Policy Brief 2022 - Cambio estructural y formalidad laboral en América Latina durante el COVID - 19

Policy Brief 2022 Cambio estructural y formalidad laboral en América Latina durante el COVID-19

POLICY BRIEF 2022 Cambio estructural y formalidad laboral en América Latina durante el COVID-19 Se sugiere citar como: Martínez-Martínez, O., y Zamudio-Lazarín, C. (2022). Policy Brief. Cambio estructural y formalidad laboral en América Latina durante el COVID-19. Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.

DOI: 10.13140/RG.2.2.17605.93924 Esta obra fue evaluada por pares académicos.

Índice Introducción

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Venezuela

07

Perú

15

México

23

El Salvador

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La situación laboral en Venezuela 2021: entre la pandemia y la emergencia humanitaria compleja.

Demetrio Marotta Lanzieri y María Gabriela Ponce Zubillaga Desafíos en el manejo de las políticas sociales en el Perú para reducir las brechas de desigualdad e informalidad.

Mario Roncal Zolezzi Repercusiones del COVID-19 en el mercado laboral en México.

Claudia V. Zamudio Lazarín, Priscila D. Giordano Alpizar y Oscar A. Martínez Martínez Dinámica del empleo e incremento al salario mínimo en El Salvador.

Saira Johanna Barrera

Ecuador

Efectos de la pandemia por COVID-19 en la estructura laboral y las brechas de género en el Ecuador.

Andrés Mideros

Brasil

Mercado de trabalho e desafios da sociedade digital: notas sobre o Brasil.

Carlos Eduardo Santos Pinho

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DISEÑO EDITORIAL CLAUDIA VIVIANA ZAMUDIO LAZARÍN CORRECCIÓN DE ESTILO LUIS JOSUÉ MARTÍNEZ AGUILAR

Introducción

Red de Homólogos sobre Desigualdad y Pobreza AUSJAL

Entre 2002 y 2014, América Latina experimentó un periodo de prosperidad económica que permitió cierta reducción de la pobreza y de las desigualdades. Dentro de un contexto internacional propicio, la mejora en las condiciones de vida se debió a las transformaciones positivas en el mercado laboral, destaca en ello la mejora en los ingresos reales y una modesta reducción de la informalidad (Reyes-Martínez et al., 2022). A pesar de ello, en últimos años el progreso alcanzado se detuvo y en ciertos países incluso disminuyó debido a la ralentización del crecimiento económico, a causa de una economía mundial menos dinámica y por errores de gestión en las macroeconomías locales (Schteingart, 2018).

Aunado a ello, con la declaración formal de la pandemia de COVID-19 -el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, gran parte de las economías se vieron forzadas a paralizar sus actividades en la mayoría de los sectores. Esto rápidamente se tradujo en una importante preocupación con respecto a las posibles consecuencias de la crisis y su “choque exógeno”, particularmente en la productividad y el empleo (Moreno y Cuellar, 2021).

Así, América Latina se ubicó en una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la pandemia se estimaba que la región crecería máximo un 1.3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis sanitaria reemplazaron ese pronóstico, el cual se transformó en un 1.8% de caída en el PIB, así como un 3% o 4% de contracción económica (CEPAL, 2020). Tal circunstancia supone un deterioro en el mercado laboral de la región -considerablemente peor al que ya se presentaba desde 2019 (CEPAL y OIT, 2020)-, distinguido por la escasa generación de empleo de calidad, los procesos de informalización, el incremento de la tasa de desocupación y el deterioro en la composición del empleo.

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Por ello, este Policy Brief tiene el objetivo de proveer un análisis sobre el cambio estructural y la formalidad laboral en el contexto de la situación atípica ocasionada por el COVID-19, a partir de datos disponibles sobre empleo en seis países de la región: Venezuela, Perú, México, El Salvador, Ecuador y Brasil. Además de exponer las diversas problemáticas, se presentan un conjunto de propuestas basadas en evidencias, mismas que enfatizan el necesario diseño e implementación de políticas integrales que mitiguen los efectos de la crisis; que garanticen ingreso, alimentación y salud en los sectores más vulnerables, particularmente dirigidas a quienes se emplean en la informalidad, bajo esquema de subcontratación y para las mujeres, quienes realizan mayormente tareas domésticas y de cuidado sin retribución económica ni protección social.

Referencias Baker, A., Berens, S., Feierherd, G., y Menéndez, I. (2020). Informalidad laboral y sus consecuencias políticas en América Latina (Perspectivas #144; p. 18).

Latin American Public Opinion Project. https://www.vanderbilt.edu/lapop/ insights/IO944es.pdf CEPAL. (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: Efectos económicos y sociales. (N.o 1; Informe especial Covid-19, p. 15). Naciones Unidas. https://doi.org/10.18356/9789210054720 CEPAL, y OIT. (2020). El trabajo en tiempos de pandemia: Desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (N.o 22; p. 60). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización Internacional del Trabajo (OIT). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/ S2000307_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y Moreno, J., y Cuellar, C. (2021). Informality, Gender Employment Gap, and COVID-19 in Mexico: Identifying Persistence and Dynamic Structural Effects. Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, 16(3), 636. https:// doi.org/10.21919/remef.v16i3.636 Reyes-Martínez, J., Martínez-Martínez, O., y Zamudio-Lazarín, C. (2022). Una mirada a los mercados laborales en América Latina. Un análisis global. En O. Martínez-Martínez (Coord.), Los mercados laborales en América Latina. Los grandes retos de la región. Universidad Católica de Córdoba.

Schteingart, D. (2018). El rompecabezas del mercado laboral latinoamericano.

Nueva Sociedad, 275, 92-105.

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PB1 La situación laboral en Venezuela 2021: entre la pandemia y la emergencia humanitaria compleja1 Demetrio Marotta Lanzieri María Gabriela Ponce Zubillaga Universidad Católica Andrés Bello

La pandemia mundial por el COVID-19 y la agudización de la escasez de combustible, se ha sumado a la crisis humanitaria compleja que viven los venezolanos desde hace más de un lustro, con importantes connotaciones en el área laboral.

En este trabajo se exploran los cambios en la condición de actividad y la situación laboral a partir de los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida2, cuyo levantamiento de campo se realizó entre los meses de febrero y abril del año 2021.

Cambios en la tasa de actividad laboral La población de 15 años y más, incorporada a la fuerza de trabajo en Venezuela, se ha reducido desde 2018 como consecuencia de la aguda contracción económica experimentada desde 2014 (Gráfico 1)3.

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Este documento constituye un extracto revisado y actualizado de un informe elaborado por los autores sobre los resultados en el área laboral reportados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) (2021).

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La ENCOVI constituye un esfuerzo académico frente a la sistemática opacidad y carencia de información oficial que permite acceder a información oportuna sobre los cambios en las condiciones de vida, la vulneración de sus derechos esenciales y las desigualdades que atraviesa el país. Para mayor información sobre los detalles técnicos y operativos, así como de los resultados publicados, se remite al lector interesado al sitio web de la misma: www.proyectoencovi.com

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Se estima que en Venezuela el PIB se ha contraído en 76% desde 2014 (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Junio, 2021, p. 9).

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Hasta el 2017, los aumentos en los niveles de actividad laboral respondieron a la forma como los hogares venezolanos defendían el ingreso del hogar, básicamente incorporando a más miembros en la actividad económica. Esto fue así porque aún en los primeros años del largo ciclo recesivo, existía la posibilidad de desempeñar alguna actividad generadora de ingresos. Se trató fundamentalmente de jóvenes que abandonaron prematuramente la escuela, mujeres que pasaban de la inactividad al desempeño de trabajos precarios y hasta personas adultas mayores que hasta el año 2019 aumentaron levemente su participación en el mercado laboral (Ponce, 2021). No obstante, a partir de 2018 la proporción de población económicamente inactiva (PEI) comenzó a crecer por la reducción de la demanda de empleo y la destrucción de puestos de trabajo. Para 2021, a este panorama de deterioro económico y social, se agregó una crisis de movilidad producto de las medidas de confinamiento4 y la escasez de combustible, por lo que la tasa de participación en el mercado laboral experimentó una nueva y significativa reducción de 6,4 p.p. en relación al registro de la edición 2019/2020, y por primera vez, los porcentajes de población activa e inactiva, quedaron equiparados en el país.

Gráfico 1. Porcentaje de población según condición de actividad, 2014-2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCOVI 2014-2021.

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Después de un confinamiento prolongado, el gobierno nacional implementó desde junio de 2020 una medida denominada 7+7, la cual implicaba 1 semana de cuarentena radical seguido de una semana de flexibilización alternativamente. Este fue el esquema imperante durante la realización del trabajo de campo de la ENCOVI 2021.

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Si bien es cierto que la reducción de la tasa de actividad laboral no solo ha caracterizado el contexto venezolano sino el latinoamericano en general a raíz de la pandemia (CEPAL-OIT, 2021), el país venía experimentando una aguda contracción que generó diferencias respecto al promedio regional de 2020 (57,8%) (CEPAL-OIT, 2021), constituyendo el valor más bajo de América Latina y el Caribe que, con alta probabilidad, se mantendrán en 2021.

La tasa de participación laboral presenta brechas significativas en cuanto al sexo, fenómeno que ocurre tanto en Venezuela como en América Latina.

Para 2021, poco menos de un tercio de las mujeres en edad de trabajar participó en el mercado laboral (32,9%), mientras que en el caso de los hombres el porcentaje ascendió a 66,7%, que representa prácticamente el doble de la tasa de actividad femenina. En general, se observó un descenso de los niveles de actividad respecto a los años precedentes. No obstante, al revisar el comportamiento en el tiempo de la PEA por sexo, se evidenció un comportamiento diferencial en las tendencias advertidas desde 2017, año que muestra la mayor tasa de actividad desde 2014 de acuerdo a lo reportado por la ENCOVI5 (Gráfico 2).

Entre 2017 y 2019/2020 la tasa de actividad femenina se mantuvo ligeramente por encima del 40% con proporciones similares en ambos años mientras que la masculina descendió tres puntos porcentuales, lo cual se reflejó en la baja experimentada por la tasa global de actividad de 2019/2020. En 2021, las caídas del porcentaje de población económicamente activa respecto al año precedente fueron de 8,6 puntos porcentuales en las mujeres y 5,6 puntos en los hombres.

De forma que, mientras el descenso de la participación laboral de los hombres se registró desde 2018, el de las mujeres se produjo fundamentalmente en el último año (Gráfico 2). Como consecuencia de lo anterior, durante el periodo 20172021, ambos sexos presentaron disminuciones porcentuales similares (-8,5 y -8,7 puntos respectivamente).

Este comportamiento diferencial de la actividad laboral por sexo, podría estar apuntando a que, si bien, los impactos en la movilización afectaron a ambos, tuvieron mayor efecto en las mujeres que en los hombres, dado que estos últimos ya venían descendiendo en su tasa de actividad, aunque la caída se acentúa en 2021. Investigaciones en América Latina y el Caribe sugieren que esta diferenciación por sexo de los efectos en el área laboral, como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, ha ocurrido a nivel de toda la región.

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Informes, presentaciones, documentos metodológicos y ficha técnica de la encuesta para los diversos años se encuentran disponibles en https://www.proyectoencovi.com/

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De hecho informes de la CEPAL y la OIT registran porcentajes similares a los previamente reseñados entre 2019 y 2020, en los que la fuerza de trabajo se contrajo un 5% entre los hombres y un 8,1% entre las mujeres (CEPAL-OIT, 2021).

La diferenciación de roles entre ambos sexos, donde por lo general se asigna a las mujeres las labores del hogar así como el cuidado de los miembros dependientes, especialmente de los niños que por razones del confinamiento dejaron de asistir a los centros educativos, así como personas mayores y enfermos, forman parte de las causas de este mayor descenso en las tasas de participación laboral femenina durante el último año. El mayor costo de oportunidad para el ingreso al mercado laboral en las mujeres, dada la desigual distribución de las actividades domésticas y de cuidado, que se han visto incrementadas como consecuencia del confinamiento, hace que las mujeres tengan menos incentivos para acceder o mantenerse en un empleo, hecho que también se reseña para toda América Latina y el Caribe: “la caída de la participación durante la pandemia se dio en un contexto marcado por la brecha del uso de tiempo entre hombres y mujeres para las tareas de cuidado. Por ende, las razones estructurales que marcan el mayor peso en las mujeres del cuidado de personas mayores, niños y enfermos, que explican la brecha, se habrían exacerbado durante la pandemia” (CEPAL-OIT, 2021, p. 20). La ausencia de medidas de políticas públicas que pudiesen contener este tipo de efectos ha estado ausente en el país, y en buena medida, en la región.

Gráfico 2. Porcentaje de población económicamente activa según sexo, 2017-2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCOVI 2017-2021.

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La nueva edición de la ENCOVI de 2021 incluyó una batería de preguntas con el objetivo de poder medir el impacto de la crisis de movilidad en la situación de actividad de la población, estableciendo como línea base, febrero de 20208.

Del total de trabajadores ocupados en febrero de 20206, poco más de la mitad (56,1%) se mantuvieron ocupados en el 2021, 20,5% actualmente se encuentran desempleados y 23,4% pasaron a la inactividad. (Gráfico 3). Destacan en el grupo de ocupados en el 2020, que actualmente están desempleados, los que laboraban en ocupaciones elementales 37,1%, y los trabajadores de los servicios o vendedores de comercios y mercados con 35,8%. Ambos tipos de ocupación representan el 72,9% de los que pasaron a engrosar el desempleo en 2021. Ello fundamentalmente debido a que este tipo de ocupaciones en general solo se realiza desde los lugares de trabajo e implican movilidad.

Gráfico 3. Condición de actividad económica pasada según condición de actividad económica actual (porcentajes). Febrero 2020-2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCOVI (2021).

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Cuestionario

disponible

en

https://assets.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/6153a992d-

6a443b87ae9b6c8_Cuestionario%20ENCOVI%202021%20NP.pdf Sección IX. Empleo

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En el subgrupo que se encontraba desempleado en 2020, poco más de la mitad pasó a engrosar la inactividad y menos de 1 de cada 3 se encuentra ocupado actualmente, 8,4% se mantienen desocupados y la mayoría pasaron a engrosar la inactividad. Los relativamente elevados porcentajes de la población que en 2020 participaba en la fuerza de trabajo y actualmente se declara como inactivo, aunado al hecho de que solo el 7,1% de quienes se encontraban inactivos pasó a la actividad, contribuye a entender el desplome de las tasas de participación laboral en el país que reporta la ENCOVI 2021.

Por su parte, en el grupo que estaba ocupado a febrero de 2020 y se mantiene en esta condición para 2021, las categorías ocupacionales que más muestran cambios son los patronos o empleadores seguidos de los trabajadores del sector público. Así, es posible visualizar que poco más de 1 de cada 4 de los patronos o empleadores se ha mantenido como tal en el 2021 y cerca de la mitad ha migrado a la categoría de trabajador por cuenta propia, lo cual implica el cierre de empresas y lugares de trabajo, aspecto que contribuye a dimensionar el descenso de la mano de obra asalariada en el país, con el consecuente aumento porcentual de los trabajadores independientes (Tabla 1).

Tabla 1. Cambios en la ocupación entre febrero de 2020 y 2021. Porcentajes según categoría ocupacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCOVI (2021).

Los trabajadores del sector público en el 2020 son los asalariados que más se han movilizado, 40,5% han cambiado de tipo de ocupación en 2021, entre otras razones por el bajo nivel de remuneraciones en ese sector (en promedio 12,3 US$ mensuales, lo cual equivale 0,41 US$ diarios). De estos, más de la mitad 12

se desempeña actualmente como trabajador por cuenta propia y muy pocos han sido absorbidos por el sector privado como trabajadores dependientes.

En el caso de los trabajadores del sector privado, la permanencia es considerablemente mayor; 70,6% se han mantenido dentro de esta categoría ocupacional y de los que han cambiado, nuevamente la mayoría se desplaza hacia la categoría de trabajador independiente. Por su parte, quienes trabajaban por cuenta propia son los que más se han mantenido dentro de esta categoría. La movilidad de los trabajadores asalariados hacia el trabajo independiente o por cuenta propia, así como la mayor permanencia de estos últimos en su misma categoría ocupacional, es lo que explica su importante incremento en 2021. De forma que uno de cada dos ocupados en Venezuela es actualmente autoempleado (ENCOVI, 2021).

Conclusiones Si bien la pandemia, el confinamiento y la escasez de combustible han impactado la situación laboral de los venezolanos, las distorsiones en el mercado laboral se han acentuado desde 2014, como consecuencia de la profunda crisis socioeconómica y política devenida en crisis humanitaria compleja. Reflejo de ello son los crecientes niveles de destrucción de puestos de trabajo, autoempleo, informalidad y precarización del empleo en el país (ENCOVI, 2021).

Restituir la dinámica laboral pasa necesariamente por un proceso de recuperación del crecimiento económico, así como de políticas públicas destinadas a la eliminación de la inseguridad jurídica y el fomento de la inversión que permita la creación y ampliación del sector privado y la consiguiente generación de puestos de trabajo. Más allá de la contingencia de la pandemia por COVID-19, el deterioro del mercado laboral es fundamentalmente la consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país desde 2014, producto de la cual, la economía venezolana se ha reducido a una cuarta parte de lo que era en 2013 (IIES, 2021).

De no modificarse sustantivamente el contexto político, social e institucional prevaleciente en Venezuela, difícilmente podrá darse una modificación sostenida de los desequilibrios actuales en el mercado de trabajo.

Por otra parte, es crucial el combate a la importante escalada inflacionaria que ha ocurrido desde el año 2014, la cual mina las contraprestaciones salariales que en términos reales reciben los trabajadores, lo que ha redundado en el aumento de los niveles de inactividad. La reducción de la inflación y el reajuste de las remuneraciones en términos reales (fundamentalmente en la administración pública) podría frenar el aumento de los niveles de pobreza y desigualdad y generarían las condiciones de estabilidad del sistema de precios necesaria para promover la inversión y por ende la generación de puestos de trabajo formales.

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Una política de incentivos a la inversión facilitando la exoneración de impuestos y de tarifas para la instalación y el emprendimiento, podría acelerar la inversión privada, pero debe estar acompañada de políticas industriales y comerciales que reduzcan los costos de instalación y operación. La reactivación de Zonas Económicas Especiales podría ser un ejemplo.

Otra política activa en materia de trabajo desde los ministerios de trabajo y educación sería el impulso a programas de formación y capacitación técnica que permitan disminuir la brecha entre los perfiles de puestos de trabajo demandados por las empresas y las capacidades de la mano de obra desempleada o inactiva.

Solucionar el problema de la escasez de combustible, paradójico en un país con importantes recursos petroleros, es necesaria, no sólo para restituir el transporte y la movilidad, especialmente en aquellos empleos que requieren la presencia física del trabajador, sino para reducir costos y aumentar la productividad de los sectores reales de la economía.

En definitiva, son múltiples y variados los problemas que el sector público debe encarar en materia de estabilización macroeconómica, en vista de la gravedad de la situación, pero sin duda, son de vital importancia si se pretende diseñar un programa de políticas laborales y sectoriales activas que fomenten la creación de empleo formal, incrementen la productividad laboral, así como los incentivos y remuneraciones a los trabajadores venezolanos.

Referencias Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). (2021). Condiciones de vida de los venezolanos : entre emergencia humanitaria y pandemia. Disponible: https://assets.websitefiles.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/6153ad6fb92e4428cada4fb7_Presentacion%20ENCOVI%202021%20V1.pdf CEPAL-OIT. (2021). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. Trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina. (No. 24). Santiago de Chile.

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. (2021). Informe de Coyuntura Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Ponce, M.G. (2021). PROYECTO ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela. Panorama actual: La pobreza en Venezuela y la situación de las personas mayores en el contexto 2014-2019/2020. Caracas: Convite, A.C.

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PB2 Desafíos en el manejo de las políticas sociales en el Perú para reducir las brechas de desigualdad e informalidad Mario Roncal Zolezzi Universidad Antonio Ruiz de Montoya

La pandemia por el COVID-19 han dejado cifras poco alentadoras en el Perú, 2.21 MM de infectados de los cuales aproximadamente el 10% han fallecido desde que se decretó la cuarentena en marzo de 2020 (MINSA, 2021). Sin embargo, ante lamentables hechos, es necesario analizar los motivos por los que el número de fallecidos ha sobrepasado los limites comparativos de otros países. Según Horton (2021), en el Perú la tasa de mortalidad por la pandemia alcanzó el 150%, llegando a ser el país con mayor tasa de defunciones respecto a su población, indicando que los principales motivos de tan elevados porcentajes son la falta de infraestructura hospitalaria (falta de oxígeno, escasas camas UCI, lentitud en el inicio de vacunación), la informalidad que llegó a un 75% y el hacinamiento en los hogares un 11%, lo que incluye a los peruanos más pobres.

Otro gran problema que ha dejado la pandemia es la deserción escolar, que según la organización Plan Internacional (2021), de acuerdo con cifras estimadas por MINEDU, para julio de 2020 ha sido de 230,000 estudiantes. Asimismo, indica que 337,870 estudiantes se trasladaron de instituciones educativas privadas a públicas. A finales del 2020 ENAHO publicó que los principales motivos del abandono escolar y cambios de colegios estuvieron marcados por problemas económicos (75.2%), problemas familiares (12.3%) y por falta de interés (4%).

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Respecto al empleo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) (2020), dice textualmente que “el Producto Bruto Interno (PBI) nacional se redujo 30.2% durante el segundo trimestre del año, alcanzando una contracción de 40% en abril, el mes de mayor impacto. Dicha paralización se tradujo en una fuerte caída del empleo a nivel nacional, principalmente en el ámbito urbano” (p. 5). Refiriéndose a la Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 2020), menciona que la población ocupada en el segundo trimestre se contrajo a un 39%, esto equivale a 6.7MM de puestos de trabajo.

Uno de los grandes problemas que presenta el Perú es la informalidad laboral. Labado y Yamada (2021), refieren que la pandemia generada por el COVID-19 ha acrecentado esta situación; tomando el período 2004 al 2019 apenas se redujo de 79.9% a 72.0%. Loayza (2018), plantea “tres razones que explicarían el elevado y excesivo nivel de informalidad en el mercado laboral peruano: (i) elevados costos laborales y no laborales, (ii) complejidad del sistema tributario y (iii) excesiva y poco eficaz regulación laboral)” (p. 8).

En el año 2020, la pobreza monetaria afectó al 30.1% de la población, según informe de INEI, la que estaría asociada a la paralización de las actividades económicas debido a la pandemia. De acuerdo al informe de UNICEF (2020): “Por dominio geográfico, la población más afectada es la que se encuentra ubicada en la sierra rural, pues presenta un incremento de la pobreza en 13.3%. entre el 2019 y el 2020, de 44.5% a 57.8%, y en la selva rural, con un incremento en la pobreza en 14.9% en el mismo periodo, de 36.6% a 51.5%. Una explicación de este comportamiento está en que la mayoría de la población que reside en estas zonas se desempeña en el sector agricultura” (p. 10).

Uno de los temas más críticos del informe de UNICEF (2020), es el de la pobreza y desigualdad entre los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años), señala que la pobreza monetaria se incrementará en este grupo de 26.9% en el 2019 a 39.9% en el 2020.

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Análisis El Perú es uno de los primeros países que impuso medidas de distanciamiento social en la pandemia del COVID–19, con una duración inicial de confinamiento de 106 días. Posteriormente, las cuarentenas fueron focalizada por regiones (Díaz, Deza y Moreno, 2020). Sin embargo, estas medidas no pudieron ser acatadas por gran parte de la población, particularmente por los trabajadores independientes, ya que sus ingresos se generan día a día.

“Entre los principales factores que han complicado el manejo de la crisis cabe citar el tardío control de focos de contagio (por ejemplo, los mercados de abastos), el hacinamiento habitacional y la informalidad, que hizo que buena parte de la población saliera a las calles... desatendiendo las medidas de confinamiento” (p. 2).

Respecto a la infraestructura hospitalaria, Díaz, Deza y Moreno (2020), refieren que el Perú es uno de los países con menor inversión (5% del PBI), respecto al resto de los países de la región (7.5% del PBI). Durante los 5 meses iniciales aumentó en 591% las camas hospitalarias y las camas de cuidados intensivos (UCI), en un 511%. Un informe periodístico de la Deutsche Welle (Toledo-Leyva, 2021), indicó que en la segunda ola, al menos 30% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 requerían ingresar a camas UCI, sin embargo, la falta de infraestructura hospitalaria provocó el colapso del débil sistema sanitario del país.

Una resolución de la Presidencia de la República del Perú (Nº 045-2021CONCYTEC-P del 07 de mayo del 2021), nombró un Comité de Alto Nivel para el COVID–19, con el fin de identificar las causas más relevantes de la mortalidad tan alta en el Perú. En las conclusiones del informe presentado, hacen referencia a la falla en las políticas de las instituciones públicas y privadas, enfatizando la falta de políticas públicas referente al gasto en el sector salud por parte de sucesivos gobiernos (falta de médicos, camas de atención, camas UCI, infraestructura hospitalaria), el abandono del Estado por este sector permitió que muchos peruanos y peruanas no se pudieran atender ni recibir los cuidados necesarios (Comité de Alto Nivel sobre el COVID-19, 2021). Asimismo, los cambios en las decisiones de tratamiento, desacuerdos, falta de acciones rápidas, acrecentaron el problema.

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Uno de los temas más sobresalientes, que suma a esta situación, es la precariedad y hacinamiento en las viviendas de la población pobre del país. Otras causas trascendentes son: el transporte público desorganizado y desordenado, falta de los servicios públicos básicos (agua y desagüe, luz, acceso a la información) e informalidad, que no permitió a un numeroso grupo de la población cumplir la cuarentena debido a que necesitaban generar ingresos.

Esta situación ha mostrado la incapacidad del Estado, representados por los gobiernos de los últimos años, en la solución de problemas coyunturales del país.

La deserción escolar es otro gran problema, la crisis y las brechas que tenía el sector antes de la pandemia se agravaron con la misma. “Actualmente, la conectividad ha pasado a ser un requisito casi indispensable para que niñas y niños puedan acceder a clases. Sin embargo, solo el 32.8% de niñas y niños en el Perú usan internet” (Maeda, 2021, cuarto párrafo). Maeda (2021), indica que el cierre de los colegios, aunado a la recesión económica, ha causado mucho daño, pudiendo ser esto la causa futura de un aumento en el déficit de aprendizaje.

El programa “Aprendo en casa”, que el gobierno manejó como respuesta a la pandemia, proporcionó clases desde plataformas de internet, televisión y radio, sin embargo, no fue accesible a toda la población escolar y afectó a las poblaciones en las zonas rurales del país.

Por otro lado, referente al empleo, la pérdida de 6.7 MM de puestos de trabajo por la pandemia COVID–19 (INEI, 2020), dejó una alta probabilidad de aumento de la informalidad en el grupo de trabajadores menos calificados. Según Gamero y Pérez (2020), “los efectos negativos de la pandemia se concentran desproporcionadamente en los colectivos más vulnerables, como las personas de baja calificación, las mujeres y jóvenes, la población migrante y refugiada, y, en particular, las personas en situación de autoempleo” (p. 3). Por otro lado, refieren que la crisis sanitaria vivida en el país ha generado la “caída en la actividad económica más grande de los últimos 100 años” (p. 4). Al analizar los sectores productivos en 2019, indican que los de mayor productividad son los que menos aportan a la generación de empleo; minería, servicios financieros, electricidad, gas y agua absorbieron el 2.9%; manufactura, construcción, así como transporte y almacenamiento, el 22.6%; mientras que las tres cuartas partes del empleo total se concentró en sectores de baja productividad (servicios, comercio y agricultura).

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Jaramillo y Ñopo (2020), indican que “entre el 2001 y el 2018, los hogares de jefatura femenina crecieron 127%, mientras que los de jefatura masculina solo 35%” (p. 20). También señalan que los hogares con jefatura femenina viven en mayor proporción en casas alquiladas y poseen menos activos. En el contexto de asalariados según la PEA, los hombres suman 9.35 MM y las mujeres 7.42 MM. Destaca que, el empleo informal es mayor en las mujeres que en los hombres, sin embargo, a pesar de la informalidad de sus empleos, las mujeres tienen seguro de salud en mayor proporción que los hombres. Respecto a la empleabilidad de las mujeres en zonas urbanas, el 53% de las mujeres trabajan en el sector de servicios y 30% en comercio. Dato importante sobre el impacto de la pandemia, es que el gobierno decretó medidas de emergencia -el 15 de marzo de 2020, con el inicio de la cuarentena-, en las que indicó que solo podrían operar los servicios esenciales (labores productivas y de servicios), el problema fue que, el 44% de las mujeres y el 42% de los hombres se encontraban trabajando en labores consideradas como no esenciales. En cuanto a la generación de ingresos, antes de la emergencia sanitaria los hombres producían ingresos en soles de 12,500 MM y las mujeres 6,500 MM, con la cuarentena los ingresos se redujeron a la mitad.

Dentro de Latinoamérica, el Perú es uno de los países cuyos costos laborales no salariales son los más altos (Labado y Yamada, 2021). Alaimo et al. (2017), indican que dichos costos representan el 67.0% del salario promedio de los trabajadores formales, superior al promedio de los países de LAC (49.0%). Asimismo, el complejo marco regulatorio que tiene el Perú respecto al trabajo y el elevado costo laboral no permite la formalización de las empresas, por lo que el asalariado que labora en estas, se perjudica al no contar con beneficios de protección social (salud, pensiones de retiro y otros). Por tanto, el incremento de la informalidad es resultado de factores estructurales como el bajo nivel educativo, limitado acceso a capital físico y a ciertos factores sociodemográficos. A menor nivel educativo, menores ingresos y capacidad para acceder a activos físicos.

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Conclusiones La pandemia de COVID–19 ha mostrado cuán lejos está el desarrollo social en un país que ha mostrado, durante las últimas dos décadas, un crecimiento económico y fiscal por encima del promedio de los países de la región. La informalidad que alcanza cifras actuales de 75%, en los últimos 15 años solo se ha reducido en 7.9% y ha sido una de las consecuencias de la alta tasa de mortalidad que se ha vivido en la pandemia, aunado a la falta de infraestructura, así como a las deficientes políticas sanitarias y hospitalarias.

En políticas públicas el Estado Peruano no ha podido desarrollar mejoras en generación de empleo, formalización, salud e igualdad en los ingresos, así como en empleo entre mujeres y hombres; le ha dado la espalda a la construcción de una sociedad con mayor potencial y desarrollo económico.

La educación es otro factor que merece ser analizado independientemente, debido a que la infraestructura escolar limitada no permite el uso de tecnologías (herramientas necesarias para integrarse al mundo globalizado), la falta de internet, equipos y/o electricidad en los hogares, ha generado una deserción de 230,000 estudiantes, situación que causa un daño futuro.

La economía del país ha sufrido una caída por la pandemia pero, puede revertirla generando políticas que permitan la inversión y el desarrollo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los ingresos que recibe el Estado por este desarrollo deben mirar y solucionar la crisis más grande en que se encuentra el Perú y el objeto central por el cual los gobiernos son elegidos: educación de calidad que genere competitividad, salud y seguridad social.

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PB3 Repercusiones del COVID-19 en el mercado laboral en México Claudia V. Zamudio Lazarín Priscila D. Giordano Alpizar Oscar A. Martínez Martínez Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El COVID-19 es un hecho sin precedente que ha afectado la economía y los mercados globales. La producción, el consumo privado y la inversión fija bruta registraron una drástica caída como consecuencia de las restricciones impuestas para detener la transmisión del virus al inicio de la pandemia. En respuesta a la crisis, los gobiernos implementaron medidas de política fiscal, monetaria y financiera, las cuales, sumadas a los esquemas de vacunación, han ayudado a la recuperación económica y a un ajuste más ordenado de los mercados (Banxico, 2021).

México no fue la excepción, las autoridades fiscales, monetarias y financieras generaron un conjunto de medidas destinadas a preservar finanzas públicas sanas y el funcionamiento ordenado de los mercados, además de apoyar a empresas y hogares afectados. El Gobierno Federal anunció medidas fiscales por 1.0% del PIB para enfrentar los efectos derivados de la pandemia de COVID-19, orientadas a brindar apoyos a los hogares más vulnerables con el adelanto del pago de subsidios directos, la ampliación de programas sociales, la construcción de infraestructura social en zonas marginadas, apoyo a trabajadores formales con créditos personales del ISSSTE y facilidades de pago para Infonavit.

Además, las empresas del sector formal e informal podrían acceder a créditos para contar con mayor liquidez, esto con la finalidad de proteger su capacidad productiva y salvaguardar la mayor cantidad de empleos posibles (Banxico, 2020).

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A pesar de ello, el PIB descendió un -8.309% en 2020 (Banco Mundial, 2020).

La cifra es mucho mayor a la que se presentó en las crisis de 1995 y 2009, cuando disminuyó -6.291% y -5.286, respectivamente. Esto implica un gran retroceso para la economía nacional, la cual ha tenido más bajas que altas en los últimos diez años (Banxico, 2018). Es necesario puntualizar que, en México, la generación de empleo está fuertemente relacionada con el crecimiento de la economía. Inicialmente, con el cierre parcial de la actividad económica como medida de contención, se redujeron jornadas laborales y/o salariales, pero eventualmente, los despidos fueron inevitables. Según Hernández y Torres (2021), durante abril de 2020 se perdieron más de 12 millones de empleos; poco más de la mitad de la población dispuesta a emplearse se quedó sin acceso a una fuente de ingreso suficiente; los sectores que registraron las mayores reducciones de puestos de trabajo, reportaron caídas de hasta 39%; el nivel de participación económica se redujo drásticamente, 4 de cada 10 personas en edad de trabajar estaban ocupados o buscando empleo activamente; la población ocupada femenina cayó un 24%, es decir, más de 5 millones de empleos, y en el caso de los hombres, se perdieron 7 millones de empleos (21%).

Se prevé que, en la medida que las actividades económicas se reabran completamente, la recuperación del empleo será gradual, aunque no necesariamente a la misma velocidad. Por ello, es relevante analizar lo ocurrido antes y durante la pandemia de COVID-19, lo cual es el objetivo de este documento, que presenta el comportamiento del mercado laboral en general y en los diferentes sectores, así como las repercusiones en materia de género. Además, ofrece algunas recomendaciones de política pública para responder a la compleja situación que atraviesa el país.

Comportamiento del mercado laboral antes y durante la pandemia Hacia el último trimestre de 2019, la distribución de la población ocupada por nivel de ingresos mantuvo la misma tendencia que la observada durante los últimos 10 años. A pesar de la trayectoria descendente en la dinámica económica mundial, que comenzó en 2017, el ritmo en la generación de empleos no se había visto afectado de manera importante (Jiménez-Bandala et al., 2020).

Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras la declaratoria de emergencia sanitaria.

Los resultados del tercer trimestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, mostraron que hubo una disminución de 3.6 millones en la población económicamente activa; mientras que la población ocupada reportó una reducción de 4.2 millones; la tasa de participación económica decreció 24

4.9 puntos porcentuales. El número de personas ocupadas en actividades terciarias descendió 3 millones, siendo mayor en el sector de restaurantes y servicios de alojamiento, así como en el sector comercio, con una reducción de 1.1 millones, cada uno. Los trabajadores subordinados y remunerados disminuyeron 2.4 millones, y los ocupados en jornadas de más de 48 horas, en 3 millones (INEGI, 2020a).

El sector formal reportó, durante el 2019, un descendente número de trabajadores ocupados. Si bien, a partir de marzo del 2020 se registró una contracción en el número de trabajadores activos debido a una destrucción neta de empleo, esto no implica que la causa atribuible sea única o necesariamente la pandemia, sino, en gran medida, la desaceleración económica que se estaba desarrollando desde 2019, la cual provocó más despidos que contrataciones (SHCP y CONSAR, 2021).

La economía informal absorbió el mayor impacto. Se estima que, de los 12.5 millones de trabajos que se perdieron entre marzo y abril de 2020 (Hernández et al., 2021), 10.4 millones corresponden a la informalidad, y solo 2.1 millones a la formalidad. En marzo del 2020, 55.6% de la población ocupada total se consideraba informal -bajo un criterio de vulnerabilidad laboral por la naturaleza de la unidad económica de trabajo, lo que incluye, en su mayoría, empresas pequeñas familiares o autoempleo-. De los empleos perdidos entre el primer trimestre del 2020 y hasta el primer trimestre del 2021 en este grupo de ocupación, el 63% (1.2 millones) se ubicaban en el sector servicios; el 47% tenían una edad entre 15 y 44 años; y el 56% percibían ingresos de entre uno y dos salarios mínimos (SHCP y CONSAR, 2021).

Tradicionalmente, en México se ha observado un importante tránsito de la formalidad a la informalidad, esta última muestra una tendencia a disminuir en condiciones de crecimiento económico y aumentar en épocas de crisis. Generalmente, quienes son expulsados de empleos formales tratan de integrarse en informales, sin embargo, con el confinamiento y ante la reducción de la actividad económica, muchas personas quedaron sin la posibilidad de encontrar trabajo, ya sea en lo formal o en lo informal. Esta situación provocó un impacto negativo en todos los sectores del mercado laboral (Ruiz, 2020).

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Sectores con mayor repercusión De acuerdo con Martínez-Martínez, Reyes-Martínez y Coutiño (2022), en México, la tasa de formalidad laboral ha sido baja en comparación con otros países de América Latina. Entre 2005 y el 2020, algunos sectores mostraron un incremento en la tasa de formalidad, tal es el caso del sector de intermediación financiera (1.70%), industria manufacturera (0.79%) y hoteles y restaurantes (0.37%). Por el contrario, los sectores que registraron pérdida de formalidad fueron: enseñanza (-0.69%), administración pública (-0.32%) y servicios básicos (-0.14%).

El componente intrasectorial, que es el de mayor representación global, reportó una importante contribución a la formalidad ponderada en los sectores primario (224.71%), otros servicios (181.99%) y la industria manufacturera (122.90%).

En el intersectorial, los sectores de mayor aporte fueron: salud (382.97%), hoteles y restaurantes (162.14%) y servicios básicos (107.11%). En general, las variaciones en la tasa de formalidad entre 2005 y 2020, muestran que el país orientó la formalidad al sector terciario y que, por el contrario, la administración pública y servicios básicos se debilitaron.

No obstante, al declararse la emergencia sanitaria y el confinamiento generalizado, todos los sectores mostraron una contracción. El mayor efecto negativo se observó en el de servicios, el cual absorbió 63% de los empleos perdidos en la informalidad entre el primer trimestre del 2020 y el mismo periodo del 2021; en la formalidad, perdió 0.33 millones de empleos hasta mayo del 2021 y respecto a marzo del 2020. Es importante destacar que, las actividades que se incluyen en este sector -servicios profesionales y técnicos, servicios financieros, servicios de alojamiento temporal, preparación y servicios de alimentos y bebidas y servicios recreativos y de esparcimiento-, requieren de contacto directo, además, en su mayoría, son consideradas labores no esenciales e implican aglomeraciones, condiciones que fueron restringidas durante la pandemia. De ello, que sea el sector con recuperación más lenta, el mayormente afectado por despidos y el que presenta poca reinserción laboral (SHCP y CONSAR, 2021).

En otro aspecto, el sector industrial mostró una caída en los meses de abril y mayo, pero comenzó a recuperarse lentamente a partir de julio de 2020, como consecuencia de la reapertura de actividades productivas. Particularmente, hacia inicios de 2021, la maquila, la industria automotriz y de autopartes, pertenecientes a este rubro, han mostrado niveles de ocupación formal similares a los que presentaban antes de la pandemia. El sector de servicios sociales y comunales no mostró afectaciones importantes, ya que, en este se incluyen los servicios de salud y la administración pública, mismos que han sido considerados esenciales durante la pandemia (SHCP, 2021).

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La brecha de género en el empleo Desde distintas aristas, a nivel región se han identificado áreas centrales donde las mujeres se han visto afectadas por la pandemia, tres de ellas están relacionadas con el empleo. La primera se centra en el incremento del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, como consecuencia del cierre de las escuelas y de la suspensión de servicios de apoyo. La segunda está relacionada con la desigualdad económica, puesto que los sectores con altas tasas de empleo femenino experimentaron una mayor pérdida de empleos. La tercera alude a la vulnerabilidad de las trabajadoras de primera línea durante la pandemia, ya que son las mujeres quienes, mayoritariamente, se desempeñan en el sector salud (Llanes y Pacheco, 2021). Por tanto, es posible argumentar que el sector femenino sufrió las mayores consecuencias: altos índices de desempleo, reingresos tardíos, disminución de la participación en la fuerza laboral, tiempo de reempleo más lento y disminución en las tasas de contratación o contratación retrasada en puestos de alta responsabilidad (Moreno y Cuellar, 2021; WEF, 2021).

En México, hasta julio de 2020 se reportó una tasa de ocupación del 34.7% en mujeres, en contraposición al 71.8% en hombres (INEGI, 2020b). Además de esta notable disparidad, del primer trimestre de 2020 al segundo de 2021, en 17 entidades federativas, el índice de mujeres que transitaron hacia la informalidad fue mayor al 50% (México Cómo Vamos, 2021a), y en 14 entidades federativas la pobreza laboral se ubicó en un rango del 40.4 al 64.3% (México Cómo Vamos, 2021b). Esto indica que, dicho porcentaje de mujeres, no puede adquirir una canasta básica alimentaria con su ingreso laboral.

Aunque las circunstancias de trabajo se manifestaron relativamente similares para ambos sexos en la reducción de horas de trabajo (55.2% en mujeres, 51.4% en hombres), debido a que la actividad laboral cerró o suspendió (20.3 % en mujeres, 20.1 % en hombres), o como consecuencia de trasladar el empleo al hogar (10.5% en mujeres, 6.3% en hombres) (INEGI, 2020b). Lo cierto es que, las mujeres en mayor porcentaje que los hombres, tuvieron que desplazar su empleo al hogar y disminuir su jornada, lo que resultó en menor salario (Ver Tabla 1), además, debieron lidiar con la superposición de sus obligaciones laborales, de trabajo doméstico y de cuidados, debido a que los últimos dos recaen desproporcionadamente sobre las mujeres (Zamudio-Lazarín, 2021).

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Tabla 1. Características de situación laboral de la población ocupada subordinada remunerada, durante la pandemia por COVID-19 abril - julio de 2020.

Fuente: Zamudio-Lazarín (2021), a partir de INEGI (2020b).

Al mismo tiempo, las trabajadoras que estaban consideradas esenciales y no tenían la posibilidad de trabajar a distancia, se vieron obligadas a ponerse a sí mismas y a sus familias en riesgo de infección (Gordon, 2021).

Tal es el caso del sector salud, en México está constituido principalmente por mujeres, con un 67% del total de los puestos ocupados en contraste con el 33% de hombres, sin embargo, ellas se ubican en cargos inferiores y peor pagados que los de sus colegas varones (Beltrán y Corti, 2020). “A medida que la crisis del coronavirus se agudiza en todo el mundo, arrasando vidas y economías, las mujeres se han posicionado con firmeza en la vanguardia de esta batalla” (Regner, 2020, primer párrafo).

Así, los datos indican que la desigualdad de género se acrecentó como resultado de la crisis sanitaria. Ya que, aun antes del COVID-19, las mexicanas ya se enfrentaban a desafíos e impedimentos para participar en el mercado laboral, entre ellos, realizar el 74.3% del cuidado no remunerado en el país; dedicar, en promedio, 29 horas a la semana al trabajo de cuidado no remunerado y a las labores domésticas, mientras que los hombres sólo destinaban 9.2 horas a la semana para dichas actividades (Gordon, 2021); emplearse de forma parcial o interrumpir su trayectoria por cuestiones domésticas, entre las que destaca el embarazo (Aguilar-Gomez et al., 2019). Respecto a ello, se ha encontrado que, en el primer año después del nacimiento de un bebé, la participación laboral de las mujeres se reduce un 28% y el ingreso laboral un 33% (Aguilar-Gomez et al., 2019). Además, las mujeres en puestos directivos que deciden ser madres suelen, eventualmente, trasladarse a trabajos con menor 28

nivel de calificación (Mancini, 2019), a empleos técnicos, al comercio u otras actividades que les permitan autoemplearse (CEEY, 2021).

Estas condiciones, en conjunto, generan un alto grado de vulnerabilidad, especialmente para las mujeres que se encuentran en situación de pobreza, debido a que hay una menor disponibilidad de empleos y porque tienen menor disponibilidad de tiempo para trabajar por atender labores domésticas (Gutiérrez et al., 2020). Como resultado de la desigualdad en derechos y oportunidades laborales, se presenta la precarización del empleo (Anwary, 2017; Domínguez et al., 2018).

Conclusiones y recomendaciones de política pública El COVID-19 fue una contrariedad sin precedente para el mundo, las economías y los mercados financieros sufrieron graves afectaciones.

Las trayectorias de recuperación son dispares, en parte debido a la diversificada evolución de la pandemia, así como a las políticas implementadas por las autoridades. Si bien, al inicio se observó un deterioro económico generalizado, se espera cierta recuperación, igualmente heterogénea y gradual (Banxico, 2021). Ciertamente, la situación propició un escenario de desconcierto, alteraciones y cambios que parecían permanentes. Ante lo desconocido, de frente a las múltiples variantes y debido a las medidas sanitarias aún vigentes, las afectaciones en diversos aspectos permanecen incalculables. Asimismo, la temporalidad es un desafío para la planeación, al menos en el caso de México, por encontrarse sujeto a un semáforo epidemiológico poco claro respecto a cuándo y cómo se podrán retomar plenamente las actividades en la llamada “nueva normalidad”.

A pesar de la situación tan inconsistente, existen certezas sobre el impacto que ha ocasionado el COVID-19 en el mercado laboral mexicano: caída en la tasa de ocupación, aumento en la proporción de personas con jornada y/o salario disminuido, dificultad para reinsertarse a la actividad laboral tras despido; mayor contracción del empleo informal, caída en los índices de formalidad por la destrucción de empleo y, por tanto, mayor precariedad laboral; drástica disminución en el rubro de servicios a causa de las medidas de restricción y distanciamiento social; respecto al género, un retroceso para las mujeres en cuestión de crecimiento laboral. Ocasionado, entre otras cosas, por el aumento del trabajo no remunerado (labores del hogar y de cuidado), el cual, además, no provee de seguridad social.

Las estrategias que emprendió el Gobierno Federal son altamente cuestionables, a pesar del capital económico recibido por el Banco Mundial (Banco Mundial, 2021) y los recortes presupuestales realizados como medidas 29

de austeridad, los apoyos brindados a la población afectada fueron insuficientes, no tuvieron el alcance adecuado ni los recursos necesarios para la magnitud de la situación (Provencio, 2020). Falta un largo camino por transitar, la crisis aún no termina y es posible que el país tarde en recuperarse, lo cual sucederá de forma desigual (Zamudio-Lazarín, 2021). La prioridad central deberá ser el fortalecimiento del sistema de salud, y al mismo tiempo, revertir el impacto de la crisis en las condiciones de vida y el bienestar de la población (Provencio, 2020).

Aunque, también, es una oportunidad para repensar y optimizar el proceso de diseño, implementación y evaluación de los distintos programas y políticas de salud, económicas, laborales y sociales (Reyes-Martínez et al., 2022).

Particularmente en tema laboral, las políticas deberán estar orientadas a propiciar las condiciones para el empleo formal y la protección social, disminuir el impacto en sectores cruciales para el país, incorporar o extender políticas de empleo, establecer condiciones favorables para los trabajadores en modalidad virtual o semipresencial, sostener los ingresos de los desocupados y facilitar su retorno al mercado laboral (Velasco, 2021). Como se contemplaba antes de la pandemia, una posible solución consistiría en apostar por la productividad y la innovación, adoptando políticas productivas, científicas y tecnológicas capaces de fortalecer los encadenamientos productivos y el dinamismo tecnológico. Lo que supondría un ejercicio eficaz de políticas para impulsar a los sectores económicos estratégicos, de acuerdo con un plan de crecimiento y desarrollo a largo plazo para reducir el desempleo, aumentar el capital humano y promover la formalización de los trabajadores informales (Schteingart, 2018).

En cuestión de género, es necesario considerar que gran parte de las actividades realizadas por el sector femenino no suelen ser consideradas como trabajo, particularmente las tareas domésticas y las labores de cuidado. Estas circunstancias dejan al descubierto la existencia de discriminación, pues las mujeres representan un grupo socialmente obligado a aceptar empleos con nulo o precario respaldo de sus derechos laborales. Por este motivo, es necesario impulsar políticas que aseguren ingresos a las trabajadoras informales y subcontratadas, garanticen el cuidado de las cuidadoras, apoyen la dignificación y la formalización del trabajo doméstico remunerado para propiciar una transformación que valorice y redistribuya las labores domésticas y de cuidado (Reyes-Martínez et al., 2022).

Además, es necesario amortiguar y compensar los efectos de la crisis en el empleo, los ingresos, así como la carga de trabajo domésticos y de cuidados de las mujeres, ambos en relación con el deterioro de sus niveles de bienestar (CEPAL, 2021).

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PB4 Dinámica del empleo e incremento al salario mínimo en El Salvador Saira Johanna Barrera Universidad Centroamericana José Simeón Cañas El 2020 fue un año atípico en lo que a generación de empleo se refiere, porque la enfermedad de COVID-19 demandó medidas que restringieron la actividad económica y ello privó a una parte de la población de su fuente de ingreso a través de las actividades por cuenta propia. Estas medidas también pusieron a muchas personas asalariadas en dificultades, porque hubo despidos. Además, algunas personas asalariadas sufrieron la reducción en sus salarios nominales y, en otros casos, hubo suspensión de contratos de trabajo (Departamento de Economía UCA, 2021, p. 31). Y, para aquellas personas que conservaron su empleo, la pandemia implicó un proceso de adaptación a la modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia; además de la compatibilización de espacios, tiempos y energías para la atención de demandas de cuidados familiares (no remuneradas) y actividades laborales remuneradas (Rodríguez, 2020).

Mirar qué ha sucedido con el empleo en 2021 implica, por tanto, referirse a esta coyuntura particular del año 2020, pero también utilizar un referente en el tiempo que muestre una situación menos atípica. En el caso de este escrito, se tomará como parámetro de comparación lo ocurrido con el empleo y los salarios en El Salvador durante 2019. Para efectos comparativos se hará alusión a la información estadística disponible en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en el mes de junio de 2019 (ISSS, 2020), junio 2020 (ISSS, 2021) y junio de 20211 (ISSS, 2021a).

1

La información del ISSS es la más sistemática y actualizada en lo que a la coyuntura del empleo y salarios se refiere. No obstante, únicamente 31 de cada cien personas económicamente activas cotiza al ISSS.

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El primer elemento destacable en materia de empleo es lo que ha ocurrido con el número total de personas que cotizaron al ISSS entre 2019 y 2021.

Como lo muestra el gráfico 1, en junio de 2021 el empleo total es superior al empleo total en los dos años previos. Esto también se cumple para el empleo de hombres y de mujeres.

Es importante destacar que, el incremento en el empleo en 2021, ha sido impulsado por un incremento en el número de empleos en el sector público (17102 cotizantes adicionales). Por su parte, en el sector privado el número total de personas cotizantes en junio de 2021 es inferior al número de personas que cotizaban en el sector privado en junio de 2019 (-2906 cotizantes).

Gráfico 1. Evolución en el número de cotizantes1/ al ISSS. Junio de 2019, junio de 2020 y junio de 2021.

Fuente: Elaboración propia con información del ISSS (2020; 2021 y 2021a).

1/

Este número total de cotizantes difiere del número de cotizantes reportados en la base de datos agregada

del ISSS, ya que la base de datos desagregada a cuatro dígitos de la CIIU rev.4, no contempla a las personas que cotizan en Trabajo doméstico, salvadoreños en el exterior (SALEX) ni Trabajadores independientes.

Es importante señalar la marcada diferencia entre hombres y mujeres en lo concerniente a las ramas de actividad económica en las que más se ha reducido el empleo en 2021 comparado con 2019. Tal como lo muestra la gráfica 2: para los hombres, la mayor pérdida de empleos se ha dado en la rama de la Construcción (sección F) y luego en industrias manufactureras (Sección C).

Por otro lado, para las mujeres ha sido más sentida la reducción en los empleos en industrias manufactureras y en actividades de enseñanza (sección P).

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Gráfico 2. Distribución de la reducción de empleos para hombres (izq.) y mujeres (der.) cotizantes al ISSS según rama económica. Junio 2021 respecto a junio 2019.

Fuente: Elaboración propia con información del ISSS (2020; 2021 y 2021a).

Gráfico 3. Distribución del incremento en empleos para hombres (izq.) y mujeres (der.) cotizantes al ISSS según rama económica. Junio 2021 respecto a junio 2019.

Fuente: Elaboración propia con información del ISSS (2020; 2021 y 2021a).

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Por su parte, el gráfico 3 muestra que, en cuanto a la generación de empleos, hay coincidencia en las ramas económicas que han contratado más hombres y más mujeres. De hecho, las ramas más dinámicas han sido las que se clasifican en las secciones Comercio (sección G), Servicios administrativos (sección N), Atención a la salud humana (sección Q) y Administración pública en general (sección O).

Un elemento que sobresale en cuanto a empleo es el papel que ha jugado el Sector Público como empleador. De hecho, el crecimiento del empleo y de la masa salarial en el sector público en 2021, ha jugado un papel relevante en la contención de los efectos de la pandemia sobre el empleo total y las remuneraciones. Además, se debe señalar que el empleo en el sector público y el incremento en la masa salarial que este sector paga, fue importante como mecanismo de contención también hace 12 años, en 2009: en ese año se registró un importante descenso en la actividad económica del sector privado en el contexto de la crisis económica mundial y la masa salarial pagada por el sector privado se estancó respecto a años anteriores, mientras que la masa salarial pagada por el sector público creció un 13% (Departamento de Economía UCA, 2016, p. 38).

En el momento actual, la masa salarial pagada por el sector privado en junio de 2021, no solo se ha recuperado con respecto al peor momento de la cuarentena obligatoria, sino que registra un leve aumento de 3.6% respecto a una situación sin cuarentena, es decir, junio de 2019 (USD 13.5 millones más). No obstante, tanto en materia de empleo como de salarios pagados, el mayor dinamismo lo ha registrado el Sector Público. De hecho, la masa salarial pagada en el sector público creció durante la cuarentena obligatoria y, al mes de junio de 2021, registra un monto que es 17.7% superior al monto registrado en junio de 2019 (USD 24.8 millones adicionales). Esto último es congruente con la tasa de incremento del empleo en el sector público (17%).

Reflexiones sobre el incremento en el salario mínimo en El Salvador, año 2021 En julio de 2021 se aprobó un incremento al salario mínimo equivalente a un 20% sobre la tarifa vigente y, además, se trata de un aumento aplicable a todas las tarifas de salario mínimo (Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 2021 y 2021a). Este aumento ocurrió después de cuatro años y siete meses del último ajuste2, lo cual contraviene lo estipulado en el artículo 159 del Código de Trabajo (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 1972). Las nuevas tarifas resultantes del ajuste aprobado el pasado mes de julio, se presentan en la tabla 1.

2

El último ajuste se aprobó en diciembre 2016 y entró en vigencia en enero 2017.

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Tabla 1. Tarifas de salario mínimo vigentes a partir de agosto 20211/.

Fuente: Elaboración propia con información de Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2021 y 2021a).

1/

Según Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2021, pp. 21-25) y Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2021a,

pp. 26-29).

Este ajuste al salario mínimo nominal implica una mejora en la cobertura de este salario respecto a una canasta ampliada, aunque sigue siendo inferior a este costo, por ejemplo: el salario mínimo más alto alcanza para cubrir solamente un 84% del costo de la canasta ampliada para un hogar de cuatro personas que dependa de un salario mínimo. No obstante, más allá de la insuficiencia del salario mínimo para salvar de la pobreza relativa a los hogares que dependen de él, el incremento aprobado suscita algunas reflexiones en torno a la manera en la que se ha implementado.

En primer lugar, el aumento al salario mínimo beneficia a las personas trabajadoras que ganan esas tarifas, y a sus familias. Sin embargo, el poder adquisitivo adicional logrado con el aumento al salario nominal se agotará pronto, debido al incremento en el costo de los bienes y servicios de las familias trabajadoras.

De hecho, la inflación interanual de septiembre 2021 fue de 5%; especialmente a raíz del incremento en el costo de los servicios básicos (incremento del 10%) y el transporte (incremento del 8.4%) (Dirección General de Estadísticas y Censos, 2021, p. 6); así como debido a la reconfiguración de gastos asociados a procesos educativos en casa.

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En segundo lugar, según declaraciones oficiales, ese incremento en los salarios mínimos, así como las aportaciones patronales a la seguridad social de salud y pensiones resultantes del mismo, serán financiados por el Estado salvadoreño a lo largo de doce meses comprendidos entre agosto de 2021 y agosto de 2022.

Este subsidio se otorgará a las empresas con 1 hasta 100 personas trabajadoras cotizantes al ISSS (Gobierno de El Salvador, 2021).

Esto último introduce un matiz importante en el análisis del impacto redistributivo que tendrá el incremento en el salario mínimo, ya que, en teoría, el aumento en el salario mínimo redistribuye la riqueza a favor de las personas trabajadoras. No obstante, en caso de un aumento financiado por el Estado, el efecto final en este primer año es más bien regresivo, porque ese incremento lo pagará el Estado, el cual a su vez obtiene la mayor parte de los recursos económicos a través de una estructura tributaria regresiva (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2021, p. 11).

La manera en la que el incremento al salario mínimo financiado por el Estado tendría un efecto redistributivo progresivo, sería que los recursos con los que se costea la medida, se obtuvieran de tributos de quienes más riqueza poseen, en especial, de las empresas. Se sabe que el subsidio aplica para empresas que tengan desde 1 hasta 100 personas contratadas. Según ISSS (2021a) el 56% de cotizantes trabajan en ramas económicas en las que el promedio de personas empleadas por cada patrono es inferior a 100. En este escenario, el costo que supondrá financiar esta medida dependerá de qué tan lejos está el salario vigente de las personas cotizantes respecto del nuevo salario mínimo. También dependerá de la cantidad de personas sujetas al ajuste (quienes ganaban menos de lo que la nueva tarifa establece) y del tiempo de vigencia del subsidio, que hasta donde se ha declarado, es de un año.

Por tanto, dado que el subsidio al salario mínimo es un costo que asumirá toda la población (gane o no el salario mínimo), es imperativa la transparencia en la estimación y el uso de estos recursos, en su asignación y en la verificación de que se trata de una medida eficaz para proteger el nivel de empleo y mejorar el poder de compra de los hogares de las personas que ganan el salario mínimo; sin que esto signifique redistribuir de manera aún más regresiva el ingreso en El Salvador.

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Referencias Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (1972). Código de Trabajo.

Departamento de Economía UCA. (2016). Análisis Socioeconómico de El Salvador Enero - Agosto 2016. El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. https://www.uca.edu.sv/economia/wp-content/uploads/ASES-enero-agosto2016_VW.pdf Departamento de Economía UCA. (2021). Análisis Socioeconómico de El Salvador: año 2020. El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Dirección General de Estadísticas y Censos. (2021). Boletín N°141 IPC Septiembre 2021. file:///C:/Users/usuario/Downloads/boletin_ipc_Septiembre_2021.pdf Gobierno de El Salvador. (2021). Gobierno consolida el respaldo a la empresa privada con subsidio para la aplicación de aumento al salario mínimo. Presidencia de la República de El Salvador. https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-consolida-el-respaldo-a-la-empresa-privada-con-subsidio-para-la-aplicacion-de-aumento-al-salario-minimo/ Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. (2021). Perfiles Macrofiscales de Centroamérica El Salvador N° 14 Año 8. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. https://icefi.org/sites/default/files/perfiles_macrofiscales_centroamericanos_no.14_-_el_salvador.pdf ISSS. (2020). Base mensual acumulada de patronos y trabajadores reportados y cotizados por sector y actividad económica según CIIU. Rev.4. a diciembre 2019. https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/ documents/estadisticas?utf8=%E2%9C%93&q%5Bname_or_description_ cont%5D=Base+mensual&q%5Byear_cont%5D=&q%5Bdocument_category_id_eq%5D= ISSS. (2021). Base mensual acumulada de patronos y trabajadores reportados y cotizados por sector y actividad económica según CIIU. Rev.4. a diciembre 2020. https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/ documents/estadisticas?utf8=%E2%9C%93&q%5Bname_or_description_ cont%5D=Base+mensual&q%5Byear_cont%5D=&q%5Bdocument_category_id_eq%5D= ISSS. (2021a). Base mensual acumulada de patronos y trabajadores reportados y cotizados por sector y actividad económica según CIIU. Rev.4. a junio 2021. https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas?utf8=%E2%9C%93&q%5Bname_or_description_cont%5D=Base+mensual&q%5Byear_cont%5D=&q%5Bdocument_category_ id_eq%5D=

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Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (2021a). Decreto Ejecutivo n° 9. Tarifas de salario mínimo para las personas trabajadoras del sector agropecuario, pesca, recolección de caña de azúcar, recolección de cosecha de café y otras actividades agrícolas, así como para las personas trabajadoras a domicilio que laboren en estos rubros. Diario Oficial, n° 129, tomo 432. https://imprentanacional.gob.sv/servicios/archivo-digital-del-diario-oficial/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (2021a). Decreto Ejecutivo n° 10. Tarifas de salario mínimo para las personas que trabajan en los rubros del comercio, servicios, industria, maquila textil y confección, ingenios azucareros, beneficios de café y otras actividades de agroindustria, así como para las personas trabajadoras a domicilio que laboren en estos rubros. Diario Oficial, n° 129, tomo 432. https://imprentanacional.gob.sv/servicios/archivo-digital-del-diario-oficial/ Rodríguez, Ángela. (2020). Mujeres, economía y hogar en tiempos del COVID-19.

El Salvador: Universidad de El Salvador. http://fce.ues.edu.sv/blog/articulos-de-investigacion/post/mujeres-economia-y-hogar-en-tiempos-delcovid-19

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PB5 Efectos de la pandemia por COVID-19 en la estructura laboral y las brechas de género en el Ecuador Andrés Mideros1 Pontificia Universidad Católica del Ecuador La pandemia por COVID-19, además de sus impactos directos en la vida y la salud de las personas, profundizó la crisis económica y social en América Latina. Velasco (2021) señala que la región ha enfrentado diversas crisis que han ocasionado impactos económicos, sociales, laborales y políticos, sin embargo, ninguna se compara en cuanto a la rapidez y profundidad de afectación al empleo, la producción y el consumo generada en 2020.

La contracción económica y las medidas de aislamiento, necesarias para contener las curvas de contagio, generaron una fuerte disminución de la ocupación y un aumento significativo del desempleo y subempleo, ya que, en ausencia de mecanismos de apoyo estatales, varias empresas redujeron o pararon sus actividades, reduciendo la demanda de empleo, o bien, en el caso ecuatoriano, donde la legislación lo permitió, reduciendo la jornada laboral y los salarios (OIT, 2022).

La mayor parte de personas trabajadoras no pudieron sostener sus actividades ya sea porque el teletrabajo no era posible o bien por falta de conectividad a Internet (OCDE, 2020). En otros casos se generaron procesos de salida del mercado laboral por la falta de oportunidades, incrementando las actividades de trabajo no remunerado en los hogares, tanto de cuidado como de autoconsumo (Weller, Gómez, Caballero, y Ravest, 2020).

1

Se agradece la asistencia de investigación de Carolina Sánchez, técnica docente del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE; y de Wladimir Chicaiza, estudiante de la Facultad de Economía de la PUCE.

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En Ecuador, la pandemia de COVID-19 agravó la crisis económica que empezó en 2015. El producto interno bruto (PIB) por habitante, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE ), venía decreciendo a un promedio de -1% anual entre 2015 y 2019, y en 2020 cayó en -9%, constituyéndose en la mayor crisis registrada en el país. La inversión, en 2020, cayó en -11,9%, el consumo de los hogares en -7,0%, el gasto público de consumo en -6,1% y las exportaciones en -2,1%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reporta que el porcentaje de personas en condición de pobreza por ingresos, que había aumentado del 22,5% en diciembre de 2014 al 25,0% en el mismo mes de 2019, cerró el 2020 en 32,4%, marcando un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza.

En cuanto al empleo adecuado, que se encontraba en el 49,3%, del total de personas con empleo, en diciembre de 2014, y había caído al 38,8% en 2019, pasó a diciembre de 2020 al 30,4%.

La pérdida del empleo adecuado, en ausencia de mecanismos de protección social y de políticas de reactivación productiva, desencadenaron la expansión de la economía informal, como estrategia de supervivencia. El total del empleo en el sector informal, según el INEC, alcanzó el 52% en 2020. De esta manera, se marca un efecto permanente, de retroceso, en la estructura económica y laboral del país, con la consecuente vulnerabilidad social.

Con estos antecedentes, a continuación, se analiza la estructura económica, en cuanto a la distribución del empleo en el Ecuador entre los años 2019 y 2020, a fin de identificar las brechas de informalidad laboral entre sectores y por género, ampliadas por la pandemia de COVID-19.

Datos y metodología El análisis se realiza con información de las rondas de diciembre de 2019 y 2020, de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC. La formalidad laboral se estima usando como proxy la afiliación a la seguridad social. Para el caso del Ecuador esto incluye los regímenes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el Aseguramiento Universal de Salud (AUS) y seguros municipales.

En el caso de las actividades económicas, estas se delimitaron mediante los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que aplica el INEC siguiendo la CIUU 4.0, y se organizan como se presenta en la Tabla 1.

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Tabla 1. Abreviatura y descripción de actividades económicas.

Fuente: Elaboración propia.

La metodología aplicada sigue a Chacaltana (2016), quien se basa en McMillan et al. (2014) para descomponer la formalidad laboral en sus niveles intrae inter-sectoriales, siendo la formalidad global la suma ponderada de estos dos componentes. El primero corresponde a procesos de formalización en el sector, y el segundo muestra la movilidad desde un sector hacia otro.

Cambios en la estructura laboral La estructura laboral del Ecuador (Gráfico 1), muestra la mayor concentración del empleo en los sectores primario, comercial y de otros servicios, que en conjunto representaron el 59,50% y el 62,34% del empleo en 2019 y 2020 respectivamente. Siendo además los sectores primario y comercial aquellos que incrementaron la tasa de absorción laboral en 2020, mientras que se observa una reducción en los sectores industrial y de construcción. En este sentido, se observa que la pandemia profundizó una estructura económica de bajo valor agregado.

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Gráfico 1. Tasa de absorción laboral (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC (2019, 2020).

En cuanto a la formalidad laboral, el Gráfico 2 muestra una reducción generalizada de la tasa de formalidad global entre 2019 y 2020, con excepción de los sectores de servicios y enseñanza que tuvieron un ligero aumento de formalización. La caída es particularmente fuerte en los sectores que tenían menor formalización, y que además, fueron los más golpeados durante la pandemia, como es el caso de los sectores primario, comercial, de hoteles y restaurantes y de transporte. Por su parte los sectores de mayor formalidad como servicios básicos, intermediación financiera, administración pública y enseñanza no tuvieron mayores variaciones. De esta manera se da cuenta de la profundización de brechas sectoriales, consecuencia de la crisis.

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Gráfico 2. Tasa de formalidad global (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC (2019, 2020).

Al descomponer la variación de la formalidad en sus componentes intrae intersectorial, se observa que únicamente los sectores de servicios y enseñanza tienen una variación positiva en el componente intrasectorial, lo que puede relacionarse con la relevancia de estos sectores durante la pandemia y las adaptaciones que debieron realizar para mantenerse operativas. Sin embargo, en los dos casos la variación intersectorial es negativa, es decir redujeron el número de personas empleadas, y generó un efecto conjunto igualmente negativo al sobre compensar al primero.

Por su parte, los sectores primario, comercial, financiero y de hoteles y restaurantes tuvieron una variación positiva en el componente intersectorial. Es decir, absorbieron más empleo. Sin embargo, el componente de variación intersectorial fue de mayor informalidad dentro de estos sectores, llevando a un efecto conjunto negativo, con excepción del financiero; en el que el efecto intersectorial negativo fue mínimo, siendo el único que generó un efecto de formalización, evidenciándose como el ganador durante la crisis.

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Gráfico 3. Variación de la formalidad 2019-2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC (2019, 2020).

Efectos en la brecha de género Para identificar los efectos en las brechas de desigualdad por género se calculan los componentes de variación inter- e intrasectorial de manera desagregada. La Tabla 2 muestra que la caída total de formalidad es de -3.99 para hombres y de -4.98 para mujeres, evidencio un efecto que profundiza las brechas de género.

Esta diferencia se genera por la sectorización de género en la estructura laboral. Las mujeres están sobre representadas, en relación con los hombres, en los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, enseñanza, salud y otros servicios (que incluye trabajo doméstico), que fueron los sectores más afectados durante la crisis por la pandemia de COVID-19.

Por lo señalado, se observa que en estos sectores la afectación negativa tanto en el componente intra- como intersectorial es más profundo en las mujeres que en los hombres, con excepción de la variación intersectorial en comercio y hoteles y restaurantes.

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Tabla 2. Variación de la formalidad 2019-2020, por género y etnia.

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC (2019, 2020).

Reflexión final La pandemia por COVID-19 generó una crisis económica sin precedentes, afectando tanto al aparato productivo como a la demanda agregada. En el caso ecuatoriano, en el año 2020 se dio la mayor caída registrada del PIB per cápita, y se generó un retroceso de una década en reducción de la pobreza.

No todos los sectores económicos se afectaron por igual. Aquellos con mayor informalidad y vulnerabilidad fueron golpeados con más severaridad, de igual forma que los sectores en los que se emplean las mujeres.

En este sentido, se evidencia un aumento de las desigualdades, mismo que debe ser considerado como prioridad en las estrategias de reconstrucción pospandemia. Para esto, es importante gestionar políticas diferenciadas, primeramente enfocadas en la reactivación, el acceso a mercado y una mayor productividad de los sectores con alta intensidad de empleo, y en segundo lugar, dirigidas a los grupos más vulnerables de la sociedad.

Una recuperación inclusiva requiere de incentivos fiscales, financiamiento privilegiado y acceso a tecnología focalizados en los sectores intensivos en empleo, en particular los sectores primario, comercio y servicios, que son los sectores que se ven rezagados en su capacidad de reactivación; al tiempo que se amplíen las transferencias monetarias hacia hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad para dinamizar el consumo local y proteger el bienestar.

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Referencias Chacaltana, J. (2016). 2002-2021: Crecimiento, cambio estructural y formalización. Revista CEPAL, 119, 47-68. doi:https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40402 INEC. (2019). ENEMDU. Gobierno de la República del Ecuador. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/ INEC. (2020). ENEMDU. Gobierno de la República del Ecuador. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/ McMillan, M., Rodrik, D., y Gallo-Verdizco, Í. (2014). Globalization, structural change, and productivity griwth, with an update on Africa. World Development, 63, 1132. doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev. 2013.10.012 OCDE. (2020). Impacto social del COVID 19 en Ecuador: Desafíos y Respuestas.

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OIT. (2022). Análisis de la afectación de la pandemia de la COVID-19 en el riesgo de informalidad laboral y pobreza en el Ecuador. Organización Internacional del Trabajo.

Velasco, J. (2021). Los impactos de la pandemia de la COVID-19 en los mercados laborales de América Latina. Revista Conpendium: Cuadernos de Economía y Administración, 8, 99-120.

Weller, J., Gómez, M., Caballero, A., y Ravest, J. (2020). El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en los mercados laborales latinoamericanos. Santiago de Chile: CEPAL.

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PB6 Mercado de trabalho e desafios da sociedade digital: notas sobre o Brasil1 Carlos Eduardo Santos Pinho2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos A pandemia global da COVID-19 agravou a já débil situação do mercado de trabalho brasileiro. A reforma trabalhista (Lei n. 13.467, de 13/07/2017) do governo Michel Temer (2016-2018), que contou com o apoio do empresariado, dos bancos, do capital financeiro, dos economistas ortodoxos e da grande imprensa em incontáveis editoriais e artigos de opinião, promoveu uma vasta flexibilização das normas trabalhistas. Destaca-se a primazia do negociado sobre o legislado, que constitui o cerne da contrarreforma. As condições de trabalho foram rebaixadas de tal forma a legalizar a ilegalidade ou formalizar o informal (Praun y Antunes, 2020, pp. 182-183). Ademais, foi estabelecido o contrato interminente, no qual o trabalhador fica à disposição da empresa sem nenhuma garantia de permanência no emprego, e aprovada a Lei n. 13.429, de 31 de março de 2017, que ampliou 1

Agradeço a leitura atenta e os pertinentes comentários do Professor de Ciência Política e Administração Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF), Arnaldo Provasi Lanzara, que contribuíram para lapidar os argumentos desenvolvidos nesta reflexão. Estendo os meus agradecimentos a Oscar Alfonso Martínez Martínez e a Claudia Viviana Zamudio Lazarín pela revisão deste texto. Eventuais lacunas, problemas ou omissões são de minha responsabilidade.

2

Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (PPGCS-UNISINOS). Sócio do Centro Internacional CELSO FURTADO de Políticas para o Desenvolvimento e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (INCT/PPED). Integra a Red de Hómologos sobre Desigualdad y Pobreza (AUSJAL), o Grupo de Estudos Interinstitucional sobre Futuros da Proteção Social (Centro de Estudos Estratégicos/CEE-FIOCRUZ) e o Grupo de Trabalho - GT “Trabajadorxs y reproducción de la vida”, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO). E-mail: cpinho19@unisinos.br

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o escopo da terceirização da força de trabalho, abarcando as atividades fim e meio das empresas.

A contrarreforma trabalhista sepultou o importante papel das instituições reguladoras, como o Ministério do Trabalho e vetou o acesso dos trabalhadores à Justiça do Trabalho, com o propósito de garantir a segurança jurídica do patronato, de modo a desresponsabilizá-lo e incentivá-lo a fraudar os direitos laborais.

O papel dos sindicatos foi praticamente dissolvido tendo em vista o processo de descentralização das negociações coletivas. Agravou-se a assimetria histórica do pouco solidificado mercado de trabalho brasileiro, marcado por baixos salários, desigualdade na distribuição de rendimentos, elevadas taxas de desemprego, rotatividade e crescente informalidade. O fato é que está em curso uma profunda reconfiguração do trabalho “em tempos de mundialização neoliberal, sob hegemonia financeira, de avanço das tecnologias digitais, da inteligência artificial e da chamada Indústria 4.0 (Praun y Antunes, 2020, pp. 179).

A coalizão liberal-conservadora e reacionária que está no poder desde 2016, quando da consumação do golpe de Estado orquestrado contra a presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff, vem promovendo constantes investidas para radicalizar a precarização do trabalho. Esses ataques não são novos, pois remontam à década de 1990 e estão em consonância com os poderosos interesses do capital financeiro global, cada vez mais digitalizado e concentrador de poder político. A célere e profunda transformação tecnológica alavancada pelas corporações digitais (Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Apple), originadas no Vale do Silício, estão redefinindo drasticamente as relações de trabalho. Conforme analisou o sociólogo Manuel Castells, tal processo remete à segunda metade do século XX. Nos termos do renomado autor, a emergência da Internet, na década de 1970, com a invenção do microprocessador e do microcomputador, resultou da combinação peculiar entre cooperação científica, estratégia militar, iniciativa tecnológica e inovação contracultural (Castells, 1999, pp. 82-91).

Após uma breve apresentação, este policy brief está dividido em três partes. A primeira realiza um mapeamento do mercado laboral brasileiro nos últimos anos, salientando as ações do governo Bolsonaro para aprofundar a reforma trabalhista, depauperar os trabalhadores e destruir direitos constitucionais.

A segunda parte, a partir de uma interlocução com a recente literatura sobre sociedade digital, analisa o fenômeno das Big Techs. Vinculadas à dinâmica rentista da financeirização, tais corporações tecnológicas disseminam a retórica do individualismo neoliberal, da neutralidade na esfera política e concentram volumosos dados de grande parte da população mundial para fins de acumulação patrimonial 50

através de processos de “renderização, modificação comportamental e predição” (Zuboff, 2020, pp. 559). Ademais, engendram mecanismos digitalmente sofisticados de superexploração dos trabalhadores, os quais são dissimuladamente concebidos como “empreendedores”, “parceiros” e/ou “colaboradores”. A terceira e última parte faz algumas recomendações de políticas públicas aos policy-makers do Estado brasileiro e ao futuro governo democraticamente eleito em 2022.

Conforme já apontado, o elevado desemprego, o desalento e a informalidade são marcas do Brasil sob o governo Bolsonaro, que vem realizando um desmonte sem precedentes de políticas públicas, direitos trabalhistas constitucionalizados e violando convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A inflação dos combustíveis, transportes, alimentos básicos (açúcar, arroz, feijão, café, carne bovina, óleo de soja, manteiga, leite, tomate, batata) e do gás de cozinha assinalam a corrosão da (insuficiente) renda dos mais pobres. Segundo o IBGE (2021), em outubro, a inflação aumentou para 1,25%, acumulando altas de 8,24%, em 2021, correspondendo a 10,67% nos últimos 12 meses.

Em visão convergente, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) mostra que houve um aumento do custo médio da cesta básica de alimentos em 16 cidades, sendo as maiores altas verificadas em Vitória (6,00%), Florianópolis (5,71%), Rio de Janeiro (4,79%), Curitiba (4,75%) e Brasília (4,28%). O valor mais caro da cesta foi a de Florianópolis (R$ 700,69), seguida de São Paulo (R$ 693,79), Porto Alegre (R$ 691,08) e Rio de Janeiro (R$ 673,85). A estimativa do DIEESE é que o salário mínimo necessário teria um valor aproximado de R$ 5.886,50, equivalendo a 5,35 vezes o piso nacional vigente, de R$ 1.100,00 (Gráfico 1). Este cálculo considera uma família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças. No mês de outubro, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta ficou em 118 horas e 45 minutos (média entre as 17 capitais), maior do que em setembro, quando foi de 115 horas e 02 minutos (DIEESE, 2021).

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Gráfico 1. Salário mínimo nominal e necessário (Janeiro a Outubro/2021).

Fonte: Elaboração própria com base em dados do DIEESE (2021).

Cenas de brasileiros buscando desesperadamente restos de comida em caçambas de lixo, o aumento do consumo de pés de galinha, adultos famintos desfalecendo em postos de saúde e crianças desmaiando em escolas por conta da fome, são evidências do agravamento do desemprego e da miséria. O comércio abusivo de ossos de boi e carcaças em supermercados e o uso de fogão a lenha já são uma realidade no país que saiu do Mapa da Fome e praticamente eliminou a extrema pobreza, em 2014, quando da vigência do Programa Brasil Sem Miséria e da ampliação do Programa Bolsa Família, que foi extinto pelo governo Bolsonaro, após 18 anos de atuação, reconhecimento internacional no combate à extrema pobreza e beneficiando 14,6 milhões de famílias. Diante da falta de dinheiro para comprar o botijão de gás, cujo preço aumenta conforme as flutuações do mercado internacional, cidadãos brasileiros estão se acidentando, se intoxicando ou morrendo ao sofrerem queimaduras graves por conta do uso de combustíveis inflamáveis e perigosos para cozinhar, como lenha, carvão, álcool e gasolina. O cenário da pandemia aumentou a exposição das famílias ao álcool 70%, que é muito inflamável. A pobreza, portanto, é proporcional ao quantitativo de acidentados, o que é confirmado por médicos e especialistas da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) (Idoeta, 2021).

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No contexto da pandemia, os países da Europa e os EUA adotaram medidas de proteção aos trabalhadores para o enfrentamento da crise. Todavia, o governo Bolsonaro implementou e tentou aprovar diversas outras iniciativas conducentes ao aprofundamento da reforma trabalhista de 2017, devastando direitos constitucionais. Examinaremos algumas delas a seguir. A partir da Medida Provisória (MPV) n. 1.045, de 2021, o governo criou o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, em virtude do fim do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pela Lei n. 14.020, de 2020.

Ainda que a Exposição de Motivos n. 106 da nova medida atentasse para a sua importância no combate aos efeitos da pandemia sobre a economia, persistiu-se a tendência de radicalizar a reforma trabalhista de 2017 através da implementação da diminuição de salários, da jornada de trabalho e da possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Bem assim, o governo atuou no sentido de precarizar a inserção laboral da juventude, com impactos contraproducentes no decomposto mercado de trabalho brasileiro. Os exemplos são o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva (Requip) e o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego (Priore). Ambos os programas contemplam jovens entre 18 e 29 anos, sendo que o Priore inclui trabalhadores acima de 55 anos que estão sem vínculo formal há mais de 1 ano.

Além de substituir férias remuneradas por recesso de 30 dias, o Requip torna facultativo o recolhimento previdenciário e fiscal, vilipendiando as relações de trabalho, aumentando a concorrência e as desigualdades. Não se evidencia um compromisso concreto com a política de qualificação da mão de obra em razão dos seguintes fatores: (1) falta de vínculo das atividades práticas com o conteúdo teórico; (2) não atinge a carga horária de 400 horas necessária à formação; (3) recursos do Sistema S são retirados para pagamento de benefícios estabelecidos.

Já o Priore promove a redução dos custos de demissão, afetando drasticamente os fundos públicos responsáveis pelo financiamento de políticas públicas (CESIT y UNICAMP, 2021). Por fim, a MP n. 905, de 11/11/2019, pretendia criar a “Carteira de Trabalho Verde e Amarela” para gerar empregos sem direitos trabalhistas, mas sofreu resistência no Congresso Nacional. Dentre os seus principais pontos destacam-se: (1) criação do contrato de trabalho com duração de até 24 meses a depender do empregador; (2) as empresas ficam isentas do recolhimento previdenciário; (3) fixação do trabalho em domingos e feriados; (4) estabelece um patamar salarial mensal limitado a 1,5 salário mínimo. É importante enfatizar que tanto o Requip quanto o Priore não foram aprovados pelo Senado Federal (Temóteo, 2021).

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Essas políticas de desregulamentação não seriam capazes de incorporar o amplo contingente de trabalhadore(a)s ao arcabouço normativo de proteção social e reverter o gravíssimo cenário de desemprego, desalento, subocupação, rotatividade, subutilização, aumento da informalidade e do trabalho por conta própria. As evidências mostram que quase 80 milhões de brasileiros estão fora da força de trabalho. Contrariamente à experiência internacional, as elites político-econômicas persistem na redução de direitos trabalhistas, o que afeta diretamente a demanda por bens e serviços e a dinamização da economia.

Em nome da segurança jurídica, tais medidas de austeridade e extinção de direitos aumentam o poder discricionário dos empregadores na fixação de regras de contratação e demissão. Transferem ônus, custos e riscos das empresas diretamente aos trabalhadores, notabilizando a violação de direitos constitucionais, a usurpação do Estado Democrático de Direito e das convenções da OIT (CESIT y UNICAMP, 2021). Nesse ambiente de precarização laboral, um volume significativo de trabalhadore(a)s não conseguirá efetuar o recolhimento das contribuições à Previdência Social, agravando o quadro de pobreza, desigualdade, destituição e miséria no futuro (Praun y Antunes, 2020).

As recentes transformações no mundo do trabalho que aniquilam direitos de cidadania estão atreladas à lógica plutocrática3 da financeirização global e aos oligopólios digitais nascidos no Vale do Silício. Estes, por sua vez, se apoderaram do poder político e dos dados de bilhões de pessoas para fins de maximização das margens de acumulação de capital, concebendo a privacidade como uma mercadoria. A literatura recente (Morozov, 2018; Zuboff, 2020), bem como os documentários “O Dilema das Redes” e “Privacidade Hackeada”, veiculados pela provedora global de séries e filmes Netflix, têm mostrado que, ao controlarem dados de bilhões de pessoas, não prestarem contas à sociedade de suas ações furtivas e sorrateiras, as corporações tecnológicas acabam por perverter a ordem democrática. Elas contribuíram para a eleição de governantes autoritários que desmontam as instituições democráticas e defenestram políticas de proteção aos trabalhadores, como foi o caso de Donald Trump, nos EUA (2016), e de Jair Bolsonaro, no Brasil (2018).

A lógica da financeirização amalgamada à concentração incomensurável de dados nas corporações digitalizadas provocaram a emergência da economia de plataforma, da “uberização”, da inteligência artificial, da Indústria 4.0 3

Nos termos do economista Branko Milanović, a plutocracia constitui uma minoria que se apodera do poder político e econômico, constituindo-se uma ameaça à classe média, aos pobres, à democracia e ao próprio sistema capitalista (Milanovic, 2017).

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e dos algoritmos4. Trabalhadores por aplicativos, entregadores e motoristas de uber com formação universitária são cada vez mais visíveis numa economia de baixo crescimento, alto desemprego, informal e sem dinamização produtiva/tecnológica. Por mais que modernas do ponto de vista da escala e sofisticação tecnológicas, as corporações do Vale do Silício concentram e centralizam capitais, se apropriam privadamente dos recursos naturais, vaticinam a retórica individualista, implementam a flexibilização laboral e a retração de direitos trabalhistas. Gigantes como Amazon, Apple, Microsoft, Google e Facebook concentram poder global e são fortemente atuantes em Bolsa de Valores. Por exemplo, enquanto o Facebook tem uma capitalização aproximada de 500 bilhões de dólares (1,6 trilhão de reais), a Apple alcança o patamar de 850 bilhões de dólares (2,7 trilhões de reais). Caso fosse um país, a Apple seria similar a Suíça, Turquia ou Holanda (Galindo, 2017).

Diante do esfacelamento do Estado de Bem-Estar Social na promoção de políticas públicas de cidadania, a lógica do “empoderamento do usuário” é disseminada pelos arautos do Vale do Silício, que sempre lutaram pela redução de sua carga de impostos. Uma crítica contundente ao atual paradigma tecnológico é formulada por Morozov (2018), ao afirmar que “é possível morrer por falta de comida, mas não por falta de conteúdo” (p. 49). As corporações da tenologia obtiveram vultosos subsídios governamentais e financiamento militar do Pentágono; no entanto, vendem aos governos e contribuintes produtos desenvolvidos com tais subsídios a preços majorados (Morozov, 2018, pp. 153).

Com a necessidade de isolamento social para reduzir as infecções, a disseminação do vírus e o número de óbitos, a economia real ficou paralisada do ponto de vista da oferta e da demanda, à proporção que os conglomerados digitais aumentaram progressivamente seus lucros e concentraram a renda financeira. As 20 pessoas mais ricas do mundo amealharam um montante de 1,77 trilhão de dólares no fim de 2020, 24% a mais que em 2019. Ampliaram-se os processos de digitalização na produção de commodities agrícolas e minerais, bem como na estrutura industrial. A separação entre o tempo de trabalho e o período de lazer ficou cada vez mais difícil com a invasão do recinto doméstico pelas empresas (Pérez y Aranda, 2021; Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, 2021; Morozov, 2018).

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Cabe explorar que há um movimento alternativo à hegemonia das grandes corporações plataformizadas (Uber, iFood e Rappi) no processo de acumulação. Trata-se da articulação ensejada por empresários, motoristas, proprietários de restaurantes e diaristas na criação de plataformas tecnológicas com regras próprias, menos espoliativas da força de trabalho e visando aumentar a rentabilidade (Candido, 2021).

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Um expressivo contingente da população brasileira passou a depender do “capitalismo informacional-digital” (Praun y Antunes, 2020, p. 179) e da economia de aplicativos para manter parte ou toda a renda. De acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva, 11,4 milhões de brasileiros ingressaram nessa situação por conta da pandemia. Com tamanho crescimento, quase 20% da população adulta (aproximadamente 32,4 milhões de pessoas5) se valem de aplicativos para trabalhar, o que significa 1 a cada 5 pessoas. Esse montante era de 13% em fevereiro de 2020, antes da emergência da pandemia. O ranking do uso dos aplicativos pelos 32 milhões de brasileiros identificados pela pesquisa obedece a seguinte ordem: Instagram e Facebook (34%); WhatsApp (33%); Uber & 99 (28%) e; por fim, iFood & Mercado Livre (26%). As evidências mostram que tanto os brasileiros desprovidos de renda quanto os que não conseguiram sobreviver recebendo somente o auxílio emergencial estão subordinados aos aplicativos, que são os maiores empregadores do país atualmente (Guimarães, 2021).

Tendo em vista o cenário de depredação do mercado laboral, desmonte de políticas públicas e hegemonia da lógica financeira atrelada à crescente digitalização, este policy brief faz algumas recomendações de políticas públicas aos policy-makers do Estado brasileiro, considerando o próximo governo eleito democraticamente, em 2022: (1) retomar a industrialização para reverter o grave quadro de especialização regressiva em commodities (minério de ferro, soja, carnes) e a reprimarização da pauta exportadora, o que terá impactos positivos na redução da vulnerabilidade internacional. Uma indústria forte converge para a geração de empregos de qualidade, produtividade e melhor remuneração; (2) recuperação do crescimento econômico para a realização de investimentos públicos nas políticas de qualificação de mão de obra, com avaliação mais criteriosa dos seus resultados. A estagnação econômica dos últimos anos e a descontinuidade de políticas, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), aumentaram o contingente de pessoas treinadas, porém, ociosas. Ainda que mais educados e treinados, a metade da população mais pobre do Brasil não consegue aumentar a empregabilidade e, por conseguinte, a renda (Canzian, 2021); (3) revitalizar a centralidade do trabalho na agenda pública, fomentando políticas de regulação do trabalho e de valorização do salário mínimo, que deverão ser priorizadas pelos formuladores de políticas tendo em vista a promoção e o fortalecimento da cidadania; (4) implementar mecanismos rigorosos de regulamentação da economia digital protagonizada 5

Deste montante, 16% apontam que sua renda total deriva do uso de aplicativos, ao passo que 15% destacam que os aplicativos são responsáveis por metade dos seus ganhos (Guimarães, 2021).

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pelas Big Techs, que se apropriaram do poder político, pois tais corporações digitais possuem receitas e ações em bolsa de valores que superam o PIB de diversos Estados nacionais; (5) as medidas acima somente serão exequíveis a partir da edificação de uma ampla coalizão política progressista e democrática. Ela deverá ser capaz de materializar o investimento público em infraestrutura, revogar as reformas regressivas que constitucionalizaram a austeridade e suprimiram direitos históricos dos trabalhadores como legados institucionais do governo de Getúlio Vargas, nos anos 1930. A regulação é um imperativo para evitar a selvageria do mercado, a primazia da lei do mais forte e do moinho satânico do mercado autorregulável que tritura a sociedade, na chave teórico-metodológica, conceitual e analítica de Polanyi (2000). Esta reflexão, portanto, não aborda as tecnologias sob uma ótica pejorativa, mas adota uma visão fundamentalmente crítica acerca de seus efeitos e profundas implicações socioeconômicas. Finalmente, o cenário atual, marcado pela acelerada digitalização econômica e mobilidade do capital financeiro global, assinala uma “grande transição”, isto é, uma ruptura da era instaurada pelo Renascimento e o advento de uma nova era cujos desdobramentos são imprevistos e incertos (Abranches, 2017, pp. 122-123). As maiores vítimas dessa fluidez e incerteza são os trabalhadores, cujos direitos são sistematicamente atacados e vilipendiados.

Referências Abranches, S. (2017), A Era do Imprevisto: a grande transição do século XXI. São Paulo: Companhia das Letras.

Castells, M. (1999), A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra.

Candido, M. (2021), Patrão de bolso. Uol. Disponível em: https://www.uol.com.br/ ecoa/reportagens-especiais/trabalho-patrao-de-bolso/ Canzian, F. (2021), Programa bilionário para treinar jovens, não aumentou emprego. Folha de S. Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/programa-bilionario-para-treinar-jovens-nao-aumentou-emprego.shtml CESIT y UNICAMP. (2021), Nota Técnica sobre a Medida Provisória 1045/2021, 16 de Agosto. Disponível em: https://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2021/08/NOTA-TECNICA-ADEQUADA-A-VOTACAO-DA-CaMARA.pdf DIEESE. (2021), “Em outubro, custo da cesta aumenta em 16 cidades”, Nota à Imprensa, 05 de Novembro. Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2021/202110cestabasica.pdf Galindo, C. (2017), Quando as empresas são mais poderosas que os países. El País Brasil. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/03/economia/1509714366_037336.html 57

Guimarães, F. (2021), Brasileiro depende mais de aplicativos para ter renda. O Estado de S. Paulo. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/ geral,brasileiro-depende-mais-de-aplicativos-para-ter-renda,70003678197 IBGE. (2021), Inflação acelera para 1,25% em outubro, maior para o mês desde 2002. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32154-inflacao-acelera-para-1-25em-outubro-maior-para-o-mes-desde-2002 Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. (2021), Big Techs e os desafios atuais para a luta de classes, Dossiê n. 46, 01 de Novembro. Disponível em: https:// thetricontinental.org/pt-pt/dossier-46-big-tech/ Idoeta, P. (2021), Como pobreza agrava tragédia ‘invisível’ de acidentes com queimaduras no Brasil. BBC Brasil. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59018221 Lei n. 13.467, de 13 de Julho de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm Morozov, E. (2018), Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu Editora.

Milanović, B. (2017). A desigualdade no mundo: uma nova abordagem para a era da globalização. Lisboa: Editora Actual.

Pérez, G. y Aranda, J. (2021). Pandemia faz as maiores fortunas do planeta dispararem. El País. Disponível em: https://brasil.elpais.com/economia/2021-01-01/pandemia-faz-as-maiores-fortunas-do-planeta-dispararem. html Polanyi, K. (2000), A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro: Campus.

Praun, L. y Antunes, R. (2020), “A demolição dos direitos do trabalho na era do capitalismo informacional-digital” In Ricardo Antunes (Org.), Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0. São Paulo: Boitempo.

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