ADMINISTRACIÓN > Presidente Salvador Hasbún
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EL VOCERO DE PUERTO RICO > VIERNES, 3 DE MARZO DE 2017
Opinión
Directora de Tráfico Ilia M. Pérez Centeno iperez@elvocero.com
Directora de Clasificados
Un Puerto Rico libre por una UPR libre
Mayda Rodríguez mrodriguez@elvocero.com
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REDACCIÓN > Director Editorial
Juan Miguel Muñiz Guzmán jmuniz@elvocero.com
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Mariam M. Echevarría Báez mechevarria@elvocero.com
Editor de Negocios Carlos Antonio Otero cotero@elvocero.com
Editor de Deportes
La Universidad de Puerto Rico te paulatino de $323 millones en (UPR) está en peligro ante la ame- los pasados cuatro años; y ahora, naza lanzada por la Junta de Con- bajo la administración de Ricartrol Fiscal (JCF) de recortar $300 do Rosselló, nos enfrentamos a millones a su presupuesto en dos la amenaza de un nuevo recorte años. Un sistema públide $300 millones que tenco de enseñanza que por dría como consecuencia décadas ha sido botín el aumento en la matrícude asalto por las admila más alto en la historia nistraciones que se han de la Universidad. Según alternado el poder, ahoun estudio realizado por el ra será secuestrado por economista José Alameda, la última manifestación el crédito que actualmente del colonialismo crudo Juan Dalmau cuesta $55 pudiera costar, y descarado que siemdentro de dos años, $200 Ramírez pre hemos denunciado, o $300, dependiendo de Portavoz PIP la junta. cuánto se destine a satisfaSenado La Universidad concer el recorte por concepto tinúa sufriendo los emde aumento en matrícula. bates de las malas admiSi repudiable ha sido nistraciones. En el 2010, bajo Luis que los partidos que se han alterFortuño, vimos el aumento en la nado en el poder azoten a la UPR matrícula; bajo la administración con recortes y aumentos, más inde Alejandro García Padilla vi- dignante resulta ser que la recomos la aprobación de la Ley 66- mendación de ese recorte de $300 2014, que ha significado un recor- millones provenga de la JCF. Un
organismo creado por Promesa -la ley que va por encima de todas las leyes que se aprueben en Puerto Rico- que tiene el poder para legislar y amenazar con cárcel a los funcionarios del gobierno puertorriqueño que desobedezcan su mandato. Si de algo ha servido la imposición de la junta, es para descorrer el velo del problema de fondo, el colonialismo que ha permitido tantas cosas en este país en perjuicio de nuestra gente y que permite al Congreso, en sus poderes plenarios, legislar a su antojo contra nuestro pueblo. Ya no se trata solamente de denunciar al Partido Nuevo Progresista (PNP) o al Partido Popular Democrático (PPD) por sus malas determinaciones (que debemos continuar denunciando), sino también de combatir el colonialismo que los ha alimentado por tantos años y que sirve de herramienta para que
Estados Unidos trate de pisotear la dignidad de todo un pueblo. La respuesta a las políticas nefastas de recortes que afectarán a la UPR ya ha sido anticipada por la comunidad universitaria: desafío y defensa de nuestro principal centro docente nacional. A la par con sus estrategias debe sumarse la confrontación al régimen colonial. Tenemos una gran oportunidad a corto plazo de denunciar el colonialismo y defender nuestra soberanía nacional. El próximo 11 de junio, sal a votarle en contra a la actitud sumisa de esta administración ante la JCF, a la propia junta y al desmantelamiento de la UPR. Con tu voto a favor de nuestra soberanía nacional a la vez defenderás tu universidad, tu país, y exigirás que en tu Patria mandes tú. Si luchamos por un Puerto Rico libre, podremos ver una universidad libre.
Carlos Narváez Rosario cnarvaez@elvocero.com
Editora de Suplementos Yaira Solís Escudero ysolis@elvocero.com
Reto y respuesta el nuevo anticolonialismo
Editora Digital
Stephanie Gómez sgomez@elvocero.com
E
n su mensaje a la Legislatu- se han tornado improductivas y ra, el gobernador de Puer- casi obsoletas, y una partida de to Rico asumió una actitud fondos federales destinada al área anticolonialista cuando afirmó de la salud, el gobernador fue claque, no solo objeta las recomen- ro en su esbozo de que bajo su addaciones de la Junta de ministración los pobres Supervisión Fiscal, sino de nuestra tierra no serán que no las seguirá por ser más pobres. Las medidas recomendaciones puraque irá implementando mente financieras con durante la marcha son efectos sociales perniciopara mitigar estos tiemsos para los más indigenpos de infortunio que nos tes, los pensionados y los ha tocado vivir y que la servidores públicos. Si la vida misma, en sus múljunta retó, el gobernador Mario Ramos tiples vueltas y sorpresas Méndez respondió. El plan del goque da durante nuestra bernador es no perjudicorta y aciaga existencia, Historiador car a estos sectores que puso en sus manos los siempre han estado desdestinos de un pueblo. protegidos e indefensos por los Aunque, esencialmente, su avatares de los gobiernos colonia- plan es un tanto impreciso y un les de turno, que son los que han poco especulativo, su pronunciaendeudado a todo el conglomera- miento habla muy bien de su cado gubernamental y erosionado rácter y férrea voluntad para enen grado superlativo la poca bue- frentar una crisis que, por diversas na imagen, si alguna, que pudiera razones, anteriores gobernadores tener. no la enfrentaron como ahora él la Con una combinación que in- enfrenta, evidentemente. Lo que cluye aumentos en los recaudos, nos recuerda, en su ejecución porecortes en áreas del gobierno que lítica, el Simón Bolívar decidido
en vencer los recodos imprevistos que, como fantasmas en la noche, aparecen en el devenir histórico de los pueblos: “Quien no aspira a vencer ya está vencido”. La posición de Ricky Rosselló ante la junta es de manifiesto reto. En cierta medida es una demostración de anticolonialismo como lo hemos visto en el pasado por gobernadores estadistas. A finales de los setenta, Carlos Romero Barceló demandó en el Tribunal Federal a la Marina de Guerra de los Estados Unidos por las múltiples quejas de los viequenses con las prácticas de tiro de esta rama militar en la Isla Nena. De la demanda salió un memorándum de entendimiento donde la Marina se obligó a contribuir al desarrollo económico de Vieques y a establecer un periodo de pesca para los pescadores, entre otros. Por su parte, Pedro Rosselló González se enfrentó en el Congreso de los Estados Unidos a un batallón de senadores que no aceptaban que el gobernador de Puerto Rico pidiera la salida de la Marina.
Dramatizó su inflexible postura cuando a quemarropa les endilgó: “Don’t push it.” Luego se supo que en Washington se enteraron que él estuvo dispuesto a hacer desobediencia civil en las playas de la isla municipio. La Junta de Supervisión Fiscal es la versión civil de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Ambas se impusieron en Puerto Rico por los misteriosos designios de la metrópoli que respondió, en el primer caso, a los intereses del sector militar y, en el segundo caso, al sector financiero. Si como dice el refrán, “quien lo hereda no lo hurta”, no dudo que el gobernador Ricardo Rosselló, como una ecuación de reto y respuesta, siga la línea trazada en la historia y emule para los días de hoy aquellas gestas anticoloniales que son la brújula a seguir. El enfrentamiento entre la junta y el gobernador tal vez termine en los tribunales, pero obligará al Congreso a actuar y eso, de una manera u otra, es ya un proceso de descolonización.