edición
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Órgano Informativo CUT Antioquia ISSN 1900 - 1843 - Medellín, Agosto del 2021 - Edición 133
Comite Ejecutivo CUT Antioquia Jaime Montoya
Direccion de la revista
Esteban Gulfo Romero
LAZOS DE UNIDAD
Presidente
Vicepresidente
Danilo Pulgarín Henao Secretario
Comité editorial
Manuel Ignacio Vaca Tesorera
Pedro Pablo Barbosa Fiscal
María Rosalba Vasco Dir. Dpto Comunicaciones
Germán de Jesús Marín Dir. Dpto DD.HH y Solidaridad
Jaime Montoya
Danilo Pulgarín
Claudia Arboleda
Fernando Pérez
Rosalba Vasco
José J. Vásquez
Deivis Norberto Correa
Dir. Dpto Seguridad Social y Salud en el Trabajo
Fernando Alcides Pérez Dir. Dpto Educación
Rita Patricia Callejas Dir. Dpto de la Mujer
Never Ortíz Palacio
Dir. Dpto de la Juventud y Menor Trabajador
Gilberto Torres Espitia Dir. Dpto Organización
Rosa América Peñaloza Dir. Dpto Relacionales Laborales
Nestor Darío Monsalve C.
Dir. Dpto Asuntos Relacionados con las Multinacionales
Román Montoya Pérez.
Dir. Dpto de Relaciones con Sectores Sociales
Comision de quejas y reclamos
Diseño y diagramación: Yamid López
CUT ANTIOQUIA Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Antioquia
Contenido No más privatizaciones Jaime Montoya - Presidente CUT Antioquia
Con UNE, más vale pájaro en mano Diana Franco
50 años de especulación y saqueo Carlos Julio Díaz
Deuda con la Constitución Bethoven Herraera
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¿Derecho a la burka y a la Moisés Wasserman seudociencia?
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Foro Comunicaciones CUT Antioquia
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En contra del interés nacional José Arlex Arias y Alirio Salazar
Apoyo a Sintrainagro CUT Nacional
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Ley 2101 de 2021, una reinvindicación 22 CUT Nacional gradual
Editorial
¡No más privatizaciones! En las condiciones del crédito, como en los contratos, está el detalle. Se tendrá que pagar en menos de dos años. ¿De dónde sacará 14 billones Ecopetrol en tan corto tiempo? Vendiendo el 8.5% de las acciones que tienen permitido enajenar. con esta venta, Ecopetrol llegaría a tener el 20% en manos de privados. Y ese 20% en manos privadas, entre las que están JP Morgan y los fondos privados de pensiones, son las que se harían al 51.4% de ISA. 10% de regalo. Pésimo negocio.
Jaime Montoya Presidente
Estamos en una avalancha privatizadora en Colombia. Duque quiere privatizar las electricadoras regionales, ISA, un pedazo de Ecopetrol y el Fondo Nacional del Ahorro y Daniel Quintero la mitad de UNE que aún tenemos como propiedad de Medellín. En las dos, como no, se proponen vender las empresas con nes nobles. Nada más lejos de la realidad. Veamos: Negocio ISA – Ecopetrol. Ya he hablado bastante del tema, pero en resumen es una privatización disfrazada. Después de la caída de la reforma tributaria y el aumento del precio del petróleo, Ecopetrol logró un mega crédito, y ultra rápido por lo que se vio, de 4 mil millones de dólares con la banca internacional (https://bit.ly/3sL9fr1) Con estos ingresos, más recursos propios, la petrolera se haría al 51.4% de las acciones de ISA que controla el Estado.
Electricadoras regionales. Las electricadoras, que traen benecios a la sociedad especialmente a los departamentos, no son foco de la prensa nacional, pero también están en la mira del Gobierno Nacional. Las electricadoras son: Huila, Nariño, Caquetá, Cauca, Putumayo, Meta y las termoeléctrica Gecelca y la hidroeléctrica Urra 1, ubicadas en Córdoba. En este caso, no habría un acuerdo interadministrativo si no un proceso de privatización regular por medio de la ley 226. Además de las electricadoras que quedarán en manos de los privados con las conocidas consecuencias de aumento de tarifas, poca inversión en infraestructura y ausencia de regalías para el Estado y los municipios, Emcali quiere entrar a participar. Según el sindicato, se conformó el proyecto Fénix: una empresa de economía mixta, con participación de EMCALI, un socio nacional y tres internacionales, para quedarse, es lo que se sabe, con la electricadora de Nariño. El control sería de los privados, aunque la mayoría accionaria sería de EMCALI. Un mal negocio para las electricadoras y la empresa pública de los caleños. Fondo Nacional del Ahorro Fue una buena idea. Una empresa social y
Editorial
Jaime Montoya
comercial del Estado que tomaba las cesantías y pensiones de los trabajadores colombianos y, apalancados por el Gobierno Nacional, prestaba los recursos para comprar casa. Servía como medida contra cíclica y ayudaba a las familias a cumplir un importante objetivo. Con la Ley 1873 de 2017 y con el Decreto 492 de 2020 descapitalizó el FNA en 500 mil millones de pesos (https://bit.ly/3mv8wJi). Su servicio empeoró a tal punto que las constructoras no querían trabajar con el Fondo. En el Gobierno Duque, el ministro de Vivienda, recordado por hacer plagio en su tesis doctoral (https://bit.ly/3mA9NPg), presentó la ley de “Vivienda” dónde cambiaría la naturaleza jurídica del Fondo. Pasar de Empresa Industrial del Estado a sociedad mixta por acciones. Con este pequeño cambio, empezó la privatización de Ecopetrol e ISA. Es una lamentable perdida para las personas y su objetivo de conseguir casa.
Presidente
Une – Millicom Esta privatización tiene tres puntos y dos muy importante.
En el 2004, se escinden las telecomunicaciones de EPM y se crea la empresa UNE, 100% pública. En el 2014, Aníbal Gaviria decide “fusionar” la empresa con la multinacional sueca, con sede en un paraíso scal, Millicom. Medellín tendría el 50% + 1 acción, pero el control lo compró la empresa extranjera por 150 millones de dólares. La fusión se hizo con mentiras y el balance no p u e d e s e r p e o r. A q u í l o e x p l i q u e . (https://bit.ly/3bP8zJR). Sin embargo, la Alcaldía pretende vender el 50% restante. El Ebitda es bueno, la empresa cuenta con respaldo de EPM y, en plena pandemia, las telecomunicaciones se convirtieron en un servicio esencial para el Estado. La empresa, a pesar de la mala prensa, tiene un mercado importante y podría ascender. Hay que defenderla. Las privatizaciones han sido un fracaso en Colombia. Desde el 90 se vendieron las empresas del Estado a multinacionales (TELECOM, ISAGEN, PAZ DEL RÍO, ETC) y las condiciones de los ciudadanos no mejoraron. ¡No más privatizaciones!
Con UNE, más vale pájaro en mano Por: Diana María Franco Vasco Historiadora Universidad Nacional de Colombia, Especialista en gerencia y gestión cultural de la universidad del Rosario.
en el 2014, el hermano del actual Alcalde, Miguel Quintero, entonces concejal, pidió de rodillas a sus colegas no aprobar la fusión con Millicom. Incluso, llegó a poner una corona en el recinto haciendo alusión a las facultades que pedía el entonces burgomaestre, Aníbal Gaviria. Hoy, su hermano, el independiente, pide autorización para la venta total de la empresa a la multinacional sueca. Los anti privatizadores Quintero la llevaron más lejos. El entonces presidente de UNE, Marc Eichman, defendió la fusión con argumentos mentirosos y lo sabía, así como lo hacen hoy. Veamos: El negocio de las telecomunicaciones es riesgoso por las altas inversiones que necesita y evitar futuras exigencias de capital Es cierto que el sector requiere inversiones constantes por los cambios permanentes en tecnología. Sin embargo, UNE lo ha hecho. Es más, según declaraciones de su presidente, Marcelo Cataldo, en el periódico El Colombiano, se han invertido 7 billones de pesos durante 7 años, especialmente en 4g. ¡Un billón al año! (https://bit.ly/3xENRV4) La fusión se hizo para dividir las inversiones. ¿Por qué se pedirían nuevas inversiones si ya se han
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hecho, incluso para tecnología 5g? Para la fusión, pronosticaron el marchitamiento de la telefonía ja frente al móvil. No había tal, ni lo habrá. Son complementarias. (https://bit.ly/3bP8zJR) Por los cables coaxiales pasa el internet jo, parte fundamental del negocio de UNE. Durante los 7 años de la fusión, son los negocios de “cable” como los conocen en las cuentas de la empresa, los que más ingresos registran. Y es, precisamente, el negocio de internet jo y televisión por cable la experticia de UNE. (https://bit.ly/3iSmZgc). Reorientar los recursos invertidos en UNE a iniciativas que sean gestionadas por EPM y hagan parte de sus negocios estratégicos. Este argumento es, también, bastante débil. Hace parte de una directriz orientada en el 2017 desde la rma consultora McKinsey y en el 2018 por la consultora internacional Oliver Wyman. (https://bit.ly/2VXBHdg). ¿Por qué rmas internacionales denen el futuro de nuestra empresa municipal? ¿Y el know how de EPM? Las proyecciones son, a nuestro juicio, mal diseñadas. El negocio UNE es estratégico para la ciudad. El internet fue considerado un como un servicio esencial, con tarifas asequibles y competitivas según la modicación a la ley 1341 de 2009. Dice el articulado: “con tarifas asequibles y competitivas, con independencia de la localización geográca y que en estados de excepción y emergencia sanitaria exista un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos para
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los usuarios“. ¿Es posible cumplir con esta exigencia de ley con una empresa privada, en un país donde la penetración del internet móvil es del 99% prepagada? De igual manera, en el Plan de Desarrollo de Daniel Quintero se prevé una fuerte inversión en bra óptica o red neutra para avanzar en la ciudad inteligente y valle del software, que llegue a las 500 megabits para familias y empresas (https://bit.ly/3yVZaJP). Construimos la carretera, pero los privados la aprovechan. Quintero no es tan buen negociante como nuestros ancestros antioqueños. El internet conmutado tiene tan solo una penetración del 25% en Medellín. ¡75% para crecer! Lo que existe es potencial en un negocio que, aupado por la pandemia, se volvió prioridad para la sociedad y las empresas. Si buscan liquidez para Hidroituango, ¿por qué no se deshacen de los malos negocios de EPM en Antofagasta, o de la aseguradora Maxseguros o Proinmobiliaria que nada tiene que ver con su objeto social? Es más, sí la nueva intención del grupo es invertir recursos en activos estratégicos ¿cómo explican que el Alcalde de Medellín pidiera facultades extraordinarias, en plena pandemia y con la contingencia de Hidroituango, para ampliar el objeto social de la compañía? Oportunidad para ejercer el derecho de salida: generar interés para que un mayor número de inversionistas participen en el proceso. No habrá mayor número de inversionistas en el proceso. Según la ley 226 los primeros compradores pueden ser las asociaciones de trabajadores o fondos públicos, que no invierten en el negocio de las telecomunicaciones y según el proceso presentado por EPM, y la leonina cláusula Draga Alone que rmó el entonces Alcalde Aníbal Gaviria, Millicom tiene prioridad sobre la compra de las acciones[1]. Blanco es gallina lo pone. ¿A dónde irán a para los recursos? De verdad nadie lo sabe y es muy difícil creer en la administración Quintero. El primer destino de los recursos era el Plan joven para la reactivación económica (https://bit.ly/3k0U8FH), ahora, según EPM, para apalancar las inversiones de 11,6 billones de pesos que necesita la nalización, necesaria por supuesto, de Hidroituango. UNE, a pesar del mal negocio de la “fusión para crecer” y de la mala prensa que se le da desde la administración Quintero (el concejal Alex Flórez
Movilización de la CUT en defensa del patrimonio
llegó a decir que era una “silla que no genera ninguna utilidad” (https://bit.ly/37U3X2O), no registra pérdidas para el municipio, aumentó su margen Ebitda del 25% al 33% desde el 2015 y se posiciona como la segunda empresa en líneas de acceso e ingresos de internet y telefonía ja, después de la ultra poderosa Claro. Medellín debe tener participación en la empresa de telecomunicaciones por su importancia para la construcción de ciudades inteligentes, la mayoría de la infraestructura ha sido construido por el municipio y los ejemplos en el mundo así lo indican: Alemania, Francia, Bélgica, Australia, Suiza, Suecia, Japón y Brasil. Uruguay es el país con mayor velocidad en navegación y a menor precio. La empresa ANTEL, es 100% pública. UNE podría estar entre las empresas de telecomunicaciones más poderosas del país, incluso podría entregarle en el corto plazo utilidades al municipio, pero las malas administraciones la tienen en un lugar del que debe salir y a la ciudad con una deuda pública que alcanza los 1.9 billones, equivalente al 70% de sus ingresos corrientes. La fusión nos dejó en una posición desventajosa en la empresa, pero aún poseemos el 50% de las acciones. Lo mejor sería comprar la totalidad de UNE, aunque por las dicultades nancieras y legales no se puede. Pero hay tiempo. Como dicen nuestros ancestros: arrieros somos y en el camino nos encontramos. Tenemos un pedazo, es mejor que nada.
Honor a
JAIME RIOS Dirigente nacional de Sintraintabaco
50 años de especulación y saqueo nos tienen ad portas de una catástrofe social y humanitaria Por: Carlos Julio Díaz
En el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, año 1919, se lee: “Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países”. Es clara la alusión a una de las estrategias de competitividad utilizada por el capitalismo liberal basada en la precarización del trabajo, técnicamente conocida como el “dumping social de mano de obra barata”. La OIT surge para contener esta política de competitividad, que hoy la CEPAL denomina espuria, estableciendo unos mínimos laborales y sociales que deben asumir las naciones, los cuales se concretan en los Convenios Internacionales de la OIT. La otra estrategia de competitividad utilizada en las economías basadas en el “libre cambio”, bajo el predominio de las llamadas “fuerzas del mercado”, son las devaluaciones de las monedas. Para evitar estas devaluaciones competitivas, en la conferencia monetaria de Bretton Woods realizada en 1944 se acordó poner n al patrón oro y establecer un nuevo sistema monetario llamado
Honor a
Gold Exchange Stándar, basado en reservas de oro y algunas monedas como el dólar y la libra esterlina, convertibles en oro al precio jo de 35 dólares la onza troy. Adicionalmente, cada moneda establecería su paridad con el dólar de acuerdo con el oro o el tipo de cambio. De esta manera se garantizaba un sistema de cambios estable, o de paridades jas, para que las inversiones se realizaran a largo plazo y en sectores productivos que necesitaban certezas en sus tasas de retorno. Argumentando supuestos ataques especulativos contra el dólar, el 15 de agosto de 1971 el presidente Richard Nixon puso n al sistema de Bretton Woods, con un desafortunado discurso en el que anunciaba tres medidas: El dólar se desacoplaba del oro y por tanto no podía canjearse por éste. El sistema monetario de paridades jas se reemplazaría por un sistema monetario de tasas de cambio otantes. Se establecía una congelación temporal de salarios y precios en EE.UU, inaugurando las políticas de austeridad del FMI para el pago de deudas inadas de manera deliberada, por medio del saqueo de la economía productiva y de la reducción de las co nd icio nes la b o ra les y so cia les d e lo s trabajadores. Esta trágica decisión daría origen a una burbuja
JAIME RIOS
especulativa que, como un cáncer que hace metástasis, en los últimos 50 años ha venido devorando el tejido productivo y socio–laboral de las economías occidentales. Según datos del Banco de liquidaciones Internacionales de Suiza, esta burbuja ya bordea los US$2.000 billones, mientras el PIB global no supera los US$100 billones. La acción combinada de las políticas especulativas y de ajustes scales se han restablecido sobre las estrategias de competitividad basadas en la esclavitud laboral y las manipulaciones cambiarias. El trabajo se ha precarizado, el empleo productivo viene desapareciendo, los salarios han colapsado, el desempleo se ha disparado a niveles espeluznantes, la informalidad laboral supera el empleo formal, la seguridad social se ha mercantilizado y las políticas sanitarias crecen en deterioro. Por otra parte, el sistema nanciero está totalmente desconectado de la economía productiva, totalmente dependiente y al servicio de las actividades especulativas, del narcotráco y de la criminalidad. Al cumplirse 50 años de la desaparición del sistema
monetario de paridades jas este 15 de agosto, es pertinente reexionar sobre el impacto que ésta decisión tuvo sobre nuestras vidas, con el n de cambiar de rumbo antes de que nos sumerjamos de manera inevitable en una nueva “Era de tinieblas”, solo comparable con la pandemia de la peste negra del siglo XIV que arrasó a toda Europa. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley, advirtió que el mundo enfrenta una catástrofe humanitaria, cuando señaló que la hambruna impulsada por los conictos y alimentada por las crisis climáticas y la pandemia de COVID-19, “está llamando a la puerta de millones de familias”. Hoy nos encontramos bajo control de la burbuja especulativa más grande y prolongada en la historia de la humanidad, que nos ha llevado a un colapso económico, social, laboral y sanitario sin precedentes; que nos tiene en una crisis existencial como nunca habíamos tenido, a causa de una pandemia que sigue sin control, de la hambruna que anuncia el Programa Mundial de Alimentos, los
conictos armados y las amenazas globales de guerra entre las principales potencias nucleares. Si bien es verdad que la OIT se sostiene, en los últimos años ha venido perdiendo protagonismo por la ofensiva de los empresarios y la tecnocracia neoliberal contra el sistema de control normativo de esta organización multilateral, y contra los derechos de libertad sindical, en particular contra el derecho a la huelga. En países como Colombia, los Convenios de OIT no se respetan y las recomendaciones de este organismo no se acatan. En las agendas de los gobiernos de la mayoría de los países deben darse con urgencia las discusiones sobre una nueva arquitectura nanciera y económica, sobre el rediseño de una nueva arquitectura de seguridad y un sistema de salud global que articule los sistemas nacionales basados en el interés público y la cooperación internacional. La peste nanciera es la causa de la mayoría de nuestros males, por ello se hace necesario que, de igual manera, se retome el espíritu de la ley Glass Steagall que en 1933 estableció el presidente Franklin D. Roosevelt para separar las actividades especulativas de la mal llamada banca de inversión, de aquellas actividades propias de la banca comercial. Dentro de este rediseño internacional la OIT debe recuperar su capacidad de impedir que se siga profundizando el concepto de competitividad fundado en la esclavitud laboral, el llamado dumping social de mano de obra barata que se viene implementado con las reformas laborales regresivas. Por tanto, se debe dar paso a un nuevo concepto de competitividad, que la CEPAL denomina “competitividad auténtica”, fundamentada en la productividad, el trabajo decente y el control de las diversas modalidades especulativas.
CUT ANTIOQUIA Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Antioquia
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La OIT debe recuperar su capacidad de impedir que se siga profundizando el concepto de competitividad fundado en la esclavitud laboral.
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Deuda con la Constitución Por: Beethoven Herrera Valencia
La Corte Suprema le ordenó al Congreso que proera la ley o leyes que sean necesarias para actualizar la legislación laboral. En reciente fallo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema determinó que la 'añeja' legislación laboral colombiana no responde a las nuevas realidades, y es necesario que se expida el Estatuto del Trabajo, según ordena la Constitución Política. La Corte determinó que la legislación laboral es 'añeja', no responde a las nuevas realidades y considera que el Estatuto del Trabajo “permitirá poner a tono la normativa social con el discurrir de los tiempos y que seguramente dará un nuevo contenido a cada una de las guras jurídicas que lo reclaman, entre ellas, la negociación colectiva (convención, pacto y laudo)”.(SL 1944-2021). Por eso ordenó al Congreso que proera la ley o leyes que sean necesarias para actualizar la legislación laboral, que respondan a los principios de la Constitución de 1991 y a los convenios internacionales del trabajo que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
La sentencia señala que la legislación laboral colombiana tiene notorio atraso frente a las nuevas relaciones laborales y al avance de las tecnologías de la información. La Corte advirtió que los códigos sustantivo y procesal vigentes deben seguir interpretándose y aplicándose, tratando de armonizar la legislación con la Constitución del 91. Resulta notable que dicho Estatuto del Trabajo no se haya expedido, que ningún gobierno en este largo periodo haya presentado alguna propuesta al respecto y que las propuestas de origen parlamentario o iniciativas ciudadanas no hayan logrado la aprobación del Congreso. La celebración de los treinta años de la Constitución Política permitió balances y propuestas. Antonio Navarro destacó que la Constitución consolidó la paz con movimientos insurgentes que se incorporaron a la institucionalidad, pero la violencia persiste porque el Estado no ha cubierto con sus instituciones los territorios que ocupaban otras guerrillas ni ha logrado detener el asesinato de reinsertados.
Rodrigo Uprimny, por su parte, ha destacado que la Constitución es un compendio de derechos que mantienen vigencia y se trata de asegurar su implementación. Y advirtió que quienes proponen una nueva Asamblea Constituyente posiblemente están pensando en limitar esos derechos. Ta m p o c o s e h a c u m p l i d o e l m a n d a t o constitucional de denir el ordenamiento territorial… pero pese a las protestas que han sacudido al país desde 2019, la mayoría de los partidos políticos, organizaciones sociales y académicos deenden la permanencia la Constitución de 1991. En Chile las movilizaciones llevaron a un plebiscito que aprobó abrumadoramente la convocatoria de una convención constituyente y se rechazó la propuesta de conar su redacción a un cuerpo mixto integrado por parlamentarios y constituyentes electos. La constituyente es paritaria por género, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo uno de 155 constituyentes y la coalición de gobierno no logró el tercio de voceros que le permita bloquear los cambios. La Convención Constituyente ha sido instalada bajo la presidencia de la académica mapuche Elisa Loncón Antileo, y todo apunta al desmonte del sistema de Fondos privados de pensiones, a la subordinación de las fuerzas armadas al poder ejecutivo y la eliminación del carácter lucrativo de la salud y la educación, como establece la constitución de Pinochet, aprobada en un referendum sin derechos para la oposición. ¡Qué diferente!
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Rodrigo Uprimny, por su parte, ha destacado que la Constitución es un compendio de derechos que mantienen vigencia y se trata de asegurar su implementación. Y advirtió que quienes proponen una nueva Asamblea Constituyente posiblemente están pensando en limitar esos derechos
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¿Derecho a la burka y a la seudociencia? Por: Moisés Wasserman, ex rector UNAL.
El poder de los dogmas impacta también en Occidente. Un caso que podría verse como menor, pero que no es tan distinto, es el de rechazar la vacuna aduciendo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
El poder de los dogmas impacta también en Occidente. El vocero de los talibanes, desde el palacio presidencial, le aclaró al mundo que en el nuevo emirato islámico se defendería el “derecho” de las mujeres a tener sus propios colegios y a usar la burka. Se les niega una educación igualitaria y a vestirse como les venga en gana, pero presentan los hechos como si se les otorgara graciosamente el gran derecho de ceñirse a los dogmas (o a una de sus interpretaciones). Imagino a algunos conocidos defendiendo esa posición porque “la verdad y la moral son meras construcciones culturales” (así los
hemos visto defender otros horrores, porque los ancianos de la tribu mandan). El poder de los dogmas impacta también en Occidente. Un caso que podría verse como menor, pero que no es tan distinto, es el de rechazar la vacuna aduciendo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo (sin importar que con eso se afectan los cuerpos de otros). Han surgido remedios caseros que tienen en común creencias dogmáticas. Moringa, jengibre, y plantas aromáticas, también orina de vaca en la India y excrementos de burra en Irán. Las redes recomiendan, sin sustento, cosas más sosticadas como dióxido de cloro, cloroquina o ivermectina. En general, los líderes que no aceptan otros hechos cientícos han sido los
mayores promotores de esos falsos tratamientos. Sus argumentos tienden, como en el caso de los talibanes, a presentarse como defensas de la virtud, del bien y de los derechos. Hace poco, una manifestación frente al Ministerio de Salud llamaba nazi a la vacunación; según ellos, se prepara un genocidio y nos quieren salvar. Es que, si se puede presentar la imposición de la burka como la defensa de un derecho de las mujeres, se puede decir cualquier cosa. Lo que tienen en común el fanatismo y el dogmatismo religioso de los talibanes con las seudociencias de moda entre
algunos grupos en Occidente es la preponderancia de la fe sobre el análisis. Es la ausencia de actitud cientíca. Se han escrito miles de páginas de epistemología (la rama de la losofía que explica cómo se genera el conocimiento), centenares de miles de artículos cientícos se escriben cada año, y muchísimas teorías tienen tanta solidez como es posible tenerla en ciencia. No sería realista aspirar a que todo el mundo domine ni siquiera una parte. Se sabe, además, que tenemos sesgos lógicos en nuestra forma de pensar y que los humanos poseemos una excepcional capacidad para cometer errores. Pero, por suerte, a pesar de esas dicultades, prevalecen el sentido común y aquello que llamamos actitud cientíca, o pensamiento crítico. Algunos autores la describen construida sobre dos criterios simples. El primero es el reconocimiento de los hechos; el segundo, la disposición a cambiar de opinión si los argumentos contrarios son convincentes. Esos dos criterios sencillos han permitido que se den inmensos avances y progresos. Será muy difícil convencer a los dogmáticos, los fanáticos y los que creen en absurdos, sin que estén dispuestos a oír nada distinto. Es nuestro deber argumentar, pero seremos más efectivos con quienes se permiten mirar y escuchar. Hay que convocar a quienes están dispuestos a ver la injusticia, aunque quien la ejerza tenga autoridad y prestigio y crea estarla ejerciendo en nombre de un mandamiento superior, convocar también a quienes creen que es posible distinguir la verdad de la falsedad y a quienes se resisten al engaño, sobre todo al autoengaño. Hay nubes oscuras; la situación de la mujer en Afganistán (sin desconocer otros lugares) es espantosa, las creencias insensatas y las mentiras se difunden, pero el sentido común, la benevolencia y la actitud cientíca también crecen. La tarea es ganar adeptos para decir con Galileo: “A pesar de todo, se mueve”.
Foros CUT Antioquia Comunicaciones Los primeros jueves de cada mes, en la sede de Sintraemsdes sindicato de trabajadores de Empresas Públicas de Medellín, el departamento de comunicaciones de la CUT Antioquia realiza un taller del sector para todos los sindicatos aliados y sus responsables. Después de la pandemia se han retomado y es, hasta ahora, un éxito. Con presencia de más de 40 sindicatos por sesión, el Departamento avanza en la consolidación de las comunicaciones en Antioquia. Desde escritura, redes sociales, videos, comunicación oral, los talleres han contribuido a mejorar las comunicaciones de los sindicatos.
CUT ANTIOQUIA comunica
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En contra del interés nacional Por: José Ferley Arias y Alirio Salazar. Comisión Quejas y Reclamos CUT Antioquia. Las miles de marchas y protestas que se realizan en el mundo, incluida Colombia, son una reacción a la forma como el modelo económico neoliberal es utilizado para concentrar las riquezas en pocas y privilegiadas manos, extrayendo recursos de países subdesarrollados a través del capital nanciero internacional, generando hambre, miseria y pobreza en la mayor parte del mundo. Esos ejércitos de desempleados, trabajadores informales, profesionales varados y clase media pauperizada se unen para, en un grito desesperado, exigir que cesen la desigualdad y la iniquidad. Una de las herramientas de exacción de esos capitales, que en el caso de América hacen parte del decálogo del Consenso de Washington,
son las Reformas Tributarias, mediante las cuales aseguran la transferencia de los recursos de esas Naciones, que provienen de sus habitantes, hacia los circuitos nancieros, con lo que se aseguran pagos de deuda externa e interna, así como las grandes utilidades para los consorcios y grupos económicos, que ejercen su hegemonía no solo nanciera sino política y social. Por eso imponen el Gobierno y el modelo de desarrollo. Sobre lo planteado, existe un esclarecedor artículo: “Los regalos de la reforma Duque-Restrepo”, del analista económico y político Aurelio Suárez para Semana del 7 de agosto de 2021, que devela lo que esconde el último proyecto de Reforma Tributaria: “El regalo a fondos internacionales de capital: El artículo 8 ja en 0% la tarifa de retención en la fuente para “valores de renta ja pública o privada o derivados nancieros con subyacentes en valores
de renta ja”. Es decir, los inversores en esos papeles, como los Títulos del Tesoro (TES), verían incrementadas sus utilidades… No es la primera vez: Duque lo hizo en 2019, en la Ley 2010, al bajar esa retención de 14 % a 5 %, pero la lleva a 0 cuando, a diciembre de 2020, las inversiones foráneas en TES alcanzaban “máximos históricos” por $86,53 billones y el ministro Restrepo decía en junio que la inversión extranjera en TES alcanzó récord de $10,8 billones…” Continúa Aurelio Suarez: “[El regalo] a calicadoras de riesgo, buitres y FMI: Para asegurarles a prestadores, Standard & Poor's y similares y al FMI que se respetará a toda costa el servicio de la deuda, el cálculo del porcentaje de la regla scal se hará antes de deducir el pago de los créditos… En palabras sencillas: Si desde 2015 el apretón se daba abarcando todas las partidas, en adelante no incluirá la cuota del endeudamiento. A Panama Papers: La “normalización” de capitales fugados al exterior. La Ley 1739 de 2014 los cubrió hasta 2018 y se prorrogó en 2019 y 2020. Inic ió con tarifa del 10 %, subió a 13, después a 15 y la eleva a 17 hasta 2022… Hasta 2020, la “normalización” suma $25,3 billones y la DIAN ha recaudado solo 1,77 billones. A bancos y concesionarios de transporte: Remunerará los contratos clase TransMilenio…, que se replicaron en Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira. El artículo 24 los benecia…, sumaría más de $2 billones para que el BNP Paribas, JP Morgan o los titularizadores bursátiles respiren tranquilos… Esa opacidad scal: Instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de ujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y devela en quiénes el Gobierno de Duque deposita la suerte de la Nación”. ¡El gobierno Duque actúa en contra del interés de Colombia!
Ley 2101 de 2021; una reivindicación gradual Por: Lilibeth Rojas Guerrero, Escuela Nacional Sindical, ENS.
El Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 161 regulaba, en su Capítulo II, lo concerniente a la jornada semanal máxima, la cual era de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) horas a la semana, salvo algunas excepciones, como las labores que sean insalubres o peligrosas, la de los adolescentes, y una muy especíca e importante para tener en cuenta en la reforma que estaremos analizando, en la cual “El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indenidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana; en cuyo caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado. En este caso y en vigencia del artículo original, modicado por la Ley 789 de 2002, el legislador privó al trabajador del pago de recargo nocturno, dominical y festivo a cambio de otorgarle la oportunidad de acordar con el empleador un turno máximo de
de la semana. Inciso que fue introducido por el artículo 51 de la Ley 789 de 2002 y que la Ley 2101 mantuvo. En este caso el empleador no está obligado a pagar recargo nocturno, dominical o festivo. Como quiera que esta ley se reere a una disminución de la jornada laboral gradual, este literal, no es posible aplicarlo hasta tanto se llegue a las 42 horas semanales, es decir, hasta el 2026. Por otro lado, el literal d) del artículo 161 del C ó d i g o S u s t a n t i v o d e l Tr a b a j o f u e recientemente modicado por el artículo 2 de la Ley 1846 estableciendo que d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas diarias exibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el día domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y máximo hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria. De conformidad con el artículo 160 de Código Sustantivo del Trabajo. Al respecto es de anotar que esta nueva ley adapta el mismo contenido al número máximo de horas a laborar a la semana, moviéndose entre 4 y 9 horas diarias. Permanece la prohibición de turnos dobles, a excepción de trabajadores de supervisión, dirección y conanza. Ahora bien, en el artículo 6 establece la exoneración al empleador de dar aplicación al parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1857 de 2017 (día de la familia), así como a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990 (recreación), dada la gradualidad en la implementación de la reducción de la jornada laboral, la exoneración debe entenderse también de manera gradual, lo que evidencia que esta norma está lejos de materializar lo que anuncia en su objeto, no
afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. En conclusión es de resaltar que esta ley aunque se reere a un aspecto transcendental para los trabajadores colombianos, ya que modicó una jornada con más de 80 años de antigüedad, (establecida mediante el Decreto 895 de 1934) no fue discutida en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la cual fue creada por el artículo 56 superior para concertar precisamente las políticas salariales y laborales; restándole por tanto, un elemento de construcción a partir del diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno y en consecuencia de legitimación. Por último, se concluye que aunque esta nueva ley no establece de manera expresa una jornada laboral diaria máxima, queda claro que la jornada máxima diaria no deberá exceder de ocho (8) horas, ello, en concordancia con el Convenio 001 OIT sobre las horas de trabajo en la Industria, raticado por el Estado colombiano a través de la Ley 129 de 1931, y el cual establece como jornada laboral diaria máxima la de ocho horas, así: En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una
6 horas diarias sin que exceda de 36 horas a la semana, con la garantía de que mantendrá el pago de su salario ordinario como si laborara 8 diarias y 48 horas semanales. Ahora bien, la Ley 2101 sancionada por la Presidencia de la Republica el pasado 15 de julio de 2021, cuya vigencia es a partir de la fecha de su publicación, tiene por objeto cardinal, como lo establece en su primer artículo, en primer lugar reducir la jornada laboral semanal con tres características muy importantes, en las que hace especial énfasis: gradualidad, sin disminución del salario y con el interés de no afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Gradualidad por cuanto el legislador establece en primer lugar que regirá la disminución de la jornada laboral semanal a 47 horas semanales, una vez hayan transcurridos dos años de entrar en vigencia. Es decir, para julio de 2023, un año después, 2024, se disminuirá otra hora, bajando la jornada a 46 horas. Mientras que, en 2025, la jornada será de 44 horas. Finalmente, para 2026 la jornada se establecerá, según lo concibe esta ley, en 42 horas semanales. Respecto a las dos siguientes características, esta normativa pretende de manera general que los trabajadores no se vean afectados en sus derechos, es decir, no disminuir su salario y
no afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores; estableciendo los mismos salarios con una disminución de la jornada laboral semanal. En virtud de su segundo artículo modica el antiguo artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y reduce la jornada semanal de 48 a 42 horas, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre un día de descanso. No introduce cambios en lo que respecta a la jornada laboral máxima para adolescentes entre 15 y 18 años de edad, conservando el máximo de horas entre 30 y 40 horas a la semana. Tampoco modica las jornadas de aquellas empresas que requieren operar sin solución de continuidad, permaneciendo en 6 horas diarias y 36 horas a la semana. En este último punto nos detendremos en un breve análisis, como quiera que se mantiene la limitación contenida en la norma anterior. En ese sentido, tenemos que el literal c) del artículo 2 se reere a la jornada laboral continua que puede ser acordada entre el trabajador y su empleador para establecer turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días
En defensa de los trabajadores de Antioquia
En su declaración respecto a esta ley cuando era proyecto aún, concluye diciendo “en buena hora (llega) esta reivindicación, tardía, que no llega de forma inmediata sino progresiva pero es un avance. En el 2022 tendremos que seguir dando la discusión al respecto.”
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misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana. Por tanto, esteconvenio que, de acuerdo a lo instituido en el artículo 53 superior, hace parte de la legislación interna, es plenamente aplicable de manera concomitante a la jornada semanal máxima establecida en la Ley 2101. Lo que piensan en el movimiento sindical de la ley 2101 de 2021 Sobre la ley 2101 del 2021, Juan Carlos Estrada Leiva, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de la Industria Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia (SNTT) que asocia trabajadores del transporte y la logística portuaria, opina que “Es un avance y reivindicación para los trabajadores y trabajadoras la reducción de jornada laboral de 48 horas a 42 en la semana de manera gradual en los próximos cuatro años. El pero del asunto está en la modicación del artículo 161 del CST, que desaparece la jornada máxima legal y permite al empleador de común acuerdo hacer modicaciones en la remuneración y esto es lesivo para los trabajadores, muy a pesar que el articulado de la norma trata que no se tocaran derechos adquiridos, consideramos por el accionar del empresariado y la pasividad del MinTrabajo esto no sería garantía para el respeto de estos derechos». Por su parte Edwin Palma Egea, Presidente Nacional de la USO maniesta respecto a esta nueva ley que: “Colombia llega muy tarde a esta discusión, a estos estándares internacionales, porque la bandera del movimiento sindical históricamente siempre ha sido la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salarios. En su declaración respecto a esta ley cuando era proyecto aún, concluye diciendo “en buena hora (llega) esta reivindicación, tardía, que no llega de forma inmediata sino progresiva pero es un avance. En el 2022 tendremos que seguir dando la discusión al respecto.”
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