de mogr?fica experimentaron un incremento muy superior al de aquellas otras que tradicionalmente registraban una baja densidad poblacional. Esto significa que el mayor ?ndice de ciecimiento demogr?fico anual durante el porfirismo tuvo lugar en los estados de Veracruz, Puebla, M?xico, Michoa

c?n, Oaxaca y Guanajuato y en el Distrito Federal.47 La

zona Norte, con escasa poblaci?n, logr? tambi?n un aumen to sustancial durante estos a?os, debido principalmente a la introducci?n de los ferrocarriles, que imprimieron un gran impulso econ?mico a la zona y facilitaron la movilizaci?n de migrantes de la zona central del pa?s. En este sentido, los caminos de fierro cumplieron un papel decisivo en cuan to a la redistribuci?n de la poblaci?n nacional al crear fa cilidades para las migraciones internas, particularmente a 46 Gonzalez Navarro, 1957, pp. 19-20. 47 Gonzalez Navarro, 1957, p. 20. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

las que se orientaban hacia el Norte. Las principales co

rrientes migratorias ocurridas en el ?ltimo tercio del siglo se originaron en los estados de San Luis Potos?, Quer?taro, Aguascalientes, Zacatecas y M?xico. Seg?n el mismo autor,

estos estados expulsaron en 1895 alrededor del diez por

ciento de su poblaci?n total.48 Las migraciones internas se intensificaron entre 1895 y 1910. En este lapso la entidad fe derativa que arroj? el mayor n?mero de migrantes fue el

estado de M?xico, seguida por San Luis Potos?, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Hidalgo y Michoac?n. Por

otra parte, las migraciones externas ?especialmente hacia los Estados Unidos? vivieron su mayor incremento entre 1900 y 1910.40 Los braceros proven?an tambi?n del centro del pa?s, primordialmente de Zacatecas, Guanajuato, Michoac?n y Jalisco. En suma, puede constatarse c?mo se registr? un aumen to sustancial ?en t?rminos absolutos y relativos? de la po blaci?n nacional durante el porfirismo, y asimismo que ?sta se fue redistribuyendo dentro del pa?s conforme aumenta

ba. Los habitantes de las zonas m?s densamente pobladas

tendieron a emigrar hacia el Norte, donde se abr?an cons tantemente nuevas oportunidades de empleo libre, donde se ofrec?an salarios m?s altos, y donde las condiciones de trabajo eran menos precarias. Con todo, estos desplazamien tos de la mano de obra no alteraron radicalmente el patr?n tradicional de la distribuci?n de la poblaci?n nacional, que continu? concentrada relativamente en el centro de M?xico. Ocoyoacac formaba parte de uno de los estados m?s den

samente poblados de la rep?blica, y pertenec?a a uno de

los distritos m?s poblados del estado de M?xico: el de Ler ma. En efecto, este distrito pose?a en 1871 la mayor pobla ci?n del estado en n?meros relativos, puesto que contaba con 1 342 habitantes por legua cuadrada. Le segu?an, en or den decreciente de densidad, los distritos de Tenango, Cuau 48 Gonz?lez Navarro, 1957, p. 27. 49 Gonz?lez Navarro, 1967, p. 124.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

1910*

1900^

77 325

47 476 150 414

46 703 128 735

1889*

950 648

71466

15 160 377

934 432 607 257

48 134

Evoluci?n de la poblaci?n del distrito de Lerma con relaci?n a los otros distritos, a la del estado

Cuadro 2

de M?xico y a la nacional ? 1871-1910 (Habitantes en n?meros absolutos)

42 370 80 517 54 640

1879*

710 570

481 961

39 996

1871?

a Memoria estado de M?xico, 1871.

? Censo de poblaci?n, ? Censo1900. de poblaci?n, 1910.

Rep?blica Mexicana

Estado de M?xico

c Velasco, 1899.

b Busto, 1880

Entidad

Distritos:

Lerma

Toluca

Tenango

Fuentes:

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

titl?n, Toluca y otros (v?ase el cuadro 2). El municipio de Ocoyoacac vio aumentar constantemente su poblaci?n en el correr de la segunda mitad del siglo xrx. En 1845 asentaba un total de 3 629 habitantes; en 1868, 6 864 personas; en 1901, 9 700 almas. Como se observa en el cuadro 3, la po blaci?n de esta municipalidad lleg? casi a triplicarse en el

curso de 56 a?os. La mayor parte de la poblaci?n del mu

municipio resid?a en su cabecera, en los barrios de la misma

y en los pueblos que los conformaban. Hacia 1880 surgi? la primera rancher?a, denominada El Pedregal, en la que por lo regular se asentaba la poblaci?n excedente o la que se denominaba "nueva".50 El caso de Ocoyoacac concuerda con las pautas descritas

por Mois?s Gonz?lez Navarro en lo que respecta al creci miento de la poblaci?n nacional, puesto que en ?l se pre

sentaron los ?ndices m?s elevados de aumento entre 1877 y 1895. No obstante, las tendencias migratorias que el mismo autor atribuye al estado de M?xico estuvieron ausentes en

Ocoyoacac: los censos municipales no evidencian que hu

biera habido una emigraci?n notoria de los habitantes del municipio hacia otros centros de poblaci?n. Por otro lado ?y como veremos m?s adelante? tanto en la municipalidad como en zonas aleda?as hab?a numerosas oportunidades de empleo que los habitantes de la misma aprovechaban, ya como jornaleros en las haciendas, como obreros en las f? bricas vecinas de Capulhuac y Lerma, en los montes, etc.

Lo cierto es que la poblaci?n del municipio aumentaba constantemente sobre una base limitada de recursos y sin que se presentaran desarrollos tecnol?gicos de consideraci?n, cuesti?n sobre la que volveremos m?s adelante.

5. La estructura ocupacional. Los datos que tenemos sobre la estructura ocupacional del municipio de Ocoyoacac re velan una divisi?n del trabajo muy incipiente y poco des 50 Vid. AMO, Estad?stica, caja 1; Registro civil, caja 1; Memoria estado de M?xico, 1871.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

62 MARGARITA MENEGUS BORNEMANN Cuadro 3 Poblaci?n del municipio de Ocoyoacac ? 1830-1910

A?os

1830 1845 1859 1868 1875 1879 1880 1882 1884 1885 1887 1888 1890 1892 1893 1895 1897 1898 1899 1900 1901 1910

Pueblos Rancher?as

y barrios

3 469

6 675 5 65P 6 932 6 513

Pobl?? ci?n en Ranchos haciendas

blaci?n total

5132 3 629

158 25

187

6 862

7 531

253 444

118 201

167

6 760

540

261

8017

584

331

127

310

48i>

6 945 7 972 8 321 8 329 8 368 8 661 9 058 8 979 8 939 9 526 9 205 9 082 9 093 8 497 9 770

Fuente: AMO, Padrones, caja 1. a No incluye el barrio de Santa Mar?a. b Censo de poblaci?n, 1910.

arrollada. As?, entre 1845 y 1895 no se podujo una creciente

divisi?n y especializaci?n del trabajo, como tampoco se present? una desvinculaci?n del campesino y su tierra. A medida que avanzaba el siglo la propiedad de la tierra se

conservaba entre los mismos vecinos, aunque la parcela fa miliar tendiera, cada vez mas, a disminuir su tama?o rela

tivo por raz?n del incremento demogr?fico. Como respuesta

a esta presi?n el campesino jefe de familia y los dem?s

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

miembros varones de la misma se abr?an a formas compl mentarias de empleo que les permitieran aumentar su greso familiar, y ello sin necesidad de emprender migraci nes propiamente hablando. Como se observa en el cuadro 4, para fines del siglo lo "jornaleros" constitu?an la mayor?a de la poblaci?n econ?

Cuadro 4 Estructura ocupacional en Ocoyoacac 1845-1887 (n?mero de personas)

Ocupaciones Labradores Jornaleros Comerciantes Artesanos b Silvicultores c

Arrieros

Operarios

Pescadores

Preceptores

Escribanos Fabricantes

Dom?sticos d

Tocineros Cirujanos Empleados Organistas

Poblaci?n econ?

1845 92

397 12 37

186 16 46 3 1 1

0 0 0

0 0

micamente activa 781 Poblaci?n total 3 469

1856

79 542

11 51 441 41

0 4 0 0

0 0 0

1171

1859*

1880

1887

73 459 9 16 284 25

121 984 11 42 562 33

76 1417 31 72 320 31

0 0

4 1 1 0 0 0 o

872

0 0 6 1 0

4 1 0 6 0 1 1

2 1 1 1

1767

6945

1960 8368

Fuente: AMO, Padrones, caja 1. a En 1859 no se incluyeron datos del pueblo de Atlapulco, que era po blaci?n en la que predominaban los silvicultores.

*> La categor?a de artesanos incluye carpinteros, sastres, olleros y loceros.

? La categor?a de silvicultores agrupa a le?eros, carboneros, tejamani leros, vigueros, lateros, etc. <* La categor?a de dom?sticos incluye a cocineras, lavanderas, tortille ras, etc

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

micamente activa. La definici?n de esta categor?a, tal y como

aparece en los censos del municipio, alude no s?lo al jor nalero agr?cola permanente, sino sobre todo a cualquier

vecino que vend?a ?parcial y/o temporalmente? su fuerza

de trabajo para adquirir un ingreso adicional al que pro ven?a de su parcela. La evoluci?n de esta categor?a censal entre 1845 y 1887 era altamente significativa de la presi?n demogr?fica sobre la parcela familiar campesina. En 1845 los jornaleros repre sentaban el 50.1 por ciento de la poblaci?n econ?micamente

activa del municipio; en 1856 dicho porcentaje se redujo

al 46.2; en 1859 aument? al 52.6 por ciento; en 1880 lleg? al 55.7 por ciento, y en 1887 alcanz? el 72.3 por ciento.51 Si consideramos el incremento del n?mero de jornaleros con relaci?n al aumento de la poblaci?n econ?micamente activa descubrimos lo siguiente: en el intervalo 1845-1856 el au mento porcentual de los jornaleros fue de un 36.5, mientras que la poblaci?n econ?micamente activa creci? a un ritmo del 48 por ciento; en el intervalo 1856-1880 el incremento porcen tual de los jornaleros fue de un 81 por ciento, en tanto que la

poblaci?n econ?micamente activa creci? a un ritmo del 50.7 por ciento; por ?ltimo, en el lapso 1880-1887 los jornaleros aumentaron en un 40 por ciento y la poblaci?n econ?mica mente activa creci? en un 11 por ciento. As?, al aumentar

el porcentaje de jornaleros m?s r?pidamente que el de la

poblaci?n econ?micamente activa, se produjo un proceso de descomposici?n de la econom?a familiar campesina que ope raba por v?a de un creciente asalariamiento de los antiguos labradores independientes. Los "labradores", por su parte, representaban en 1845 el 11 por ciento de la poblaci?n econ?micamente activa, en 1856 el 6.7 por ciento, y en 1887 tan s?lo el 3.8 por ciento.

Paralelamente al descenso del n?mero de labradores tuvo lugar una disminuci?n relativa del n?mero de artesanos. 51 AMO, Estad?stica, caja 1, exp. 2. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

?stos hadan en 1845 el 4.5 por ciento de la poblaci?n eco

n?micamente activa y en 1887 el 2.3 por ciento.82 Los comerciantes aumentaron su n?mero en t?rminos

absolutos entre 1845 y 1887. Sin embargo, este incremento fue proporcional al de la poblaci?n econ?micamente activa,

de suerte que si en 1845 hac?an el 1.5 por ciento de esa

poblaci?n en 1887 representaban el mismo porcentaje.68 Es tas cifras contradicen s?lo en apariencia el creciente grado de comercializaci?n del municipio, ya que, por la escasa di

visi?n del trabajo que en ?l hab?a, el mayor grado de co

mercializaci?n ten?a lugar sobre la base del peque?o produc tor directo.

Simult?neamente, el porcentaje de la poblaci?n dedica da a los servicios urbanos aumentaba en forma lenta pero constante. En 1845 era del orden del 0.2 por ciento de la poblaci?n econ?micamente activa; en 1856 del 0.5 por cien to; en 1880, del 0.6 por ciento; en 1887, del 0.7 por ciento. En el cuadro 5 puede verse la evoluci?n del municipio de

Ocoyoacac. Cabe resaltar que las categor?as que aqu? hemos mane jado para la clasificaci?n de las ocupaciones guardan una

relaci?n muy variable con la cantidad de tierra pose?da por cada uno de los individuos registrados en los censos muni cipales. Sabemos as? que las categor?as de "comerciante" o "alba?il" no implicaban, necesariamente, que ?stos estuvie ran despose?dos de tierras. Pudimos verificar esto gracias a un padr?n del a?o de 1868 que incluye a los habitantes del barrio de San Miguel. Este padr?n registra los siguientes datos de los censados: nombre del vecino, ocupaci?n, edad, y cantidades de capital ra?z y movible que cada uno de ellos

pose?a. De ?l se colige que el 75 por ciento de los jorna leros pose?a ?en la mayor?a de los casos? adem?s de su milpa, una casa, un sitio y animales. De manera semejan 52 AMO, Estad?stica, cajas 1, 2 y 5.

53 ?dem.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

Cuadro 5 Evoluci?n del n?mero de establecimientos mercantiles e INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC ? 1898-1904

Tipo de establecimiento 1898 1901 1902 1904 Mercantiles

Tiendas mixtas 10 10 8 8

Expendios de licores 5 5 39 29 Pulquer?as 11 11 31 24 Carnicer?as 2 3 12 Tociner?as 3 Boticas 1111

Tlapaler?as 1 1 1 1 Industriales a

Molinos de trigo 2 1 ? 2

Molinos de nixtamal 1 1 ? ? Panader?as 2 2 ? 2 ? 22 Pailas de jab?n ? F?bricas de ladril Talleres

Carpinter?as Zapater?as ? 1 3 3 Plater?as ? 1 2 2 Hojalater?as 1111 De tejidos 2 2 2 2 Herrer?as 2 Barber?as 2 Sastrer?as 2

2 2 4

Fuente: AMO, Estad?stica a Faltan las tener?as, de la

te, los comerciantes, celas de cultivo.54

En s?ntesis, hacia fi municipio de Ocoyoa 54 Idem.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

cultura familiar representaba apenas el 3.8 por ciento del

total. De manera que el grueso de la poblaci?n del lugar

complementaba sus labores agr?colas con actividades de otro tipo. Es importante destacar, a su vez, que la gran mayor?a

de los vecinos de Ocoyoacac pose?a por lo menos una pe

que?a parcela de cultivo, por lo cual segu?a ligada con la tierra y conservaban la capacidad para reproducir ?en buena medida? su propia fuerza de trabajo. As? pues, entre 1845 y 1895 constatamos cambios impor tantes en la estructura ocupacional del municipio del Oco yoacac, consistentes, b?sicamente, en la diversification del ingreso familiar de sus pobladores. Sin embargo tal diver sificaci?n no condujo a una creciente divisi?n social del tra

bajo. Tampoco se vio acompa?ada de una alteraci?n de la

base tecnol?gica preexistente ni llev? a la formaci?n de las clases sociales propias del capitalismo en el campo.

El an?lisis de la estructura ocupacional que hemos rea

lizado refleja un incremento absoluto y relativo del n?me ro de los jornaleros. Lo interesante de este aspecto es que las m?s de estas relaciones salariales se daban entre los pro pios peque?os productores agr?colas. En efecto, la desinte graci?n de las antiguas bases comunales deriv? en la ca?da en desuso de la reciprocidad de servicios entre los vecinos. As?, las relaciones de servicios mutuos fueron siendo reem plazadas por la compensaci?n salarial. La extensi?n de las for mas salariales en el caso de Ocoyoacac evidencia la existencia de un proceso de creciente monetarizaci?n de la econom?a de los peque?os productores del lugar. En todo caso, estos

hechos s?lo reflejaban la subordinaci?n de la producci?n mercantil simple a las pautas capitalistas cada vez m?s ex tendidas en el pa?s. 4. Formas complementarias del ingreso. En el transcurso de

este trabajo hemos visto que la desamortizaci?n de los te rrenos de comunidad no se cumpli? del todo en el muni cipio de Ocoyoacac. Por esta raz?n, la mayor parte de los bosques de la localidad continuaba todav?a en las postrime This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

r?as del siglo pasado en manos de los pueblos que antigua mente hab?an recibido el derecho de su posesi?n. No ha bi?ndose alterado, pues, la anterior administraci?n de los bosques por parte de los pueblos del municipio, el ayunta miento regulaba y supervisaba su explotaci?n. Con todo, ya en la ?ltima d?cada del siglo surgi? el fen?meno del arren damiento a particulares ?mediante contrato? de los dere chos de explotaci?n de los montes. Este fen?meno, que por vez primera se present? en la historia de Ocoyoacac, quiz? se vio auspiciado por la introducci?n del ferrocarril, que facilit? el aprovechamiento de la madera para fines amplia mente comerciales. Los arrendamientos se hac?an, por lo re gular, a personas ajenas al municipio, esto es, a contratistas de la ciudad de M?xico, Toluca, Lerma, etc. Estos ?ltimos adquir?an, mediante el pago de una cuota mensual, el de> recho de explotar la madera viva o muerta, o la ra?z del zacat?n.55 El primer arrendamiento de que tenemos noticia se rea

liz? en 1897. A trav?s de un contrato celebrado entre el se?or Domingo Serrano y el pueblo de Atlapulco, se arren daron los montes de este ?ltimo. El convenio estipulaba que el contratista deb?a pagar cuatrocientos pesos mensuales al ayuntamiento de Ocoyoacac por el beneficio de extraer la ma dera muerta.56 Las cl?usulas del acuerdo eran claras en el

sentido de que Serrano s?lo pod?a aprovechar los ?rboles que ya estuvieran derribados o picados, de manera que se le prohib?a la tala de ?rboles vivos. La fuente indica que por tal motivo se extra?an cerca de dos mil le?os por sema na. Un a?o despu?s se arrendaron estos mismos montes al se?or Rufino ?ngulo, vecino de la ciudad de Lerma. Este 55 Acta del 14 de mayo de 1880, en AMO, Libros de cabildo, caja 1. Loa arrendatarios acud?an a veces al gobierno del estado de M?

xico para solicitar su intervenci?n y lograr as? el convencimiento de los pueblos para arrendar sus montes. Estos contratos se firmaban siem pre con la presenda de un representante del gobierno del estado. M Acta del 25 de enero de 1897, en AMO, Libros de cabildo, caja 1.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

contrato se extendi? para la explotaci?n de madera viva. De ?sta, se extra?an cerca de diez ?rboles por semana.67 Posteriormente, en septiembre de 1901, los bosques de Coa

panoaya y de Atlapulco fueron arrendados a los se?ores

Gast?n Cortina y hermanos para el aprovechamiento de la ra?z del zacat?n.58

En los montes tambi?n se explotaban los minerales o las canteras que en ellos se encontraban. Puede consultarse, por

ejemplo, un contrato signado en 1902 mediante el cual el licenciado Diez de Bonilla adquiri? por el t?rmino de un a?o derechos sobre el cerro denominado Cerca Vieja, sito en los alrededores de Atlapulco, para extraer piedra para

construcci?n. El material se embarcaba en ferrocarril con des

tino a la ciudad de M?xico.59 Adem?s de los contratos men

cionados se hicieron otros para fabircar carb?n, extraer tre

mentina o transformar la madera en tejas y vigas. Lo que m?s nos ha llamado la atenci?n de estos contratos es que cada uno de ellos obligaba al contratista a emplear mano de obra proveniente del municipio de Ocoyoacac, lo cual representaba una garant?a para que los vecinos pudieran obtener un ingreso complementario. De esta forma, los recursos de sus montes permit?an a los habitantes de Ocoyoacac alquilarse a los contratistas y percibir un jornal. Sabemos bien que estos jornaleros eran,

a su vez, campesinos que cultivaban una parcela, puesto

que en tiempos de siembra o de cosecha suspend?an sus la bores en los montes. Al respecto, un informe presentado al cabildo sobre estas faenas dec?a a la letra que en los mon

tes de Coapanoaya iban a trabajar por lo pronto "peones

extra?os, entre tanto acaben de levantar sus cosechas los ve

cinos para que despu?s sigan trabajando". De este informe 57 Acta del 6 de octubre de 1898, en AMO, Libros de cabildo, caja 1.

58 Acta del 19 de octubre de 1901, en AMO, Libros de cabildo,

caja 1.

8? Acta del 15 de marzo de 1902, en AMO, Libros de cabildo,

caja 1.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

se deduce claramente que los jornaleros de los montes ni estaban despose?dos de tierras ni eran trabajadores especia lizados.00 Una forma m?s que ten?an los habitantes de Ocoyoacac para aumentar su ingreso familiar consist?a en el arrenda miento de tierras a medias entre los vecinos de los pueblos. Al arrendar sus parcelas los campesinos recib?an un pago

?en dinero o en especie? de parte de los arrendadores, disponiendo as? de m?s tiempo libre para alquilarse como jornaleros o para emprender otras actividades. Los vecinos del pueblo de Coapanoaya, por ejemplo, constantemente eran

sancionados por las autoridades municipales de Ocoyoacac porque arrendaban parte de sus tierras a los vecinos del

pueblo de Ameyalco.161

Aunque en mucho menor grado, las haciendas cercanas representaban otras oportunidades de trabajo, particular

mente en tiempos de siembra o de cosecha. En las inmediacio nes de Ocoyoacac hab?a, al menos, cinco haciendas: Jajalpa,

Texcalpa ?estas dos en el propio municipio?, Texcal tengo ?en los linderos de Ocoyoacac y Capulhuac?, Ateneo ?ca

mino de Toluca?, y Do?a Rosa ?camino de Lerma. Las haciendas de Jajalpa y de Texcalpa empleaban a un n?

mero muy reducido de jornaleros. Seg?n el censo levantado

en la municipalidad en el a?o de 1845, Jajalpa requer?a de un administrador, un mayordomo, un ayudante y die cinueve jornaleros; Texcalpa, por su parte, empleaba sola mente a un mayordomo y a doce jornaleros. En 1863 se registraban en Jajalpa ?nicamente un carpintero y doce jor

naleros. En 1880 las propiedades de la familia Pliego ?due ?a de Jajalpa? en la zona reun?an un total de cincuenta trabajadores, de los cuales cuarenta y seis eran jornaleros y los dem?s artesanos o empleados que ocupaban puestos ?o Acta del 19 de diciembre de 1901, en AMO, Libros de cabildo,

caja 1.

61 Acta del 5 de febrero de 1861, en AMO, Libros de cabildo,

caja 1. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

administrativos. Estos datos evidencian que las haciendas del municipio ocupaban poca mano de obra, y que esta si tuaci?n no se modific? sustancialmente entre 1845 y 1880. La hacienda de Ateneo, sin duda la m?s importante del Valle de Toluca en estos a?os, no empleaba jornaleros de Ocoyoacac. Al parecer, la finca reclutaba la mano de obra que precisaba en pueblos m?s empobrecidos que no logra ron conservar sus tierras, como Capulhuac, Tilapa, Ateneo, Jalatlaco, etc.e2 Por ?ltimo, en las proximidades de Ocoyoacac se hab?an asentado algunas f?bricas. Los datos disponibles no precisan el lugar de proveniencia de los operarios de las mismas; cuando m?s, se?alan el n?mero de ?stos. Sin embargo, su existencia y su cercan?a a la localidad nos hacen presumir que representaban una fuente de trabajo para algunos de los vecinos. Tenemos una noticia, de 1861, de la f?brica de San Ca yetano, ubicada en el municipio de Capulhuac. En aquel entonces los vecinos de Ocoyoacac hicieron una protesta en contra de los due?os del establecimiento por "el derrama miento de caldos" que ?ste efectuaba, y que, de acuerdo con los quejosos, aumentaba en extremo grado "la putrefac ci?n" del r?o que atravesaba la cabecera del municipio.63 El censo de 1910 confirmaba la existencia del molino de San Cayetano, y asentaba que ?ste empleaba a un total de 56 personas.104 En el barrio de Tepozoyuca, municipio de Ocoyoacac, Anaclito Bentura pose?a una f?brica de aguar diente de ca?a en 1875. Desconocemos el n?mero de per sonas empleadas en ella. Sin embargo, el censo municipal de

1887 mencion? al establecimiento y registr? que en ?l la boraban cuatro empleados con un salario de veinticinco centavos diarios, que produc?a cuatro barriles al mes con un valor de once pesos por unidad, y que su due?o era Lo ?2 Informaci?n proporcionada por Flora S?nchez Arre?la.

?3 Acta del 27 de febrero de 1861, en AMO, Libros de cabildo,

caja 1.

?4 Censo de poblaci?n, 1910.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

renzo Villota.65 La obra de Emiliano Bustos, publicada en 1879, refiere la existencia de una f?brica de tejidos de lana y algod?n llamada R?o Hondo, propiedad de Isidro de la Torre. Dicha f?brica colindaba, por el este, con el munici pio de Ocoyoacac, precisamente en un paraje nombrado R?o Hondo. En ese tiempo empleaba a un total^de 170 hombres, mujeres y ni?os; el salario m?s bajo era de dieciocho y el m?s alto de setenta y cinco centavos por jornada.*6 Final mente, Luis G. Pliego y Pliego era due?o de un molino de trigo que en 1890 produc?a 243 cargas mensuales y em pleaba a cinco operarios con un sueldo de veinticinco cen tavos por jornada."67

Es posible concluir que el hecho de que la mayor parte de la poblaci?n de Ocoyoacac conservara una parcela ?por peque?a que ?sta fuera? limitaba la emigraci?n a otras zo nas, ya que los despose?dos de otros pueblos estaban dispues

tos a aceptar condiciones de trabajo y de vida muy infe riores a las que privaban en el municipio.

E. Conclusi?n Resumiremos, a manera de conclusi?n, algunas proposi ciones sobre las tres dimensiones que hemos venido anali zando, a saber: a) la desamortizaci?n de las comunidades, b) la p?rdida o la retenci?n de la tierra por los antiguos comuneros, y c) las pautas del crecimiento econ?mico y so cial que siguieron a la operaci?n de tales mudanzas. En primer lugar, la aplicaci?n de las Leyes de reforma signific? una ruptura hist?rica en la vida de las antiguas comunidades ind?genas. Con ella se desarticularon las ante riores formas de organizaci?n comunal y se abri? paso tan to a la propiedad capitalista de la tierra cuanto a la con ?5 Acta del 30 de septiembre de 1875, en AMO, Libros de cabildo,

caja i.

?? AMO, Estad?stica, caja 1; Busto, 1880.

?7 AMO, Estad?stica, caja 1.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

dici?n ciudadana de sus poseedores. Este cambio se oper?

con distintos ritmos y profundidades, de acuerdo con el tipo

de bienes que se desamortizaban, y seg?n las variadas cir cunstancias nacionales.

En Ocoyoacac los primeros bienes que se afectaron, y

los que ofrecieron menores dificultades para ello, fueron los

de la corporaci?n eclesi?stica. En t?rminos generales esto ocurri? durante la propia guerra de tres a?os o poco des pu?s. Tampoco hubo demasiada resistencia a la desamorti zaci?n de los terrenos de com?n repartimiento. ?stos fueron adjudicados a t?tulo de propiedad privada entre los mismos vecinos que antes los pose?an, lo cual sucedi? entre 1867 y 1875. M?s lento, complicado e incompleto result? el frac cionamiento de los terrenos de comunidad ?ejidos, bosques, corrales? debido a que su usufructo se realizaba por la co munidad en su conjunto. Por lo que toca a la pol?tica sobre terrenos bald?os y colonizaci?n, ?sta no afect? mayormente

al municipio.

Sin pretender ignorar las peculiaridades de cada caso, el de Ocoyoacac bien pudiera considerarse como representati vo del fen?meno de la desamortizaci?n de las comunidades del centro de M?xico. En efecto, las variantes que se presen taron ?al menos en el estado de M?xico? obedecieron a dis paridades en las fechas en que se ejecut? el traslado de los bienes de comunidad a t?tulo de propiedad privada, y no

a las modalidades de su aplicaci?n. Como antes se vio, en

Ocoyoacac se observ? un cumplimiento temprano de las le yes, mientras que en el grueso de las poblaciones del estado

de M?xico la desamortizaci?n no se efectu? sino hasta la d?cada de los a?os 80. Y esto nos lleva a suponer que el

proceso de desamortizaci?n se aceler? una vez que el estado nacional se hubo consolidado.

La desintegraci?n de las comunidades condujo al naci miento de un sinn?mero de peque?os propietarios que se relacionaron de manera independiente entre s?. ?stos deja ron de gozar de sus anteriores derechos comunales ?entre otros, el usufructo de los bosques y los pastos del com?n?

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

quedando, por tanto, confinados en sus peque?as parcelas familiares. As?, la comunidad agraria perdi? entidad his t?rica y , por supuesto, capacidad de reproducci?n. En ade lante, la reproducci?n de la econom?a campesina depende r?a de las propias unidades familiares de cada labrador. Estos cambios en las formas de tenencia de la tierra, as? como en la reasignaci?n de los recursos entre los antiguos comuneros, nos permiten hablar de una extensi?n de las pautas capitalistas en el campo. Ciertamente, la propiedad privada de la tierra junto con la creciente monetarizaci?n de la econom?a campesina confirmaban cierto desarrollo del

capitalismo en el campo. Se trataba, sin embargo, de un despliegue que se limitaba al entorno socioecon?mico pero que no lleg? a alterar las condiciones mismas de la produc ci?n. No ocurri? una disociaci?n entre el productor-director y los medios de producci?n, no se present? una transforma

ci?n de las condiciones t?cnicas de la producci?n, no se

destruy? la producci?n mercantil simple; simplemente, se

la subordin? a los requerimientos de un capitalismo na ciente. En segundo lugar, a lo largo de nuestra investigaci?n

hemos constatado la retenci?n de la tierra entre los mismos

peque?os productores de Ocoyoacac. Esta capacidad suya para conservar sus medios de producci?n se encontraba, a nuestro parecer, en relaci?n ?ntima con el comportamiento de las haciendas circunvecinas, en el intervalo se?alado. Las haciendas aleda?as no mostraron, ni antes ni despu?s de 1856, una capacidad expansiva. M?s a?n, ?stas jugaron un papel muy menor frente a la presencia de numerosos pro pietarios. Las fincas de Jajalpa y Texcalpa continuaron en la segunda mitad del siglo xix como productores de los mismos cereales que hab?an generado en la ?poca colonial. El car?cter de estas haciendas, que no se especializaron en los nuevos cultivos comerciales ni se convirtieron en apro visionadores de mercados vastos, hizo posible que la des amortizaci?n de las comunidades de Ocoyoacac no desem bocara ?como en otros casos? en la concentraci?n de los This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

medios de producci?n de los peque?os productores. Se hace evidente, entonces, que en aquellos lugares en que las ha ciendas no reaccionaron positivamente frente a los est?mu los expansivos del porfirismo, moderniz?ndose, tampoco se present? la expansi?n territorial de las mismas. Por ende, la desamortizaci?n de las comunidades agrarias se llev? a cabo sin mayores p?rdidas para los vecinos. En tercer lugar, la modalidad que asumi? el crecimiento econ?mico y social de Ocoyoacac durante el porfirismo con dujo a un cambio notable en su estructura ocupacional. Ante

la p?rdida de sus antiguos derechos comunales, los cam

pesinos encontraron insuficiente su parcela ?m?xime si se

considera el constante aumento de la poblaci?n? para ga rantizar la reproducci?n de su vida. Esto los impuls? a

diversificar su ingreso familiar, que anteriormente proven?a ?nicamente de los productos de su parcela, de sus ganados y de sus bosques, y los llev? a complementar su subsistencia familiar por medio de nuevas formas de empleo y retribu

ci?n. Con todo, la insuficiencia de la parcela campesina

no lleg? al punto de hacer imposible la reproducci?n de la econom?a campesina. Este hecho, aunado a la existencia de

m?ltiples oportunidades de empleo en la zona, se tradujo en nulas corrientes migratorias.

SIGLAS Y REFERENCIAS AMO Archivo municipal de Ocoyoacac. AGNM Archivo General de la Naci?n, M?xico. Barret, Ward 1977 La hacienda azucarera de los marqueses del Valle ? 1535-1910, M?xico, Siglo Veintiuno Editores.

Bazant, Jan 1971 Los bienes de la iglesia en M?xico ? 1856-1875 ?

Aspectos econ?micos y sociales de la revoluci?n li

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

76 MARGARITA MENEGUS BORNEMANN berat, Mexico, El Colegio de M?xico. ?Centro de Estudios Hist?ricos, Nueva Serie, 15.? Busto, Emiliano 1880 Estad?sticas de la Rep?blica Mexicana ? Estado que guardan la agricultura, industria, miner?a y comer

ci? ? Resumen y an?lisis de los informes rendidos

a la Secretaria de Hacienda por los agricultores, mi

?eros, industriales y comerciantes de la rep?blica

y los agentes de M?xico en el exterior en respuesta

a las circulares del l9 de agosto de 1877, por... (Anexo n?mero 3 a la Memoria de Hacienda del a?o econ?mico de 1877 a 1878), M?xico, Imprenta de Ignacio Cumplido, 3 vols. Censo de poblaci?n 1900 M?xico, Direcci?n General de Estad?stica: Censo ge neral de la Rep?blica Mexicana verificado el 28 de octubre de 1900, M?xico, Oficina Tipogr?fica de la Secretar?a de Tomento, 1905.

1910 M?xico, Direcci?n General de Estad?stica: Tercer censo de poblaci?n de los Estados Unidos Mexica nos, verificado el 27 de octubre de 1910, M?xico, Oficina Impresora de la Secretar?a de Hacienda, 1918.

Cune, Howard 1949 "Civil congregation of the Indians in New Spain ? 1598-1606", en Hispanic American Historical Re view, xxrx:3 (ago.), pp. 349-369. Colecci?n de leyes 1913 Colecci?n de leyes sobre la tierra. M?xico, Secretar?a

de Fomento.

Coromina

1877 Recopilaci?n de Michoac?n, s.p.i. Eckstein, Salom?n 1966 El ejido colectivo en M?xico, M?xico, Fondo de Cul tura Econ?mica.

Fabila, Manuel 1941 Cinco siglos de legislaci?n agraria en M?xico ? 1492 1940, M?xico, Banco Nacional de Cr?dito Agr?cola. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

OCOYOACAC EN EL SIGLO XIX

Gonz?lez Navarro, Mois?s 1957 El porfiriato ? La vida social, M?xico, Editorial Hermes. (Daniel Gos?o Villegas: Historia moderna de M?xico, rv.) 1960 La colonizaci?n en M?xico, M?xico, Talleres de Im presi?n de Estampillas y Valores.

Gonzalez Roa, Fernando 1919 El aspecto agrario de la revoluci?n mexicana, M?xi co, Direcci?n de Talleres Gr?ficos.

Katz, Friedrich 1976 La servidumbre agraria en M?xico en la ?poca por firiana, introducci?n y selecci?n de... M?xico, Se cretar?a de Educaci?n P?blica. ?SepSetentas, 505.? Labastida, Luis G. 1895 Colecci?n de leyes, decretos, reglamentos, circulares,

?rdenes y acuerdos relativos a la desamortizaci?n

de los bienes de corporaciones civiles y religiosas y

a la nacionalizaci?n de los que administraron las ?ltimas, M?xico, Tipograf?a de la Oficina Impre sora de Estampillas.

Leal, Juan Felipe, y Mario Huacuja 1976 Fuentes para el estudio de la hacienda en M?xico ? 1856-1940, M?xico, Universidad Nacional Aut?no ma de M?xico. 1977 "Una hacenda porfirista en el siglo xx ? San An tonio Xala", en Historia y Sociedad, 15 (oto?o).

Memoria estado de M?xico 1869 Memoria de tod.os los ramos de la administraci?n del estado de M?xico en el a?o de 1869, presentada a su honorable legislatura por el C. les?s Fuentes Mu?iz, secretario general del gobierno, T'oluca, Ti pograf?a del Instituto Literario, 1870.

1871 Memoria presentada a la honorable legislatura del estado de M?xico por el C. gobernador constitucio nal del mismo, Mariano Riva Palacio... Toluca, Ti pograf?a del Instituto Literario.

Memoria Hacienda estado de M?xico

1849 Memoria en que el secretario del ramo de Hacienda

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MARGARITA MENEGUS BORNEMANN

en el estado libre y soberano de M?xico da cuenta al congreso constitucional. Toluca, Imprenta de Qui

jano, 1849.

Navarro, F. 1893 Directorio estad?stico de la Rep?blica Mexicana, M? xico, Imprenta La Europea.

Osborn, Wayne 1973 "Indian land retention in colonial Meztitl?n", en Hispanic American Historical Review. liii:2 (mayo) ,

pp. 217-238.

Ots Capdequi, J. M. 1959 Instituciones, Barcelona, Editorial Salvat. ?Historia de Am?rica y de los pueblos americanos, 13.?

Powell, Thomas G. 1974 El liberalismo y el campesinado en el centro de M?xico ? 1850 a 1876, M?xico, Secretar?a de Edu ci?n P?blica. ?SepSetentas 122.? Stavenhagen, Rodolfo 1970 Agrarian problems and peasant movements in Latin America, New York, Anchor Books.

Velasoo, Alfonso Luis. 1899 Geograf?a y estad?stica del estado de M?xico, M? xico, Oficina Tipogr?fica de la Secretar?a de Fo mento.

Zavala, Silvio 1948 Estudios Indianos, M?xico, El Colegio Nacional.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

REVOLUCI?N INTERRUMPIDA ? CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL? 1911 Thomas Benjamin Michigan State University La crisis se debe precisamente al hecho de que lo viejo est? muriendo y lo nuevo no puede nacer; en este

interregno aparecen una gran varie dad de s?ntomas m?rbidos.

Antonio Gramscx: Cuadernos de la c?rcel

Durante la presidencia interina de Francisco Le?n de la Barra elementos disidentes en el estado de Chiapas trata

ron de instaurar un r?gimen nuevo y de reemplazar al gru

po que llevaba veinte a?os en el poder. La oposici?n no se levant? en armas en el estado durante la revoluci?n maderista porque intent? llegar al poder por la v?a electo ral, pero lo hizo despu?s. Como el movimiento surgi? en

San Crist?bal de Las Casas, la antigua capital del estado, y como la sede del establishment pol?tico porfiriano era la capital, Tuxtla Guti?rrez, muchos interpretaron este conflic to como la lucha entre dos ciudades. Los tuxtlecos alegaban que el conflicto no era m?s que un pleito, que los cristoba lenses s?lo quer?an recobrar la sede del gobierno y que la revoluci?n no era m?s que una pantalla con la que c?nica mente trataban de ocultar sus verdaderas intenciones. ?sta ha sido la interpretaci?n m?s com?n que se ha dado al con flicto en la historia chiapaneca.1 i Este punto de vista lo presentan Casahonda Castillo, 1974, pp.

9-36; C?ceres L?pez, 1946, pp. 130-142; Corzo, s/f, pp. 56-59; Espinosa, 1912: L?pez Guti?rrez, 1932, ni, pp. 15-17; Ponce de Le?n, 1912, pp.

79 This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

THOMAS BENJAMIN

El conflicto fue sin embargo m?s complejo y significa? tivo que un pleito por la localizaci?n de la capital. El pro blema que afrontaba Chiapas en 1911 no era poco com?n

en M?xico. La revoluci?n maderista, una revoluci?n pol?tica, no result? ser un triunfo libre de compromisos, y muchos estados, lejos de cambiar, continuaron bajo el control de la elite porfiriana local.2 Esta mezcla poco satisfactoria entre lo viejo y lo nuevo fue la causa de intrigas de nivel tanto estatal como nacional, y fue precisamente lo que sucedi? en Chiapas. El problema ah? fue una lucha revolucionaria por el poder, "revolucionaria" en t?rminos de 1911. Las promesas de Madero de lograr sufragio efectivo y de terminar con ?l caciquismo segu?an sin cumplirse a fines de 1911. El grupo pol?tico en el poder en Chiapas, una coali ci?n de rancheros de las tierras bajas, hombres de negocios y profesionistas aliados al ex-gobernador Emilio Rabasa, man ten?a su posici?n apoy?ndose en el fraude electoral, la fuerza de las armas y alianzas en el senado.3 A final de cuentas la revoluci?n fracas? en 1911 debido a confusiones y malenten didos entre la oposici?n, el gobierno de De la Barra, y Fran

cisco I. Madero.

A lo largo del siglo xix se dio en Chiapas un en la localizaci?n de la riqueza agr?cola, que pa

Altos de Chiapas, con su centro geogr?fico, comer tural en San Crist?bal, a las tierras bajas y m?s f?

36-37; Mosooso Pastrana, 1972, pp. 27-29; Orantes, 1960, pp Peri?dico Oficial del Estado, xxvii (28 oct. 1911) . V?anse las nes sobre siglas y referencias al final de este art?culo. 2 Cumberland, 1952, pp. 154-156; Portilla Gil de Partearr

p. 239.

3 ?sta es la interpretaci?n de John Womack sobre el lema "sufragio efectivo, no reelecci?n". Womack, 1968, p. 55. Este establishment pol? tico fue descrito en un despacho de Albert Brickwood: "Political situa tion in the state of Chiapas" (19 mar. 1911), en NA/RG59/TPR, vol. 159/C8.6. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 81 valle del r?o Grijalva, en donde estaba situada Tuxtla Guti?

rrez. El gobierno de Emilio Rabasa (1891-1894) reconoci?

oficialmente este cambio trasladando la capital de San Cris t?bal a Tuxtla. Rabasa fue un liberal modernizador impa

ciente, que construy? carreteras, ferrocarriles y redes de tel?

grafos y tel?fonos para comunicar a Chiapas, en particular las tierras bajas, con el resto de M?xico y del mundo. Rabasa inaugur? la era moderna en Chiapas; sus menos talentosos sucesores continuaron sus esfuerzos de modernizaci?n y, jun to con sus seguidores de las tierras bajas, se mantuvieron en el poder en Tuxtla.4 Desde luego muchos en San Crist?bal resintieron la deca dencia pol?tica, que lleg? a la par con la decadencia econ? mica y demogr?fica de la ciudad.5 Con el tiempo, aquellos que se opon?an al r?gimen rabasista y a sus jefes pol?ticos locales que extorsionaban y encarcelaban arbitrariamente a enemigos pol?ticos y personales, su monopolio de poder po l?tico y prestigio social, su favoritismo y nepotismo, sus re laciones estrechas con personajes influyentes en M?xico, lle garon a identificar al r?gimen con la ciudad de Tuxtla y a Tuxtla con el r?gimen. Mientras Tuxtla Guti?rrez se trans formaba en la sede del gobierno,6 los elementos disidentes gravitaban en torno a San Crist?bal.

En Chiapas nadie particip? en el movimiento armado

contra Porfirio D?az hasta fines de mayo de 1911, cuando el

viejo r?gimen estaba a punto de caer. De entre los nume rosos y peque?os grupos armados que surgieron en el esta do en el mes de mayo, solamente uno parece haber respon dido a consideraciones de tipo pol?tico, el del maderista

4 Wasserstrom, 1977, pp. 175-177.

5 Vid. Br?chet, 1976, p. 54. En 1829 San Crist?bal ten?a el 5.9%

de la poblad?n del estado, pero en 1895 s?lo contaba con el 5.4%. Vid. tambi?n Pineda, s/f; Morales Pineda, 1915. ? Rivera G., 1910. Los dos peri?dicos de oposici?n en el estado, M?s All? y La Voz de Chiapas, estaban en San Crist?bal. M?s All? fue clau surado por el gobierno y su editor encarcelado en diciembre de 1910.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

THOMAS BENJAMIN

Lisindro Castellanos, de Ocosingo.7 Este grupo nunca re

present?, sin embargo, un peligro real para el gobierno del

estado.

Despu?s de la firma de los tratados de Ciudad Ju?rez, Ram?n Rabasa, hermano de Emilio y gobernador del esta do, renunci? dejando como sucesor escogido por ?l a Manuel

de Trejo, de San Crist?bal, quien asumi? la gubernatura

interina el 27 de mayo. Descontentos por el hecho de que s?lo un individuo ?y no todo el equipo rabasista? hubiera dejado

el gobierno, cinco hombres de San Crist?bal fueron a la

ciudad de M?xico a pedir al presidente que nombrara a Euse bio Salazar y Madrid como gobernador interino.8 Los nombramientos de nuevos gobernadores fueron un problema importante para la nueva revoluci?n y para el go bierno de De la Barra. Los tratados de Ciudad Ju?rez auto

rizaban a Madero para recomendar a los congresos de cada estado un candidato para gobernador, pero segu?an en el poder las viejas legislaturas.9 Emilio V?zquez G?mez, minis tro de Gobernaci?n de De la Barra, ten?a mucho inter?s en colocar a los revolucionarios en puestos estatales y acogi? con simpat?a a la comisi?n cristobalense, apoy?ndola despu?s activamente.10 Madero tambi?n se interes? en la selecci?n de

un gobernador interino adecuado para Chiapas, haciendo un llamado a la colonia chiapaneca de la ciudad de M?xico para

que recomendara al condidato m?s viable. La colonia se reuni? el d?a diecinueve de junio en el Tivoli del Eliseo y

por 67 votos eligi? a Flavio Guillen, que era amigo personal

de Madero. Salazar y Madrid qued? en segundo lugar con 28 votos.11 Con este respaldo, Madero recomend? ante el i El Heraldo de Chiapas (Tuxtla Guti?rrez, 21, 28 mayo 1911) .

8 Manuel Franco a Francisco I. Madero (12 oct. 1911), en DHRM,

n, pp. 152-157, doc. 350. t> Cumberland, 1952, p. 154; Ross, 1970, pp. 178-179.

10 Ponce de Le?n, 1912, p. 241. Vid. tambi?n Orantes, 1960, pp. 139-144; Mart?nez Rojas, 1912, p. 6; El Heraldo de Chiapas (4 jun.

1911) .

il El Heraldo de Chiapas (22 jun. 1911); Guillen, 1974, p. 3.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 83 congreso de Chiapas que se reuni? el 21 de junio a Flavio

Guillen como candidato para la gubernatura interina.12 A pesar de ser el favorito de Madero, Flavio Guillen no resultaba aceptable para los maderistas de Chiapas. El Club Democr?tico Chiapaneco Independiente de Chiapa de Corzo envi? un telegrama a Madero dici?ndole que no pod?a acep tar a Guillen "por pertenecer al elemento cient?fico", pi diendo en cambio que se nombrara a Salazar y Madrid.1* El propio Guillen protest? diciendo que muchos chiapanecos "han hecho un crimen de mi amistad con los se?ores Estrada Cabrera, Ram?n Corral y Emilio Rabasa".14

V?zquez G?mez intervino el 20 de junio enviando un

telegrama al gobernador Trejo en el que le ped?a su renun cia a favor de Salazar y Madrid.15 V?zquez G?mez no se sen t?a satisfecho por los nuevos hombres que Trejo hab?a colo

cado en el gobierno. Esta indicaci?n en el sentido de que no gozaba del apoyo del gobierno federal hizo que Trejo

presentara su renuncia como gobernador y que el congreso local, rehus?ndose a ser intimidado o presionado, eligiera como gobernador interino a Reinaldo Gordillo Le?n, de Co mit?n.16 Gordillo Le?n era amigo de la elite porfiriana de Chiapas y enemigo pol?tico de Antonio Rivera G., otro co miteco, pero que era el m?s abierto enemigo del r?gimen ra basista.17 Esperando forzar una intervenci?n federal, la oposici?n levant? la bandera de la rebeli?n del d?a 3 de julio en San Crist?bal, neg?ndose a reconocer a Gordillo Le?n. La oposi ci?n nombr? en su lugar a Manuel Pineda, activista pol?tico 12 El Heraldo de Chiapas (22 jun. 1911). 13 Paul Marina Flores y otros a Francisco I. Madero (24 jun. 1911), en EN/AM, Ms. MT21/2201-2S10/ exp. 1/426.

14 El Heraldo de Chiapas (2 jul. 1911). 15 El Heraldo de Chiapas (2 jul. 1911). i? El Heraldo de Chiapas (29 jun., 2 jul. 1911). Vid. tambi?n Mar

t?nez Rojas, 1912, p. 16. 17 Rivera G. era el editor de Chiapas y M?xico, una revista anti-raba sista de la ciudad de M?xico. Mart?nez Rojas, 1912, pp. 17-18.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

THOMAS BENJAMIN

que tres a?os antes hab?a iniciado una campa?a a favor del municipio libre.13

Para muchos en Tuxtla la rebeli?n de julio fue un terio. El Heraldo de Chiapas se refer?a a la "inexplic rebeli?n de San Crist?bal".19 El Imparcial dec?a, bas?nd en un telegrama de Tuxtla, que el prop?sito de la rebel era el de mantener "el predominio clerical en el estado La causa de la rebeli?n de julio es bastante f?cil d

tender. Las elecciones del congreso local de mediados de eran ya inminentes y su resultado depend?a de las incl ciones pol?ticas del gobernador interino. La oposici?n te que un gobernador porf?riano pudiera subvertir las ele nes, nombrando como jeifes pol?ticos a sus partidarios

elecci?n de otra legislatura dominada por el grupo e

poder significaba que en el oto?o subir?a al poder un g

nador del viejo r?gimen por un per?odo completo d bierno (1911-1915). La oposici?n necesitaba por esa r

de un gobernador que fuera amigable, o al menos neut si no quer?a que la revoluci?n desapareciera en el est La rebeli?n hizo que el ministro de Gobernaci?n pro siera al congreso local otro candidato, Policarpo Rueda, y atemorizara al gobierno local con la amenaza de una gu de castas, tratando de lograr que aceptara a ese cndidat

18 DHRM, il, pp. 152-157, doc. 350. Vid. tambi?n "Discurso del nador V?ctor Manuel Castillo: sesi?n del senado de la rep?blica de octubre de 1911 sobre la situaci?n del estado de Chiapas", e basa, 1969, i, p. 344; El Imparcial (5 jul. 1911). i? El Heraldo de Chiapas (2 jul. 1911). 20 El Imparcial (6 jul., 1911). 21 El gobernador interino Manuel Rovelo Arguello a los senado P. Gonz?lez Mena, Luis G. Curiel y R. R. Guzman (27 sep. 1911 AHCH, Guerra, vu, exp. 26. Vid. tambi?n El Imparcial (7 jul. 1 Gordillo Le?n renunci? sabiendo que ser?a el candidato del Club L Chiapaneco en las elecciones de oto?o. Orantes, 1960, p. 139.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 85 Rueda hab?a sido uno de los primeros maderistas en Chiapas

y presidente del Club Democr?tico Independiente de To nal?.22 Ya como gobernador, Rueda trat? de conciliar a ambas

partes, permitiendo a cada partido mantener el control sobre su esfera de influencia.23 En varios de los departamentos en los que se sab?a que exist?a descontento con el r?gimen ra basista se nombraron jefes pol?ticos compatibles con la opo

sici?n. Durante el interinato de Rueda la legislatura local cambi? las fechas de las elecciones del congreso del per?odo del 11 al 13 de julio al del 13 al 15 de agosto y, de nuevo, al del 27 al 29 de agosto. Rueda intent? desarmar tanto a la

oposici?n en San Crist?bal como a las fuerzas de volunta rios del gobierno del estado, los Hijos de Tuxtla. La oposi

ci?n fue efectivamente desarmada y desbandada, pero no los

Hijos de Tuxtla.24 A principios de agosto Alberto Garc?a Granados reem

plaz? a Emilio V?zquez G?mez en el Ministerio de Goberna ci?n. Los pol?ticos aprovecharon el cambio en la ciudad de M?xico para tratar de expulsar a Rueda, quien para enton ces era muy impopular en Tuxtla. Manuel Rovelo Arguello, un candidato que era aceptable para todos, qued? al frente. Rovelo Arguello era muy conocido en el congreso y hab?a mantenido correspondencia con Rivera G., a quien hab?a pe dido apoyo y neutralidad absoluta en la lucha pol?tica.25 Rive 22 El Heraldo de Chiapas (22 jun. 1911). Madero dio su apoyo a

Rueda para, evitar un conflicto. Vid. Francisco I. Madero a Manuel Pi neda (4 jul. 1911), en LNAH/AM, rollo 20. 28 L?pez Guti?rrez, 1952, m, pp. 18-22. 24 El Heraldo de Chiapas (10 jul. 1911); Mart?nez Rojas, 1912, pp. 20-21. Los hombres de negocios de Tuxtla Guti?rrez pagaban los gastos de los Hijos de Tuxtla, relevando al estado de esta carga. Vid. Orantes, 1960, p. 144. 25 "Discurso que pronunci? el sr. lie. Querido Moheno en la c?ma ra de diputados del Congreso de la Uni?n despu?s de haber sido nom

brado gobernador interino del estado de Chiapas con motivo de los acontecimientos de 1911", en Mosooso Pastrana, 1972, pp. 111-112, y en

El Imparcial (25 sep. 1911). Rivera G. fue nombrado gobernador del This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

THOMAS BENJAMIN

ra G. accedi? a darle su apoyo y lo mismo hizo Garc?a Gra

nados.26 Rueda, sin embargo, no estaba al tanto de estas

intrigas. Como el congreso local y su ap?ndice militar mani festaron su hostilidad al gobierno de Rueda, ?ste pidi? un permiso para ausentarse por tiempo indefinido e ir a la ciu dad de M?xico en busca de apoyo.27 En su ausencia el con greso aprob? el nombramiento de Rovelo Arguello como el cuarto gobernador de Chiapas en los ?ltimos cuatro meses. Rovelo Arguello tom? posesi?n poco antes de las eleccio nes de agosto, y en su primer d?a de gobierno desmoviliz? a los Hijos de Tuxtla y cambi? a los jefes pol?ticos de Chiapa de Corzo, Pichucalco, Tonal?, Simojovel y Mariscal.218 A con secuencia de ello el partido en el poder logr? una mayor?a amplia en las elecciones del congreso.29 Rueda regres? a Chiapas en septiembre para concluir su

per?odo, ya que, seg?n sosten?a, nunca hab?a presentado su renuncia permanente. El congreso vot? de manera anti constitucional porque fuera despedido y porque se nombrara en su lugar al diputado federal Querido Moheno.30 ?ste, sin embargo, se neg? a aceptar la oferta, alegando en el congre

so de la uni?n que "es absolutamente imposible que jefe

alguno de estado pueda ir a hacer labor de pacificaci?n ah? donde elementos tan poderosos como el ministro de Gober Distrito Federal por Garc?a Granados. Los dos hombres se conocieron en prisi?n en 1892. Rivera G. fue encarcelado por establecer un club antirreeleccionista en la ciudad de M?xico. 26 Mart?nez Rojas, 1912, pp. 21-22. Esta obra reproduce la corres pondencia telegr?fica entre Rivera G. y Rovelo Arguello. 27 Entrevista con el dr. Policarpio Rueda en el peri?dico Cuba (La Habana, 4 die. 1912), en DHRM, rv, pp. 229-233, doc. 958. 28 j. Emilio Grajales, el nuevo jefe pol?tico de Chiapa de Corzo, fue elegido diputado. AHCH, Guerra, vn, exp. 26. Vid. tambi?n Mart?nez Rojas, 1912, pp. 24-25.

29 El Club Liberal Chiapaneco apoyaba a la mayor?a de los candi

datos vencedores.

BO Rovelo Arguello a Francisco L. de la Barra (19 sep. 1911) en CEHM/FLB, x-1, carpeta 2, doc. 147. Vid. tambi?n El Imparcial (25 sep. 1911). This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 87 naci?n le sopla los rescoldos y levanta llamaradas..."81 La portada del peri?dico estudiantil Chamula G., que aparece en la p?gina siguiente, ilustra el punto de vista de que el ministro de Gobernaci?n era el responsable de los disturbios de Chiapas.32 Rovelo Arguello fue gobernador interino has ta las elecciones de noviembre.

III

Cuatro diputados de la oposici?n llegaron a Tux

d?a 13 de septiembre, poco antes de que el congreso f convocado. Decidieron regresar a Chiapa al darse cuen que eran una minor?a (la legislatura estaba integra trece diputados). Al d?a siguiente la oposici?n, encabe por Juan Espinosa Torres, jefe de armas de San Crist retir? su reconocimiento al gobierno del estado y por da vez inici? la rebeli?n.33

Al igual que en julio, la oposici?n buscaba la inte

ci?n federal, pero esta vez quer?a el establecimiento

nuevo gobierno aun por la fuerza de las armas. El

de septiembre Espinosa Torres, como "comandante m y jefe de las fuerzas libertadoras del estado" 84 puso u m?tum a Tuxtla, dando veinticuatro horas de plazo pa se disolviera el congreso y el gobernador pusiera el e a su disposici?n. La raz?n que dio fue la reciente "far elecciones".35 El primer enfrentamiento armado tuvo al d?a siguiente.

31 "Discurso que pronunci? el sr. lie. Querido Moheno", en M Pastrana, 1972, p. 117. La oposici?n en Chiapas se opuso a la n ci?n de Moheno. Vid. The Mexican Herald (24 sep. 1911) . ?2 Chamuta G. (M?xico 15 oct. 1911). Tres n?meros de este dico existen en microfilm. Vid. INAH/SC, rollo 88. 33 Los diputados fueron Guadalupe Coello Lara, de Las Casas; H. Ruiz, de Simojovel; Alfredo Aguilar, de Chil?n, y Daniel R de La Libertad. AHCH, Guerra, vu, exp. 26. 34 Cartel fechado el 11 de octubre de 1911, en INAH/SC, roll

35 J. Espinosa Torres al secretario general del gobierno (14 sep. en AHCH, Legislatura, 1911-1912. El gobernador Rovelo Arguell

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

|MUM,1

Portada del primer n?mero del peri?dico estudiantil Chamula G.

EX I CO, O. F., DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE l?ll PERIODIGO POLITICO E INDEPENDIENTE

OiLiMM

TOMO I

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 89 Al enterarse de que la rebeli?n hab?a estallado de nuevo,

Garc?a Granados declar? que el problema se deb?a a que personas del viejo r?gimen estaban tratando de controlar el gobierno y esto provocaba la discordia de la gente del nuevo r?gimen.36 Madero era menos comprensivo. El d?a 17 de sep tiembre telegrafi? a Espinosa Torres el siguiente mensaje: "No tiene ning?n motivo que justifique tal atentado, y no tifico a usted de un modo formal que, si sigue avanzando y ataca Tuxtla, apoyar? decididamente al gobierno del se?or De la Barra para que castigue a usted y a los suyos como se

lo merecen y de un modo ejemplar, y cuando yo reciba

poder tambi?n exigir? a usted y los suyos la m?s estrecha responsabilidad." 37 Esta diferencia de opini?n entre el l?der de la revoluci?n y el gobierno en turno result? ser fatal para la oposici?n en Chiapas.

El conflicto militar no dur? un mes. El gobierno tado ten?a mil hombres bien armados a su disposici? tras que el movimiento rebelde contaba con ocho mi

mal disciplinados y armados con lanzas, la mayor cuales eran chamulas, y con alrededor de ochocie dinos.8* Las dos fuerzas se enfrentaron en los caminos que con duc?an de los Altos a Tuxtla: en Acala, Chiapa de Corzo e quiso ser intimidado e instal? el congreso y reorganiz? a los Hijos de

Tuxtla. 36 The Mexican Herald (16 sep. 1911). 37 Francisco I. Madero a J. Espinosa Torres (17 sep. 1911), en

AHCH, Guerra, vu, exp. 28.

38 AHCH, Guerra, vil, exp. 26. No se conoce el n?mero exacto de chamulas que participaron en la rebeli?n de 1911. La Patria (20 sep. 1911) daba la cifra de cinco mil. Luis Espinosa (1912, p. 56) y Gus tavo L?pez Guti?rrez (1952, m, pp. 29-55) dan la cifra de ocho mil. "Ladino" es una palabra que se usa en Centroam?rica y se irefiere a un mestizo o cualquiera que no sea indio. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

THOMAS BENJAMIN

Ixtapa. El camino m?s directo pasaba por Chiapa de Corzo, pero las fuerzas gubernamentales cerraron el puente sobre el

r?o Grijalva e impidieron el paso por esa ruta. En Acala, donde el r?o era vadeable, hubo ataques de ambas partes y el pueblo sufri? da?os considerables. Pero las fuerzas rebel des tampoco pudieron cruzar el r?o ah?.39 Ixtapa cay? en poder de los rebeldes, pero fueron detenidos en Chicoas?n (la puerta trasera de Tuxtla), de nuevo en el r?o.40 Las fuer zas rebeldes se mantuvieron a la ofensiva hasta la primera semana de octubre. Para entonces hab?an tomado Ixtapa, Chicoas?n, La Concordia, San Bartolom?, Copainal?, Simo jovel, Ghiapilla, San Gabriel, Tecpat?n y Solistahuac?n.41 En todas las maniobras participaron indios chamulas bajo el mando de un jefe llamado Jacinto P?rez, a quien apoda

ban "el Pajarito".42 No es clara la causa por la que los chamulas participaron en esta lucha, ya que fue de car?cter

b?sicamente elitista y ladino. En Tuxtla se lanzaron acusa ciones en el sentido de que el obispo de Chiapas, Francisco Orozco y Jim?nez, era el verdadero l?der de la rebeli?n, y de que hab?a persuadido a los indios a unirse a la lucha por un gobierno clerical. Pero no existe evidencia que per mita corroborar la participaci?n activa del obispo.43 Otra versi?n que circulaba entonces era la de que los l?deres de la oposici?n hab?an prometido a los chamulas la supresi?n del pago de tributos al gobierno del estado en caso de que 39 Albert Brickwood a Henry Lane Wilson (25 sep. 1911), en NA/ RG59/TPR, vol. 148/C8.2. 40 La Patria (5 oct. 1911) ; El Imparcial (21, 25 sep. 1911) . 41 Comisi?n a Rovelo Arguello (15 oct. 1911), en AHCH, Legislatu ra, 1911-1912. 42 Mosooso Pastrana, 1972, pp. 50-35, 56-57. 43 El gobernador Rovelo Arguello, en una carta citada anteriormen

te, dec?a: "hay datos fundados para creer complicado al obispo..."

AHCH, Guerra, vn, exp. 26. Vid. Espinosa, 1912, pp. 55-55; Casahonda Castillo, 1974, p. 19; Mosooso Pastrana, 1972, p. 56. El obispo escribi? que "jam?s he pretendido ni pretendo inmiscuirme en pol?tica..." Fran cisco Orozco y Jim?nez, obispo de Chiapas, a Francisco L. de la Barra (16 sep, 1911), en CEHU/FLB, X-l, carpeta 2, doc. 139.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 91 el movimiento triunfara.44 Esta ?ltima es la explicaci?n m?s

plausible.

Durante las primeras tres semanas del conflicto las tro pas federales de Chiapas recibieron la orden de no interve nir. El presidente De la Barra justific? as? su inactividad: "La situaci?n de Chiapas es dif?cil. Si las fuerzas federales operan, se disgustan unos. Si est?n sin operar, se disgustan otros."45 Dado que el conflicto se prolongaba sin que hubie ra resoluci?n alguna, el d?a 4 de octubre el presidente envi? a Chiapas al general Eduardo Paz y al 19? Batall?n con ins trucciones de buscar una soluci?n pac?fica.46 Mientras Chiapas se ve?a amenazado por una guerra de castas y el gobierno federal no parec?a hacer nada por resol ver la crisis, el senado cre? una comisi?n para realizar una investigaci?n sobre la situaci?n en el estado y proponer so luciones. Emilio Rabasa y V?ctor Manuel Castillo fueron los dos miembros m?s influyentes de esa comisi?n.47 En vez de declarar la desaparici?n de los poderes del estado y de nom brar a un general del ej?rcito como gobernador provisional en tanto se llevaran a cabo las elecciones, como lo hab?a so

licitado Garc?a Granados y deseado el presidente De la

Barra,48 la comisi?n dictamin? que el gobierno de Chiapas

44 El Imparcial (25 sep. 1911) . El papel y los motivos de los chamu las est?n siendo estudiados por el profesor Gary H. Gossen, de la State University of New York, Albany. El profesor Gossen est? realizando en trevistas entre los miembros de la comunidad chamula para explicar la participaci?n de los ind?genas en este conflicto de car?cter elitista.

45 El Imparcial (3 oct. 1911). 46 The Mexican Herald (2, 4 oct. 1911) . El general Paz no lleg?

sino hasta el 8 de octubre.

47 "Sesi?n del senado de la rep?blica del 6 de octubre sobre la si

tuaci?n del estado de Chiapas", en Rabasa, 1969, i, pp. 239-241. V?ctor

Manuel Castillo fue diputado federal por Chiapas de 1894 a 1910. Su hermano Te?filo Castillo y Corzo pele? con los Hijos de Tuxtla. 48 El Imparcial (20 oct. 1911). El presidente De la Barra sugiri? dos veces, durante una conferencia telegr?fica con el gobernador interino Ro velo Arguello el d?a 21 de septiembre, que cre?a deseable pedir al senado que declarara desaparecidos los poderes del estado. El gobernador respon

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

THOMAS BENJAMIN

era leg?timo.49 El d?a 6 de octubre el senado vot? por infor mar al presidente que era su voluntad y prerrogativa consti tucional, seg?n el art?culo 116, que el presidente diera orden para que "las fuerzas federales emprendan inmediatamente

operaciones activas y en?rgicas contra los rebeldes que se han levantado en armas en contra de los poderes del esta do de Chiapas".50 De la Barra accedi? y orden? a las tro pas federales estacionadas en Chiapas que cooperaran con las fuerzas estatales para acabar con la rebeli?n. La contraofensiva estatal y federal comenz? el 8 de oc tubre en Chiapa de Corzo. Durante la misma, despu?s de una batalla de cuatro horas, m?s de cien ciudadanos murie

ron y muchos m?s quedaron heridos.51 El d?a 11 de octubre los Hijos de Tuxtla capturaron Copainal? y al d?a siguiente La Concordia y San Bartolom?, dos poblaciones importantes de las tierras bajas.52 Debido a la alianza entre las fuerzas del

gobierno del estado y del gobierno federal, y al prejuicio de Madero en contra de los rebeldes, la oposici?n acept?

entrar en negociaciones con el gobierno del estado por in termedio del general Eduardo Paz.53 Comisiones formadas por representantes de ambas partes firmaron un acuerdo de paz el 13 de octubre. La oposici?n accedi? a reconocer al gobierno de Rovelo Arguello a cam bio de un amnist?a general. El acuerdo especificaba tambi?n el desarme completo de ambas partes y el nombramiento de un oficial del ej?rcito como jefe pol?tico del departamento dio diciendo que el gobierno del estado estaba acorde con la constitu ci?n. El presidente decidi? no hacer nada. Vid. Orantes, 1960, p. 162. 49 "Sesi?n del senado de la rep?blica del 6 de octubre", en Rabasa, 1969, i, p. 339. 50 Rabasa, 1969, i, pp. 140-141; Mois?s Camacho a Rovelo Arguello (7 oct. 1911), en AHCH, Guerra, vu, exp. 28. Camacho .inform? al go bernador que se hab?an dado ?rdenes al general Paz para restaurar el

orden.

51 Brickwood a Henry Lane Wilson (10 oct. 1911), en NAJRG59/ TPR, vol. 148/C8.2, despacho 131. The Mexican Herald (15 oct. 1911). 52 El Imparcial (11, 15 oct. 1911). 53 paz, 1912, p. 25.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 93 de Comit?n.54 Es probable tambi?n que se hubiera llegado a un arreglo t?cito para mantener tropas federales en las capitales departamentales m?s importantes del estado, para asegurar que las elecciones del 5 de noviembre se verifica ran honestamente. Se dijo que el gobernador Rovelo Argue llo no qued? conforme con este acuerdo.55

Los dos candidatos a la gubernatura del estado en las elecciones de noviembre fueron Reinaldo Gordillo Le?n y Jos? Antonio Rivera G. Seg?n varias fuentes, incluyendo al ministro de Gobernaci?n, Rivera G. gan? las elecciones por 320 votos contra 292 de Gordillo Le?n. Los votos quedaron repartidos de la siguiente manera: 56

Departamento Rivera G. Gordillo Le?n Las Casas 110 0 Chil?n 55 1 Palenque 23 6

Simojovel 16 24

Pichucalco 30 4

Tonal? 21 10

Chiapa 47 0

Comit?n 8 82

Tuxtla 0 71

La Libertad 3 26

Motozintla 0 51 Soconusco 7 57

54 Memor?ndum de las discusiones de paz (13 oct. 1911), en AHCH, Guerra, vu. 55 Las capitales de los departamentos fueron resguardadas por tropas federales. Los oficiales y tropas del estado, sin embargo, persiguieron a tal grado a los pueblos rebeldes que los refugiados llegaron a San Cris t?bal. Vid. The Mexican Herald (22, 29 oct. 1911).

56 La Voz de Chiapas (3 die. 1911). La Patria (23 nov. 1911) in

form? que Rivera G. hab?a obtenido 328 votos y Gordillo Le?n 293.

Vid. tambi?n Favre, 1973, p. 70; L?pez Guti?rrez, 1932, m, p. 105; Mart?nez Rojas, 1912, p. 59.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

THOMAS BENJAMIN

Fue una elecci?n cerrada, y predecible la distribuci?n geogr?fica de la votaci?n. El congreso local esper? m?s de un mes antes de dar a conocer los resultados. Durante ese lapso el gobierno federal declar? que dar?a su apoyo al can didato triunfador.57 El congreso declar? finalmente que la votaci?n en Chil?n y Palenque hab?a sido fraudulenta, y que por 242 votos contra 290 Gordillo Le?n hab?a resultado electo gobernador para el per?odo de 1911 a 1915.58 La imposici?n de Gordillo Le?n estuvo acompa?ada por la elecci?n de Madero a la presidencia. Madero hab?a estado prejuiciado en contra del movimiento chiapaneco de oposi ci?n desde el principio, prefiriendo ver en ?l un movimien to clerical, y a los tuxtlecos como liberales, aunque tratando

sobre todo de lograr la paz y la estabilidad.59 Acept? en principio las acciones del congreso. En diciembre el nue vo presidente trat? de convencer al gobernador Gordillo

Le?n de "traer a su administraci?n algunos de los elementos del partido contrario".60 A principios del siguiente a?o, sin embargo, consigui? colocar en la gubernatura a su amigo Flavio Guillen. Gordillo Le?n fue nombrado embajador en Guatemala.61

57 Diario del Hogar (29 nov. 1911) .

5? La Patria (15 die. 1911) ; Paz, 1912, pp. 56-57. Paz fue uno de

los que se mantuvieron juidosamente neutrales durante el conflicto. Consider? la elecci?n de Gordillo Le?n como una imposici?n ilegal, y not? que los gordillistas no protestaron en contra de los procedimien tos electorales en Palenque y Chil?n en el momento de las elecciones. Los 78 votos de Palenque y Chil?n {fueron anulados. 59 El Imparcial (7 jul. 1911) .

?0 Francisco I. Madero a Gordillo Le?n (25 die. 1911), en DHRM, n, p. 448, Doc. 502. ?i Orantes, 1960, p. 189. J. Antonio Rivera G. dec?a: "El se?or

Madero, empleando sus portentosas facultades pol?ticas, apoy? el fraude cometido en las elecciones de mi estado." "Los embrollos pol?ticos del sr.

Madero", en La Tribuna (4 feb. 1912).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 95

Ninguno de los partidos pudo lograr la mayor?a po en 1911. Ambos estuvieron en disposici?n de utilizar e de pol?tico y la fuerza de las armas para lograr o ma el poder. La lucha se desarroll? entre dos grupos de l y su resultado poco pudo haber afectado a la poblaci?

d?gena mayoritaria, sumida como estaba en la mise abandono y la discriminaci?n. La oposici?n propuso, s bargo, poner fin al caciquismo, el primer gran pas la revoluci?n y hacia una nueva era. El conflicto de Chiapas ejemplifica uno de los prob b?sicos del interinato presidencial y de los primero de la revoluci?n. Los dos partidos defendieron su cau

forma militante durante cinco meses en Chiapas y, de he

en forma bastante sangrienta, ya que la lealtad y tas del establishment federal y revolucionario de la de M?xico estaban divididas. El gobierno de De la Bar r?a un cambio de r?gimen en Chiapas. Madero malint

t? los fines fundamentales del movimiento de oposici? firiendo la estabilidad sobre el cambia El senado, eleg la ?poca de don Porfirio, vot? por acabar con un mov to que amenazaba el statu quo, y el presidente se vio

pelido a seguir los designios de esta corporaci?n. L

estaba muriendo y lo nuevo no acababa de nacer.

En Chiapas el significado de los sucesos de 1911 de una revoluci?n interrumpida y no el de un pleito

sede del gobierno. Quiz? un indio chamula fue qui

jor resumi? la situaci?n: "Si el se?or Madero, por acab el caciquismo que sosten?a en toda la naci?n don Porf hizo la revoluci?n que mat? a muchos, ?por qu? nosot hemos de acabar tambi?n con los caciques que tan fas

dos nos tienen?".102

02 La Voz de Chiapas (21 sep. 1911). This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

THOMAS BENJAMIN

SIGLAS Y REFERENCIAS BN/AM Biblioteca Nacional, M?xico, Archivo Francisco I. Madero. YNAH/AM Instituto Nacional de Antropolog?a e Historia, M?xico, co, Archivo Francisco I. Madero. INAH/SC Instituto Nacional de Antropolog?a e historia, M?xico,

Serie Chiapas. AHCH Archivo Hist?rico de Chiapas, Tuxtla Guti?rrez. CEHM/FLB Centro de Estudios de Historia de M?xico, Fondo Le?n de la Barra. DHRM Documentos hist?ricos de la revoluci?n mexicana ? Revoluci?n y r?gimen maderista, Isidro Fabela y Jo sefina E. de Fabela, comps., M?xico, Editorial Jus y Fondo de Cultura Econ?mica, 1960-1973.

NA/RG59/TPR National Archives, Washington, Records of the De partment of State, Record Group 59, Tapachula Post

Records.

Br?chet, Viviane

1976 La poblaci?n de los estados mexicanos ?Siglo xix?

1824-1895, Margarita Nettel, colaba M?xico, Instituto Nacional de Antropolog?a e Historia. ?Colecci?n Cien t?fica, 55.?

G?CERES L?pez, Carlos

1946 Chiapas ? S?ntesis geogr?fica e hist?rica, M?xico.

Casahonda Castillo, Jos? 1974 Cincuenta a?os de revoluci?n en Chiapas, Tuxtla Gu ti?rrez, Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas.

Corzo, ?ngel M. s/f Historia de Chiapas, Tuxtla Guti?rrez, manuscrito en la Biblioteca P?blica del Estado. Cumberland, Charles C. 1952 Mexican revolution ? Genesis under Madero, Austin, University of Texas Press.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

CHIAPAS Y EL INTERINATO PRESIDENCIAL 97

DHRM 1960-1973 Documentos histdricos de la revolucidn mexi

Revolucidn y regimen maderista, Isidro Fabela y sefina E. de Fabela, comps., Mexico, Editorial Jus

Fondo de Cultura Econ6mica.

ESPINOZA, Luis

1912 Rastros de sangre - Historia de la revoluci6n Chiapas, Mxcico.

FAVRE, Henri

1973 Cambio y continuidad entre los nmayas de Me Mexico, Siglo Veintiuno Editores.

GUILLUN, Flavio

1974 Dos estudios - Francisco I. Madero y fray Ma de Cdrdova, Mexico, Departamento del Distrito deral. L6PEZ GuTfRRuZ, Gustavo

1932 Chiapas y sus epopeyas libertarias, Tuxtla Gutierrez,

3 vols.

MARTfNEZ ROJAS, Jesds

1812 Los ultimos acontecimientos politicos de Chiapas, San

Crist6bal de las Casas.

MORALES PINDA, Jesus A.

1913 La ciudad de San Crist6bal las Casas debe ser la ca pital de Chiapas, Mexico.

Moscoso PASrRANA, Prudencio

1972 Jacinto Plrez "Pajarito", fltimo lider chamula, Tux tla Guti6rrez, Editorial del Gobierno del Estado de

Chiapas. cColecci6n Chiapas., ORANTES, Te6filo H.

1960 Sintesis de hechos historicos del estado de Chiapas, Mexico.

PAZ, Eduardo 1912 La question ccon6mica y politica local de Chiapas, Mexico. PINEDA, Manuel

s/f "Folleto sobre residencia de los poderes pdblicos del estado", San Crist6bal de las Casas, manuscrito en la Biblioteca "Fray Bartolom6 de las Casas".

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

98 THOMAS BENJAMIN Ponce de Le?n, Gregorio 1912 El interinato presidencial de 1911, Mexico, Secretar?a

de Fomento.

Portilla Gil de Partearroyo, Santiago

1975 "La personalidad pol?tica de Francisco Le?n de la Barra", en Historia Mexicana, xxv:2 (ocL-dic), pp. 252-270.

Rabasa, Emilio 1969 Antolog?a de Emilio Rabasa, biograf?a y selecci?n de Andr?s Serra Rojas, M?xico, Ediciones Oasis.

Rivera G., Jos? Antonio

1910 **E1 caciquismo en Chiapas', en Chiapas y M?xico (15 oct.). Ross, Stanley R. 1970 Francisco I. Madero ? Apostle of Mexican democracy, New York, Ams Press. Wasserstrom, Robert F.

1977 "White fathers and red souls ? Indian-ladino rela tions in Highland Chiapas ? 1528-1975", tesis docto ral. Harvard University.

Womack, John 1968 Zapata and the Mexican revolution, New York, Alfred

A. Knopf.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:13 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

LA MIGRACI?N REGIONAL YUCATECA EN LA ?POCA COLONIAL?EL CASO DE SAN

FRANCISCO DE UM?N

David J. Robinson y Carolyn G. McGovern Syracuse University

Introducci?n Este estudio ofrece una introducci?n a distintos aspectos

de la historia demogr?fica de San Francisco de Um?n, ju risdicci?n eclesi?stica de Yucat?n situada unos quince kil? metros al sudoeste de M?rida (mapa 1). Analizaremos el desarrollo demogr?fico de Um?n a trav?s de un siglo o m?s para distinguir etapas de su evoluci?n que eventualmente puedan referirse al contexto m?s amplio de Yucat?n en su conjunto. Sorprendentemente, y en especial tomando en cuen ta el prolongado inter?s que ha habido por los restos arqueo l?gicos y la etnograf?a de Yucat?n, se conoce relativamente poco de la historia colonial de la pen?nsula.1 Aunque desta cados, los estudios existentes forman una parte muy peque?a

del conjunto de estudios dedicados al M?xico colonial en general.2 i Vid., por ejemplo, los comentarios de Farriss, 1978, pp. 187-216.

Para una gu?a m?s completa de la literatura arqueol?gica y etnogr?

fica, vid. Willey, 1965. Son tambi?n ?tiles Kurjack, 1974; Jones, 1977. Estudios que elaboran los temas fundamentales de la ?poca colonial in cluyen a Cook y Borah, 1974, pp. 1-79; Garc?a Bernal, 1972, passim;

Gerhard; 1979; Espejo-Ponce Hunt, 1974, passim; 1976, pp. 35-62; Patch, 1976, 95-152; 1978, pp. 85-96; Solano y P?rez-Lila, 1971, pp. 165-200; 1975, pp. 75-149. V?anse las explicaciones sobre siglas y referencias al final de este art?culo.

2 Una buena muestra de esto se encuentra en Gibson, 1975, pp.

278-323.

99 This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

iiil\ ' A (?m iiiiiii

?::?;'aM/ \ / \ ?_ 1 BACALAR O ^fm??i /^WM^M:\

Mapa 1. Partidos de Yucat?n en el siglo xv?n.

^^^|^^^||?S^^l^^^? / ' X \ ^ ^\ VALLAD?L,?? * y' '' |:&?::::i:;:&:#^^ ^**^\ / V"~"_s^Mama\ TixcacalttmJ yS s \

^^^^^^^^B \ xi i xn Js ) N?

jpF N^?,x \_^_I_Jl r i l i l

fc::::?::>::::::::^ UM AN A \ / \ AHoct?n / . v-v * ./ I

\^^^^:^MW^^^^^yyW^/% S Halacho /wuna .. \ * i * s^ vC

M&*-?w * Presidio de Carmen ?V? A ?\ ?&$ffi$3?$&Z |

\^^^^^?^^^>:}^^^^^?^^?^u _ AMaxcan? \ \ ^/*\. f

l-S^IP^SIillllllllf \ APich \ \ ^ / f^^S?!!

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MIGRACI?N REGIONAL Y?CATECA

101

De los trabajos hechos en diversas disciplinas se deduce

que el aislamiento geogr?fico de esta regi?n, junto con el dis tintivo car?cter de su etnohistoria, pueden ofrecer la espe ranza de diferenciar la historia demogr?fica de Yucat?n, as? como su geograf?a hist?rica, de las del resto de M?xico.8

Este estudio preliminar tiene dos secciones: la primera examina los componentes demogr?ficos del cambio en Yu cat?n mediante la evidencia que nos proporcionan los archi vos de Um?n, especialmente los cambios en los nacimientos (tal como se reflejan en los registros de bautismos), en los casamientos y en las defunciones (tal como se registran en los libros de entierros) .4 Una serie de gr?ficas ilustra por pri

mera vez los procesos de la poblaci?n, a veces estables y a veces fluctuantes, del norte de Yucat?n. La segunda secci?n examina la mobilidad de la poblaci?n ind?gena dentro de la pen?nsula. Este trabajo surgi? directamente de una asevera ci?n hecha por Nancy Farriss en un art?culo reciente. En su innovadora contribuci?n al problema de la nucleaci?n y la

dispersi?n de la poblaci?n en el Yucat?n colonial, Farriss

sugiere que "la mayor?a de las migraciones internas en Yu cat?n (y Per?) parecen haber constituido desplazamientos

completamente al azar sin patrones discernibles".5 Puesto que B Un reflejo de esa noci?n es la compilaci?n de Altman y Lock

hart, 1976, especialmente pp. 3-28. Estudios ?tiles de la regi?n de Yu

cat?n son los de Roys, 1945; Shattuck, 1953; Scholes y Roys, 1948.

?til en desarrollo agr?cola es Strickon, 1965, pp. 35-65. 4 Los registros de la parroquia de San Francisco de Um?n han sido

microfilmados por la Sociedad Geneal?gica de Utah, a la cual mucho agradezco el haberme permitido consultar las pel?culas 708/581-708/595 (bautismos); 708/406-708/409 (matrimonios); y 708/424-708/429 (entie rros) . Debe advertirse que algunos de estos registros son muy dif?ciles de leer dado el deterioro causado por el tiempo y los insectos.

5 Farriss, 1978, p. 204. Describe dicha autora tres tipos de redis tribuci?n demogr?fica: "escape", o sea la huida de los ind?genas del

dominio espa?ol a zonas marginadas de frontera; "reacomodo" ("drift") , el movimiento sin rumbo a -diversos pueblos dentro del sistema colonial hispano; y "dispersi?n", la formaci?n y acumulaci?n de nuevas pobla ciones como consecuencia de los movimientos producidos en pueblos ya existentes.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

102 D. J. ROBINSON Y C. G. MCGOVERN dos conjuntos de datos ?de actas matrimoniales y de bautis mos? nos permiten observar el comportamiento de esos des plazamientos sin rumbo durante un largo per?odo de tiempo, pensamos que podr?a ser de inter?s probar la aseveraci?n de Farriss con evidencia emp?rica. Por el momento omitimos la elaboraci?n de muchos deta lles de los datos acerca de Um?n, as? como tambi?n una con sideraci?n del modo como los cambios de Um?n se relacio naron con los que se han visto en otros microestudios sobre el M?xico colonial.

Cambios demogr?ficos en el siglo xviii Recientemente Cook y Borah han demostrado, m?s all? de cualquier duda razonable, el hecho de que el crecimien to de la poblaci?n en la pen?nsula de Yucat?n en conjunto fue muy considerable durante el siglo xvm (vid. cuadro 1).

Cuadro 1 Cambio de la poblaci?n en Yucat?n ? 1736-1795

Promedio

Partido 1736 1794?95 anual {%)

de cambio

I, II, III, IV Campeche 7 148 16 727 + 7.4

V Camino Real Bajo 6 097 19 450 -1-12.1 VI Camino Real Alto 8 247 17 643 + 6.3 VII M?rida 5 960 17 416 +10.7 VIH La Costa 18 618 33 052 +4.3

IX Beneficios Bajos 10 607 22 114 +

X Sierra Baja 9 473 29 322 +1L

XI Sierra Alta 14 202 45 781 +12.3

XII Beneficios Altos 10 046 24 124 +7,8 XIII Valladolid 18 101 14 805 - 1.0 XIV Tizim?n 17 498 12 121 -1.7

Fuente: Compilado con base en el cuadro 1.14 en Coox y Bor

i, p. 112.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Gr?fica 1. Bautismos en San Francisc 1890 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1817

? ?'- r-r?'-1- i?' ! ' i '? ?' ?i i ? i "' i ' 'i "- -1-1-1

800?!

700

800

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

1810 1817

1800

1790

1780

1770

1760

Gr?fica 2. Matrimonios en San Francis 1750

1740

1730

1720

1710

1690 1700

800 n

700H

600 H

500 H

3001

200 H

100

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MIGRACI?N regional yucateca

105

La poblaci?n total probablemente se duplic? a casi 250 000 habitantes durante dicho siglo. M?s importante, sin embargo,

fue el patr?n de aumento y disminuci?n diferencial de la po blaci?n dentro de la pen?nsula. Hubo una gran tendencia al crecimiento en el "viejo centro -colonial", es decir, en los partidos de Camino Real Bajo y Sierras Baja y Alta. El nadir de la poblaci?n en Yucat?n fue significativamente m?s tard?o que en el resto de M?xico central, hecho que probablemente explica en parte el tard?o incremento en los nacimientos en Um?n durante las primeras dos d?cadas del siglo xv?n (gr? fica 1). Pero de 1720 en adelante los nacimientos aumenta ron r?pidamente, y los bautismos registrados pasaron de un promedio de 220 por a?o en la d?cada de 1730 a alrededor de 430 por a?o a comienzos del siglo xix. Por supuesto, el patr?n de incremento, como en otros lugares de M?xico, no estuvo desprovisto de retrocesos: la gr?fica de bautismos de muestra que en todo el siglo hubo constantes fluctuaciones de corto plazo.6 Los mayores retrocesos ?especialmente en las d?cadas de 1770 y 1790? fueron un claro reflejo de las con secuencias de las grandes epidemias y de las crisis de la agri cultura de subsistencia causadas por malas cosechas. Las par tidas de nacimiento marcan el efecto retrasado de las esta d?sticas de mortalidad.

S?lo a mediados del siglo xv?n los casamientos empeza ron a aumentar significativamente (gr?fica 2). Esto puede muy bien estar ligado al crecimiento de la poblaci?n en la cabecera y los pueblos dependientes de Um?n. La combina

ci?n, por una parte, de una poblaci?n anciana nacida en

dicho partido en los primeros a?os de 1730 y 1740, y, por otra, del aumento de la inmigraci?n explicar?a el crecimiento experimentado desde 1750. Aun cuando, desafortunadamen te, los registros de casamiento correspondientes a los a?os de 1783 a 1800 se han perdido, los datos anteriores y posterio res a dichos a?os muestran que los casamientos no aumen ? Vid., por ejemplo, estudios como el de Brading y Wu, 1975, pp. 1-56; Calvo, 1972, pp. 7-41; Swann, 1980.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

1810 1817

1780

1760

Gr?fica 3. Entierros en San Francisco de Um?n ? 1690-1817

1750

1740

1730

1720

1690 1700

800

700 H

400

300

200

100

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MIGRACI?N REGIONAL YUCATECA

107

taron en forma constante. Como se ha visto en Parral, Le?n, Acatzingo, Cholula, Durango y otros lugares, el promedio de casamientos provee una clara evidencia de las fluctuaciones en el n?mero de la poblaci?n nubil.7

La muerte fue una amenaza siempre presente en el Yu

cat?n del siglo xv?n. Sequ?a y malas cosechas, enfermedades end?micas y epid?micas, eran amenazas constantes para toda la poblaci?rL Aun cuando los grupos de clase m?s alta ?espa ?oles y quiz? algunos mestizos? pod?an asegurarse de no sufrir

sino muy raramente la falta de alimentos a trav?s de una ciudadosa manipulaci?n de la econom?a regional, compart?an con la mayor?a ind?gena la dura realidad de inesperados bro tes de sarampi?n, fiebre amarilla, y viruela (gr?fica 3). Los puntos m?s altos en la gr?fica de entierros enfatizan c?mo casi toda una generaci?n pod?a perderse en un brote particu larmente virulento de una enfermedad ?o en la combinaci?n mortal, tan com?n, de falta de alimentos, desnutrici?n y en fermedad. Sequ?as y hambres est?n documentadas para los

a?os de 1727, 1730, 1764 a 1765, 1770 (particularmente se vero), 1805, 1807 y 1817. En el a?o de hambre de 1727 el precio del ma?z salt? de los usuales cuatro reales por carga (ca. 42 kilos) a veinte pesos, poni?ndolo lejos del alcance de todos, excepto de aquellos que se enriquecieron gracias a los

esfuerzos de aquellos a quienes toc? morir. Las tendencias

de los precios en Yucat?n, as? como en el M?xico central, pa recen darnos una buena indicaci?n de la demanda estimula

da tanto por los desastres como por las presiones sociales y econ?micas.8 La viruela hizo severas irrupciones de 1759 a 1760 y en 1804, cuando se combin? con una plaga de lan gostas que destruy? la mayor parte de las siembras del norte de la pen?nsula. El aumento en las muertes en los a?os de 1769 y 1770 reflej? tambi?n el flagelo de langostas que des truyeron las siembras y provocaron una secuela de cosechas * Vid. los estudios citados en la nota 6, y tambi?n Robinson, 1980; Malvido, 1973; Mown, 1972, pp. 42-73; Rabell Romero, 1974; Lebrun, 1971. 8 Florescajno, 1969, passim.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

108 D. J. ROBINSON Y C. G. MCGOVERN pobres. La fiebre amarilla se extendi? r?pidamente en la poblaci?n de Um?n en 1699, 1715, 1744, 1802 y 1813. El pico m?s grande en la gr?fica de los entierros marca el efecto de vastador del m?s extenso brote de viruela. Cook mostr?, hace m?s de cuarenta a?os, que era muy probable que el brote de viruela hubiera tenido su centro en Campeche, y el comienzo de la epidemia en Um?n en junio de 1793, s?lo dos semanas despu?s de que la misma hab?a alcanzado su punto m?ximo en Campeche, comprueba sus hallazgos.9 Fue para hacer fren te a tan dram?ticos aumentos en las muertes, y, en conse cuencia, en los entierros cristianos, que la corona hab?a co menzado en 1786 a disponer el establecimiento de cemente rios fuera de los centros poblados. En muchos casos, cuando el n?mero de muertos exced?a toda posibilidad de un entie rro decoroso, eran apenas semienterrados en sepulcros; pro visionales en los alrededores de los pueblos, en espera de un entierro m?s apropiado. Cuanto mayor era el n?mero de los ni?os que nac?an, tanto mayor era el de los que mor?an. La proporci?n entre bautismos y entierros demuestra que, como Brading ha subrayado para otras regiones de M?xico, la ?l tima mitad del siglo xv?n experiment? una s?bita disminu ci?n de la expansi?n demogr?fica, similar a la habida en la

Mixteca Alta (vid. cuadro 2).

Cuadro 2 Proporci?n media entre bautismos y matrimonios y bautismos y entierros en el partido de Um?n ? 1689-1817

A?os Bautismos .'Matrimonios A?os Bautismos .'Entierros

1869-1714 3.65 1689-1714 1.72 1715-1740 19.98 1715-1740 6.63 1741-1766 10.68 1741-1766 4.67 1767-1782 3.91 1767-1792 3.51 1801-1817 6.54 1793-1817 L54 o Cook, 1939, pp. 957-969.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MIGRACI?N REGIONAL YUCATECA

109

Es importante observar que, si las estimaciones de pobla ci?n concernientes a Um?n en el siglo xvm resultan acepta bles, la tasa de nacimientos (tal y como ha sido medida cru damente en el n?mero de bautismos por cada mil habitan tes) fue excesivamente alta, alcanzando a veces casi 96 por 1000. Esto est? muy por encima del nivel de 50 por 1000

citado como la norma para otras regiones del M?xico co lonial.10

La migraci?n de la poblaci?n No puede ponerse en duda el hecho de que la poblaci?n

yucateca del siglo xv?n estaba en movimiento. Cook y Borah, Espejo-Hunt, Farriss, y Gosner han demostrado este hecho.11

Si Ryder hubiera buscado evidencias en vez de una teor?a materialista tambi?n hubiera podido demostrar la misma ca racter?stica para el distrito de Pencuyut.12 Es claro que esta mos tratando con un conjunto complejo de procesos demo gr?ficos, de asentamiento, sociales y econ?micos interrelacio nados, que act?an y reaccionan entre ellos simult?neamente. Los movimientos de los indios hacia ciudades y pueblos fue ron en parte contrarrestados por la dispersi?n *y la expansi?n

de los no ind?genas dentro de las nuevas zonas agr?colas de frontera. La jerarqu?a de los centros de poblaci?n estaba cambiando, y en ello influ?a a un tiempo la migraci?n de la

poblaci?n. Los cambios econ?micos y la introducci?n de

la agricultura comercial fueron s?lo una cara de una mone da cultural que comprend?a procesos de mestizaje y cambio

10 Vid. Brading, 1976, pp. 3-17; tambi?n es fundamental Cook y Borah, 1971-1974. il Un estudio de Kevin Gosner sobre Um?n fue aprovechado por Fa rriss. (Farriss, 1978, p. 203). Vid. Espejo-Ponce Hunt, 1976, pp. 32-61. 12 Ryder, 1977, pp. 191-231. El trato precipitado que da Ryder al per?odo anterior a 1900 refleja probablemente su inter?s en los modelos modernos de migraci?n, as? como su conocimiento de los mismos. No parece haber tomado en cuenta material de los archivos parroquiales en relaci?n a Pencuyut.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

1689-1693

Mapa 2. Or?genes de inmigrantes (contrayentes d

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

1808-1812

Porcentaje

de migrantes 30.1 - 40 ? 20.1 - 30 M 10.1 - 20 5.1 - 10 ? <5 ?

matrimonio) a San Francisco de U

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

112 D. J. ROBINSON Y C. G. MCGOVERN de estatus. En el siglo xv?n mudarse significaba no s?lo la posibilidad de acceder a nuevos recursos, sino tambi?n el es cape de las presiones provocadas por el control social y po l?tico. Si, como Farris ha sostenido, la migraci?n permit?a evadir el tributo, este hecho debe de haber sido un factor de impulso muy persuasivo para la poblaci?n tributar?a, si bien dejar la patria chica significaba dejar mucho m?s que el pago de tributo: significaba embarcarse en un camino a veces doloroso hacia oportunidades realmente desconocidas.

Es una fortuna, por lo tanto, que el archivo de Um?n nos permita observar el proceso de migraci?n de la pobla ci?n durante todo el siglo xv?n. Es posible obtener de ?l dos conjuntos de datos. El primero se deriva de la evidencia de los or?genes de los c?nyuges documentados en los registros.

Datos semejantes han sido usados en el estudio de varias

otras comunidades del M?xico colonial, y han probado que son de gran utilidad para proveer una estimaci?n de la in tensidad y la direcci?n de las interacciones entre diversas comunidades. La caracter?stica m?s sorprendente de los pa trones de matrimonio en Um?n es que los registros de casa mientos reflejan que hubo una enorme migraci?n hacia el partido. Normalmente, en las comunidades ind?genas del M?

xico colonial los matrimonios exog?micos (o sea, aqu?llos

que inclu?an un c?nyuge proveniente de alguna localidad fue

ra de la jurisdicci?n de la parroquia) no superaban el 15

o el 20 por ciento. En el caso de Um?n la evidencia es com pletamente distinta: de un 38.5 por ciento de matrimonios exog?micos de 1689 a 1693, el porcentaje aument? poco a

poco hasta alcanzar un climax a mediados del siglo y una disminuci?n a casi el 50 por ciento en los ?ltimos a?os de la d?cada de 1760. Hacia fin de siglo se aument? de nuevo hasta m?s del 65 por ciento. Esto significa que m?s de dos tercios de quienes se casaban en la parroquia del partido de Um?n o en sus iglesias dependientes hab?an nacido en alg?n lugar fuera del partido. Si uno proyecta sus or?genes en un mapa (mapa 2) se hace evidente que se trataba de un pro ceso de movimiento de poblaci?n regional que se prolong? This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MIGRACI?N REGIONAL YUCATECA

113

por todo un siglo. Si bien muchos de ellos proced?an de los barrios urbanos de M?rida, m?s todav?a ven?an de infinidad

de localidades menores de todas las unidades administrati vas de la pen?nsula.13 Otra caracter?stica evidente es el he cho de que hubo v?nculos migratorios persistentes desde ciertas

localidades hacia Um?n, lo que sugiere muy claramente una corriente migratoria que pod?a llevar al establecimiento de lazos generacionales entre diferentes poblaciones.14 Si bien el patr?n se modificaba en cantidad de un per?odo a otro, la direcci?n de las corrientes y los or?genes eran b?sicamente estables. La migraci?n sin rumbo no parece haber sido un elemento importante. Por supuesto, se puede razonar que los patrones que uno puede determinar a partir de los or?genes de los c?nyuges no dejan de ser una muestra algo parcial, y que no 3e refie ren al tema de la migraci?n de la poblaci?n en general. Pe?ro

el archivo de la parroquia de Um?n incluye otro tipo de

datos que tambi?n nos permiten observar el movimiento de la

poblaci?n: los registros de bautismos. Por alguna raz?n (y

13 La figura 1 no puede mostrar todos los lugares de procedencia de los migrantes. En aras de la claridad fueron agrupados por partidos (mencionados en el cuadro 4) . Algunas cifras sobre los or?genes en dis tintos per?odos de tiempo pueden indicar el alcance de la migraci?n:

No. de or?genes No. de or?genes

de matrimonios externos (bautizos)

1689-94 21 22 1725-29 26 85 1745-47 44 110

1766-70 56 76 1788-92 - 81

1808-12

t4 Queda por examin liares que se extend?a olas peri?dicas migrat blados espec?ficos hac

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

1689-1694

Mapa 3. Or?genes de inmigrantes (padres de ni?os This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

1766-1770 /----->-^SS!:^**^s__^?^~\

s^Tf ~hh /\ ios. '\ l

1788-1792 /~^-y-&*s**^st^^z-*^-\

1808-1812 ^^^..^^^te^ <?-^"~"\

Porcentaje __?-^^ X ^_ \ {

de migrantes ^_xTsn / ^^ / ) %> V

bautizados) a San Francisco de Um?n ? 1689-1812 This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

116 D. J. ROBINSON Y C. G. MCGOVERN esa raz?n nos habla de lo que los movimientos de los ind? genas importaban a los cl?rigos), estos documentos inclu yen informaci?n sobre el origen de los padres de los ni?os bautizados. Es posible, por lo tanto, calcular por per?odos espec?ficos de tiempo los or?genes, locales o no, de dichas personas (vid. cuadro 3). La proporci?n de ind?genas (y aqu? consideraremos s?lo a los ind?genas) originarios de fuera del partido aument? uniformemente del 24.5 por ciento a fines

del siglo xvn hasta m?s del 70 por ciento a comienzos del

xrx. Dichas cifras son notables y aun inesperadamente altas. Si proyectamos estos datos en un mapa se pueden discernir nuevamente corrientes migratorias cuyos patrones se exten

d?an a lo largo de todo el siglo (mapa 3). Hubo de un pe r?odo a otro cambios sutiles en las proporciones de las co rrientes totales, y peque?os cambios en la ubicaci?n de los or?genes regionales, pero el patr?n prevalente fue el de la estabilidad de la interacci?n. As? como con los casamientos, el ?rea urbana de M?rida prove?a un n?mero significativo

de migrantes que llegaban para vivir en la parroquia de Um?n, pero mucho m?s sorprendente es el hecho de que muchos atravesaron el ?rea urbana de M?rida desde las re giones orientales para instalarse en Um?n. Es claro que el modo dominante no era un movimiento jer?rquico ascen dente. Se puede arg?ir que estos documentos proporcionan mu cha informaci?n traslapada o repetida, como en el caso, por

ejemplo, de que los padres de un ni?o bautizado en el pe

r?odo de 1725 a 1729 hayan sido los mismos que bautizaron otro ni?o en el per?odo anterior, y as? sucesivamente a lo largo del siglo. Esto, por supuesto, no es s?lo posible sino realmente muy probable ya que la fertilidad era evidente mente alta en los pueblos de Um?n, y si alguien hab?a bau

tizado a un ni?o era probable que continuara con la cos

tumbre. No obstante, hay dos pruebas que se pueden realizar sobre esos datos para erradicar la confusi?n que podr?a ori ginarse de tal situaci?n. En primer lugar hay que tomar en cuenta que la mayor?a de las mujeres ind?genas mexicanas

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

-1792 1808-1812

%N%

114 29.8 458 23.3

13.532 1.6 3.8 50 13.3 2.5 2662.0

8.9 110 5.6

70.1 100.0 1500 76.6 1958

100.0

1.7

762 64.6 1154

2 0.2 34 35 2.959 635.0 219

121 10.2200 148 16.9 28

N%N

417 35.3 492 1179 100.0 1 646

1766-1770 11

326 252

29 1743-1747

56.5 412 34.6

2.5 49 6.8 7.9 89 7.4 4.194 7.8 % * % 3.1 30 6.7

31.9 150 12.6

Cuadro 3 Bautismos en el partido de Um?n ? 1869-1817

43.5 778 65.3

100.0 1190 100.0

64 20 9.1 260

N % N63 28.62325 10.4605527.2 56

222

25 196

54 24.5 355

166 75.4 460

220 100.0 815

Total de bautismos 245 1 OH 1412 1 505 1 898 2 072

1689-1694 1725

Total de ind?genas

Fuera del partido

dentro del partido

No especificado No ind?genas

Or?genes

Bolonpoyche

Samahil Dzibikal

Um?n

Total

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

118 D. J. ROBINSON Y C. G. MCGOVERN aparentemente se casaban alrededor de la edad de quince a?os y continuaban dando a luz (si no mor?an, lo cual era probable) hasta entrados los treinta. En vista de esto, si se observan per?odos de or?genes migratorios que est?n separa dos por intervalos mayores que el tiempo que duraba el em

barazo de las madres mencionadas, el problema de datos

coincidentes queda eliminado. Por lo tanto, el mapa 2 no se puede ver afectado por este problema. Otra alternativa para estimar en qu? medida se superpo nen los datos en las series de las estad?sticas de migraci?n es la de considerar las cifras anuales de bautismos (vid. cua dro 4). Estas cifras permiten estimar la capacidad de cada madre para aparecer repetidamente, junto con su esposo, como migrante. Para que esto suceda tendr?an que haber dado Cuadro 4 Or?genes de migrantes (padres de ni?os bautizados) a Um?n - 1808-1812

Partido I

Carmen

1808 1809 1810 1811 1812

(7o) (%) (7o) (7o) (7o) _

II Sahcabch?n - ? ? ? ?

III Campeche 1.0 1.2 0.3 0.5 0.6 V Camino Real Bajo 3.0 1.6 1.8 ? 2.9 IV Bolonchencauich ? ? ? ? ?

VI Camino Real Alto 5.1 5.6 2.1 4.5 4.4 VII M?rida 33.0 28.3 25.3 35.8 35.6 VIII La Costa 26.4 29.6 25.7 37.1 27.2

IX Beneficios Bajos 10.1 12.4 10. X Sierra Baja 4.1 9.3 4.5 4.5 5.1

XI Sierra Alta 1.9 2.4 3.9 4.7 3.1 XII Beneficios Altos 0.7 1.4 0.9 2.0 0.6 XIII Valladolid 3.2 1.6 2.1 4.1 3.1 XIV Tizim?n 2.9 2.4 1.1 7.2 2.6 XV Bacalar - - - - -

XVI Isla Mujeres _____

XVII Cozumel - - - - 0.4

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Exogamia matrimonial

Padres forasteros de

ni?os bautizados

1760 17681770

Gr?fica 4. ?ndices de exogamia espacial en San Francisco de Um?n ? 1690-1812

1740 1745 1750

1720 1727 1730

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

120 D. J. ROBINSON Y C. G. MCGOVERN a luz por lo menos cada doce meses a lo largo de un pe

r?odo de cinco a?os, y hasta donde puede averiguarse a par tir de la evidencia de Um?n y de otras localidades mexicanas tal proporci?n de natalidad ser?a totalmente excepcional. La realidad del asunto es que aunque un cierto n?mero de ma dres lleg? a ser incluido en forma acumulativa en los datos de migraci?n, parece improbable que pueda afectar el patr?n general de la migraci?n frecuente y recurrente a Um?n pro veniente de diversos lugares de toda la pen?nsula. La proporci?n de la exogamia matrimonial y la cantidad de los inmigrantes proveen una clara evidencia de la impor tancia de la migraci?n regional (gr?fica 4). La primera en particular es la m?s alta que se ha encontrado en cualquier poblaci?n ind?gena del M?xico colonial.

Conclusiones Es obvio que los datos demogr?ficos de un solo partido no nos puedan dar noticia de la diversidad de casos que se pueden encontrar en el Yucat?n colonial. Pero por lo menos sabemos ya que el proceso de cambio demogr?fico, tal y como puede ser reconstruido con fuentes aisladas de los ar chivos parroquiales, concuerda con aquel que proviene de censos y otras estimaciones. Lo que falta por hacer es un an?

lisis m?s amplio de datos similares para otros pueblos ca racter?sticos de diversas zonas y regiones ecol?gicas de la pen?nsula. S?lo entonces ser? posible estimar las variedades locales. Un hecho es muy claro: la noci?n de que hab?a funda mentalmente comunidades "cerradas", con un mundo social limitado y poca interacci?n con otros poblados, tiene que ser seriamente reconsiderada. Los l?mites "permeables" de las comunidades, como los llama Farriss, alcanzaron y mantuvie

ron un nivel de permeabilidad mucho mayor de lo que se pens?.15 La fase colonial del desarrollo socioecon?mico pue i? Farriss, 1978, pp. 204-205.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

migraci?n regional yucateca

121

de a?n sugerir un modelo de lazos intercomunitarios: quiz? ser?a un nuevo tipo de comunidad-clausura, en el sentido de una "comunidad cerrada extendida". Bien podr?a ser que investigaciones etnogr?ficas como las de Redfield y Villa Ro jas interpretaron err?neamente la situaci?n al inferir que lo encontrado en Yucat?n en la d?cada de 1930 reflejaba mo delos culturales anteriores. Redfield advirti? a sus lectores

que "cada comunidad tiene su propio y especial camino de historia cultural".16 S?lo cuando el pasado colonial haya sido reconstruido de manera m?s completa ser? posible descubrir el verdadero significado de esta afirmaci?n.

SIGLAS Y REFERENCIAS Altman, Ida, y James Lockhart, eds.

1976 Provinces of early Mexico ? Variants of Spanish

American regional evolution, Los ?ngeles, University of California Press.

Brading, David 1976 "The historical demography of eighteenth century Mexico ? A review", en Bulletin of the Society for Latin American Studies, xxv, p. 3-17.

Brading, David, y Celia Wu 1973 "Population growth and crisis ?Le?n? 1720-1860", en Journal of Latin American Studies, v:l (mayo), pp. 1-36.

Calvo, Thomas 1972 "D?mographie historique d'une paroisse mexicaine ?Acatzingo? 1606-1 SI0", en Cahiers des Am?riques Latines, vi, pp. 7-41. 16 Redfield, 1941, p. 341. Vid., tambi?n Redfield y Villa Rojas,

1934, pp. 1-27.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

122 D. J. ROBINSON Y C. G. MCGOVERN Cook, Sherburne F.

1959 "The smallpox epidemic in 1797 in Mexico", en Bul letin of the History of Medicine, vn, pp. 957-969.

Cook, Sherburne F., y Woodrow Borah 1974 Essays in population history, Berkeley, University of California Press.

Espejo-Ponce Hunt, Marta 1974 "Colonial Yucat?n ? Town and region in the seven teenth century", tesis de doctorado, University of Ca

fornia, Los ?ngeles.

1976 "The processes of the development of Yucat?n ? 1600-1700", en Ida Altman y James Lockhart, eds.:

Provinces of early Mexico ? Variants of Spanish

American regional evolution, Los Angeles University of California, pp. 55-62. Farriss, Nancy M.

1978 "Nucleation versus dispersal ? The dynamics of po

pulation movement in colonial Yucatan", en Hispanic

American Historical Review, lviii:2 (mayo), pp. 187-216.

Florescano, Enrique 1969 Precios del ma?z y crisis agr?colas en M?xico ? 1700

1810, M?xico, El Colegio de M?xico. ?Centro de Es tudios Hist?ricos, Nueva Serie, 4.?

Garc?a Bernal, Mar?a Cristina 1972 La sociedad de Yucat?n ? 1700-1750, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

Gerhard, Peter 1979 The southeast frontier of New Spain, Princeton, Prin ceton University Press.

Gibson, Charles 1975 "Writings on colonial Mexico", en Hispanic American

Historical Review, lv:2 (mayo), pp. 287-525.

Jones, Grant D., ed.

1977 Anthropology and history in Yucat?n, Austin, Uni versity of Texas Press. This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MIGRACI?N REGIONAL YUCATECA

123

Kurjack, Edward B. 1974 Prehistoric lowland Maya community and social or ganization ? A case study of Dzibilchalt?n, Yucat?n, M?xico, New Orleans, Tulane University Middle American Research Institute.

Lebrun, Monique 1971 Esquisse d?mographique d'une paroisse, mexicaine de

la p?riode coloniale ?San Jos? de Tula? 1561-1851,

tesis de maestria, Universit? de Montr?al.

Malv?oo, Eisa 1975 "Factores de despoblaci?n y de reposici?n de la po blaci?n de Cholula ? 1641-1810", en Historia Mexi cana, xxinrl (jul.-sep.), plp. 52-110.

Mown, Claude 1972 "Population et ?pid?mies dans une paroisse mexi caine ?Santa In?s Zacatelco? xviiie-xrxe si?cles", en Cahiers des Am?riques Latines, vi, pp. 42-73.

Patch, Robert 1976 "La formaci?n de estancias y haciendas en Yucat?n durante la colonia", en Revista de la Universidad de Yucat?n, xvm:106 (jul.-ago.), pp. 95-132.

1978 "El mercado urbano y la econom?a campesina en Yucat?n durante el siglo xvni", en Revista de la Universidad de Yucat?n, xx: 117-118 (mayo-ago.), pp. 83-96.

Rabell Romero, Cecilia 1974 San Luis de la Paz ? Estudio de econom?a y demo graf?a, M?xico, tesis de doctorado, Universidad Na cional Aut?noma de M?xico.

Redfield, Robert 1941 Folk culture of Yucat?n, Chicago, University of Chica

go Press.

Redfield, Robert y Alfonso Villa Rojas 1934 Chan Kom ? A Maya vilage, Washington, The Car negie Institution.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

124 D. J. ROBINSON Y C. G. MCGOVERN Robinson, David J.

1980 "Population patterns in an old mining region ? Parral in the late eighteenth century", en Geoscience

and Man (en prensa) .

Roys, Ralph L. 1945 The Indian background of colonial Yucat?n, Wash ington, Carnegie Institution.

Robinson, David J.

1980 "Population patterns in an old mining region ? Parral in the late eighteenth century", en Geoscience

and Man (en prensa).

Roys, Ralph L. 1945 The Indian background of colonial Yucat?n, Wash ington, Carnegie Institution.

Ryder, James W.

1977 "Internal migration in Yucat?n ? Interpretation of historical demography and current patterns", en Grant D. Jones, ed.: Anthropology and history in Yucatan, Austin, University of Texas Press, pp. 191

251.

Scholes, France V., y Ralph L. Roys 1948 The Maya Chontal Indians of Acalan-Tixchel, Wash ington, Carnegie Institution.

Shattuck, George C.

1955 The peninsula of Yucatan ? Medical, biological and

sociological studies, Washington, Carnegie Institution.

Solano y P?rez-Lila, Francisco de

1971 "La poblaci?n ind?gena de Yucat?n durante la pri mera mitad del siglo xvn", en Anuario de Estudios Americanos, xxviu, pp. 165-200.

1975 "Estudio socioantropol?gico de la poblaci?n rural no ind?gena de Yucat?n ? 1700", en Revista de la Universidad de Yucat?n, xvn:98 (mar.-abr.), pp. 75 149.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MIGRACI?N REGIONAL YUCATECA

125

Strickon, Arnold

1965 "Hacienda and plantation in Yucatan ? An histori

cal-ecological consideration of the folk-urban conti nuum in Yucatan", en Am?rica Ind?gena, xxv:l (ene.) , pp. 35-63.

Swann, Michael M.

1980 "The demographic impact of disease and famine in late colonial northwestern Mexico", en Geoscience and Man (en prensa).

Willey, Gordon R., ed. 1965 Archaelogy of southern Mesoamerica, Austin, Univer sity of Texas Press. (Handbook of Middle American

Indians, in).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:20 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ALGUNOS ARCHIVOS PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA ECLESI?STICA MEXICANA EN EL SIGLO XX Peter L. Reich University of California, Los Angeles Si la historia del catolicismo en el M?xico contempor?neo a?n est? en gran parte por estudiar, no ha sido por falta de docu mentaci?n. M?s bien, una pol?mica feroz entre los partidarios de

la iglesia y los del gobierno federal ha sido lo que ha hecho

que subsista el conflicto ideol?gico desde los a?os veintes y trein tas, y este debate ha servido para polarizar la literatura existente que trata del tema.1 Apenas en los sesentas emergi? una histo riograf?a m?s objetiva, con el estudio de Alicia Olivera Seda?o sobre el per?odo cristero.2 Aun as?, los estudios m?s recientes tienden a enfocar la espectacular guerra de los cristeros igno rando los largos a?os de acomodamiento entre iglesia y estado que vinieron como secuela de los sucesos de 1929.8

Esto ?ltimo sugiere que otra de las razones tras la falta de

inter?s en la historia cat?lica contempor?nea puede ser la supo sici?n de que, terminada la era del conflicto abierto, la seculari zaci?n se hizo m?s patente y la iglesia dej? de ser fuerza impor tante en la historia mexicana. Ateni?ndose solamente a los niveles formales de la separaci?n legal entre iglesia y estado, y de la pr?c i Sobre la posici?n defensora de la iglesia, vid. Cuevas, 1947; sobre el punto de vista anticlerical, Toro, 1927; sobre literatura norteameri cana sobre el tema, Meyer, 1970, pp. 116-124. V?anse las explicaciones sobre siglas y referencias al final de este art?culo.

2 Olivera Seda?o, 1966; Bailey, 1974; Meyer, 1976. 8 Para obtener una idea del ?nfasis que ponen muchos historia dores sobre el per?odo colonial en la historia eclesi?stica mexicana,

vid. Miranda, 1971; Muro, 1977.

126 This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:25 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ARCHIVOS DE HISTORIA ECLESI?STICA

127

tica ritual, parece evidente que la iglesia cat?lica mexicana ha perdido influencia desde 1929, y que es la "perdedora" de un

siglo de conflicto religioso. Pero a un nivel ideol?gico el catoli cismo ha continuado ejerciendo una influencia poderosa sobre pueblo y gobierno mexicanos. Solamente tenemos que recordar la respuesta popular a la visita del papa Juan Pablo II a M?xico,

o el debate prolongado sobre el aborto, para comprender el efecto de la ideolog?a religiosa sobre pol?ticos y poblaci?n en general. Adem?s, la iglesia frecuentemente ha difundido sus ideas a tra v?s de una manipulaci?n informal de movimientos laicos, como la Acci?n Cat?lica o el Partido Acci?n Nacional. Actuando extra

oficialmente, la iglesia ha quedado, seg?n Pablo Gonz?lez Casa

nova, como ?nico factor tradicional de poder "que ha sobrevivido a las grandes transformaciones sociales del M?xico contempor? neo y que incluso ha recuperado e incrementado parcialmente su fuerza".4

Pero tampoco ha de ser vista la iglesia como encarnizada an tagonista del gobierno: las dos instituciones con frecuencia se han complementado y soportado una a otra en asuntos como el de la nacionalizaci?n petrolera en 1938 y la participaci?n en el censo nacional de 1980.5 Desgraciadamente, seg?n el historiador Fran

cisco Miranda, "no ha sido suficientemente estudiada la verda dera actitud de la iglesia desde un punto de vista ideol?gico y

pol?tico".6 La carencia de investigaciones sobre la iglesia mexicana con tempor?nea significa que las fuentes documentales existentes son

poco conocidas en el medio acad?mico. Sin embargo, una gran riqueza de materiales primarios est? disponible y puede ser em

pleada para estudiar el complicado papel de la iglesia en el

M?xico del siglo veinte. Este ensayo examinar? cuatro archivos, dos manejados por la iglesia y dos particulares, todos situados en el Distrito Federal y accesibles al investigador. A trav?s del an?

lisis de algunas de las fuentes disponibles podemos empezar a

entender por qu? la iglesia ha sido tan efectiva en su adaptaci?n a las diferentes corrientes de la sociedad contempor?nea, y c?mo 4 Gonzalez Casanova, 1976, p. 55.

5 Sobre la necesidad espiritual de participar en el censo, vid. Curia del Arzobispado de M?xico, circular n9 15 (15 mayo 1980). 6 Miranda, 1971, p. 284.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:25 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

128

PETER L. REICH

tales fuentes pueden ser usadas para evaluar cuestiones m?s am plias de la historia mexicana.

Biblioteca del Seminario Conciliar. Victoria 21, Tlalpan, D.

Este archivo y biblioteca contienen lo que probablemente se la colecci?n m?s grande de documentos primarios y literatura s

cundaria sobre la iglesia cat?lica en el M?xico independiente

Ubicado en el seminario central que para la instrucci?n de sace

dotes diocesanos tiene el arzobispado de M?xico, la bibliote

posee una historia paralela al upo del material que condene. Fue fundada originalmente en 1897 para servir a los seminaristas. S local fue convertido en escuela preparatoria por el gobierno de

Calles en 1928.7 Los libros y documentos fueron confiscado

y retenidos en varias bodegas de la Secretar?a de Hacienda hast

el a?o de 1947, en que fueron devueltos a la iglesia. En 19 qued? terminado el edificio de Tlalpan y tres a?os despu?s hizo cargo de la biblioteca el padre H?ctor Rogel, s. j? La colecci?n de la biblioteca perteneciente al Seminario co

tiene unos 80 000 vol?menes, incluyendo documentos encuader nados y libros. Tambi?n hay gran abundancia de materiales pr marios relacionados con el desarrollo ideol?gico del catolicism

mexicano despu?s de la independencia, y particularmente de pu?s de 1910. Para el estudio del liderazgo eclesi?stico y s weltanshauung hay una colecci?n completa de las cartas pas

rales y otros escritos del episcopado mexicano desde 1821, ord nada en series intituladas "Pastorales", "Pastorales colectivas", "Documentos eclesi?sticos".9 Asimismo, se conservan publicacion de arquidi?cesis varias, incluso la Gaceta Oficial de Arzobispado de M?xico, Christus, diversos directorios eclesi?sticos locales, anuarios estad?sticos de todas partes de la rep?blica. Unos ocho mil documentos, folletos y libros comprenden la colecci?n Garc? Guti?rrez, relat?va principalmente al conflicto entre iglesia y g bierno en los veintes y treintas.

No obstante, la joya de la biblioteca es una bodega que con

7 S?NCHEZ, 1931.

8 Conversaci?n del autor con P. Rogel. ? Una gu?a muy ?til para las publicaciones episcopales despu?s 1821, y por lo tanto para esta colecci?n, es Valverde Tellez, 1949.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:25 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ARCHIVOS DE HISTORIA ECLESI?STICA 129 tiene unas cuatrocientas series de peri?dicos publicados por varias ?rdenes religiosas, organizaciones laicas y sindicatos de trabaja dores, desde alrededor de 1860 hasta el presente. Esta colecci?n de peri?dicos complementa los escritos de la jerarqu?a eclesi?s

tica, como las cartas pastorales, con material revelador de la

cultura e ideolog?a de las organizaciones cat?licas de masas y otros movimientos sociales. Adem?s de las fuentes primarias, la biblio teca comprende abundante literatura secundaria con relaci?n a la historia, a la filosof?a y a la teolog?a de la iglesia, a la teolo

g?a de la liberaci?n, y s?lidas colecciones sobre la revoluci?n

mexicana y los movimientos laborales del presente siglo.

Archivo del Secretariado Social Mexicano. Ocotepec 39, San Je r?nimo, D. F.

Pasando de un repositorio que contiene sobre todo fuentes

publicadas por instituciones cat?licas a otro que aloja enteramen te la documentaci?n in?dita de una organizaci?n, venimos al Se cretariado Social Mexicano (ssm) . Fundado por orden del epis

copado en 1920 como una organizaci?n de acci?n social para

trabajar con sindicatos obreros cat?licos, el ssm lleg? a ser (1929 a 1942) el cuerpo coordinador del grupo principal de cat?licos laicos, Acci?n Cat?lica. Posteriormente, en 1942, el ssm volvi? a ocupar su lugar original, siendo hoy en d?a un lazo crucial entre la iglesia y los trabajadores urbanos y rurales.10 El archivo del ssm documenta sus actividades propias y tam bi?n el mundo m?s amplio de la iglesia y la sociedad en el cual

actu?. Su colecci?n incluye dos tomos encuadernados de actas

sobre las juntas directivas del ssm en el per?odo de 1931 a 1942,

cuando el ssm (en manos del padre, despu?s cardenal, Miguel Dar?o Miranda) fue el coordinador de Acci?n Cat?lica. Otros

catorce tomos de correspondencia confidencial entre los miembros

de la jerarqu?a eclesi?stica y la junta directiva del ssm, a par

tir de 1920, muestran el control directo, aunque extraoficial, que ten?a el episcopado sobre muchas actividades laicas cat?licas. Un

volumen de las relaciones financieras (cortes de caja) del ssm, desde 1929 hasta el presente, hace posible un an?lisis de la eco lo Velazquez, 1945.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:25 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

130

PETER L. REICH

nom?a de la organizaci?n. Para completar su relativamente a plia, aunque desconocida colecci?n, el archivo contiene seis to encuadernados de peri?dicos de organizaciones de obreros ca

cos (1906 a 1920).

Tal vez lo m?s importante que posee el archivo del ssm es cuaderno grueso intitulado "Conflicto religioso por di?cesis",

las respuestas a los cuestionarios (1935 a 1939) del episco

sobre la persecuci?n religiosa, enviadas de todas partes de la p?blica. Este inventario de incidentes locales y obscuros del clericalismo y el acomodamiento entre la iglesia y el gob muestra lo riesgoso de extender generalizaciones sobre el con religioso a toda la naci?n.

Archivo Plutarco Elias Calles. Guadalajara 104, Colonia R

M?xico, D. F.

La colecci?n de que es depositar?a do?a Hortensia Elia

lles de Torreblanca, todav?a en proceso de ordenaci?n, est?

puesta de la correspondencia de su padre con pol?ticos pr nentes de los veintes y treintas. Dentro de varios expedie

llamados "Correspondencia cat?lica", el archivo contiene tam unos doscientos documentos, en gran parte cartas personale l?deres cat?licos. Este material fue interceptado en el correo e 1930 y 1935 por agentes federales deseosos de enterarse correspondencia de la iglesia y vigilar as? sus actividades. In das est?n muchas cartas del delegado apost?lico, Leopoldo y Flores, escritas desde su exilio en San Antonio con sus pu de vista sobre la necesidad de un arreglo, en vez de conflict con el gobierno. Otra correspondencia interesante revela acue informales hechos entre pol?ticos regionales y la iglesia para dir las estrictas reglas anticlericales difundidas a nivel nacio Desafortunadamente este archivo a?n no est? organizado y n sido abierto al p?blico.

Centro de Estudios de Historia de M?xico, Condumex. P Federico Gamboa 1, Chimalistac, D. F.

Este archivo, administrado por una empresa privada, ha s descrito en forma completa con anterioridad.11 Por lo tanto, il Garcia y Garc?a, 1972.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:25 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ARCHIVOS DE HISTORIA ECLESI?STICA 131 limito a una discusi?n de su colecci?n "Conflicto religioso". La

colecci?n, que consiste de dos cuadernos con 615 documentos

de los a?os 1910 a 1937, fue donada por los hijos de Luis Garc?a Pimentel. Trata de las relaciones entre la jerarqu?a eclesi?stica mexicana y las organizaciones laicas cat?licas. Hay pliegos suel tos, peri?dicos raros y correspondencia de la Liga Nacional De fensora de la Libertad Religiosa, que destac? en la rebeli?n exis tera de 1926 a 1929. Gran parte de este material no duplica los documentos del propio archivo de la Liga, consultado previa mente por historiadores de la cristiada.12 Esta colecci?n destaca el papel de muchos obispos mexicanos en la supresi?n de la Liga y otras organizaciones cat?licas vinculadas con la resistencia ar mada contra el gobierno despu?s de 1929. La iglesia estaba bus cando una nueva hegemon?a ideol?gica para la ?poca posterior a la cristera.

Los archivos discutidos aqu? muestran solamente una parte pe que?a de lo que son las fuentes disponibles sobre la historia eclesi?stica mexicana en el siglo veinte. Muchos repositorios de la

iglesia y del gobierno, incluyendo el de la curia arzobispal de

M?xico, los archivos de las ?rdenes y agrupaciones cat?licas (par

ticularmente el de los jesuitas), los de las Secretar?as de Rela ciones Exteriores y Educaci?n P?blica, entre otros, contienen

colecciones de documentos sobre los conflictos religiosos de los veintes y los treintas. El archivo general de la Suprema Corte de Justicia tiene los expedientes de violaciones de las leyes anti clericales procesadas a nivel local y apeladas bajo las reglas de amparo. Este ?ltimo podr?a proporcionar informaci?n sobre la

verdadera ejecuci?n de las leyes antirreligiosas. Desgraciadamente, el acceso a gran parte de este material a?n no est? permitido al p?blico, incluyendo algunos documentos de la curia y de la dele gaci?n apost?lica. Sin embargo, hay documentaci?n m?s que sufi ciente para elaborar monograf?as sobre muchas fases de la historia mexicana, como movimientos laborales y pol?ticas gubernamenta les, que rayan m?s all? de un enfoque limitado hacia la iglesia. A trav?s de esta breve descripci?n de algunos archivos podemos ver que la historia eclesi?stica contempor?nea de M?xico no tiene que quedar limitada a un concepto tradicional ? institucional de 12 Particularmente Alicia Olivera Seda?o y David C. Bailey.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:25 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

132

PETER L. REICH

la iglesia; puede extenderse hasta un estudio de la ideolog religiosa dominante y sus relaciones con las fuerzas sociale

La supresi?n episcopal de los extremistas cat?licos, los acuerdos informales tras el aggiornamento oficial, y la creciente impor tancia de las organizaciones cat?licas laicas, son todos temas qu salen de los documentos de estas colecciones. S?lo si vamos m?s

all? de las fuentes tradicionales podremos superar el paradigm de un conflicto entre la iglesia y el gobierno mostrado como alg meramente institucional, y explicar la legitimaci?n ideol?gica qu la religi?n ha dado al estado mexicano de hoy.

SIGLAS Y REFERENCIAS Bailey, David C.

1974 ?Viva Cristo Rey! ? The Crist ero rebellion and th church-state conflict in Mexico, Austin, University of

Texas Press. Cuevas, Mariano, s. j.

1947 Historia de la iglesia en M?xico, M?xico, Editoria Patria, 5 vols. Garc?a y Garc?a, J. Jes?s 1972 Guia de archivos, M?xico, Universidad Nacional Aut? noma de M?xico.

Gonz?lez Casanova, Pablo 1967 La democracia en M?xico, M?xico, Editorial Era.

Meyer, Eugenia 1970 Conciencia hist?rica norteamericana sobre la revolu ci?n de 1910, M?xico, Instituto Nacional de Antro polog?a e Historia. Meyer, Jean 1976 La cristiada, M?xico, Siglo XXI Editores, 5 vols. Miranda, Francisco*

1971 "Problem?tica de una historia eclesi?stica", en His toria Mexicana, xx:2 (oct.-sep.), pp. 269-284.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:25 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ARCHIVOS DE HISTORIA ECLESI?STICA 133 Muro, Luis 1977 ?ndice de los vol?menes I-XXV de Historia Mexi cana, M?xico, El Colegio de M?xico. Olivera Seda?o, Alicia 1966 Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929 ? Sus antecedentes y consecuencias, M?xico, Instituto Na cional de Antropolog?a e Historia. S?nchez, Pedro J.

1951 Historia del Seminario Conciliar de M?xico, M?xico, Escuela Tipogr?fica Salesiana "Crist?bal Col?n".

Toro, Alfonso 1927 La iglesia y el estado en M?xico, M?xico, Talleres Gr?ficos de a Naci?n. Valverde Tellez, Emeterio 1949 Bio-bibliografia eclesi?stica mexicana ? 1821-1943, M?xico, Editorial Jus, 5 vols.

Velazquez, Pedro 1945 El Secretariado Social Mexicano ? 25 a?os de vida, M?xico, Secretariado Social Mexicano.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:25 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

LOS ARCHIVOS DE NOTARIAS DE ZACATECAS Jan Bazant El Colegio de M?xico La importancia del estado de Zacatecas en la historia del M?xico del siglo xix est? fuera de duda. Zacatecas no s?lo continu? sien

do importante en la miner?a y la metalurgia de la plata; tam

bi?n ?y all? est? lo nuevo? se distingui? desde la independencia por su esp?ritu liberal. A diferencia de otros estados en que el liberalismo se debilit? despu?s de un ?mpetu inicial, en Zacatecas perdur? hasta la reforma y despu?s de ella. En su primera fase el liberalismo zacatecano se identific? con el gobernador Fran

cisco Garc?a, un hombre moderno para su tiempo, interesado

entre otras cosas en el fomento minero, industrial y agr?cola y en la reforma agraria. En su segunda fase ese liberalismo regional estuvo dominado por el general Gonz?lez Ortega, quien mantuvo a Zacatecas libre de los ej?rcitos conservadores durante la guerra

de reforma. El enfrentamiento con la iglesia hizo que los libe rales abandonaran sus proyectos de fomento econ?mico y reforma

social y se concentraran en la lucha por despojar a la iglesia

de sus bienes y su poder. Para estudiar estos temas nada mejor que los archivos de no

tar?as de la ciudad de Zacatecas. Si no me equivoco, sus proto

colos del siglo xrx no han sido abiertos por los historiadores hasta

ahora. Esto es explicable, en mi opini?n, por ciertas incomodi dades que cada investigador en Zacatecas tiene que vencer. En primer lugar, el clima es fr?o por lo menos una mitad del a?o,

y luego el archivo mismo no est? en un lugar muy adecuado.

Voy a explicar en detalle: todo el archivo estaba originalmente en el Archivo del Poder Judicial, en el edificio del congreso del

estado, en la avenida Hidalgo. A causa de un desperfecto en la plomer?a en una ocasi?n empez? a inundarse el archivo y las autoridades decidieron cambiar una parte de ?l al ex colegio o convento, y hoy museo, de Guadalupe, situado a unos diez

kil?metros de la capital del estado. Esto se efectu? el 1? de agosto

134 This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:30 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

NOTAR?AS DE ZACATECAS

135

de 1974. Hasta la fecha los protocolos se encuentran all? en pa quetes o cajas. Para consultarlos habr?a que escribir con antici paci?n, y una vez all? transitar todos los d?as por una carretera

casi siempre en reconstrucci?n. Para un investigador es esencial saber cu?les protocolos, o los de qu? a?os, se encuentran en uno y en otro lugar. Por fortuna, al hacerse la mudanza, los protocolos se separaron m?s o menos cronol?gicamente: en el museo de Guadalupe est?n los protoco los anteriores a 1860 ?salvo excepciones?, de modo que quienes

quieran estudiar la ?poca de Francisco Garc?a hallar?n todo el

material en Guadalupe; pero quienes quieran estudiar el per?odo de la reforma tendr?n que ir a ambos lugares. Los protocolos que se encuentran en el Archivo Hist?rico del

Museo Regional de Guadalupe (ex Colegio Apost?lico de Propa ganda Fide de Nuestra Se?ora de Guadalupe), que depende del Centro Regional de Zacatecas del Instituto Nacional de Antro polog?a e Historia, no fueron examinados por el autor de esta nota. Vi s?lo su inventario de 59 hojas, que me facilit? el arqui tecto Ra?l Toledo Farias, del INAH, y del cual hago el extracto siguiente:

Protocolos de Rafael Muro, de 1852 y 1853 con 224 fs.; de 1854 con 69 fs., de 1863 con 229 fs., y de 1867 con 267 fs. (el m?s reciente que se conserva en Guadalupe).

Protocolos de Jos? Ram?n Camino y Montero, de 1824 con 31 y 27 fs., de 1825 con 264 fs., de 1828 con 38 fs., de 1831 con 151 fs., y de 1839 con 252 fs.

Protocolos de Jos? Mar?a Garc?a de la Cadena, de 1849 con

51 fs., de 1850 con 127 fs., y de 1853 con 162 fs. Protocolo de Jos? Mar?a Medina, de 1839 con 281 fs. Protocolo de Francisco Lozano, de 1844 con 207 fs. Protocolo de Luis Ch?vez, de 1859. Protocolos de Jos? Santiago Godiza, de 1852 y 1853. Protocolo de Mucio Torres, de 1849.

Esta lista no pretende ser completa. Probablemente haya tam bi?n tomos de los a?os faltantes.

El Archivo del Poder Judicial (pedir permiso al licenciado Rafael Candelas, presidente del Supremo Tribunal del Estado), tampoco un lugar precisamente c?modo para trabajar, conserva

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:30 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

136

JAN BAZANT

los protocolos siguientes de la ?poca de la reforma y la rep?blica restaurada (la enumeraci?n no pretende ser completa) : Protocolos del escribano Jos? Gregorio Ferniza, muy bien en

cuadernados y con ?ndice, de 1862 con 284 fs. (tiene el

n?mero 31; ?comenz? en 1831?) y 271 escrituras de enero a diciembre sobre asuntos mineros, mercantiles y ventas de bienes nacionalizados, de 1863, de 1864 y de 1866 a 1873. Protocolo de Gregorio Fern?ndez, de 1862 con 659 fs. e ?ndice dif?cil de leer (por lo visto, el a?o de 1862 fue muy activo: Gonz?lez Ortega promovi? la nacionalizaci?n). Protocolos de Juan F. Ferniza, de 1870 a 1872. Protocolo de Francisco Santini, de 1875. Protocolo de Florentino Hern?ndez, de 1875. Protocolo de Mucio Flores, de 1862. Protocolos de Ferm?n Moreno, de 1868 a 1882. Protocolos de Tom?s Sandoval de 1871 a 1882.

Tambi?n se encuentran aqu? los protocolos de los a?os pos

teriores que cubren el porfiriato, etc., hasta la fecha. No se ha encontrado, en cambio, ninguno anterior a 1862 correspondiente

a la capital del Estado.

El Archivo del Poder Judicial contiene tambi?n protocolos no tariales de todo el estado y no s?lo de su capital. Entre los co rrespondientes a otros lugares s? hay algunos m?s antiguos. Por ejemplo, de Jerez, hoy Ciudad Garc?a, hay protocolos de la pri mera parte del siglo xrx. Los investigadores que resuelvan ir a Zacatecas seguramente encontrar?n un amigo en la persona del licenciado Cuauhtemoc Esparza S?nchez, director del Departamento de Investigaciones Hist?ricas de la Universidad Aut?noma de Zacatecas y autor de importantes obras sobre la historia regional.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:30 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS George Wolfskill y Douglas W. Richmond (eds.) : Essays on the Mexican revolution ? Revisionist views of the leaders, Michael Meyer, intr., Austin, University of Texas

Press, 1979, 136 pp.

En marzo de 1978 la Universidad de Texas en Arlington ce

lebr? la sesi?n anual de las Walter Prescott Webb Memorial Lec

tures invitando a distinguidos historiadores norteamericanos dedi cados al estudio de la revoluci?n mexicana. La serie de ensayos que comentamos aqu? ha sido editada por la misma universidad con el prop?sito de debatir algunos de los enfoques tradiciona

les sobre el movimiento que Madero inici? en 1910. Las tesis

revisionistas que de aqu? surgen intentan presentar concepciones nuevas y estimulantes sobre algunos aspectos de la historia mexi

cana del siglo xx.

Tal esfuerzo es digno de atenci?n porque, a pesar de la gran cantidad de investigaciones y de publicaciones hechas por his

toriadores, actores y otros acad?micos, la revoluci?n de 1910 sigue suscitando controversias. No pocas de sus cuestiones cruciales que dan a?n sin resolver, e inclusive puede considerarse que ciertos temas de an?lisis a?n aguardan su recuperaci?n historiogr?fica.

Entre la multiplicidad de aspectos en debate resalta el de la naturaleza y las caracter?sticas asumidas por el liderazgo revolu cionario. En esta colecci?n se ofrecen cinco ensayos que presen tan hip?tesis y enfoques originales: "Madero ? The 'unknown' president and his political failure to organize rural Mexico", por William Beezley; "Villa ? Reform governor of Chihuahua", por

Friedrich Katz; "Carranza ? The authoritarian populist as na tionalist president", por Douglas Richmond; "Obreg?n ? Mexi

co's accommodating president", por David C. Bailey; y "C?rdenas ? Creating a campesino power base for presidential policy", por

Lyle C. Brown.

Beezley ofrece un ensayo imaginativo y novedoso sobre el

primer presidente de la revoluci?n, cuya ?poca conoce bien gra cias a su trabajo en torno a Abraham Gonz?lez, gobernador ma 157 This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:36 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

138

EXAMEN DE LIBROS

derista de Chihuahua.* El autor argumenta que si Madero no logr? un impacto profundo en las zonas rurales se debi? b?sica mente a su incapacidad o desinter?s en idear programas de reor

ganizaci?n en el campo. A pesar de que ciertos gobernadores,

como los de Chihuahua y Coahuila, intentaron reformas econ? micas y sociales bastante profundas, el gobierno maderista reali z? pocos esfuerzos en esta direcci?n. Seg?n el autor la impoten cia de Madero para dirigir una revoluci?n verdadera se manifest?

al mismo tiempo en que el presidente luchaba por derribar la excesiva centralizaci?n de autoridad que D?az hab?a impuesto.

Para ello, deleg? en los gobernadores y presidentes municipales

gran parte de la responsabilidad y de la oportunidad de re

construir al pa?s, pero este intento descentralizador se top? con autoridades incapaces de restablecer el orden, ineptas como orga nizadoras, y con pocos recursos financieros para realizar transfor maciones decisivas en la sociedad. Estas razones, seg?n el autor, no han sido hasta ahora sopesadas suficientemente al considerar el fracaso del maderismo. No obstante la documentada argumentaci?n de Beezley, cabe preguntarse si esta dispersi?n regional del poder respondi? m?s a la certeza de Madero en que "el respeto a las autoridades regio nales mantendr?a a su r?gimen", que a una consecuencia inevita

ble de la lucha armada, a la remoci?n de parte importante del personal porfirista, y a que la revoluci?n no fue una y general, sino un mosaico de levantamientos locales dis?miles en sus or? genes, prop?sitos y objetivos. Adem?s, debe subrayarse que algu nos de los fundamentos esgrimidos por el autor son dudosos. Un ejemplo es el supuesto inter?s de ciertos gobernadores por crear una "reforma pol?tica esencial" revitalizando el municipio a tra v?s de la eliminaci?n de los "jefes pol?ticos". Este tipo de deci siones se pueden explicar igual y simplemente en funci?n de un

proyecto de aumento de las prerrogativas pol?ticas y militares del ejecutivo estatal, como fue el caso de San Luis Potos?.%

* Insurgent governor ? Abraham Gonz?lez and the Mexican re

volution in Chihuahua, Lincoln, University of Nebraska Press, 1976.

{ Vid. Ley reglamentaria del decreto de 17 de mayo del presente

a?o, que reforma la constituci?n del estado suprimiendo las jefaturas pol?ticas y estableciendo las presidencias municipales, San Luis Potos?,

Tip. de la Escuela Industrial Militar, 1913.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:36 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS

139

Friedrich Katz ofrece un ensayo claro y documentado sobre el l?der revolucionario que hasta la fecha provoca las emociones y argumentos m?s fuertes y encontrados: Pancho Villa. El autor,

quien ha dedicado ya varios a?os al estudio cuidadoso de este

caudillo y de su movimiento, destruye algunos de los mitos que a?n dificultan el conocimiento de este personaje. De su an?lisis sobre el papel de Villa como gobernador en Chihuahua se dedu ce un panorama mucho m?s complejo y positivo que la simple idea de un gobierno de pillaje y atrocidades.

Katz empieza por caracterizar la revoluci?n en Chihuahua

a trav?s de un an?lisis comparativo, y mostrando c?mo el lide razgo fue asumido por una coalici?n interclasista en la que no predominaron los campesinos. En tan complejo panorama social, y dentro de una sofisticada econom?a de exportaci?n, este ex pe?n semianalfabeto ide? medidas de amplio alcance militar, eco n?mico y pol?tico. Confiscando las grandes propiedades financi? un ej?rcito que ser?a decisivo para derrotar a Huerta; tambi?n logr? controlar adecuadamente a los grupos armados en la enti dad, cosa rara en la ?poca. Adem?s, asest? un golpe certero a la oligarqu?a local y a sus ambiciones contrarrevolucionarias, mien tras aument? su carisma y solidific? su apoyo por parte de los campesinos, los trabajadores y las clases medias. Con excepci?n de Zapata, dice Katz, Villa fue el l?der del mo vimiento que m?s riqueza reparti?. Fue en esta experiencia esta tal donde el villismo mostr? cu?les eran sus proyectos redistribu tivos a gran escala, dif?ciles de conocer y de probar por otros caminos. En su art?culo, Douglas W. Richmond ataca frontalmente la noci?n de que Carranza era un conservador alejado de las clases populares, y sostiene en cambio que se trataba m?s bien de un

"populista autoritario", quien, por medio de su nacionalismo

f?rreo y su amplio programa econ?mico y social, logr? un apoyo entusiasta de todas las clases con excepci?n de los intereses ex tranjeros y del grupo m?s privilegiado del antiguo r?gimen. S?lo

mediante este apoye, arguye, puede explicarse que fuese capaz de derrotar a Huerta, y sobre todo a Villa y Zapata. Tambi?n, s?lo as? se explica que pudiera crear un gobierno estable. Ba s?ndose en el archivo de Carranza, el autor traza una imagen muy positiva de su pol?tica en relaci?n con la reforma agraria, la igle

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:36 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

140

EXAMEN DE LIBROS

sia, los trabajadores urbanos, la educaci?n, la instauraci?n de im puestos progresivos, las relaciones exteriores y el nacionalismo. Curiosamente es en este ensayo, que utiliza tantas fuentes de primera mano y poco revisadas, en donde ser?a deseable una sus

tentaci?n m?s rigurosa de las hip?tesis, sobre todo de las m? ambiciosas y originales. Baste como muestra este tipo de asevera ciones, interesantes pero carentes de sustento: "Carranza triunf?

sobre Villa y Zapata porque ampli? su base de apoyo pol?tico (p. 53) ; "para las masas en general, las reformas carrancistas eran mucho m?s completas que las de Zapata y Villa" (p. 53) ;

"el nuevo liderazgo pol?tico [de los carrancistas] reflejaba las ra? ces del pa?s como nunca antes en la historia de M?xico" (p. 55) ; "los carrancistas atrajeron a un gran n?mero de campesinos por sus repetidas promesas de distribuir la tierra" (p. 60) ; el rompi miento con la Casa del Obrero Mundial, con los l?deres radicales de los trabajadores, y el haber aplastado su huelga "no debilit el apoyo general de los trabajadores a Carranza" (pp. 60-61) ; bien que la intervenci?n de Carranza en los asuntos locales fue "invariablemente ben?fica" (p. 67).

El autor tiende a considerar algunos rasgos progresistas de

ciertos constitucionalistas como si fueran la t?nica de; esta facci?n:

"los generales [carrancistas] estaban entre los m?s entusiastas pro motores de las metas revolucionarias, por lo menos hasta 1917" (p. 57). Esto, dice, era inspirado directamente, o por lo menos

visto con buenos ojos, por el "primer jefe". En realidad, la di versidad de or?genes, ideolog?as y metas de los seguidores de Carranza era extrema. En este sentido no es comparable, por

ejemplo, la actitud de Lucio Blanco, quien en 1913 realiz? la pri mera entrega constitucionalista de tierras, a la del propio "pri mer jefe", quien reaccion? calific?ndola de "inoportuna".* Las hip?tesis de este ensayo no pueden explicar por qu? cuan do Carranza ocup? la presidencia y sostuvo un gobierno relativa mente estable, y en donde ?l ejerc?a un control estricto sobr todas las cuestiones vitales, no se procedi? a hacer realidad el su puesto programa de los constitucionalistas. En el ensayo el autor argumenta que a partir de su elecci?n "la vitalidad de Carranza

parece haber sido socavada por una pereza misteriosa" (p. 74). * Vid. Berta Ulloa: La lucha armada ? 1911-1920, M?xico, Edito rial Patria, 1976. (Historia de M?xico ? La etapa nacional, M?dulo 4).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:36 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS

141

M?s bien cabr?a pensar en que los compromisos del carrancismo para con los intereses de campesinos y trabajadores no eran tan intensos como Richmond sostiene.

Existen en este ensayo algunas inexactitudes que conviene

aclarar, como el hecho de que Carranza fuera el primer l?der en cuestionar la legitimidad del gobierno huertista. Por lo menos

Alberto Carrera Torres hab?a desconocido p?blicamente a este

gobierno desde el 4 de marzo de 1913, antes de la promulgaci?n del Plan de Guadalupe, llamando a combatirlo en una lucha ar mada que denomin? tambi?n "constitucionalismo".* Por ?ltimo, el autor atribuye al carrancismo la paternidad de procesos que se hab?an originado antes y, en ocasiones, indepen dientemente de los constitucionalistas. Por ejemplo, afirma que Carranza "reestructur? la composici?n del sistema de clases de M?xico y destituy? a muchos de su alto status y privilegio" (p. 55), lo que es muy dudoso. Adem?s, no necesariamente se puede deducir que si bien en los a?os del carrancismo ciertas transfor maciones revolucionarias se manifestaron con claridad y fueron auspiciadas por algunos de sus l?deres, ?stos fueron siempre sus autores, pues ello significar?a olvidar que tales reformas se gesta ron durante el porfiriato, el maderismo y tambi?n de manera sobresaliente en facciones que Carranza combati?: las de villistas y zapatistas. Sin embargo, todas estas observaciones no invalidan que el en sayo de Richmond sea original, valioso y necesario para poder evaluar m?s correctamente la actuaci?n revolucionaria de Carranza.

Bailey, en un ensayo bien estructurado pero sin demasiado

acopio de material de primera mano, nos presenta al presidente Obreg?n no como el reformador que algunos sostienen que fue, y menos a?n como alguien preocupado por la ideolog?a y los prin cipios de la revoluci?n mexicana en abstracto. En cambio, gracias a su pol?tica de compromisos y reconciliaci?n entre todos los sec tores sociales, fue "m?s que nadie en su generaci?n quien hizo posible la consolidaci?n del sistema social que prevalece en M? xico hoy en d?a". * Vid. Ley agraria del profesor y general Alberto Carrera Torres,

del 4 de marzo de 1915.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:36 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

142

EXAMEN DE LIBROS

El autor muestra c?mo Obreg?n busc? y consigui? el apoyo organizado de obreros y campesinos ?b?sicamente a trav?s de la Confederaci?n Regional y Obrera Mexicana y el Partido Na cional Agrarista? pero sin que por esto dejara de mostrar su

lado moderado a empresarios y hacendados. Obreg?n intent? apla car a los cat?licos mientras aseguraba a los anticlericales que vi gilar?a a aqu?llos estrictamente, y trat? de mantener buenas re laciones con Estados Unidos y los intereses extranjeros al tiempo que defend?a la soberan?a de M?xico. En s?ntesis, busc? la uni

dad de todos los que se consideraban "revolucionarios", y en

cada una de las disyuntivas que enfrent? prefiri? balancear in tereses y buscar la conciliaci?n antes que tomar un camino claro pero peligroso. Si bien Obreg?n defini? tantas veces y de manera tan dis?mil a la revoluci?n mexicana, sus acciones mostraron su verdadero proyecto: modernizar a M?xico para darle un mejor lugar en el

mundo capitalista. Para ello, el estado deber?a tener un papel

activo y, adem?s, en aras de la justicia social, beneficiar e inte grar a todos los mexicanos. Para ?l, ambas aspiraciones no eran contradictorias y, aun cuando ahora se podr?a argumentar que ?sta no era la revoluci?n que M?xico necesitaba, tal era la con vicci?n no s?lo de Obreg?n sino de la mayor parte de los l?deres de entonces y aun de muchos futuros. Seg?n el autor, a trav?s de sus 'definiciones pr?cticas, este presidente mostr? m?s sobre la na turaleza de la revoluci?n que muchos h?roes del movimiento con sus postulados. Adem?s, puso en claro que lo que el pa?s ansiaba despu?s de la guerra civil era orden, inclusive al precio de acep tar una pol?tica de compromisos m?s que de principios. Aunque se ha escrito mucho sobre los diversos aspectos y lo gros del agrarismo cardenista, el art?culo que presenta el profe

sor Brown ?con el cual gan? el certamen Webb-Smith en que

concursaron estos ensayos? resulta fundamental. M?s que tener el m?rito de un planteamiento innovador, tiene el de mostrar de una manera organizada, l?gica y documentada, cu?les fueron y c?mo se desarrollaron los esfuerzos reformistas del presidente C?rdenas por crear una base de poder campesina amplia y uni ficada. ?sta le permitir?a ganar autonom?a con respecto a otros elementos sociales y, adem?s, tener m?s seguridad en la eventua lidad de un problema militar.

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:36 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS

143

En 1933 un grupo de agraristas cre? la Confederaci?n Cam 'pesina Mexicana (ccm) para apoyar a C?rdenas en su candida tura presidencial por el pnr. Inmediatamente despu?s alcanz? triunfos decisivos al lograr radicalizar la plataforma agraria del partido dominante y apoyar las promesas de repartir la tierra y

armar a los campesinos que hizo el general michoacano en su

gira presidencial. A pesar de que el apoyo de los l?deres obreros,

sobre todo el de Lombardo Toledano, fue b?sico para que el presidente pudiera sacudirse la influencia del "jefe m?ximo",

C?rdenas advirti? a las centrales obreras que no deber?an tratar de incorporar dentro de s? al sector agrario. En julio de 1935, como jefe del partido y del gobierno, llam? a la unificaci?n y movilizaci?n pol?tica y militar de los elementos rurales, dejando en claro, al mismo tiempo, que este esfuerzo beneficiar?a a los campesinos, quienes, ya sin divisiones, podr?an satisfacer su anhe lo ancestral por la tierra. La ccm, con el apoyo de las agencias gubernamentales, acele r? la reforma agraria al tiempo que iba formando ligas campesi

nas ?nicas en los estados. Este esfuerzo condujo a una compe tencia a fondo con el grupo de Lombardo, en la cual el presi

dente forz? la separaci?n de estos sectores populares. Estos empe ?os fructificaron en 1938 cuando surgi? la Confederaci?n Nacional

Campesina (cnc) . A fin de cuentas, la ccm y la cnc fueron las organizaciones b?sicas para poder implementar el agrarismo car denista y forzar uno de los cambios m?s fundamentales que ha sufrido la sociedad mexicana desde fines del siglo xvn: el des membramiento de la gran hacienda y su fin como el eje econ? mico y social del M?xico rural. Encima, se entregaron las armas a los campesinos para que defendieran tanto sus intereses como los del gobierno nacional. A cambio de esta pol?tica agraria C?r denas pudo reducir su dependencia de pol?ticos, obreros organi

zados y militares, y, en ?lt?ma instancia, vigorizar y mantener su poder hasta transferirlo pac?ficamente al candidato de su elecci?n.

En suma, resulta imposible que una colecci?n mantenga una calidad uniforme y evite contradicciones. El objetivo central de formular tesis revisionistas sobre los dirigentes revolucionarios no se cumple con el mismo nivel de originalidad ni de sustentaci?n en todos los casos, pero de cualquier manera se trata de ensayos que, adem?s de iluminar algunas cuestiones poco estudiadas, re

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:36 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

144

EXAMEN DE LIBROS

sultan amenos, estimulantes, y bastante novedosos. Por esto cons tituyen una lectura interesante y ?til para quienes quieren enten der la revoluci?n mexicana en nuestros d?as.

Romana Falc?n El Colegio de M?xico Paul M. Roca: Spanish Jesuit churches in Mexico's Tarahu mara, Tucson, University of Arizona Press, 1979, xxiv -j 3'69 pp., ilus. Paul M. Roca nos da un buen ejemplo de lo que podr?a ha

cerse para ampliar nuestro conocimiento y mejorar nuestra apre

ciaci?n del arte religioso mexicano. Escribi? un libro sin escu

char el canto de las sirenas que atrae a muchos otros que se in teresan por temas similares, o sea el canto de la historia del arte que hace que se esfuercen en disfrazar de tal a sus obras, cuando en realidad no pasan de ser descripciones o cat?logos. Estar?amos m?s adelantados si el tiempo y esfuerzo que consume ese disfraz se dedicara, fruct?feramente, a una labor descriptiva m?s amplia. El libro de Roca no tiene ninguna pretensi?n de ser historia del arte; tampoco es un cat?logo ni una gu?a tur?stica. Pero est? lleno de erudici?n e informaci?n hist?rica actualizada, es bastante ex haustivo, y logra una imagen vivida de los monumentos que estu

dia ?casi cien?, su ubicaci?n y su estado de conservaci?n. Es

f?cil de consultar por su concisi?n, y agradable de leer por su amenidad. Sirve al historiador y sirve al lector general. Al termi

nar de leer y examinar la obra no puede uno menos de desear que pronto contemos con libros as? para las iglesias de cada re

gi?n, ciudad o jurisdicci?n eclesi?stica, o para las que pertene cen o pertenecieron a un determinado estilo o instituci?n. En este sentido est? m?s adelantado ya nuestro conocimiento del Norte,

porque se beneficia de los estudios emprendidos sobre el Sur oeste norteamericano. El propio Roca prepar? anteriormente un libro sobre las iglesias de Sonora. En el Centro, en cambio, el inter?s por estos temas parece ir en descenso. Desde luego, las pobres y peque?as iglesias del Norte pueden

parecer poco m?s que pilas de adobe para el ojo acostumbrado a la arquitectura del M?xico central. Las dos o tres p?ginas que bastan para describir la iglesia de San Jos? de P?machic o la de

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:41 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS

145

Santa Maria de Guaguachic apenas servir?an para esbozar la por

tada de una obra de arte de la talla de la Valenciana. No olvi demos, sin embargo, que aun en el centro de M?xico la gran

mayor?a de las construcciones religiosas coloniales eran muy mo destas, y que han llegado hasta nuestros d?as destruidas, modifi cadas y a veces irreconocibles. Casi nadie les ha prestado aten ci?n, y menos a?n a las modificaciones que han sufrido, porque el sentido est?tico de un conocedor de la arquitectura religiosa del M?xico central se ofende justificadamente frente a un edifi cio que ha perdido su armon?a o unidad de estilo originales, sea

para dar lugar a una b?veda de concreto o a una decoraci?n

moderna. Pero esto es parte de su historia. Y no olvidemos tam poco que aun los monumentos del M?xico central se siguen des truyendo y alterando, sea abriendo calles para los autos o derrum bando aplanados para seguir la moda r?stica que tanto gusta al p?blico provinciano. El estudioso de la arquitectura colonial del centro de M?xico debiera a menudo contentarse con las modestas exigencias de los que se ocupan del Norte, y darse cuenta de que

tambi?n a ?l el paso del tiempo le est? dejando poco m?s que pilas de adobe. Y para el historiador ?no el cr?tico? del arte, tanta atenci?n debieran merecer las obras originales cuanto los

a?adidos de otras ?pocas. Paul M. Roca posee una sensibilidad especial para estudiar

las iglesias de las misiones norte?as. No tendr?a nada que decir de ellas si esperara encontrar en ellas lo que no tienen. Para ?l, los restos de las construcciones originales, las destrucciones, las adiciones, y la gran variedad de decorados y accesorios ?colonia les o no, discretos o estramb?ticos? son parte de la historia de cada edificio y merecen igual atenci?n. Sin desconocer el valor

de los retablos dorados de Santo Tom?s de Tojorare, por ejem plo, sabe darle su lugar a la modesta ornamentaci?n de otros sitios: las descascaradas pinturas y el desproporcionado altar de San Jos? de P?machic, o el altar neog?tico pasado de moda de San

ta Cruz de Valle del Rosario. A menudo, la carencia de un cri terio est?tico definido molesta al lector, pues obras muy medio cres reciben m?s atenci?n de la que merecen. Sin embargo eso es parte de lo interesante del libro, pues lo convierte en testi monio preciso y bastante imparcial, que puede servir para el an? lisis de un cr?tico o historiador del arte. Roca, adem?s, tuvo cui dado de asentar la fecha en que visit? cada iglesia y de decir lo

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:41 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

146

EXAMEN DE LIBROS

que vio ?que un cuadro, por ejemplo, estaba fuera de su sitio

y arrimado en una esquina. En general, el libro es bastante parco en cuanto a juicios de

valor respecto a las iglesias, pero hay algunos. Sin duda Roca se acerc? a los edificios con un criterio est?tico amplio, pero no podemos menos de sonre?r cuando nos dice que encontr? gracio so un altar lleno de cortinas y pilares pintados simulando m?r

mol, todo ello en tonos pastel, o cuando se enternece con un altar adornado con lienzos verdes y amarillos y unas bolitas de

?rbol de navidad. Las fotos que proporciona son muy elocuen tes: falt? al autor un poco de sentido del humor, lo necesario

para poder distinguir entre lo camp y lo gracioso o lo grotesco. Describir casi cien iglesias de la zona tarahumara de Chihua hua no es tan dif?cil, sin embargo, como localizarlas y visitarlas. Roca estudio para ello la historia de las misiones jesu?tas y reu ni? referencias sobre cada una de ellas. Estas referencias se en

cuentran, desde luego, en el libro, con la descripci?n de cada

lugar. Pero muchas de ellas son muy parcas: a veces, las fuentes se limitan a indicar que tal partido comprend?a una visita de tal nombre a tantas leguas, que la iglesia hab?a sido construida por determinado misionero y, acaso, que el lugar hab?a sido atacado

durante alguna sublevaci?n. Localizar cada lugar a partir de

datos as? es a menudo dif?cil, y todos sabemos las dificultades que conlleva viajar por esa regi?n, donde los caminos son escasos y malos, no se obtienen referencias f?cilmente, y cada recorrido implica muchas horas al volante. Roca recorri? la zona en varias ocasiones entre 1968 y 1976, cuando a?n no se abr?an algunas de las nuevas carreteras, y no cont? con mapas modernos detallados de

la regi?n ?no tuvo a su disposici?n los mapas 1:50 000 de la Se cretar?a de la Defensa y de la agencia Detenal publicados recien temente? pero corrigi? muchos datos equivocados que aparecen en otras obras sobre las misiones.

Tanto detalle como las iglesias reciben, en el libro, los mi

sioneros jesu?tas. En la descripci?n de cada una de las iglesias hay referencias sobre los personajes que tuvieron que ver con ellas: sus constructores, sus sacerdotes m?s destacados, sus visitantes, etc.

Pero adem?s el libro cuenta con un directorio biogr?fico muy erudito y extenso ?casi 75 p?ginas, m?s de 200 entradas? de los jesu?tas que evangelizaron en la Tarahumara o tuvieron alguna relaci?n con el ?rea, y de algunos otros personajes no jesu?tas. A

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:41 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS

147

prop?sito de estos personajes, y de la historia de las misiones de

Chihuahua en g?nerai, Roca manej? bibliograf?a y documenta ci?n muy amplias y completas, y, lo que es m?s importante, in terrelacion? y trat? de conciliar informaciones dispersas, a veces complementarias y a veces contradictorias. Desgraciadamente, cier

tas parrafadas apolog?ticas que Roca lanza algunas veces para

exaltar a los misioneros jesuitas hacen desmerecer un poco la se riedad de su trabajo.

La descripci?n de las iglesias jesuitas de la Tarahumara es,

por lo dem?s, bastante amena. Roca no sigue un patr?n descrip

tivo sino que, seg?n el caso, nos habla primero del interior o del exterior, de la planta o del decorado, de la iglesia original o de su estado actual. Tampoco los datos hist?ricos que acom pa?an a las descripciones est?n siempre expuestos del mismo modo, ni lo est?n las descripciones del estado actual de las loca lidades en que se encuentran los edificios. Sin embargo, nunca faltan estas informaciones, ni tampoco datos sobre la ubicaci?n de esos sitios y la forma de llegar a ellos. Roca relata sus viajes y a veces habla de algunos de los habitantes de esas localidades, incorporando an?cdotas diversas: en los muchos viajes que hizo por la regi?n recogi? variadas experiencias. Evidentemente no es buen andar?n, porque habla de los pocos recorridos que tuvo que hacer a pie o en mu?a como si hubieran sido verdaderas haza?as, con las correspondientes exageraciones. Dejando esto de lado, su libro tiene, adem?s de sus otras cualidades, la de ser una muy buena gu?a para viajar ?en jeep? por la sierra Tarahumara.

Bernardo Garc?a Mart?nez El Colegio de M?xico

John M. Hart: Anarchism and the Mexican working class, Austin, University of Texas Press, 1979. Este libro constituye una aportaci?n para el mejor conocimien to de las ideolog?as que influyeron en la conformaci?n de la con

ciencia pol?tica de la clase obrera mexicana. En este caso, al ocuparse del anarquismo, Hart parte de una presentaci?n gene ral de los or?genes del anarquismo en Europa para explicar m?s adelante la evoluci?n del anarquismo mexicano y su influencia en la clase obrera. Seg?n Hart, la historia de la clase laboral me This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:41 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

148

EXAMEN DE LIBROS

xicana evolucion? con cierto paralelismo a la europea y es resul tado tanto del impacto de los cambios sociales en M?xico como

de la presencia en el pa?s de anarquistas europeos, particular

mente espa?oles (p. 11). A partir de estas dos premisas centrales Hart organiza su libro prestando atenci?n a ambas consecutiva mente. As?, nos se?ala a Plotino Rhodakanaty como representante de las influencias europeas, aunque se?alando al mismo tiempo su importancia en M?xico a trav?s de su influencia en algunos anarquistas mexicanos como Felipe Villarreal, Francisco Zalacosa, Jos? Mar?a Gonz?lez y un grupo de estudiantes socialistas que se form? alrededor suyo. El libro se ocupa tambi?n de los cambios sociales que se pro dujeron en el pa?s durante el siglo xrx en relaci?n al desarrollo

del anarquismo. Hart se?ala los aspectos en que la teor?a anar

quista coincidi? con los problemas espec?ficos de M?xico, como fue el caso del problema rural. As?, para nuestro autor, la importancia del anarquismo consis

ti? en que, siendo ?ste una ideolog?a en consonancia con los

valores de una sociedad agraria, hizo posible que la protesta cam pesina en el campo mexicano fuese cobrando coherencia y belige rancia, transform?ndose paulatinamente en una posici?n pol?tica articulada con reivindicaciones espec?ficas: el agrarismo. Seg?n

la tesis de Hart, el anarquismo jug? un papel central en el desarrollo de la lucha en el campo, pues los anarquistas ped?an espec?ficamente la autonom?a del gobierno central y la redistri buci?n de las propiedades agrarias por los municipios libres o los gobiernos locales, al mismo tiempo que se enfatizaba la necesidad

de acabar con la corrupci?n de la burocracia nacional y local

(p. 15). Estos planteamientos de origen anarquista se articularon m?s adelante con el programa de la revoluci?n mexicana, pero sus contenidos se formularon mucho antes.

Como ejemplo de los movimientos prerrevolucionarios que se inscriben dentro de la corriente de protesta rural que el anarquis mo expresa, el autor analiza con detalle el movimiento de Julio Ch?vez L?pez, en Chalco y Texcoco, en 1868 y 1869. Para Hart, este levantamiento de L?pez represent? un cambio importante en la historia del movimiento agrario mexicano porque fue m?s all? del mero bandidismo: "por primera vez se expresaron metas in mediatas que derivaban de una cr?tica ideol?gica al gobierno me

xicano" (p. 35).

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:47 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS

149

El otro aspecto que Hart rastrea para evaluar la importancia del anarquismo es el que se refiere a la formaci?n de un movi miento urbano, pues el grupo de Rhodakanaty y sus seguidores contribuy? activamente a aumentar la desconfianza hacia los or ganismos de gobierno y la cr?tica a los mismos. Fue tambi?n bajo la influencia anarquista que se empezaron a organizar sociedades

mutualistas, como la Sociedad Art?stica Industrial en 1866 y la Uni?n Mutua de Tejedores del Distrito de Tlalpan, formada en 1868 para agrupar a los trabajadores de las f?bricas algodoneras de la regi?n: La Fama Monta?esa, La Abeja y Tizap?n. Bajo la direcci?n de la Uni?n, los obreros de La Colmena llevaron a cabo la primera huelga victoriosa en la historia de M?xico el 8 de julio de 1868 (p. 46). Adem?s de analizar las influencias anarquistas en el movimien

to agrario y urbano, Hart apunta las transformaciones que el anarquismo sufri? en cuanto a su contenido conceptual, se?alan do que en la primera etapa se trataba de un anarquismo inci piente cuyos seguidores se llamaban a s? mismos "socialistas", pero cuyo contenido, de inspiraci?n proudhoniana y bakuninista era bien diferente del marxismo revolucionario posterior (p. 16). En el mismo sentido el autor profundiza sobre la importancia del anarquismo siguiendo su evoluci?n a lo largo del porfirismo, que ?l considera como un momento de "declinaci?n y perseverancia" en el movimiento anarquista. Esto se debi? a que las condiciones

represivas del r?gimen de D?az casi terminaron con ?l, siendo

posible que resurgiese m?s adelante s?lo con el est?mulo del sanar quismo europeo, b?sicamente espa?ol, encarnado en la figura de Jos? Ferr?s, cuya importancia Hart equipara a la de la Rhodaka naty una generaci?n antes.

Estas tesis no son nuevas. Hart las hab?a ya planteado en su libro Los anarquistas (M?xico, 1974; ?Sepsetentas, 12?) cuyos tres primeros cap?tulos se repiten a la letra en este nuevo libro.

La aportaci?n de la nueva publicaci?n de Hart se centra en los cap?tulos posteriores (iv a xv), que profundizan en la labor de evaluar la importancia que el anarquismo tuvo para la formaci?n de una clara conciencia pol?tica en la clase obrera mexicana: en la conformaci?n de sus organizaciones de lucha y en la participa ci?n de la clase trabajadora en la revoluci?n mexicana. Tratando de contestar a estas interrogantes, Hart se?ala los efectos nocivos que la represi?n porfiriana tuvo sobre el desarro

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:47 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

150

EXAMEN DE LIBROS

lio del anarquismo, de modo que su importancia disminuy? a tal grado que los anarquistas mexicanos perdieron continuidad con la generaci?n anterior de anarquistas locales como Villarreal, Za lacosta, etc., y volvieron a Bakunin y Kropotkin. M?s adelante el anarquismo espa?ol se convirti? en una influencia decisiva a ni vel organizativo.

Seg?n Hart, gracias a esta influencia fue que en el per?odo

previo a la revoluci?n se llevara a cabo la fundaci?n de diversas organizaciones obreras y sindicatos, sobre todo en la ciudad de M?xico. De estas organizaciones, la m?s importante sin duda fue

la Casa del Obrero Mundial, fundada y dirigida en sus inicios

por una fuerte corriente anarquista, y a la cual Hart considera como la organizaci?n central en la direcci?n del movimiento obre

ro del per?odo. Por lo mismo, analiza las relaciones de la Casa

con los gobiernos de Madero, Huerta y Carranza. ?sta es la parte del libro en que Hart hace las mayores aportaciones, usando so bre todo materiales hemerogr?ficos en relaci?n con la actuaci?n de la Casa del Obrero Mundial y sus diversos miembros y activi

dades de los a?os de 1912 a 1918. Hart sigue las publicaciones

de la Casa, su pol?tica de afiliaci?n y sus relaciones con el carran cismo, as? como su estructura interna (p. 128). Se?ala c?mo in fluy? la coyuntura pol?tica en el desarrollo de la Casa, que por una parte buscaba el aumento de sus miembros mediante campa ?as de afiliaci?n, sobre todo en el interior, y por la otra se iba acercando y aumentaba su cooperaci?n con las fuerzas constitu cionalistas en un momento en que ?stas estaban necesitadas de apoyo entre las clases trabajadoras urbanas, particularmente en vista de la superioridad militar de Villa (p. 130). Por otra parte, Hart explica que la diferencia de valores entre los miembros de la Casa y las fuerzas de Villa y Zapata fue uno de los factores que determinaron el apoyo de ?sta al carrancismo. El otro factor fue la coincidencia de intereses entre la Casa, que quer?a obtener concesiones de apoyo a la clase obrera, y Obre g?n, quien necesitaba contar con fuerzas para la causa constitu cionalista (pp. 132-133). A pesar de cierta oposici?n interna en la Casa, ?sta finalmente acept? participar militarmente a favor del constitucionalismo. A pesar de esta cooperaci?n, Hart se?ala que los miembros m?s importantes de la Casa pensaron que po d?an controlar la situaci?n y no caer v?ctimas del dominio del

gobierno (p. 136). Ello no obstante, iniciaron una campa?a en

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:47 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS

151

el interior con tal premura que Hart se pregunta si realmente confiaban en que no habr?a enfremamiento con Carranza o si

m?s bien lo ve?an como inevitable (p. 130). De cualquier modo, la labor organizativa de la Casa, a la vez que la creciente inflaci?n, desempleo e inestabilidad creada por la revoluci?n, contribuy? a la inconformidad entre la clase tra

bajadora y propici? varias huelgas en las ciudades m?s impor

tantes y en sectores claves como los ferrocarriles, luz y fuerza, tel?fonos y tel?grafos. Estos movimientos huelgu?sticos iniciaron lo que Hart llama el per?odo de mayor beligerancia y militancia en la historia del movimiento obrero mexicano, per?odo que cul

min? con la huelga general de 1916 (p. 140). Hart analiza tambi?n las pugnas entre la cgt y la crom du rante los a?os veintes, sus diferentes orientaciones pol?ticas y sus

relaciones con el gobierno hasta 1931 con la promulgaci?n del C?digo federal del trabajo. As?, Hart nos presenta un libro que promete causar cierto revuelo en la historiograf?a mexicana del tema, pues se ocupa del hasta ahora poco estudiado anarquismo mexicano y rebate la interpretaci?n tradicional de que el anarquismo impide la par ticipaci?n pol?tica de sus seguidores. Para Hart, por el contrario, el anarquismo mexicano cumpli? la funci?n de ser la principal fuerza organizativa dentro del movimiento laboral urbano (p. 182),

as? como la de expresar algunas de las m?s importantes pe ticiones de los campesinos. En suma, para Hart el anarquismo fue un importante instrumento de politizaci?n de la clase obrera

mexicana (p. 179) y en este mismo sentido lo considera tam bi?n la fuerza m?s importante en el movimiento revolucionario al inicio del mismo. Esta apreciaci?n parece exagerada, dado que la complejidad del movimiento revolucionario impide evaluar tan tajantemente cada una de las tendencias presentes en el mismo.

Si Hart subraya la importancia del anarquismo y tiende a so

breestimarla, puede deberse a su profundo inter?s en el tema. Sin embargo, debemos agradecer que haya sido este mismo in

ter?s el que lo haya llevado a hacer un an?lisis novedoso de al gunas de las fuentes tradicionales sobre el movimiento obrero, como los libros de Araiza, Salazar y Huitr?n, al mismo tiempo que hace un amplio uso de archivos, fuentes hemerogr?ficas y entrevistas hasta ahora poco conocidas. Hart toca adem?s otros puntos importantes que han sido objeto de debate: la naturaleza

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:47 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

152

EXAMEN DE LIBROS

e importancia del anarquismo en el pensamiento pol?tico mexica

no, que tan relevante fue en la fase armada de la revoluci?n. Esta cuesti?n se vuelve crucial para determinar la naturaleza ideol?gica de la revoluci?n. Finalmente, pero no de menos impor

tancia, es el problema de la participaci?n pol?tica de las clases trabajadoras en el movimiento. Al tratar de contestar a esta pre gunta Hart ha hecho su mayor contribuci?n al tema, pues des cribe cuidadosamente la relaci?n entre los obreros de la Casa del Obrero Mundial y las diferentes facciones revolucionarias. El tema est? a?n lejos de una interpretaci?n definitiva, pero el libro de Hart constituye un paso adelante en esa direcci?n.

Carmen Ramos E. Universidad Aut?noma Metropolitana, Iztapalapa

This content downloaded from 204.52.135.201 on Fri, 06 Oct 2017 03:24:47 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms