Muestran mensajes entre Sixto George y Raulie

Alejandra Jover Tovar >ajover@elvocero.com

El quinto día del juicio federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, cerró ayer con parte del testimonio del agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos López Vázquez, quien narró parte de la estrategia que siguieron para alambrar al exsecretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Antony Maceira y los pasos que dieron para lograr acceso al teléfono del acusado para ver el intercambio de mensajes de texto con Raúl “Raulie” Maldonado Nieves.

Otros testigos que desfilaron ayer fueron el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pares, y las presidentas de las compañías de comunicación a nombre de Sixto George, Lydmari Torres y Madeline López. Mientras tanto, el imputado se llevó un regaño en sala de parte del juez federal, Francisco Besosa, por violar la orden de mordaza impuesta al hablar públicamente sobre los pormenores del juicio.

López Vázquez, agente del FBI, detalló a la fiscal Miriam Fernández cómo acordó enviar a Maceira alambrado a una reunión con Díaz Colón en el restaurante Il Postino, en Miramar. Fue allí donde, según el pasado testimonio de Maceira, surgió la presunta petición de $300,000 para callar a “Raulie” Maldonado Nieves y que este no siguiera dando información dañina para la administración de Ricardo Rosselló Nevares en verano de 2019.

Tras el encuentro entre ambos sujetos, el agente dijo que llevó a Maceira a su casa y luego volvió a las oficinas del FBI con la grabación para enviarla a Quantico, Virginia, donde ubican las oficinas centrales de la agencia federal.

Según testificó, el 19 de julio Maceira le escribió a Díaz Colón por Telegram, y por instrucciones del FBI, para decirle que estaban gestionando los $300,000. Sin embargo, cuando el FBI le indicó a Maceira que solamente habían obtenido autorización para $20,000, el exsecretario de Asuntos Públicos dijo que le parecía poco dinero considerando lo que pedía el productor.

Otra fecha a la que el agente hizo alusión fue al 26 de julio cuando supuestamente el FBI llegó a la casa de Díaz Colón en Caguas, donde se identificaron y vieron sombras, pero nadie les abrió.

De allí, según López Vázquez, se movieron a Il Postino a tratar de conseguir al productor, pero tampoco tuvieron suerte, y volvieron a la casa, donde finalmente Díaz Colón los hizo pasar y les dijo que los estaba esperando. “Nos dijo que no nos había dejado entrar porque pensó que era el IRS o alguien le iba a reposeer el apartamento porque debía dinero, y le dijo a su esposa que no abriera la puerta”, testificó el agente.

De acuerdo al agente federal, ese mismo día el FBI obtuvo una orden y pudo llevarse el celular de Díaz Colón. Poco después, según narró, Maceira le escribió que Díaz Colón había borrado todas las conversaciones entre ellos, y le envió una captura de pantalla que fue mostrada en corte y evidenciaba el chat vacío.

En agosto del 2019, López Velázquez dijo que logró revisar mensajes extraídos del teléfono de Díaz Colón. Los mismos fueron mostrados en corte, y entre ellos hay mensajes de texto y WhatsApp en los que se ve comunicación entre Díaz Colón y Raulie.

En sala se mostraron algunos de los mensajes que Díaz Colón envió a Raulie el 25 de junio de 2019. Uno de estos decía: “te necesito RUSH”.

Otro de los mensajes del productor le dice a Raulie: “Quieres que nos veamos más tarde. Te invito a Musa a almorzar. Quiero descojonar a estos hijos de pu... Sin armas no puedo enfrentarme a estos cabro..s”, indicaba otro de mensaje expuesto en sala”.

En los mensajes proyectados se pudo notar un texto en el que Díaz Colón le reclama al hijo del entonces secretario de Hacienda por no contestarle los mensajes.

El juicio seguirá el próximo lunes a las 9:00 de la mañana con la continuación del testimonio del agente López Vázquez.

Poder detrás de dos empresas

Las testigos Torres y López, quienes presuntamente fueron escogidas por Sixto George para presidir Collective Impact LLC y Social Impact LLC, respectivamente, declararon que Díaz Colón no figura en los contratos de incorporación porque él les dijo que prefería estar “tras bastidores”.

Ambas indicaron que trabajaban para Ambico y, en distintas instancias, cada una fue llamada a las oficinas de la empresa en Guaynabo, donde fueron recibidas principalmente por su jefe Félix Plaud y Díaz Colón, quienes les explicaron las funciones que desempeñarían en las nuevas empresas.

Indicaron que Zadaly Orama, Luis Otero y Gustavo Alverio también estuvieron en las reuniones y todos formaban parte de un chat con los miembros de las dos empresas.

En la reunión con Torres no se hablaron de pagos a Díaz, según la testigo.

Torres indicó que se le ofrecerían servicios al Departamento de Hacienda y una vez se firmó el contrato, Torres lo llevó personalmente a Hacienda, al piso 8, “porque Sixto George lo dijo en el chat”.

“¿Cuándo se firmó el documento?”, preguntó la fiscal.

“El 22 de abril del 2019”, contestó Torres. “El contrato dice que se pagarían $70 mil”.

Por otra parte, el testimonio de López fue bastante parecido al de Torres en la línea de preguntas, aunque estableció que Social Consulting llegó a trabajar bajo contrato con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Al cuestionársele por qué, si el contrato iba a ser originalmente con Hacienda, ella respondió que, “Alverio me dijo que el contrato tenía que ser firmado por OGP”. López firmó el contrato por $40 mil con fecha del 9 de mayo del 2019 y vigencia hasta el 30 de junio de ese año.

Según López, el trabajo de Alverio y ella se hizo en la oficina de Ambico en mayo. La factura electrónica se envió a Hacienda y luego se entregaría físicamente; sin embargo, no se sometió la física, ya que “la otra compañía, la de Lydmari, ya había factura- do varios meses y había una disyuntiva porque ya había sacado un cheque para Sixto, y le pregunté por qué, si él dijo que no iba a cobrar. Como no me contestaron la pregunta, decidí no llevar la factura”, afirmó.

Contrainterrogatorio al titular de Hacienda Durante el contrainterrogatorio con Parés, el secretario repasó junto a Rafael Castro Lang, abogado del acusado, el contrato de la empresa Collective Impact LLC, uno de los dos nombres que le envió el acusado a través de Telegram al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, para especificar cuáles eran las compañías por las cuales le pidió su intervención para que se concretara la renovación de contrato.

El titular de Hacienda aclaró que fueron dos facturas, una por $9,800 que cubría la fecha del 22 de abril del 2019 al 30 de abril de 2019, y otra por $19,325, que Parés aprobó para pago en el 10 de julio para cubrir los servicios de junio del 2019.

Parés indicó que la empresa nunca sometió documentación para renovar el contrato, que venció el 30 de junio de 2019.

“La factura de abril fue pagada en la primera semana de junio, por lo que todo el proceso de certificación ocurrió antes de yo convertirme en secretario. Para la segunda, el proceso inició luego de yo ser secretario”, comentó.

“Sin embargo, luego de revisar los documentos entendí que la renovación no era una prioridad para Hacienda”, abundó.

“¿Por qué no era una prioridad?”, preguntó el fiscal Michael Castro Lang.

“Entendía que había maneras más efectivas de usar $23 mil para adelantar la agenda de trabajo en Hacienda”, dijo Parés.