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EL VOCERO DE PUERTO RICO > MARTES, 24 DE JULIO DE 2018
Bajo lupa selección de superintendentes Cuestionan la selección de los nuevos jefes de las regiones educativas
@ Laura M. Quintero >lquintero@elvocero.com
@lauquinterodz
Cuatro de los cinco superintendentes en propiedad del Departamento de Educación (DE) del gobierno de Ricardo Rosselló son afiliados y donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), mientras la agencia dirigida por Julia Keleher asegura que el reclutamiento estuvo determinado por la capacidad de los solicitantes. Abordada por EL VOCERO sobre este hallazgo, la Oficina de Prensa del DE proveyó copia de la respuesta que redactó la abogada de la firma Wolf Popper para la Comisión de Derechos Civiles (CDC). La abogada Vilma Peña reconoció que hubo una identificación político partidista, mas explicó que ocurrió después del adiestramiento que se ofreció para los solicitantes de las plazas de superintendentes. Detalló que esto ocurrió de forma anónima mediante una foto que circuló en las redes sociales. La CDC investiga a Keleher, tras haber confesado en una entrevista que de 400 solicitantes para las plazas de superintendente, había seleccionado a “30 de los dos partidos” para participar de los adiestramientos. Hizo referencia así a personas de los partidos Popular Democrático (PPD) y PNP. Sus expresiones de inmediato suscitaron que el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez,
presentara una querella contra ella por supuestamente haber discriminado en la selección de empleados a base de sus afiliaciones partidistas. El DE terminó seleccionando -posterior al adiestramiento- a cinco superintendentes que son afiliados y donantes del PNP, según constató EL VOCERO con documentos públicos. Estas personas donaron en conjunto $5,700 al PNP entre los años 2011 a 2017, según el registro del Contralor Electoral. Cuatro de ellos donaron directamente a la campaña de Rosselló con una aportación total de $2,485. Aunque son siete plazas de superintendente, solo había seis en propiedad. La secretaria removió hace tres semanas a uno quien también es activista dentro del PNP. Se trata de Magaly Rivera Rivera (Bayamón), Sol Ortiz Bruno (Humacao), Iris V. Berríos Luca (Ponce), Eleuterio Álamo (San Juan) e Ismael Aponte Mercado, a quien Merece aclarar que la identificación político partidista de los participantes de la academia sucedió con posterioridad a la selección Vilma Peña abogada, en representación del DE
se le removió de su cargo como director regional de Mayagüez. Los cinco son empleados de carrera del DE. Tres de ellos ocupaban plazas de directores escolares y las otras dos eran superintendentes auxiliares de escuelas. Además, Rivera Rivera era asambleísta municipal de Bayamón durante el cuatrienio anterior. Ortiz Bruno fue candidata a la legislatura municipal de Humacao
fundamento”. “Merece aclarar que la identificación político partidista de los participantes de la academia sucedió con posterioridad a la selección”, comentó Peña. Detalló que una vez iniciada la academia, los participantes se tomaron una foto que fue circulada en las redes sociales. “Fue entonces que sucedió, de forma anónima, la identificación de los participantes afiliados al PPD”, respondió. Explicó que la foto marcada para identificar a los populares fue circulada por varias oficinas hasta llegar a la Oficina de la secretaria. La abogada de Keleher insistió que el reclutamiento estuvo determinado por la capacidad, preparación, destrezas y liderazgo de los solicitantes.
Escepticismo con las regiones Julia Keleher, secretaria de Educación. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO
en las elecciones de 2016 y organizadora de voluntarios en el Comité electoral de Rosselló. Mientras, Álamo perdió las primarias del PNP como aspirante para la alcaldía de Gurabo.
Advertencia de inconstitucionalidad
La presidenta de la CDC, Georgina Candal, indicó a este diario que le enviaron una carta a la secretaria alertándole que lo que ella había confesado en la entrevista era inconstitucional. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su Carta de Derechos que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de ideas políticas ni religiosas. Candal mencionó que, junto a esa advertencia, se le hizo un requerimiento de información pidiéndole que clarificara los hechos
Legisladores populares demandan a la junta Yaritza Rivera Clemente >Yrivera@elvocero.com
Un total de 18 legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) presentarán en horas de la mañana de hoy una demanda ante el tribunal federal a través de la cual cuestionan la constitucionalidad y la usurpación de poderes de la Junta Federal de Control Fiscal. El recurso legal fue suscrito por 15 de los 16 miembros de la delegación popular en la Cámara de Representantes, quedando fuera el representante Jesús Manuel Ortiz. También se unieron los senadores Miguel Pereira, Ciri-
En la demanda, la delegación popular de la Cámara cuestiona la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal. >Archivo / EL VOCERO
lo Tirado Rivera y Rossana López León. “Hay una percepción bien negativa en Puerto Rico de que todos los partidos y todos los políticos son lo mismo. Aquí en el día de hoy, en representación de 15 legisladores de la Cámara y tres del Senado que se nos unen,
relacionados a la selección de esos puestos gerenciales en el DE. La comisión envió un segundo requerimiento de información en el cual le abordaron acerca de unas fotografías que, según Keleher, se usaron para identificar el partido de procedencia de los solicitantes. “Queríamos saber si eran retratos oficiales o de dónde salió la información”, comentó a EL VOCERO. “Lo que nos interesa es ver hasta qué punto ese proceso, que ella indicó que se hizo, donde se identificó a la gente por partido político, fue algo oficial”, puntualizó Candal.
Respuesta de Educación
En su contestación a la querella, la abogada Vilma Peña indicó que la presunción de que se haya seleccionado a los candidatos por su afiliación político partidista “resulta totalmente falsa y carente de
vamos a hacer contraste que nosotros no somos lo mismo… Nosotros no somos cobardes y afrontamos nuestros retos de frente”, dijo el portavoz del PPD en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, en rueda de prensa. El recurso legal se presentará luego de que la jueza Judith Gail Dein denegara la moción de estos legisladores para intervenir en la demanda presentada contra la junta por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y su homólogo en el Senado, Thomas Rivera Schatz. Dado a que la jueza había decidido que el PPD tenía derecho a apelar o radicar un nuevo caso, Hernández Montañez precisó que “vamos por el medio de la avenida y vamos a radicar nuestro propio caso como dijimos desde el primer día contra la Junta de Control Fiscal”. Por su parte, el abogado Jorge Martínez Luciano indicó que no le sorprendió el hecho de que el ente federal se opusiera a la intervención de la delegación del PPD
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, indicó que tiene escepticismo con el plan para que se delegue plena autonomía académica y presupuestaria a las oficinas regionales educativas bajo la dirección de los superintendentes. “Si las personas que dirigen las regiones no fueran líderes políticos, aquí no habría problema”, reaccionó. La secretaria recurrió al reclutamiento de 14 mentores en ciudades de Estados Unidos, para “proveer a los superintendentes las guías y apoyos necesarios para que puedan liderar sus regiones”, explicó previamente la portavoz del DE, Yolanda Rosaly. La recién creada Puerto Rico Education Foundation financiará los salarios de estos mentores -los cuales oscilan entre $150,000 a $200,000- con donativos de entidades estadounidenses. Los mentores serán, a su vez, contratistas de esta fundación.
diciendo que añadía argumentos adicionales y que atrasaba irrazonablemente los procedimientos. Sin embargo, indicó que sí les tomó por sorpresa que los presidentes de ambos cuerpos legislativos se unieran a la junta para oponerse a la intervención de los populares. “Tenemos la oportunidad y así lo dice la orden expresamente, no hemos renunciado al derecho y es el derecho que vamos a hacer efectivo, de plantear esos mismos asuntos en una acción que se va a estar radicando”, sostuvo. De otro lado, el representante Luis Vega Ramos destacó que la médula del planteamiento de los 18 legisladores que demandarán a la junta es cuestionar bajo los términos constitucionales el límite de poder de acción del ente fiscal y de imposición sobre los puertorriqueños.