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La economía digital
De acuerdo con información proporcionada por el inegi, los sifim domésticos en 2017 se distribuyeron en un 76% para la demanda final y un 24% para la demanda intermedia. Los sifim internacionales (de exportación e importación) se asignan de acuerdo con la balanza de pagos elaborada por el Banco de México, quien proporciona el dato al inegi en una versión que no es pública.
Para finalizar esta parte que relaciona al pib con los servicios financieros, es importante resaltar que el valor agregado bruto (vab) sólo mide la contribución directa de un sector o industria en el total de la economía. El sistema financiero tiene aportaciones indirectas no incluidas en el valor agregado, como son servir de plataforma de los medios de pago y proveer de liquidez a los activos mediante la creación de mercados secundarios y hacedores de mercado.
El término fue utilizado por primera vez en 1995 por Dan Tapscott en su libro La economía digital: promesa y peligro en la era de la inteligencia de redes. Este texto fue actualizado por el autor dos décadas después, reconociendo que la mayor parte de lo planteado originalmente se cumplió, pero que se había equivocado en algunos casos específicos como el de Enron.
La economía tradicional se basa en la producción de bienes tangibles o físicos, y continúa utilizando como indicador de la actividad económica el producto interno bruto (pib). La economía digital, también conocida como nueva economía o economía del internet, forma parte de la tradicional y se refiere a la producción de bienes intangibles o virtuales, o a las operaciones que se realizan por internet.
No es fácil determinar el porcentaje que la economía digital representa del total, ya que los bienes digitales incluyen: (a) servicios gratuitos, como el correo electrónico y las redes sociales, y (b) el comercio electrónico (e-commerce). Los primeros son gratuitos, dado que se pagan con la información de los usuarios o con la publicidad de las
empresas. Los segundos se refieren a la compra, venta e intercambio por internet, cuyo pago puede o no ser hecho en línea.
El pib mide la suma de los precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía de casi todos los países del mundo. Dado que una parte de la economía digital se refiere a servicios gratuitos, que puede ser el equivalente a un precio igual a cero, no hay forma de que se pueda contabilizar objetivamente en el pib. A pesar de lo anterior, Erik Brynjolfsson, director de la Iniciativa para la Economía Digital del mit, está desarrollando un pib-b que trata de medir, no la producción, sino los beneficios que la gente obtiene de los bienes y servicios. Para ello, pregunta a las personas cuánto estarían dispuestas a pagar por servicios como Facebook y Twitter, que en teoría no tienen costo alguno. Obtiene la mediana de las respuestas y ha encontrado que, en Estados Unidos, el ciudadano promedio estaría dispuesto a pagar 48 dólares al mes para seguir utilizando Facebook. El pib-b incluye el monto que resulta de multiplicar el número de usuarios de Facebook por los 48 dólares al mes.
Sin embargo, la parte relativa al comercio electrónico, es decir, las operaciones que se realizan a través de internet, sí se pueden incluir fácilmente en la contabilidad del pib. Es así como las agencias nacionales de estadísticas se han dado a la tarea de separar de manera explícita la economía digital. En Estados Unidos, dentro del Departamento de Comercio se encuentra la Agencia de Análisis Económico (bea por sus siglas en inglés) que ha dado a conocer que la economía digital representó el 6.9% del pib en 2017. Ya se ubica como la octava industria y da trabajo a 5.1 millones de personas, que representan el 3.3% del empleo total de 152.1 millones de trabajos. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) también publicó que el valor agregado bruto del comercio electrónico en 2018 representó el 5.0% del pib. Todo parece indicar que los sistemas de cuentas nacionales de muchos países pronto serán capaces de producir una cuenta satélite relacionada con la nueva economía.
Las compañías conectadas con la economía digital incluyen tanto a las empresas de telecomunicaciones (telco) como a los denominados gigantes tecnológicos. Las primeras se han convertido en los
proveedores de acceso a internet, por lo que se han especializado en proporcionar la infraestructura necesaria para poder operar la nueva economía. Tienen sus bases en muchos países del mundo y destacan firmas como AT&T, China Mobile, Verizon, Vodafone, Telefónica, Orange y América Móvil. El valor promedio de capitalización de estas empresas a finales de 2019 era de 350 billones de dólares. Dado que existen instalaciones físicas fácilmente identificables, pagan sus impuestos correspondientes en los lugares donde operan.
Las corporaciones tecnológicas que proveen de servicios y contenidos digitales a través de plataformas electrónicas se encuentran localizadas básicamente en Estados Unidos, China y Corea del Sur. Entre las principales están Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Google), Microsoft, Tencent, Alibaba y Baidu. El valor de mercado promedio de dichas empresas era de 680 billones de dólares, casi el doble del que tenían las telco. Estas compañías se encuentran en la parte superior de valor de capitalización bursátil del mundo, por lo que se les ha denominado gigantes tecnológicos. A diferencia de las telco, muy pocas veces tienen instalaciones físicas en los lugares donde operan, por lo que, aunado a estrategias fiscales, pagan muy pocos impuestos.
Existe una competencia sana entre las telco, cosa que no se puede decir que se da entre los gigantes, los cuales han llegado a tener un poder de mercado muy amplio. Lo anterior se combina con la rivalidad que existe entre las telco y los gigantes tecnológicos en el sentido de que los primeros consideran que no existe una cancha pareja para operar debido fundamentalmente al pago de impuestos mencionado en el párrafo anterior. En esta nueva globalización, los servicios digitales no pasan por aduanas físicas.
Se trata de un problema mundial cuya resolución requiere que los países cooperen en organismos internacionales. La Organización Mundial de Comercio (omc) estableció un grupo de trabajo de comercio electrónico en 1998 que ha decidido no imponer derechos de aduana a los servicios digitales. El interés por el tema se volvió a activar después de la Gran Recesión, iniciada en 2008, y los países del G20 encargaron el tema a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), que ha estado trabajando a través
del proyecto para reducir la erosión de la base impositiva y la transferencia de utilidades para evadir impuestos a nivel mundial (beps por sus siglas en inglés). La página 6 del reporte del secretario general de la ocde, José Ángel Gurría, a los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, en julio de 2018, describe las posiciones de los países en tres categorías: aquellos que consideran que éste es un tema limitado a los países en donde se encuentran los gigantes tecnológicos; los que piensan que es necesario ir más allá del proyecto beps, y los que creen que ya se tiene una infraestructura suficiente con los acuerdos para evitar la doble tributación y no es necesario nada más.
Se continúa con los trabajos y las evaluaciones técnicas con el objeto de proporcionar un informe definitivo a finales de 2020 en el que «supuestamente» se debe asumir una posición común. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (onu) argumenta que, para dar peso a los países menos desarrollados, el tema impositivo se debe discutir al interior de la onu, donde se encuentran representados 193 países, y no en la ocde, que sólo cuenta con 38 miembros. Al final del día, lo que está sucediendo en los organismos internacionales muestra una disputa entre Estados Unidos y China, que parecen estar conformes con la situación actual.
El tema de la fiscalidad no es un asunto fácil ya que, aunque se logre el consenso, se debe definir si se implementa vía el impuesto al valor agregado, a través del impuesto sobre la renta o de ambos. En el mes de julio de 2019, el senado de Francia se adelantó al aprobar un impuesto del tres por ciento sobre los servicios digitales para aquellas firmas cuyos ingresos superan los 25 millones de euros en el país o los 750 millones globalmente. Este gravamen, actualmente en pausa, afectará a casi todos los gigantes tecnológicos, y es conocido popularmente como «la tasa Google». El 1 de junio de 2020 entraron en vigor en México impuestos, tanto al valor agregado como a la renta, para las plataformas digitales, los cuales tendrán una repercusión mayor en los consumidores finales y, seguramente, serán un obstáculo parcial para el establecimiento de más vendedores digitales.
Mientras todo esto sucede, es un hecho que los gobiernos están sufriendo falta de recursos para afrontar el desempleo neto que han provocado tanto las tecnologías de la comunicación y de la informa-