Romero asegura que no le preocupan las alianzas entre candidatos

municipal -que tiene que estar ahí para atender los problemas de las carreteras y de los sanjuaneroscomo una plataforma ideológica o para impulsar asuntos ajenos al diario vivir de los sanjuaneros”, manifestó Romero tras una reunión de la Federación de Alcaldes sobre los preparativos para esta temporada de huracanes.

Redacción >EL VOCERO

Al alcalde de San Juan, Miguel Romero, no le preocupa que el tribunal permita las candidaturas coaligadas entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de cara a las elecciones generales del 2024.

En los pasados comicios, Romero se enfrentó al ahora coordinador del MVC, Manuel Natal en unas reñidas elecciones por la alcaldía de la ciudad capital. Ante la posibilidad de que Natal vuelva a ser su contrincante, el novoprogresista dijo que los electores sanjuaneros “están claros”.

“A mí no me preocupa. La gente está clara y sabe aquí quién está trabajando, y quien está por la silla a ver cuál le toca. En San Juan estoy confiado que el electorado de San Juan no permitirá que nuevamente se vuelva a utilizar un gobierno

El ejecutivo municipal reconoció que no ha leído la demanda que presentó MVC y el PIP esta semana contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero la minimizó tras alegar que se necesita legislación para permitir las candidaturas coaligadas. “Se están impugnando unas leyes y hay que ver la base porque la Constitución es clara en establecer que las reglas de los candidatos y los partidos es algo que requiere legislación”, afirmó.

Con relación a la demanda, Natal informó el jueves en sus redes sociales que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan concedió cinco días a la CEE para mostrar causa. Esto luego de que trascendiera que los demandantes aparentemente radicaron la demanda sin emplazar a los demandados.

“Analistas políticos del PNPPD llevan todo el día discutiendo un trámite procesal insignificante (como si el caso se fuese a “caer” por eso), cuando ya existe Orden contra la parte DEMANDADA para que en 5 días conteste porque no se debe conceder remedio solicitado por MVC y PIP”, manifestó Natal en Twitter.

Otros líderes del PNP cuestionan el motivo de la demanda. La otra política en expresarse recientemente fue la comisionada residente, Jenniffer González, quien se refirió al recurso como uno “frívolo”. “Creo que la ley electoral es bien clara sobre lo que se permite. Mientras eso no se enmiende, no se permiten candidaturas coaligadas. Además, que en mi caso personal significa mucho que tú no puedas ganar solo y tengas que unirte para poder prevalecer, ese es el mensaje. No puedes hacerlo solo y necesitas unirte a otros para poder prevalecer. Creo que eso habla de que el mensaje es claro, de que no son mayoría en Puerto Rico”, expresó la funcionaria.

Pide acción con las bombas de agua

En otros temas, Romero indicó que le envió una carta al gobernador Pedro Pierluisi para que garantice que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no cancele el contrato para la operación de las bombas de agua, que ayudan a evitar inundaciones en comunidades vulnerables como Barrio Obrero, Puerto

Nuevo y Ocean Park.

“La más conocida es el sistema de bomba de la Baldorioty de Castro que estuvimos pendientes de firmar el contrato con el operador. Vamos a estar trabajando con el operador, las comunidades que han estado muy activas y el DRNA. Hace unas semanas atrás se cursó una comunicación al gobernador sobre ese tema y la importancia de que nos aseguremos de la continuidad de ese servicio, particularmente en esa estación al igual que en la Parada 22 y la Parada 18 (en Santurce), que son las que maneja el DRNA”, manifestó Romero.

“Necesitamos que el operador privado continúe la operación en ese sistema susceptible”, agregó el ejecutivo municipal.

A finales de abril, EL VOCERO reportó que el contrato del DRNA con la compañía Tetrad Enterprise venció el 31 de marzo. Entonces, el líder comunitario de Ocean Park, Alfredo Cuyar, catalogó el impago de este servicio como una “negligencia criminal”. Son 44 bombas que opera la empresa en 10 localidades desde el verano del 2020. La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, dijo que se encontraba en negociaciones con el operador de las bombas y que había discrepancias, aunque reconoció la necesidad de este equipo para evitar inundaciones.