Alegan alcalde dio visto bueno para invertir $9 millones

Pedro Menéndez Sanabria >pmenendez@elvocero.com @pedro_menendez

MAYAGÜEZ – Cuando el director de investigaciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Samuel Rivera Valdés, entrevistó al entonces alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez, como parte de una pesquisa, presuntamente le indicó que había ordenado una inversión de $9 millones, pero desconocía cómo se usaría el dinero.

La pesquisa era sobre las acciones de la empresa Premier Investment and Financial Services Group LLC y el convicto asesor financiero Eugenio García Jiménez, en relación al fraude contra la entidad municipal Mayagüez Economic Development (Medi).

La información trascendió ayer, durante el testimonio de Rivera Valdés, a preguntas del fiscal especial independiente (FEI) Miguel Colón Ortiz, durante la continuación de la vista preliminar que enfrenta el exalcalde de Mayagüez, del Partido Popular Democrático (PPD), y la exdirectora de Finanzas del municipio, Yahaira M. Valentín Andrade, por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos.

“Relacionado a la transacción, el alcalde dijo tenía un dinero de unas resoluciones que el contralor le dijo que estaba dormido, sin hacer nada, en una cuenta bancaria y que decidió hacer una inversión con el mismo”, expresó Rivera Valdés a preguntas del FEI.

El funcionario señaló que su decisión descansó en el juicio de dos de sus asesores, Roberto Mejill Tellado y el exjuez Arnaldo Irizarry. Ambos asesores, García Jiménez y otros individuos como Alejandro Riera Fernández, Steve Minger, Joseph Kirkland fueron convictos a nivel federal por defraudar al municipio de Mayagüez por $9 millones. Este dinero había sido asignado por la Legislatura para renovaciones al Centro de Trauma de Mayagüez y fue traspasado por la alcadía a la entidad Mayagüez Economic Development Inc bajo la promesa de un retorno de inversión significativo que nunca se concretó.

La presunta estafa se efectuó entre marzo del 2016 a junio del 2018 y durante ese periodo el municipio mayagüezano solo recibió un pago de $1,800,000, que a su vez provino de los $8 millones inicialmente invertidos, y no de un retorno de inversión.

“En el Departamento de Estado aparece que MEDI fue incorporada por García Jiménez y que no fue hasta luego de la inversión que se pasa a asignar como directores al alcalde, Yahaira Valentín y otros. Sobre esto (MEDI) el alcalde dijo que se hizo para buscar financiamiento para el municipio y quien trajo a la mesa que se usara a MEDI para la transacción fue García Jiménez”, agregó Rivera Valdés.

Investigación de OCIF sigue abierta, aunque detenida

Asimismo, Rivera Valdés reconoció que la pesquisa no fue cerrada, a pesar de que se detuvo una vez las autoridades federales arrestaron los acusados en 2021.

La presunta estafa se efectuó entre marzo del 2016 a junio del 2018 y durante ese periodo el municipio recibió un pago de $1,800,000, que a su vez provino de los $8 millones inicialmente invertidos, y no de un retorno de inversión.

La determinación de paralizar el proceso investigativo no fue a pedido del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) u otra dependencia estadounidense, ya que OCIF no recibió ninguna llamada para colaborar con el caso.

En cuanto a la investigación a nivel estatal, Rivera Valdés comentó que solo entrevistó al alcalde y la coacusada y a Riera Fernández previo a ser acusado en la esfera federal.

A pesar de que la pesquisa continúa activa y las convicciones a nivel federal, la investigación continúa centrada en Premier Investment and Financial Services Group LLC y García Jiménez, aseveró el funcionario, quien agregó que no ha sido ampliada al mandatario o la exdirectiva.

Tenía cara de buscón

“Solicitamos los contratos que García Jiménez tenía con el municipio, documentos relacionados a la transacción, quien estuvo presente al momento de hacer la inversión e información sobre un retorno de $1.8 millones que se hizo luego”, abundó el testigo.

A preguntas del fiscal, Rivera Valdés dijo que esperaba que el expediente a entregar debería tener la oferta que se le hizo al municipio detallando donde se iba a invertir el dinero, sea en bonos, acciones u otros mecanismos, una divulgación del riesgo y tablas de proyecciones.

“Le preguntamos a ella lo que había ocurrido en la inversión. Sobre quienes estaban presentes al momento de hacer la inversión dijo que García, Mejill, el alcalde y ella. No le dieron nada por escrito, que no hubo tan siquiera una presentación en Power Point y que no había documentos. También mencionó que le había estado curioso la cantidad prometieron una ganancia de entre 8 a 10% en dos años”, añadió el testigo.

De la entrevista a la exdirectora de Finanzas trascendió que fue el ejecutivo municipal mayagüezano quien autorizó la transacción de los $9 millones y que García Jiménez había llegado al ayuntamiento a través de Mejill.

“Cuando lo vio dijo que pensaba que era un buscón”, aseveró el testigo sobre la impresión de Valentín del asesor financiero.

Durante el contrainterrogatorio, el funcionario de OCIF reconoció a preguntas del licenciado Harry Padilla que su dependencia inició su investigación sobre el asesor financiero y su empresa cuando se enteró por la prensa que el municipio había presentado una demanda para intentar recobrar el dinero.

Con relación al interrogatorio al que sometió a la exdirectora de Finanzas, el testigo mencionó que optó por citarla debido a que un requerimiento de información que hizo por medio de un “subpoena” sobre la transacción de los $9 millones apenas arrojó una instrucción cablegráfica de una institución, dos cartas firmadas a un representante de una institución financiera en Estados Unidos y un documento relacionado a una cuenta de banco.

El otro testigo de los fiscales fue el asesor legislativo Eric Joel Vázquez, quien explicó el proceso para la radicación y aprobación de las resoluciones conjuntas y abundó sobre tres piezas legislativas aprobadas entre 2012 y 2015 para destinar dinero para la culminación de las fases 5 y 6 el Centro de Trauma en Mayagüez.

La vista preliminar en contra del suspendido alcalde y la exdirectiva continuará el 14 y 15 de septiembre.