16< ECONOMÍA
EL VOCERO DE PUERTO RICO > MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2017
Bajo fuego la composición legal del FFIL Se cuestiona si se trata de una entidad pública o privada
@ Ileanexis Vera Rosado >ivera@elvocero.com
@iverarosado
La pugna en torno a la compraventa de Indulac por parte del Fondo de Fomento para la Industria Lechera (FFIL) sigue cobrando fuerzas, basándose fundamentalmente en la composición legal del Fondo, la cual para una parte se trata de una entidad privada y para otra pública. Para el representante legal del FFIL, Samuel Torres Cortés, la demanda de la Oficina Reglamentadora de la Industria Lechera (ORIL) contra el FFIL es una inconsecuente, ya que alega que el Fondo es una entidad privada, por lo que la transacción entre ellos y la Cooperativa de Productores de leche de Puerto Rico (Coople) es una transacción entre partes privadas, efectuada bajo la doctrina de libre contratación. Por otro lado, para el exadministrador de ORIL, Edmundo Rosaly, la prerrogativa es una totalmente errada, ya que el Fondo es una agencia pública. Rosaly, quien analizó la transacción entre Indulac y el Fondo en 2015 cuando se hablaba de alquiler, y posteriormente, hasta agosto de 2016 cuando se cambió a compraventa, fundamentó su postura en que el Fondo fue creado bajo el amparo de la Ley 34, cuando se creó la ORIL, los miembros de su junta de directores son nombrados por el secretario de Agricultura y la junta es presidida por el Administrador de ORIL. Para el ejecutivo, quien aceptó que la junta del Fondo cambió su composición a cinco ganaderos, dos plantas procesadoras y dos personas del interés público, y realizó enmiendas a su reglamento para estipular que el Fondo puede llevar a cabo transacciones como si fuese una corporación privada, esto no significa que se trate de una, sino que opera como lo hace la Autoridad de Tierras o la AEE. “Se trata de entidades públicas que establecen negocios como si fueran negocios privados,
Indulac se estableció hace 60 años para aumentar la producción de productos derivados de la leche. >Suministrada
pero no lo son, responden al gobierno de Puerto Rico. Aquí no se pueden vender acciones, nadie tiene el dinero para comprarlas. Coople no tiene dinero, persigue que se le preste el dinero para así hacerlo. La ORIL antes y ahora se opone a la transacción porque puede afectar el precio final. Esos costos de la transacción, al igual que la pérdida de las exenciones que posee Indulac, terminarán encareciendo el producto final y por ende al consumidor”, señaló el ejecutivo que renunció a su posición en agosto de 2016. Rosaly explicó que la Ley 72 claramente estipula que todas las exenciones de Indulac se mantendrán, siempre y cuando pertenezcan al FFIL, ente que lo adquirió en 1958. Sostuvo, que bajo su investigación, donde se requirieron documentos, dejando fuera el aspecto económico, nada evidenció que la transacción representara un balance a los intereses de la industria, nada nuevo en términos de producción ni eficiencias. “Nunca la Coople o el FFIL nos pudo evidenciar un estado de viabilidad económica para la transacción. Tampoco medió evidencia de propuestas de nuevos productos, nuevos mercados para
la exportación, un plan de inversiones para maquinarias nuevas, o sea, nada que nos pudiese probar una mejoría en el rendimiento a favor del ganadero y del consumidor”.
Según el exadministrador, el error para que este caso llegase tan lejos estribó en que la ORIL debió haber incluido a Coople, que era el comprador, en la demanda desde el principio, de esa manera el tribunal no hubiese destinado el caso. “El fallo del tribunal de San Juan fue un golpe procesal, no un fallo en sus méritos”. Mientras tanto, el licenciado Torres se mantiene confiado en prevalecer en el foro que sea, sosteniendo tratarse de una transacción entre dos entes privados. Respecto a la intervención en dicho caso por parte de Panamerican Grain, explicó que la misma partió de una premisa incorrecta en su solicitud de intervención en tanto y en cuanto alega que los activos del Fondo para el Fomento de la Industria Lechera son bienes públicos. “En la medida en que el FFIL es una entidad privada, según ha sido discutido extensamente Coople en las alegaciones presentadas ante el tribunal, la intervención de Panamerican Grain es completamente improcedente en el caso de autos. Permitir su intervención solamente tendría el efecto de alargar y complicar innecesariamente los procedimientos en el caso. Ahora, tras la determinación del tribunal, le concedieron 10 días para que explique por escrito su posición, para ver si procede o no. Al momento, todo está subyudice”.
Se cuestiona la inexistencia de nuevas propuestas de elaboración de productos. >Suministrada