LAS PYMES Y LA REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA

Representación gremial

Por. Dra. Rosmery Quintero Presidente Nacional de Acopi

En el último informe de nuestra Encuesta de desempeño Empresarial, que recoge la percepción de los empresarios referente a los aspectos más importantes del comportamiento de su empresa durante el periodo de abril a junio del presente año, nos dimos a la tarea de consultarlos sobre cuál es el tema que más le preocupa para lo que resta del 2018.

En los resultados se observa que la primera preocupación es la falta de demanda con 18%, seguido por la complejidad normativa con 15% y la incertidumbre tributaria con 12%. Aunque los principales indicadores de la economía están mostrando serios indicios de recuperación y buen desempeño, es claro que los empresarios se mantienen alerta ante cualquier revés que esta situación pueda traer; lo que podría causar una contracción en sus empresas mayor a la observada durante el año anterior.

Ahora bien, la inestabilidad en la demanda es un tema que atañe al ciclo económico regular que viven todos los países, por lo cual, es probable que con el correr de los meses y si se mantiene la buena tendencia de los indicadores (en especial el consumo), esta situación se supere. Sin embargo, la complejidad normativa y la incertidumbre tributaria, conjuran un problema que sí afecta la estabilidad de la economía en el largo plazo, teniendo en cuenta que su resultado lógico es un entorno de menor competitividad.

El tema es tan profundo, que según el último Índice de Cumplimiento Regulatorio, editado por World Justice Project, Colombia se ubica en el puesto 72 de 113 naciones estudiadas, esto es debido a la gran cantidad de regulaciones que se emiten en nuestro país. A este respecto, el DNP estima que entre los años 2000 y 2016, se emitieron diariamente 15.4 normatividades, 2.8 decretos, 11.2 resoluciones y 0.3 circulares, para un total de 94.748 regulaciones emitidas en tan solo 16 años.

Esa gran producción legislativa, resulta aún más preocupante si tenemos en cuenta que el 57% de los decretos emitidos son insustanciales, mientras que por el lado de las resoluciones el numero aumenta hasta el 61%. Esto quiere decir que más de la mitad de las regulaciones de esos 16 año no tuvo una utilidad palpable o fue inconveniente. Esto redunda en mayores costos de tiempo y dinero para los empresarios, que se ven envueltos en una maraña de requisitos que complican su día a día y les impide concentrarse en el desarrollo de su empresa.

Solo basta con tomar una regulación como las Normas Internacional de Información Financiera -NIIF-, de las cuales se dijo que tenían por objetivo mejorar la gestión de información contable y financiera de las empresas.

El caso de las NIIF

El 13 de julio de 2009 se publica la Ley 1314, “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia”. Ya para 2013 se emite el Decreto 3022 por medio del cual se reglamentan los requisitos que deben seguir las mipymes para la implementación de las NIIF.

Años después de la emisión de estas normativas, el panorama para las empresas no es muy alentador. Temas como la poca claridad en los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la forma de clasificación de las entidades, las diferencias entre las normas internacionales y las adoptadas por Colombia, así como el cronograma de aplicación, han generado confusiones en los empresarios, lo que ha generado pérdidas en productividad, así como sanciones de tipo legal y pecuniarias.

Es claro que para las mipymes la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera fue un proceso que no logró el objetivo inicialmente trazado, el cual era conseguir que la información financiera se conformara como una herramienta gerencial para la toma de decisiones, utilizando para ellos unas políticas contables ajustables para cada empresa, según sus objetivos empresariales, económicos y societarios. Estas políticas servirían para revelar a todos los interesados la realidad financiera de la empresa, dado que solo se podrían incluir en estos estados financieros los activos productivos relacionados con el objeto social.

Las NIIF son solo uno de los muchos casos en los que el afán de regular y reformar terminó por ensombrecer más el ya difícil entorno empresarial del país, en el cual los empresarios se sienten más perseguidos que apoyados por el gobierno central. Esto termina por afectar el desempeño general del país, que durante los últimos años no ha presentado un crecimiento en PIB significativo.

Es por ello que desde nuestro gremio defendemos el proceso de mejora normativa propuesto por el CONPES 3816 de 2014, dado que es necesario que Colombia cuente con un sistema regulatorio que priorice la capacidad de las empresas, y que no grave de forma desproporcionada a las mismas por cuenta de una horizontalidad legislativa mal interpretada y poco equitativa.

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, la reducción de la carga administrativa podría reducir los costos empresariales. En particular, si un gobierno tiene éxito en eliminar por lo menos el 25% del costo de la carga administrativa y en simplificar la mayoría de lo que resta, los impactos económicos podrían ser enormes, como, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto podría aumentar

entre el 1% y 3%. Al respecto, la Oficina Holandesa para el Análisis de Política Económica estima que una reducción del 25% en los costos de las cargas administrativas, llevaría a un aumento de 1,7% del PIB en Europa.

Teniendo claros los beneficios que conlleva una reducción significativa del sistema normativo, entendemos mejor lo costoso que resulta tener tantas leyes y regulaciones. Sin embargo, lo más preocupante es la poca representación que las mipymes están teniendo frente a los hacedores de leyes, que no tienen en cuenta sus necesidades ni capacidades, terminando por emitir actos legislativos que solo pueden ser cumplidos por la gran empresa, debido a que cuenta con un aparato administrativo más robusto que el de las primeras.

La Comisión Accidental de Mipymes

Dado lo antes mencionado, es claro que en seno del ente legislativo más importante de nuestro país, el Senado de la Republica, no existía un organismo que se tomara el tiempo de analizar la legislación antes de ser emitida, ni que aplicara Análisis de Impacto Normativo (como lo aconseja el CONPES 3816) a la misma; el resultado ya lo hemos explicado antes.

Tomando como base la experiencia de Perú, donde las empresas MIPES, cuentan con una comisión permanente dentro del Senado, que vela por el ajuste legislativo que la regulación empresarial requiere; Acopi, junto con el distinguido Senador Efraín Cepeda, desarrolló un trabajo en la última legislatura que permitió la creación de la Comisión Accidental de Mipymes.

La comisión antes mencionada tiene por objetivos:

• Realizar labores de control político sobre el diseño e implementación de planes, políticas, acciones y demás actividades del Gobierno Nacional para la promoción de un marco normativo y de políticas públicas que favorezcan las pymes.

• Evaluar el marco regulatorio, así como estudiar y formular propuestas normativas de mejora y simplificación normativa y de tramites que faciliten la gestión y el desarrollo para el segmento de las pymes.

• Discusión y concertación de políticas públicas diferenciales para las pymes.

La creación de este organismo es solo el primer paso de un camino en el que pretendemos mejorar el entorno empresarial de las mipymes del país, con ello aumentar su productividad y su inserción a las cadenas globales de valor. Esperamos que la comisión se convierta en un escenario en el que se escuche a los empresarios y se generen las políticas diferenciales que ellos requieren para mejorar el desempeño económico del segmento empresarial que más empleo genera.