LA AMENAZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO: UN NEGOCIO LUCRATIVO

Nota económica

Fuente foto: diarioenfermero.es

Ante la amenaza del cambio climático, comprobada científicamente, en el marco del Tratado de Kioto, desde hace dos décadas representantes de 193 países han discutido y aprobado mecanismos y metas para reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) y otros gases que producen el efecto invernadero (GEI), es decir, que elevan la temperatura media de la atmósfera y de los mares del planeta.

Un incremento global de sólo dos grados centígrados provocará desplazamientos masivos de la población, por la desertización, inundaciones y efectos negativos sobre la agricultura, con la consiguiente hambruna.

Las responsabilidades

En todos los foros, para determinar las responsabilidades, se tienen en cuenta los países que más emiten GEI, que son en su orden son China, Estados Unidos, Rusia, India, Japón, Alemania, Canadá y Reino Unido.

Pero es más preciso clasificar los países por sus emisiones per cápita, en el que el ranking lo encabezan de lejos Estados Unidos, Australia, Canadá y Arabia Saudita, seguidos por Alemania, Japón, Corea y Reino Unido, clasificación que indica proporcionalmente un mayor nivel de consumo y de actividades contaminantes, clasificación que deja a China en un lejano décimo noveno lugar.

Teniendo en cuenta que la crisis por emisiones de GEI es resultado histórico de un proceso en el que suman las expansiones industriales de Europa, Japón y Estados Unidos, acumulando dióxido de carbono y destruyendo bosques y selvas, hay consenso en que les cabe mayor responsabilidad

en la crisis global, y por lo tanto deben aportar más al control de las emisiones.

Paralelamente, las actividades económicas que mundialmente son causa de mayores emisiones son la producción de energía a partir de combustibles fósiles, que aporta una cuarta parte; los cambios de uso del suelo, que causan una quinta parte; y el transporte mediante vehículos movidos con gasolina y ACPM, que emite un sexto, y la industria manufacturera propiamente dicha que apenas emite una sexta parte.

Llama la atención, aparte la incidencia de combustibles fósiles, figure como causa de primer orden en la emisión de GEI los cambios en el uso del suelo. Este ítem se refiere a la deforestación con fines agrícolas y urbanización y a la tala, así ésta se pretenda compensar con la siembra de nuevos árboles, pues la siembra durará décadas antes de llegar a la capacidad de captura del carbono del bosque original. No sobra subrayar que la acumulación de GEI no sólo obedece a su continua y creciente emisión, si no a la incapacidad de bosques y selvas para absorber el exceso.

Soluciones aparentes

En el anterior marco, los países con mayor responsabilidad han sido renuentes a tomar medidas de fondo y el último golpe a las metas anunciadas fue que Donald Trump anunció, recién posesionado, el retiro de su país de todos los compromisos, arguyendo, de una parte, que el fenómeno no existe y, de otra, que defenderá los puestos de trabajo en la potencia del Norte afectados por decisiones en pro del ambiente, dada su profunda crisis económica.

En contraste, los ojos se dirigen a los países del trópico, a quienes se les endilga la responsabilidad

de cuidar sus selvas y bosques, para todo el planeta, mientras las fotos satelitales muestran una Europa sin bosques, y todos los índices muestran a Estados Unidos como el mayor responsable de la emisión. Además, a los ecuatoriales se les pretende cargar el costo del llamado desarrollo sostenible.

Pero el “apoyo” al tercer mundo para que cuide bosques y selvas, y reduzca emisiones, no es gratuito. El mecanismo por excelencia aprobado en los foros es el de emitir bonos (verdes, de carbono y del clima) como instrumentos para financiar proyectos amigables con el clima, privados o estatales, pero que tienen, entre otros, los siguientes inconvenientes:

I. Los creadores del Bono, es decir, los empresarios que presentan un proyecto, deben tener de entrada un capital significativo, porque, aparte de los costos de elaborar el proyecto, deben obtener el aval de un organismo especializado que verifica en últimas la tasa de retorno del capital y cuyo costo mínimo. Para el caso de los bonos del clima, es de US$150.000. Así, sólo cumplirían los requisitos para ser beneficiarios empresas estatales y grandes empresas. En países como Colombia están descartados de la financiación la mayoría de micro, pequeñas y aún medianas empresas. II. Los adquirentes del bono, las entidades financieras, tienen el objetivo de obtener ganancias, lo que implica que, en principio, el emisor queda atado a unos plazos e intereses inmodificables, demasiado altos para las condiciones actuales de los mercados financieros del mundo1 . Por ejemplo, una consecuencia es que el creador no puede redimirlo anticipadamente, aun cuando tenga cómo pagar, como ha sucedido con algunos proyectos en empresas de servicios públicos municipales en Colombia.

III. Los bonos de carbono finalmente son adquiridos por los países más industrializados o por grandes industrias, con lo que compran el cupo de emisión de CO 22, es decir que adquieren la facultad de emitir lo que se dejó de emitir en el proyecto financiado.

IV. Los bonos pueden terminar financiando inclusive proyectos perjudiciales. Así, debajo de muchos proyectos de reforestación se esconde inclusive la tala masiva de bosques nativos, en los que lo sembrado requerirá décadas para recuperar la capacidad de absorción de carbono de lo talado.

1 https://latin.tradingfloor.com/articulos/tasas-de-interes-negativas-masque-una-curiosidad-una-tendencia-7643773. 2 http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf

El cuidado del clima se ha convertido en otro negocio financiero, precisamente porque después de la crisis del 2008 hay muchos capitales cesantes que buscan desesperadamente espacios de inversión. Además, la fórmula parece fallida, pues las causas del cambio climático siguen creciendo.

¿Qué sucede en Colombia?

Las emisiones de Colombia han crecido el 15% en los últimas dos décadas, pero ocupa apenas el puesto 40 entre todos los países. Ha pasado de generar el 0,37 % en 2006 a 0,42 % en 2016, lo que de entrada significa un aporte bajo, dado que el país, con sus 1’138.910 Km2, es el vigésimo sexto en superficie. Según el informe Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero del Ideam y el PNUD . Las actividades que más emiten en Colombia son:

I. Emisiones producto de la fabricación y quema de combustibles fósiles (por ejemplo, el transporte): 44% de las emisiones totales del país.

II. Emisiones producto de las actividades agropecuarias y de cambios en los usos del suelo: 43%.

III. Emisiones producto de la disposición de los residuos sólidos y líquidos: 8%. IV. Emisiones producto de los procesos industriales 5%.

El rápido incremento de nuestras emisiones obedece a la permisión e inclusive impulso de actividades contaminantes. Quizá la más grave es el cambio de uso del suelo mediante concesiones mineras, y la destinación de áreas de selva y bosque a explotaciones agrícolas de plantación con la Ley Zidres, en el marco del dramático proceso de reprimarización de la economía. En esto incide necesariamente el decaimiento de la agricultura nacional con la importación de 13 millones de toneladas al abrigo de los acuerdos comerciales, lo que empuja a muchos campesinos arruinados hacia los cultivos ilícitos en selvas y bosques. También es causa relevante la avalancha de vehículos movidos por combustibles fósiles, en vez de desarrollar medios de transporte urbano colectivo menos contaminantes, como los metros, y la decisión política de privilegiar el transporte por carretera en vez del ferrocarril.

A esto debe sumarse la observación del relativamente bajo aporte de nuestros procesos industriales, que desde 1990 vienen reduciendo dramáticamente su aporte al PIB.