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LOCALES / LUNES, 28 DE OCTUBRE DE 2013 El periódico de Puerto Rico
OBED BETANCOURT, EL VOCERO
La defensa de Juan Bravo y Héctor Martínez sostuvieron que “este caso debe acabar” ahora. En una moción ante la corte de distrito federal de San Juan, la defensa aseguró que la reciente orden del Tribunal Apelativo de Boston no deja margen a la Fiscalía Federal para radicar nuevamente los cargos de soborno sin exponerlos a una doble exposición, una protección constitucional.
EL VOCERO / Archivo
El largo procedimiento judicial de tres años le costó la carrera política (y su título de abogado) al entonces senador Martínez, quien tuvo que renunciar al cargo por las acusaciones; y la carrera empresarial a Juan Bravo, dueño de la empresa Ranger America, a cuya presidencia renunció. Ahora, los únicos cargos que sobrevivieron al escrutinio judicial inicial también fueron rechazados. Boston decidió el pasado 23 de octubre que los cargos de conspiración contra ambos fueran dejados sin efecto al no ser probados. El juez de disHÉCTOR MARTÍNEZ trito Francisco Besosa, a tenor con la orden de dicho Tribunal, dejó sin efecto este pasado viernes los únicos cargos que sobrevivieron en este caso. La caída de los cargos de conspiración arrastraron los de soborno, relacionados con un programa federal. Sin embargo, Peter Koski y Jack Smith, fiscales federales de la División de Integridad Pública del Departamento federal de Justicia (DOJ) insistieron en moción a Besosa que la orden de Boston “meramente revertió las convicciones del 666 (soborno en relación a un programa federal) y reenvió el asunto para futuros procedimientos”. La defensa, Sonia Torres y Abbe D. Lowell por Martínez, y José A. Pagán, David Z. Chesnof y Martin G. Weinberg, por Bravo, se opusieron a esta interpretación del mandado del Apelativo y la decisión de Besosa. “La exoneración de los cargos de conspiración significa que no hubo acuerdo para cometer soborno”, y la exoneración de los cargos por el viaje (que dieron a Las Vegas) significa que el soborno no ocurrió. “El gobierno no puede relitigar esos hechos”, De esa manera, sostienen, no hay manera de radicar nuevamente el cargo de soborno.
Pide investigar contrato en S.J. YENNIFER ÁLVAREZ JAIMES, EL VOCERO
El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro, radicó una resolución para investigar un alegado conflicto de interés entre el subdirector del sistema de salud de San Juan, Gilberto González y dos contratistas. De acuerdo al representante Navarro, la Cámara baja debe investigar la relación entre el funcionario capitalino y las corporaciones GDD Healthcare Solutions y Platinum Emergency Physicians.
EL VOCERO / Alvin J. Báez
‘Este caso debe acabar’
El representante del PNP por el Distrito 5 de San Juan argumentó que González pudiera estar beneficiando a una antigua compañera de trabajo y a familiares de esta. En la actualidad, la compañía GDD Healthcare Solutions tiene un contrato de $600 mil para ofrecer servicios de salud en el sistema de la capital.
JORGE NAVARRO, Representante PNP
El agente residente de esta compañía es Brenda Díaz, hija de Maritza Rodríguez, una excompañera de trabajo del ahora subdirector del sistema de salud de San Juan. Ambos laboraron por espacio de una década en Manatí Medical Center y Metro Pavía.
Solutions fue inicialmente por la cantidad de $135 mil y luego enmendado el pasado 17 de julio para aumentar su monto a $600 mil. Sobre Platinum Emergency Physicians, Navarro aseguró que esta compañía pretende asumir el control de los CDT “ante los planes de la alcaldesa de consolidar los seis grupos médicos primarios”.
Al mismo tiempo, Díaz es esposa del doctor Jorge Mejía, presidente de Platinum Emergency Physicians, compañía que, según el legislador, aspira asumir la administración de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Municipio de San Juan.
El representante Navarro pidió explicaciones a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y adelantó que de no prosperar resolución de investigación en la Cámara referiría a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia la información.
“Esta relación tan cercana entre Gilberto González y las personas que dirigen GDD Healthcare Solutions y Platinum Emergency Physicians obligan a cuestionarse si esa contratación de $600 mil persigue el interés público”, sentenció Navarro ayer en rueda de prensa desde su oficina en el Capitolio. Navarro agregó que el contrato con GDD Healthcare
Cuestionó si el subdirector del sistema de salud de San Juan solicitó alguna dispensa a la OEG. EL VOCERO intentó obtener una reacción del Municipio de San Juan pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Bajo lupa Veteranos por alegado discrimen REDACCIÓN, EL VOCERO
El Departamento de Asuntos del Veterano investigará una querella contra el Hospital de Veteranos radicada por el dentista Hans García Jordan por alegado discrimen de edad. De la comunicación en la que se le indica al doctor García Jordan la resolución de investigación, se desprende que el mencionado hospital no le consideró elegible para una
posición de dentista. García Jordan alega que no hay razón alguna, excepto su edad, para descartarlo. “Hemos determinado que la querella llena los procedimientos requeridos y ha sido aceptada para investigación y procedimientos ulteriores”, señaló Winton Johnson, oficial regional del Office of Resolution Management, (operaciones del sures-
te) en San Petersburgo, Florida, en respuesta al reclamo. Incluso, el doctor García Jordan llegó a levantar un reclamo de acoso contra personal del VA Caribbean Healthcare System. Y aunque finalmente la querella se redujo al discrimen por edad, el aspecto de acoso será incluido para investigación, aseguró la oficina regional en el estado de Florida.