CON LA PROPIEDAD DE WESTERN ELECTRIC AL ESTE DE BURLINGTON.
EXTIENDEN FECHA LÍMITE
PARA SOLICITAR
ASISTENCIA POR DESASTRE DE FEMA.
EL IMPACTO DE LOS NUEVOS
ARANCELES
¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES?
CÓMO LAS ÓRDENES
EJECUTIVAS DE TRUMP
AFECTAN A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS PROPIEDAD DE MINORÍAS.
QUIÉNES SOMOS
SOMOS UNA REVISTA GRATUITA Y DE ACTUALIZACIÓN MENSUAL QUE VISIBILIZA EL APORTE DE LA COMUNIDAD LATINA EN LA CIUDAD DE BURLINGTON, CAROLINA DEL NORTE.
Queremos contarte las historias de los latinos que con esfuerzo y trabajo han alcanzado el éxito en esta ciudad. A través de entrevistas y reportajes te mostraremos la huella que han dejado generaciones de latinos en la economía, los negocios, la cultura y la gestión pública de Burlington.
Hablamos sin rodeos de la inmigración, y lo hacemos mostrando todos los aspectos que motorizan este tema con la promesa de una actualización permanente, objetividad y profundidad en su abordaje. No solo desarrollaremos temas locales, sino estatales y de alcance nacional que afectan a los inmigrantes latinos de Burlington.
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QUÉ ESTÁ PASANDO
CON LA PROPIEDAD DE WESTERN ELECTRIC
AL ESTE DE BURLINGTON.
Al este de Burlington está ubicada una edificación cuyas instalaciones y terrenos abandonados y contaminados arruinan un importante vecindario comercial y residencial de la ciudad. Se trata del sitio de Western Electric, también conocido como la Planta de Misiles del Ejército Tarheel. Las instalaciones incluyen 22 edificios que ocupan cerca de 22 acres dentro de la ciudad.
El sitio tiene una larga historia y su estado actual contrasta con lo que otrora fue un bullicioso centro económico que ofrecía miles de puestos de trabajo. Fue construido originalmente en 1927 como fábrica de tejidos sintéticos y luego adquirido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD), entre los años 1942-2004, época en la que jugó un papel clave en el desarrollo de sistemas de guiado de misiles. Desde entonces ha pertenecido a cuatro diferentes propietarios privados.
Según un documento de la ciudad de Burlington, la recuperación del sitio es particularmente complicada pues la venta a propietarios privados ha creado una “enmarañada red de responsabilidades en lo que respecta al saneamiento ambiental”. “El propietario privado es responsable de todo lo que está sobre el suelo, como las edificaciones, y el Departamento de Defensa (DoD, en inglés) es responsable de todo lo que está por debajo del suelo como, por ejemplo, la contaminación de las aguas”, explica la ciudad.
Otro aspecto que hace aún más compleja la situación es que al actual propietario le fue negada la posibilidad de acogerse a un acuerdo sobre terrenos abandonados contaminados lo que le habría ofrecido ayuda financiera para la recuperación.
HALLAZGOS
Los estudios hechos al terreno han determinado que del sitio se han filtrado a las aguas subterráneas sustancias químicas como el tricloroetileno, un producto químico utilizado para limpiar piezas metálicas que en caso de exposición, puede provocar dolores de cabeza e irritación cutánea a corto plazo y afectar al hígado y los riñones a largo plazo.
También, la planta ha contaminado los alrededores con diversos
agentes cancerígenos, amianto, plomo e incluso materiales radiactivos, según un estudio realizado por los contratistas federales Terracon en mayo de 2023.
Además, en abril de 2024 la organización de noticias no partidista y sin fines de lucro Newsline informó que en enero de 2023 se descubrió que las aguas subterráneas y el suelo bajo muchos de los edificios tenían niveles de sustancias perfluoroalquiladas o PFAS que se acercaban o superaban el límite de 70 partes por billón recomendado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) para la salud en el agua potable.
También las aguas subterráneas cercanas a la antigua instalación de tratamiento de aguas residuales de la planta de misiles contenían niveles de PFOA y PFOS.
La estructura de los PFAS, también conocidos como químicos eternos, hace que los sistemas naturales, como el medio ambiente o el cuerpo humano, no puedan descomponerlos lo que conduce a la acumulación de estos compuestos, tanto en humanos como en animales. Esta acumulación puede interferir en el sistema endocrino y causar problemas de fertilidad y tiroides, así como aumentar el riesgo de cánceres, como el de próstata y el de riñón.
Las aguas subterráneas desembocan en un arroyo en el que la gente se baña y juega. Un ducto de hormigón cercano a la planta alimenta a un afluente del río Haw, un suministro de agua potable. Además, muchas personas permanecen en la propia planta y tienen acceso a túneles que podrían contener agua y suelo contamina dos.
Por otra parte, según los informes, el suelo contaminado podría supon er un peligro para los residentes o los trabajadores si la propiedad se convirtiera en una urbanización de uso mixto, una posibilidad que al parecer ha planteado el propietario actual.
QUÉ SE ESTÁ HACIENDO
Según la ciudad, la limpieza se realiza enmarcada en el Proceso de la Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA, por sus siglas en inglés) una norma tiva federal aplicada por la Agencia
de Protección Ambiental que establece un proceso muy específico para la investigación y saneamiento de los sitios incluidos en la Lista de Prioridades Nacionales.
Actualmente el DoD está en la Fase 2 del proceso (Investigación para la Rehabilitación y el Estudio de Viabilidad). “El NC DEQ y el DoD han trabajado arduamente para facilitar una vía rápida de acción correctiva y el DoD acordó realizar la MUY importante acción de remover la fuente de los contaminantes y agregar una barrera para aguas subterráneas antes de que el plan global esté listo”. Este trabajo provisional comenzó en febrero de 2024.
En una nota de octubre de 2024, publicada por la ciudad de Burlington, voceros del Ejército de EE.UU. anunciaron que habían completado su investigación sobre la fuente de tricloroetileno y PFAS en el suelo y las aguas subterráneas del emplazamiento situado en el 204 de Graham Hopedale Road, en Burlington.
“Uno de los remedios propuestos es inyectar una sustancia química en el suelo que crea una reacción que produce una transferencia de electrones que conduce a la biorremediación y a un aumento de los microbios, que son capaces de digerir la contaminación”, aseguraron.
En diciembre de 2024 se creó una Junta Asesora de Restauración (RAB, en inglés) que ofrece un foro de comunicación bidireccional entre la comunidad y el DoD sobre el trabajo y los planes en el sitio.
A la fecha el DoD ha invertido alrededor de 3 millones de dólares en el proceso CERCLA. Paralelamente, está completando la Investigación para la Rehabilitación y el Estudio de Viabilidad. Posteriormente el proyecto avanzará a la Fase 3, Completar el Plan Propuesto. Durante esta fase el público aportará al DoD sus ideas para el uso final que se le dará a la propiedad.
Según el cronograma detallado de trabajo publicado por la ciudad, actualmente quedan dos controles trimestrales de aguas subterráneas de cuatro eventos estipulados. En junio y diciembre de 2024 se realizaron dos de estos eventos y los próximos están programados para mayo y noviembre de 2025. Asimismo, de cuatro controles semestrales de las aguas subterráneas y superficiales queda uno, programado para agosto de 2025. El estudio de viabilidad de los trabajos en el sitio se realizará entre abril y mayo de 2025 y se trabajará en una propuesta de plan de mayo a junio 2025 que será sometida a un periodo de revisión pública y comentarios entre agosto y septiembre de 2025. Finalmente, entre noviembre y diciembre de 2025 será el Acta de Decisión.
Sin embargo, activistas señalan que los trabajos en el vecindario no se están realizando con la urgencia que ameritan. En la zona viven principalmente personas de color de bajos ingresos cuya esperanza de vida media es 11 años más corta que en el oeste de Burlington, su contraparte más rica, según un estudio de salud de 2018 del condado de Alamance.
LEAH CARLSON LOCAL
FOTO: CITY OF BURLINGTON
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ASISTENCIA POR DESASTRE DE FEMA.
LEAH CARLSON LOCAL
La oficina del gobernador Josh Stein anunció una extensión de 30 días a partir del 7 de marzo para que los sobrevivientes del desastre causado por Helene soliciten su participación en el programa de asistencia individual (IA) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). La nueva fecha límite es el 7 de abril de 2025.
“El huracán Helene destruyó muchísimo en el oeste de Carolina del Norte: vidas, hogares, empresas, granjas e infraestructura, y nuestro estado enfrenta casi $60 mil millones en daños. A pesar de una respuesta inmediata y adecuada del gobierno federal, estatal, local, del sector privado y de socios sin fines de lucro, cinco meses después está claro que se necesita mucha más ayuda para restaurar y reconstruir el oeste de Carolina del Norte”, declaró Stein en ocasión de la solicitud.
Los propietarios e inquilinos de viviendas en los condados de Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus, Caldwell, Catawba, Cherokee, Clay, Cleveland, Forsyth, Gaston, Graham, Haywood, Henderson, Iredell, Jackson, Lee, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mecklenburg, Mitchell, Nash, Polk, Rowan, Rutherford, Stanly, Surry, Swain, Transylvania, Union, Watauga, Wilkes, Yadkin y Yancey y la Banda Oriental de Indios Cherokee con pérdidas no aseguradas por la tormenta tropical Helene pueden ser elegibles para solicitar asistencia de FEMA.
Según información publicada por la oficina del gobernador, la escala y el alcance de los daños en el oeste de Carolina del Norte, aunque todavía se están analizando, eclipsan los desastres naturales anteriores en el estado. “Una evaluación de daños y necesidades publicada por la Oficina de Presupuesto y Gestión Estatal de Carolina del Norte (OSBM) en diciembre de 2024 estimó que era probable que 73.700 viviendas hubieran resultado dañadas por la tormenta. Esta estimación incluía viviendas unifamiliares, casas prefabricadas y dúplex. Las estimaciones de costos de los impactos en la vivienda incluyen un estimado de $12.7 mil millones en daños residenciales”, explican.
CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD
Según una nota de la oficina del gobernador, lo más recomendable es visitar un centro de recuperación de desastres en la comunidad. En fema.gov/drc pueden encontrarse las ubicaciones más cercanas. Una segunda opción es llamar a la línea directa de FEMA al 1-800-621-3362 entre las 7 a. m. y la medianoche o visitar el sitio web https://www.disasterassistance.gov/
Recomiendan a los sobrevivientes que tengan seguro que presenten una reclamación por daños causados por el desastre ante su compañía de seguros antes de solicitar asistencia de FEMA. Cabe destacar que los sobrevivientes no asegurados o con seguro insuficiente que califiquen también pueden recibir asistencia financiera. Por otra parte, según la nota, a quienes les haya sido negada la asistencia de FEMA, pueden presentar una apelación visitando un Centro de Recuperación de Desastres en su comunidad, llamando al 1-800-621-3362 o ingresando en línea a disasterassistance.gov . También puede visitar https://legalaidnc.org/project/disaster-relief-project/.
Por último, los sobrevivientes de desastres que necesiten asistencia o recursos para ayudar en la recuper ación pueden llamar al Programa de Gestión de Casos de Desastres de Carolina del Norte (NC-DCM) al 1-844-746-2326 o visitar ncdps.gov/Helene/dcm .
“El NC-DCM actualmente está ayudando a más de 2700 casos y ha recibido más de 8500 llamadas desde diciembre. Con más de 500 fondos y asociaciones disponibles, los administradores de casos del NC-DCM pueden ayudar a encon trar soluciones para las necesidades individuales de los sobrevivientes de desastres para facilitar su recuperación” se lee en la nota.
PROGRAMA DE ASISTENCIA INDIVIDUAL
El Programa de Asistencia Individual provee ayuda financiera y asistencia directa a individuos y hogares, así como a gobiernos estatales, territo riales, tribales y locales que han
sufrido pérdidas por desastres. Tiene varias áreas programáticas de atención:
El Programa de Ayuda Individual y Vivienda (IHP, por sus siglas en inglés) que ofrece apoyo financiero y servicios directos a personas y hogares elegibles que tienen gastos no asegurados o con seguro insuficiente y necesidades graves. “Normalmente, la asistencia de IHP se limita a 18 meses después de la fecha de la declaración presidencial de desastre/Sin embargo, FEMA puede extender el período de asistencia debido a circunstancias extraordinarias”.
Otro de sus programas es el de Cuidado Masivo y Asistencia en Emergencias (MC/EA, por sus siglas en inglés) que presta servicios de sustento vital a los sobrevivientes de desastres inmediatamente antes de un incidente potencial, durante la respuesta inmediata a un incidente y durante el inicio del esfuerzo de recuperación posterior al desastre.
También su programa de Manejo de Casos por Desastre (DCM, por sus siglas en inglés) con un proceso de tiempo limitado promueve la asociación entre un administrador de casos y un sobreviviente del desastre para evaluar y atender las necesidades insatisfechas verifica-
das de un sobreviviente del desastre a través de un plan de recuperación.
Su Programa De Asistencia y Capacitación para Consejería de Crisis (CCP, por sus siglas en inglés) provee fondos suplementarios a gobiernos estatales, territoriales, tribales o locales elegibles, y organizaciones no gubernamentales para ayudar a personas y comunidades afectadas por desastres mayores a recuperarse a través del alcance comunitario y servicios psicoeducativos.
Por su parte, el programa de Servicios Legales por Desastre (DLS, por sus siglas en inglés) provee asistencia legal gratuita a los sobrevivientes afectados por un desastre mayor declarado por el presidente a través de un convenio con la División de Abogados Jóvenes (YL, por sus siglas en inglés), del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA por sus siglas en inglés).
Finalmente, su programa de Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés) provee beneficios de desempleo y servicios de asistencia de obtención de empleo a sobrevivientes afectados por un desastre mayor declarado por el presidente.
FOTO: ARCHIVO
CÓMO LAS ÓRDENES EJECUTIVAS DE TRUMP AFECTAN A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS PROPIEDAD DE MINORÍAS.
LEAH CARLSON NACIONAL
Las ordenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump que desmantelan los programas federales de equidad, diversidad e inclusión (DEI) y ponen fin a las subvenciones y contratos relacionados con la equidad impactan negativamente, según expertos, a las pequeñas empresas propiedad de minorías ya enfrentadas a un contexto adverso en el mercado debido a la discriminación, el acceso limitado al capital y las barreras sistémicas a la educación y los recursos.
La medida ataca estas iniciativas empresariales que representan más de la mitad de los dos millones de nuevas empresas creadas en EE.UU. en la última década y han significado la creación de casi 5 millones de puestos de trabajo, según cifras del Comité del Senado de EE.UU. para la Pequeña Empresa y el Espíritu Empresarial. Más del 40% de los propietarios de pequeñas empresas son mujeres, el 24% son inmigrantes y casi uno de cada cinco pertenece a minorías raciales, de las que los latinos constituyen una parte importante.
Por citar ejemplos del aporte a la economía estadounidense que significan estas iniciativas, las pequeñas empresas propiedad de mujeres representan casi el 40% de todas las empresas del país, generan 2,7 billones de dólares en ingresos anuales y emplean a casi 12,2 millones de personas y el segmento de empresarios de más rápido crecimiento en EE.UU. son las personas de color, con un número histórico de veteranos.
Los programas DEI se establecieron para apoyar a las comunidades que históricamente enfrentan barreras para acceder a oportunidades laborales y sus beneficiarios no son sólo minorías raciales, sino las mujeres blancas, veteranos y personas con discapacidades.
Los críticos de la DEI argumentan que intentan resolver la discriminación racial al poner en desventaja a otros grupos, en particular a los estadounidenses blancos. Pero organizaciones activistas, como el Racial Equity Institute (REI), los defienden porque a pesar de sus limitaciones en la práctica, “abordan las desigualdades históricas y sistémicas que han moldeado a las
instituciones estadounidenses durante siglos”.
Para el REI las exclusiones, incluso establecidas en la ley, que durante gran parte de la historia de Estados Unidos negaban explícitamente oportunidades a las personas por motivos de raza y etnia, crearon barreras sistémicas que persisten en formas que siguen afectando a las comunidades de color en la actualidad.
“Industrias enteras -el derecho, la construcción, la enseñanza superior, la energía, el petróleo, la banca, las finanzas y el liderazgo corporativose construyeron dentro de un marco que excluía legalmente la participación de los no blancos”, puntualiza el REI.
A principios de marzo un videoconferencia preparada por la organización Ethnic Media Services abordó las implicaciones de las medidas tomadas por Trump, que incluyen la congelación de la financiación de cientos de miles de millones de dólares para programas federales y despidos, incluido el 20% del personal de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), encargada de proteger los intereses de la pequeña empresa.
Para Dilawar Syed, ex administrador adjunto de la SBA, quien asistió como panelista, existe una deman da acumulada de emprendimiento entre la comunidad hispana, asiática y los veteranos por lo que se crearon programas para garantizar el acceso al capital a través de bancos region ales y comunitarios. Según Syed, la reducción de estos programas significará el aumento en la deman da insatisfecha de servicios para construir un negocio, hacer crecer una pequeña empresa, tener acceso a préstamos de la SBA y a financi amientos entre otras demandas.
“Al despedir al 20% de la fuerza laboral, muchas de las personas que brindan servicio al cliente, ahora tendrán tiempos de espera aún más largos para obtener una respuesta a su pregunta y correo electrónico”, puntualiza Syed.
Thomas A. Sáenz, Presidente y Consejero General de la Mexican American Legal Defense and Educa tion Fund (MALDEF), otro de los
panelistas, abogó por los esfuerzos bajo la bandera de DEI que “se levantaron para detener la discriminación que estaba en curso y generalizada a favor de los hombres blancos … y para garantizar que esa discriminación sea reemplazada por políticas que garanticen que las personas de color y las mujeres reciban una oportunidad justa al competir por empleo o contratos”.
Para Sáenz los retrocesos de la SBA -junto con una reducción de la cuota de financiación de la diversidad de la agencia del 15% al 5% en todos los contratos- significan mayores obstáculos para las pequeñas empresas que tratan de obtener la aprobación de la SBA, que es crucial para licitar en contratos federales. En última instancia el ataque a la DEI tiene como objetivo principal perpetuar e incluso expandir prácticas de larga data que discriminan para beneficiar a los hombres blancos, aseguró el panelista.
Por su parte, la Dra. Esther Zeledon, fundadora de Be.Act.Change, una organización de coaching de vida, consideró que las medidas crean una “mentalidad de escasez de ‘si
doy oportunidades a otras personas, entonces me las estás quitando a mí’”.
“El lenguaje de las órdenes ejecutivas -que todos los esfuerzos de la DEI son derrochadores y radicalespolitiza y genera desconfianza hacia las personas que se han beneficiado de esos programas”, subrayó Zeledon.
Según el informe 2023 del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias (NWBC, por sus siglas en inglés) las mujeres, especialmente las mujeres de color, lideraron la recuperación de la economía estadounidense tras la pandemia e impulsaron el auge de las pequeñas empresas y solo si se continúa elevando el nivel, cerrando las brechas y aportando los dólares podrá mantenerse este crecimiento.
Las medidas tomadas por el actual gobierno estadounidense parecen ir en la dirección opuesta a lo recomendado por este consejo, cuya principal misión es asesorar y recomendar políticas anuales al Presidente, al Congreso y al Administrador de la SBA sobre cuestiones de importancia para las mujeres empresarias.
EL IMPACTO DE LOS NUEVOS ARANCELES
¿QUÉ SIGNIFICA
PARA LOS CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES?
ALEXIS QUINTAR INTERNACIONAL
El martes entraron en vigencia los nuevos aranceles sobre productos importados de Canadá, México y China, una medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump que podría traducirse en precios más altos para los consumidores en Estados Unidos. Desde alimentos hasta automóviles, la política comercial promete generar un impacto directo en la economía del ciudadano común, ya que las tarifas impuestas incluyen un arancel del 20 % a todos los productos provenientes de China, un aumento respecto al 10 % anterior. En el caso de México y Canadá, la mayoría de los productos estarán sujetos a un 25 %, con una excepción para los productos energéticos canadienses, que enfrentarán un arancel del 10 %. Como respuesta, China reaccionó de manera inmediata con un arancel del 15 % sobre importaciones estadounidenses de pollo, trigo, maíz y algodón, además de un 10 % sobre otros productos agrícolas. Canadá, por su parte, impuso aranceles del 25 % a bienes valorados en 30.000 millones de dólares, aunque sin especificar cuáles serían los productos afectados. En México, se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum aborde el tema en una conferencia de prensa las próximas horas.
EL COSTO PARA LOS CONSUMIDORES
Para las familias estadounidenses, las repercusiones serán evidentes en supermercados, concesionarios de automóviles y tiendas de electrodomésticos. Los productos frescos como aguacates, tomates y fresas podrían experimentar incrementos en pocas semanas, las bebidas alcohólicas como la cerveza y el tequila también se verán afectadas, dado que México es uno de los principales proveedores de estos productos y los precios podrían experimentar un alza significativa, afectando el bolsillo de muchos norteamericanos. Brian Cornell, titular de la cadena de supermercados Target, en diálogo con CNBC, aseguró: “El consumidor va a constatar muy probablemente un aumento de algunos precios en los próximos días”.
Los aranceles sobre las importaciones de carne de Canadá podrían elevar los precios en los supermercados estadounidenses, mientras
que el icónico jarabe de arce canadiense, que representa el 70 % de la producción mundial, podría volverse un producto de lujo para las familias estadounidenses. Esta alza en los precios de los alimentos llega en un momento en que los consumidores ya han enfrentado un aumento en los costos de los comestibles a principio de año.
AUTOMÓVILES Y COMBUSTIBLES EN LA MIRA
La industria automotriz tampoco se libra de la presión arancelaria, ya que Canadá y México son dos de los principales socios comerciales en la fabricación de vehículos y autopartes, lo que significa que los consumidores podrían pagar más por automóviles 0 km. General Motors, que fabrica el 40 % de sus vehículos en plantas fuera de EE. UU., sería una de las empresas más afectadas en el incremento de los precios.
El sector energético también podría sentir el impacto de los nuevos aranceles, especialmente en el Medio Oeste, donde la gasolina podría encarecerse un 10 % sobre el petróleo canadiense, teniendo en cuenta que aproximadamente el 60
considerables.
Los analistas de Bank of America han reducido sus estimaciones de producción de automóviles a 16.1 millones de unidades, en comparación con la proyección previa de 16.7 millones, al considerar que estos aranceles representan un gran riesgo, una situación similar a la que se vivió durante la pandemia de COVID-19. De este modo, Jessica Caldwell, analista de la firma Edmunds, enfatiza sobre el impacto de esta medida: “Si los aranceles se mantienen, la industria automotriz no será capaz de ajustarse de la noche a la mañana. No hay duda de que los mayores costos serán traspasados a los consumidores”.
MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRÓNICOS
La vivienda es otro sector que se verá afectado, puesto que el 30 % de la madera utilizada en EE. UU. es proveniente de Canadá, elevando el costo de la construcción, complicando aún más la ya difícil situación de la accesibilidad a un hogar propio que vive el país. En este contexto, Carl Harris, presidente de la Asociación Nacional de Construc-
Canadá y México. Además, Harris sostuvo en declaraciones publicadas por The New York Times: “Los aranceles a la madera y otros materiales de construcción aumentan el costo de la construcción y desalientan los nuevos desarrollos, y los consumidores terminan pagando los aranceles en forma de precios más altos de las viviendas”.
Desde, Best Buy, empresa especializada en venta de productos electrónicos, aseguraron que el aumento de precio “es altamente probable”, aunque la magnitud del impacto dependerá de la evolución de las medidas arancelarias. Los dispositivos electrónicos, como teléfonos, computadoras y consolas de videojuegos, también podrían encarecerse, debido a los aranceles sobre productos chinos, un país que representan una parte significativa de las importaciones tecnológicas en Estados Unidos. Sin duda, los nuevos aranceles representan un desafío para la economía estadounidense y por más que estas medidas fueron tomadas para proteger la industria nacional, afectan directamente a los consumidores, generando un efecto que podría traducirse en una mayor presión sobre los
