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Opinión
Valencia, 18 de julio 2013
PROPUESTA MINISTERIAL Con la designación de la Almirante en Jefe Carmen Meléndez al frente del Ministerio de la Defensa creemos se abre una oportunidad de diálogo en el sector no de los mayores desafíos que tiene Venezuela en los actuales momentos es el de encontrar mecanismos de diálogo entre el gobierno y los sectores opositores, críticos y disidentes, para despolarizar el país. Se hace daño a la sociedad en su conjunto sin espacios de diálogo entre las partes que aspiran representar una Nación. La labor de las ONG que tienen entre sus objetivos la promoción de la democracia y la ROCÍO SAN defensa de los dereMIGUEL chos humanos se inscribe naturalmente en el sector crítico de una sociedad.
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Es simple. Cuando son independientes y hacen el honor de ser auténticamente "no gubernamentales" no pueden constituirse en instituciones creadas para la propagada política de un gobierno sino para la denuncia permanente de las políticas públicas, hechos o sucesos, que no se alinean con la ley y los principios de la democracia. Desde Control Ciudadano hemos intentado trabajar por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN) bajo cinco principios: Democracia, Derechos Humanos, Transparencia, Participación, Estado de Derecho. El precio ha sido muy alto y a pesar de la amenaza permanente por nuestra labor
apostamos sin rencor a un dialogo mínimo con el poder, que permita avanzar en estos temas vitales y del mayor interés nacional. Con la designación de la Almirante en Jefe Carmen Meléndez al frente del Ministerio de la Defensa creemos se abre una oportunidad de diálogo en el sector. Ojalá no nos equivoquemos. Por lo pronto, como un gesto de buena fe, colocamos sobre la mesa 10 líneas programáticas de discusión para intentar iniciarlo: 1. ¿Cómo optimizar los procesos de profesionalización de los miembros de la FAN? 2. ¿Cómo garantizar de manera permanente a la Nación el apresto operacional de su FAN? 3. ¿Cómo alcanzar un nivel digno de bienestar social para la familia militar venezolana? 4. ¿Cómo orientar la participación eficaz de la FAN en el desarrollo nacional? 5. ¿Cómo garantizar eficazmente la defensa militar de la integridad
Parroquia Miguel Peña
CÉSAR MONTÚFAR
CAMBIAR SU NOMBRE NO RESUELVE EL PROBLEMA
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rociosm@cantv.net
EXPORTACIONES FICTICIAS
| CAMINANDO CON CARLOS LOZANO |
n grupo oficialista del Concejo Municipal de Valencia propone cambiar el nombre de la parroquia Miguel Peña por el de Hugo Chávez. Flaco homenaje que esos chavistas quieren hacerle a una parroquia que así como ha crecido desmesuradamente, al punto que perfectamente podría ser convertida en municipio, también ha tenido muy mala suerte con las diversas gestiones municipales. Fidel Castro advirtió CARLOS una vez a Hugo Chávez LOZANO que no podía ser el conserje de Venezuela, en el sentido de que era imposible que se ocupara de todo, en un Gobierno debe haber hombres y mujeres en todos los niveles, cercanos a la ideología y propuestas del líder nacional si usted quiere -decisión electoral, en cualquier caso, capaces de poner en ejecución adecuada los planes de Gobierno, desde los nacionales e internacionales, hasta los parroquiales. Hay que reconocer que el chavismo carabobeño no ha tenido esa organización, y en consecuencia tampoco los vecinos de parroquias densamente populares de Valencia como Miguel Peña. Miguel Peña es un ejemplo de permanente descuido oficial, pero también una gran oportunidad para un alcalde -y un gobernador, y un Concejo
territorial? 6. Debatir sobre la pertinencia de incorporar la FAN en misiones de Paz de la ONU y en ejercicios militares combinados y otras actividades derivadas de los acuerdos regionales de integración de los que forme parte el país 7. Disposición del gobierno a despartidizar la institución y subordinar el poder militar al control democrático y al poder civil. 8. Necesidad de asignar la defensa militar de la Nación y el monopolio de las armas a la exclusiva responsabilidad de la FAN. 9. Abrir el debate sobre la constitucionalidad de la llamada milicia nacional bolivariana y dar la oportunidad a sus miembros del ingreso a la Fuerza Armada Nacional. 10. Adelantar la reformar del sistema de justicia militar. Un diálogo inaplazable en el que las ONG queremos y tenemos derecho a participar.
Municipal- realmente dispuesto a trabajar en beneficio de los ciudadanos, para impulsar y desarrollar planes de ordenamiento urbano, de gestión de servicios públicos, de mejoramiento de vivienda, de servicios de aguas negras y blancas. Conozco a la comunidad de Miguel Peña -a las comunidades, en realidad, es una parroquia muy grande- y me consta que tienen la voluntad de mejorar, de participar activamente en las soluciones para sus múltiples necesidades. Un alcalde y un Concejo Municipal que realmente quieran dejar huella, deberían poder diseñar y liderar un gran programa sincronizado con el Gobierno regional y con los ministerios de mejoramiento habitacional, eléctrico, hidráulico, educativo, vial y de seguridad ciudadana. Proponer el nombre de Hugo Chávez para sustituir el de Miguel Peña es sólo una iniciativa de adulación que ningún favor hace a Chávez, que ya no está, y en cambio ofende a los miles de vecinos de Miguel Peña, porque su problema no es el nombre sino que se les dé un eficaz y permanente tratamiento estratégico ciudadano. Vendrán tiempos mejores. Carlos@carloslozano.com Facebook: caminandoconcarlos@gmail.com *Versión editada
na rigurosa investigación de EL COMERCIO publicada el domingo pasado reporta sobre el crecimiento de transacciones ficticias entre Ecuador y Venezuela. Llama la atención que el tema haya tenido poco impacto en la opinión pública, no solo por la gravedad de lo denunciado, sino por las ramificaciones que pudiera tener, incluso, en la propia sustentabilidad de la dolarización. El reportaje menciona decenas de empresas ecuatorianas que habrían sido parte de un esquema bien montado de lavado de activos. Gran parte de ellas fueron creadas y desaparecieron inmediatamente después de haber realizado las exportaciones falsas. Se denuncia también el descubrimiento de contenedores vacíos y de exportaciones de productos que nuestro país no produce o no tiene capacidad de exportar. Prestanombres, domicilios inexistentes, sub y sobre facturaciones, evasión tributaria, etc. son otras irregularidades detectadas. Solo para tener una idea de lo que estamos hablando, el reportaje menciona que mientras en 2010 se recibieron cerca de 7 millones de dólares por este concepto, en 2012 esta cifra creció 120 veces alcanzando 910 millones. Se trata de un negocio ilegal floreciente. Lo más preocupante es que todo este esquema delictivo utilice el llamado Sistema Único de Compensación Regional -Sucre-, mecanismo creado en julio de 2010 entre los países de Alba (Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua y otros) para promover
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el comercio intrarregional. El problema se agrava por las restricciones existentes para sacar divisas desde Venezuela y la posibilidad que desde ese país se utilice al Sucre como fachada para enviar dinero mal habido, constituyéndose un esquema internacional de lavado de activos. El tema, entonces, rebasa lo comercial o financiero. Analistas internacionales refieren que este esquema podría estar siendo usado por países como Irán para evadir las prohibiciones internacionales que enfrenta. Si esto llegara a comprobarse, las complicaciones internacionales para nuestro país serían incalculables. Un país dolarizado no puede darse el lujo de dejar dudas de este tipo ante la comunidad internacional. En las últimas semanas, la política exterior del Ecuador se ha visto empañada por malos manejos. La errática participación de nuestra diplomacia en el caso Snowden pone en entredicho nuestra seriedad internacional. Este nuevo caso no hace más que profundizar la incertidumbre sobre la conveniencia de que el país insista en aupar iniciativas que como el Sucre se iniciaron con grandes auspicios retóricos pero que puestas en práctica pueden meternos en líos monumentales. La Fiscalía y el SRI están sobre la pista pero aún no hay responsables. Las autoridades ecuatorianas a cargo del Sucre también están obligadas a dar una explicación. www.elcomercio.com - Ecuador