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EL VOCERO DE PUERTO RICO > SÁBADO, 31 DE MARZO DE 2018
En manos de Keleher los reglamentos De acuerdo con la nueva ley, la secretaria de Educación deberá someter el currículo a la Cámara y Senado, organismos que tendrán 30 días para aprobarlo o rechazarlo Rivera Sánchez @ Maricarmen >mrivera@elvocero.com
@mriverasanchez
La nueva Ley de Reforma Educativa, que desde el jueves rige al Departamento de Educación, deja en manos de la secretaria Julia Keleher la creación de una veintena de reglamentos en los que decidirá asuntos que van desde la forma correcta de disciplinar a los estudiantes del sistema público hasta el currículo que se seguirá en las escuelas. Este último reglamento debe ser aprobado por Cámara y Senado, según establece la ley recién firmada por el gobernador Ricardo Rosselló. A estos reglamentos se suman los que tiene la agencia, los cuales, según la ley, seguirán vigentes hasta ser derogados o enmendados. Según el informe presentado durante el proceso de transición entre gobiernos, el Departamento de Educación tiene 99 reglamen-
tos, enmiendas y manuales que dictan cómo operará la agencia. Los reglamentos que ahora tendrá que, por ley, preparar la secretaria incluyen: los lineamientos para establecer las escuelas de la comunidad; el proceso para otorgar los vales educativos que permiten a los estudiantes de escuelas públicas estudiar en escuelas privadas; las razones por las cuales un estudiante puede salir de un salón de clases; la creación de las Oficinas Regionales Educativas; el sistema de incentivos para maestros destacados, la operación de la nueva Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación, las medidas disciplinarias a los estudiantes y el sistema para evaluar a empleados. Deberá establecerse por reglamento (a revisarse cada tres años) las competencias técnicas que deben tener los maestros a ser reclutados para escuelas vocacionales, la forma en que se crearán los consejos escolares y de estudiantes y las reglas que se seguirán para
establece que esto se hará de forma “discrecional” en cada escuela. “Las escuelas públicas establecerán discrecionalmente programas de capacitación a estudiantes relacionados con el movimiento del escutismo. Los materiales educativos y actividades relacionadas a la educación sobre el escutismo y los valores que promueve esta iniciativa cívica podrán integrarse al currículo de estudios sociales”, dice la ley. “Las escuelas participantes auspiciarán la formación de tropas de niños y niñas escuchas con la cooperación de padres y líderes comunitarios”.
Prisa con las escuelas chárter El gobernador Ricardo Rosselló muestra la firma que validó la nueva ley que regirá el sistema educativo público. >Suministrada
monitorear las Escuelas Alianzas o escuelas chárter. Sobre el currículo, la ley dice que la secretaria debe someterlo ahora a Cámara y Senado, donde tendrán 30 días para aprobarlo o rechazarlo. La secretaria deberá crear un reglamento para establecer cómo se medirá el desempeño de las escuelas chárter. Lo que no dice la ley es la cantidad de dinero público que se llevarán estas instituciones. Tanto la secretaria como el presidente de la Comisión de Educación del
Senado, Abel Nazario, dijeron que la fórmula presupuestaria sería a base del costo de cada estudiante – estimado en $6,400-, sin embargo, esta cifra no forma parte de la ley recién firmada. Lo que dice es que el 70% del presupuesto debe usarse para los estudiantes.
Espacio para el escutismo
Uno de los asuntos que fue incluido en esta ley es para permitir en las escuelas públicas crear programas de escutismo. La legislación
El proyecto establece que las escuelas chárter deberán realizar el sorteo para ingreso a más tardar el 15 de abril previo al año escolar. El gobierno ha dicho que el plan es comenzar con las escuelas alianzas tan pronto como el próximo semestre escolar, lo que implica que en las próximas semanas deben constituirse estas escuelas y comenzar este proceso. La ley indica que, de tener más solicitudes que los espacios disponibles, las escuelas deberán escoger a sus estudiantes por un sorteo, luego de tomar en cuenta a los estudiantes que viven en las comunidades aledañas y sus hermanos.
Persiste la intervención con el Instituto de Estadísticas >lquintero@elvocero.com
>Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO
Cuatro horas después de que la Junta Federal de Control Fiscal le ordenó al gobierno proteger la independencia del Instituto de Es-
Mario Marazzi, director del Instituto de Estadísticas.
tadísticas de Puerto Rico (IEPR), la administración de Ricardo Rosselló requirió acceso a sus cuentas bancarias. El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Gerardo J. Portela, amenazó incluso con recurrir a los tribunales si antes del viernes, 6 de abril, el IEPR no les provee una autorización para monitorear sus cuentas bancarias. Portela le solicitó al IEPR proveer un inventario de todas sus cuentas bancarias, los balances de dichas cuentas al 30 de junio de 2016 y al 30 de junio de 2017; así como información sobre los gastos operacionales de la institución. Se afirma que este sería el tercer intento del gobierno de Rosselló de intervenir con la autonomía del IEPR, incluso después de que el Tribunal de Primera Instancia determinó que carecía de autoridad legal para destituir a los miembros de su Junta de Directores. No solo el tribunal ordenó al gobernador “cesar y desistir de intervenir indebidamente mediante la destitución de los miembros del Instituto”, la cual declaró “nula e ilegal”, sino que la junta federal rechazó el Plan de Reorganización, que ubica el IEPR dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). En su misiva del 28 de marzo, la junta requirió al gobernador garantizar la autonomía del IEPR. “El último plan fiscal debe estipular que el Instituto de Estadísticas siga siendo una entidad autónoma e independiente para garantizar la recopilación, producción y comunicación imparcial de datos estadísticos”, reza uno de los requerimientos. Sin embargo, Portela justificó ejercer con-
trol financiero sobre la IEPR, “independientemente de su grado de autonomía”, puesto a que la ley orgánica de Aafaf le permite solicitar datos de índole fiscal a todas las entidades gubernamentales, “con el objetivo de supervisar el cumplimiento con el plan fiscal y el presupuesto certificado”. La Aafaf emitió el comunicado de prensa a las 4:16 pm, cuatro horas y trece minutos después de que la junta diera a conocer su carta en la que pedía al gobernador revisiones adicionales al plan fiscal presentado.
“Renovamos nuestra invitación al director ejecutivo de la Aafaf a que demuestre su compromiso real con la transparencia financiera, proveyéndonos acceso al “general ledger” de la Aafaf y todas las demás subsidiarias que administra, para que podamos incorporarlas al Sistema de Transparencia Financiera de Puerto Rico, administrado por el Instituto”, puntualizó.
Información disponible en web
Por su parte, el director ejecutivo del IEPR, Mario Marazzi, dijo que “toda la información de los gastos operacionales del Instituto están disponibles en un formato abierto que permite descargar los datos, analizarlos y visualizarlos”. Añadió que “si dedicara unos cinco minutos” a mirar ese portal Web, el director ejecutivo de la Aafaf tendría acceso a todos los gastos hechos al momento, como la aportación patronal al meguro médico de los empleados del Instituto, que asciende a $41,844 en lo que va del año fiscal 2018. Los gastos totales ascienden a $1.2 millones. Dijo que toda la información de gastos operacionales del IEPR, incluyendo cada transacción de gastos o ingresos, está disponible en el Sistema de Transparencia Financiera. Marazzi contó que él se reunió con personal de Aafaf para presentarle el portal de datos abiertos; y los invitó a que no tan solo se unieran, sino que ordenaran que todas las agencias del gobierno se sumaran.
Gerardo Portela, director de Aafaf.
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Laura M. Quintero